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  "id": "nexus-sen-1-0034-1385647",
  "citation": "Res. 00178-2026 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste",
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  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Error de prohibición en invasión de área protegida anula sentencia",
  "title_en": "Prohibition error in protected area invasion annuls conviction",
  "summary_es": "El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste anuló una sentencia condenatoria por invasión de área de conservación y ordenó un juicio de reenvío, al considerar que el tribunal de instancia no examinó adecuadamente la posible existencia de un error de prohibición en la conducta de la imputada. La acusada había ocupado un terreno dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, alegando que lo recibió como herencia familiar de una pobladora anterior a la creación del refugio. El tribunal de alzada determinó que la sentencia fue superficial y contradictoria, pues reconoció que la imputada creía tener derechos sobre el terreno, pero le exigió un análisis jurídico complejo impropio de una persona no abogada, omitiendo valorar si su error sobre la antijuricidad era invencible o vencible, lo cual podía excluir o atenuar su responsabilidad penal y afectar la condena civil. Se destacó la inseguridad jurídica generada por los cambios normativos y jurisprudenciales sobre la regularización de posesiones en el refugio, incluyendo la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 9348.",
  "summary_en": "The Criminal Appeals Court of Guanacaste overturned a conviction for invasion of a conservation area and ordered a new trial, finding that the trial court failed to properly examine the possible existence of a prohibition error in the defendant's conduct. The defendant had occupied land within the Ostional National Wildlife Refuge, claiming she inherited it from a family member who settled before the refuge's creation. The appeals court held that the trial judgment was superficial and contradictory, as it acknowledged the defendant believed she had rights to the land but demanded a complex legal analysis beyond a layperson's capacity, without assessing whether her error regarding unlawfulness was invincible or surmountable, which could exclude or mitigate criminal liability and affect the civil damages. The court highlighted the legal uncertainty caused by regulatory and jurisprudential changes regarding land tenure regularization in the refuge, including the unconstitutionality of Law 9348.",
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  "excerpt_es": "Más allá de que la exposición es poco clara y parece confundir la existencia de un daño ambiental con la posibilidad de que la imputada se creyera justificada o autorizada para ejercer actos posesorios sobre el fundo (incluso en oposición a la intervención de las autoridades), resulta abiertamente contradictorio con el propio convencimiento del juez, quien tuvo por demostrado que durante la vigencia de la Ley número 9348, que otorgaba la posibilidad de adquirir derechos a los pobladores de playa Pelada, la justiciable era residente y se consideraba así misma como “pobladora” y que tenía la expectativa de hacerse con esa propiedad, cuyo derecho había recibido de su suegra y esta de su madre: [...]. En otras palabras, aun y cuando reconoce que la imputada creía tener facultades de dominio sobre el terreno, y que lo había recibido de una persona cuya posesión se obtuvo con anterioridad a la creación del Área de Conservación, y que existe al menos un voto de rango constitucional que alude a la existencia de derechos adquiridos, la sentencia le exige a una persona que no es abogada, que realizara un análisis de contratos de cesión, para ponderar la viabilidad jurídica de su situación, estudio que debía llevar hasta los posibles alcances de un juicio sucesorio.",
  "excerpt_en": "Beyond the fact that the reasoning is unclear and seems to confuse the existence of environmental damage with the possibility that the defendant believed she was justified or authorized to exercise possessory acts over the land (even in opposition to the intervention of authorities), it is openly contradictory with the judge's own conviction, who held it as proven that during the validity of Law 9348, which granted the possibility of acquiring rights to the residents of Playa Pelada, the defendant was a resident and considered herself a 'settler' and had the expectation of obtaining that property, the right to which she had received from her mother-in-law and she from her mother: [...]. In other words, even when recognizing that the defendant believed she had ownership powers over the land, and that she had received it from a person whose possession was obtained before the creation of the Conservation Area, and that there is at least a constitutional ruling that alludes to the existence of acquired rights, the judgment demands that a person who is not a lawyer perform an analysis of assignment contracts to weigh the legal viability of her situation, a study that should even extend to the possible scope of a probate proceeding.",
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    "summary_en": "The conviction is overturned and a retrial ordered due to failure to analyze the prohibition error.",
    "summary_es": "Se anula la sentencia condenatoria y se ordena un juicio de reenvío por no haberse analizado el error de prohibición."
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      "quote_en": "The material defense thesis alleges that the trial decision overlooked the fact that the land occupied by [Name 001] was part of a property inherited by her mother-in-law prior to the establishment of the Ostional National Wildlife Refuge, and that the legal, regulatory reforms and judicial rulings enabled her actions, or at least that is how the defendant understood it.",
      "quote_es": "La tesis de la defensa material alega que, en la decisión de instancia, se soslayó el hecho de que el terreno ocupado por [Nombre 001] formaba parte de un fundo heredado por su suegra con antelación a la constitución del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, y que, las reformas, legales, reglamentarias y los fallos judiciales, habilitaban sus actuaciones, o al menos así lo entendió la imputada."
