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  "id": "nexus-sen-1-0034-1410420",
  "citation": "Res. 04150-2026 Tribunal Contencioso Administrativo",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Obligación imperativa de expropiar terrenos privados en el Parque Las Baulas",
  "title_en": "Mandatory Duty to Expropriate Private Land Within Parque Nacional Las Baulas",
  "summary_es": "La sociedad Adriana de las Colinas S.A. demandó al Estado y al SINAC exigiendo: (1) el reconocimiento de la obligación de indemnizar por la expropiación de su finca (folio real 5-42366-000) dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas; (2) que se ordene iniciar el proceso judicial de expropiación; y (3) daños y perjuicios en abstracto por funcionamiento anormal del Estado. El Tribunal declaró sin lugar la pretensión de daños porque la actora no concretó en qué consistían, incumpliendo el artículo 58 del CPCA. Rechazó asimismo la tesis de expropiación de facto y vías de hecho, reafirmando que el artículo 2 de la Ley 7524 garantiza a los propietarios el pleno ejercicio de los atributos del dominio hasta la adquisición efectiva por el Estado. El fallo determinó además que el mandamiento provisional de anotación registral venció de pleno derecho en octubre de 2008 y debió cancelarse de oficio. Sobre las pretensiones principales, el Tribunal analizó el carácter imperativo del deber de expropiar bajo la Ley 7524 y el Decreto 34015-MINAE, así como el estado del procedimiento administrativo completado en 2009.",
  "summary_en": "Adriana de las Colinas S.A. sued the State and SINAC seeking: (1) recognition of the obligation to indemnify for the expropriation of their Guanacaste property (folio real 5-42366-000) within Parque Nacional Marino Las Baulas; (2) an order to initiate the judicial expropriation process; and (3) abstract damages for abnormal state functioning. The court denied the damages claim because the plaintiff failed to specify what the damages consisted of, violating Art. 58 CPCA. It also rejected the de facto expropriation and vías de hecho theory, reaffirming that Art. 2 of Law 7524 expressly guarantees property owners full dominion until State acquisition. The ruling further found the provisional registration annotation legally expired since October 2008 and subject to ex officio cancellation. On the core expropriation claims, the court analyzed the mandatory character of the duty to expropriate under Law 7524 and Decree 34015-MINAE, and the completion of the administrative procedure in 2009.",
  "court_or_agency": "Tribunal Contencioso Administrativo",
  "date": "22/06/2026",
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    "vías de hecho",
    "expropiación de facto",
    "áreas silvestres protegidas (ASP)",
    "mandamiento provisional de anotación",
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    "responsabilidad objetiva del Estado",
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  "keywords_es": [
    "Parque Nacional Marino Las Baulas",
    "expropiación",
    "SINAC",
    "áreas silvestres protegidas",
    "vías de hecho",
    "derecho de propiedad",
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    "Ley 7524",
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    "daños y perjuicios en abstracto",
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    "Playa Grande Guanacaste",
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  "keywords_en": [
    "Parque Nacional Marino Las Baulas",
    "expropriation",
    "SINAC",
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    "Law 7524",
    "Decree 34015-MINAE",
    "leatherback turtle",
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  "excerpt_es": "resulta desde el punto de vista estrictamente jurídico imposible afirmar que a la empresa se le haya, como lo afirma su representación, expropiado de facto o por las vías de hecho su propiedad inmueble. Primero, ha de tenerse presente que la accionante no ha afirmado haber sido desposeída materialmente del inmueble en cuestión por un lado, mientras que por otro, la Ley referida N° 7524 en su artículo 2, expresamente reza así: \"Los terrenos privados comprendidos en esa delimitación serán susceptibles de expropiación y se considerarán parte del Parque Nacional Marino las Baulas, hasta tanto no sean adquiridos por el Estado, mediante compra, donaciones o expropiaciones; mientras tanto los propietarios gozarán del ejercicio pleno de los atributos del dominio\".\n\nlo cierto del caso lo es siempre a nivel jurídico, que un año posterior a que fue practicada, esto es, desde el día 12 de octubre del 2008 se encuentra caduca y debió desde entonces ordenarse de incluso de oficio su cancelación registral, con lo que se habría de remover lo que la accionante ha identificado como causa en parte, de los efectos dañosos que reclama, pese a lo que, la omisión de un deber jurídico de cancelar en esos términos dichos tal anotación registral, no es base de imputación de responsabilidad patrimonial en esta litis.\n\nel verbo utilizado \"gestionará\", es imperativo y por tanto, no se encuentra sujeto a discrecionalidad alguna el cumplimiento del deber de expropiar. Pues bien y siendo que desde el año de 1995 por Ley se establecieron los límites del Parque, fue aproximadamente algo más de once años después, que por Decreto Ejecutivo N° 34015 del 11 de septiembre del 2007, se procedió por parte del Poder Ejecutivo, no sólo a precisar que la Institución competente para expropiar y en ese entendido, tramitar en sede administrativa al respectivo procedimiento e incluso promover en lo que corresponda, el proceso especial de expropiación conforme la Ley de Expropiaciones señalando que lo es la Dirección General del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).",
  "excerpt_en": "From a strictly legal standpoint, it is impossible to assert that the company has been expropriated de facto or by vías de hecho as its representation claims. First, it must be noted that the plaintiff has not alleged having been materially dispossessed of the property at issue; moreover, Law No. 7524, Art. 2, expressly provides: \"Private lands within that delimitation shall be susceptible to expropriation and shall be considered part of Parque Nacional Marino Las Baulas until acquired by the State through purchase, donation, or expropriation; in the meantime, owners shall enjoy the full exercise of all attributes of ownership.\"\n\nThe legal reality is that, one year after it was recorded—as of October 12, 2008—the annotation expired and from that date its ex officio cancellation should have been ordered, which would have removed what the plaintiff has partially identified as a cause of the harms claimed; nonetheless, the failure to fulfill the legal duty to cancel that registration annotation does not constitute a basis for patrimonial liability in this proceeding.\n\nThe verb 'gestionará' [shall manage/undertake] is imperative, and therefore the fulfillment of the duty to expropriate is not subject to any discretion. Given that the Park's boundaries were established by law in 1995, it was approximately eleven years later that Executive Decree No. 34015 of September 11, 2007 was issued, not only identifying SINAC's General Directorate as the competent institution for expropriation but also ordering commencement of the corresponding administrative procedure and, when appropriate, promotion of the special judicial expropriation process under the Expropriation Law.",
  "outcome": {
    "label_en": "Partially granted",
    "label_es": "Parcialmente con lugar",
    "summary_en": "The court denied the abstract damages claim for failure to specify their content, rejected the de facto expropriation and vías de hecho theory, found the provisional registration annotation legally expired since October 2008, and analyzed the mandatory duty to expropriate under Law 7524 and Decree 34015-MINAE (full dispositiva not visible due to document truncation).",
    "summary_es": "El Tribunal declaró sin lugar la pretensión de daños y perjuicios en abstracto por no haberse concretado en qué consisten, rechazó la tesis de expropiación de facto y vías de hecho, determinó que el mandamiento provisional de anotación venció de pleno derecho en octubre de 2008, y analizó el carácter imperativo del deber de expropiar bajo la Ley 7524 y el Decreto 34015-MINAE (dispositiva final no visible por truncamiento del documento)."
  },
  "pull_quotes": [
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      "context": "Considerando VII.4 — Dispositiva sobre daños",
      "quote_en": "For being without merit, THE CLAIM IS DECLARED WITHOUT MERIT insofar as it concerns the item identified as No. 3, seeking condemnation to payment of damages and/or losses.",
      "quote_es": "por improcedente SE DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA EN LO QUE TOCA AL EXTREMO IDENTIFICADO COMO EL N° 3 dirigido a la condena al pago de daños y/o perjuicios."
    },
    {
      "context": "Considerando VII.5",
      "quote_en": "The finding that the plaintiff's property was not expropriated de facto or by vías de hecho, nor legally restricted to the point of hollowing out the right of ownership through any administrative conduct by the State or SINAC suppressing any form of use or normal exploitation, constitutes from the outset an insurmountable obstacle to obtaining abstract condemnation to payment of damages, if indeed any harm was suffered causally linked to any of those acts.",
      "quote_es": "la exclusión en este entendido, de que el inmueble del que es titular la actora haya sido expropiado de facto o por la vía de hecho, o haya sido jurídicamente limitado al grado de vaciar el derecho de propiedad como derivación de alguna conducta administrativa desplegada por el Estado o el SINAC, suprimiendo cualquier forma de uso o explotación del inmueble, de entrada supone un obstáculo insuperable para acceder a una condena al pago de daños y/o perjuicios en abstracto, si es que como lo afirmó la actora, algún daño o perjuicio sufrió en nexo causal o con causa eficiente en alguna de esas conductas."
    },
    {
      "context": "Considerando VIII — Obligación de expropiar",
      "quote_en": "The institution ultimately identified as competent to expropriate in furtherance of a clearly broad environmental protection purpose had and continues to have the legal obligation to exercise, as a power of public authority, the administrative procedure and/or judicial process necessary to achieve acquisition of title to every privately-owned property found to be located within the Park's area.",
      "quote_es": "institución que finamente resultare ser la competente para expropiar en satisfacción de una finalidad claramente de protección ambiental en sentido amplio entendida, tenía y tiene la obligación jurídica de ejercitar cual potestad de imperio, el procedimiento y/o proceso judicial necesario para procurar por su medio la adquisición de la titularidad de todo inmueble que siendo de propiedad privada, hubiere resultado encontrarse emplazado dentro del área del Parque."
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  "body_es_text": "EV Generación de Machote: F:\\Gestion-Judicial\\Servidor de Archivos\\Modelos\\Contencioso\\TCRESOL016.dpj\n\n \n\n\n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n21-003510-1027-CA - 6\n\nPROCESO:\n\nConocimiento\n\nACTOR/A:\n\nADRIANA DE LAS COLINAS SOCIEDAD ANÓNIMA\n\nDEMANDADO/A:\n\nEL ESTADO\n\n \n\n N° 2026004150\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN NOVENA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las diecisiete horas con treinta y cuatro minutos del veintidos de junio del dos mil veintiseis.-\n\n \n\nProceso de conocimiento incoado por la compañía denominada ADRIANA DE LAS COLINAS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica N° 3-101-143574, representada por su apoderada especial judicial, señora Carolina Argüello Bogantes, cédula de identidad N° 4-0156-0327, contra el ESTADO, representado por la señora Procuradora Guisell Jiménez Gómez, cédula de identidad N° 1-0898-0817 y el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), representado por su apoderada especial judicial, señora Deifilia Dávila Ruiz, cédula de identidad N° 5-0278-0290. Intervienen además, como apoderado especial judicial de la parte actora, el señor Alonso Miranda Rivera, cédula de identidad N° 1-1400-0807 y como apoderado especial judicial del SINAC, el señor Róger Francisco Gutiérrez Vindas, cédula de identidad N° 4-0131-0704.- \n\nRESULTANDO:\n\n1.- Que en los términos del escrito de demanda, incluyendo el posteriormente presentado que obra a imágenes que van de la 86 a la 89 del expediente judicial y lo determinado en la audiencia preliminar, la compañía actora accionó en contra del Estado y el SINAC para que en sentencia le sea concedido lo que sigue: \"1. Se declare la obligación de las demandadas de indemnizar a la sociedad ADRIANA DE LAS COLINAS SOCIEDAD ANÓNIMA por la expropiación de la finca matrícula número 5-42366-000, ordenada por Ley 7524 y el Decreto Ejecutivo No. 34015-MINAE. 2. Se ordene a las demandadas para adecuar sus actuaciones a derecho e inicien con el proceso de expropiación del inmueble matrícula No. 5-42366-000 ordenado por la Ley 7524 y el Decreto Ejecutivo No. 34015-MINAE. 3. Se condene a las demandadas con base en lo dispuesto en los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, relacionado con el numeral 122, inciso m), sub inciso iii) del CPCA, al pago en abstracto de los daños y perjuicios ocasionados con su funcionamiento anormal, mismos que se determinarán, su existencia y cuantía en la fase de ejecución de sentencia. 4. Se condene a las demandadas al pago de las costas procesales y personales\".-\n\n2.- Que conferido el traslado de ley, la representación del Estado se pronunció en oposición a la demanda. En su defensa interpuso las excepciones de prescripción, caducidad, falta de legitimación pasiva y falta de derecho. Solicitó se declare sin lugar en todos sus extremos la demanda, así como que, se condene a la actora al pago de ambas costas, con reconocimiento de los intereses que se generen hasta su efectivo pago.-\n\n3.- Que conferido el traslado de ley a la representación del SINAC, se pronunció en oposición a la demanda. En su defensa interpuso exclusivamente la excepción de falta de derecho. Solicitó se declare sin lugar en todos sus extremos la demanda, así como que, se condene a la actora al pago de ambas costas, con reconocimiento de los intereses.-\n\n4.- Que la audiencia preliminar fue celebrada el día 19 de abril del 2022, misma en la que, en lo que resulta relevante se dispuso por la Jueza de Trámite a cargo de su dirección declarar el asunto de \"puro derecho\". Consecuentemente, el presente asunto se trasladó para el dictado de la sentencia sin necesidad de la celebración de la audiencia complementaria.-\n\n5.- Que conforme al acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la Sesión N° 26-2025 del 27 de marzo del 2025, artículo XXXII, se aprobó el que se denominó \"plan de descongestionamiento para reducir el rezago judicial en asuntos de puro derecho del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda\" diseñado por la Dirección de Planificación y contenido en el Informe N° 310-PLA-MNP-2025 del 14 de marzo del 2025. Así las cosas, por cumplir el presente expediente con los criterios establecidos, fue incluido dentro del citado plan y turnado a esta sección para el dictado del fallo correspondiente.-\n\n6.- Que en los procedimientos no se han observado nulidades que deban ser declaradas, y/o vicios que hayan de ser subsanados.-\n\nRedacta el Juzgador Felipe Córdoba Ramírez y se resuelve por unanimidad, con el voto afirmativo de la Jueza Lindsay Rodríguez Cubero y el Juez Elías Baltodano Gómez. \n\nCONSIDERANDO\n\nI.- Sobre la prueba ofrecida para mejor resolver. La representación de la parte actora solicitó en los términos del escrito de fecha 12 de abril del 2022 que obra visible a imagen 361 del expediente judicial, sea admitida a título de prueba para mejor resolver, la siguiente: Oficio N° US-TEMPATE-601-2021 del 30 de noviembre del 2021 emitido por el Departamento de Ingeniería y Construcciones de la Dirección de Obras y Servicios de la Municipalidad de Santa Cruz, Guanacaste, en los términos del cual, en relación a una solicitud de uso de suelo requerida por la aquí representante de la empresa actora, respecto del inmueble inscrito en el Registro Nacional, Sección de Bienes Inmuebles, con el número de matrícula de Folio Real 5-42366-000, se indicó que para poder dar respuesta a esa solicitud se debe aportar certificación del MINAET que indique que la propiedad está fuera de cualquier área protegida; así como el oficio emitido por esa misma dependencia municipal, identificado con el N° US-CABO-VELAS-117-2022 del 10 de marzo del 2022, conforme el que, en relación con el mismo inmueble, se indica que: \"Según Certificación TE-01-076-2022, emitida el 24 de Enero del 2022, la propiedad se encuentra 100% dentro del Parque Marino Las Baulas, por lo que Uso y Manejo de la parcela antes descrita le corresponde exclusivamente al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (MINAE). En cuanto a este tipo de prueba resulta necesario tener presente que la jurisprudencia lineal existente en la materia caracteriza la admisibilidad de este tipo de probanzas como facultativa por corresponder a prueba del Juez, haya sido ofrecida o no por una de las partes en litigio, así como que, su rechazo no habrá de producir indefensión alguna (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia Voto N° 547-F-2002 de las 16:00 hrs. del 12 de julio de 2002; N° 59 de las 15:20 hrs. del 31 de mayo de 1996, N° 23 de las 14:20 hrs. del 4 de marzo de 1992, N° 34 de las 10:45 hrs. del 28 de mayo de 1993 y 83 de las 14:40 horas del 22 de diciembre de 1993). En abono a lo anterior, en su sentencia N° 29-1995 de las 15:30 hrs. del 22 de febrero de 1995, también dictada por la Sala Primera, aclara lo siguiente: “(…) Dentro de las facultades instructoras y ordenatorias del juez, está la de ordenar prueba para mejor proveer (artículo 97, inciso 2, y 331 del Código Procesal Civil), cuando las probanzas por practicar tengan una influencia decisiva en el resultado del proceso (…). El aspecto medular de la prueba para mejor proveer es su carácter facultativo o discrecional, no pudiendo ser exigida por las partes; su ordenación depende enteramente, de la iniciativa, prudente y criterio del órgano jurisdiccional, consecuentemente su denegatoria no causa indefensión alguna”. Vista la prueba aportada por la forma en que habrá de ser fallado el presente asunto por el fondo se rechaza.-\n\nII.- Sobre lo alegado por la empresa actora en soporte argumentativo de su acción. Se expresó la representación de la sociedad demandante en soporte argumentativo de su acción, indicando lo que sigue: \"1. SOBRE LOS HECHOS. Hecho 1- El nueve de julio de 1991 se emite el de Decreto Ejecutivo 20518-MINEREM por medio del cual se crea el Parque Nacional Marino Las Baulas Guanacaste (en adelante Marino Las Baulas) de la siguiente forma: “Artículo 1°- Créase el Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, cuyos límites serán las siguientes, según las hojas cartográficas Villareal y Matapalo escala 1:50,000 del Instituto Geográfico Nacional. Partiendo de un punto ubicado en el extremo sur de Playa Ventanas, sigue por una línea recta con orientación N 45 X E, y una distancia de 125 metros desde la pleamar ordinaria. Continúa el límite por una línea imaginaria paralela a la zona pública y distante de la misma 75 metros, con dirección sureste hasta el punto de coordenadas N 255.000 y E 335.050. Este parque nacional abarcará también el estero Ventanas y sus manglares, el cerro inmediatamente atrás de Punta Ventanas, la Punta Carbón, la Isla Capitán, la zona pública localizada entre Punta Conejo y el extremo sur de Playa Langosta hasta la línea de pleamar ordinaria. Artículo 2°- Se declara a las playas Carbón y Ventanas, incluyendo una franja de terreno de 75 metros, contada a partir de la zona pública, como zona protectora denominada Las Baulas de Guanacaste. Todos los desarrollos habitacionales y de cualquier otra índole que se hagan en esta zona, deberán contar con la aprobación del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas”. Hecho 2- En el año 1994, ADRIANA DE LAS COLINAS SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula de persona jurídica número 3-101-143574, adquiere el inmueble de la provincia de Guanacaste número 5-42366-000 (en adelante el INMUEBLE). Ver prueba 1. Hecho 3- Por medio de la Ley 7524 del 10 de julio de 1995 denominada Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, se indica en lo que interesa en sus artículos 1 y 2: “ARTICULO 1.- Creación y límites. Se crea el Parque Nacional Marino las Baulas de Guanacaste, cuyos límites, según las hojas cartográficas Villarreal y Matapalo escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional, serán los siguientes: partiendo de un punto ubicado en las coordenadas N 259.100 y E 332.000, sigue por una línea recta hasta alcanzar una línea imaginaria paralela a la costa, distante ciento veinticinco metros de la pleamar ordinaria aguas adentro. Por esta línea imaginaria, continúa el límite con dirección sureste, hasta terminar en el punto de coordenadas N 255.000 y E 335.050. El Parque también abarcará los esteros Tamarindo, Ventanas y San Francisco y sus manglares; el cerro localizado inmediatamente detrás de playa Ventanas, el cerro El Morro, la isla Capitán, la isla Verde, la zona pública de cincuenta metros, medida desde la pleamar ordinaria, entre la punta San Francisco y el estero San Francisco y las aguas territoriales de la bahía Tamarindo, comprendidas entre punta Conejo y el extremo sur de playa Langosta, hasta la línea de pleamar ordinaria. ARTICULO 2.- Expropiaciones. Para cumplir con la presente Ley, la institución competente gestionará las expropiaciones de la totalidad o de una parte de las fincas comprendidas en la zona delimitada en el artículo anterior. Los terrenos privados comprendidos en esa delimitación serán susceptibles de expropiación y se considerarán parte del Parque Nacional Marino las Baulas, hasta tanto no sean adquiridos por el Estado, mediante compra, donaciones o expropiaciones; mientras tanto los propietarios gozarán del ejercicio pleno de los atributos del dominio”. Hecho 4- Mediante Decreto Ejecutivo, No. 34015-MINAE, se estableció: “Artículo 1: De conformidad con los considerandos anteriores, por ubicarse dentro de las coordenadas del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, se declara de interés público la adquisición, por la vía de la expropiación, de la finca del Partido de Guanacaste Matrícula de Folio Real 42366-000, propiedad de Adriana de las Colinas, S.A., cédula jurídica 3-101-143574, lote a expropiar que se describe según Registro Público de la siguiente forma: Situación Distrito 04 Tempate, Cantón 03 Santa Cruz, de la provincia de Guanacaste; con un área de 1011 metros con 94 decímetros cuadrados, con los siguientes linderos: Norte: Calle con 19 metros, al Sur: Faja 50 metros inalienables milla marítima Océano Pacífico, al Este: Lote 49 y al Oeste: Alameda. Plano Catastrado número G-145542-1993. Artículo 2: Proceda a dar inicio al procedimiento administrativo expropiatorio, para cuyo trámite se autoriza a la Dirección General del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) (…). Artículo 3: Proceda el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía, representada por su Dirección General a continuar con el procedimiento establecido para tal efecto, para la adquisición de dicho lote, con especial observancia de los plazos fijados y en estricto apego a lo establecido en la Ley de Expropiaciones y sus reformas.” (Ver folio 09 del expediente administrativo). Hecho 5- Mediante Tomo 573, Asiento 36083, se procede a anotar sobre la propiedad mandamiento provisional de anotación de declaratoria de interés público, expedido por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía, en Procedimiento Administrativo de Expropiación del Estado contra Adriana de las Colinas, con fecha del 11 de octubre del 2007 (Ver folio 13 del expediente administrativo). Hecho 6- Mediante oficio SINAC-DG-103-2008, del 18 de enero del 2008, el SINAC, requiere a la Administración Tributaria de Puntarenas, emitir avalúo administrativo para la finca 5- 42366-000 correspondiente al plano G-145552-1993, en lo que interesa indica: “31. Plano Catastrado N. G-145552-1993, Folio Real de Guanacaste número 42366-000. Propietaria Adriana de las Colinas, S.A., con cédula jurídica número 3-101- 143574.” (folio 17 del expediente administrativo). Hecho 7- El 23 de setiembre de 2008 se emitió el avalúo administrativo AA-98-2008 del Ministerio de Hacienda correspondiente al expediente 04-2008 (folio 25 del expediente administrativo). Hecho 8- En fecha 12 de diciembre del 2008, se notificó al señor Tomás Federico Guardia Echandi, apoderado especial administrativo y judicial de la empresa Adriana de las Colinas, S.A., el avalúo Administrativo (Ver folio 27 del expediente administrativo). Hecho 9- Mediante escrito del seis de enero del 2009, mi representada se opuso al monto definido en el avalúo AA-98-2008. (Ver folio 38 del expediente administrativo). Hecho 10- Mediante oficio R-MINAET-SINAC-017-2009, de las 8:20 horas del 04 de junio del 2009, el SINAC, remite el expediente a la Procuraduría General de la República, para que procedan con el procedimiento especial ante el Juzgado Contencioso Administrativo. (Ver folio 45 del expediente administrativo). Hecho 11- Al momento de interposición de la presente demanda, el SINAC no ha iniciado el proceso de expropiación parcial de la propiedad de mi representada, en los términos requeridos por la Ley de Expropiaciones. 2. SOBRE LA LEGITIMACIÓN El inciso a) del artículo 10 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), es el fundamento legal que permite a mi representada acudir ante la sede contencioso administrativa a interponer la presente demanda. Tal cual será analizado, con la promulgación de la Ley 7524 y con la emisión del Decreto Ejecutivo 20518-MINEREM, el Estado afectó intereses legítimos y derechos subjetivos de mi representada, por cuanto ordenó la expropiación del Inmueble, le impuso un gravamen, lo que ha impedido el goce y disfrute del bien, convirtiendo ese hecho en una expropiación de facto desde el año 2007, sin la indemnización previa requerida por el artículo 45 de la Constitución Política, incurriendo en un actuar omisivo que genera de manera continua sendos daños y perjuicios. 3. SOBRE EL FONDO a. Violación del derecho a la propiedad privada y la obligación de indemnización. Como se aprecia en hecho 1 de la demanda, mi representada es dueña del Inmueble desde el año 1994, sin embargo, en el año 2007 es incluida dentro de las coordenadas del Parque Nacional Marino las Baulas. En el año 1995, el Estado de Costa Rica emitió el Decreto Ejecutivo número 20518-MINEREM que crea el Parque Nacional Marino las Baulas y mediante Decreto No. 34015-MINAE, se expanden los límites del Parque Nacional, y se incluye dentro de este la finca de mi representada. El 11 de setiembre del 2007, la Administración ORDENA, iniciar el procedimiento administrativo expropiatorio, lo cual puede ser apreciado del oficio DAJ-D-124-2007 (N. 34015-MINAE) emitido por la Administración, que indica en lo que interesa: “Artículo 1: De conformidad con los considerandos anteriores, por ubicarse dentro de las coordenadas del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, se declara de interés público la adquisición, por la vía de la expropiación, de la finca del Partido de Guanacaste Matrícula de Folio Real 42366-000, propiedad de Adriana de las Colinas, S.A., cédula jurídica 3- 101-143574, lote a expropiar que se describe según Registro Público de la siguiente forma: Situación Distrito 04 Tempate, Cantón 03 Santa Cruz, de la provincia de Guanacaste; con un área de 1011 metros con 94 decímetros cuadrados, con los siguientes linderos: Norte: Calle con 19 metros, al Sur: Faja 50 metros inalienables milla marítima Océano Pacífico, al Este: Lote 49 y al Oeste: Alameda. Plano Catastrado número G-145542-1993. Artículo 2: Proceda a dar inicio al procedimiento administrativo expropiatorio, para cuyo trámite se autoriza a la Dirección General del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) (…). Artículo 3: Proceda el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía, representada por su Dirección General a continuar con el procedimiento establecido para tal efecto, para la adquisición de dicho lote, con especial observancia de los plazos fijados y en estricto apego a lo establecido en la Ley de Expropiaciones y sus reformas”. (folio 09 del expediente administrativo). Se ordena anotar la propiedad, pero no es sino hasta el 12 de diciembre del 2008, que se procede a notificar el avalúo administrativo AA-98-2008; contra dicho avalúo se presentó “OPOSICIÓN Y DISCONFORMIDAD” (sic), en fecha 06 de enero del 2009, ya que contenía una serie de inconsistencias e incorrectas valoraciones que limitaban cualquier posibilidad de obtener el precio justo de la propiedad. La Administración, ordenó remitir el expediente administrativo a la Procuraduría General de la República, para que iniciara el procedimiento judicial correspondiente, dando por agotada la vía administrativa. No obstante, al momento de interposición de la presente demanda tanto el SINAC y como Procuraduría General de la República no han iniciado el proceso de expropiación de la propiedad de mi representada, ni mucho menos ha realizado la correspondiente indemnización por los daños causados, por lo cual, el Estado costarricense se encuentra realizando una actividad ilegal continuada basada en un actuar omisivo. Si bien es cierto el interés público se contrapone al derecho de propiedad de los particulares, este cuenta con ciertas limitaciones que la Administración debe cumplir en aras de garantizar el estado de derecho en el que vivimos. Al respecto, la Sala Constitucional indica lo siguiente: \"VIII. No obstante lo señalado en los considerandos anteriores, debe advertirse que las limitaciones legítimas que puedan imponerse a la propiedad privada encuentran su frontera natural en el grado de afectación a la propiedad; esto es, cuando la restricción al derecho de propiedad se convierte en una verdadera expropiación con la consecuente obligación de indemnizar, porque se hace desaparecer completamente el derecho de propiedad, o cuando no se afecte a la generalidad de la colectividad. Así lo señaló la Corte Plena en relación con las limitaciones a imponer a la propiedad cuando traspasan el límite señalado, en sesión extraordinaria del dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y tres: \"[...] es decir \"limitaciones\" como las llama el artículo 45, pero no despojo de la propiedad privada ni privación de un atributo primario del dominio, porque impedir el goce de los bienes equivale, al menos en este caso, a una forma de expropiación sin el requisito de previa indemnización que ordena la carta política\"; y como lo indicó este Tribunal en las citadas sentencias número 5097-93 y 2345-96; en que señaló: \"IV.) Para la Sala los límites razonables que el Estado puede imponer a la propiedad privada, de acuerdo con su naturaleza, son constitucionalmente posibles en tanto no vacíen su contenido. Cuando ello ocurre deja de ser ya una limitación razonable para convertirse en una privación del derecho mismo\". (Sentencia número 5097-93). \"Es decir, pueden limitarse los atributos de la propiedad, en tanto el propietario reserve para sí la posibilidad de explotar normalmente el bien, excluida claro está, la parte o la función afectada por la limitación impuesta por el Estado. Fuera de estos parámetros, si el bienestar social exige sacrificios de uno o de algunos únicamente, debe ser indemnizado, lo mismo que ocurre cuando el sacrificio que se impone al propietario es de tal identidad, que lo hace perder en su totalidad el bien. Así, la limitación a la propiedad resiste el análisis constitucional, cuando la afectación a los atributos esenciales de la propiedad que son aquellos que permiten el uso natural de la cosa dentro de la realidad socio-económica actual, no hace desaparecer la naturaleza del bien o haga imposible el uso de la cosa, porque el Estado imponga requisitos de autorización o de aprobación tan complejos que impliquen de hecho, la imposibilidad de usufructuar el bien\". (Sentencia número 2345-96).” (Resaltados no pertenecen al original). Voto No. 4205-96 de las 14:33 horas del 20 de agosto de 1996. Tal cual establece el artículo 45 constitucional y según versa la Sala Constitucional en el texto de cita, si bien el derecho a la propiedad privada puede ser afectado por razones de interés público, lo cierto es que estas no pueden vaciar de contenido el derecho mismo como ocurrió en este caso al haberse anotado mediante mandamiento la expropiación de la finca, impidiendo el goce natural e incluso el usufructo, al haberse destinado a conservación plena de los recursos naturales, lo que opuesto al uso particular, sin que a la fecha se haya indemnizado con el precio justo por tal privación. Como es del conocimiento del Tribunal, la Administración puede realizar una expropiación y/o afectación de una propiedad sin indemnización previa únicamente en caso de guerra o conmoción interior, e inclusive en estos supuestos el plazo máximo establecido por la legislación para realizar el pago justo es de dos años. Empero, en el caso particular el Estado de forma irregular ha restringido totalmente el derecho a la propiedad del Inmueble, desde hace más de 13 años, y a la fecha, continúa sin cumplir con su deber constitucionalmente establecido de indemnización. b. Sobre las vías de hecho La potestad de imperio que goza el Estado costarricense está limitada por el Ordenamiento Jurídico por lo que la Administración Pública únicamente podrá actuar dentro del marco normativo vigente y, mediante norma expresa habilitante. La Sala Constitucional al respecto manifestó: “(…) El principio de legalidad que consagra el artículo 11 de nuestra Constitución Política, significa que los actos y comportamientos de la Administración debe estar regulados por norma escrita, lo que implica desde luego, el sometimiento a la Constitución, a la ley, y en general a todas las normas del ordenamiento jurídico (…). En consecuencia, solo les es permitido lo que esté constitucionalmente y legalmente autorizado en forma expresa y todo lo que no les está autorizado les está vedado”. (Voto número 341-2001 de las 9:13 horas del 12 de enero de 2001). El principio de legalidad les confiere a los ciudadanos la potestad de exigir que se respeten sus derechos y garantías, así como la posibilidad de obligar a la Administración Pública a que su actuar y proceder sea acorde y en estricto apego a lo establecido por el Ordenamiento Jurídico costarricense. El amparo del principio en cuestión, no solo se encuentra regulado dentro del rango constitucional, sino que distintos cuerpos normativos que lo tutelan, como es el caso de la Ley General de la Administración Pública, en el artículo 11, que señala: “La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. Se considera autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa.” (Resaltado no es del original). En el caso en particular, el Estado debía acatar lo señalado en el numeral 45 de la Constitución y realizar el proceso de expropiación con el fin de que mi representada recibiese una compensación justa por el terreno que le fue expropiado, previo a la vejación del derecho de uso que se materializó con la anotación del bien y la imposibilidad de su disfrute, lo que ha generado daños. Doctrinalmente se cataloga el accionar descrito de la Administración como vías de hecho. Al respecto se ha indicado: \"(…) vía de hecho se contrapone a la vía de derecho, a la vía que ordinariamente debe seguir la Administración Pública para expresar su voluntad. Es más, prototípicamente, la vía de hecho va acompañada normalmente de una ausencia total de formas, lo que en la mayor parte de los casos la hace poco o nada identificable con un acto administrativo (...)\" (SEVILLA MERINO (Ignacio), La protección de las libertades públicas contra la vía de hecho administrativa, Madrid, Ed. Civitas, la. edición, 1992, p. 116). El Tribunal Contencioso Administrativo al respecto indicó: “2) Concepto de \"Vías de hecho\": Las \"Vías de hecho\", han sido tema de arduo trabajo para la doctrina, encontrándose que deben tener al menos los siguientes supuestos: i) Irregularidad del título o ejecución irregular; ii) Atentado al derecho de propiedad privada o a las libertades fundamentales y iii) Actividad material (…)”. (Sentencia número 280 del 09 de junio de 2011 Tribunal Contencioso Administrativo). (...). Igualmente se ha versado al respecto: “En este sentido, debe señalarse que dentro de las diferentes formas de manifestación de la conducta administrativa encontramos las actuaciones materiales legítimas (coacción directa, anómala, prestación de servicios públicos), esto es, conductas debidas y a la que están obligados los sujetos de derecho público. No obstante, muchas veces esa conducta material se torna ilegítima porque se actúa fuera del ordenamiento jurídico dando lugar a lo que se conoce como las Vías de hecho de la Administración Pública. La doctrina y jurisprudencia han señalado algunos supuestos en los que se presenta una actuación material ilegítima o Vías de hecho: 1) Cuando no existe norma o acto administrativo previo que autorice la adopción de la actuación material o técnica en forma directa. Asimismo, cuando no exista un servicio público autorizado (aún de manera mínima, artículo 12 de la Ley General de la Administración Pública) que justifique el despliegue de actuaciones materiales. 2) Cuando la actuación material se funda en un acto válido pero ineficaz (doctrina del artículo 169 de la Ley General señalada en relación con el numeral 146 incisos 3) y 4) ibídem). 3) Cuando existe un exceso o desbordamiento en la ejecución del acto válidamente adoptado. 4) Cuando existiendo un acto administrativo válido hay una nulidad grotesca, evidente o manifiesta que impide la presunción de legitimidad que cobija este tipo de conductas formales. 5) Cuando no exista una situación de hecho que justifique el ejercicio de la coacción directa para la autodefensa administrativa o del orden público. 6) Cuando no medien circunstancias anormales o excepcionales que justifiquen la sustitución o desaplicación provisional del ordenamiento jurídico vigente por uno adecuado a aquellas , como presupuesto de la coacción anómala). Como se observa, se trata de actuaciones que se contraponen a la vía de derecho que ordinariamente debe seguir la Administración para legitimar su conducta. Por afectar directa o indirectamente los derechos fundamentales del administrado, puede ser atacada o impugnada desde distintos cauces procesales, tanto en la sede constitucional (recurso de amparo) como en el proceso contencioso administrativo (medidas cautelares, proceso civil de hacienda, proceso de conocimiento). (Sentencia 115 del 13 de mayo de 2011. Tribunal Contencioso Administrativo). (...). Tomando en consideración los textos de cita, es posible afirmar sin lugar a duda que el Estado costarricense ha actuado por medio de las vías de hecho en violación de los derechos de mi representada. La emisión del Decreto Ejecutivo 20518-MINEREM, la anotación de la expropiación de la finca, pero sobre todo el tiempo transcurrido desde su emisión y afectación a la fecha constituyen una afectación directamente del derecho de propiedad privada de mi representada, que no encuentra justificación o lógica alguna, obligando incluso a tener que recurrir a esta demanda para hacer valer sus derechos. Hoy en día, la propiedad no puede ser disfrutada plenamente por sus propietarios en razón de haber sido declarada como parte de la Parque Nacional Marino Las Baulas, y ser su finalidad la conservación lo que es opuesto por definición al uso privado. En este sentido, es necesario reiterar que no existe justificación que autorice a la Administración para afectar los terrenos sin la previa indemnización como ha ocurrido en este caso. c. De la responsabilidad Estatal Nuestro ordenamiento ha previsto tanto a nivel constitucional como legal, la existencia de un Estado responsable; obligado a responder por los daños y perjuicios que puedan producir todos y cada uno de sus actos, responsabilidad que está dotada de carácter objetivo; es decir, con independencia de la concurrencia de dolo o culpa en la actuación administrativa. El artículo 9 de nuestra Constitución Política, dispone en lo que interesa: \"El Gobierno de la República es popular; representativa, participando y responsable. Lo ejerce el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativa, el Ejecutivo y el Judicial” (Resaltado no pertenece al original) Por su parte, el artículo 41 del mismo cuerpo normativo establece la obligación del Estado de brindar justicia pronta y cumplida: \"Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes” (Resaltado no pertenece al original). De la lectura de estos preceptos constitucionales se desprende la existencia de la institución jurídica de la responsabilidad estatal, la cual supone que el Estado se encuentra en la obligación de reparar todo aquel daño o perjuicio patrimonial o moral, que en el ejercicio de sus funciones produzca. De esta forma, nos encontramos en presencia de una responsabilidad extracontractual administrativa, en la cual, basta la constatación de un nexo de causalidad entre la conducta administrativa como hecho generador y el daño producido, siendo en consecuencia dicha responsabilidad civil de naturaleza absolutamente objetiva. La responsabilidad del Estado nace independientemente de la concurrencia de falta, dolo o culpa de la Administración en el ejercicio de sus funciones, tal cual es previsto en los artículos 190 y 191 de la Ley General de la Administración Pública, los cuales establecen en lo que interesa: \"Artículo 190.