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  "body_es_text": "Revisión del Documento\n\n\n\nEXPEDIENTE:\n\n19-001460-0414-PE\n\nCONTRA:\n\n[Nombre 001]\n\nOFENDIDO/A:\n\nSISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION TEMPISQIE REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE OSTIONAL\n\nDELITO:\n\nUsurpación de Bienes de Dominio Público\n\n \n\nVOTO 2026-178\n\nTRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz, a las trece horas veinte minutos de veintitrés de abril de dos mil veintiséis.\n\n Recurso de apelación interpuesto en la presente causa 19-001460-0414-PE, seguida contra [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], nacido el 26 de abril de 1981, hijo de [Nombre 002] y [Nombre 003], por el delito de USURPCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO, en perjuicio de REFUGIO DE VIDA SILVESTRE OSTIONAL. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces José Manuel Cisneros Mojica, Rodrigo Obando Santamaría y la jueza Cynthia Dumani Stradtmann. Se apersonaron el licenciado Christian David Blanco Fajardo, defensor particular del imputado y la licenciada Jeannette Castrillo Vargas, en su condición de Procuradora Penal. \n\nRESULTANDO\n\n I. Mediante sentencia número 288-2024 de las 11:51 horas del 03 de diciembre del año 2024, el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, sede Nicoya, resolvió: \"POR TANTO: En mérito de la expuesto, leyes citadas y artículo 39 y 41 de la Constitución Política,1, 22, 24, 30, 45, 59 a 61, 71 a 74 del Código Penal, articulo 58 inciso a de la Ley Forestal artículos 1, 142, 258, 360, 361, 363, 365, 367 del Código Procesal Penal, se declara a [Nombre 001] autor responsable de UN delito de INVASIÓN UN AREA DE CONSERVACIÓN O PROTECCIÓN, cometido en perjuicio de MEDIO AMBIENTE en tal carácter se le impone el tanto de UN AÑO DE PRISIÓN; por cumplirse con el articulo 59 del código penal se otorga el beneficio de ejecución condicional de la pena por el espacio de tres años, así mismo se ordena el desalojo de la imputada del bien del estado, de conformidad con el articulo 140 y 361 inciso D del código procesal penal y el articulo 103 y 110 del código penal, se ordena la RESTITUCIÓN de las cosas a su estado anterior, por lo cual se ordena a la imputada [Nombre 001], la demolición todas la(s) edificaciones que se encuentren en el terreno debiendo tener un MES a partir de firmeza de la presente sentencia para que procedan demolición, limpiado de cualquier otra obra que no sea propia de dicha zona, bajo pena de abrir proceso por delito de Desobediencia a la autoridad según el articulo 314 del código penal, se ordena a la Municipalidad de Nicoya en coordinación con el SINAC (Area de Conservación Ostional) , verificar el cumplimiento de la presente sentencia caso contrario realizar informe de lo ocurrido y proceder con la demolición en el plazo de un MES a partir de verificada el incumplimiento, para lo cual se comisionará a la entidad estatal encargada de la administración de esa área, en cuanto a a la acción civil de conformidad con el articulo 1045 del codigo civil por haber un nexo causal se declara con lugar y se condena a la imputada [Nombre 001], al pago de los daños y costas para la restitución de las cosas a su estado anterior, se ordena el pago de veintidós millones seiscientos cuarenta y siete mil con cuarenta y cuatro colones. Se resuelve sin especial condenatoria en costas penales, son los gastos del proceso a cargo del estado. Firme esta sentencia comuníquese para lo de sus cargos, al Registro Judicial, al Instituto Nacional de Criminología y al Juzgado de Ejecución de la Pena. Una Vez firme, se ordena el archivo definitivo del expediente. Notifíquese a las partes de lo aquí resuelto, Juez de Tribunal Joshua Mesac Artavia Zúñiga.-\" (SIC). \n\n II. Contra el anterior pronunciamiento, el licenciado Christian David Blanco Fajardo, defensor particular del imputado, interpuso recurso de apelación.\n\n III. Verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.\n\n IV. En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\nRedacta el juez Cisneros Mojica; y,\n\nCONSIDERANDO\n\n \n\n I. Contra la sentencia número 288-2024, dictada de forma oral por el Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de Guanacaste, sede Nicoya, el tres de diciembre de 2024 a las 11:51 horas, se interpuso un recurso de apelación por parte del licenciado Christian David Blanco Fajardo en representación de [Nombre 001]. El libelo propone cinco motivos; a saber, falta de fundamentación y errónea valoración de la prueba; parcialización del tribunal de juicio; violación al debido proceso y al derecho de defensa; y, falta de fundamentación de la pena impuesta. Por razones de orden, se atenderá en primer término, el tercer reproche. Plantea el recurrente que el tribunal de instancia soslayó los alegatos finales de la defensa técnica y material. En concreto, que se ignoró la prueba que acredita a la imputada como sucesora en la posesión de [Nombre 004], pobladora originaria desde hace décadas. Dice el letrado que: \n\n“[…] la declaración de mi representada quien declaró en ejercicio de su derecho de defensa material, al decir que no existió dolo de su parte y mucho menos un daño ambiental determinado al llegar a vivir a Playa Peladas en el 2003 propiamente donde su suegra [Nombre 005] quien al día de hoy tiene de ser pobladora de playa Pelada 69 años, donde además en su testimonio dicha señora explicó en debate que ella y sus ocho hermanos recibieron cada uno de ellos una proporción de tierra como herencia de doña \"[Nombre 004]\" quien fue una de las primeras pobladoras de ese lugar y como prueba de ello es que al día de hoy existe aún el bar restaurante que les dejó su madre \"[...]\" ubicado incluso al puro frente de la playa, el cual tiene s u correspondiente patente comercial y sus dueños son doña [Nombre 005] y sus ocho hermanos. Es desde ahí precisamente que así, fue que mi representada hizo de playa Pelada su hogar, al recibir un regalo de quien fuere para el año 2003 su suegra, se lo dio a doña [Nombre 001] para que no se fuera de su casa al separarse sentimentalmente mi representada de su hijo [Nombre 007], y precisamente dicho lote de mil metros se ubica en la parte posterior al \"[...]\", para lo que el juez no toma en cuenta eso tan importante y otro aspecto medular, el cual es que doña [Nombre 005] en su declaración dijo que cuando ella le regaló dicho lotecito a doña [Nombre 001], dicho lote que era parte de la \"herencia\" que le dejó su madre antes de morir, y que ella lo tenía limpiecito y debidamente cercado con matas antes de regalarle ese lote a doña [Nombre 001] […]”\n\nEn fecha once de marzo de dos mil veinticinco se llevó a cabo audiencia de apelación en la que se tuvo la oportunidad de escuchar a la imputada, quien advertida de sus derechos indicó: \n\n“[…] estamos hablando de que el plano, que el terreno yo me lo metí como precaria, no, porque eso era un era un terreno de una señora que se llamaba [Nombre 004] y ese terreno era grande y y era desde la playa hasta y trae hasta un croquis, donde demuestra que el pedazo mío de terreno está dentro del otro pedazo; o sea, no fue que yo llegué y me le metí ahí a al al refugio y aparte, hasta el 1985 fue el que se extendió el refugio a Pelada y a Guiones antes no; y hasta el 92 fue el que [he estado] leyendo ahí documentos hasta el 92 es que ellos miden bien hasta donde llegaban los 200 metros antes no, y como yo digo, yo no estoy ni en los 50 metros, estoy después de los 125 metros. También durante la ley esa que estuvo vigente por seis años, ahí yo tenía todos los documentos que para presentar al ‘Minae’ para la concesión, porque en esa, en esa ley permitían a los pobladores que estábamos desde antes del 2006 que nos dieran la concesión y fue error o no sé falta de trabajo del ‘Minae’, que no nos entregaron las concesiones o revisaron los documentos porque no le hicieron a nadie. Ahorita después en el 2022 fue que declararon esa ley inconstitucional y fue que se cayó y por eso ahora el juez me valoró con la ley del 85, pero yo estuve ahí y durante 6 años esa ley estuvo vigente, la que dejaba a los habitantes que estaban antes del 2006, si ustedes pueden ver en las colillas de de mi trabajo, donde yo trabajé en hotel, ahí desde el 2003 que yo ya vivía en Nosara y antes yo visitaba Nosara. También tenemos ahorita en Nosara está pasando, no sé si han visto las noticias o en las redes o así, la gente, toda la gente que que vivimos ahí y que nos quieren sacar, que dicen que nos metimos y que son propiedades que que eran de otras personas, o sea que era, que no es que fueran del Estado, sino que eran de habitantes de antes, este y que quieren sacar entonces bueno, [Nombre 010] ya hizo, porque tenía que hacer un trabajo y ya era entregar las concesiones y no lo ha hecho, entonces él ahorita mandó un comunicado el cuatro de marzo del 2025, donde el SINAC no está promoviendo ni de planeando desalojar ocupantes del refugio. […] en apego a la Resolución 2009-016892 bueno, viene el número de expediente, el cuál dice ‘se aclara adiciona la parte dispositiva del voto 2009-2020 a las 8:30 horas del 13 de febrero del 2009, en el siguiente, el sentido sentido, el ‘Minae’ y la Dirección Regional del Área de Conservación del Tempisque, el SINAC deberán desalojar únicamente a las personas físicas o jurídicas cuya presencia en el entorno puede afectar los fines o propósitos del Refugio de Vida Silvestre Ostional como sitio de anidamiento masivo de tortugas Loras, esto es de[l] cuatro marzo de este año. Y yo no estoy afectando en Peladas yo no estoy afectando lo de las tortugas; antes de mi casa hay un parque grandísimo donde llegan más de 100 carros. […] la inseguridad jurídica que el Estado nos ha dado desde antes de que era refugio porque estaba la señora [Nombre 007], que tiene más de 60 años después [Nombre 005], después yo, yo era parte de la familia de ella cuando estaba con el muchacho, y y estuvo esa ley que ya nos nos protegía a nosotros y después la inseguridad, una vez que el 2022 se vuelve inconstitucional esa ley, la la que nos la que nos iba a dar la concesión. Es donde hay una inseguridad jurídica, ya son 3 años y el ‘Minae’ es el que tiene que que que poner todo eso en regla para que todos estemos bien, porque de ahí no soy solo yo, son varias personas ahí, ahí nadie tiene papeles y ustedes dicen es que no sacó un uso de no sacó un permiso para construir, es que nadie puede sacar ahí permiso, construir ni hacer nada ahí y yo también, nada de lo que yo he hecho, no he tratado de hacerlo con daño ambiental, digamos yo lo que hice era el bueno, como el tanque de agua, esas cosas, el camino, pero no son cosas como que yo llegué y destruí manglar o destruí un montón de árboles, no, ese ese lote era limpio, solo tenía seis árboles, que ahí hay unos documentos y ahí están esos árboles y como le digo yo, estoy larguísimo de las tortugas, hay un parqueo grande, estaba [...], hay un supermercado de la par mía hay un restaurante al otro lado y yo no siento que yo me metí hacia una propiedad que no era de nadie, sino era una propiedad que era un legado de de familias de por años” (La anterior transcripción es literal del audio de la audiencia celebrada en ocasión del conocimiento del presente recurso).\n\nLuego de examinada la causa, en particular el contenido de la sentencia y los alegatos del recurrente y su defendida estima este Tribunal de alzada que el motivo se debe acoger, a partir de las consideraciones que de seguido se formulan. El defensor propone que la sentencia deja de lado los argumentos que explicaban las circunstancias en las que la justiciable entró en posesión de la propiedad. El tema que subyace es si la imputada, pese a conocer los elementos típicos y desear su realización, se creía autorizada o justificada para ejercer actos posesorios sobre el terreno en discusión. Dicho con otras palabras, aun asumiendo que los actos ejecutados por la imputada son ilícitos, el punto se centra en establecer si su comportamiento se encuentra dentro de los escenarios que se adecuan al error de prohibición. Este instituto jurídico, que tiene como consecuencia la exclusión de la culpabilidad, en su forma invencible, o la atenuación del reproche, si el yerro fuera superable. En el primer escenario dicen los autores nacionales Sánchez Romero y Rojas Chacón que se presenta:\n\n“[…] aun cuando la persona actúa con la diligencia debida, no comprende la antijuridicidad de su acción; se trata de un error que, cualquier otra persona en su misma situación hubiera padecido. Es, por supuesto, un asunto que se debe precisar teniendo en cuenta las características personales del autor (profesión, grado de instrucción, medio cultural, etc.), sin olvidar el contexto social en que el hecho se produce” (Derecho Penal: aspectos teóricos y prácticos, ed. Juriscentro, San José, 2009, pp 459).