-La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegitimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor; culpa de la víctima o hecho de un tercero.(…)” “Artículo 191- La Administración deberá reparar todo daño causado a los derechos subjetivos ajenos; por falta de sus servidores cometido durante el desempeño de sus deberes, del cargo o con ocasión del mismo, utilizando las oportunidades o medio que ofrece aún cuanto sea para fines o actividades o actos extraños a dicha misión.\" (...). En este sentido, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha dispuesto: \"En virtud de lo alegado, es necesario abordar; aún de manera resumida; los aspectos básicos de este régimen. En este orden, de acuerdo con el numeral 190 de la Ley de cita, la Administración es responsable por su funcionamiento legítimo o ilegitimo, normal o anormal. Nótese que no se hace referencia a actos, sino a funcionamiento, criterio que ciertamente es más amplio y que incluye cualquier forma de manifestación de la conducta pública, sea por acción u omisión. La responsabilidad dicha, se enmarca, por ende, dentro de un régimen preeminentemente objetivo, que engloba en su fundamento tanto la teoría del riesgo, cuanto el equilibrio en la ecuación patrimonial Con ello se procura, en esencia, la reparación indemnizatoria a quien ha experimentado una lesión atribuible a la organización pública como centro de autoridad\" Voto número 213-2008.” (...). Puede afirmarse así que, a la luz de lo dispuesto por la Sala Primera, la responsabilidad del Estado viene a ser de carácter objetivo, por lo que no se requiere la demostración del dolo o la culpa para que nazca la obligación de resarcir los daños y perjuicios que con su actuar ocasione. Estando así establecida la responsabilidad objetiva estatal, sólo resta establecer o individualizar su aplicación al presente asunto, así como el nexo causal entre la actuación de la demandada y la pretensión que aquí se plantea. Así las cosas, en el presente caso resulta evidente que el Estado emitió el Decreto Ejecutivo No. 34015-MINAE con la finalidad de expandir los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas. Por medio de este acto, fue sustraído del poder de mi representada el 100% de la propiedad 5-42366-000. De esta manera, se restringió a mi representada cualquier tipo de explotación o utilización normal del bien. La expropiación de facto fue ejecutada sin realizar el adecuado procedimiento que permitiera concretar la debida indemnización ante las limitaciones que esta implica; con el fin de evitar las violaciones a los derechos de mi representada. En conocimiento de esa situación y la gravedad de las limitaciones impuestas a la propiedad de mi representada, el Estado en vez de agilizar sus actuaciones a efectos de concretar la debida indemnización, ha incurrido en reiteradas dilaciones innecesarias y negligentes, todo en detrimento de los derechos de Adriana de las Colinas, S.A. Prueba de esto es que en el expediente administrativo no constan que se haya iniciado con el proceso de expropiación según fue requerido desde el 04 de junio de 2009. El Estado expropió de facto la propiedad de mi representada, y mientras no concrete la debida indemnización por medio del procedimiento de expropiación previsto en la normativa, y se pague el precio justo de su valor, se evidencia que nos encontramos ante un actuar ilegal continuado y omisivo traducible en la grosera limitación al derecho de propiedad privada de mi representada. De esta forma, surge la responsabilidad objetiva de los demandados, quienes se encuentran en la obligación de ajustarse a la normativa existente al respecto, es decir, el artículo 45 de nuestra Constitución Política. En virtud de lo anterior, resulta evidente que en el presente caso nos encontramos frente a los supuestos establecidos tanto constitucional como legalmente para que el Estado sea obligado a indemnizar a mi representada por el perjuicio causado en relación con la expropiación de la finca que se encuentra afectada por el Decreto Ejecutivo No. 34015-MINAE, así como el claro daño sufrido por el no pago del precio justo. Lo anterior en tanto al declararse el bien como parte del Parque Nacional Marino las Baulas, se imposibilita cualquier uso del inmueble, lo que evidentemente afecta el derecho de propiedad al producirse un daño especial, anormal y económicamente evaluable. (...). 5. DERECHO. Fundamento mis argumentos en los artículos 11, 41, 45 de la Constitución Política, artículos 11, 190 y 191 de la Ley General de la Administración Pública. Artículos 10, 35, 36, 40, 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo\". Como parte del trámite dado a la presente causa, por resolución interlocutoria dictada por la Jueza entonces a cargo de su conocimiento, de las 23:48 hrs. del 14 de junio del 2021, emplazó a la parte actora para que, en relación a los que identificó como daños y/o perjuicios que reclama, subsanase la demanda indicando qué los origina, en qué consisten y su estimación prudencial (imagen 84 del expediente judicial). Frente al emplazamiento por otro lado, la representación actora presentó a estrados judiciales un escrito el día 28 de junio del 2021, conforme el cual, señaló en lo conducente: \"... se procede a indicar las razones de hecho y derecho que fungen de base para la solicitud de la condenatorio (sic) en abstracto de los daños y perjuicios a favor de mi representada. 1. Motivos para la pretensión de indemnización de daños y perjuicios. El nueve de julio de de 1991, se emitió Decreto Ejecutivo 20518-MIRENEM por medio del cual se creó el Parque Nacional Marino Las Baulas Guanacaste. Posteriormente, mediante Ley 7524 del 10 de julio de 1995 denominada, Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, se especifican las coordenadas y límites del Parque nacional Marino Las Baulas. Según se desprende del Decreto N° 34015-MINAE, la propiedad de mi representada se vio afectada al encontrarse dentro de las coordenadas del Parque Nacional Marino Las Baulas, afectación que es del 100% del terreno. La Administración procede a anotar sobre la finca mandamiento provisional de anotación de declaratoria de interés público, bajo las citas al Tomo 573, Asiento 36083, con fecha de 11 de octubre del 2007, sin efectuar ningún tipo de indemnización previa en los términos requeridos por la Constitución Política, Decreto N° 34015-MINAE, y Ley de Expropiaciones. Desde la anotación del mandamiento en la propiedad de mi representada, se limitó el derecho de goce y disfrute, provocando una restricción a mi poderdante a cualquier tipo de explotación u (sic) utilización normal del bien inmueble. La Administración con tal acto, violó el derecho de propiedad privada consagrado en el artículo 45 de la Constitución Política, que expresa: (...). El artículo transcrito consagra que la propiedad es inviolable, y que no se le puede privar de su goce y disfrute sino es por interés público, previa indemnización. En la presente litis, se violentó ese precepto al expropiarse de facto sin la debida indemnización a mi poderdante. Como podemos observar en el expediente administrativo, es hasta el 23 de setiembre del 2008, que se emitió el avalúo administrativo AA-89-2008, es decir, casi un año después de haberse anotado el mandamiento de interés público en la propiedad. El avalúo es notificado a mi representada caso tres meses después de su emisión, específicamente el 12 de diciembre del 2008. El seis de enero del 2009, se presentó oposición al mismo, por una serie de incongruencias y violaciones. Mediante el oficio R-MINAET-SINAC-017-2009, del 04 de junio del 2009, (casi cinco meses después) el SINAC, remite el expediente a la Procuraduría General de la República, para que procedan con el procedimiento especial de expropiación ante el Juzgado Contencioso Administrativo. A la fecha, es decir, han pasado más de once años, sin que se haya iniciado el debido proceso de expropiación del inmueble de mi representada, generando limitaciones al goce y disfrute sobre la misma, generadas por la anotación y cambio de su naturaleza, al decretar que la finca es ahora parte del Parque Nacional Marino Las Baulas, con el consecuente cambio en la naturaleza el (sic) inmueble que hace imposible el desarrollo de cualquier tipo de infraestructura o explotación. Nuestro ordenamiento jurídico ha previsto tanto a nivel constitucional como legal, la existencia de un estado responsable, obligado a responder por los daños y perjuicios que puedan producir todos y cada uno de sus actos, con independencia de la concurrencia de dolo o culpa en la actuación administrativa\". Se hizo cita en parte, de una sentencia identificada con el N° 00033-2011 de las 12:45 hrs. del 30 de enero del 2001 dictada por la Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo, para acto seguido, continuar indicando que: \"De lo expresado en la sentencia emitida por el Tribunal se evidencia que el derecho a indemnizar al expropiado, no solo debe contemplar el valor económico del bien que se le priva, sino que además debe cubrir los daños y perjuicios que sean consecuencia de la expropiación. En el presente proceso estamos ante tal situación, producto de la inactividad e interés de la Administración en concretar la expropiación, ha limitado sin justa razón el derecho de propiedad de mi representada. En consecuencia de todo lo indicado, y la gravedad de las limitaciones impuestas a la propiedad de mi representada, el Estado en vez de agilizar sus actuaciones para concretar la indemnización, ha incurrido en dilaciones innecesarias, todo en detrimento de los derechos de mi representada, al estar anotada desde hace más de 11 años. Por lo anteriormente expuesto, solicito al tribunal que la pretensión tercera de la demanda, se consigne de la siguiente manera: 3. Se condene a las demandadas con base en lo dispuesto en los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, relacionado con el numeral 122, inciso m), sub inciso iii) del CPCA, al pago en abstracto de los daños y perjuicios ocasionados con su funcionamiento anormal, mismos que se determinarán, su existencia y cuantía en la fase de ejecución de sentencia\".-\n\nIII.- Sobre los alegatos de defensa formulados por la representación del Estado. Por su parte, la representación estatal se pronunció en oposición a la demanda en el siguiente sentido: \"ANTECEDENTES. A fin de situar la discusión que nos ocupa, conviene realizar una sinopsis de los hechos que rodean este asunto: 1.- Mediante el informe N.° DFOE-PGAA-IF-3-2010 del 26 de febrero de 2010 la Contraloría ordena una serie de disposiciones de acatamiento obligatorio tanto al Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones -en adelante MINAET-, como a la Directora Ejecutiva del SINAC y al Director General de Tributación. En el informe en mención, la Contraloría comunica que los límites y extensión geográfica del PNMB no están claramente definidos, lo cual genera incertidumbre jurídica en cuanto a la posesión real de los terrenos alrededor de dicho Parque. Al respecto la Contraloría señala: “(…) Esta situación, que podríamos catalogar como una omisión propia de la Ley No. 7524 trae como consecuencia que no se cuente con un mapa oficial del Parque que muestre sus verdaderos límites. Ni la Administración del Parque, ni la Dirección Regional del Área de Conservación Tempisque, bajo cuya responsabilidad se encuentra el Parque, ni la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas de la Secretaría Ejecutiva del SINAC, cuentan con un mapa oficial del Parque Nacional Marino Las Baulas, ni siquiera el Instituto Geográfico Nacional, entidad que apoyó el estudio de esta Contraloría General, disponía de la información suficiente para elaborar un mapa con la precisión y el carácter oficial que se requería. Es así como los diferentes mapas que fueron suministrados a este órgano contralor, presentan diferencias entre sí en lo que respecta al trazado de los límites del Parque. No obstante, un aspecto importante de resaltar es que las diferencias más notables se presentan sobre todo en la zona que corresponde a los 125 metros a partir de la pleamar ordinaria, específicamente en los sectores de Playa Ventanas y Playa Grande, que es donde menos se esperarían errores de ese tipo en un mapa de este Parque, debido a que es el área que mejor se encuentra delimitada en la referida Ley de Creación del PNMB. De acuerdo con lo indagado por este órgano contralor, dicha situación se debe principalmente a problemas con la ubicación de los mojones que demarcan la zona pública, provocados por el traslado irregular o la eliminación de éstos. (…). Sin embargo, es igualmente importante que el MINAET coordine con dichas instancias la referencia geográfica de las zonas del Parque que no están bien delimitadas en la Ley No. 7524, a efectos de que no existan dudas en cuanto a su extensión, así como la elaboración de un mapa oficial del Parque Marino Las Baulas, una vez aclarados los límites. Dicho mapa constituye un elemento fundamental para determinar fehacientemente, tanto el número, como la extensión y correcta ubicación de los terrenos situados dentro de los límites del Parque, que sean objeto de expropiación conforme a la citada Ley”. (...). En el informe en mención, también se indica que la situación descrita se agrava por el traslado irregular o la eliminación de los mojones ubicados en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) provocando que no se disponga de un mapa catastral oficial del PNMP de parte del Estado. Aunado a esto, en el informe de cita se expone que algunas de las seis fincas madres que generaron las segregaciones de los terrenos dentro del PNMB fueron tituladas en sede administrativa por el entonces Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) hoy Instituto de Desarrollo Rural (INDER), cuando en realidad la normativa exigía un proceso de información posesoria en sede judicial. Consecuentemente, en la disposición de acatamiento obligatorio 4.1.a del informe N.° DFOE-PGAA-IF-3-2010 SE ORDENA al MINISTRO DEL AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES en su inciso b) “llevar a cabo la valoración respectiva de los casos de las fincas madre que fueron tituladas por el entonces Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), identificadas en este informe con los números 2 y 3 (según la imagen mostrada en el punto 2.2.1-a), con el fin de decidir la procedencia o no de interponer las demandas que en derecho correspondan, para anular las conductas administrativas ilegales que se lleguen a determinar en dicha valoración y la eventual recuperación de los terrenos propiedad del Estado que hoy conforman parte del PNMB”. De acuerdo con lo expuesto, la carencia de un mapa catastral y de los estudios legales en el PNMB produjo que en los procesos de expropiación se utilizaran planos con errores catastrales que se traslapaban y con medidas imprecisas, lo cual ocasionó pérdidas económicas y retrasos judiciales costosos para la Administración. 2.- Ante el panorama descrito, el MINAET-SINAC ha realizado esfuerzos en procura de solventar las situaciones detectadas por la Contraloría, realizando las siguientes tareas: Primero, el SINAC–Área de Conservación Tempisque –en adelante ACT- dentro de la búsqueda de la consolidación del PNMB, como del ordenamiento de los procesos de expropiación elaboró la priorización técnica para la expropiación de propiedades, la cual fue conocida por el Comité Técnico Científico del Área de Conservación Tempisque el día 24 de julio del 2012 y aprobada por el Consejo Regional del Área de Conservación Tempisque (CORACT) el día 13 de setiembre del 2012 y por Consejo Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) el 29 de octubre 2012. La misma establece una priorización de forma ascendente y determinada por sectores del PNMB; iniciando con la expropiación de los terrenos ubicados dentro de la Prioridad 1 para luego continuar con las consiguientes priorizaciones hasta llegar a la Priorización 6, este trabajo se fundamenta en criterios técnicos establecidos por los funcionarios del SINAC-ACT (oficio ACT-OR-DR-1100-2021 del 15 de setiembre de 2015 de la Oficina Regional del Área de Conservación Tempisque- SINAC). Segundo, el SINAC firmó el contrato N° 000044-2013 con la Escuela de Topografía de la Universidad Nacional -en adelante UNA- para la elaboración del mapa catastral y de los estudios legales de los territorios que se encuentran dentro del PNMB; producto indispensable para tener un panorama sobre los límites y la correcta titulación de los terrenos que se encuentra dentro del PNMB y así valorar la interposición de las demandas que corresponda contra la indebida inscripción de fincas madres incorrectamente inscritas. Sin embargo, los productos contratados a la Escuela de Topografía de la UNA, dentro del proceso de contratación N° 000044-2013 fueron mal elaborados. En razón de ello, el SINAC desde el año 2014 viene solicitándole su corrección, así como teniendo diversas reuniones con el Rector de la UNA para buscarle una solución a los incumplimientos; para fundamentar lo anterior se aportan los siguientes oficios: Oficio ACT-OR-DR-013-19. Oficio ACT-OR-DR-057-19. Oficio UNA-R-OFIC-105-2019. UNA-OFIC-ETCG-037-2019. UNA-R-OFIC-710-2019. UNA-ETCG-OFIC-146-2019. UNA-R-OFIC-864-2019. ACT-OR-DR-509-2021. 3.- Ante la situación expuesta, se han presentado varios recursos de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia -en adelante Sala Constitucional-, los cuales se han rechazado. Sin embargo, se llama la atención de lo considerado en el voto Nº 2013008260, de las nueve horas diez minutos del veintiuno de junio de dos mil trece, en el cual indicó que se puede entender con meridiana claridad no existe certeza sobre los verdaderos límites del Parque Nacional Marino Las Baulas y hasta tanto “esas vicisitudes no sean superadas” no se pueden llevar a cabo los procesos de expropiación; al respecto, indicó: “(…) De lo anterior se desprende, con meridiana claridad que, no existe certeza sobre los verdaderos límites del Parque Nacional Marino Las Baulas, lo cual, se está determinando tanto en la propia sede administrativa, como en la jurisdiccional contencioso administrativa. Igualmente, no se debe perder de vista que las autoridades del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, desde el año 2008 año en el cual este Tribunal intervino sí han ejecutado medidas con el claro e incuestionable fin dar inicio con los procesos de expropiación que se demandan. III.- Ahora bien, no puede dejar este Tribunal de indicar a las autoridades del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones que, una vez superadas las vicisitudes indicadas, tienen la obligación de tramitar los procedimientos de expropiación, dentro de un plazo razonable, según las circunstancias, en aras de no vulnerar el derecho de propiedad de los amparados. Por lo tanto, aunque es cierto que la anotación registral en la propiedad ha permanecido desde el año 2007, en vista de la situación compleja que se presenta en los terrenos del Parque Nacional Marino Las Baulas, que han requerido y requieren de tiempo para dilucidarse, no estima la Sala que se produjo el agravio reclamado. De todas formas, por la complejidad del asunto, cualquier disconformidad del trámite que el recurrido haya seguido en el caso concreto (si administrativo, y demás) debe plantearse en la vía de la legalidad y no ante esta jurisdicción constitucional. De igual forma, tampoco se produjo agravio por la falta de respuesta de la nota del 13 de enero del 2013 por cuanto se informa que de la legalidad y no a esta jurisdicción valorar si el tiempo transcurrido en responder violentó algún plazo legal. En conclusión, bajo una mejor ponderación de los hechos, y en el mismo sentido que el voto número 2012-017784 de las 09:30 horas del 14 de diciembre del 2012, a pesar de que en este caso se comprueba que el proceso expropiatorio fue iniciado hace seis años, sin haber concluido a la fecha de presentación de este recurso, debido a que la situación la desestimatoria de este recurso, tal como en efecto se hace. Sin embargo, se le recuerda al recurrido que, una vez superadas las vicisitudes indicadas, tienen la obligación de tramitar el procedimiento de expropiación, dentro de un plazo razonable, según las circunstancias en aras de no vulnerar el derecho de propiedad que dice tener el amparado”. (La negrita no corresponde al original). HECHOS: Primero: Acepto la existencia del Decreto Ejecutivo N.° 20518-MIRENEM del 5 de junio de 1991 (que entró en vigencia el 9 de julio de 1991) que crea Parque Nacional Marino Las Baulas Guanacaste. En cuanto a su contenido, me remito a su texto. Segundo: Lo acepto. Tercero: Acepto la existencia de la Ley N.° 7524 del 10 de julio de 1995 denominada “Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste”. En cuanto a su contenido, me remito a su texto. Sin embargo, se hace énfasis en el párrafo segundo del numeral 2, el cual indica expresamente: “Los terrenos privados comprendidos en esa delimitación serán susceptibles de expropiación y se considerarán parte del Parque Nacional Marino las Baulas, hasta tanto no sean adquiridos por el Estado, mediante compra, donaciones o expropiaciones; mientras tanto los propietarios gozarán del ejercicio pleno de los atributos del dominio”. (...) Cuarto: Acepto la existencia del Decreto Ejecutivo N.°34015. En cuanto a su contenido, me remito a su texto. Quinto: Acepto la existencia del mandamiento provisional. En cuanto a su contenido y citas registrales me remito a la prueba invocada por la parte actora (folio 13 del expediente administrativo). Sexto: Acepto la existencia del oficio SINAC-DG-103-2008 del 2008 de la Dirección General del SINAC. En cuanto a su contenido me remito a los folios del 14 al 17 del expediente administrativo. Sétimo: Acepto la existencia del avalúo administrativo AA-98-2008 del 23 de setiembre de 2008 (fecha de transcripción) del Ministerio de Hacienda. En cuanto a su contenido me remito a los folios del 18 al 25 del expediente administrativo. Octavo: Lo acepto. Noveno: Lo acepto. Décimo: No es cierto, lo rechazo en los términos expuestos. En los folios del 45 al 47 del expediente administrativo consta la resolución N.° R-MINAET-SINAC-017-2009, de las 8 horas 20 minutos del 4 de junio de 2009 del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones mediante la cual se tuvo por presentada la oposición al avalúo administrativo AA-98-2008 y se indica que “una vez suscrito el acuerdo expropiatorio remítase el expediente a la Procuraduría General de la República, representante legal del Estado, para que inicie el procedimiento especial ante el Juzgado Contencioso que corresponda”. Sin embargo, el expediente no se remitió a la Procuraduría General de la República. Al respecto, en el oficio ACT-OR-DR-1100-2021 del 15 de setiembre del año en curso del Área de Conservación del Tempisque se indicó: “Cuarto punto solicitado.: El expediente administrativo no se traslada a la Procuraduría General de la República (PGR), debido al Informe de cumplimiento enviado por dicha Contraloría, Disposición 4.1 del informe DFOE-PGAA-IF-2010, en el cual informa al SINACMINAE las inconsistencias que tiene los límites del PNM Baulas, así como la incorrecta inscripción que pudo haber sucedido con las fincas madres que dieron nacimiento al Parque Nacional Marino las Baulas. Ver respuesta dos”. Décimo primero: No se acepta en los términos expuestos; se remite a los antecedentes primero, segundo y tercero de esta contestación de demanda. RAZONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS: De conformidad con lo señalado en el escrito de demanda, la pretensión de la parte actora es la siguiente: “(...)”. Como se desprende de la petitoria, la parte actora pretende ser expropiada y además obtener una doble indemnización: la primera, por la supuesta “afectación” que sufrió el bien inmueble matrícula N.° 5-42366-000 por la anotación provisional de expropiación y por la creación del PMNB, y la segunda, por concepto de daños y perjuicios derivados de esa misma “afectación”. Bajo ese entendido, paso a exponer las razones y fundamentos por los cuales la demanda debe ser rechazada en todos sus extremos. DEFENSA PREVIA I. PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD. Formulo las defensas previas de prescripción y caducidad, por cuanto está prescrito y caduco cualquier derecho para reclamar la indemnización por la supuesta violación al derecho de propiedad. En efecto, si nos remitimos a las reglas previstas en el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública “El derecho de reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro años, contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad”, se constata que en este caso ya se consolidó la situación jurídica del Parque por el transcurso del tiempo, confirmando definitivamente, la renuncia del derecho a reclamarle al Estado. Ahora bien, en relación con las reglas del numeral 61 de la Ley de Expropiaciones, Ley N.° 7495 del 3 de mayo de 1195, el presente proceso, igualmente, se encuentra prescrito y caduco; al respecto la norma establece: “Artículo 61.- Prescripción y caducidad. Los derechos y las acciones que se deriven de la presente ley prescriben en diez años, contados a partir del día siguiente a aquel en el que el Estado tomó posesión del bien o lo afectó. El reclamo, por vía administrativa, caducará y se tendrá por no interpuesto si transcurren cinco años sin que el interesado active las diligencias”. Al respecto, debemos señalar que la Sociedad actora literalmente expone que desde la anotación del mandamiento provisional de la declaratoria de interés público realizada el 11 de octubre del 2007 se limitó el derecho de goce y disfrute, provocando una restricción a mi poderdante a cualquier tipo de explotación u utilización normal del bien inmueble (afirmación que esta representación no comparte pero más adelante se desarrollará nuestra oposición). Sin embargo, pasaron CATORCE AÑOS y la Sociedad actora hasta este momento formula un proceso jurisdiccional, cuando ya caducó y prescribió su derecho. Al respecto, la resolución Nº 2010-03946, de las catorce horas y cuarenta y cuatro minutos del veinticuatro de febrero del dos mil diez, de la Sala Constitucional, al referirse a la acción de inconstitucionalidad presentada contra la norma indicada expone: “Es decir, la prescripción es un instituto jurídico cuya característica más importante es asegurar uno de los valores fundamentales del ordenamiento, cual es la seguridad o certeza jurídica, tomando como punto de partida la inercia consciente del titular de un derecho, lo que, sumado al transcurso de un plazo legalmente determinado, produce la extinción del derecho correspondiente. IV.- Las normas impugnadas en el sub lite expresamente establecen un período legal de prescripción, dentro del cual los administrados que se sientan perjudicados con una expropiación –de hecho o de derecho- pueden acudir ante la propia Administración expropiante o bien ante los Tribunales de Justicia en defensa de sus intereses. Transcurrido dicho plazo, por las expresadas razones de certeza y seguridad jurídica, se dispone la extinción del derecho correspondiente. En este sentido, es incorrecto considerar que las normas cuestionadas faculten al Estado y a las Municipalidades para que puedan destinar terrenos privados a fines públicos (en este caso, a vías públicas), sin expropiación e indemnización previa. De conformidad con el principio de intangibilidad de la propiedad que consagra el numeral 45 de la Constitución Política, la vía de la expropiación -con indemnización previa- constituye el mecanismo principal que establece el ordenamiento jurídico para que el Estado y sus instituciones puedan entregar al dominio público un bien de dominio particular. Como lo ha señalado anteriormente esta Sala: “(…) no es posible interpretar que el dominio público se crea por decisión unilateral de la Administración, con prescindencia de la voluntad del propietario y menos cuando el inmueble está inscrito en el Registro Público de la Propiedad Inmueble, si no ha mediado de previo, un acto de entrega voluntario, que pueda ser probado por la Administración por cualquier medio; o si no ha mediado la previa indemnización, si se trata de adquirir el inmueble por la vía forzosa, tal y como lo señala el artículo 45 constitucional.” (Sentencia Nº 3146-96 de las 9:27 horas del 28 de junio de 1996). El plazo de prescripción establecido en las normas impugnadas en modo alguno resulta contrario a los numerales 41 y 45 de la Constitución Política, o al principio de razonabilidad jurídica. Si bien es cierto que el derecho de propiedad, regulado en el citado artículo 45 constitucional, es uno de los pilares esenciales de nuestro régimen jurídico, es lo cierto también que -al igual que sucede con todos los derechos fundamentales- no se trata de un derecho absoluto o irrestricto. La propia norma deja en claro que, “por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley”, se puede privar a una persona del suyo. Y el derecho al pago del resarcimiento, como derecho crediticio que es, está sujeto al plazo de prescripción que establecen las normas impugnadas, siendo éste un límite igualmente admisible en nuestro ordenamiento jurídico por razones de certeza y seguridad jurídica. Correlativamente, tampoco es cierto lo que afirma el accionante, en el sentido de que el plazo de prescripción establecido en las normas impugnadas vacíe de contenido el derecho de propiedad, violentado el principio constitucional de razonabilidad jurídica. En consideración de esta Sala, los plazos en cuestión son más que razonables para que las personas titulares de un derecho de indemnización acudan a la vía correspondiente en su defensa. V.- Al no estimar, pues, que ninguna de las dos normas cuestionadas presenten inconformidades constitucionales que ameriten estimar la demanda, lo que procede es rechazarla por el fondo, como en efecto se hace (…)”. (...). De acuerdo con lo expuesto, se considera que el presente proceso se encuentra prescrito y caduco, y así pido que se declare en sentencia. EXCEPCIONES I. EXCEPCIÓN DE FALTA DE DERECHO Y DE LEGITIMACIÓN AD CAUSAM PASIVA. A.- Falta de derecho: los propietarios de terrenos privados gozan de todos los atributos del dominio hasta tanto no se adquiera la finca. A pesar de que existe una norma expresa que garantiza los derechos de los propietarios de fincas privadas -debidamente inscritas− en el presente asunto, la parte actora afirma que el Estado ha actuado por medio de las vías de hecho y que por ello debe pagar el valor de la propiedad. Opina que la inclusión de su propiedad dentro de los límites del PNMB y la anotación provisional de la expropiación en su propiedad, obliga al Estado a indemnizar. Al respecto, la Sociedad actora manifiesta: “Tomando en consideración los textos de cita, es posible afirmar sin lugar a duda que el Estado costarricense ha actuado por medio de las vías de hecho en violación de los derechos de mi representada. La emisión del Decreto Ejecutivo 20518-MINEREM, la anotación de la expropiación de la finca, pero sobre todo el tiempo transcurrido desde su emisión y afectación a la fecha constituyen una afectación directamente del derecho de propiedad privada de mi representada, que no encuentra justificación o lógica alguna, obligando incluso a tener que recurrir a esta demanda para hacer valer sus derechos. Hoy en día, la propiedad no puede ser disfrutada plenamente por sus propietarios en razón de haber sido declarada como parte de la Parque Nacional Marino Las Baulas, y ser su finalidad la conservación lo que es opuesto por definición al uso privado”. No obstante, estas apreciaciones no son conformes a derecho en tanto existen normas jurídicas que regulan el proceso por el cual se incorporan terrenos privados a las áreas silvestres protegidas; primeramente, se menciona el párrafo segundo del numeral 2 de la Ley N.° 7524 del 10 de julio de 1995 denominada “Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste”, el cual literalmente establece que “Los terrenos privados comprendidos en esa delimitación serán susceptibles de expropiación y se considerarán parte del Parque Nacional Marino las Baulas, hasta tanto no sean adquiridos por el Estado. Al respecto, la norma establece: “Los terrenos privados comprendidos en esa delimitación serán susceptibles de expropiación y se considerarán parte del Parque Nacional Marino las Baulas, hasta tanto no sean adquiridos por el Estado, mediante compra, donaciones o expropiaciones; mientras tanto los propietarios gozarán del ejercicio pleno de los atributos del dominio”. (...). En segundo término, el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N.° 7554, del 4 de octubre de 1995, establece que los terrenos sólo se incorporarán al área silvestre protegida -en adelante ASP-, una vez que se haya efectuado el pago o cuando voluntariamente la parte lo someta a un régimen forestal: “Artículo 37.- Facultades del Poder Ejecutivo. Al establecer áreas silvestres protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, queda facultado para incluir, dentro de sus límites, las fincas o partes de fincas particulares necesarias para cumplir con los objetivos señalados en esta ley y para instrumentarlos de acuerdo con el respectivo plan de manejo o crear las servidumbres legales para la protección ecológica y el cumplimiento de la presente ley. Cuando se trate de parques nacionales, reservas biológicas o refugios nacionales de vida silvestre estatales, los terrenos serán adquiridos por compra, expropiación o ambos procedimientos, previa indemnización. En los casos de reservas forestales, zonas protectoras, refugios de vida silvestre mixtos y humedales, los predios o sus partes también podrán comprarse o expropiarse, salvo que, por requerimiento del propietario, se sometan voluntariamente al régimen forestal. Esa sujeción será inscrita en el Registro Público de la Propiedad, como una afectación al inmueble, que se mantendrá durante el tiempo establecido en el plan de manejo. Las fincas particulares afectadas según lo dispuesto por este artículo, por encontrarse en parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras, quedarán comprendidas dentro de las áreas protegidas estatales solo a partir del momento en que se hayan pagado o expropiado legalmente, salvo cuando en forma voluntaria se sometan al Régimen Forestal. Tratándose de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre y en caso de que el pago o la expropiación no se haya efectuado y mientras se efectúa, las áreas quedarán sometidas a un plan de ordenamiento ambiental que incluye la evaluación de impacto ambiental y posteriormente, al plan de manejo, recuperación y reposición de los recursos. (Así reformado el párrafo anterior por el artículo 72, inciso c) de la Ley Forestal, N° 7575 del 13 de febrero de 1996, que a su vez fue reformado por el 114 de la Ley de Biodiversidad, N° 7788 de 30 de abril de 1998). (La negrita y el subrayado no corresponden al original). A partir de lo señalado, es posible establecer dos aspectos fundamentales para resolver el presente asunto: -Existe una competencia de principio para que el Estado incluya, dentro de las ASP, los terrenos particulares necesarios para el cumplimiento de los fines de protección ambiental. -Las propiedades privadas que se incluyan dentro de un ASP, solo se considerarán como parte de ella, una vez que se haya cancelado la finca. Mientras no se haya pagado, la propiedad mantendrá su condición de propiedad privada, por lo que la sola emisión del decreto de creación no establece una obligación para reconocer la indemnización solicitada. En lo que interesa, la posibilidad de incluir bienes privados dentro de los límites de un ASP, se enmarca dentro del ejercicio legítimo de una competencia derivada del derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Competencia que, al estar definida expresamente en la ley, no merece mayor discusión. De ahí que la supuesta inclusión de la finca dentro de los límites del PNMB resulta ser un acto administrativo válido, no una vía de hecho. Es claro que el decreto de creación y posteriormente su Ley no causan perjuicio alguno a la sociedad actora, ni tampoco genera el derecho a ser indemnizada, como parecen entenderlo sus representantes. Ese derecho nace si se incurre en una violación a su derecho de propiedad. No antes. En este caso, ni siquiera hay indicios de haberse infringido o amenazado el artículo 45 constitucional, en perjuicio de la actora. En este sentido, en el oficio ACTOR-DR-1314-2021 del 14 de octubre de la Dirección Regional del Área de Conservación Tempisque (SINAC) literalmente se indicó: “Punto 3: Respecto a su consulta, le indico que el goce natural de la propiedad y su usufructo, igual que a cualquier otro propietario que tenga un inmueble dentro de los límites del Parque Nacional, nunca se le ha puesto alguna limitante, restricción o impedimento para su goce y uso de su usufructo. Esto se reafirma por parte del SINAC con todos los propietarios, al establecer por primera vez en una zonificación de un Plan General de Manejo de Costar Rica, específicamente en el del Parque Nacional Marino las Baulas, una zonificación que establece que las propiedades privadas \"Son aquellas que se ubican dentro de la delimitación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste (PNMBG) según la ley de creación y hasta tanto no sean expropiados y pagados y pasen a ser parte del Patrimonio Natural del Estado (PNE), los mismos mantienen su condición de propiedad privada, no les aplicará ninguna categoría de zonificación para uso público, pero sí estará regulada por las correspondientes resoluciones de la Sala Constitucional y la legislación ambiental vigente que rige en cualquier parte del país, incluyendo los estudios de impacto ambiental. En estos priva el interés de la Administración por lograr consolidarlos como parte del Patrimonio Natural del Estado.\" (...). Efectivamente, en el Plan de manejo del PNMB (Resolución R-SINAC-114-2017 del 31 de julio de 2017) que fue publicado en el Alcance N.° 281 de la Gaceta N.° 220 del 21 de noviembre de 2017, literalmente, respecto de las propiedades privadas, se indicó que pasarán a formar parte del Patrimonio Natural del Estado una vez que sean adquiridas: “F. Zona de Propiedad Privada. Esta zona corresponde a los terrenos de propiedad privada que se ubican dentro de la delimitación del PNMLB según la ley de creación y que hasta tanto no sean expropiados y pagados y pasen a ser parte del Patrimonio Natural del Estado (PNE), los mismos mantienen su condición de propiedad privada. Mientras tanto, no se les aplicará ninguna categoría de zonificación para uso público, pero sí estará regulada por las correspondientes resoluciones de la Sala Constitucional y la legislación ambiental vigente que rige en cualquier parte del país, incluyendo los estudios de impacto ambiental. En estos priva el interés de la Administración por lograr consolidarlos como parte del Patrimonio Natural del Estado. Se ha establecido una zona denominada como Propiedad privada, establecida por aquellas propiedades que aún no han sido expropiadas, pero que conforman parte del Parque Nacional de acuerdo a la Ley. Estos terrenos privados inmersos dentro de la declaratoria de área silvestre protegida (Ley Nº 7524) mantiene su condición hasta tanto el Poder Ejecutivo ejecute los procesos expropiatorios pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el numeral 37 de la Ley Orgánica del Ambiente. Hasta tanto eso no se dé, la prioridad del Estado es velar por que los usos que se realicen en ellas no estén afectando los EFM. Estas propiedades pasarán a formar parte del Patrimonio Natural del Estado una vez que sean adquiridas”. (...). Además, según se expuso en los antecedentes, algunas de las seis fincas madres que generaron las segregaciones de los terrenos dentro del PNMB fueron tituladas en sede administrativa por el entonces Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) hoy Instituto de Desarrollo Rural (INDER), cuando en realidad la normativa exigía un proceso de información posesoria en sede judicial. De allí que la Contraloría en la disposición de acatamiento obligatorio 4.1.a del informe N.° DFOE-PGAA-IF-3-2010 ORDENA al MINISTRO DEL AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES en su inciso b) “llevar a cabo la valoración respectiva de los casos de las fincas madre que fueron tituladas por el entonces Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), identificadas en este informe con los números 2 y 3 (según la imagen mostrada en el punto 2.2.1-a), con el fin de decidir la procedencia o no de interponer las demandas que en derecho correspondan, para anular las conductas administrativas ilegales que se lleguen a determinar en dicha valoración y la eventual recuperación de los terrenos propiedad del Estado que hoy conforman parte del PNMB”. Situación -que como se indicó- ha sido de conocimiento de la Sala Constitucional, la cual en el voto Nº 2013008260, de las nueve horas diez minutos del veintiuno de junio de dos mil trece, señaló que se puede entender con meridiana claridad no existe certeza sobre los verdaderos límites del Parque Nacional Marino Las Baulas y hasta tanto “esas vicisitudes no sean superadas” no se pueden llevar a cabo los procesos de expropiación; al respecto, consideró: “(…) De lo anterior se desprende, con meridiana claridad que, no existe certeza sobre los verdaderos límites del Parque Nacional Marino Las Baulas, lo cual, se está determinando tanto en la propia sede administrativa, como en la jurisdiccional contencioso administrativa. Igualmente, no se debe perder de vista que las autoridades del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, desde el año 2008 año en el cual este Tribunal intervino sí han ejecutado medidas con el claro e incuestionable fin dar inicio con los procesos de expropiación que se demandan. III.