\n\nPor su parte se habla de la forma vencible, en aquellos casos en los que: \n\n“[…] a).- El sujeto tuvo razones para dudar sobre la antijuridicidad (es decir, que las circunstancias hubieran sido tales que haya cabido preguntarse por la infracción a la norma); b).- Contaba con una fuente de información a la cual acudir para disipar el error; c).- Le era exigible acudir a esa fuente para salir del error. Sin embargo, este deber de informarse también podría ser desconocido por el autor, de ahí no puede inventarse un deber de información jurídica que obligue al ciudadano como tal. Se dice que el único deber que tienen los ciudadanos es el de no cometer delitos, el cual les es exigible en la medida en que dispongan, de manera real, de la correlativa posibilidad de comprender la naturaleza o la punibilidad de tales actos, sin que importe si hicieron uso de esa posibilidad de comprensión, porque, si podían comprender y no lo hicieron, serán culpables igualmente” (ob. cit. pp. 458).\n\nLa tesis de la defensa material alega que, en la decisión de instancia, se soslayó el hecho de que el terreno ocupado por [Nombre 001] formaba parte de un fundo heredado por su suegra con antelación a la constitución del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, y que, las reformas, legales, reglamentarias y los fallos judiciales, habilitaban sus actuaciones, o al menos así lo entendió la imputada. La zona protegida en la que se ubica el fundo en discusión, al amparo de la ley número 6919, Ley de Conservación de la Fauna Silvestre, y el decreto Ejecutivo número 16531-MAG del 18 de julio de 1985, se considera parte del Refugio Nacional de Fauna Silvestre Ostional; esta área se vio impactada por la promulgación de la ley número 9348 del ocho de febrero de 2016, norma que tenía como objetivo regular las diversas situaciones jurídicas que coexistían en ese territorio; sin embargo, la Sala Constitucional, en el año 2022, dictó el voto número 22606 de las 13:10 horas del 28 de setiembre, en el que declaró inconstitucional dicha norma, dispuso el alto Tribunal: \n\n“Se declara CON lugar la acción. En consecuencia se anula en su totalidad la Ley n°9348 ‘Refugio de Vida Silvestre Ostional’ y por conexidad además el decreto ejecutivo n°41134-Minae del 10 de abril del 2018 “Reglamento a la Ley N° 9348 del Refugio de Vida Silvestre Ostional. Lo anterior por vicio sustancial de procedimiento debido a la falta de sustento técnico. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de entrada en vigencia de las normas anuladas, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe […]” (el resaltado no corresponde al texto original). \n\nEn este punto, para esta Cámara es claro que la relación entre los pobladores de las comunidades y los intereses del Estado en el Refugio de Vida Silvestre Ostional ha sufrido cambios, legales, reglamentarios y jurisprudenciales en torno a los límites territoriales y la posibilidad de regularizar la posesión; sin prejuzgar en relación con los efectos que esas transformaciones suponen para el caso concreto, resulta ineludible advertir que el error de prohibición es un tema toral en el solución jurisdiccional que se dé al reclamo de responsabilidad penal de [Nombre 001]; sin embargo, la sentencia es explícitamente vaga y contradictoria en ese punto. Expresamente dice el fallo venido en examen:\n\n“[…] tampoco hay ningún tipo de error de prohibición, de tipo, de hecho, de que que pueda indicar bueno es que [Nombre 001] actuó bajo un error, sino más bien eh errada que tenía el derecho, pero no, pero es que efectivamente las características importantes, doña [Nombre 001] dice, bueno, es que yo soy y me considero amiga del ambiente, soy preparada y iba a reuniones con el CIMACO, iba a reuniones con el CIMAC, tenía conocimiento sobre lo que se podía hacer, no se podía hacer. Recibía paralizaciones de del lugar y aun así lo hacía. Entonces evidentemente no hay ningún tipo de de de de justificación, eh hay un daño palpable a el medio ambiente mediante una valoración que efectivamente se causa en el lugar, se causa un impacto en este lugar, esa grava que se que se que se hace en ese lugar, ese barrial que se hace en el lugar, por algo está, el medio ambiente es así […]” (transcripción literal de audio de la sentencia a partir del contador horario 01:11:31).\n\nMás allá de que la exposición es poco clara y parece confundir la existencia de un daño ambiental con la posibilidad de que la imputada se creyera justificada o autorizada para ejercer actos posesorios sobre el fundo (incluso en oposición a la intervención de las autoridades), resulta abiertamente contradictorio con el propio convencimiento del juez, quien tuvo por demostrado que durante la vigencia de la Ley número 9348, que otorgaba la posibilidad de adquirir derechos a los pobladores de playa Pelada, la justiciable era residente y se consideraba así misma como “pobladora” y que tenía la expectativa de hacerse con esa propiedad, cuyo derecho había recibido de su suegra y esta de su madre: “Sé que tiene una niña de de de poca edad, sé que llegó desde el 2003, que probablemente pensaste que en algún momento te ibas a hacer con ese, con ese terreno, pero me debo yo me debo al derecho”. Para justificar que esa posición no es correcta, agrega el juzgador: \n\n“[…] a pesar de las manifestaciones que ha dicho en que ese derecho se lo regaló doña [Nombre 005], que a su vez se lo regaló doña [Nombre 004]. O sea, aquí hay y hay que meternos al Derecho civil en cuanto al contrato de cesión de derechos […] Entonces vamos al contrato de cesión de derechos en civil y ¿podría cederse un derecho que es inalienable, que es del Estado? No se puede ceder un derecho del Estado, jamás. ¿Qué tuvo que haber hecho doña [Nombre 004] antes de 1983? que el Estado le reconociera su derecho y ya ves, una vez reconocido ese derecho, que