- Ahora bien, no puede dejar este Tribunal de indicar a las autoridades del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones que, una vez superadas las vicisitudes indicadas, tienen la obligación de tramitar los procedimientos de expropiación, dentro de un plazo razonable, según las circunstancias, en aras de no vulnerar el derecho de propiedad de los amparados. Por lo tanto, aunque es cierto que la anotación registral en la propiedad ha permanecido desde el año 2007, en vista de la situación compleja que se presenta en los terrenos del Parque Nacional Marino Las Baulas, que han requerido y requieren de tiempo para dilucidarse, no estima la Sala que se produjo el agravio reclamado. De todas formas, por la complejidad del asunto, cualquier disconformidad del trámite que el recurrido haya seguido en el caso concreto (si administrativo, y demás) debe plantearse en la vía de la legalidad y no ante esta jurisdicción constitucional. De igual forma, tampoco se produjo agravio por la falta de respuesta de la nota del 13 de enero del 2013 por cuanto se informa que de la legalidad y no a esta jurisdicción valorar si el tiempo transcurrido en responder violentó algún plazo legal. En conclusión, bajo una mejor ponderación de los hechos, y en el mismo sentido que el voto número 2012-017784 de las 09:30 horas del 14 de diciembre del 2012, a pesar de que en este caso se comprueba que el proceso expropiatorio fue iniciado hace seis años, sin haber concluido a la fecha de presentación de este recurso, debido a que la situación la desestimatoria de este recurso, tal como en efecto se hace. Sin embargo, se le recuerda al recurrido que, una vez superadas las vicisitudes indicadas, tienen la obligación de tramitar el procedimiento de expropiación, dentro de un plazo razonable, según las circunstancias en aras de no vulnerar el derecho de propiedad que dice tener el amparado”. (...). De conformidad con lo expuesto, es posible afirmar que al goce natural de la propiedad y al usufructo del bien inmueble matrícula N.° 5-42366-000 nunca se le ha impuesto limitante, restricción o impedimento de goce y uso; en ese sentido, no ha existido una vía de hecho por parte del Estado y es un hecho cierto HASTA RECONOCIDO POR LA SALA CONSTITUCIONAL que hasta que el SINAC no cuente con el mapa catastral y los estudios legales de los territorios que se encuentran dentro del PNMB, no se podrá llevar a cabo la expropiación de algún terreno en tanto la ORDEN DE LAS DISPOSICIONES DE ACATAMIENTO OBLIGATORIO de la Contraloría es que se interpongan las demandas que en derecho correspondan, para anular las conductas administrativas ilegales que se lleguen a determinar en dicha valoración y la eventual recuperación de los terrenos propiedad del Estado que hoy conforman parte del PNMB. Consecuentemente, en el caso particular del bien inmueble N.° 5-42366-000 mediante oficio N.° ACT-OR-DR-1190-2021 del 29 de setiembre de 2021 de la Oficina Regional del Área de Conservación Tempisque del SINAC se indica: “Tercer punto solicitado: Como ya se indicó la finca matrícula 42366-000, pertenece a la finca madre 2. Dentro de las actividades que el SINAC ha realizado es contratar la elaboración del Mapa Catastrales y estudios legales de todas las fincas que se encuentran dentro del Parque Nacional Marino las Baulas, con su respectivo estudio de antecedentes, esto busca tener un diagnóstico del estado real de todas las fincas que conforman el Parque Nacional Marino las Baulas y luego de que se tenga certeza, interponer los procesos que correspondan según lo ordenado. (…). El SINAC espera aclarar estas dudas una vez tenga listo el Mapa Catastral y estudios legales que debe entregar la Universidad Nacional (UNA). Sobre las propiedades existentes dentro de los límites del Parque las Baulas, las acciones realizadas por el SINAC al contratar la elaboración del Mapa Catastral a la UNA, va encaminada a ubicar todas las fincas que se deben expropiar según lo dispuesto, para consolidar el Parque Nacional Marino las Baulas”. De allí, que las pretensiones de la parte actora de que se obligue a indemnizar por “la expropiación” de la finca matrícula número 5-42366-000 y se ordene iniciar el proceso de expropiación son totalmente improcedentes y así solicito se declare. B.- Falta de legitimación pasiva del Estado: En el remotísimo caso de que los extremos reclamados por la accionante se estimen procedentes, deberá tomarse en consideración que al Estado le asiste una falta de legitimación pasiva en este asunto. La legitimación pasiva está referida a la posibilidad de exigir a una parte el cumplimiento de una determinada conducta, en este caso, una indemnización. Al respecto, ha señalado la Sala Primera, en resolución N° 1023-F-2009 de las horas, lo siguiente: “El demandado debe ser la persona a quien le corresponde por la ley oponerse a la pretensión del actor o frente a la cual la ley permite que se declare la relación jurídica sustancial objeto de la demanda; y el actor la persona que a tenor de la ley puede formular las pretensiones de la demanda, aunque el derecho sustancial pretendido no exista o le corresponda a otro. … De acuerdo al sujeto legitimado o a su posición en la relación procesal se puede distinguir entre legitimación activa y pasiva, la primera le corresponde al actor y a las personas que con posterioridad intervengan para defender su causa, la segunda le pertenece al demandado y a quienes intervengan para discutir y oponerse a la pretensión del actor. La ausencia de legitimación en la causa constituye un impedimento sustancial, si el juzgador se percata de la falta de la misma, así debe declararlo de oficio y dictar una sentencia inhibitoria, lo que no es óbice para que sea alegada oportunamente como excepción previa. (…). (... Sentencia número 976 de las 7 horas 40 minutos del 19 de diciembre de 2006. En igual sentido, pueden consultarse, entre otras, las resoluciones de esta Sala números 89 de las 14 horas 50 minutos del 19 de junio de 1991, 83 de las 15 horas 15 minutos del 24 de septiembre de 1997 y 604 de las 10 horas del 17 de agosto de 2007).” (...). En este mismo sentido, el artículo 12.2 del CPCA establece la obligación de tener como demandado al Estado conjuntamente con la personificación presupuestaria que resulte autora del daño supuestamente infringido. En este orden de ideas, de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Biodiversidad número 7788 del 30 de abril de 1998, se crea el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, con personería jurídica propia, como un sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integra las competencias en materia forestal, vida silvestre y áreas protegidas, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica. Al respecto, el numeral 22 indica: “Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Créase el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en adelante denominado Sistema, que tendrá personería jurídica propia; será un sistema de gestión y coordinación institucional, desconcentrado y participativo, que integrará las competencias en materia forestal, vida silvestre, áreas protegidas y el Ministerio del Ambiente y Energía, con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica. Conforme a lo anterior, la Dirección General de Vida Silvestre, la Administración Forestal del Estado y el Servicio de Parques Nacionales ejercerán sus funciones y competencias como una sola instancia, mediante la estructura administrativa del Sistema, sin perjuicio de los objetivos para los que fueron establecidos. Queda incluida como competencia del Sistema la protección y conservación del uso de cuencas hidrográficas y sistemas hídricos”. (...). La política prioritaria del SINAC es facilitar y promover acciones que conlleven a la protección, conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad presentes en las Áreas Silvestres Protegidas, de las Áreas de Conservación. Además, en el caso del SINAC existe una norma expresa que señala que será el Fideicomiso de Zonas Protegidas, (anterior Fondo de Parques Nacionales), el que debe pagar a los propietarios privados las fincas incluidas dentro de las áreas protegidas que aún no hayan sido compradas. La Ley de Biodiversidad, otorga personalidad jurídica instrumental al SINAC, precisamente para que maneje un presupuesto que le permita adquirir bienes inmuebles como se pretende en este caso. Al respecto, los artículos 36 y 37 de ese cuerpo normativo, disponen: “Artículo 36.- Instrumentos financieros. Para los efectos del artículo anterior, se autoriza al Sistema para administrar los fondos que ingresen al Sistema por cualquier concepto, por medio de fideicomisos u otros instrumentos, ya sean estos para todo el sistema, o específicos para cada Área de Conservación. El Fondo de Parques Nacionales, creado por la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales, No. 6084, de 24 de agosto de 1977, se transforma en el Fideicomiso de áreas protegidas, dedicado exclusivamente a los fines para los que fue creado, a partir de ahora incluso al financiamiento de actividades de protección y consolidación en las otras categorías de áreas protegidas de propiedad estatal. ARTÍCULO 37.- Pago de servicios ambientales En virtud de programas o proyectos de sostenibilidad debidamente aprobados por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación y por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, por parte de las instituciones o los entes públicos competentes para brindar un servicio real o potencial de agua o de energía, que dependa estrictamente de la protección e integridad de un Área de Conservación, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos podrá autorizar para cobrar a los usuarios, por medio de la tarifa pertinente, un porcentaje equivalente al costo del servicio brindado y a la dimensión del programa o proyecto aprobado. Trimestralmente, el ente al que corresponda la recolección de dicho pago deberá efectuar las transferencias o los desembolsos de la totalidad de los recursos recaudados al Fideicomiso de las áreas protegidas, que a su vez deberá realizar, en un plazo igual, los pagos respectivos a los propietarios, poseedores o administradores de los inmuebles afectados, y los destinará a los siguientes fines exclusivos: (…). 3.-Compra o cancelación de inmuebles privados situados en áreas protegidas estatales, que aún no hayan sido comprados ni pagados”. Bajo esta perspectiva, el SINAC cuenta con una personalidad jurídica para la compra de los bienes inmuebles, por lo que no es posible atribuirle al Estado responsabilidad alguna en este caso. Bajo ese entendido no es posible pretender achacar la responsabilidad al Estado en contra el texto expreso de la Ley. Al respecto, debe advertirse que existe profusa jurisprudencia de la Sala Constitucional que al analizar la condenatoria en daños y perjuicios en los recursos de amparo contra las personificaciones presupuestarias, se ha decantado por condenar a las personificaciones directamente, y no al órgano al que pertenecen, considerando la existencia del presupuesto diferenciado del órgano persona. Así, por ejemplo, al analizar la responsabilidad del Consejo de Transporte Público, ante una gestión de aclaración y adición formulada por la representación del Estado para que se señalara que en casos de personificaciones presupuestarias corresponde al órgano persona y no al Estado responder por los daños y perjuicios ocasionados, el Tribunal Constitucional señaló: “II.- SOBRE LA GESTIÓN PLANTEADA. En este caso, la Procuradora Adjunta presenta solicitud de adición y aclaración al considerar que esta Sala cometió error al condenar al Estado al pago de los daños y perjuicios provocados con los hechos alegados por la recurrente, toda vez que estos fueron realizados por el Consejo de Transporte Público, órgano con desconcentración máxima del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que goza de personalidad jurídica instrumental y patrimonio propio, el cual figuró como recurrido en el proceso de amparo que dio origen a la sentencia cuestionada. Conforme a lo anterior, estima este Tribunal, en atención a lo manifestado por Maureen Medrano Brenes, en su condición de Procuradora Adjunta, y con la facultad que otorga la normativa citada, que es necesario a fin de exigir cumplimiento a lo resuelto, adicionar la parte dispositiva de ese pronunciamiento en la forma que se dirá, pues erróneamente se condenó al pago de las costas, daños y perjuicios al Estado, cuando lo procedente era condenar al Consejo de Transporte Público, lo que en efecto se hace. Por tanto: Se corrige el error del voto 2015-15014 de las 09:30 hrs. del 25 de setiembre del 2015, para que se lea correctamente: “Se declara con lugar el recurso. En consecuencia de le ordena a Mario Zárate Sánchez en calidad de Director Ejecutivo y a Freddy Quesada Alfaro en calidad de Jefe del Departamento de Inspección y Control, ambos del Consejo de Transporte Público o a quienes en su lugar ocupen los cargos responder en el plazo máximo de diez días la denuncia presentada en fecha 15 de enero del 2015 por la Directora Ejecutiva del Patronato Nacional de Ciegos. Vencidos los cuarenta y cinco días otorgados al Departamento de Ingeniería del Consejo de Transporte Público y una vez emitido el informe técnico, deberán los recurridos tomar las medidas necesarias a fin de velar porque la parada de autobuses ubicada \"contiguo a la estación de servicio \"Delta” próxima al Comercial del Sur, propiamente 50 metros al norte y 25 metros al oeste” cumpla con las condiciones de accesibilidad que requiere el amparado en su condición de persona con discapacidad. Se advierte a los recurridos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Consejo de Transporte Público al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese a Mario Zárate Sánchez en calidad de Director Ejecutivo y a Freddy Quesada Alfaro en calidad de Jefe del Departamento de Inspección y Control, ambos del Consejo de Transporte Público o a quienes en su lugar ocupen los cargos EN FORMA PERSONAL. La Magistrada Hernández López pone nota separada. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota”. (Sala Constitucional resolución N° 2016-4357 de las 09:20 horas del 01 de abril del 2016. Se añade el énfasis. En el mismo sentido, es posible ver las resoluciones N° 2016-3898 de las 09:05 horas del 18 de marzo de 2016, 2016-2045 de las 09:05 horas del 12 de febrero de 2016 y 2016-1274 de las 09:30 horas del 29 de enero de 2016). De igual forma, la Sala Constitucional ha resuelto que cuando existe un presupuesto separado del Estado, es ese presupuesto el que debe responder por los daños y perjuicios en forma exclusiva y excluyente de la del Estado: “II.- ANTECEDENTE: Esta Sala mediante resolución 2016000812 de las 9:05 horas del 22 de enero del 2016 dispuso lo siguiente: “Sobre la gestión planteada. En la especie, el gestionante alega que aunque el Consejo de Seguridad Vial pertenece al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, este tiene personalidad jurídica instrumental y patrimonio propio, por lo que se le puede condenar para subsanar lo dispuesto en la sentencia número 2013-004721 de las 09:05 horas del 12 de abril de 2013. Sobre esto, conviene indicar que, efectivamente, el artículo 4 de la Ley de Administración Vial estipula lo siguiente: “Artículo 4º.- Créase el Consejo de Seguridad Vial como dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes el cual tendrá independencia en su funcionamiento administrativo y personalidad jurídica propia”. La naturaleza jurídica del Consejo de Seguridad Vial es reafirmada en diversos dictámenes de la Procuraduría General de la República, entre ellos el C-113 del 16 de marzo de 2006, donde se indica que “ es “un órgano desconcentrado” del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que goza de personalidad jurídica instrumental o presupuestaria (art. 4º de la Ley Nº 6324 de 24 de mayo de 1979); es decir, una personalidad “no plena”, sino de efectos limitados, que a lo sumo le permite cierto grado de independencia funcional -en cuanto a su especialidad técnica y presupuestaria- para administrar y ejecutar con estricto apego a las atribuciones legales que le son propias, el fondo económico que por ley tiene asignado Dictámenes y Pronunciamientos C-087-88 de 25 de mayo de 1988, C- 014-96 de 30 de enero de 1996, C-245-97 de 17 de diciembre de 1997, OJ-009-98 de 11 de febrero de 1998, C-083-2002 de 3 de abril de 2002, C-17 4-2002 de 4 de julio de 2002, C-222-2002 de 29 de agosto de 2002 y C-274-2003 de 17 de setiembre de 2003); porque casualmente esa personalidad instrumental -no plena deriva de la titularidad de un patrimonio propio y de un presupuesto separado de la Ley de Presupuesto de la República (Dictamen C-302-2004 de 22 de octubre de 2004), porque sin ella no tendría capacidad jurídica para el manejo y administración de los fondos públicos que tiene asignados, y por los cuales debe responder” (...). De lo anterior se desprende que, efectivamente, existe un error en la parte dispositiva de la sentencia Nº 2013-4721 de las 9:05 horas del 12 de abril de 2013, ya que a quien debe condenarse es al Consejo de Seguridad Vial. Así las cosas, lo procedente es aclarar y adicionar de oficio la parte dispositiva de la sentencia en cuestión”. III.- CASO CONCRETO: De la prueba que consta en autos y de la jurisprudencia parcialmente transcrita la Sala confirma que existe un error en la parte dispositiva de la resolución 2013-5431 de las 14:30 horas del 23 de abril del 2013, por condenarse al Estado, cuando lo procedente es condenar al Consejo de Seguridad Vial, y por ende lo procedente es aclarar y adicionar la resolución de cita. POR TANTO: Se aclara la parte dispositiva de la sentencia 2013-5431 de las 14:30 horas del 23 de abril del 2013, en el siguiente sentido: “Se declara con lugar el recurso. Se anula la deducción de puntos establecida en las boletas de citación números 2011-230000355 (artículo 132 inciso ñ) y 2010-74300273, 2009-296274, 2010-32878, 2009-309980 y 2010-19626. Se condena al Consejo de Seguridad Vial al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidaran en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”. (Sala Constitucional, resolución N° 2016-003036 de las 14:30 horas del 01 de marzo de 2016). En efecto, la posición asumida por la Sala Constitucional es clara y contundente en el sentido de que no es posible condenar al Estado por las actuaciones de las personificaciones que cuenten con un patrimonio propio. Y ello es así, pues interpretar lo contrario implicaría desconocer el principio de legalidad presupuestaria. Que es un principio de rango constitucional que obliga a gastar el presupuesto del órgano respectivo para los fines para los cuales fue creado el órgano, sin posibilidad de desviar los fondos hacia otras labores que por ley hayan sido separadas y subsumidas bajo otro presupuesto. Como se desprende de los artículos 178 y 180 de la Constitución Política, el presupuesto constituye un límite de acción para las Administraciones Públicas, que se refiere no sólo a la autorización de gasto como tal, sino a la legalidad de los gastos pretendidos. De allí que, una condena al Estado por una obligación que no forma parte de sus funciones y competencias establecidas legalmente, violentaría el principio de legalidad presupuestaria, y de especialización del presupuesto, pues supone la imposición grosera de una obligación no fundamentada en una norma jurídica, en detrimento del cumplimiento de los fines para los cuales sí fue creado el órgano. Al tenor de lo expuesto, y sin perjuicio de la evidente falta de derecho que asiste a la Sociedad actora, con fundamento en los artículos 11, 178 y 180 de la Constitución Política, 36 y 37 de la Ley de Biodiversidad (N° 7788 del 30 de abril de 1998), 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (N° 7135 del 11 de octubre de 1989) y 12 del Código Procesal Contencioso Administrativo y demás normativa solicitada, solicito que la demanda sea declarada sin lugar en todos respecto a mi representado. II. OPOSICIÓN A LOS DAÑOS Y PERJUICIOS SOLICITADOS. La Sociedad actora solicita la condenatoria al pago en abstracto de los daños y perjuicios ocasionados con su funcionamiento anormal, mismos que se determinarán, su existencia y cuantía en la fase de ejecución de sentencia. No obstante, el reclamo resulta improcedente. De conformidad con la reiterada jurisprudencia de la Sala Primera, la responsabilidad objetiva del Estado, sólo puede ser declarada si ha existido prueba que demuestre la existencia de una actuación estatal que ha producido un daño y que, entre la actuación administrativa y el daño causado al particular, se configure una relación de causalidad, la cual se rompe si el daño ha sido producido por fuerza mayor, la acción de un tercero o por culpa de la víctima. Al respecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia –en adelante Sala Primera- ha señalado: “El principio de responsabilidad derivada de la función administrativa, contenido en el artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública, afirma que esta responde por todos los daños que cause su funcionamiento, legítimo o ilegítimo, normal o anormal. Se trata, como se puede observar, de una responsabilidad objetiva, en donde el dolo o la culpa trascienden a un segundo plano frente a la relación causal entre el hecho y el daño. En un esquema como el contenido en la legislación costarricense, para verificar el surgimiento del instituto de la responsabilidad, el operador jurídico debe verificar los siguientes elementos: en primer lugar, la existencia de un daño efectivo, evaluable e individualizable, de conformidad con el numeral 196 ibídem. En segundo lugar, debe darse una conducta generadora del daño; es importante destacar que el ordenamiento jurídico vigente utiliza una formulación abierta, en donde cualquier conducta, sea esta normal o anormal, lícita o ilícita, activa u omisiva, formal o material, resulta apta para el surgimiento de la responsabilidad. Finalmente, el tercer elemento a analizar es el nexo de causalidad, el cual permite imputar el daño al comportamiento específico que incidió en su creación. Existen diversas teorías en cuanto al mecanismo que permite reconducir el daño a una conducta en particular, de las cuales, la que mejor responde a las exigencias jurídicas de racionalidad y razonabilidad es la de la causalidad adecuada, consistente en determinar cuáles factores, dentro de la multiplicidad de supuestos que pudieron concurrir a generar un hecho específico, son directa o indirectamente causa eficiente y adecuada del mal irrogado (sobre la causa próxima, adecuada y eficiente, puede consultarse la sentencia de esta Sala no. 252-F-01, de las 16 horas 15 minutos del 28 de marzo del 2001). Dicho de otra manera, es menester realizar un análisis valorativo tendiente a determinar si la causa que se plantea como generadora del daño, resulta apta a tal fin, de forma que, haciendo una inferencia racional, se logre arribar al convencimiento fundamentado de que, de no haberse producido la conducta reprochada, el daño no se hubiera causado, esto es, que la primera deviene en necesaria para el acaecimiento del segundo. Debe el juzgador determinar, a partir del cuadro probatorio incorporado al expediente, si desde un punto de vista objetivo, resulta lógico y probable que determinada acción (u omisión) tiene como resultado el daño específico que se solicita indemnizar.” (Sala Primera, resolución número 769-F-S1-2008 de las nueve horas cuarenta minutos del trece de noviembre del 2008). Como lo señala la resolución citada, para que la responsabilidad del Estado surja, debe demostrarse la existencia de tres elementos: una conducta lesiva o dañina del Estado (artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública, LGAP); un daño efectivo, evaluable e individualizable (artículo 196 ibíd) y una relación de causalidad entre el daño presuntamente sufrido y la conducta de la Administración Pública (artículo 190 ibíd). En este caso, ninguno de los presupuestos señalados se cumple. Para empezar, no existe una actuación lesiva del Estado, pues lo único que mi representado ha hecho es crear el Parque Nacional Marino las Baulas. En segundo lugar, tampoco existe una demostración del supuesto daño reclamado. Cabe recordar que al tenor de lo establecido en el artículo 58 del CPCA, es indispensable que en la demanda se concreten los daños y perjuicios que se pretendan y se aporte la prueba correspondiente: “Artículo 58.- 1) Agotada la vía administrativa cuando así se elija o dentro de los plazos previstos en los artículos 34, 35 y 39 de este Código, el actor deberá incoar su demanda en la que indicará, necesariamente: …. e) Cuando accesoriamente se pretendan daños y perjuicios, se concretará el motivo que los origina, en qué consisten y su estimación prudencial”. En este caso, la Sociedad actora no logró demostrar la relación de causalidad entre los supuestos daños ocasionados y la conducta administrativa. Y para que resulte procedente la indemnización por responsabilidad estatal, es necesario que se demuestre que los daños reclamados fueron efectivamente causados por la conducta administrativa que se reclama, sin que existan otras causas que permitan explicar la existencia del daño. Así, la jurisprudencia de la Sala Primera ha indicado: “A hora bien, respecto al análisis de la causalidad entre esa conducta y el yerro administrativo conviene señalar que la mayor parte de la doctrina ha evidenciado los excesos a los que conduce un análisis del nexo causal a partir de esa tesis, porque carece de correctivos que permitan poner límite al juicio retrospectivo que procura identificar la causa de un evento lesivo. La propia jurisprudencia de la Sala se ha decantado en los últimos tiempos por aplicar el criterio de causalidad adecuada, conforme al cual se constata un ligamen entre el daño y la conducta lesiva cuando aquél se origine necesariamente, o con una alta probabilidad, de la última. (En este sentido, pueden verse, entre otras, las resoluciones 467-F-2008 de las 14 horas 25 minutos del 4 de julio de 2008, 1008-F-2006 de las 9 horas 30 minutos del 21 de diciembre de 2006, y 949-F-S1-10 de las 9 horas 45 minutos del 12 de agosto de 2010). (Sala Primera, resolución número 1444-F-S1-2011 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil once). Sin embargo, el resultado de dicho análisis, es que en este caso no hay una conducta de la administración que genere un daño cierto, real y efectivo, que sea indemnizable, lo cual hace inatendible el reclamo, y así pido que se declare\".-\n\nIV.- Sobre los alegatos de defensa formulados por la representación del SINAC. Finalmente, la representación del SINAC también en oposición a la demanda, argumentó en lo conducente, que: \"RAZONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA RECHAZAR LA DEMANDA. La Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, en su artículo 32 establece el tipo de Áreas silvestres Protegidas que puede establecer el Ministerio de Ambiente y Energía, y entre ellas se encuentra la de Parques Nacionales. En ese sentido la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, en el artículo 37: “Al establecer áreas silvestres protegidas, cualquiera sea su categoría de manejo, el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Ambiente y Energía, queda facultado para incluir, dentro de sus límites, las fincas o partes de fincas particulares necesarias para cumplir con los objetivos señalados en esta ley y para instrumentarlos de acuerdo con el respectivo plan de manejo, crear las servidumbres legales para la protección ecológica y el cumplimiento de la presente ley. Cuando se trate de parques nacionales, reservas biológicas o refugios nacionales de vida silvestre estatales, los terrenos serán adquiridos por compra, expropiación o ambos procedimientos, previa indemnización. En los casos de reservas forestales, zonas protectoras, refugios de vida silvestre mixtos y humedales, los predios o sus partes también podrán comprarse o expropiarse, salvo que, por requerimiento del propietario, se sometan voluntariamente al régimen forestal. Esa sujeción será inscrita en el Registro Público de la Propiedad, como una afectación al inmueble, que se mantendrá durante el tiempo establecido en el plan de manejo. Las fincas particulares afectadas según lo dispuesto por este artículo, por encontrarse en parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre, reservas forestales y zonas protectoras, quedarán comprendidas dentro de las áreas protegidas estatales solo a partir del momento en que se hayan pagado o expropiado legalmente, salvo cuando en forma voluntaria se sometan al Régimen Forestal. Tratándose de reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestre y en caso de que el pago o la expropiación no se haya efectuado y mientras se efectúa, las áreas quedarán sometidas a un plan de ordenamiento ambiental que incluye la evaluación de impacto ambiental y posteriormente, al plan de manejo, recuperación y reposición de los recursos. ( sí reformado el párrafo anterior por el artículo 72, inciso c) de la Ley Forestal, N° 7575 del 13 de febrero de 1996, que a su vez fue reformado por el 114 de la Ley de Biodiversidad, N° 7788 de 30 de abril de 1998). Por su parte, el Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste fue creado mediante Decreto Ejecutivo Nº 20518-MIRENEM, del 5 de junio de 1991, publicado en La Gaceta Nº 129 de 09 de julio de 1991 y fue ratificado mediante Ley Nº 7524, de 10 de julio de 1995, publicada en La Gaceta Nº 154 de 16 de agosto de 1995, siendo el objetivo principal de su creación, proteger las áreas de anidación de la tortuga baula (Dermochelys coriacea), los manglares, y los ecosistemas marino-costeros de la Bahía de Tamarindo. La Ley N° 7524 que creo el parque supracitado en lo conducente: “Articulo 2.- Expropiaciones. Para cumplir con la presente Ley, la institución competente gestionará las expropiaciones de la totalidad o de una parte de las fincas comprendidas en la zona delimitada en el artículo anterior. Los terrenos privados comprendidos en esa delimitación serán susceptibles de expropiación y se considerarán parte del Parque Nacional Marino Las Baulas, hasta tanto no sean adquiridos por el Estado, mediante compra, donaciones o expropiaciones; mientras tanto los propietarios gozarán del ejercicio pleno de los atributos del dominio. Si bien es cierto el decreto N° 34015-MINAE, publicado en La Gaceta N° 194 del 09 de octubre de 2007, declara de interés público la adquisición, por vía de expropiación de la finca inscrita en el partido de Guanacaste matrícula 423666-000, la resolución número RMINAET-SINAC-017-2009 de las ocho horas veinte minutos del cuatro de junio del dos mil nueve, como parte del proceso de expropiación según el decreto N° 34015-MINAE, resolvió el agotamiento de la vía administrativa, la oposición al avalúo administrativo asimismo ordenó continuar con el procedimiento expropiatorio. En cumplimiento con las normas de creación y ratificación del Parque Nacional, la misma no ha limitado el ejercicio del dominio del Actor. Sin embargo, el informe DFOE-PGAA-IF-3-2010, fechado 23 de febrero del 2010 de la Contraloría General de la República referido al Informe sobre la Evaluación de la Gestión del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y del Ministerio del Ambiente, Energía Telecomunicaciones (Minaet), en relación con el Parque Nacional Marino Las Baulas (PNMLB) en lo conducente indicó: “Como resultado del estudio se determinaron debilidades en la delimitación del Parque, debido a problemas con la ubicación de los mojones ya que existen sectores de éste que no están bien definidos geográficamente en su ley de creación. Asimismo, se detectaron inconsistencias en relación con el proceso de expropiación de los terrenos, los cuales podrían constituir parte del Patrimonio Natural de Estado (PNE), ya que algunas de las fincas madres que generaron las segregaciones de esos terrenos, fueron tituladas por el entonces ITCO en sede administrativa, cuando en realidad la normativa exigía un proceso de información posesoria en sede judicial, y en donde se presentan debilidades sustanciales tales como: ausencia de procedimientos internos y de una estrategia específica para llevar a cabo las expropiaciones, deficiencias en los planos catastrados, y problemas con la identificación, foliado y contenido de los expedientes respectivos. Por otra parte, se determinaron también debilidades de tipo técnico en los avalúos administrativos, presentándose diferencias de hasta un 500% en los precios de avalúos realizados a un mismo terreno o terrenos con condiciones similares entre dos períodos relativamente cortos”. Mediante el informe de marras se le ordena una serie de disposiciones de acatamiento obligatoria, tanto al Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, como a la Directora Ejecutiva del SINAC y al Director General de Tributación, en dicho informe la Contraloría comunica al Estado que los límites y extensión geográfica del Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB) no están claramente definidos en él, lo cual genera incertidumbre jurídica en cuanto a la posesión real de los terrenos alrededor del Parque Nacional Marino las Baulas. Aunado a esto, algunas de las 6 fincas madres que generaron las segregaciones de los terrenos dentro del PNMB, fueron tituladas en sede administrativa por el entonces Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) y la normativa exigía un proceso de información posesoria en sede judicial. Que visto a la “Disposición 4.1 del informe DFOE-PGAA-IF-3-2010 de la Contraloría General de la República se le ordena al MINISTRO DEL AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES en su inc. b) llevar a cabo la valoración respectiva de los casos de las fincas madre que fueron tituladas por el entonces Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), identificadas en este informe con los números 2 y 3 (según la imagen mostrada en el punto 2.2.1-a), con el fin de decidir la procedencia o no de interponer las demandas que en derecho correspondan, para anular las conductas administrativas ilegales que se lleguen a determinar en dicha valoración y la eventual recuperación de los terrenos propiedad del Estado que hoy conforman parte del PNMB.” Si bien, es cierto los procesos de expropiación sobre la finca N° 42366-000, no han sido iniciados por parte del Estado (ACT-SINAC), esto se debe a diferentes factores de orden técnico entre ellas falta del mapa catastral, estudios legales en el PNMLB, produce que, en los procesos de expropiación, se utilicen planos con errores catastrales, que se traslapan o superponen y con medidas imprecisas, lo cual ocasiona pérdidas económicas y retrasos judiciales costosos para la administración como para los afectados, además se tramitan otros procesos en la Sede Contencioso (expedientes 08-001403-1027-CA, N°08-001206-1027-CA), en los cuales se busca determinar la correcta titulación de las fincas madres que se ubican dentro de los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas. Es suma importancia resaltar que a través de la resolución R-SINAC-114-2017, se actualizó y aprobó el Plan General de Manejo del Parque Nacional Marino Las Baulas para el período 2017-2026 y se publicó el Resumen Ejecutivo del Plan de Manejo del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste a efectos de su oficialización en La Gaceta No. 20 del 21 de noviembre del 2017, Alcance 281, dicho Plan de Manejo que tiene los siguientes objetivos: a) Objetivos de Conservación del Parque Nacional Marino Las Baulas (PNMLB): Proteger las poblaciones de tortugas Baula (Dermochelys coriacea) que anidan en playa Grande, Ventanas y Langosta, así como otras especies de tortugas marinas que se reproducen en el sitio como tortuga Lora (Lepidochelys olivacea) y tortuga Negra del Pacífico, (Chelonia mydas agassizii). También los esteros Tamarindo, San Francisco y Ventanas y sus manglares, el bosque tropical seco costero y los ecosistemas intermareal, nerítico y oceánico. b) Objetivo del Plan de Manejo: Implementar y articular los lineamientos estratégicos para consolidar la conservación del PNMLB y alcanzar el manejo efectivo del Area Silvestre Protegida. (ASP) c) Zonificación del Parque Nacional Marino Las Baulas (PNMLB): La zonificación es la organización del territorio de un área silvestre protegida (ASP) según sus características biofísicas, el valor de sus recursos y su capacidad para sostener distintos usos. También considera la información de cobertura de la tierra generada por el diagnóstico y los elementos focales de manejo identificados en consulta con las comunidades. La zonificación implica: Identificación y definición de objetivos particulares en las diferentes zonas; Minimizar los impactos negativos y asegurar que el uso o la condición deseada, sean congruentes con el mantenimiento de la integridad de los elementos focales de manejo; La conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que brinda el ASP. A continuación, se detalla la zonificación del Plan de Manejo PNMLB vigente i. La zona mínima o nula intervención (ZNI): El objetivo o la condición deseada es mantener un estado inalterado o con un impacto casi imperceptible    Representa el 62% del territorio terrestre y un 98,67% del sector marino. La zona de baja intervención (ZBI) representa el 9,45% del territorio terrestre y un 0,18% del sector marino. ii. La zona de media intervención (ZMI): Los objetivos van dirigidos a contar con espacios donde se puedan desarrollar formas de aprovechamiento de los recursos (no extractivos) donde el impacto sobre los mismos se pueda controlar, aunque con límites razonables establecidos con normas muy estrictas. Está constituido por 31 hectáreas en el sector terrestre y en el sector marino por 44,93 hectáreas. iii. La zona de alta intervención (ZAI): Condición deseada siempre será́ mantenerse dentro de un estado ambiental conforme a la categoría de Parque Nacional, pero dejando oportunidad para el desarrollo de prácticas y actividades propias de alta intervención. Representa un 0,07% en el sector terrestre, pero aumenta para el sector marino a 0,32%. iv. La Zona de propiedad privada: Terrenos de propiedad privada que se ubican dentro de la delimitación del PNMLB según la ley de creación y que hasta tanto no sean expropiados y pagados y pasen a ser parte del Patrimonio Natural del Estado (PNE), los mismos mantienen su condición de propiedad privada. Alcanza un 25% del sector terrestre. Es por ello que se concluye que si bien no se ha realizado la expropiación al citado inmueble propiedad de ADRIANA DE LAS COLINAS S.A. matrícula 42366-000, tampoco tiene limitaciones para el uso y disfrute de la citada propiedad, siempre y cuando se cumpla con toda la regulación ambiental vigente. Así lo plantea la normativa\".-\n\nV.- Hechos probados. De relevancia para la resolución del presente proceso se tienen los siguientes: 1) Que en los términos del Decreto Ejecutivo N° 20518 del 05 de junio de 1991, publicado en el Diario Oficial \"La Gaceta\" N° 129 del 09 de julio de 1991 fue creado el Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, con descripción de sus límites. (Página web del Sistema Costarricense de Información Jurídica); 2) Que desde el día 22 de abril de 1994 la empresa actora es propietaria registral del inmueble inscrito en el Registro Nacional, sección de bienes inmuebles, matrícula de folio real N° 42366-000. (La imagen 83 del expediente judicial); 3) Que en los términos de la Ley N° 7524 del 10 de julio de 1995 publicada en el Diario Oficial \"La Gaceta\" N° 154 del 16 de agosto de 1995 se crea el Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, con establecimiento de sus límites y otras disposiciones relativas a la expropiación de inmuebles y adquisición de terrenos; administración del parque y fuentes de recursos. (Página web del Sistema Costarricense de Información Jurídica); 4) Que en los términos del Decreto Ejecutivo N° 34015 del 11 de septiembre del 2007 publicado en el Diario Oficial \"La Gaceta\" N° 194 del 09 de octubre del 2007 el Poder Ejecutivo declaró de interés público la adquisición por la vía de expropiación, de la finca del Partido de Guanacaste propiedad de la empresa aquí actora, identificada como la inscrita en el Registro Nacional, con el número de matrícula de Folio Real 42366-000, en esta oportunidad conforme se indicó, descrito en el plano catastrado identificado con el N° G-145542-1993 según el artículo primero de este instrumento, a lo que se agregaron las siguientes disposiciones: \"Artículo 2º- Procédase a dar inicio al procedimiento administrativo expropiatorio, para cuyo trámite se autoriza a la Dirección General del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Publíquese en el Diario Oficial la presente declaratoria y notifíquese al propietario. Ordénese mandamiento provisional de anotación ante el Registro Nacional de la Propiedad, de dicho inmueble; para lo cual se autoriza a la Coordinadora de la Asesoría Legal de del Sistema Nacional de Áreas de Conservación a realizar las diligencias ante el Registro Nacional, para que emita y firme el respectivo mandamiento ante dicho Registro. / Artículo 3º- Proceda el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energías, representada por su Dirección General a continuar con el procedimiento establecido para tal efecto, para la adquisición de dicho lote, con especial observancia de los plazos fijados y en estricto apego a lo establecido en la Ley de Expropiaciones y sus reformas\". (Página web del Sistema Costarricense de Información Jurídica); 5) Que el día 11 de octubre del 2007 se anotó sobre el asiento registral correspondiente al inmueble propiedad de la empresa aquí actora identificada como la inscrita en el Registro Nacional con el número de matrícula de Folio Real 42366-000, mandamiento provisional de anotación de declaratoria de interés público, expedido por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía, en Procedimiento Administrativo de Expropiación del Estado contra Adriana de las Colinas Sociedad Anónima, bajo las siguientes citas, tomo 573, asiento 36083. (Hecho no controvertido, en asocio con la imagen 83 del expediente judicial); 6) Que en los términos del oficio identificado con el N° SINAC-DG-103-2008 del 18 de enero del 2008, la Dirección General del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía solicitó a la Administración Tributaria de Puntarenas, emitir avalúo administrativo de entre otros inmuebles, sobre el que es propiedad de la empresa actora identificado como el inscrito en el Registro Nacional con el número de matrícula de Folio Real 42366-000, indicándose en lo conducente, lo que sigue: \"... con el propósito de continuar con los procesos de expropiación de terrenos que se localizan dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste ...\" señalándose en este oficio a esos efectos y en lo que interesa, que se adjuntaba la correspondiente certificación de propiedad, copia del plano catastrado correspondiente. (Las imágenes que van de la 241 a la 244 del expediente judicial); 7) Que el día 23 de septiembre del 2008, la Administración Tributaria de Puntarenas de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda se emitió el avalúo administrativo identificado con el N° AA-98-2008 sobre el inmueble de interés, propiedad de la empresa aquí actora. (Las imágenes que van de la 233 a la 240 del expediente judicial); 8) Que notificado el avalúo administrativo a la empresa aquí actora, su representación se pronunció por escrito de fecha 06 de enero del 2009 en oposición, disconformidad y rechazo del mismo. (Las imágenes que van de la 220 a la 231 del expediente judicial); 9) Que frente a la oposición, disconformidad y rechazo del avalúo administrativo, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones en los términos de la resolución identificada con el N° R-MINAET-SINAC-017-2009 dictada al ser las 08:20 hrs. del 04 de junio del 2009, dispuso lo siguiente: \"Se tiene por presentada la oposición al avalúo administrativo AA-98-2008, por lo que se ordena continuar con el procedimiento. Una vez suscrito el acuerdo expropiatorio remítase el expediente a la Procuraduría General de la República, representante legal del Estado, para que inicie el procedimiento especial ante el Juzgado Contencioso que corresponda\" con lo que se produjo el agotamiento de la vía administrativa en lo conducente. (Las manifestaciones de la representación del SINAC en asocio con las imágenes que van de la 208 a la 212 del expediente judicial); 10) Que en los términos del informe identificado con el N° DFOE-PGAA-IF-3-2010 emitido el día 26 de febrero del 2010 por el Área de Servicios Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, se dispuso como orden de acatamiento obligatorio a ser ejecutada en cumplimiento de la misma dentro del plazo o en el término conferido para ello en cada caso, todo en relación al    Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste y en lo conducente, lo que sigue: \"4.1. DISPOSICIONES AL MINISTRO DEL AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES. a) A fin de solucionar las debilidades comentadas en el punto 2.1 de este informe, realizar o coordinar con las instancias competentes según corresponda, entre otras, con el Instituto Geográfico Nacional (IGN), las siguientes actividades: i. El amojonamiento, o la revisión de la línea de mojones actual, que demarque correctamente la zona de 50 metros medidos desde la pleamar ordinaria, en todo el sector costero que conforma el PNMB. ii. La definición, mediante el instrumento jurídico correspondiente, de la correcta extensión y ubicación geográfica de aquellas zonas del PNMB que no están claramente delimitadas en la Ley No. 7524 del 10 de julio de 1995, entre ellas: el cerro detrás de Playa Ventanas, el cerro El Morro, el sector conocido como Isla Verde y los esteros Ventanas, Tamarindo y San Francisco, junto con sus manglares asociados. iii. El levantamiento de un mapa oficial del PNMB, que muestre en forma precisa la extensión y límites reales de dicho Parque Nacional. Dicha labor deberá estar finalizada a más tardar el 28 de febrero de 2011, debiendo remitir a este órgano contralor la prueba documental que así lo acredite, así como informes sobre el avance en el cumplimiento de las citadas actividades, a más tardar el 30 de junio y 29 de octubre de 2010. b) Llevar a cabo la valoración respectiva de los casos de las fincas madre que fueron tituladas por el entonces Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), identificadas en este informe con los números 2 y 3 (según la imagen mostrada en el punto 2.2.1-a), con el fin de decidir la procedencia o no de interponer las demandas que en derecho correspondan, para anular las conductas administrativas ilegales que se lleguen a determinar en dicha valoración y la eventual recuperación de los terrenos propiedad del Estado que hoy conforman parte del PNMB. Remitir a esta Contraloría General, a más tardar el 30 de abril de 2010, la documentación que acredite y fundamente la decisión de interponer o no las demandas antes citadas. En el caso de ser afirmativa la decisión, se deberá tramitar lo correspondiente ante la Procuraduría General de la República a más tardar el 31 de agosto de 2010, remitiendo a este órgano contralor la documentación que acredite dicha gestión. Asimismo, dentro del citado plazo, se deberán valorar y gestionar las medidas cautelares que se consideren pertinentes, entre otras, las relativas a los procesos de expropiación que actualmente se encuentran en sede judicial, en relación con los terrenos que se ubiquen geográficamente sobre el área de las referidas fincas madre, así como las notas de advertencia en los asientos registrales de las fincas inscritas en aparente ilegalidad. A su vez, se deberá valorar la suspensión de todos los procesos de expropiación que actualmente se encuentran en fase administrativa, y el abstenerse de nuevos procesos, en relación con los terrenos del PNMB, en las fincas madre Nos. 1, 2, 3, y 5 (según la imagen mostrada en el punto 2.2.1-a de este informe); lo anterior, de conformidad con la situación legal de los títulos de propiedad que ostentan esos terrenos, según se comenta en el punto 2.2.1 de este informe. Remitir a este órgano contralor copia de los documentos en que conste dicha valoración, a más tardar el 21 de mayo de 2010. Asimismo, ante una eventual recuperación de dichos terrenos, y dado que los mismos abarcan los 150 metros de la zona marítimo restringida, deberá analizarse la procedencia de la ampliación de los límites del PNMB en dichos sectores, a 200 metros a partir de la pleamar ordinaria, en garantía del cumplimiento de los objetivos de conservación y protección al ambiente, que se pretenden en esa área silvestre protegida. c) En relación con la finca madre número 6 (según la imagen mostrada en el punto 2.2.1-a de este informe), tramitar una consulta ante la Procuraduría General de la República, solicitando su criterio respecto de si una finca cubierta con bosque ubicada en la zona marítimo terrestre, era susceptible de ser titulada en el año 1971, mediante una acción de información posesoria en sede judicial, de acuerdo con la legislación vigente en esa época. Con base en el criterio vertido por la Procuraduría General de la República, decidir la procedencia o no de interponer las demandas que en derecho correspondan, para anular la resolución judicial y recuperar los terrenos propiedad del Estado parte del PNMB. (Ver punto 2.2.1-b de este informe). Dicha consulta deberá ser tramitada ante la Procuraduría General de la República, a más tardar el 30 de abril de 2010; cuya copia se deberá remitir a esta Contraloría General en esa misma fecha. En el caso de proceder la interposición de la demanda indicada en el párrafo anterior, se deberá tramitar lo correspondiente ante la Procuraduría General de la República a más tardar dos meses después de recibir la respuesta por parte de ese órgano consultivo, remitiendo a este órgano contralor la documentación que acredite dicha gestión. d) Valorar, a la luz de las deficiencias técnicas detectadas en los avalúos administrativos realizados por la Administración Tributaria de Puntarenas a terrenos del PNMB, relacionadas principalmente con variaciones significativas de los valores asignados a los terrenos, y elementos importantes no considerados por los avalúos (variables de hidrografía y uso del suelo, así como el hecho de que no existe una zona pública en los 50 metros a partir de la pleamar ordinaria), las cuales generan dudas razonables sobre el valor real de las propiedades, el solicitar a la Dirección General de Tributación Directa nuevos avalúos administrativos para los terrenos actualmente en expropiación en el citado Parque. Además, para los casos que se encuentran en sede judicial, se deberá valorar también, el solicitar a los colegios profesionales respectivos, bajo los procedimientos pertinentes y al amparo de lo que establece el artículo 37 de la Ley Expropiaciones No. 7495, la revisión de los avalúos judiciales practicados, a fin de verificar la razonabilidad de sus montos. Documentos probatorios sobre dichas valoraciones y sobre las acciones a realizar, deberán ser remitidos a este órgano contralor a más tardar el 31 de agosto de 2010. (Ver puntos 2.2.5 y 2.3 de este informe). e) Efectuar las acciones que sean necesarias, tanto administrativas como judiciales, a fin de tomar posesión de los terrenos ubicados dentro de los límites del PNMB que están, o estuvieron en algún momento, bajo la administración de la Municipalidad de Santa Cruz, entre otros, los siguientes: i. Las áreas comunes (terrenos destinados a calles, aceras, caños, parques, alamedas, etc.) de las urbanizaciones Playa Grande States y Palm Beach, que fueron traspasados a la citada municipalidad y que están dentro del PNMB. ii. El terreno que actualmente ocupa un particular, quien fue objeto en el pasado de una concesión municipal, actualmente vencida. iii. Los terrenos que se ubican geográficamente entre la playa y el área de la finca madre No. 4 (finca del partido de Guanacaste No. 31099, plano catastrado No. G-7777-70), supuestamente donados al hoy MINAET por Palm Beach S. A. Un plan de trabajo donde se detallen las acciones, plazos y responsables para llevar a cabo esta disposición, deberá ser remitido a este órgano contralor a más tardar el 30 de junio de 2010. (Ver puntos 2.4 y 2.5 de este informe). f) Llevar a cabo las acciones que en derecho correspondan con el fin de dejar sin efecto el convenio firmado por el entonces Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (MIRENEM) y la empresa Palm Beach S.A., de conformidad con lo que se expone en el punto 2.5. de este informe. Copia del documento que se emita para estos efectos, deberá ser enviada a esta Contraloría General a más tardar el 30 de junio de 2010. g) Publicar mediante decreto ejecutivo, antes del 30 de abril de 2010, el Reglamento de Uso Público del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, que se encuentra en este momento ya elaborado y aprobado por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del MINAET. (Ver punto 2.6, inciso a) de este informe). 4.2 DISPOSICIONES A LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL SINAC. a) Elaborar y someter a la aprobación de las autoridades correspondientes de ese Ministerio, un manual de procedimientos para la expropiación de terrenos en las áreas silvestres protegidas, que contemple entre otros, de acuerdo con la legislación vigente en este campo y las observaciones efectuadas en este informe, las acciones a realizar antes y durante el desarrollo de ese proceso, los instrumentos y mecanismos necesarios para este fin, así como los roles y niveles de coordinación que deben asumir las diferentes instancias administrativas involucradas en el citado proceso. (Ver punto 2.2.2 del informe). Incorporar además, como parte de este manual los procedimientos a seguir cuando se detecten diferencias o cambios significativos entre los montos de diferentes avalúos administrativos, o entre éstos y los montos de los avalúos judiciales, y que el SINAC considere que deben ser objetados ante las sedes respectivas, o que ameriten una revisión de los mismos a lo interno del MINAET o una opinión de un órgano externo, para garantizar la objetividad y exactitud de las valoraciones realizadas. (Ver punto 2.2.5 de este informe). Asimismo, este manual deberá considerar todos los aspectos relativos al control de los expedientes de expropiación, según la legislación vigente, a efectos de que no se presenten las deficiencias detectadas en los expedientes de expropiación del PNMB, según se comentó en el punto 2.2.6 de este informe, relativas a la identificación y registro de los expedientes, el foliado de los documentos que contienen, y la ausencia de documentación clave sobre el proceso expropiatorio; debilidades que deberán ser corregidas a más tardar el 30 de julio de 2010. Además, antes del 31 de agosto de 2010 deberá remitir a esta Contraloría General copia del citado manual debidamente aprobado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta. b) Elaborar y someter a la aprobación de las autoridades correspondientes de ese Ministerio, una estrategia para la expropiación de los terrenos que conforman el PNMB, en la que se contemplen tanto las variables de tipo técnico-científico, tal como lo relacionado con las áreas de anidación, como aquellas de índole financiero y jurídico, en especial la situación legal de los títulos de propiedad de los terrenos, según se ha comentado en el presente informe. Dicha estrategia deberá estar aprobada y remitida a esta Contraloría General, a más tardar el 30 de julio de 2010. (Ver puntos 2.2.3 y 2.2.1 de este informe). c) En el caso de terrenos que actualmente se encuentran en trámite de expropiación, ubicados sobre el área de la finca madre número 4 (según la imagen mostrada en el punto 2.2.1-a de este informe), llevar a cabo una revisión de los planos catastrados a efecto de verificar la correcta medición de los predios y los posibles traslapes que se puedan estar dando entre ellos, tomando como base la revisión que se haga de la línea de mojones y el levantamiento del mapa oficial del PNMB, según lo dispuesto en el punto 4.1-a de este informe. Asimismo, en el caso comentado en este informe, en donde se iniciaron dos procesos expropiatorios distintos sobre un mismo terreno, basándose en dos planos catastrados diferentes, proceder a archivar de inmediato el caso correspondiente al plano No. G-1058630 de fecha 13 de marzo de 2006, con el avalúo administrativo No. AA-72-2008, actualmente en la fase administrativa del proceso. Remitir a este órgano contralor a más tardar el 30 de julio de 2010, un plan de trabajo con las acciones a ejecutar para la revisión de los planos catastrados, así como una copia de la orden girada para el archivo del caso del plano G-1058630 antes comentado. (Ver punto 2.2.4 de este informe). Siguientes actividades en el PNMB: i. La definición y control de los accesos oficiales al Parque, así como el cierre de los que no lo sean. ii. La definición de la visitación tanto diurna como nocturna del Parque durante todas las épocas del año. iii. El control del acceso y el cobro de la entrada al Parque. iv. Las actividades de vigilancia marítima y de regulación de la pesca. v. El control de animales domésticos e introducción de plantas exóticas. vi. La reparación y ampliación de la infraestructura necesaria para las labores de control y vigilancia. vii. El control de escorrentías que ponen en riesgo las zonas de anidación. viii. La rotulación necesaria sobre las restricciones de acceso y uso del Parque. ix. El monitoreo y control constantes de las áreas de bosques del Parque que no han sido expropiadas, realizando las acciones administrativas y penales correspondientes cuando se determinen afectaciones negativas a estos ecosistemas. Para lo anterior, se deberá elaborar un plan de trabajo que incluya las actividades a desarrollar, los plazos y los responsables, así como un detalle de los recursos financieros, materiales y humanos que sean necesarios para desarrollar eficientemente dichas actividades. El citado plan de trabajo junto con el detalle de necesidades de recursos, deberá ser remitido tanto al Despacho del Ministro del Ambiente como a esta Contraloría General, a más tardar el 30 de julio de 2010. Asimismo, Dirección Ejecutiva deberá gestionar lo pertinente, a fin de destinar los recursos necesarios y suficientes al Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, con el propósito de dar cumplimiento a la presente disposición. En ese sentido, deberá remitir a este órgano contralor, a más tardar el 30 de setiembre de 2010, copia de los documentos probatorios correspondientes a la gestión de recursos antes dispuesta. (Ver punto 2.6 de este informe)\". (Las imágenes que van de la 270 a la 322 del expediente judicial).-\n\nVI.- Hechos no probados: De relevancia para la resolución del presente proceso se tiene únicamente el siguiente en el plano procesal: 1) La existencia de daños y/o perjuicios causados a la empresa actora con causa eficiente en la promulgación y puesta en vigencia del Decreto Ejecutivo emitido por el Poder Ejecutivo con el N° 34015 del 11 de septiembre del 2007 publicado en el Diario Oficial \"La Gaceta\" N° 194 del 09 de octubre del 2007, o su inobservancia por parte del SINAC. (La ausencia de elementos de convicción al respecto); 2) La existencia de daños y/o perjuicios causados a la empresa actora con causa eficiente en la anotación registral del mandamiento provisional de declaratoria de interés público, expedido por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía, en Procedimiento Administrativo de Expropiación del Estado contra Adriana de las Colinas sobre el asiento correspondiente al inmueble de su propiedad, inscrito en el Registro Nacional con el número de matrícula de Folio Real 42366-000, bajo las siguientes citas, tomo 573, asiento 36083. (La ausencia de elementos de convicción al respecto); 3) Que a la data del dictado de la presente sentencia el Estado a través del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones o el SINAC, hayan elaborado un mapa catastral que defina el área de superficie del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste; que haya determinado que el inmueble inscrito en el Registro Nacional con el número de matrícula de Folio Real 42366-000 se encuentre en todo o en parte fuera del área dicha área de superficie; o en su caso, que hayan elaborado estudios de corte legal que determinasen la existencia de alguna circunstancia técnica o jurídica asociada a la posible invalidez del título de propiedad que ostenta la empresa actora sobre el inmueble en cuestión, así como cualquiera otra situación que justifique adecuadamente la no ejecución de lo ordenado en los términos del Decreto Ejecutivo emitido por el mismo Poder Ejecutivo con el N° 34015 del 11 de septiembre del 2007 publicado en el Diario Oficial \"La Gaceta\" N° 194 del 09 de octubre del 2007. (La ausencia de elementos de convicción al respecto, en asocio con las imágenes que van de la 144 a la 195, así como las que van de la 270 a la 322, todas del expediente judicial).-\n\nVII.- Sobre la improcedencia de la demanda en lo que corresponde a la pretensión indemnizatoria N° 3. Como parte del objeto del presente proceso, entendido como aquello que se aspira sea concedido en sentencia, la representación de la parte actora como pretensión identificada con el N° 3, requiere que: \"3. Se condene a las demandadas con base en lo dispuesto en los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, relacionado con el numeral 122, inciso m), sub inciso iii) del CPCA, al pago en abstracto de los daños y perjuicios ocasionados con su funcionamiento anormal, mismos que se determinarán, su existencia y cuantía en la fase de ejecución de sentencia\". (el resaltado no es del original). Dejando de lado por un momento, que conforme este extremo petitorio se identificó la causa -eficiente agregamos- de los efectos dañosos que se reclaman, el despliegue de una conducta administrativa que se calificó de \"anormal\", acudiendo a la fundamentación de la demanda, argumentativamente la representación de la actora según lo logramos comprender, asoció los daños y/o perjuicios que se reclaman de modo incongruente con lo anterior, con dos circunstancias que dan cuenta de algo distinto, a saber y dicho en términos diversos, que con la determinación mediante Ley N° 7524 \"Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste\" en relación con lo dispuesto y ordenado en los términos del Decreto Ejecutivo N° 34015 que \"declara de interés público la adquisición, por la vía de expropiación, de la finca del Partido de Guanacaste Matrícula Folio Real 42366-000\", así como con, y principalmente, la anotación registral al margen del asiento que corresponde a este inmueble de tal declaratoria, se produjeron limitaciones al goce y disfrute sobre ese inmueble que hacen imposible su ejercicio vaciando el derecho de propiedad. Precisó quien demanda, que: \"fueron generadas por la anotación y cambio de su naturaleza, al decretar que la finca es ahora parte del Parque Nacional Marino Las Baulas, con el consecuente cambio en la naturaleza el (sic) inmueble que hace imposible el desarrollo de cualquier tipo de infraestructura o explotación. Nuestro ordenamiento jurídico ha previsto tanto a nivel constitucional como legal, la existencia de un estado responsable, obligado a responder por los daños y perjuicios que puedan producir todos y cada uno de sus actos, con independencia de la concurrencia de dolo o culpa en la actuación administrativa\". Nos detenemos para precisar que no obstante también, la representación de la parte actora contrario a lo anterior, vinculó estos daños a una actividad que describió como omisiva como la que genera los efectos dañosos que pretende le sean indemnizados, y además de modo confuso, afirmó que el Estado se encuentra realizando una: \"actividad ilegal continuada basada en un actuar omisivo\", si de la supuesta anotación registral referida y un supuesto cambio impuesto en naturaleza del bien se trata, ya por disposición de la Administración o por el Estado Legislador al determinar los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste a través de norma de rango, potencia y resistencia de Ley de la República, en ninguno de estos casos nos encontramos frente a una conducta omisiva, salvo en lo que la actora refiere al transcurso del tiempo sin que, desde la anotación registral referida, se haya dado inicio a un proceso judicial -especial agregamos- de expropiación. Del mismo relato efectuado por la representante de la empresa que demanda, se extrae que el asunto vinculado a la expropiación del inmueble, ya había superado su trámite en sede administrativa. Continuando, según el entender de la parte accionante el hecho de que se haya incluido el inmueble de su propiedad dentro del área de superficie que comprende el parque en cuestión, que se haya declarado de interés público su expropiación en consecuencia, así como que tal declaratoria se haya anotado registralmente en el asiento correspondiente a ese bien, constituyó una expropiación de hecho (vía de hecho aseguró que media en el presente caso) que excluye como efecto la que reitera una y otra vez, fue la imposibilidad de ejercitar los atributos del dominio sobre el mismo (imposibilidad de cualquier tipo de uso o explotación normal del bien aseguró quien demanda). Específicamente respecto de la anotación mencionada, se dice que generó como consecuencia, que se vaciare su derecho de propiedad sin indemnización previa, llegando incluso a afirmar que con la anotación se materializó previo a la expropiación, \"vejación\" del derecho de uso e imposibilidad de su disfrute, siendo esto lo que calificó como vías de hecho o expropiación de facto. Esta imposibilidad de disfrute luego se matizó, porque según la demandante: \"... la propiedad no puede ser disfrutada plenamente por sus propietarios en razón de haber sido declarada como parte de la Parque Nacional Marino Las Baulas, y ser su finalidad la conservación lo que es opuesto por definición al uso privado. En este sentido, es necesario reiterar que no existe justificación que autorice a la Administración para afectar los terrenos sin la previa indemnización como ha ocurrido en este caso\". Se destaca que no es objeto de impugnación en ningún nivel en la presente causa, la anotación registral de la declaratoria de interés público por lo que, para todos los efectos con independencia del modo en que se falle por esta Cámara, su validez y efectos han de mantenerse incólumes, no obstante lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Expropiaciones N° 7495 del 03 de mayo de 1995 sobre el mandamiento provisional de anotación. Dicho todo lo anterior, alguna claridad según entendemos, media sobre lo argumentado en torno al origen de los daños y/o perjuicios cuya indemnización se pretende, sea concedida producto de esta sentencia y no, como derivación de un proceso especial de expropiación conforme la Ley referida atrás, no obstante y lo que sigue resulta ser de la mayor relevancia, no ocurre en ningún nivel lo mismo en cuanto a la identidad de los daños y/o perjuicios que se reclaman habida cuenta que no se reveló en qué consisten, o su cuantía.-\n\n1.- Sobre el régimen de responsabilidad civil extracontractual de la administración pública. Siempre que nos encontremos en torno con las partes en litigio ante la determinación de una eventual responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, si la relación jurídica que vincula al administrado con la administración accionada no emerge con ocasión de la existencia de un instrumento contractual, se tiene que la discusión gira alrededor de lo que se conoce como responsabilidad civil extracontractual, por lo que resulta necesario a modo de introducción a los efectos de este instrumento, hacer referencia a los elementos que en doctrina y jurisprudencia suponen potable un reproche de responsabilidad como el que aquí se peticiona. Dentro del régimen de la llamada responsabilidad civil extracontractual, se distinguen dos tipos, la subjetiva, establecida en el artículo 1045 del Código Civil y la objetiva normada en el numeral 9 de la Constitución Política, el artículo 1048 del Código Civil y el numeral 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. En lo que toca al régimen de responsabilidad subjetiva, el artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública establece la responsabilidad de los servidores públicos ante terceros en caso comprobado de dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión su cumplimiento. Como tal, la responsabilidad subjetiva se funda exclusivamente en un estudio en el ámbito del ánimo del agente respecto de la existencia de al menos, \"culpa\", sino \"dolo\", a diferencia de lo que ocurre con el régimen de responsabilidad objetiva, en orden al cual, la responsabilidad se determina con independencia de la existencia de tales elementos subjetivos. En la responsabilidad subjetiva se responde porque se es culpable, bien porque se ha buscado o querido la producción del daño, o bien porque se ha obrado de forma imprudente o negligente. En observancia con lo anterior, la responsabilidad del servidor ante terceros lo es en el ámbito del régimen de responsabilidad subjetiva, consecuentemente con lo cual, se requerirá para todos los efectos de la determinación de la existencia de culpa o dolo en el ánimo del servidor o agente de la Administración, sin perjuicio del resto de elementos que deben concurrir, como lo son la existencia del daño y el nexo causal entre aquel y la conducta desplegada, para que opere el reproche de imputación de responsabilidad. Por otra parte, el régimen de responsabilidad objetiva de la administración pública, a diferencia de lo que ocurre con la responsabilidad subjetiva, ésta se genera sin que sea necesario demostrar el dolo o la culpa del agente causante del daño, bastando con la acreditación eso sí, de la existencia del \"riesgo\" para generarla, razón por la cual no operan las nociones de antijuridicidad y culpabilidad, por lo tanto, se aplica el principio de inversión de la carga de la prueba en beneficio del lesionado. A los efectos, la presunta Administración Pública causante de tales daños y perjuicios reclamados debe resarcirlos si efectiva y eficazmente su conducta los generó, salvo que demuestre alguna causal exonerativa. De este modo, se requiere de la concurrencia de cuatro elementos, a saber: a) Una lesión, que consiste en los perjuicios patrimoniales antijurídicos, porque el que los padece no tiene el deber de soportarlos; b) Una conducta administrativa en relación con la cual se encuentre vinculada la producción del daño reprochado; b) Un nexo causal, conformado por la existencia de una relación directa de causa a efecto entre el hecho (conducta administrativa) que se imputa y el daño producido; y c) Que no existan las causas de justificación a que hicimos referencia atrás, siendo que la existencia de las mismas puede desvincular jurídicamente el perjuicio producido con la conducta de la administración pública de modo que el efecto dañoso no sea imputable, rompiendo el nexo de causalidad al acontecer una situación eximente como la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero. El régimen de responsabilidad patrimonial del Estado y sus instituciones previsto en los artículos 9, y 41 de la Constitución Política, y 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, es entonces de naturaleza esencialmente objetiva, por lo que para nacer basta con que exista un daño indemnizable, una conducta administrativa y un nexo causal entre ambas. Debe tenerse que es bajo este tipo de criterio objetivo que resulta posible atribuir responsabilidad a la Administración Pública, a diferencia de lo que ocurre con sus servidores, para los cuales debe de usarse un criterio de atribución además, subjetivo. De otra parte, determinados los criterios bajo los que es procedente determinar la responsabilidad de la Administración Pública y/o de sus agentes o servidores públicos, nos interesa señalar que a la vez, existe una diferencia en cuanto a los criterios de imputación que operan para el establecimiento o determinación de dicha responsabilidad en caso de encontrarnos ante actividad lícita o ilícita, normal o anormal de la Administración. Citando al Dr. Ernesto Jinesta Lobo, de su Obra Tratado de Derecho Administrativo II, Responsabilidad Administrativa, pág. 39, se tiene que: “En el sistema de responsabilidad sin falta o por sacrificio especial, responsabilidad por conducta lícita o funcionamiento normal, el criterio determinante para que exista responsabilidad de las administraciones públicas es el quebranto del principio de igualdad en el sometimiento de las cargas públicas y el consiguiente daño especial (pequeña proporción de afectados) y anormal (excepcionalidad intensa de la lesión) o la teoría del riesgo para la hipótesis de los daños accidentales causados por una administración pública en el cumplimiento de la función asignada por el ordenamiento jurídico. Tratándose del sistema de responsabilidad por falta de servicio,-conducta ilícita o funcionamiento anormal,- el criterio de imputación lo constituye, precisamente, ese concepto jurídico indeterminado de “falta de servicio” y el derecho constitucional innominado o atípico de los administrados a que les presten servicios públicos eficientes y eficaces.”. En la responsabilidad por conducta ilícita o anormal, entendida como aquella que se opone, infringe o violenta el ordenamiento jurídico entendido globalmente como las normas escritas y no escritas, la carga de la prueba corresponde a la víctima, quien corre con el deber de demostrar mediante las formas, los medios probatorios que permite el ordenamiento jurídico, la falta del servicio, su funcionamiento anormal, o la ilicitud en el actuar administrativo. En la responsabilidad por conducta lícita, se ha establecido que aun tratándose de conductas desplegadas con apego al ordenamiento jurídico, las mismas son susceptibles de atribuir responsabilidad en la Administración bajo criterios como los relacionados supra. En los casos de responsabilidad objetiva, la defensa de la Administración radicaría en la demostración de haber mediado alguna de las causales que rompen el nexo de causalidad que indica el numeral 190, párrafo 1 de la Ley General de Administración Pública, ya sea como se indicó supra, la fuerza mayor, le hecho de un tercero o hecho de la propia víctima. Nuestra Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en resolución Nº 000584-F-2005, de las 10:40 hrs. del 11 de agosto del 2005, indicó, y siempre en relación con la responsabilidad objetiva lo siguiente: \"...habrá responsabilidad de la Administración siempre que su funcionamiento normal o anormal, cause un daño que la víctima no tenga el deber de soportar, ya sea patrimonial o extrapatrimonial, con independencia de su situación jurídica subjetiva y la titularidad o condición de poder que ostente, cumpliendo claro está, con el presupuesto imprescindible del nexo causal. (...). Tanto los presupuestos esenciales como la carga de la prueba, adquieren por ejemplo un nuevo matiz, que libera al afectado no solo de amarras sustanciales sino también procesales, y coloca a la Administración en la obligada descarga frente a los cargos y hechos que se le imputan. En todo caso, el carácter objetivo de la responsabilidad civil extracontractual de la Administración, fue definida con claridad en la sentencia de esta Sala N° 132 de las 15 horas del 14 de agosto de 1991, para un hecho posterior a la entrada en vigencia de la Ley General de la Administración Pública, en la que dijo: \"VI. Nuestra Ley General de la Administración Pública Nº 6227 (...), conforme lo señala la sentencia de esta Sala Nº 81 del año 1984, al resolver la polémica sobre su vigencia, en el Título Sétimo del Libro Primero, recogió los principios más modernos fundados en la doctrina y jurisprudencia más autorizada, sobre la responsabilidad extracontractual de la Administración, para establecer así la responsabilidad directa del Estado sin necesidad de probar previamente que el daño se produjo por culpa del funcionario o de la Administración, exigiendo para la procedencia de la indemnización que el daño sufrido sea efectivo, evaluable e individualizable en relación con una persona o grupo -artículo 196-. (...) Además establece, en forma taxativa, como causas eximentes de esa responsabilidad, la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero, correspondiéndole a la Administración acreditar su existencia, (...)\". De manera concordante con todo lo anterior, a la parte que demanda corresponde desde el punto de vista procesal demostrar, la ocurrencia de un daño o perjuicio y en ese tanto su existencia, y luego, que este se encuentre vinculado en nexo causal con una conducta administrativa, mientras que a la Administración demandada y sólo de llevar éxito la acción judicial incoada en su contra en lo anterior, acreditar que ha mediado con todo y ello, una suerte de eximente de responsabilidad que permita afirmar que tal nexo de causalidad que \" rompe\", desvinculando tal conducta administrativa con la producción del efecto dañoso que se reclama en cada caso, con lo que se suprime la base de imputación de la responsabilidad patrimonial endosada conduciendo ello a la improcedencia del reclamo.-\n\n2.- Sobre la caducidad alegada por la representación estatal. La representación del estado interpuso a título de excepción, la caducidad de la acción en aplicación del artículo 63 de la Ley de Expropiaciones, que reza así: \"Artículo 63.- Prescripción y caducidad. Los derechos y acciones que se deriven de la presente Ley prescriben en diez años, contados a partir del día siguiente a aquel en el que el Estado tomó posesión del bien o lo afectó. El reclamo, por vía administrativa, caducará y se tendrá por no interpuesto si transcurren cinco años sin que el interesado active las diligencias\". (El resaltado no es del original). En síntesis se argumentó que en aplicación del numeral 61 de la Ley de Expropiaciones, Ley N.° 7495 del 3 de mayo de 1995 (el artículo correcto es el 63) la presente demanda estaría caduca si de conformidad con los argumentos de la parte actora, se computa el plazo de 10 años a partir de la anotación del mandamiento provisional de la declaratoria de interés público realizada el 11 de octubre del 2007, en los términos del cual siempre conforme lo afirmado por quien demanda, se le limitó su derecho de goce, explotación y disfrute del inmueble en cuestión. En criterio de la representación del Estado ha de observarse lo dispuesto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Nº 2010-03946, de las 14:44 hrs. del 24 de febrero del 2010. La excepción se rechaza. Se rescata del Voto mencionado por la representante del Estado que el alto Tribunal de Control Constitucional consideró respecto de esta norma y otras cuya constitucionalidad se cuestionaba, que: \"Las normas impugnadas en el sub lite expresamente establecen un período legal de prescripción, dentro del cual los administrados que se sientan perjudicados con una expropiación -de hecho o de derecho- pueden acudir ante la propia Administración expropiante o bien ante los Tribunales de Justicia en defensa de sus intereses. Transcurrido dicho plazo, por las expresadas razones de certeza y seguridad jurídica, se dispone la extinción del derecho correspondiente\". (El resaltado no es del original). En el caso concreto baste con indicar que la norma comprendida en el ordinal 63 de la Ley de Expropiaciones no es de aplicación, habida cuenta de que como se verá adelante con mayor profundidad, anotada registralmente o no sobre el asiento correspondiente al inmueble propiedad de la empresa actora o no, la declaratoria de interés público en la adquisición de dicho bien por la vía de su expropiación, conforme lo dispuso el Poder Legislador mediante la promulgación y puesta en vigencia de la Ley N° Ley N° 7524 del 10 de julio de 1995, artículo 2 párrafo segundo: \"Los terrenos privados comprendidos en esa delimitación serán susceptibles de expropiación y se considerarán parte del Parque Nacional Marino las Baulas, hasta tanto no sean adquiridos por el Estado, mediante compra, donaciones o expropiaciones; mientras tanto los propietarios gozarán del ejercicio pleno de los atributos del dominio\". También como se verá, la empresa actora no ha sido expropiada ni de hecho ni de derecho, de modo que no se encuentra corriendo plazo alguno en su contra previsto en este numeral de Ley.-\n\n3.- Sobre el correcto contenido y alcances de lo dispuesto en el artículo 122, inciso m) del Código Procesal Contencioso Administrativo. Iniciamos este aparte haciendo cita de lo dispuesto en el artículo 58, inciso 1), sub inciso e) del Código Procesal Contencioso Administrativo, que reza así: \"1) Agotada la vía administrativa cuando así se elija o dentro de los plazos previstos en los artículos 34, 35 y 39 de este Código, el actor deberá incoar su demanda en la que indicará, necesariamente: (...). e) Cuando accesoriamente se pretendan daños y perjuicios, se concretará el motivo que los origina, en qué consisten y su    estimación prudencial\". (El resaltado no es del original). La norma se debe correlacionar con el ordinal 61, según el cual en su inciso 1): \"1) Cuando la demanda no cumpla los requisitos señalados en el artículo 58 de este Código, la jueza o el juez tramitador ordenará la subsanación dentro del plazo de tres días hábiles, para ello deberá indicar los requisitos omitidos o incompletos, so pena de ordenar su inadmisibilidad y archivo. En caso de procesos de trámite preferente, el plazo será de veinticuatro horas\". (el resaltado no es del original). Ha de afirmarse entonces, que es deber procesal de la parte actora insalvable cuando pretenda la condena al pago de daños y/o perjuicios, además de revelar lo que considera es su origen, expresar en qué consisten y cuál es su estimación, por razones obvias, dado que se habrá de debatir al respecto. No obrar con un mínimo de claridad, disciplina y rigor formal al respecto, si se toma en cuenta además, que dar cumplimiento a lo así dispuesto es presupuesto de la admisibilidad de la demanda -de ahí su importancia- supondría que un tema asociado a la pretensión de condena al pago de daños y/o perjuicios no se haya de debatir. De hecho conforme el ordinal 63 del Código Procesal Contencioso Administrativo en su primer párrafo, no se dará traslado de la demanda en ese tanto, sino y hasta que se haya subsanado cualquier defecto sustancial al respecto. Estimamos necesario destacar respecto de lo dispuesto en el ya mencionado artículo 58, inciso 1), sub inciso e) -no estando exenta de crítica la técnica legislativa usada en su redacción- que cuando dice que este deber de detallar o especificar en qué consisten los daños que se reclaman, cuando se pretendan \"accesoriamente\", como una consecuencia lógica y necesaria, de modo calificado y reforzado ha de darse cumplimiento a ese deber formal con rigor y disciplina procesal, cuando el proceso guarde identidad con uno de los que en doctrina se denominan civiles de hacienda, en el entendido de que, lo que se pretende y constituirá el eje lógico de todo el proceso judicial viene orientado a la determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, en la medida que sólo se pretenda la condena al pago de daños y/o perjuicios. No podría interpretarse de otro modo sistemático, esta exigencia procesal, presupuesto de admisibilidad de la demanda, en los procesos en los que ya no accesoriamente, sino que, como pretensión principal se pretende una condena de la especie (artículos 10 del Código Civil y de la Ley General de Administración Pública). Ahora bien, no puede obviarse lo dispuesto en el artículo 122 del mismo Código Procesal Contencioso Administrativo invocado por la representación de la parte actora en la presente causa, cuyo texto en lo conducente, es el siguiente: \"Artículo 122.