hasta este momento no se ha reconocido el derecho doña [Nombre 004] transmitírselo a su hija [Nombre 005] y que su hija [Nombre 005] se lo transmita a usted; pero no está reconocido ese derecho jamás; y creo que es poco probable que a estas alturas se reconozca un derecho, incluso se tendría que abrirse una sucesión para que pueda reconocerse el derecho de doña [Nombre 004]. Entonces está para hablarse en lenguaje coloquial, está dura la cosa, está dura la cosa […]”. \n\nEn otras palabras, aun y cuando reconoce que la imputada creía tener facultades de dominio sobre el terreno, y que lo había recibido de una persona cuya posesión se obtuvo con anterioridad a la creación del Área de Conservación, y que existe al menos un voto de rango constitucional que alude a la existencia de derechos adquiridos, la sentencia le exige a una persona que no es abogada, que realizara un análisis de contratos de cesión, para ponderar la viabilidad jurídica de su situación, estudio que debía llevar hasta los posibles alcances de un juicio sucesorio. Lo anterior sin entrar a las valoraciones morales, como el suponer que la justiciable actúa contra el ordenamiento para “vivir una vida chill”. En síntesis, la decisión de instancia es superficial, poco técnica y contradictoria, olvidó hacer un examen completo del error de prohibición que confirmara, o excluyera, la figura legal que podría tener una incidencia directa en el injusto penal (en el caso del error invencible), lo que afecta directamente el pronunciamiento sobre los extremos civiles, o sobre la sanción (en el caso del error vencible). Por lo anterior debe declararse con lugar el motivo y anular el fallo, el juicio que lo precedió y ordenar la celebración de un juicio de reenvío para que se resuelva sobre la situación jurídica de la imputada. Es muy importante anotar que, en casos complejos, en los que deben sopesarse diversas normas y su aplicación en el tiempo, así como elementos particulares de la teoría del delito, que no siempre son de dominio general, aunado a la presentación de querellas y acciones civiles, resulta especialmente importante realizar un ejercicio de autocrítica por parte de los juzgadores, para evitar que limitaciones en el ejercicio de las técnicas de oralidad y en el manejo de aspectos teóricos, puedan dar al traste con un juicio y provocar que este asunto continúe sin una solución, contrariando el deber de ofrecer una justicia pronta, cumplida y de calidad. En relación con los otros motivos, por la forma en que se resolvió en el presente considerando, se omite pronunciamiento.\n\n \n\n \n\nPOR TANTO\n\n Se declara con lugar el tercer motivo del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Christian David Blanco Fajardo en representación de [Nombre 001] y en consecuencia se anula la sentencia venida en alzada y el contradictorio que la precedió. Se dispone la celebración de un juicio de reenvío para que bajo las reglas de ese instituto procesal se resuelva la situación de la justiciable. Notifíquese a las partes.\n\n \n\n \n\n \n\nJosé Manuel Cisneros Mojica\n\n \n\n \n\n \n\nRodrigo Obando Santamaría Cynthia Dumani Stradtmann\n\nJueces y Jueza\n\nTribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste\n\nFRUIZCO\n\n19-001460-0414-PE\n\n1\n\n \n\nCircuito Judicial de Santa Cruz, Edificio Tribunales, Tercer Piso Teléfonos: 2681-4047. Fax: 2680-1072. Correo electrónico: tapelacionpe-scr@poder-judicial.go.cr",
  "body_en_text": "EXPEDIENTE:\n\n19-001460-0414-PE\n\nCONTRA:\n\n[Nombre 001]\n\nOFENDIDO/A:\n\nSISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION TEMPISQIE REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE OSTIONAL\n\nDELITO:\n\nUsurpación de Bienes de Dominio Público\n\n \n\nVOTO 2026-178\n\nTRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Second Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz, at thirteen hours twenty minutes on the twenty-third of April two thousand twenty-six.\n\n An appeal was filed in the present case 19-001460-0414-PE, against [Nombre 001], identity card [Valor 001], born on April 26, 1981, child of [Nombre 002] and [Nombre 003], for the crime of USURPATION OF PUBLIC DOMAIN ASSETS, to the detriment of REFUGIO DE VIDA SILVESTRE OSTIONAL. Participating in the decision on the appeal are judges José Manuel Cisneros Mojica, Rodrigo Obando Santamaría, and judge Cynthia Dumani Stradtmann. Appearing were attorney Christian David Blanco Fajardo, private defender of the accused, and attorney Jeannette Castrillo Vargas, in her capacity as Criminal Prosecutor.\n\nRESULTANDO\n\n I. By judgment number 288-2024 at 11:51 hours on December 3, 2024, the Trial Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Nicoya venue, resolved: \"POR TANTO: In merit of the foregoing, the laws cited, and articles 39 and 41 of the Political Constitution, 1, 22, 24, 30, 45, 59 to 61, 71 to 74 of the Penal Code, article 58 subsection a of the Forest Law, articles 1, 142, 258, 360, 361, 363, 365, 367 of the Criminal Procedure Code, [Nombre 001] is declared the responsible author of ONE crime of INVASION OF A CONSERVATION OR PROTECTION AREA, committed to the detriment of the ENVIRONMENT; in this capacity, the sentence of ONE YEAR OF PRISON is imposed; as the requirements of article 59 of the penal code are met, the benefit of conditional execution of the sentence is granted for a period of three years. Likewise, the eviction of the accused from state property is ordered, in accordance with article 140 and 361 subsection D of the criminal procedure code and articles 103 and 110 of the penal code. RESTITUTION of things to their prior state is ordered, for which the accused [Nombre 001] is ordered to demolish all building(s) found on the land within ONE MONTH from the finality of this judgment, as well as the cleaning of any other work not proper to said zone, under penalty of initiating proceedings for the crime of Disobedience to Authority according to article 314 of the penal code. The Municipality of Nicoya, in coordination with SINAC (Area de Conservación Ostional), is ordered to verify compliance with this judgment; otherwise, to prepare a report and proceed with the demolition within ONE MONTH from the verified non-compliance, for which the state entity in charge of administering that area shall be commissioned. As for the civil action, in accordance with article 1045 of the civil code, as there is a causal link, it is declared with merit and the accused [Nombre 001] is sentenced to pay damages and costs for the restitution of things to their prior state, with payment ordered in the amount of twenty-two million six hundred forty-seven thousand forty-four colones. Resolved without special condemnation in criminal costs; the expenses of the process are borne by the State. Once final, communicate this judgment for its purposes to the Judicial Registry, the National Institute of Criminology, and the Sentence Execution Court. Once final, the definitive archiving of the file is ordered. Notify the parties of what is resolved herein. Trial Court Judge Joshua Mesac Artavia Zúñiga.-\" (SIC).\n\n II. Against the foregoing pronouncement, attorney Christian David Blanco Fajardo, private defender of the accused, filed an appeal.\n\n III. After verifying the respective deliberation in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, the Court considered the issues raised in the appeal.\n\n IV. The relevant legal prescriptions have been observed in the proceedings.\n\nDrafted by Judge Cisneros Mojica; and,\n\nCONSIDERANDO\n\n I. Against judgment number 288-2024, issued orally by the Trial Court of the II Judicial Circuit of Guanacaste, Nicoya venue, on December 3, 2024, at 11:51 hours, an appeal was filed by attorney Christian David Blanco Fajardo on behalf of [Nombre 001]. The petition proposes five grounds; namely, lack of reasoning and erroneous assessment of evidence; bias of the trial court; violation of due process and the right to defense; and, lack of reasoning for the imposed sentence. For reasons of order, the third objection will be addressed first. The appellant argues that the trial court ignored the final arguments of the technical and material defense. Specifically, that it ignored the evidence accrediting the accused as a successor in possession to [Nombre 004], an original settler from decades ago. The lawyer states that:\n\n“[…] the statement of my represented party, who declared in exercise of her right to material defense, stating that there was no malice on her part and much less a determined environmental damage upon coming to live in Playa Peladas in 2003, specifically where her mother-in-law [Nombre 005] lived, who to this day has been a settler of Playa Pelada for 69 years. Furthermore, in her testimony during the debate, said woman explained that she and her eight siblings each received a portion of land as an inheritance from Mrs. \"[Nombre 004]\", who was one of the first settlers of that place, and as proof of this, to this day there still exists the bar-restaurant that their mother left them \"[...]\" located right in front of the beach, which has its corresponding commercial license and is owned by Mrs. [Nombre 005] and her eight siblings. It is precisely from this that my represented party made Playa Pelada her home, receiving a gift from who was, in 2003, her mother-in-law, who gave it to Mrs. [Nombre 001] so she would not leave her house when my represented party separated sentimentally from her son [Nombre 007]. Precisely, said one-thousand-meter lot is located at the back of \"[...],\" which the judge does not take into account, nor another core aspect, which is that Mrs. [Nombre 005] stated in her declaration that when she gave that little lot to Mrs. [Nombre 001], said lot, which was part of the 'inheritance' her mother left her before dying, was clean and properly fenced with plants before she gifted that lot to Mrs. [Nombre 001] […]”\n\nOn March eleventh, two thousand twenty-five, an appeal hearing was held during which the accused was heard, who, having been advised of her rights, stated:\n\n“[…] we are talking about the map, and that I moved onto the land as a squatter, no, because that was a piece of land belonging to a woman named [Nombre 004], and that land was large, and it went from the beach all the way, and there's even a sketch showing that my piece of land is within the other piece; that is, it's not that I arrived and just got in there in the refuge, and besides, it wasn't until 1985 that the refuge was extended to Pelada and Guiones, not before; and it wasn't until 1992 that I have been reading documents, that they actually measured properly where the 200 meters went to, not before. And as I say, I'm not even within the 50 meters, I'm beyond the 125 meters. Also, during that law that was in force for six years, I had all the documents to submit to MINAE for the concession, because that law allowed settlers who were there before 2006 to get the concession, and it was an error, or I don't know, a failure of MINAE, that they did not give us the concessions or review the documents, because they didn't do it for anyone. Now later, in 2022, they declared that law unconstitutional and it fell, and that's why now the judge judged me under the 85 law, but I was there, and for 6 years that law was in force, the one that allowed the inhabitants who were there before 2006, if you can see in the pay stubs from my work, where I worked at a hotel, since 2003 I was already living in Nosara, and before that, I visited Nosara. We are also now seeing in Nosara, I don't know if you have seen the news or on social media, the people, all the people who live there and whom they want to kick out, saying that we got in and that the properties belonged to other people, so they were, it's not that they were the State's, but that they belonged to earlier inhabitants, and they want to kick us out. Well, [Nombre 010] has already done, because he had to do a job and it was to deliver the concessions, and he has not done it. So now, on March 4, 2025, he issued a communication stating that SINAC is not promoting or planning to evict occupants of the refuge. […] in accordance with Resolution 2009-016892, well, here is the case file number, which states 'the operative part of Voto 2009-2020 at 8:30 hours on February 13, 2009, is clarified and added, in the following sense: MINAE and the Regional Directorate of the Área de Conservación Tempisque, SINAC, shall evict only those natural or legal persons whose presence