- Cuando la sentencia declare procedente la pretensión, total o parcialmente, deberá hacer, según corresponda, entre otros, los siguientes pronunciamientos: (...). m) Condenar al pago de los daños y perjuicios, en los siguientes términos: i) Pronunciamiento sobre su existencia y cuantía, siempre que consten probados en autos al dictarse la sentencia. ii) Pronunciamiento en abstracto, cuando conste su existencia, pero no su cuantía. iii) Pronunciamiento en abstracto, cuando no conste su existencia y cuantía, siempre que sean consecuencia de la conducta administrativa o relación jurídico-administrativa objeto de la demanda\". (El resaltado y subrayado no es del original). En criterio de esta Cámara, el operador jurídico en este como en cualquier otro caso, debe interpretar y aplicar la norma de modo sistemático atendiendo si bien en un primer nivel al sentido propio de las palabras empleadas por el Legislador, en un segundo nivel a otras normas conexas desde una óptica además, finalista. Es en este entendido que constituye un error de interpretación y aplicación de la norma, pretender hacer derivar de lo dispuesto en el artículo 122, inciso m) mencionado, su contenido y alcances, que por virtud de su literalidad, el o los requisitos formales de admisibilidad previstos en los artículos ya indicados 58, inciso 1), sub inciso e) en relación con el 62, ambos del mismo del Código Procesal Contencioso Administrativo, no son de observancia obligatoria, ni presupuesto de admisibilidad de la demanda en su fase inicial de trámite. Una correcta interpretación sistemática y desde una óptica finalista de estas disposiciones de corte adjetivo conducirá a afirmar, partiendo por ejemplo del caso extremo contemplado en el sub inciso iii) del inciso m) del ordinal 122 mencionado, que el Juez deberá hacer pronunciamiento en abstracto de condena al pago de los daños y/o perjuicios que habiendo sido peticionados con indicación de su origen, en qué consisten y cuál es su estimación, si no obstante mediante el esfuerzo procesal respectivo (probatorio) no logró la parte actora demostrar mediante prueba su existencia, pero la producción de una afectación de la especie, es objetiva o notoriamente esperable al menos, como sucedería por ejemplo, con lo que en doctrina se conoce como la pérdida del chance. No existe como derivación de lo dispuesto en el relacionado artículo 122, inciso m) y sus sub incisos, dispensa de cumplimiento de una obligación procesal formal como la prevista en el artículo 58, inciso 1), sub inciso e) relacionado atrás, pues siempre privará con muchísima mayor razón cuando en el marco de un proceso civil de hacienda, lo que se pretende se circunscribe justamente a la condena al pago de daños y/o perjuicios, caso en el cual, la parte actora debe dar cumplimiento al numeral 58 en los términos dichos, so pena de que en caso contrario, no logre que forme parte del debate como en el presente caso, siquiera determinación en valoración de la prueba, de la existencia del daño que se reclama, ya como pretensión principal, ya como extremo accesorio.-\n\n4.- En el plano procesal la parte actora no concretó en su demanda en qué consisten los daños y/o perjuicios cuya condena pretende. Baste con indicar, no obstante el presente asunto arribó en su trámite hasta ser trasladado para el dictado de la sentencia, en el caso concreto y de entrada, por la forma de obrar por quien demanda no fue objeto de debate la determinación de la existencia de daños y/o perjuicios, lo que impide establecer una base de imputación de la responsabilidad de corte patrimonial indemnizatoria que pretende la accionante se declare en abstracto. En esta línea de ideas, si bien la actora logró identificar la conducta o conductas administrativas que supuestamente constituyeron origen de algún efecto dañoso, no concretó en qué habría consistido ninguno de ellos y consecuentemente, tampoco su estimación, eso último que es relevante a propósito de los eventuales efectos económicos del proceso (costas). Consecuentemente tampoco fue admitida prueba alguna al respecto. Como efecto de ello, si bien de lo descrito se infiere la inobservancia de un requisito formal de admisibilidad de la demanda, conforme lo propio se indicó en el considerando VII.1 anterior, por el fondo no demostró la actora la existencia da daño y/o perjuicio alguno que pudiese ser vinculado en relación de causalidad con ninguna de las conductas administrativas, que dicho sea de paso, tampoco se encuentran siendo objeto de impugnación, lo que impide establecer la base de imputación de responsabilidad patrimonial en contra de alguna o ambas partes aquí codemandadas, tornando improcedente lo peticionado al tenor de la pretensión identificad con el N° 3, como en efecto así se declara. Consideramos necesario advertir, que como parte del trámite dado a la presente causa, presentado el escrito de demanda a estrados judiciales, por resolución interlocutoria dictada por la Jueza entonces a cargo de su conocimiento, de las 23:48 hrs. del 14 de junio del 2021, emplazó a la parte actora para que, en relación a los que identificó como daños y/o perjuicios que reclama, subsanase la demanda indicando qué los origina, en qué consisten y su estimación prudencial, bajo pena de declarar en lo conducente, la inadmisibilidad de la demanda (imagen 84 del expediente judicial). Frente al emplazamiento por otro lado, la representación actora presentó a estrados judiciales un escrito el día 28 de junio del 2021, conforme el cual, señaló en lo conducente, lo que sigue: \"... se procede a indicar las razones de hecho y derecho que fungen de base para la solicitud de la condenatorio (sic) en abstracto de los daños y perjuicios a favor de mi representada\" y acto seguido, en efecto, pasó a esgrimir de forma amplia estructuras argumentativas particularmente de corte jurídico en cita de jurisprudencia además, pero aún y haciendo un esfuerzo al respecto a partir de la lectura en detalle del texto de este escrito, se logra visualizar que haya dado cumplimiento a lo ordenado por la Juzgadora de Trámite. Sea que pese lo ordenado, no concretó ni en qué consisten los daños y/o perjuicios que reclama, como tampoco su estimación prudencial. Luego, con evidente falta de rigor en técnica y disciplina jurídica procesal, un Juez tramitador diverso, declaró frente al escrito presentado por la parte actora en los términos de la resolución dictada al ser las 08:13 hrs. del 23 de agosto del 2021 (imagen 90 del expediente judicial, lo que sigue de modo totalmente ajeno a la realidad: \"Visto el escrito presentado por la parte actora en fecha 28 de junio de 2021, se tiene por cumplida la prevención realizada mediante resolución de las veintitrés horas cuarenta y ocho minutos del catorce de junio de dos mil veintiuno\", para acto seguido, dar curso a la demanda. Habiéndose arribado a este punto, lo que se puede decir lo es que no obstante el Juez tramitador concurrió con la voluntad cual liberalidad de la representación de la parte actora de no revelar (concretar) en qué consisten los daños que reclama, siquiera a partir de circunstancias propias de la empresa demandante como su giro económico o cualquiera otra que permita comprender qué uso frustrado o tipo de explotación a partir de las conductas que identificó como origen de efectos dañosos no habría podido desplegar en ejercicio de los atributos del dominio, llegado como lo fue el asunto hasta la fase de dictado de la sentencia, nada permite afirmar que exista un deber procesal impuesto a la Autoridad Judicial de elucubrar o construir parte de la demanda por su cuenta, en lo que debió la parte actora siendo su exclusivo deber, observar cumplimiento de una obligación del mismo tipo que sólo pesa a sus espaldas, 58, inciso 1), sub inciso e) en relación con el 61 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo. En función de todo lo anterior, por improcedente SE DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA EN LO QUE TOCA AL EXTREMO IDENTIFICADO COMO EL N° 3 dirigido a la condena al pago de daños y/o perjuicios.- \n\n5.- A mayor abundamiento de razones. Por otra parte, obviando que como se indicó, la representación de la parte actora por no concretar en qué consisten los daños y/o perjuicios que reclama, haciéndose un esfuerzo al respecto, sólo a mayor abundamiento de razones si la base de imputación de la responsabilidad patrimonial que se reclama lo es a partir de la promulgación por parte del Poder Legislativo y puesta en vigencia de la Ley N° 7524 del 10 de julio de 1995 por medio de la cual, se creó el Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste (artículo 1°) caso en el cual la imputación de este tipo de responsabilidad se habría debido erigir por responsabilidad del Estado Legislador, partiéndose además de que por su medio en relación con el posteriormente emitido, Decreto Ejecutivo N° 34015 del 11 de septiembre del 2007, en lo que por su medio el Poder Ejecutivo declaró de interés público la adquisición, por la vía de expropiación, de la finca del Partido de Guanacaste Matrícula Folio Real 42366-000 (caso en el cual la base de imputación debió serlo a partir del despliegue de una conducta administrativa activa y formal lícita, en el entendido de que no se encuentra siendo objeto de impugnación) resulta desde el punto de vista estrictamente jurídico imposible afirmar que a la empresa se le haya, como lo afirma su representación, expropiado de facto o por las vías de hecho su propiedad inmueble. Primero, ha de tenerse presente que la accionante no ha afirmado haber sido desposeída materialmente del inmueble en cuestión por un lado, mientras que por otro, la Ley referida N° 7524 en su artículo 2, expresamente reza así: \"Expropiaciones. Para cumplir con la presente Ley, la institución competente gestionará las expropiaciones de la totalidad o de una parte de las fincas comprendidas en la zona delimitada en el artículo anterior. Los terrenos privados comprendidos en esa delimitación serán susceptibles de expropiación y se considerarán parte del Parque Nacional Marino las Baulas, hasta tanto no sean adquiridos por el Estado, mediante compra, donaciones o expropiaciones; mientras tanto los propietarios gozarán del ejercicio pleno de los atributos del dominio\". (El resaltado es suplido). Lo establecido por norma de rango, potencia y resistencia de Ley de la República no es poca cosa, habida cuenta que especifica en lo conducente que, hasta tanto no sea adquirido un inmueble por la vía de la expropiación (de entre otros modos de traslado del dominio) su propietario no solo conserva el pleno disfrute de los elementos del dominio verbigracia agregamos, lo dispuesto en el artículo 264 del Código Civil, sino que y además, para todos los efectos el inmueble de que se trate, se encuentre o no en su materialidad emplazada su área de superficie dentro de los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste establecidos por el Poder Legislador, no se considerarán parte de dicho parque. Esta disposición legal guarda identidad con Ley especial que priva en su aplicación respecto de cualquier inmueble emplazado dentro del área de superficie del Parque en cuestión, de la aplicación de cualquier otra norma de corte general, salvo que aplicada sistemáticamente en observancia del derecho internacional o interno general, suponga un régimen de limitación al derecho de propiedad consagrado en el artículo 45 de la Constitución Política, que haya de prevalecer en materia de un régimen de protección al medio ambiente (artículo 50 constitucional) aún y cuando se trate del ejercicio de los atributos del dominio sobre propiedad privada, como ocurriría con cualquier título de propiedad de la especie, en la medida que deba coexistir con ese régimen. Entonces, aún y admitiendo que a la data del dictado de la presente sentencia, si es que alguna conducta administrativa sujeta al régimen de Derecho Público y dentro de éste, el Administrativo impide ilegítimamente a la actora el ejercicio pleno de sus derechos como titular del dominio en inobservancia de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 7524 en los términos dichos, (incluso si su autoría corresponde a una Autoridad Municipal a propósito de la prueba ofrecida por la accionante para mejor resolver) lo cierto del caso es que no es objeto de impugnación en la presente causa. Por otra parte, si de la expropiación del inmueble propiedad de la actora se trata, lo dispuesto por el Poder Legislativo en los términos del ya relacionado Decreto Ejecutivo N° 34015 del 11 de septiembre del 2007, explica porqué en el caso concreto desde el día 11 de octubre del 2007 se anotó sobre el asiento registral correspondiente al inmueble propiedad de la empresa aquí actora identificada como la inscrita en el Registro Nacional con el número de matrícula de Folio Real 42366-000, mandamiento provisional de anotación de declaratoria de interés público, expedido por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía, en Procedimiento Administrativo de Expropiación del Estado contra Adriana de las Colinas Sociedad Anónima, bajo las siguientes citas, tomo 573, asiento 36083. (Hecho no controvertido, en asocio con la imagen 83 del expediente judicial). Lo anterior por cuanto por la vía de ese decreto fue que se dispuso necesariamente o no, que, en relación con el inmueble propiedad de la actora: \"Artículo 2º- Procédase a dar inicio al procedimiento administrativo expropiatorio, para cuyo trámite se autoriza a la Dirección General del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Publíquese en el Diario Oficial la presente declaratoria y notifíquese al propietario. Ordénese mandamiento provisional de anotación ante el Registro Nacional de la Propiedad, de dicho inmueble; para lo cual se autoriza a la Coordinadora de la Asesoría Legal de del Sistema Nacional de Áreas de Conservación a realizar las diligencias ante el Registro Nacional, para que emita y firme el respectivo mandamiento ante dicho Registro\". (El resaltado no es del original). Esta actuación administrativa específica, a saber, la expedición del mandamiento y su anotación registral, guarda plena identidad con lo ya regulado en la Ley N° 7495 del 03 de mayo de 1995, Ley de Expropiaciones en su artículo 20, conforme el que: \"En la resolución declaratoria de interés público del bien, se ordenará expedir, en el registro público correspondiente, un mandamiento provisional de anotación. Practicada la anotación, la transmisión de la propiedad o la constitución de cualquier derecho real sobre el bien, se entenderá efectuada sin perjuicio del ente anotador. La anotación caducará y se cancelará de oficio si, dentro del año siguiente, no se presentare el mandamiento de anotación definitiva, expedido por el Juzgado contencioso-administrativo y civil de hacienda\". (El resaltado y subrayado no es del original). Llámese la atención, primero, que desde el punto de vista jurídico el objetivo y efecto de la anotación de interés se circunscribe a través de su publicidad registral, a que en el caso de que en disposición del atributo del dominio de enajenación por el titular del bien, disponiendo su traspaso o traslado a un tercero que lo acepte claro está, se entenderá efectuada sin perjuicio del ente anotador, de donde se ha de concluir que el efecto jurídico de esta anotación muy al contrario de lo afirmado por la empresa actora, jurídicamente no es posible de asimilarse a que por su medio se haya hecho operar una expropiación de hecho o de facto, ya en lo formal, ya en lo material, so pena de que, de modo calificado y/o reforzado con ello se habría de violar el artículo 2 de la Ley N° 7524 por medio de la que se creó el Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste (vías de hecho); y segundo, por otro lado y de existir alguna afectación dañosa a partir de la anotación registral de esa declaratoria de interés público en expropiar el inmueble propiedad de la empresa, lo cierto es que con absoluta independencia de las razones que hayan mediado para que siquiera a esta data se haya dado inicio a un proceso judicial especial de expropiación y consecuentemente, tampoco se haya emitido el mandamiento de anotación definitiva por la Autoridad Judicial competente, lo cierto del caso lo es siempre a nivel jurídico, que un año posterior a que fue practicada, esto es, desde el día 12 de octubre del 2008 se encuentra caduca y debió desde entonces ordenarse de incluso de oficio su cancelación registral, con lo que se habría de remover lo que la accionante ha identificado como causa en parte, de los efectos dañosos que reclama, pese a lo que, la omisión de un deber jurídico de cancelar en esos términos dichos tal anotación registral, no es base de imputación de responsabilidad patrimonial en esta litis, ni su impugnación, insistimos, de modo que tampoco es esta temática objeto de debate en observancia de los artículos 20 en relación con el 31, ambos de la Ley de Expropiaciones N° 7495, dado que no existe extremo petitorio alguno que forme parte del objeto de este asunto dirigido a que se declare caduca dicha anotación por resultar disconforme con el ordenamiento jurídico su mantenimiento, y que consecuentemente se ordene su cancelación registral. Antes bien, la empresa actora parte en sus argumentaciones de la existencia y efectos de esa actuación registral, sin pretender su supresión, sin que nada de lo que se tenga conocimiento impidiese que procediera de un modo diverso. Insistiremos en que no es objeto de debate en la presente causa conforme la teoría del caso planteada por la representación de la parte actora, la impugnación de alguna conducta formal activa específica desplegada por una Administración Pública, cualquiera que sea, incluido al acto de declaratoria de interés público en expropiar su propiedad y su anotación provisional a nivel registral ordenada por el Poder Ejecutivo, que haya tenido la virtud como efecto, de impedirle ejercer algún atributo del dominio asociado a la posesión, usufructo, su transformación y/o enajenación, defensa y exclusión o restitución del bien en cuestión. Luego y lo que sigue se reitera, si la empresa actora erigió lo que pretende de corte indemnizatorio ajeno al pago del justiprecio por la vía de la expropiación, sobre la base de haber sido expropiada su propiedad de facto, bastaría con afirmarse que como presupuesto tal cosa identificada como vía de hecho no existió, ni porque se le haya despojado de la posesión en el plano material, ni por haberse declarado por el Poder Ejecutivo que el inmueble de interés se encuentra dentro del área de superficie del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste y que por ello habría de ser expropiado, ni por la anotación registral de la declaratoria de interés público caduca desde octubre del 2008 mencionada atrás, todo a nivel formal, por la simple razón de que el plano jurídico la empresa se encuentra desde el año de 1995 entrada en vigencia la Ley N° 7524 que crea el Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, amparada para ejercer plenamente e integralmente entendidos, los atributos que se desprenden de su derecho de propiedad, incólumes a la fecha, en tanto asociados al dominio se encuentran sobre el inmueble en cuestión, sobre el que pesa nuevamente lo indicamos, una anotación registral que no obstante debió cancelarse de oficio desde hace aproximadamente 18 años atrás, no pretende quien demanda sea suprimida habida cuenta que sus efectos jurídicos se mantienen en despliegue continuado desde que se practicó ante el Registro Nacional. La exclusión en este entendido, de que el inmueble del que es titular la actora haya sido expropiado de facto o por la vía de hecho, o haya sido jurídicamente limitado al grado de vaciar el derecho de propiedad como derivación de alguna conducta administrativa desplegada por el Estado o el SINAC, suprimiendo cualquier forma de uso o explotación del inmueble, de entrada supone un obstáculo insuperable para acceder a una condena al pago de daños y/o perjuicios en abstracto, si es que como lo afirmó la actora, algún daño o perjuicio sufrió en nexo causal o con causa eficiente en alguna de esas conductas.-\n\nVIII.- Sobre la procedencia de la demanda en lo que corresponde a las pretensiones identificadas con los números 1 y 2. Pretende la empresa actora cual así quedó lo propio determinado conforme el escrito de demanda y lo dispuesto por el Juez o Jueza de Trámite durante le celebración de la audiencia preliminar, lo que sigue: \"1. Se declare la obligación de las demandadas de indemnizar a la sociedad ADRIANA DE LAS COLINAS SOCIEDAD ANÓNIMA por la expropiación de la finca matrícula número 5-42366-000, ordenada por Ley 7524 y el Decreto Ejecutivo No. 34015-MINAE\". Según lo entiende esta cámara de juzgadores, este extremo de la demanda habría de encontrarse vinculado con la pretensión siguiente, al tenor de la cual se peticionó que: \"2. Se ordene a las demandadas para adecuar sus actuaciones a derecho e inicien con el proceso de expropiación del inmueble matrícula No. 5-42366-000 ordenado por la Ley 7524 y el Decreto Ejecutivo No. 34015-MINAE\". De este modo, con independencia de las estructuras argumentativas formuladas por la representación de la empresa actora comprendidas en su escrito demanda, se deduce de lo así pretendido que estaría peticionando sobre la base de lo dispuesto tanto en la Ley mencionada como en el Decreto Ejecutivo N° 34015, en lo que por su medio se impuso en general o específico a las Administraciones Públicas accionadas, una obligación jurídica de indemnizar mediante la expropiación a la actora, de un inmueble de su propiedad. El análisis sobre la procedencia o no de lo así peticionado, merece un tratamiento autónomo respecto de la pretensión identificada con el N° 3, declarada sin lugar en los términos de lo analizado líneas atrás por este Tribunal. Lo que se pretende -reiteramos- se encuentra orientado en lo medular a que se ordene a las entidades demandadas, entiéndase, al SINAC y al Estado, a iniciar con el proceso de expropiación -habremos de entender- en sede judicial habida cuenta de que, en sede administrativa el procedimiento culminó una vez formulada oposición al avalúo administrativo por parte de la empresa aquí actora, y consecuentemente se giró orden por parte del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones en fecha 04 de junio del 2009, para que se continúe con el procedimiento una vez suscrito el acuerdo expropiatorio a través de su remisión a la Procuraduría General de la República para lo que corresponda en sede judicial, esta última decisión, con la que, conforme la que según así lo afirmó la representación del SINAC al dar contestación a la demanda, se habría producido el agotamiento de la vía administrativa en lo conducente. Dicho esto, también lo que sigue expresado a manera de síntesis, la parte actora reprochó en fundamentación de este extremo -según lo logramos extraer de la demanda- que sobre la base de la normativa comprendida en la Ley 7524 desde el año de 1994, que agregamos, se denominó \"Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste\", en asocio con el acto administrativo dictado y publicado en los términos del Decreto Ejecutivo N° 34015 del año 2007, por medio del cual se declaró de interés público la adquisición por la vía de expropiación de la finca del Partido de Guanacaste Matrícula Folio Real 42366-000 de la que su dominio, es titular registral la aquí demandante, y se ordenó iniciar la tramitación de lo correspondiente en esa dirección, existe una omisión de cumplimiento con lo ordenado por el Poder Ejecutivo según el Decreto Ejecutivo mencionado, por virtud de que a esta data o al menos para la data de la interposición de la demanda, no se ha producido gestión alguna -judicial agregamos- dirigida a propiciar el inicio del proceso especial de expropiación de ese bien. Esto lo ha relacionado la parte demandante con lo dispuesto en el artículo 45 constitucional que estima, se encuentra siendo inobservado. Así, se afirma que en el año 2007 el inmueble fue incluido dentro de las coordenadas del Parque Nacional Marino las Baulas de Guanacaste y que existe una obligación jurídica de que sea expropiado, no obstante lo cual, eso no ha ocurrido, manteniéndose desde entonces pese a ello desde el mismo año 2007, una anotación sobre el asiento registral de la finca, de la que se identificó como declaratoria de interés público en expropiar ese terreno. Debiendo insistirse en que hemos hecho un esfuerzo al respecto, ello se explica porque en lo medular las estructuras argumentativas esbozadas por la parte actora se dirigen a la condena al pago de daños y/o perjuicios conforme el extremo de la demanda identificado con el N° 3 -claro está, diversos la indemnización que se habría de procurar por la vía del proceso especial de expropiación en sede judicial-. Continuando, destacamos que en torno a las pretensiones número 1 y 2 que ocupan nuestra atención, al menos ha censurado la representación de la parte actora que no obstante la situación en que se encuentra la empresa -incluyendo el mandamiento provisional de anotación de declaratoria de interés público que califica como una limitación al derecho de propiedad que pesa sobre el asiento registral del inmueble del que es titular de su dominio: \"... el Estado en vez de agilizar sus actuaciones a efectos de concretar la debida indemnización, ha incurrido en reiteradas dilaciones innecesarias y negligentes, todo en detrimento de los derechos de Adriana de las Colinas, S.A.. Prueba de esto es que en el expediente administrativo no constan que se haya iniciado con el proceso de expropiación según fue requerido desde el 04 de junio de 2009. El Estado expropió de facto la propiedad de mi representada, y mientras no concrete la debida indemnización por medio del procedimiento de expropiación previsto en la normativa, y se pague el precio justo de su valor, se evidencia que nos encontramos ante un actuar ilegal continuado y omisivo traducible en la grosera limitación al derecho de propiedad privada de mi representada. (...). En virtud de lo anterior, resulta evidente que en el presente caso nos encontramos frente a los supuestos establecidos tanto constitucional como legalmente para que el Estado sea obligado a indemnizar a mi representada por el perjuicio causado en relación con la expropiación de la finca que se encuentra afectada por el Decreto Ejecutivo No. 34015-MINAE, así como el claro daño sufrido por el no pago del precio justo. Lo anterior en tanto al declararse el bien como parte del Parque Nacional Marino las Baulas, se imposibilita cualquier uso del inmueble, lo que evidentemente afecta el derecho de propiedad al producirse un daño especial, anormal y económicamente evaluable. (...)\". Luego y aunque lo que sigue lo fue, atendiendo la prevención efectuada por el Juez o Jueza de trámite entonces a cargo del conocimiento del asunto para que precisase en cuanto a los daños y/o perjuicios que se reclaman, en qué consisten y su estimación prudencial conforme resolución interlocutoria dictada al ser las 23:48 hrs. del 14 de junio del 2021 (imagen 84 del expediente judicial) también agregó la representación de la empresa actora que: \"En el presente proceso estamos ante tal situación, producto de la inactividad e interés de la Administración en concretar la expropiación, ha limitado sin justa razón el derecho de propiedad de mi representada\". Habiéndose arribado a este punto, aunque la parte actora no parece desligar argumentativamente de sus pretensiones de condena al pago de daños y/o perjuicios, la de hacer en los términos de los extremos de la demanda que identificó con los números 1 y 2, frene a lo así expresado y en el tanto que lo fue, ambas partes demandadas sí han desplegado en oposición a la demanda argumentos y han señalado prueba en orientada a acreditar que el proceso de expropiación no puede iniciarse o no se ha iniciado más allá de lo actuado en sede administrativa, con causa particularmente, en el contenido y alcances de un informe de la Contraloría General de la República identificado con el    N° DFOE-PGAA-IF-3-2010, que la representación del Estado correlacionó con un Voto de la Sala Constitucional, identificado con el N° 2013-008260 dictado al ser las 09:10 hrs. del 21 de junio de 2013, de donde consideramos que entrar a determinar como procederemos a hacerlo, lo propio sobre la procedencia o no de este extremo de la demanda, no habrá de generar estado de indefensión alguno en las partes accionadas con ocasión de que sí han ejercido su defensa en relación a las pretensiones 1 y 2. Dicho todo lo anterior, por resultar necesario iniciamos indicando que no obstante el establecimiento de los límites del    Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste data de un Decreto Ejecutivo anterior, lo que es relevante lo es que posteriormente, mediante norma de rango, potencia y resistencia superior, fue el Poder Legislativo el que los definió en los términos de la Ley N° 7524 del 10 de julio de 1995, por medio de la cual se creó dicho parte, según su artículo primero. Luego, esta Ley que para dar cumplimiento a la finalidad que se persigue con su promulgación y puesta en vigencia, delimitada el área de superficie del Parque (artículo 2) \"... la institución competente gestionará las expropiaciones de la totalidad o de una parte de las fincas comprendidas en la zona delimitada en el artículo anterior. Los terrenos privados comprendidos en esa delimitación serán susceptibles de expropiación y se considerarán parte del Parque Nacional Marino las Baulas, hasta tanto no sean adquiridos por el Estado, mediante compra, donaciones o expropiaciones; mientras tanto los propietarios gozarán del ejercicio pleno de los atributos del dominio\". (El resaltado no es del original). Desde entonces conforme el principio de legalidad (artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública) la institución que finamente resultare ser la competente para expropiar en satisfacción de una finalidad claramente de protección ambiental en sentido amplio entendida, tenía y tiene la obligación jurídica de ejercitar cual potestad de imperio, el procedimiento y/o proceso judicial necesario para procurar por su medio la adquisición de la titularidad de todo inmueble que siendo de propiedad privada, hubiere resultado encontrarse emplazado dentro del área del Parque. En este sentido, el verbo utilizado \"gestionará\", es imperativo y por tanto, no se encuentra sujeto a discrecionalidad alguna el cumplimiento del deber de expropiar. Pues bien y siendo que desde el año de 1995 por Ley se establecieron los límites del Parque, fue aproximadamente algo más de once años después, que por Decreto Ejecutivo N° 34015 del 11 de septiembre del 2007, se procedió por parte del Poder Ejecutivo, no sólo a precisar que la Institución competente para expropiar y en ese entendido, tramitar en sede administrativa al respectivo procedimiento e incluso promover en lo que corresponda, el proceso especial de expropiación conforme la Ley de Expropiaciones señalando que lo es la Dirección General del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), sino que y además, declaró de interés público la adquisición por la vía de expropiación, de la finca del Partido de Guanacaste Matrícula Folio Real 42366-000 cuya titularidad corresponde a la empresa aquí actora, así en lo conducente: \"Artículo 1.- De conformidad con los considerandos anteriores, por ubicarse dentro de las coordenadas del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, se declara de interés público la adquisición, por la vía de la expropiación, de la finca del partido de Guanacaste matrícula Folio Real 42366-000, propiedad de Adriana de las Colinas S. A., cédula jurídica Nº 3-101- 143574, lote a expropiar que se describe según Registro Público de la siguiente forma: (...). Plano catastrado Nº G-145542-1993. (El resaltado y subrayado es suplido). Por la vía de Decreto Ejecutivo entonces, fue dictado el acto administrativo de declaratoria a que refiere el numeral 18 de la Ley de Expropiaciones, sin perjuicio de su notificación a la empresa actora a los efectos del trámite administrativo correspondiente. Continuando, en refuerzo de lo dispuesto en la Ley N° 7524 o la orden de expropiar emitida por el Poder Legislador, el artículo 2 de este instrumento dispuso el Poder Ejecutivo lo siguiente: \"Procédase a dar inicio al procedimiento administrativo expropiatorio, para cuyo trámite se autoriza a la Dirección General del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Publíquese en el Diario Oficial la presente declaratoria y notifíquese al propietario. Ordénese mandamiento provisional de anotación ante el Registro Nacional de la Propiedad, de dicho inmueble; para lo cual se autoriza a la Coordinadora de la Asesoría Legal de del Sistema Nacional de Áreas de Conservación a realizar las diligencias ante el Registro Nacional, para que emita y firme el respectivo mandamiento ante dicho Registro\". (El resaltado no es del original). Esta disposición se complementó con el artículo 3 siguiente, según el cual con el mismo carácter imperativo se dispuso: \"Proceda el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energías, representada por su Dirección General a continuar con el procedimiento establecido para tal efecto, para la adquisición de dicho lote, con especial observancia de los plazos fijados y en estricto apego a lo establecido en la Ley de Expropiaciones y sus reformas\". (El resaltado no es del original). Con esto quedó claro, que institución es la competente para expropiar, que expropiar estos terrenos constituye una atribución de imperio que debe desplegarse obligatoriamente, así como que y para terminar, la obligación impuesta al SINAC necesariamente debe tener como resultado la adquisición de los inmuebles sin perderse de vista lo dispuesto en la tantas veces mencionada Ley 7524, so pena de que en caso contrario no se alcance la finalidad de esta Ley, en asocio con otra cantidad de fuentes normativas relacionadas en los considerandos del mismo Decreto Ejecutivo N° 34015, como lo son el Convenio de Diversidad Biológica en 1994, que establece la compromiso del Estado de establecer un sistema de áreas protegidas y tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica; la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, que señala como compromiso del Estado el de establecer restricciones a las actividades humanas que puedan afectar a las tortugas marinas, su hábitat y lugares de desove; la \"Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres\", que refiere en lo específico a la protección de la tortuga Baula como especie migratoria en peligro de extinción, en asocio con la Ley Orgánica del Ambiente, artículo 37 conforme el que se establece como obligación del Estado de pagar las tierras que se incluyan dentro de los límites de los Parques Nacionales y el artículo 50 de nuestra Constitución Política, en el contexto según siguen rezando los considerandos de este Decreto Ejecutivo, de que: \"La principal amenaza de la tortuga Baula la constituye tanto la pesca comercial como el desarrollo de actividades humanas en tierra no compatibles con su conservación. El desarrollo de infraestructura, la presencia constante y sin restricciones de personas, así como sus mascotas, se constituye en una amenaza a la especie, sus nidos, y entorno\", tanto como que: \"El Parque Marino Las Baulas de Guanacaste, se constituye en uno de los cuatro lugares más importantes de anidación de esta especie en el Océano Pacífico, no obstante en los últimos años se ha producido una disminución considerable en el arribo de tortugas a desovar. Lo anterior obliga a la adopción de medidas inmediatas, entre ellas el asegurar que los terrenos donde se ubica el Parque pasen a formar parte del dominio público, deteniendo con ello el avance de la frontera urbana\". (El resaltado es suplido). Por otra parte, es claro que el SINAC conforme la Ley de Expropiaciones, en el momento oportuno no solo se encuentra habilitado sino obligado a promover si ello se impone, el proceso judicial de expropiación en observancia de toda esta normativa. Pues bien, hemos decidido incluir entre los hechos probados lo relacionado a nivel normativo con la creación de este Parque y la declaratoria de interés público para mayor claridad en la exposición, correspondiendo ahora pasar al resto de los hechos, pasando ahora al análisis de si esta obligación jurídica se cumplió, en particular a partir de la prueba que obra en el expediente administrativo incorporado al expediente judicial, que es lo que explica que para la cita de la ubicación de la prueba en cada caso, hayamos utilizado para mayor facilidad la numeración de las imágenes correspondiente del expediente judicial. Así, se tiene que en ejecución de lo dispuesto en el relacionado Decreto Ejecutivo N° 34015 artículo 2, el día 11 de octubre del 2007 se anotó sobre el asiento registral correspondiente al inmueble propiedad de la empresa aquí actora identificada como la inscrita en el Registro Nacional con el número de matrícula de Folio Real 42366-000, mandamiento provisional de anotación de declaratoria de interés público, expedido por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía, en Procedimiento Administrativo de Expropiación del Estado contra Adriana de las Colinas Sociedad Anónima, bajo las siguientes citas, tomo 573, asiento 36083. (Hecho no controvertido, en asocio con la imagen 83 del expediente judicial en que obra certificación literal de propiedad emitida por el Registro Nacional). Algo más de tres meses después, en los términos del oficio identificado con el N° SINAC-DG-103-2008, del 18 de enero del 2008, la Dirección General del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía solicitó a la Administración Tributaria de Puntarenas, emitir avalúo administrativo de entre otros inmuebles, sobre el que es propiedad de la empresa actora identificado como el como la inscrita en el Registro Nacional con el número de matrícula de Folio Real 42366-000, indicándose en lo conducente, lo que sigue: \"... con el propósito de continuar con los procesos de expropiación de terrenos que se localizan dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste ...\" señalándose en este oficio a esos efectos y en lo que interesa, que se adjuntaba la correspondiente certificación de propiedad, copia del plano catastrado correspondiente. (Las imágenes que van de la 241 a la 244 del expediente judicial). Esta actuación procedimental está contemplada en el artículo 21 de la Ley de Expropiaciones. En respuesta a esta solicitud, fue hasta el día 23 de septiembre del 2008, que la Administración Tributaria de Puntarenas de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda emitió el avalúo administrativo identificado con el N° AA-98-2008 sobre el inmueble de interés (las imágenes que van de la 233 a la 240 del expediente judicial) mismo que notificado a la empresa aquí actora, por escrito de ésta de fecha 06 de enero del 2009 en se pronunció en oposición, disconformidad y rechazo del mismo. (Las imágenes que van de la 220 a la 231 del expediente judicial). Habiendo ocurrido esto y frente a la oposición mencionada, el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones en los términos de la resolución identificada con el N° R-MINAET-SINAC-017-2009 dictada al ser las 08:20 hrs. del 04 de junio del 2009, dispuso lo siguiente: \"Se tiene por presentada la oposición al avalúo administrativo AA-98-2008, por lo que se ordena continuar con el procedimiento. Una vez suscrito el acuerdo expropiatorio remítase el expediente a la Procuraduría General de la República, representante legal del Estado, para que inicie el procedimiento especial ante el Juzgado Contencioso que corresponda\" con lo que se produjo el agotamiento de la vía administrativa en lo conducente. (El resaltado no es del original. Observar las manifestaciones de la representación del SINAC al dar contestación a la demanda, en asocio con las imágenes que van de la 208 a la 212 del expediente judicial). Habiéndose arribado a este punto, lo que restaba por diligenciar lo era al proceso judicial especial de expropiación al tenor de la normativa comprendida a partir del numeral 28 de la Ley de Expropiaciones, lo que claro está, supone que se emita el acuerdo de expropiación a que refiere lo resuelto y ordenado por el señor Ministro del ramo, a propósito, al tenor de una resolución que es acto administrativo válido y eficaz. Ahora, siendo ese el estado de las cosas para la data del 04 de junio del 9009, en los términos del informe identificado con el N° DFOE-PGAA-IF-3-2010 emitido el día 26 de febrero del 2010 por el Área de Servicios Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, se dispuso como orden de acatamiento obligatorio a ser ejecutada en cumplimiento de la misma dentro del plazo o en el término conferido para ello en cada caso, todo en relación al    Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste y en lo conducente, lo que sigue: \"4.1. DISPOSICIONES AL MINISTRO DEL AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES. a) A fin de solucionar las debilidades comentadas en el punto 2.1 de este informe, realizar o coordinar con las instancias competentes según corresponda, entre otras, con el Instituto Geográfico Nacional (IGN), las siguientes actividades: i. El amojonamiento, o la revisión de la línea de mojones actual, que demarque correctamente la zona de 50 metros medidos desde la pleamar ordinaria, en todo el sector costero que conforma el PNMB. ii. La definición, mediante el instrumento jurídico correspondiente, de la correcta extensión y ubicación geográfica de aquellas zonas del PNMB que no están claramente delimitadas en la Ley No. 7524 del 10 de julio de 1995, entre ellas: el cerro detrás de Playa Ventanas, el cerro El Morro, el sector conocido como Isla Verde y los esteros Ventanas, Tamarindo y San Francisco, junto con sus manglares asociados. iii. El levantamiento de un mapa oficial del PNMB, que muestre en forma precisa la extensión y límites reales de dicho Parque Nacional. Dicha labor deberá estar finalizada a más tardar el 28 de febrero de 2011, debiendo remitir a este órgano contralor la prueba documental que así lo acredite, así como informes sobre el avance en el cumplimiento de las citadas actividades, a más tardar el 30 de junio y 29 de octubre de 2010. b) Llevar a cabo la valoración respectiva de los casos de las fincas madre que fueron tituladas por el entonces Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), identificadas en este informe con los números 2 y 3 (según la imagen mostrada en el punto 2.2.1-a), con el fin de decidir la procedencia o no de interponer las demandas que en derecho correspondan, para anular las conductas administrativas ilegales que se lleguen a determinar en dicha valoración y la eventual recuperación de los terrenos propiedad del Estado que hoy conforman parte del PNMB. Remitir a esta Contraloría General, a más tardar el 30 de abril de 2010, la documentación que acredite y fundamente la decisión de interponer o no las demandas antes citadas. En el caso de ser afirmativa la decisión, se deberá tramitar lo correspondiente ante la Procuraduría General de la República a más tardar el 31 de agosto de 2010, remitiendo a este órgano contralor la documentación que acredite dicha gestión. Asimismo, dentro del citado plazo, se deberán valorar y gestionar las medidas cautelares que se consideren pertinentes, entre otras, las relativas a los procesos de expropiación que actualmente se encuentran en sede judicial, en relación con los terrenos que se ubiquen geográficamente sobre el área de las referidas fincas madre, así como las notas de advertencia en los asientos registrales de las fincas inscritas en aparente ilegalidad. A su vez, se deberá valorar la suspensión de todos los procesos de expropiación que actualmente se encuentran en fase administrativa, y el abstenerse de nuevos procesos, en relación con los terrenos del PNMB, en las fincas madre Nos. 1, 2, 3, y 5 (según la imagen mostrada en el punto 2.2.1-a de este informe); lo anterior, de conformidad con la situación legal de los títulos de propiedad que ostentan esos terrenos, según se comenta en el punto 2.2.1 de este informe. Remitir a este órgano contralor copia de los documentos en que conste dicha valoración, a más tardar el 21 de mayo de 2010. Asimismo, ante una eventual recuperación de dichos terrenos, y dado que los mismos abarcan los 150 metros de la zona marítimo restringida, deberá analizarse la procedencia de la ampliación de los límites del PNMB en dichos sectores, a 200 metros a partir de la pleamar ordinaria, en garantía del cumplimiento de los objetivos de conservación y protección al ambiente, que se pretenden en esa área silvestre protegida. c) En relación con la finca madre número 6 (según la imagen mostrada en el punto 2.2.1-a de este informe), tramitar una consulta ante la Procuraduría General de la República, solicitando su criterio respecto de si una finca cubierta con bosque ubicada en la zona marítimo terrestre, era susceptible de ser titulada en el año 1971, mediante una acción de información posesoria en sede judicial, de acuerdo con la legislación vigente en esa época. Con base en el criterio vertido por la Procuraduría General de la República, decidir la procedencia o no de interponer las demandas que en derecho correspondan, para anular la resolución judicial y recuperar los terrenos propiedad del Estado parte del PNMB. (Ver punto 2.2.1-b de este informe). Dicha consulta deberá ser tramitada ante la Procuraduría General de la República, a más tardar el 30 de abril de 2010; cuya copia se deberá remitir a esta Contraloría General en esa misma fecha. En el caso de proceder la interposición de la demanda indicada en el párrafo anterior, se deberá tramitar lo correspondiente ante la Procuraduría General de la República a más tardar dos meses después de recibir la respuesta por parte de ese órgano consultivo, remitiendo a este órgano contralor la documentación que acredite dicha gestión. d) Valorar, a la luz de las deficiencias técnicas detectadas en los avalúos administrativos realizados por la Administración Tributaria de Puntarenas a terrenos del PNMB, relacionadas principalmente con variaciones significativas de los valores asignados a los terrenos, y elementos importantes no considerados por los avalúos (variables de hidrografía y uso del suelo, así como el hecho de que no existe una zona pública en los 50 metros a partir de la pleamar ordinaria), las cuales generan dudas razonables sobre el valor real de las propiedades, el solicitar a la Dirección General de Tributación Directa nuevos avalúos administrativos para los terrenos actualmente en expropiación en el citado Parque. Además, para los casos que se encuentran en sede judicial, se deberá valorar también, el solicitar a los colegios profesionales respectivos, bajo los procedimientos pertinentes y al amparo de lo que establece el artículo 37 de la Ley Expropiaciones No. 7495, la revisión de los avalúos judiciales practicados, a fin de verificar la razonabilidad de sus montos. Documentos probatorios sobre dichas valoraciones y sobre las acciones a realizar, deberán ser remitidos a este órgano contralor a más tardar el 31 de agosto de 2010. (Ver puntos 2.2.5 y 2.3 de este informe). e) Efectuar las acciones que sean necesarias, tanto administrativas como judiciales, a fin de tomar posesión de los terrenos ubicados dentro de los límites del PNMB que están, o estuvieron en algún momento, bajo la administración de la Municipalidad de Santa Cruz, entre otros, los siguientes: i. Las áreas comunes (terrenos destinados a calles, aceras, caños, parques, alamedas, etc.) de las urbanizaciones Playa Grande States y Palm Beach, que fueron traspasados a la citada municipalidad y que están dentro del PNMB. ii. El terreno que actualmente ocupa un particular, quien fue objeto en el pasado de una concesión municipal, actualmente vencida. iii. Los terrenos que se ubican geográficamente entre la playa y el área de la finca madre No. 4 (finca del partido de Guanacaste No. 31099, plano catastrado No. G-7777-70), supuestamente donados al hoy MINAET por Palm Beach S. A. Un plan de trabajo donde se detallen las acciones, plazos y responsables para llevar a cabo esta disposición, deberá ser remitido a este órgano contralor a más tardar el 30 de junio de 2010. (Ver puntos 2.4 y 2.5 de este informe). f) Llevar a cabo las acciones que en derecho correspondan con el fin de dejar sin efecto el convenio firmado por el entonces Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (MIRENEM) y la empresa Palm Beach S.A., de conformidad con lo que se expone en el punto 2.5. de este informe. Copia del documento que se emita para estos efectos, deberá ser enviada a esta Contraloría General a más tardar el 30 de junio de 2010. g) Publicar mediante decreto ejecutivo, antes del 30 de abril de 2010, el Reglamento de Uso Público del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, que se encuentra en este momento ya elaborado y aprobado por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del MINAET. (Ver punto 2.6, inciso a) de este informe). 4.2 DISPOSICIONES A LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL SINAC. a) Elaborar y someter a la aprobación de las autoridades correspondientes de ese Ministerio, un manual de procedimientos para la expropiación de terrenos en las áreas silvestres protegidas, que contemple entre otros, de acuerdo con la legislación vigente en este campo y las observaciones efectuadas en este informe, las acciones a realizar antes y durante el desarrollo de ese proceso, los instrumentos y mecanismos necesarios para este fin, así como los roles y niveles de coordinación que deben asumir las diferentes instancias administrativas involucradas en el citado proceso. (Ver punto 2.2.2 del informe). Incorporar además, como parte de este manual los procedimientos a seguir cuando se detecten diferencias o cambios significativos entre los montos de diferentes avalúos administrativos, o entre éstos y los montos de los avalúos judiciales, y que el SINAC considere que deben ser objetados ante las sedes respectivas, o que ameriten una revisión de los mismos a lo interno del MINAET o una opinión de un órgano externo, para garantizar la objetividad y exactitud de las valoraciones realizadas. (Ver punto 2.2.5 de este informe). Asimismo, este manual deberá considerar todos los aspectos relativos al control de los expedientes de expropiación, según la legislación vigente, a efectos de que no se presenten las deficiencias detectadas en los expedientes de expropiación del PNMB, según se comentó en el punto 2.2.6 de este informe, relativas a la identificación y registro de los expedientes, el foliado de los documentos que contienen, y la ausencia de documentación clave sobre el proceso expropiatorio; debilidades que deberán ser corregidas a más tardar el 30 de julio de 2010. Además, antes del 31 de agosto de 2010 deberá remitir a esta Contraloría General copia del citado manual debidamente aprobado y publicado en el Diario Oficial La Gaceta. b) Elaborar y someter a la aprobación de las autoridades correspondientes de ese Ministerio, una estrategia para la expropiación de los terrenos que conforman el PNMB, en la que se contemplen tanto las variables de tipo técnico-científico, tal como lo relacionado con las áreas de anidación, como aquellas de índole financiero y jurídico, en especial la situación legal de los títulos de propiedad de los terrenos, según se ha comentado en el presente informe. Dicha estrategia deberá estar aprobada y remitida a esta Contraloría General, a más tardar el 30 de julio de 2010. (Ver puntos 2.2.3 y 2.2.1 de este informe). c) En el caso de terrenos que actualmente se encuentran en trámite de expropiación, ubicados sobre el área de la finca madre número 4 (según la imagen mostrada en el punto 2.2.1-a de este informe), llevar a cabo una revisión de los planos catastrados a efecto de verificar la correcta medición de los predios y los posibles traslapes que se puedan estar dando entre ellos, tomando como base la revisión que se haga de la línea de mojones y el levantamiento del mapa oficial del PNMB, según lo dispuesto en el punto 4.1-a de este informe. Asimismo, en el caso comentado en este informe, en donde se iniciaron dos procesos expropiatorios distintos sobre un mismo terreno, basándose en dos planos catastrados diferentes, proceder a archivar de inmediato el caso correspondiente al plano No. G-1058630 de fecha 13 de marzo de 2006, con el avalúo administrativo No. AA-72-2008, actualmente en la fase administrativa del proceso. Remitir a este órgano contralor a más tardar el 30 de julio de 2010, un plan de trabajo con las acciones a ejecutar para la revisión de los planos catastrados, así como una copia de la orden girada para el archivo del caso del plano G-1058630 antes comentado. (Ver punto 2.2.4 de este informe). Siguientes actividades en el PNMB: i. La definición y control de los accesos oficiales al Parque, así como el cierre de los que no lo sean. ii. La definición de la visitación tanto diurna como nocturna del Parque durante todas las épocas del año. iii. El control del acceso y el cobro de la entrada al Parque. iv. Las actividades de vigilancia marítima y de regulación de la pesca. v. El control de animales domésticos e introducción de plantas exóticas. vi. La reparación y ampliación de la infraestructura necesaria para las labores de control y vigilancia. vii. El control de escorrentías que ponen en riesgo las zonas de anidación. viii. La rotulación necesaria sobre las restricciones de acceso y uso del Parque. ix. El monitoreo y control constantes de las áreas de bosques del Parque que no han sido expropiadas, realizando las acciones administrativas y penales correspondientes cuando se determinen afectaciones negativas a estos ecosistemas. Para lo anterior, se deberá elaborar un plan de trabajo que incluya las actividades a desarrollar, los plazos y los responsables, así como un detalle de los recursos financieros, materiales y humanos que sean necesarios para desarrollar eficientemente dichas actividades. El citado plan de trabajo junto con el detalle de necesidades de recursos, deberá ser remitido tanto al Despacho del Ministro del Ambiente como a esta Contraloría General, a más tardar el 30 de julio de 2010. Asimismo, Dirección Ejecutiva deberá gestionar lo pertinente, a fin de destinar los recursos necesarios y suficientes al Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, con el propósito de dar cumplimiento a la presente disposición. En ese sentido, deberá remitir a este órgano contralor, a más tardar el 30 de setiembre de 2010, copia de los documentos probatorios correspondientes a la gestión de recursos antes dispuesta. (Ver punto 2.6 de este informe)\". (El resaltado es suplido. Ver las imágenes que van de la 270 a la 322 del expediente judicial). Se destaca de este informe, primero, que cualquiera de las tareas ordenadas tanto a la cartera Ministerial de interés como al SINAC, tenían fecha de entrega o informe de su ejecución al órgano contralor, que se preció en lo más extenso, para el año 2011, mientras que segundo, conforme la prueba comprendida en el expediente administrativo, particularmente la ubicada entre la imagen 144 a 195 del expediente judicial, se desprende cual lo hemos identificado en la presente sentencia como hecho no demostrado, que incluso al día de hoy el Estado a través del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones o el SINAC, hayan elaborado un mapa catastral que defina el área de superficie del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste; que haya determinado que el inmueble inscrito en el Registro Nacional con el número de matrícula de Folio Real 42366-000 se encuentre en todo o en parte fuera del área dicha área de superficie; o en su caso, que hayan elaborado estudios de corte legal que determinasen la existencia de alguna circunstancia técnica o jurídica asociada al la posible invalidez del título de propiedad que ostenta la empresa actora sobre el inmueble en cuestión, así como cualquiera otra situación que justifique adecuadamente la no ejecución de lo ordenado en los términos del Decreto Ejecutivo emitido por el mismo Poder Ejecutivo con el N° 34015 del 11 de septiembre del 2007 publicado en el Diario Oficial \"La Gaceta\" N° 194 del 09 de octubre del 2007. (La ausencia de elementos de convicción al respecto, en asocio con las imágenes que van de la 144 a la 195, todas del expediente judicial). Esto quiere decir, que desde la fecha en que la Contraloría generó las ordenes mencionadas desde el 26 de febrero del 2010 a la fecha, HAN TRANSCURRIDO MÁS DE 16 AÑOS SIN QUE SE HAYA DADO SU CUMPLIMIENTO. Por otro lado, desde al 09 de octubre del 2007 que corresponde a la fecha de publicación en el Diario Oficial \"La Gaceta\" N° 194 del Decreto Ejecutivo N° 34015 HAN TRANSCURRIDO MÁS DE 18 AÑOS, sin que el SINAC haya logrado dar cumplimiento a lo ordenado por el Poder Ejecutivo en los términos de lo dispuesto en el artículo 3 luego de ser anotado el mandamiento provisional de declaratoria de interés público, norma que reza así: \"Artículo 3º- Proceda el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energías, representada por su Dirección General a continuar con el procedimiento establecido para tal efecto, para la adquisición de dicho lote, con especial observancia de los plazos fijados y en estricto apego a lo establecido en la Ley de Expropiaciones y sus reformas\". (El resaltado no es del original). Se debe agregar, que también se encuentra mediando incumplimiento a lo ordenado en el marco del procedimiento administrativo por el señor Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones en los términos de la resolución identificada con el N° R-MINAET-SINAC-017-2009 dictada al ser las 08:20 hrs. del 04 de junio del 2009, en lo que impuso que se debía de continuar con el procedimiento, procederse con la suscripción del acuerdo expropiatorio y remítase el expediente a la Procuraduría General de la República para que inicie el procedimiento especial ante el Juzgado Contencioso Administrativo. También debemos destacar, que tanto el Decreto Ejecutivo N° 34015 como la orden emitida por el señor Ministro en los términos dichos, corresponden a actuaciones administrativas de corte formal que a la fecha, conservan plena validez y eficacia. Frente a esta inejecución de dos órdenes en lo medular, que sí guarda identidad con una verdadera omisión cual manifestación de la conducta administrativa, al dar contestación a la demanda, tanto por parte de la representación del Estado como por parte de la del SINAC, lo que se ha argumentado lejos de ir en dirección a demostrar el cumplimiento de lo ordenado conforme estas conductas formales y/o, incluso lo ordenado por el Poder Legislador conforme la Ley N° 4524 desde el año de 1995, se han esforzado en justificar la razón por la que no se ha continuado con lo necesario para materializar la adquisición de entre otros terrenos, el inmueble propiedad de la empresa aquí actora. Para ello, ambas partes demandadas se basaron en el informe ya relacionado de la Contraloría General de la República, pero además, en un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que se identificó con el N° 2013-008260 de las 09:10 hrs. del 21 de junio de 2013, ALGO MENOS DE 13 AÑOS ATRÁS. Debido a la importancia a los efectos del dictado de la presente sentencia en el tanto que nos encontramos analizando, hemos de indicar en torno al contenido y alcances de esta fallo del Alto Tribunal de Control de Constitucionalidad, que el mismo se dictó en aquella data atendiendo un recurso de amparo interpuesto por el representante de una persona jurídica diversa a la aquí actora, justo a partir de alegar la omisión de expropiación de un terreno en las mismas circunstancias como las que presenta el que es objeto de nuestro interés. En sus resultandos, la Sala Constitucional aclara que el mismo recurso ya había sido resuelto con anterioridad, conforme el Voto N° 2013-004815 de las 09:05 hrs. del 12 de abril de 2013, por medio del que se había girado orden a la Dirección Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para que realizara los trámites sean necesarios para concluir el proceso de expropiación, fallo que como se verá, la misma Sala Constitucional, anuló en esta oportunidad con causa en que previo a su dictado no había sido considerada como prueba para mejor resolver. Esta prueba se habría encontrado constituida por un informe de la Contraloría General de la República según lo logramos extraer. Dicho esto, en este Voto se indica identificó como hecho probado en lo relevante, que \"la    Contraloría    General    de    la    República    en    informe no. DFOE-PGAA-IF-2010 (sic) sobre el Parque Nacional Marino Las Baulas, indica que el inmueble número 42793-000 a nombre de la empresa Arezukay S.A. se encuentra ubicado    en la finca madre número 2, la cual se ha detectado por parte del ente contralor que tiene problemas en cuanto a la titulación\". Luego, se desarrollaron aspecto relacionados con el contenido y alcances del artículo 45 de la Constitución Política, para acto seguido, expresar lo que sigue, en lo conducente: \"Ahora bien, resta determinar si en este caso, basta con hacer un examen del tiempo transcurrido sin concretarse la expropiación. Se encuentra plena e idóneamente demostrado que mediante el decreto ejecutivo no.34001-MINAE, publicado en La Gaceta no.194 del 07 de octubre del 2007, el Estado declaró de interés público expropiar la propiedad de la empresa amparada, para ser parte del Parque Nacional Marino Las Baulas, en Playa Grande de Guanacaste; y que luego, el 11 de octubre del 2007 el    Registro    Nacional    anotó    al    margen    de    la    propiedad    anterior mandamiento    de    anotación    de    expropiación.    Siendo que,    a    la    fecha    de interposición de este recurso, habiendo transcurrido ya casi SEIS AÑOS, todavía el proceso expropiatorio no había concluido. Sin embargo, con vista en la situación particular que se plantea en este caso, y cuyas razones    se detallan a continuación, se impone la desestimatoria de este recurso. En primer lugar, se constata que el asunto de la falta de ejecución de la expropiación que se reclama, está inmersa dentro de una situación más compleja pues, los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas no están claramente definidos, existe incertidumbre sobre la posesión real de los terrenos,    se ha producido    un traslado irregular o eliminación de los mojones en la Zona Marítimo Terrestre y subsiste la posible irregularidad en la titulación de los terrenos    allí ubicados.    Así lo evidenció el informe de la Contraloría General de la República no. DFOE-PGAA-IF-2010 cuando ordena una serie de disposiciones de acatamiento obligatorio para varias instituciones, entre ellas el SINAC. Todo lo cual ya fue valorado por esta Sala cuando se resolvió mediante el voto número 2012-017784 de las 09:30 horas del 14 de diciembre del 2012, declarar sin lugar un asunto similar: \"I.- OBJETO DEL RECURSO. El recurrente adujo que el Ministerio de Ambiente,      Energía      y      Telecomunicaciones,      no      ha      iniciado      los procedimientos de expropiación necesarios, debido a las limitaciones que pesan sobre los inmuebles de las sociedades amparadas,    en virtud de encontrarse dentro de los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas. Lo anterior, sin importar que el citado parque fue creado desde el año 1995 y que, desde el año 2008, la propia Sala Constitucional, declaró con lugar un amparo por no haber, precisamente, iniciado las expropiaciones y, en otro recurso, anuló las viabilidades ambientales otorgadas. II.- CASO CONCRETO. Sobre el particular, el Ministro de Ambiente, Energía    y    Telecomunicaciones,    aceptó    que    los    procedimientos    de expropiación de los inmuebles (...) no han sido iniciados, sin embargo, explicó lo siguiente: \"esto se debe a diferentes factores de orden técnico que han imposibilitado el cumplimiento, y que a continuación se procede a detallar\". Mediante el informe    DFOE-PGAA-IF-21010 (sic) la    Contraloría    General    de    la República ordena una    serie de disposiciones    de acatamiento obligatoria (sic), tanto al Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, como a la Directora Ejecutiva del SINAC y al Director General de Tributación, en dicho informe la Contraloría comunica al Estado que los límites y extensión geográfica del Parque Nacional Marino las Baulas \"no están claramente definidos en él, lo cual genera incertidumbre    jurídica en cuanto a la posesión real de los terrenos alrededor del Parque Nacional. Esta situación se agrava por el traslado irregular o la eliminación de los mojones ubicados en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y provocando que no se disponga de un mapa oficial del PNMB por parte del Estado. Aunado a esto, algunas de las 6 fincas madres que generaron la segregación de los terrenos del PNMB, fueron tituladas en sede administrativa por el entonces Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) \"cuando en realidad    la normativa exigía un proceso de información posesoria en sede judicial\". En este sentido actualmente    se tramitan    dos procesos; expediente Nº 08-001403-1027-CA, el (sic) Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda tramita    un Proceso de Conocimiento entre la Asociación (...), contra el Instituto de Desarrollo Agrario y otros, y el expediente No. 08-1206-1027-CA-5, en el Tribunal Contencioso Administrativo del II Circuito Judicial de San José, se tramita un Proceso de Conocimiento entre la Asociación,    contra Club (...) y otros S.A., en los cuales se busca determinar la correcta titulación de las fincas madres 1 y 5 que se ubican dentro de los límites del Parque Nacional    Marino las Baulas. Por otro lado, la carencia de un Mapa Catastral en el PNMB, produce que en los procesos de expropiación, se utilicen planos con errores catastrales, que se traslapan o    superponen    y    con    medidas    imprecisas,    lo    cual    ocasiona    pérdidas económicas y retrasos judiciales    costosos para la administración como para los afectados\". Ante este panorama el MINAET-SINAC han realizado un esfuerzo en procurar de solventar todos estos inconvenientes, realizando las siguientes tareas: \"El SINAC está realizando esfuerzos para la elaboración del Mapa Catastral y estudios legales de los territorios que se encuentran dentro del PNMB,    con este producto    se espera tener plazo determinado, un panorama claro con respecto a los límites y a la correcta titulación de los terrenos que se encuentra (sic) dentro del Parque Nacional\". (...). De lo anterior se desprende,    con    meridiana    claridad    que,    no    existe    certeza    sobre    los verdaderos límites del Parque Nacional Marino Las Baulas, lo cual, se está determinando    tanto    en    la    propia    sede    administrativa,    como    en    la jurisdiccional contencioso-administrativa. Igualmente, no se debe perder de vista que las autoridades del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, desde el año 2008 -año en el cual este Tribunal intervino- sí han ejecutado medidas con el claro e incuestionable fin dar inicio con los procesos de expropiación que se demandan. III.- Ahora bien, no puede dejar este Tribunal de indicar a las autoridades del Ministerio    de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones que, una    vez superadas las vicisitudes indicadas,    tienen la obligación de tramitar los procedimientos de expropiación, dentro de un plazo razonable, según las circunstancias, en aras de no vulnerar    el derecho de propiedad    de los amparados. Por lo tanto, aunque es cierto que la anotación registral en la propiedad    ha permanecido desde el año 2007, en vista de la situación compleja que se presenta en los terrenos    del Parque Nacional Marino Las Baulas, que han requerido y requieren de tiempo para dilucidarse, no estima la Sala que se produjo el agravio reclamado.    (...). En conclusión, bajo una mejor ponderación de los hechos, y en el mismo sentido que el voto número 2012-017784 de las 09:30 horas del 14 de diciembre del 2012, a pesar de que en este caso se comprueba que el proceso expropiatorio fue iniciado hace seis años, sin haber concluido a la fecha de presentación de este recurso, debido a que la situación compleja del Parque Nacional Marino Las Baulas justifica tal retraso, corresponde la desestimatoria de este recurso, tal como en efecto se hace. Sin embargo, se le recuerda al recurrido que, una vez superadas las vicisitudes indicadas, tienen la obligación de tramitar el procedimiento    de expropiación, dentro de un plazo razonable, según las circunstancias, en aras de no vulnerar el derecho de propiedad que dice tener el amparado\". Se desprende de lo fallado por la Sala Constitucional desde el día 12 de abril de 2013 (13 AÑOS ATRÁS) que en aquel caso no se habría de considerar vulnerado el derecho de la empresa amparada, con causa en que existía un complejo panorama respecto del parque en cuestión, a partir de que sobre la base de lo informado por la Autoridad o Autoridades Públicas amparadas y el informe de la Contraloría General de la República, no existía certeza    sobre    los verdaderos límites del Parque Nacional Marino Las Baulas, así como que, se determinando ,   ya en sede    administrativa,    como    en    la jurisdiccional contencioso-administrativa, lo propio. Nos detenemos para indicar que ningún proceso judicial de los que se encontraren en trámite, ha afirmado la representación de alguna de las partes demandas, involucra a la empresa aquí actora ya por ser parte, ya porque implique su objeto efecto alguno sobre la validez de su título de propiedad. Continuando, se detalló que para esa data del año 2013 la falta de expropiación se debía a que los límites del Parque Nacional Marino Las Baulas no estaban claramente definidos, existía incertidumbre sobre la posesión real de los terrenos,    que se había producido un traslado irregular o eliminación de los mojones en la Zona Marítimo Terrestre; así como que subsistía una posible irregularidad en la titulación de los terrenos allí ubicados, todo a partir del informe de la Contraloría General de la República mediante el que habían sido giradas una serie de disposiciones de acatamiento obligatorio para varias instituciones, entre ellas el SINAC. Por otra parte, se precisó que la autoridad amparada o ambas, habrían justificado el que no se hubieren realizado las expropiaciones en función de que, como se alegó lo propio en la presente causa, a partir de que para entonces existían \"diferentes factores de orden técnico que han imposibilitado el cumplimiento, y que a continuación se procede a detallar\", y que según el informe de la Contraloría    General    de    la República se habían girado órdenes tanto al Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, como a la Directora Ejecutiva del SINAC en lo que interesa, entre otras cosas para suprimir las dudas sobre los límites y extensión del Parque mediante la confección de un mapa oficial -catastral-, la ubicación real dentro de su superficie de propiedad inmueble privada, así como estudios que aclarasen aspectos de validez de los títulos a partir de que en el pasado, algunas áreas de terreno del Parque se encontraron precedidas de titulación en sede administrativa realizada irregularmente por el entonces Instituto de Tierras y Colonización (ITCO). Se referenció además, que sobre el cumplimiento de lo ordenado por el órgano contralor en su informe, el MINAET-SINAC realizaba para esa data (insistimos, año 2013) un esfuerzo para en procurar de solventar todos estos inconvenientes, mediante realizando la elaboración del Mapa Catastral y estudios legales de los territorios que se encuentran dentro del Parque dentro de un plazo determinado, con el propósito de obtenerse un panorama claro con respecto a los límites y a la correcta titulación de los terrenos que se encuentran dentro del Parque Nacional. Fue así que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, falló en rechazo del recurso, con causa en que no obstante habían transcurrido para el 2013, seis años sin concretarse la expropiación, ello se encontró justificado con vista en la situación particular que se estaba presentando, respecto de la que se estaban tomando algunas medidas para solucionarla. Con todo eso sí, concretó la Sala Constitucional que, una    vez superadas las vicisitudes indicadas las Autoridades recurridas tenían la obligación de tramitar los procedimientos de expropiación, dentro de un plazo razonable en aras de no vulnerar    el derecho de propiedad de los amparados, por cuanto preexistía la anotación registral en la propiedad de la empresa amparada desde el año 2007, habida cuenta que para ello se requería de tiempo. Es esta línea se expresó en este voto lo siguiente: \"... se le recuerda al recurrido que, una vez superadas las vicisitudes indicadas, tienen la obligación de tramitar el procedimiento    de expropiación, dentro de un plazo razonable, según las circunstancias, en aras de no vulnerar el derecho de propiedad que dice tener el amparado\". Pues bien, volviendo ahora a la prueba que obra en el expediente administrativo (de la imagen 144 a la 195 del expediente judicial) lo que se observa lo es que con ocasión de lo ordenado por la Contraloría General de la República en el año 2010, se formalizó entre el SINAC y la Universidad Nacional un contrato por servicios profesionales, según así se identificó con el N° 000044-2013, para el levantamiento topográfico y catastral, así como para la realización de los estudios legales y conformación de expedientes de todos los inmuebles que se encuentran dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas, esto, en fecha 15 de noviembre del 2013. (imágenes que van de la162 a la 174 del expediente judicial) al que le siguió un adendum al mes siguiente, a saber, el día 05 de diciembre del mismo año 2013, SIN QUE A LA FECHA obre dentro del expediente administrativo prueba o haya sido ello argumentado por alguna de las partes aquí demandadas, que dicho contrato haya sido ejecutado a satisfacción del SINAC con la entrega de su objeto, o que, en su caso haya sido resuelto por incumplimiento o haya tenido alguna otra forma de terminación, cuando antes bien y al contrario, lo que obra lo es a título de ejemplo, una serie de comunicaciones entre las partes del contrato que refieren a su no ejecución cabal, entre las que se destaca que para el 23 de octubre del 2017, en los términos de un oficio identificado con el N° ACT-OR-DR-DL-1488-17 de la Dirección Regional - Asesoría Legal del Área de Conservación Tempisque del SINAC, conforme el que se continuaban haciendo observaciones sobre un plan remedial al contrato para esa data incumplido. Incluso, conforme el oficio de esta misma dependencia del SINAC que obra a imagen 140 del expediente judicial N° ACT-OR-DR-1190-2021, se le habría indicado a la Procuraduría General de la República, que en relación al caso concreto: \"Tercer punto solicitado: Como ya se indicó la finca matrícula 42366-000, pertenece a la finca madre 2. Dentro de las actividades que el SINAC ha realizado es contratar la elaboración del Mapa Catastrales y estudios legales de todas las fincas que se encuentran dentro del Parque Nacional Marino las Baulas, con su respectivo estudio de antecedentes, esto busca tener un diagnóstico del estado real de todas las fincas que conforman el Parque Nacional Marino las Baulas y luego de que se tenga certeza, interponer los procesos que correspondan según lo ordenado. Cuarto Punto solicitado: La prioridad de compra de la finca matrícula 42366-000 es prioridad de compra N°3, según la estrategia de expropiación existente en el Parque Marino las Baulas y que se aporta. Quinto Punto solicitado: Para cumplir con este punto se adjunta Copia del Contrato con la UNA, número 000044-2013, y los últimos Compromisos de la UNA con el SINAC. Sexto Punto solicitado: Como ya se ha indicado en varios puntos, la finca matrícula 42366-000, es una segregación de la finca madre número N° 2, con el folio real 281801, con el plano madre número G-7001-1971, por lo que no es resultado de la finca madre número 4. Se desconoce por parte del SINAC si la finca matrícula 42366 es parte de los 8 casos que habla la Contraloría General de la República (CGR), ya que no son procesos nuestros. El SINAC espera aclarar estas dudas una vez tenga listo el Mapa Catastral y estudios legales que debe entregar la Universidad Nacional (UNA). Sobre las propiedades existentes dentro de los límites del Parque las Baulas, las acciones realizadas por el SINAC al contratar la elaboración del Mapa Catastral a la UNA, va encaminada a ubicar todas las fincas que se deben expropiar según lo dispuesto, para consolidar el Parque Nacional Marino las Baulas\". (El resaltado y subrayado no es del original). De este modo, queda claro que, una de las tareas medulares ordenadas por el órgano contralor al Ministro del ramo, ha sido asumida por el SINAC, para lo que esta organización administrativa eligió contratar a un centro de estudios superiores, sin resultado alguno positivo integral, al menos en torno a la situación de la empresa aquí actora y respecto del que siendo de su propiedad, paradójicamente, ya el Poder Ejecutivo en los términos del Decreto Ejecutivo N° 34015 del 11 de septiembre del 2007 sobre la base de ser afirmado que se encuentra dentro del área de superficie del Parque, declaró de interés público su adquisición por la vía de la expropiación y ordenó al SINAC proceder de conformidad conforme las disposiciones y normas comprendidas en la Ley de Expropiaciones, lo que incluye las actuaciones pendientes a hoy, como lo es la emisión del decreto de expropiación y la interposición del escrito que tienda a promover el inicio del proceso judicial especial de expropiación, todo sin que este acto y lo que por su medio se dispuso, se encuentre en nivel alguno afectado ni en su validez, ni en su eficacia. Se agrega que además y también en ejecución de este Decreto Ejecutivo, lo que sí se ejecutó y se mantiene incluso al dictado de la presente sentencia, lo es la anotación registral al margen del asiento correspondiente al inmueble propiedad de la empresa actora, del mandamiento provisional de la declaratoria de interés público que anuncia a terceros a través de esa publicidad, que la adquisición eventual del inmueble lo será sin perjuicio de la Administración anotante, pese haber sobradamente vencido el plazo de caducidad de esta anotación. Se precisa entonces, que aún y a partir de la suscripción del contrato con la Universidad Nacional desde el año 2013, con absoluta independencia de las razones por las que en 13 años después no haya tenido su término con la entrega a satisfacción del producto, lo cierto es que tanto el Ministro del ramo como el SINAC, se mantienen en frontal incumplimiento hayan mediado estos infructuosos esfuerzos o no, tanto de lo dispuesto en la Ley N° 7524 del 10 de julio de 1995; el Decreto Ejecutivo N° 34015 del 11 de septiembre del 2007; el Convenio de Diversidad Biológica en 1994; la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas; la \"Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres\"; la Ley Orgánica del Ambiente, artículo 37 conforme el que se establece como obligación del Estado de pagar las tierras que se incluyan dentro de los límites de los Parques Nacionales; el artículo 50 de nuestra Constitución Política, la resolución identificada con el N° R-MINAET-SINAC-017-2009 dictada al ser las 08:20 hrs. del 04 de junio del 2009 por el propio Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones; el informe N° DFOE-PGAA-IF-3-2010 emitido el día 26 de febrero del 2010 por el Área de Servicios Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, y finalmente, se inobserva también el Voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia N° 2013-008260 dictado al ser las 09:10 hrs. del 21 de junio de 2013, si se toma en cuenta que si bien previó indicación en el sentido de que una vez superadas las vicisitudes que en su momento (2013) consideró que podrían constituir impedimento para expropiar, mediaba la obligación de tramitar los procedimientos de expropiación dentro de un plazo razonable según las circunstancias, con muchísima mayor razón desde un punto de vista lógico racional, debían de observar las Administraciones Públicas vinculadas a ese fallo, un plazo que resulte razonable para superar esas vicisitudes. Lo cierto del caso lo es, que cualquiera que sea el punto de partida de un análisis efectuado en paralelismo al realizado por la propia Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el Voto citado en parte atrás desde el contexto histórico y circunstancias que privaban entonces,    examinado en el caso concreto el tiempo transcurrido sin concretarse la expropiación, ahora con causa en que siquiera las tareas ordenadas por el órgano contralor han sido cumplidas POR MÁS DE 13 AÑOS en el mejor de los casos, resulta evidente que se trata de un período absolutamente desproporcionado e irracional que no encuentra justificación alguna ni amparo en lo técnico a estas alturas, ni en lo jurídico, sin necesidad de realizar mayor abundamiento argumentativo al respecto. Se reitera que desde el año 2007 por Decreto Ejecutivo N° 34015, desde el día 11 de septiembre del 2007 el Poder Ejecutivo dictó un acto que a la fecha es válido y eficaz, por medio del que no sólo se declaró de interés público la adquisición del inmueble propiedad de la empresa aquí actora, sino y además, se declaró y publicó que ello correspondía porque categóricamente se dice en dicho acto, dicho inmueble se encuentra dentro del área de superficie de la Parque. Frente a esto y la omisión referida cual conducta administrativa adoptada en franco desajuste con el ordenamiento jurídico, a lo que se suma otro acto ya mencionado atrás, que ordenó proseguir con lo necesario en sede judicial mediante el proceso de expropiación dictada por el propio Ministro del ramo. Resultaría en criterio de este Tribunal inadmisible y censurable tolerar sobre todo a partir de lo resuelto por la Sala Constitucional, que se extienda más allá en el tiempo la situación de incertidumbre en que se encuentra la empresa actora (punto aparte lo resuelto sobre la improcedencia de los daños y/o perjuicios reclamados). De este modo, y aunque pueda resultar solo paliativo a la situación de la empresa actora pendiendo de si el Ministerio y el SINAC cumplen con lo ordenado por la Contraloría General de la República, estimamos procedentes las pretensiones identificadas con el N° 1 y 2, y en ese tanto, fusionadas en un solo pronunciamiento, SE ORDENA AL SINAC Y AL ESTADO EN LO QUE COMPETA A CADA UNO, CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN NECESARIA PARA ADQUIRIR POR LA VÍA DEL PROCESO JUDICIAL ESPECIAL DE EXPROPIACIÓN CONFORME LA LEY DE EXPROPIACIONES N° 7495 DEL 03 DE MAYO DE 1995 LA FINCA DEL PARTIDO DE GUANACASTE MATRÍCULA FOLIO REAL 42366-000, PROPIEDAD DE ADRIANA DE LAS COLINAS S. A., CÉDULA JURÍDICA Nº 3-101-143574 A PARTIR DEL ESTADO EN QUE QUEDARON LAS COSAS DESDE EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADA CON EL N° R-MINAET-SINAC-017-2009 DE LAS 08:20 HRS. DEL 04 DE JUNIO DEL 2009 POR PARTE DEL ENTONCES MINISTRO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES.-\n\nIX.- Corolario. La representación de la parte actora acreditó que su representada ostenta derecho para acceder a lo peticionado sólo en parte, por lo que se impone declarar la demanda con lugar parcial, entendiéndose rechazada en todo lo no expresamente concedido.-\n\nX.- Sobre las excepciones. Ambas partes demandadas opusieron a título de excepción la de falta de derecho, y en el caso de la representación estatal además, la de prescripción, caducidad y falta de legitimación pasiva. Iniciando con las excepciones sólo interpuestas por la representante del Estado, sobre la excepción de caducidad, la misma se rechazó en los términos del considerando VII.2 de la presente sentencia. En relación con la excepción de prescripción, que la representación del Estado erigió en aplicación del artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública, basta con indicar que por la forma en que esta Cámara ha fallado el presente asunto en lo que corte indemnizatorio llevó su objeto, por innecesario se omite pronunciamiento. Por las mismas razones mencionadas respecto de la excepción de prescripción, en lo que corresponde a la excepción de falta de legitimación pasiva, por igualmente innecesario, se omite pronunciamiento. Finalmente, en lo tocante a la excepción de falta de derecho interpuesta por ambas partes demandadas, siendo que la representación de la parte actora acreditó que su representada ostenta derecho para acceder a lo peticionado sólo en parte, se acoge la misma, entendiéndose rechazada exclusivamente en lo expresamente concedido.-\n\nXI.- Sobre las costas. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. Las partes vencidas en lo conducente, lo han sido el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Estado, sin que en criterio de este Tribunal haya mediando circunstancia o presupuesto alguno que justifique exonerarles de dicha condenatoria al amparo de los incisos a) y b), del numeral relacionado, tanto como al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 del mismo cuerpo legal. En consecuencia, se condena a ambas partes demandadas al pago solidario de ambas costas en favor de la empresa aquí actora, tanto procesales como personales generadas con ocasión de la tramitación de la presente acción. La determinación de lo correspondiente a las costas en cuanto a su importe se habrá de fijar por el juez competente en la fase de ejecución de sentencia a ruego de la parte vencedora.-\n\nPOR TANTO\n\nSe rechaza la prueba ofrecida para mejor resolver por la parte actora. Se rechaza la excepción de caducidad formulada por la representación del Estado. Por innecesario se omite pronunciamiento sobre las excepciones de prescripción y falta de legitimación pasiva formuladas por la representación estatal. Se acoge de modo parcial la excepción de falta de derecho formulada por ambas partes demandadas, debiéndose entender rechazada exclusivamente en todo lo expresamente concedido. Se declara con lugar parcial la demanda incoada por la compañía denominada Adriana de las Colinas Sociedad Anónima en contra del Estado y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Se ordena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación y al Estado en lo que competa a cada uno, continuar con la tramitación necesaria para adquirir por la vía del proceso judicial especial de expropiación conforme la Ley de Expropiaciones N° 7495 del 03 de mayo de 1995 la finca del partido de Guanacaste matrícula Folio Real 42366-000, propiedad de Adriana de las Colinas S. A., cédula jurídica Nº 3-101-143574, esto a partir del estado en que quedaron las cosas desde el dictado de la resolución identificada con el N° R-MINAET-SINAC-017-2009 de las 08:20 hrs. del 04 de junio del 2009 por parte del entonces Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Se condena a ambas partes demandadas al pago solidario de ambas costas en favor de la empresa aquí actora, tanto procesales como personales generadas con ocasión de la tramitación de la presente acción. La determinación de lo correspondiente a las costas en cuanto a su importe se habrá de fijar por el juez competente en la fase de ejecución de sentencia a ruego de la parte vencedora.- Notifíquese.- Juez Ponente Felipe Córdoba Ramírez.- Jueza Lindsay Rodríguez Cubero.- Juez Elías Baltodano Gómez.-\n \n \n\n \n\n- Código Verificador -\n\nYJ4YSMTVD7W61\n\n \n\nDocumento firmado por:\n\nFELIPE ALBERTO CORDOBA RAMIREZ, JUEZ/A DECISOR/A\nLINDSAY MANUELA RODRIGUEZ CUBERO, JUEZ/A DECISOR/A\nELIAS BALTODANO GOMEZ, JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 21-003510-1027-CA\n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr",