in the environment may affect the purposes or goals of the Refugio de Vida Silvestre Ostional as a massive nesting site for Olive Ridley turtles,' that is from March fourth this year. And I am not affecting things in Peladas, I am not affecting the turtles; in front of my house there is a huge parking lot where more than 100 cars arrive. […] the legal insecurity that the State has given us from before it was a refuge, because there was Mrs. [Nombre 007], who has been there for more than 60 years, then [Nombre 005], then me, I was part of her family when I was with the boy, and that law was there that protected us, and then the insecurity, once in 2022 that law became unconstitutional, the one that was going to give us the concession. That is where there is legal insecurity; it's been 3 years, and it is MINAE that has to put everything in order so that we can all be okay, because I am not the only one there, there are several people there. No one there has papers, and you say, well, you didn't get a land-use permit, you didn't get a construction permit, but nobody can get a permit to build or do anything there, and I also, nothing that I have done, I have not tried to do it with environmental damage. Let's say, what I did was good, like the water tank, those things, the path, but they are not things like I arrived and destroyed mangrove or destroyed a bunch of trees; no, that lot was clean, it only had six trees, as there are some documents showing those trees. And as I tell you, I am very far from the turtles, there is a big parking lot, there was [...], there is a supermarket next to me, there is a restaurant on the other side, and I do not feel that I got myself into a property that belonged to no one, but rather a property that was a legacy of families for years” (The preceding transcription is verbatim from the audio of the hearing held on the occasion of considering this appeal).\n\nAfter examining the case, particularly the content of the judgment and the arguments of the appellant and his defendant, this Court of Appeal finds that the ground must be upheld, based on the considerations formulated below. The defense proposes that the judgment sets aside the arguments explaining the circumstances under which the accused took possession of the property. The underlying issue is whether the accused, despite knowing the elements of the crime and desiring their realization, believed she was authorized or justified in exercising possessory acts over the land in dispute. In other words, even assuming that the acts carried out by the accused are unlawful, the point centers on determining whether her behavior falls within the scenarios that fit a mistake of law (error de prohibición). This legal principle, which results in the exclusion of culpability in its insurmountable form, or the attenuation of reproach if the error was surmountable. Regarding the first scenario, national authors Sánchez Romero and Rojas Chacón state that it occurs:\n\n“[…] even when a person acts with due diligence, they do not understand the unlawfulness of their action; it is an error that any other person in their same situation would have suffered. It is, of course, a matter that must be determined taking into account the personal characteristics of the perpetrator (profession, level of education, cultural background, etc.), without forgetting the social context in which the act occurs” (Derecho Penal: aspectos teóricos y prácticos, ed. Juriscentro, San José, 2009, pp 459).\n\nFor its part, the surmountable form is discussed in those cases where:\n\n“[…] a).- The subject had reasons to doubt the unlawfulness (that is, the circumstances were such that it was appropriate to question the norm violation); b).- Had access to a source of information to resolve the error; c).- It was demandable to consult that source to escape the error. However, this duty to inform oneself could also be unknown to the author; hence, a duty of legal information that obliges the citizen as such cannot be invented. It is said that the only duty citizens have is not to commit crimes, which is demandable to the extent that they actually have the correlative possibility of understanding the nature or punishability of such acts, regardless of whether they made use of that possibility of understanding, because if they could understand and did not, they will be equally culpable” (ob. cit. pp. 458).\n\nThe thesis of the material defense alleges that the trial court's decision ignored the fact that the land occupied by [Nombre 001] formed part of a parcel inherited by her mother-in-law prior to the establishment of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, and that the legal, regulatory reforms and judicial rulings enabled her actions, or at least that is how the accused understood it. The protected zone where the disputed parcel is located, under the protection of law number 6919, Wildlife Conservation Law, and Executive Decree number 16531-MAG of July 18, 1985, is considered part of the Refugio Nacional de Fauna Silvestre Ostional; this area was impacted by the enactment of law number 9348 of February 8, 2016, a norm aimed at regulating the diverse legal situations that coexisted in that territory; however, the Constitutional Chamber, in 2022, issued Voto number 22606 at 13:10 hours on September 28, in which it declared said norm unconstitutional. The high Court ordered:\n\n“The action is declared WITH merit. Consequently, Law n°9348 'Refugio de Vida Silvestre Ostional' is annulled in its entirety, and by connection, Executive Decree n°41134-Minae of April 10, 2018, 'Regulation to Law N° 9348 of the Refugio de Vida Silvestre Ostional.' The foregoing due to a substantial procedural defect due to the lack of technical support. This judgment has declaratory and retroactive effects to the effective date of the annulled norms, without prejudice to the rights acquired in good faith […]” (the highlighting does not correspond to the original text).\n\nAt this point, it is clear to this Chamber that the relationship between the communities' residents and the State's interests in the Refugio de Vida Silvestre Ostional has undergone legal, regulatory, and jurisprudential changes regarding territorial limits and the possibility of regularizing possession; without prejudging the effects that these transformations imply for the specific case, it is unavoidable to note that the mistake of law (error de prohibición) is a core issue in the jurisdictional solution to be given to the criminal liability claim against [Nombre 001]; however, the judgment is explicitly vague and contradictory on this point. The judgment under review expressly states:\n\n“[…] nor is there any type of mistake of law, mistake of fact, that could indicate that [Nombre 001] acted under an error, but rather, uh, she wrongly believed she had the right, but no, it's that effectively the important characteristics, Mrs. [Nombre 001] says, well, I am and I consider myself a friend of the environment, I am prepared and I went to meetings with CIMACO, I went to meetings with CIMAC, I had knowledge about what could and could not be done. She received work stoppages at the place and still did it. So evidently, there is no type of justification, uh, there is palpable damage to the environment through an assessment that is effectively caused at the site, an impact is caused at this site; that gravel work done there, that muddy mess made there, it's like that for a reason, the environment is like that […]” (verbatim transcription from the judgment audio starting at time counter 01:11:31).\n\nBeyond the fact that the exposition is unclear and seems to confuse the existence of environmental damage with the possibility that the accused believed she was justified or authorized to exercise possessory acts over the parcel (even in opposition to the authorities' intervention), it is openly contradictory to the judge's own conviction, who considered it proven that during the validity of Law number 9348, which granted the possibility of acquiring rights to the settlers of Playa Pelada, the accused was a resident and considered herself a \"settler\" (pobladora), and that she had the expectation of acquiring that property, the right to which she had received from her mother-in-law, who in turn received it from her mother: \"I know you have a young daughter, I know you arrived in 2003, that you probably thought at some point you would acquire that land, but I must adhere to the law.\" To justify that this position is incorrect, the judge adds:\n\n“[…] despite the statements she has made that this right was gifted to her by Mrs. [Nombre 005], who in turn was gifted it by Mrs. [Nombre 004]. That is, here we have to go into Civil law regarding the assignment of rights contract […] So, let's go to the assignment of rights contract in civil law, and could a right that is inalienable, that belongs to the State, be assigned? A right of the State cannot be assigned, never. What must Mrs. [Nombre 004] have done before 1983? Get the State to recognize her right, and then, once that right is recognized, which to this day has not been recognized, Mrs. [Nombre 004] could transmit it to her daughter [Nombre 005], and her daughter [Nombre 005] transmit it to you; but that right has never been recognized; and I think it's unlikely that a right will be recognized at this point. A probate proceeding would even have to be opened to recognize the right of Mrs. [Nombre 004]. So, to speak in colloquial language, the situation is tough, the situation is tough […]”.\n\nIn other words, even though it recognizes that the accused believed she had rights of ownership over the land, that she had received it from a person whose possession was obtained prior to the creation of the Conservation Area, and that there is at least a constitutional-level vote alluding to the existence of acquired rights, the judgment demands that a person who is not a lawyer perform an analysis of assignment contracts to weigh the legal viability of her situation—a study that should extend to the possible implications of a probate proceeding. This is without entering into moral judgments, such as supposing that the accused acts against the legal system to \"live the easy life\" (vivir una vida chill). In summary, the trial court's decision is superficial, scarcely technical, and contradictory; it failed to conduct a complete examination of the mistake of law (error de prohibición) that would confirm or exclude the legal figure that could have a direct impact on the criminal wrong (in the case of an insurmountable error), which directly affects the pronouncement on civil matters or on the sanction (in the case of a surmountable error). Therefore, the ground must be declared with merit and the judgment annulled, as well as the trial that preceded it. A new trial (juicio de reenvío) must be ordered to resolve the legal situation of the accused. It is very important to note that in complex cases, where various norms and their application over time, as well as particular elements of crime theory that are not always of general knowledge, must be weighed, coupled with the filing of criminal complaints and civil actions, it is especially important for judges to perform a self-critical exercise to prevent limitations in the use of oral techniques and in the handling of theoretical aspects from jeopardizing a trial and causing this matter to continue without a solution, contradicting the duty to provide prompt, complete, and quality justice. Regarding the other grounds, due to the manner in which this considerando was resolved, a ruling is omitted.\n\n \n\n \n\nPOR TANTO\n\n The third ground of the appeal filed by attorney Christian David Blanco Fajardo on behalf of [Nombre 001] is declared with merit, and consequently, the appealed judgment and the adversarial proceeding that preceded it are annulled. A new trial (juicio de reenvío) is ordered so that, under the rules of that procedural institution, the situation of the accused is resolved. Notify the parties.\n\n \n\n \n\n \n\nJosé Manuel Cisneros Mojica\n\n \n\n \n\n \n\nRodrigo Obando Santamaría Cynthia Dumani Stradtmann\n\nJudges and Judge\n\nTribunal de Apelación de Sentencia Penal de Guanacaste\n\nFRUIZCO\n\n19-001460-0414-PE\n\n1\n\n \n\nJudicial Circuit of Santa Cruz, Courts Building, Third Floor Telephones: 2681-4047. Fax: 2680-1072. Email: tapelacionpe-scr@poder-judicial.go.cr"
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