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Also participating as special judicial attorney-in-fact for the plaintiff is Mr. Alonso Miranda Rivera, identity card N° 1-1400-0807, and as special judicial attorney-in-fact for SINAC, Mr. Róger Francisco Gutiérrez Vindas, identity card N° 4-0131-0704.\n\nWHEREAS:\n\n1.- In the terms of the complaint, including the subsequently filed pleading appearing at images 86 through 89 of the judicial case file, and as determined at the preliminary hearing (audiencia preliminar), the plaintiff company brought suit against the State and SINAC seeking that the judgment award the following: \"1. A declaration that the defendants are obligated to compensate the company ADRIANA DE LAS COLINAS SOCIEDAD ANÓNIMA for the expropriation (expropiación) of registered property parcel (finca matrícula) number 5-42366-000, ordered by Ley 7524 and Decreto Ejecutivo No. 34015-MINAE. 2. An order directing the defendants to bring their conduct into conformity with the law and to initiate the expropriation process for property parcel No. 5-42366-000 as ordered by Ley 7524 and Decreto Ejecutivo No. 34015-MINAE. 3. A judgment against the defendants, pursuant to Articles 190 et seq. of the Ley General de la Administración Pública, in connection with Article 122, paragraph m), sub-paragraph iii) of the CPCA, for the abstract award of damages and losses (daños y perjuicios) caused by their abnormal functioning, the existence and amount of which shall be determined at the enforcement stage. 4. A judgment against the defendants for the payment of procedural and personal costs (costas procesales y personales).\"\n\n2.- Upon statutory service of process (traslado de ley) on the State's representative, the State filed its opposition to the complaint. In its defense, it raised the affirmative defenses of prescription (prescripción), lapse (caducidad), lack of standing as defendant (falta de legitimación pasiva), and lack of legal basis (falta de derecho). It requested that the complaint be dismissed in its entirety, and that the plaintiff be ordered to pay both types of costs, together with recognition of the interest accruing until actual payment.\n\n3.- Upon statutory service of process on SINAC's representative, SINAC filed its opposition to the complaint. In its defense, it raised exclusively the affirmative defense of lack of legal basis. It requested that the complaint be dismissed in its entirety, and that the plaintiff be ordered to pay both types of costs, together with recognition of interest.\n\n4.- The preliminary hearing was held on April 19, 2022, at which the Case Management Judge (Jueza de Trámite) presiding over it determined, on the matter relevant here, that the case was purely a matter of law (puro derecho). Consequently, the present case was referred for the issuance of judgment without the need to hold an evidentiary hearing (audiencia complementaria).\n\n5.- Pursuant to the resolution adopted by the Consejo Superior del Poder Judicial at Session N° 26-2025 of March 27, 2025, Article XXXII, approval was granted for what was called the \"decongestion plan to reduce judicial backlog in purely legal matters before the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda,\" designed by the Dirección de Planificación and set forth in Report N° 310-PLA-MNP-2025 of March 14, 2025. Accordingly, because this case file meets the established criteria, it was included within the aforementioned plan and assigned to this division for the issuance of the corresponding ruling.\n\n6.- No nullities requiring declaration and/or defects requiring correction have been observed in the proceedings.\n\nThe opinion is authored by Judge Felipe Córdoba Ramírez and is decided unanimously, with the affirmative votes of Judge Lindsay Rodríguez Cubero and Judge Elías Baltodano Gómez.\n\nCONSIDERING\n\nI.- On the evidence offered for better adjudication (prueba para mejor resolver). The plaintiff's representative requested, in the terms of the written submission dated April 12, 2022, appearing at image 361 of the judicial case file, that the following be admitted as evidence for better adjudication: Official memorandum (Oficio) N° US-TEMPATE-601-2021 of November 30, 2021, issued by the Departamento de Ingeniería y Construcciones of the Dirección de Obras y Servicios of the Municipalidad de Santa Cruz, Guanacaste, in which — in response to a land-use (uso de suelo) inquiry submitted by the representative of the plaintiff company regarding the property registered in the Registro Nacional, Sección de Bienes Inmuebles, under property folio (Folio Real) registration number (matrícula) 5-42366-000 — it was stated that, in order to respond to that inquiry, a certification from MINAET must be provided indicating that the property falls outside any protected area; as well as the official memorandum issued by that same municipal office, identified as N° US-CABO-VELAS-117-2022 of March 10, 2022, which, in relation to the same property, states: \"According to Certification TE-01-076-2022, issued on January 24, 2022, the property is 100% within Parque Marino Las Baulas, and therefore land management and use of the aforementioned parcel falls exclusively under the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (MINAE).\" Regarding this type of evidence, it is necessary to bear in mind that the consistent case law on the matter characterizes the admissibility of such evidence as discretionary, belonging to the judge's own initiative, whether or not it has been offered by one of the litigating parties, and that its rejection shall not produce any denial of the right to a defense (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 547-F-2002 of 16:00 hrs. of July 12, 2002; N° 59 of 15:20 hrs. of May 31, 1996; N° 23 of 14:20 hrs. of March 4, 1992; N° 34 of 10:45 hrs. of May 28, 1993; and N° 83 of 14:40 hrs. of December 22, 1993). In support of the foregoing, in its judgment N° 29-1995 of 15:30 hrs. of February 22, 1995, also issued by the Sala Primera, the court clarified the following: \"(…) Among the judge's instructional and ordering powers is the authority to order evidence for better adjudication (Articles 97, paragraph 2, and 331 of the Código Procesal Civil), when the evidence to be produced will have a decisive influence on the outcome of the proceeding (…). The central aspect of evidence for better adjudication is its discretionary nature, which means it cannot be demanded by the parties; its ordering depends entirely on the initiative, prudence, and judgment of the judicial body, and consequently its denial does not produce any denial of the right to a defense.\" In light of the evidence submitted and given the manner in which the present case is to be decided on the merits, it is rejected.\n\nII.- On the allegations made by the plaintiff company in support of its action. The representative of the plaintiff company expressed the following in support of its action: \"1. STATEMENT OF FACTS. Fact 1 – On July 9, 1991, Decreto Ejecutivo 20518-MINEREM was issued, creating the Parque Nacional Marino Las Baulas Guanacaste (hereinafter 'Marino Las Baulas') in the following terms: 'Article 1° – The Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste is hereby created, with the following boundaries, according to the Villareal and Matapalo cartographic sheets at a scale of 1:50,000 of the Instituto Geográfico Nacional. Starting from a point located at the southern end of Playa Ventanas, the boundary proceeds along a straight line bearing N 45 X E, at a distance of 125 meters from the ordinary high-water mark (pleamar ordinaria). The boundary continues along an imaginary line parallel to and 75 meters from the public maritime zone (zona pública), heading southeast to the point with coordinates N 255.000 and E 335.050. This national park (parque nacional) shall also encompass the tidal inlet (estero) Ventanas and its mangroves, the hill immediately behind Punta Ventanas, Punta Carbón, Isla Capitán, and the public maritime zone located between Punta Conejo and the southern end of Playa Langosta up to the ordinary high-water line. Article 2° – Playa Carbón and Playa Ventanas, including a 75-meter strip of land measured from the public maritime zone, are hereby declared a protected zone (zona protectora) called Las Baulas de Guanacaste. All residential and other types of development carried out in this zone must have the approval of the Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas.'\n\nFact 2 – In 1994, ADRIANA DE LAS COLINAS SOCIEDAD ANÓNIMA (corporation), with corporate tax ID (cédula jurídica) number 3-101-143574, acquired the property parcel (finca) of the Province of Guanacaste numbered 5-42366-000 (hereinafter 'the PROPERTY'). See Exhibit 1.\n\nFact 3 – By means of Ley 7524 of July 10, 1995, entitled Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, Articles 1 and 2 state, insofar as relevant, the following: 'ARTICLE 1.- Creation and boundaries. The Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste is hereby created, with the following boundaries, according to the Villarreal and Matapalo cartographic sheets at a scale of 1:50.000 of the Instituto Geográfico Nacional: starting from a point at coordinates N 259.100 and E 332.000, the boundary proceeds along a straight line to an imaginary line parallel to the coast, located one hundred twenty-five meters inland from the ordinary high-water mark. The boundary continues along this imaginary line in a southeasterly direction, ending at the point with coordinates N 255.000 and E 335.050. The Park shall also encompass the tidal inlets Tamarindo, Ventanas, and San Francisco and their mangroves; the hill located immediately behind Playa Ventanas; Cerro El Morro; Isla Capitán; Isla Verde; the fifty-meter public maritime zone measured from the ordinary high-water mark between Punta San Francisco and the tidal inlet San Francisco; and the territorial waters of Bahía Tamarindo, lying between Punta Conejo and the southern end of Playa Langosta, up to the ordinary high-water line. ARTICLE 2.- Expropriations. To comply with this Law, the competent institution shall pursue the expropriations of all or part of the parcels within the area delimited in the preceding article. Private lands within that delimitation shall be subject to expropriation and shall be considered part of the Parque Nacional Marino Las Baulas until they are acquired by the State through purchase, donation, or expropriation; in the meantime, owners shall enjoy the full exercise of the attributes of ownership (atributos del dominio).'\n\nFact 4 – By means of an Executive Decree, No. 34015-MINAE, the following was established: 'Article 1: In accordance with the preceding recitals, as it falls within the coordinates of the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, the acquisition by way of expropriation of the property registered in the Guanacaste District, Property Registry Folio (Folio Real) 42366-000, owned by Adriana de las Colinas, S.A., corporate tax ID 3-101-143574, is hereby declared of public interest (interés público). The parcel to be expropriated is described in the Public Registry as follows: Located in District 04 Tempate, Canton 03 Santa Cruz, Province of Guanacaste; with an area of 1,011 square meters and 94 square decimeters, with the following boundaries: North: Road, 19 meters; South: 50-meter inalienable strip of the maritime coastal zone (milla marítima), Pacific Ocean; East: Lot 49; West: Alameda. Cadastral Survey Plan (Plano Catastrado) number G-145542-1993. Article 2: Proceed to initiate the administrative expropriation procedure, for which purpose the Dirección General del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) is authorized (…). Article 3: SINAC of the Ministerio del Ambiente y Energía, represented by its Dirección General, shall proceed to continue with the procedure established for that purpose, for the acquisition of said parcel, with particular observance of the established deadlines and in strict compliance with the provisions of the Ley de Expropiaciones and its amendments.' (See folio 09 of the administrative file (expediente administrativo)).\n\nFact 5 – By means of Volume 573, Entry 36083, a provisional annotation order (mandamiento provisional de anotación) was recorded against the property, consisting of a declaration of public interest (declaratoria de interés público) issued by SINAC in the Administrative Expropriation Proceeding of the State against Adriana de las Colinas, dated October 11, 2007 (See folio 13 of the administrative file).\n\nFact 6 – By means of official letter SINAC-DG-103-2008, dated January 18, 2008, SINAC requested the Tax Administration (Administración Tributaria) of Puntarenas to issue an administrative appraisal (avalúo administrativo) for property 5-42366-000 corresponding to cadastral survey plan G-145552-1993, stating insofar as relevant: '31. Cadastral Survey Plan No. G-145552-1993, Guanacaste Property Registry Folio number 42366-000. Owner: Adriana de las Colinas, S.A., corporate tax ID number 3-101-143574.' (folio 17 of the administrative file).\n\nFact 7 – On September 23, 2008, administrative appraisal AA-98-2008 of the Ministerio de Hacienda corresponding to case file 04-2008 was issued (folio 25 of the administrative file).\n\nFact 8 – On December 12, 2008, Mr. Tomás Federico Guardia Echandi, special attorney-in-fact (apoderado especial) for administrative and judicial matters of the company Adriana de las Colinas, S.A., was notified of the administrative appraisal (See folio 27 of the administrative file).\n\nFact 9 – By written submission dated January 6, 2009, my client filed an opposition to the amount set in appraisal AA-98-2008. (See folio 38 of the administrative file).\n\nFact 10 – By official letter R-MINAET-SINAC-017-2009, at 8:20 a.m. on June 4, 2009, SINAC forwarded the administrative file to the Procuraduría General de la República to proceed with the special procedure before the Administrative Litigation Court (Juzgado Contencioso Administrativo). (See folio 45 of the administrative file).\n\nFact 11 – At the time of filing of the present complaint, SINAC has not initiated the partial expropriation proceedings concerning my client's property, as required by the Ley de Expropiaciones.\n\n2. ON LEGAL STANDING\n\nSubsection a) of Article 10 of the Code of Administrative Litigation Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo, CPCA) is the legal basis that entitles my client to bring the present complaint before the administrative-litigation jurisdiction (sede contencioso administrativa). As will be analyzed, through the enactment of Ley 7524 and the issuance of Decreto Ejecutivo 20518-MINEREM, the State affected the legitimate interests and subjective rights of my client, inasmuch as it ordered the expropriation of the Property and imposed an encumbrance upon it, which has prevented my client from enjoying and using the asset, effectively converting that situation into a de facto expropriation since 2007, without the prior compensation required by Article 45 of the Constitution, and thereby engaging in an omissive course of conduct that continuously generates significant damages and losses.\n\n3. ON THE MERITS\n\na. Violation of the right to private property and the obligation to compensate.\n\nAs described in Fact 1 of the complaint, my client has owned the Property since 1994; however, in 2007 it was included within the coordinates of the Parque Nacional Marino Las Baulas. In 1995, the State of Costa Rica issued Decreto Ejecutivo number 20518-MINEREM, creating the Parque Nacional Marino Las Baulas, and by means of Decree No. 34015-MINAE the boundaries of the national park were expanded to include my client's property. On September 11, 2007, the Administration ORDERED the commencement of the administrative expropriation procedure, as evidenced by official letter DAJ-D-124-2007 (No. 34015-MINAE) issued by the Administration, which states insofar as relevant: 'Article 1: In accordance with the preceding recitals, as it falls within the coordinates of the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, the acquisition by way of expropriation of the property registered in the Guanacaste District, Property Registry Folio 42366-000, owned by Adriana de las Colinas, S.A., corporate tax ID 3-101-143574, is hereby declared of public interest. The parcel to be expropriated is described in the Public Registry as follows: Located in District 04 Tempate, Canton 03 Santa Cruz, Province of Guanacaste; with an area of 1,011 square meters and 94 square decimeters, with the following boundaries: North: Road, 19 meters; South: 50-meter inalienable strip of the maritime coastal zone, Pacific Ocean; East: Lot 49; West: Alameda. Cadastral Survey Plan number G-145542-1993. Article 2: Proceed to initiate the administrative expropriation procedure, for which purpose the Dirección General del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) is authorized (…). Article 3: SINAC of the Ministerio del Ambiente y Energía, represented by its Dirección General, shall proceed to continue with the procedure established for that purpose, for the acquisition of said parcel, with particular observance of the established deadlines and in strict compliance with the provisions of the Ley de Expropiaciones and its amendments.' (folio 09 of the administrative file).\n\nThe property was ordered to be annotated, but it was not until December 12, 2008, that administrative appraisal AA-98-2008 was served; against that appraisal, an 'OPPOSITION AND OBJECTION' (sic) was filed on January 6, 2009, as it contained a series of inconsistencies and incorrect valuations that precluded any possibility of obtaining a fair price (precio justo) for the property. The Administration ordered the administrative file to be forwarded to the Procuraduría General de la República to initiate the corresponding judicial procedure, considering the administrative phase exhausted. Nevertheless, at the time of filing of the present complaint, neither SINAC nor the Procuraduría General de la República has initiated expropriation proceedings with respect to my client's property, nor has compensation for the damages caused been paid; accordingly, the Costa Rican State is engaging in an ongoing unlawful omissive course of conduct. While it is true that the public interest is in tension with the property rights of private individuals, such rights are subject to certain limitations that the Administration must observe in order to guarantee the rule of law under which we live. In this regard, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) stated the following:\n\n'VIII. Notwithstanding what has been set out in the foregoing recitals, it must be noted that the legitimate limitations that may be imposed on private property have their natural boundary in the degree of impact on the property; that is, when the restriction of the right to property becomes a true expropriation, with the consequent obligation to compensate, because the right to property is made to disappear entirely, or when such restriction does not affect the community as a whole. The Plenary Court (Corte Plena) addressed this issue in an extraordinary session on June 16, 1983, in relation to the limitations on property when they exceed the boundary indicated: \"[...] that is to say, 'limitations' as Article 45 calls them, but not despoliation of private property nor deprivation of a primary attribute of ownership, because preventing the enjoyment of assets is equivalent, at least in this case, to a form of expropriation without the prior compensation required by the Constitution\"; and as this Tribunal stated in the aforementioned judgments Sentencia número 5097-93 and Sentencia número 2345-96, in which it held: \"IV.) For the Chamber, the reasonable limits that the State may impose on private property, according to its nature, are constitutionally permissible as long as they do not hollow out its content. When they do, it ceases to be a reasonable limitation and becomes a deprivation of the right itself.\" (Sentencia número 5097-93). \"That is to say, the attributes of ownership may be limited, as long as the owner retains the ability to exploit the asset in its normal manner, except, of course, for the portion or function affected by the limitation imposed by the State. Beyond these parameters, if social welfare requires the sacrifice of one or a few individuals only, compensation must be paid, as is likewise the case when the sacrifice imposed on the owner is such that the owner loses the asset in its entirety. Thus, a limitation on property withstands constitutional scrutiny when the impact on the essential attributes of ownership—those that permit the natural use of the property within the current socioeconomic reality—does not cause the asset to lose its nature or make its use impossible, as would occur where the State imposes authorization or approval requirements so complex that they effectively render it impossible to derive benefit from the asset.\" (Sentencia número 2345-96).' (Emphasis not in the original). Voto No. 4205-96, issued at 2:33 p.m. on August 20, 1996.\n\nAs established by Article 45 of the Constitution and as held by the Constitutional Chamber in the cited text, while the right to private property may be affected for reasons of public interest, such reasons cannot hollow out the right itself, as occurred in this case when the expropriation of the property was annotated by order, preventing its natural enjoyment and even its use, the property having been dedicated to the full conservation of natural resources—which is, by definition, opposed to private use—without the property owner having been compensated to date with a fair price for such deprivation. As the Tribunal is aware, the Administration may carry out an expropriation and/or impose an encumbrance on a property without prior compensation only in times of war or domestic unrest, and even in such cases, the maximum period established by law for making the fair payment is two years. However, in the present case, the State has irregularly restricted in its entirety the property rights over the Property for more than 13 years and, to date, continues to fail to fulfill its constitutionally established duty to compensate.\n\nb. On de facto administrative conduct (vías de hecho)\n\nThe coercive authority (potestad de imperio) enjoyed by the Costa Rican State is limited by the legal order; therefore, the Public Administration may only act within the applicable regulatory framework and pursuant to an explicit enabling provision. The Constitutional Chamber stated the following in this regard:\n\n'(…) The principle of legality enshrined in Article 11 of our Constitution means that the acts and conduct of the Administration must be governed by written rules, which implies, of course, subjection to the Constitution, to the law, and generally to all the norms of the legal order (…). Consequently, only that which is expressly authorized by the Constitution and the law is permitted to them, and everything that is not authorized to them is forbidden.' (Voto número 341-2001, issued at 9:13 a.m. on January 12, 2001).\n\nThe principle of legality grants citizens the power to demand that their rights and guarantees be respected, as well as the ability to compel the Public Administration to act and conduct itself in accordance with and in strict compliance with the provisions of the Costa Rican legal order. The protection afforded by this principle is found not only at the constitutional level, but also in various regulatory instruments that safeguard it, such as the Ley General de la Administración Pública, in Article 11, which states: 'The Public Administration shall act subject to the legal order and may only perform those acts or render those public services authorized by that order, in accordance with the hierarchical scale of its sources. An act that is expressly regulated by a written provision, at least with respect to its grounds or content, even if imprecisely, shall be deemed authorized.' (Emphasis not in the original).\n\nIn the present case, the State was required to comply with the provisions of Article 45 of the Constitution and to carry out the expropriation process so that my client would receive fair compensation for the land that was expropriated, prior to the infringement of the right of use that materialized with the annotation of the property and the impossibility of enjoying it, which has generated damages. Legal doctrine classifies the conduct of the Administration described above as de facto administrative conduct. In this regard, it has been stated:\n\n'(…) de facto administrative conduct is contrasted with lawful administrative procedure—the path that the Public Administration must ordinarily follow to express its will. Furthermore, as a rule, de facto administrative conduct is normally accompanied by a total absence of procedural form, which in most cases makes it difficult or impossible to identify as an administrative act (…).' (SEVILLA MERINO (Ignacio), La protección de las libertades públicas contra la vía de hecho administrativa, Madrid, Ed. Civitas, 1st edition, 1992, p. 116).\n\nThe Administrative Litigation Tribunal stated the following in this regard: '2) Concept of \"de facto administrative conduct\": \"De facto administrative conduct\" has been the subject of extensive doctrinal analysis, and has been found to require at least the following elements: i) Irregularity of the title or irregular execution; ii) Infringement of the right to private property or fundamental freedoms; and iii) Material conduct (…).' (Sentencia número 280 of June 9, 2011, Administrative Litigation Tribunal). (…).\n\nThe following has also been stated on the matter: 'In this regard, it must be noted that among the various forms in which administrative conduct may manifest, we find lawful material acts (direct coercion (coacción directa), anomalous coercion, provision of public services)—that is, conduct that is due and to which public-law subjects are obligated. Nevertheless, such material conduct often becomes unlawful because it takes place outside the legal order, giving rise to what is known as de facto administrative conduct of the Public Administration. Legal doctrine and case law have identified certain circumstances in which unlawful material conduct or de facto administrative acts arise: 1) When there is no prior rule or administrative act authorizing the adoption of the direct material or technical measure. Similarly, when there is no authorized public service (even minimally, Article 12 of the Ley General de la Administración Pública) to justify the deployment of material measures. 2) When the material conduct is based on a valid but ineffective act (doctrine of Article 169 of the aforementioned Ley General, read in conjunction with Article 146, subsections 3) and 4) thereof). 3) When there is an excess or overreach in the execution of the validly adopted act. 4) When, in the existence of a valid administrative act, there is a gross, obvious, or patent nullity that precludes the presumption of legitimacy that ordinarily covers such formal conduct. 5) When there is no factual situation justifying the exercise of direct coercion for purposes of administrative self-defense or public order. 6) When there are no abnormal or exceptional circumstances that justify the provisional substitution or non-application of the existing legal order for one adapted to those circumstances, as a prerequisite for anomalous coercion. As can be seen, these are acts that run counter to the lawful administrative procedure that the Administration must ordinarily follow to legitimate its conduct. Because they directly or indirectly affect the fundamental rights of the person subject to administration, they may be challenged or contested through various procedural channels, both in the constitutional jurisdiction (writ of amparo (recurso de amparo)) and in the administrative litigation process (precautionary measures (medidas cautelares), civil public-treasury proceedings (proceso civil de hacienda), plenary proceedings (proceso de conocimiento)).' (Sentencia 115 of May 13, 2011, Administrative Litigation Tribunal). (…).\n\nTaking the cited texts into consideration, it is possible to state without doubt that the Costa Rican State has acted through de facto administrative conduct in violation of my client's rights. The issuance of Decreto Ejecutivo 20518-MINEREM, the annotation of the expropriation of the property, and above all the time elapsed since its issuance and the imposition of the encumbrance to the present date constitute a direct infringement of the right to private property of my client, for which there is no justification or logic whatsoever, forcing my client to resort to the present complaint in order to enforce its rights. Today, the property cannot be fully enjoyed by its owners because it has been declared part of the Parque Nacional Marino Las Baulas and its purpose is conservation, which is by definition opposed to private use. In this regard, it is necessary to reiterate that there is no justification that authorizes the Administration to encumber the land without prior compensation, as has occurred in this case.\n\nc. On State Liability\n\nOur legal order provides, both at the constitutional and statutory levels, for the existence of a responsible State—one that is obligated to answer for the damages and losses that each and every one of its acts may produce—a liability that is objective in nature; that is, independent of the existence of willful intent or fault in the administrative conduct. Article 9 of our Constitution provides, insofar as relevant: 'The Government of the Republic is popular, representative, participatory, and accountable. It is exercised by the people and three separate and independent Branches: the Legislative, the Executive, and the Judicial.' (Emphasis not in the original).\n\nIn turn, Article 41 of the same instrument establishes the State's obligation to provide prompt and effective justice: 'By resorting to the laws, all persons shall find redress for the injuries or damages they have suffered in their person, property, or moral interests. Justice shall be rendered promptly and without denial, and in strict conformity with the laws.' (Emphasis not in the original).\n\nFrom a reading of these constitutional provisions, the legal institution of State liability emerges, which holds the State obligated to repair any patrimonial or moral damage or loss that it causes in the exercise of its functions. We are thus dealing with non-contractual administrative liability (responsabilidad extracontractual administrativa), in which it suffices to establish a causal link (nexo de causalidad) between the administrative conduct as the originating event and the damage produced; the resulting civil liability is therefore absolutely objective in nature. State liability arises independently of the existence of any fault, willful intent, or negligence on the part of the Administration in the exercise of its functions, as provided in Articles 190 and 191 of the Ley General de la Administración Pública, which state, insofar as relevant:\n\n'Article 190. – The Administration shall be liable for all damages caused by its legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning, except in cases of force majeure, fault of the victim, or acts of a third party. (…)'\n\n'Article 191. – The Administration shall repair all damage caused to the subjective rights of others by the fault of its officers committed during the performance of their duties, in the course of their office, or on account thereof, using the opportunities or means available, even when for purposes, activities, or acts foreign to such mission.' (…).\n\nIn this regard, the First Chamber (Sala Primera) of the Supreme Court of Justice has held: 'In light of what has been alleged, it is necessary to address, even if briefly, the basic aspects of this regime. In this regard, pursuant to Article 190 of the above-mentioned Law, the Administration is liable for its legitimate or illegitimate, normal or abnormal functioning. Note that reference is made not to acts, but to functioning—a criterion that is certainly broader and includes any form of manifestation of public conduct, whether by action or omission. Said liability therefore falls within a predominantly objective regime, which encompasses in its foundation both the risk theory and the balance of patrimonial relations. The purpose of this is, essentially, the provision of compensatory redress to the person who has suffered a loss attributable to the public organization as a center of authority.' Voto número 213-2008. (…).\n\nIt may thus be affirmed that, in light of the holdings of the First Chamber, State liability is objective in nature, and therefore no showing of willful intent or fault is required for the obligation to compensate for the damages and losses caused by the State's conduct to arise. Having established objective State liability in this manner, it only remains to establish or identify its application to the present matter, as well as the causal link between the conduct of the defendant and the claim put forward herein.\n\nAccordingly, in the present case it is evident that the State issued Decreto Ejecutivo No. 34015-MINAE with the purpose of expanding the boundaries of the Parque Nacional Marino Las Baulas. Through this act, 100% of property 5-42366-000 was removed from my client's control. As a result, any normal exploitation or use of the asset was restricted for my client. The de facto expropriation was carried out without conducting the proper procedure that would allow for the realization of the requisite compensation for the limitations this implies, with the aim of preventing violations of my client's rights. Aware of that situation and the gravity of the limitations imposed on my client's property, the State, instead of expediting its actions in order to realize the requisite compensation, has engaged in repeated, unnecessary, and negligent delays, all to the detriment of the rights of Adriana de las Colinas, S.A. Evidence of this is that the administrative file does not reflect that the expropriation process has been initiated as required since June 4, 2009. The State effectively expropriated my client's property de facto, and for as long as it fails to effect the requisite compensation through the expropriation procedure provided for in the applicable regulations and to pay the fair price of its value, it is evident that we are faced with an ongoing unlawful and omissive course of conduct, tantamount to a blatant limitation on the right to private property of my client. This gives rise to the strict liability (responsabilidad objetiva) of the defendants, who are obligated to conform to the applicable regulations on the matter, namely Article 45 of our Constitution.\n\nIn light of the foregoing, it is evident that in the present case we are confronted with the circumstances established both constitutionally and legally for the State to be ordered to compensate my client for the loss caused in connection with the expropriation of the property encumbered by Decreto Ejecutivo No. 34015-MINAE, as well as for the clear damage suffered as a result of the non-payment of the fair price. The foregoing, inasmuch as the declaration of the asset as part of the Parque Nacional Marino Las Baulas renders any use of the property impossible, which evidently affects the right to property by producing a special, abnormal, and economically assessable damage. (…).\n\n5. LEGAL BASIS. I ground my arguments in Articles 11, 41, and 45 of the Constitution; Articles 11, 190, and 191 of the Ley General de la Administración Pública; and Articles 10, 35, 36, 40, and 69 of the CPCA.\"\n\nAs part of the processing of the present case, by an interlocutory ruling issued by the Judge then presiding over the case, at 11:48 p.m. on June 14, 2021, the plaintiff was ordered to remedy the complaint by indicating, with respect to what were identified as the damages and/or losses claimed, what gives rise to them, in what they consist, and a preliminary estimate thereof (image 84 of the judicial file). In response to that order, the plaintiff's representative filed a written submission at the court on June 28, 2021, stating insofar as relevant: '... the factual and legal grounds that serve as the basis for the request for an abstract damages award (condenatorio en abstracto) in favor of my client are set out below. 1. Grounds for the claim for compensation for damages and losses. On July 9, 1991, Decreto Ejecutivo 20518-MIRENEM was issued, creating the Parque Nacional Marino Las Baulas Guanacaste. Subsequently, by means of Ley 7524 of July 10, 1995, entitled Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, the coordinates and boundaries of the Parque Nacional Marino Las Baulas were specified.\n\nAs established by Decreto N° 34015-MINAE, my client's property was affected by falling within the coordinates of Parque Nacional Marino Las Baulas, with the impact covering 100% of the land. The Administration proceeded to annotate on the property a provisional annotation order (mandamiento provisional de anotación) declaring public interest, under the registry citations Tomo 573, Asiento 36083, dated October 11, 2007, without providing any form of prior compensation (indemnización previa) as required by the Constitución Política, Decreto N° 34015-MINAE, and the Ley de Expropiaciones. From the moment the order was annotated on my client's property, the right of enjoyment and use (goce y disfrute) was restricted, preventing my principal from any form of exploitation or (sic) normal use of the real property. By this act, the Administration violated the right to private property enshrined in Article 45 of the Constitución Política, which states: (...). The cited article establishes that property is inviolable and that no one may be deprived of its enjoyment and use except in the public interest and upon prior compensation. In the present legal dispute (litis), this principle was violated when the property was de facto expropriated (expropiación de facto) without providing due compensation to my principal. As may be observed in the administrative file, it was not until September 23, 2008, that administrative appraisal (avalúo administrativo) AA-89-2008 was issued—that is, nearly one year after the public-interest annotation order had been recorded on the property. The appraisal was notified to my client approximately three months after its issuance, specifically on December 12, 2008. On January 6, 2009, an objection was filed against it on account of a series of inconsistencies and violations. By official communication R-MINAET-SINAC-017-2009, dated June 4, 2009 (nearly five months later), SINAC forwarded the file to the Procuraduría General de la República for it to proceed with the special expropriation proceeding before the Juzgado Contencioso Administrativo. To date, more than eleven years have passed without the proper expropriation proceeding for my client's property having been initiated, generating restrictions on the enjoyment and use of the property arising from the annotation and the change in its legal nature—given that the property has been decreed to now form part of Parque Nacional Marino Las Baulas—with the consequent change in the nature of the real property (sic) that makes it impossible to develop any type of infrastructure or to engage in any form of exploitation. Our legal system (ordenamiento jurídico) has provided, at both the constitutional and statutory levels, for the existence of a responsible State, obligated to answer for the damages and losses that each and every one of its acts may cause, regardless of whether there is malice or fault in the administrative conduct.\" A portion of judgment No. 00033-2011, issued at 12:45 hrs. on January 30, 2001 by the First Section of the Administrative Litigation Court (Tribunal Contencioso Administrativo), was cited in part, and the submission then continued as follows: \"From what is expressed in the judgment issued by the Court, it is evident that the right to compensate the expropriated party must not only encompass the economic value of the property of which that party is deprived, but must also cover the damages and losses that are a consequence of the expropriation. In the present proceeding we face precisely such a situation: as a result of the Administration's inaction and failure to pursue the expropriation, it has unjustifiably restricted my client's right of property. In consequence of all of the foregoing, and given the seriousness of the restrictions imposed on my client's property, the State, instead of expediting its actions to finalize the compensation, has incurred unnecessary delays, all to the detriment of my client's rights, the annotation having been in place for more than 11 years. In light of the foregoing, I request that the court record the third claim of the complaint as follows: 3. That the defendant parties be condemned, pursuant to Articles 190 et seq. of the Ley General de la Administración Pública, in relation to Article 122, paragraph m), sub-paragraph iii) of the CPCA, to the abstract award of payment (pago en abstracto) of the damages and losses occasioned by their abnormal operation, the existence and amount of which shall be determined during the judgment enforcement phase\".-\n\nIII.- On the defense arguments submitted by the State's legal representatives. For its part, the State's legal representation filed its opposition to the complaint in the following terms: \"BACKGROUND. In order to situate the discussion before us, it is useful to provide a synopsis of the facts surrounding this matter: 1.- By means of Report No. DFOE-PGAA-IF-3-2010 of February 26, 2010, the Comptroller General issued a series of mandatory directives to both the Minister of Environment, Energy and Telecommunications —hereinafter MINAET— and to the Executive Director of SINAC and to the Director General of Taxation. In that report, the Comptroller General communicated that the boundaries and geographic extent of the PNMB have not been clearly defined, which generates legal uncertainty regarding the actual possession of the land surrounding that Park. In this regard, the Comptroller General states: \"(…) This situation, which we might characterize as an omission inherent in Law No. 7524, results in the absence of an official map of the Park showing its true boundaries. Neither the Park Administration, nor the Regional Directorate of the Tempisque Conservation Area, under whose responsibility the Park falls, nor the Protected Wildlife Areas Management Office of the Executive Secretariat of SINAC, possesses an official map of the Parque Nacional Marino Las Baulas; not even the Instituto Geográfico Nacional (IGN), the entity that supported this Comptroller General's study, had sufficient information to produce a map with the precision and official character that was required. Thus, the various maps that were provided to this oversight body differ from one another with respect to the tracing of the Park's boundaries. Nevertheless, one important point to highlight is that the most notable differences appear above all in the area corresponding to the 125 meters measured from the ordinary high-water mark (pleamar ordinaria), specifically in the Playa Ventanas and Playa Grande sectors, which is precisely where such errors in a map of this Park would be least expected, given that this is the area most clearly delimited by the aforementioned Law establishing the PNMB. Based on the inquiries conducted by this oversight body, that situation is attributable primarily to problems with the placement of the boundary markers (mojones) that demarcate the public zone (zona pública), caused by the irregular displacement or removal of those markers. (…). However, it is equally important that MINAET coordinate with the relevant entities regarding the geographic coordinates of the Park zones that are not clearly delimited in Law No. 7524, so as to eliminate any doubt as to the Park's extent, as well as to ensure the preparation of an official map of the Parque Nacional Marino Las Baulas once its boundaries have been clarified. Such a map constitutes a fundamental element for conclusively determining both the number and the extent and correct location of the parcels situated within the Park's boundaries that are subject to expropriation pursuant to the aforementioned Law.\" (…). The aforementioned report also indicates that the situation described is compounded by the irregular displacement or removal of the boundary markers located in the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre, ZMT), with the result that the State does not have an official cadastral map of the PNMB. In addition, the report explains that some of the six parent parcels (fincas madres) that gave rise to the subdivisions of land within the PNMB were titled through administrative proceedings by the then Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), today the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), when in fact the applicable regulations required a possessory information (información posesoria) process before a judicial tribunal. Accordingly, in mandatory directive 4.1.a of Report No. DFOE-PGAA-IF-3-2010, the MINISTER OF ENVIRONMENT, ENERGY AND TELECOMMUNICATIONS IS ORDERED, under subparagraph b), \"to carry out the respective assessment of the cases involving the parent parcels that were titled by the then Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), identified in this report as numbers 2 and 3 (as shown in the figure at point 2.2.1-a), for the purpose of deciding whether or not to file such legal actions as may be appropriate to annul the unlawful administrative acts that may be identified in that assessment and to pursue the eventual recovery of the State-owned land that today forms part of the PNMB.\" Based on the foregoing, the absence of a cadastral map and of legal studies pertaining to the PNMB resulted in the use, during expropriation proceedings, of cadastral plans containing errors that overlapped with one another and contained imprecise measurements, thereby causing economic losses and costly judicial delays for the Administration. 2.- In view of the situation described, MINAET-SINAC has undertaken efforts to address the issues identified by the Comptroller General, carrying out the following tasks: First, SINAC — Área de Conservación Tempisque — hereinafter ACT — in pursuit of the consolidation of the PNMB as well as the orderly management of expropriation proceedings, prepared a technical prioritization for the expropriation of properties, which was reviewed by the Scientific Technical Committee of the Área de Conservación Tempisque on July 24, 2012 and approved by the Regional Council of the Área de Conservación Tempisque (CORACT) on September 13, 2012 and by the National Council of Conservation Areas (SINAC) on October 29, 2012. That prioritization establishes an ascending order of priority, organized by sectors of the PNMB; beginning with the expropriation of parcels located within Priority 1 and continuing through the subsequent priority levels up to Priority 6; this work is grounded in technical criteria established by SINAC-ACT staff (Office memorandum ACT-OR-DR-1100-2021 of September 15, 2015 from the Regional Office of the Área de Conservación Tempisque — SINAC). Second, SINAC executed Contract No. 000044-2013 with the School of Surveying (Escuela de Topografía) of the Universidad Nacional — hereinafter UNA — for the preparation of a cadastral map and legal studies of the territories located within the PNMB; a product that is indispensable for obtaining an overview of the boundaries and the correct titling of the parcels within the PNMB, and thereby assessing whether to bring the appropriate legal actions against the improper registration of incorrectly inscribed parent parcels. However, the products contracted from the UNA's School of Surveying under procurement process No. 000044-2013 were deficiently prepared. For that reason, SINAC has been requesting corrections since 2014, and has held various meetings with the UNA Rector in order to find a solution to those breaches; in support of the foregoing, the following memoranda are submitted: Memorandum ACT-OR-DR-013-19. Memorandum ACT-OR-DR-057-19. Memorandum UNA-R-OFIC-105-2019. UNA-OFIC-ETCG-037-2019. UNA-R-OFIC-710-2019. UNA-ETCG-OFIC-146-2019. UNA-R-OFIC-864-2019. ACT-OR-DR-509-2021. 3.- In light of the situation described, several constitutional writs of amparo (recursos de amparo) have been filed before the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice — hereinafter the Constitutional Chamber — all of which have been dismissed. Nevertheless, attention is drawn to the reasoning set out in Ruling No. 2013008260, issued at nine hours and ten minutes on June 21, 2013, in which the Chamber indicated that it can be understood with crystalline clarity that there is no certainty as to the true boundaries of the Parque Nacional Marino Las Baulas, and that until \"those complications are resolved\" the expropriation proceedings cannot go forward; in that regard, the Chamber stated: \"(…) From the foregoing it follows, with crystalline clarity, that there is no certainty as to the true boundaries of the Parque Nacional Marino Las Baulas, which is being determined both in administrative proceedings and in contentious-administrative judicial proceedings. Likewise, it must not be overlooked that, since 2008 — the year in which this Tribunal intervened — the authorities of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications have in fact taken measures with the clear and unquestionable purpose of initiating the expropriation proceedings that are being demanded. III.- That said, this Tribunal must remind the authorities of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications that, once the aforementioned complications have been resolved, they are under an obligation to carry out the expropriation procedures within a reasonable time, in accordance with the circumstances, so as not to infringe upon the property rights of the petitioners. Therefore, although it is true that the registral annotation on the property has remained in place since 2007, in view of the complex situation that exists with respect to the land within the Parque Nacional Marino Las Baulas — which has required and continues to require time to be resolved — the Chamber does not find that the injury alleged was sustained. In any event, given the complexity of the matter, any disagreement with the procedure followed by the respondent in this specific case (whether administrative or otherwise) must be raised through the legality channels and not before this constitutional jurisdiction. Likewise, no injury arose from the failure to respond to the letter of January 13, 2013, since it is noted that it falls within the legality channels and not this jurisdiction to assess whether the time elapsed in responding violated any statutory deadline. In conclusion, upon a more careful weighing of the facts, and in the same vein as Ruling No. 2012-017784 issued at 09:30 hours on December 14, 2012, notwithstanding the fact that in this case it is established that the expropriation process was initiated six years ago without having been concluded as of the date this writ was filed, due to the situation — dismissal of this writ, as is hereby ordered. Nevertheless, the respondent is reminded that, once the aforementioned complications have been resolved, it is under an obligation to carry out the expropriation procedure within a reasonable time, in accordance with the circumstances, so as not to infringe upon the property rights that the petitioner claims to hold.\" (Emphasis not in the original.) FACTS: First: I accept the existence of Executive Decree No. 20518-MIRENEM of June 5, 1991 (which entered into force on July 9, 1991) establishing the Parque Nacional Marino Las Baulas Guanacaste. As to its content, I refer to its text. Second: I accept it. Third: I accept the existence of Law No. 7524 of July 10, 1995, entitled \"Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste.\" As to its content, I refer to its text. However, emphasis is placed on the second paragraph of Article 2, which expressly states: \"The private lands comprised within that delimitation shall be subject to expropriation and shall be considered part of the Parque Nacional Marino las Baulas until such time as they are acquired by the State through purchase, donation, or expropriation; in the meantime, the owners shall enjoy the full exercise of the attributes of ownership.\" (…) Fourth: I accept the existence of Executive Decree No. 34015. As to its content, I refer to its text. Fifth: I accept the existence of the provisional writ (mandamiento provisional). As to its content and registry citations, I refer to the evidence submitted by the plaintiff (folio 13 of the administrative file). Sixth: I accept the existence of Memorandum SINAC-DG-103-2008 of 2008 from the SINAC General Directorate. As to its content, I refer to folios 14 through 17 of the administrative file. Seventh: I accept the existence of Administrative Appraisal AA-98-2008 of September 23, 2008 (transcription date) from the Ministry of Finance. As to its content, I refer to folios 18 through 25 of the administrative file. Eighth: I accept it. Ninth: I accept it. Tenth: It is not correct; I reject it in the terms stated. Folios 45 through 47 of the administrative file contain Resolution No. R-MINAET-SINAC-017-2009, issued at 8 hours 20 minutes on June 4, 2009 by the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, by which the opposition to Administrative Appraisal AA-98-2008 was deemed validly filed and it was indicated that \"once the expropriation agreement is signed, the file shall be forwarded to the Procuraduría General de la República, the State's legal representative, so that it may initiate the special procedure before the appropriate Contentious-Administrative Court.\" However, the file was not forwarded to the Procuraduría General de la República. In that regard, Memorandum ACT-OR-DR-1100-2021 of September 15 of the current year from the Área de Conservación del Tempisque stated: \"Fourth point requested: The administrative file was not forwarded to the Procuraduría General de la República (PGR) due to the compliance report sent by the Comptroller General, Directive 4.1 of Report DFOE-PGAA-IF-2010, in which SINAC-MINAE was informed of the inconsistencies in the boundaries of the PNM Baulas, as well as the potentially improper registration that may have occurred with respect to the parent parcels that gave rise to the Parque Nacional Marino las Baulas. See response two.\" Eleventh: It is not accepted in the terms stated; reference is made to Background points one, two, and three of this answer to the complaint. LEGAL GROUNDS AND ARGUMENTS: In accordance with the complaint brief, the plaintiff's claim is as follows: \"(…).\" As is clear from the prayer for relief, the plaintiff seeks to be expropriated and also to obtain double compensation: the first, for the alleged \"impairment\" suffered by the real property registered under No. 5-42366-000 as a result of the provisional expropriation annotation and the creation of the PNMB; and the second, for damages and losses arising from that same \"impairment.\" With that understanding, I proceed to set forth the reasons and grounds for which the complaint must be rejected in its entirety. PRELIMINARY DEFENSE I. STATUTE OF LIMITATIONS AND LAPSE. I raise the preliminary defenses of statute of limitations and lapse, on the grounds that any right to claim compensation for the alleged violation of the right to property is time-barred and has lapsed. Indeed, if we look to the rules set out in Article 198 of the General Law on Public Administration, \"The right to claim compensation from the Administration shall be subject to a four-year statute of limitations, running from the event giving rise to the liability,\" it is clear that in this case the legal situation of the Park has already been consolidated by the passage of time, definitively confirming the waiver of the right to bring a claim against the State. Moreover, with respect to the rules of Article 61 of the Law on Expropriations, Law No. 7495 of May 3, 1995, the present proceedings are likewise time-barred and have lapsed; that provision reads: \"Article 61.- Statute of limitations and lapse. The rights and actions arising from this law are subject to a ten-year statute of limitations, running from the day following the date on which the State took possession of or encumbered the property. An administrative claim shall lapse and be deemed not to have been filed if five years pass without the interested party actively pursuing the proceedings.\" In this regard, it must be noted that the plaintiff company literally states that, from the date of the registral annotation of the provisional writ of the public-interest declaration on October 11, 2007, the right of enjoyment and use was restricted, imposing a limitation on my principal as to any form of exploitation or normal utilization of the real property (an assertion that this representation does not share but to which our opposition will be developed below). Nevertheless, FOURTEEN YEARS passed and the plaintiff company only now brings a judicial proceeding, by which time its right had already lapsed and become time-barred. In this regard, Ruling No. 2010-03946, issued at fourteen hours and forty-four minutes on February 24, 2010 by the Constitutional Chamber, in addressing the action of unconstitutionality filed against the aforementioned provision, states: \"That is to say, the statute of limitations is a legal institution whose most important characteristic is to safeguard one of the fundamental values of the legal order — namely, legal certainty and security — taking as its starting point the conscious inaction of the holder of a right, which, combined with the passage of a legally determined period, produces the extinction of the corresponding right. IV.- The provisions challenged in these proceedings expressly establish a statutory limitation period within which individuals who feel harmed by an expropriation — de facto or de jure — may appear before the expropriating Administration itself or before the Courts of Justice in defense of their interests. Once that period has elapsed, for the aforementioned reasons of certainty and legal security, the extinction of the corresponding right is established. In this sense, it is incorrect to consider that the challenged provisions authorize the State and Municipalities to dedicate private lands to public purposes (in this case, to public roads) without prior expropriation and compensation. In accordance with the principle of inviolability of property (intangibilidad de la propiedad) enshrined in Article 45 of the Political Constitution, the expropriation route — with prior compensation — constitutes the principal mechanism established by the legal order for the State and its institutions to bring a privately owned asset into the public domain. As this Chamber has previously held: '(…) it is not possible to interpret that the public domain is created by a unilateral decision of the Administration, with disregard for the owner's will, and even less so when the property is registered in the Public Registry of Real Property, if there has been no prior voluntary transfer that the Administration can prove by any means; or if prior compensation has not been paid, where it is sought to acquire the property through compulsory means, as established by Article 45 of the Constitution.' (Ruling No. 3146-96, issued at 9:27 hours on June 28, 1996). The limitation period established in the challenged provisions is in no way contrary to Articles 41 and 45 of the Political Constitution, or to the principle of legal reasonableness. While it is true that the right to property, regulated in the aforementioned Article 45 of the Constitution, is one of the essential pillars of our legal system, it is equally true that — as with all fundamental rights — it is not an absolute or unrestricted right. The provision itself makes clear that 'for legally established public interest, upon prior compensation in accordance with law,' a person may be deprived of their property. And the right to receive compensation, being a credit right, is subject to the statute of limitations established in the challenged provisions, which constitutes an equally permissible limit in our legal system for reasons of certainty and legal security. Correspondingly, it is also incorrect for the petitioner to claim that the limitation period established in the challenged provisions empties the right to property of its content, thereby violating the constitutional principle of legal reasonableness. In this Chamber's view, the periods in question are more than reasonable for persons holding a right to compensation to appear before the appropriate forum in defense of that right. V.- Since this Chamber does not find that either of the two challenged provisions presents constitutional deficiencies warranting the granting of the petition, what is proper is to reject it on the merits, as is hereby ordered (…).\" (…). Based on the foregoing, it is considered that the present proceedings are time-barred and have lapsed, and I respectfully request that this be so declared by judgment. DEFENSES I. DEFENSE OF LACK OF SUBSTANTIVE RIGHT AND LACK OF PASSIVE STANDING (LEGITIMACIÓN AD CAUSAM PASIVA). A.- Lack of substantive right: owners of private lands enjoy all the attributes of ownership until the parcel is acquired by the State. Despite the existence of an express provision guaranteeing the rights of owners of private parcels — duly registered — the plaintiff in the present case asserts that the State has acted through de facto measures (vías de hecho) and that it must therefore pay the value of the property. The plaintiff contends that the inclusion of its property within the boundaries of the PNMB and the provisional expropriation annotation on its property obligate the State to pay compensation. In this regard, the plaintiff company states: \"Taking into account the quoted texts, it is possible to assert without any doubt that the Costa Rican State has acted through de facto measures in violation of my client's rights. The issuance of Executive Decree 20518-MINEREM, the annotation of the expropriation of the parcel, but above all the time elapsed since its issuance and the encumbrance up to the present date, constitute a direct infringement of my client's right to private property, which finds no justification or logic whatsoever, even compelling recourse to this lawsuit in order to vindicate its rights. Today, the property cannot be fully enjoyed by its owners by reason of having been declared part of the Parque Nacional Marino Las Baulas, whose purpose is conservation, which is by definition the opposite of private use.\" However, these assessments are not in conformity with the law, insofar as there are legal provisions regulating the process by which private lands are incorporated into protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas); first, the second paragraph of Article 2 of Law No. 7524 of July 10, 1995, entitled \"Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste,\" is mentioned, which literally provides that \"The private lands comprised within that delimitation shall be subject to expropriation and shall be considered part of the Parque Nacional Marino las Baulas until such time as they are acquired by the State. In this regard, the provision states: 'The private lands comprised within that delimitation shall be subject to expropriation and shall be considered part of the Parque Nacional Marino las Baulas until such time as they are acquired by the State through purchase, donation, or expropriation; in the meantime, the owners shall enjoy the full exercise of the attributes of ownership.'\" (…). Second, Article 37 of the Organic Law on the Environment, Law No. 7554 of October 4, 1995, establishes that lands shall only be incorporated into a protected wilderness area (área silvestre protegida, ASP) once payment has been made or when the owner voluntarily places the land under a forestry regime: \"Article 37.- Powers of the Executive Branch. When establishing protected wilderness areas, under whatever management category, the Executive Branch, through the Ministry of Environment and Energy, is empowered to include, within the area's boundaries, any private parcels or portions thereof necessary for the fulfillment of the objectives set out in this law and for their implementation in accordance with the respective management plan, or to create legal easements (servidumbres legales) for ecological protection and compliance with this law. In the case of national parks, biological reserves, or state-owned national wildlife refuges, the lands shall be acquired by purchase, expropriation, or both procedures, subject to prior compensation. In the case of forest reserves, protection zones, mixed wildlife refuges, and wetlands, the parcels or portions thereof may also be purchased or expropriated, unless, at the owner's request, they are voluntarily placed under the forestry regime. Such subjection shall be registered in the Public Registry of Real Property as an encumbrance on the property, which shall remain in effect for the period established in the management plan. Private parcels encumbered as provided in this article, by virtue of being located within national parks, biological reserves, wildlife refuges, forest reserves, and protection zones, shall be included within the state protected areas only from the moment they have been legally paid for or expropriated, except where they are voluntarily placed under the Forestry Regime. In the case of forest reserves, protection zones, and wildlife refuges, and where payment or expropriation has not been carried out and while it is being carried out, the areas shall be subject to an environmental management plan that includes an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) and, subsequently, to a management, recovery, and resource restoration plan. (As amended by Article 72, subparagraph c) of the Ley Forestal, No. 7575 of February 13, 1996, which was in turn amended by Article 114 of the Biodiversity Law, No. 7788 of April 30, 1998).\" (Bold and underlining not in the original.) Based on the foregoing, it is possible to establish two fundamental points for resolving the present matter: — There is a general authority for the State to include, within ASPs, the private lands necessary for the fulfillment of environmental protection objectives. — Private properties included within an ASP shall be considered part of it only once the parcel has been paid for. Until payment has been made, the property retains its status as private property, and the mere issuance of the creation decree does not give rise to an obligation to recognize the requested compensation. As relevant here, the possibility of including private property within the boundaries of an ASP falls within the legitimate exercise of a power derived from the constitutional right to a healthy and ecologically balanced environment — a power that, being expressly defined in law, requires no further discussion. Hence, the alleged inclusion of the parcel within the boundaries of the PNMB constitutes a valid administrative act, not a de facto measure. It is clear that the creation decree and, subsequently, the Law do not cause any harm to the plaintiff company, nor do they give rise to a right to compensation, as its representatives appear to believe. That right arises only if there is a violation of its right to property — not before. In this case, there is not even any indication that Article 45 of the Constitution has been infringed or threatened to the detriment of the plaintiff. In this regard, Memorandum ACTOR-DR-1314-2021 of October 14, from the Regional Directorate of the Área de Conservación Tempisque (SINAC), literally stated: \"Point 3: Regarding your query, I note that the natural enjoyment of the property and its usufruct, as with any other owner holding property within the boundaries of the National Park, have never been subject to any limitation, restriction, or impediment to enjoyment and use of the usufruct. This is reaffirmed by SINAC in relation to all owners, by establishing for the first time in a zoning scheme of a General Management Plan in Costa Rica, specifically in that of the Parque Nacional Marino las Baulas, a zoning designation stating that private properties 'are those located within the boundaries of the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste (PNMBG) as established by the creation law, and until such time as they are expropriated and paid for and become part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado, PNE), they retain their status as private property; no public-use zoning category shall apply to them, but they shall be regulated by the corresponding rulings of the Constitutional Chamber and the applicable environmental legislation in force throughout the country, including environmental impact assessments. In these cases, the Administration's priority interest is to incorporate them into the Natural Heritage of the State.'\" (…). Indeed, in the Management Plan of the PNMB (Resolution R-SINAC-114-2017 of July 31, 2017), published in Supplement (Alcance) No. 281 of the Official Gazette (Gaceta) No. 220 of November 21, 2017, with respect to private properties, it was literally stated that they shall become part of the Natural Heritage of the State once acquired: \"F. Private Property Zone. This zone corresponds to privately owned lands located within the boundaries of the PNMLB as established by the creation law, and which, until they are expropriated and paid for and become part of the Natural Heritage of the State (PNE), retain their status as private property. In the meantime, no public-use zoning category shall apply to them, but they shall be regulated by the corresponding rulings of the Constitutional Chamber and the applicable environmental legislation in force throughout the country, including environmental impact assessments. In these cases, the Administration's priority interest is to incorporate them into the Natural Heritage of the State. A zone designated as Private Property has been established, comprising those properties that have not yet been expropriated but which form part of the National Park pursuant to law. These private lands, situated within the declared protected wilderness area (Law No. 7524), retain their status until such time as the Executive Branch carries out the relevant expropriation procedures in accordance with Article 37 of the Organic Law on the Environment. Until that occurs, the State's priority is to ensure that the uses carried out on them do not affect the leatherback sea turtles (EFM). These properties shall become part of the Natural Heritage of the State once they are acquired.\" (…).\n\nFurthermore, as set forth in the background section, some of the six parent parcels (fincas madres) that generated the subdivisions of the land within the PNMB were titled through administrative proceedings (sede administrativa) by the then Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), now the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), when in fact the applicable regulations required a possessory information proceeding (información posesoria) conducted before a court of law (sede judicial). Consequently, the Comptroller General (Contraloría), in mandatory compliance directive 4.1.a of report N.° DFOE-PGAA-IF-3-2010, ORDERS the MINISTER OF ENVIRONMENT, ENERGY AND TELECOMMUNICATIONS, under subsection b), \"to carry out the corresponding assessment of the cases of the parent parcels that were titled by the then Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), identified in this report as numbers 2 and 3 (as shown in the image at point 2.2.1-a), in order to decide whether or not to file the appropriate legal actions to annul the unlawful administrative conduct determined in that assessment and to pursue the eventual recovery of State-owned lands that currently form part of the PNMB.\" This situation —as already noted— has come to the attention of the Sala Constitucional, which in voto Nº 2013008260, issued at nine hours ten minutes on the twenty-first of June of two thousand thirteen, stated that it can be understood with absolute clarity that there is no certainty as to the true boundaries of the Parque Nacional Marino Las Baulas, and that until \"those complications are resolved,\" expropriation proceedings cannot be carried out; in this regard, it held: \"(…) From the foregoing, it follows with absolute clarity that there is no certainty as to the true boundaries of the Parque Nacional Marino Las Baulas, a matter currently being determined both in the administrative proceedings themselves and in the contentious-administrative jurisdiction. Likewise, it must not be overlooked that the authorities of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications have, since 2008 —the year in which this Tribunal intervened— indeed taken measures with the clear and unquestionable aim of initiating the expropriation proceedings that are demanded. III.- However, this Tribunal cannot fail to note to the authorities of the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications that, once the aforementioned complications have been resolved, they are under an obligation to process the expropriation procedures within a reasonable period, as determined by the circumstances, so as not to violate the property rights of the protected parties. Therefore, although it is true that the registry annotation on the property has remained in place since 2007, given the complex situation presented by the lands of the Parque Nacional Marino Las Baulas —which has required and continues to require time to be resolved— the Court does not find that the alleged injury occurred. In any event, given the complexity of the matter, any objection regarding the procedure followed by the respondent in the specific case (whether administrative or otherwise) must be raised before the courts of general jurisdiction and not before this constitutional court. Likewise, no injury arose from the failure to respond to the note of January 13, 2013, as it is reported that it is for the courts of general jurisdiction, and not this court, to assess whether the time elapsed in providing a response violated any statutory deadline. In conclusion, upon a more careful weighing of the facts, and in the same vein as voto número 2012-017784, issued at 09:30 hours on December 14, 2012, despite the fact that in this case it is established that the expropriation process was initiated six years ago without having concluded by the date this appeal was filed, due to the [apparent gap in original text] the dismissal of this appeal, as is in effect done. However, the respondent is reminded that, once the aforementioned complications have been resolved, it is under an obligation to process the expropriation procedure within a reasonable period, as determined by the circumstances, so as not to violate the property rights claimed by the protected party.\" (…).\n\nIn accordance with the foregoing, it is possible to affirm that the natural enjoyment of the property and the usufruct of registered parcel N.° 5-42366-000 have never been subject to any limitation, restriction, or impediment of enjoyment and use; in that regard, there has been no de facto act (vía de hecho) on the part of the State, and it is an established fact —EVEN ACKNOWLEDGED BY THE SALA CONSTITUCIONAL— that until SINAC obtains the cadastral map and the legal studies of the territories located within the PNMB, no expropriation of any parcel can be carried out, inasmuch as THE ORDER SET FORTH IN THE MANDATORY COMPLIANCE DIRECTIVES of the Comptroller General is that the appropriate legal actions be filed to annul the unlawful administrative conduct determined in that assessment and to pursue the eventual recovery of State-owned lands that currently form part of the PNMB. Consequently, in the particular case of registered parcel N.° 5-42366-000, by official communication N.° ACT-OR-DR-1190-2021 of September 29, 2021, from the Regional Office of the SINAC Tempisque Conservation Area, it is stated: \"Third item requested: As already indicated, the parcel with registration number 42366-000 belongs to parent parcel 2. Among the activities that SINAC has undertaken is the contracting of the preparation of Cadastral Maps and legal studies of all the parcels located within the Parque Nacional Marino Las Baulas, along with their corresponding background studies; this aims to establish a diagnosis of the actual status of all the parcels that make up the Parque Nacional Marino Las Baulas, and once certainty is achieved, to institute the appropriate proceedings as ordered. (…). SINAC expects to clarify these doubts once the Cadastral Map and legal studies to be delivered by the Universidad Nacional (UNA) are finalized. Regarding the properties existing within the boundaries of Parque Las Baulas, the actions taken by SINAC in contracting the preparation of the Cadastral Map from UNA are aimed at locating all the parcels that must be expropriated as provided, in order to consolidate the Parque Nacional Marino Las Baulas.\" Accordingly, the plaintiff's claims that the State be compelled to pay compensation for \"the expropriation\" of the parcel registered under number 5-42366-000 and that the commencement of the expropriation process be ordered are entirely without merit, and I so request be declared.\n\nB.- Lack of standing as defendant (legitimación pasiva) on the part of the State: In the extremely remote event that the items claimed by the plaintiff are found to be meritorious, it must be taken into consideration that the State has a lack of standing as defendant in this matter. Standing as defendant refers to the ability to require a party to fulfill a specific obligation —in this case, the payment of compensation. In this regard, the Sala Primera, in ruling N° 1023-F-2009, stated the following: \"The defendant must be the person whom the law requires to oppose the plaintiff's claim, or against whom the law permits the substantive legal relationship that is the object of the suit to be declared; and the plaintiff must be the person who, under the law, may assert the claims of the suit, even if the substantive right claimed does not exist or belongs to another. … According to the party with standing or its position in the procedural relationship, a distinction may be drawn between active standing and passive standing: the former belongs to the plaintiff and to those persons who subsequently intervene to defend the plaintiff's position, while the latter belongs to the defendant and to those who intervene to contest and oppose the plaintiff's claims. The absence of standing to sue or be sued constitutes a substantive impediment; if the judge becomes aware of such absence, the judge must so declare ex officio and issue a dismissal, which does not prevent it from being raised in a timely manner as a preliminary objection. (…). (… Ruling number 976, issued at 7 hours 40 minutes on December 19, 2006. In the same vein, see, among others, rulings of this Chamber numbers 89, issued at 14 hours 50 minutes on June 19, 1991, 83, issued at 15 hours 15 minutes on September 24, 1997, and 604, issued at 10 hours on August 17, 2007).\" (…).\n\nIn the same vein, Article 12.2 of the Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA) establishes the obligation to name the State as a defendant jointly with the budgetary entity (personificación presupuestaria) that is the author of the allegedly inflicted harm. In this connection, pursuant to Article 22 of the Ley de Biodiversidad, number 7788 of April 30, 1998, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación is created with its own legal personality, as a decentralized and participatory institutional management and coordination system that integrates competencies in the areas of forestry, wildlife, and protected areas, with the aim of establishing policies, planning, and executing processes directed at achieving sustainability in the management of Costa Rica's natural resources. In this regard, Article 22 states: \"National System of Conservation Areas. There is hereby created the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, hereinafter referred to as the System, which shall have its own legal personality; it shall be a decentralized and participatory institutional management and coordination system that shall integrate competencies in the areas of forestry, wildlife, protected areas, and the Ministry of Environment and Energy, with the aim of establishing policies, planning, and executing processes directed at achieving sustainability in the management of Costa Rica's natural resources. In accordance with the foregoing, the Dirección General de Vida Silvestre, the Administración Forestal del Estado, and the Servicio de Parques Nacionales shall exercise their functions and competencies as a single body through the administrative structure of the System, without prejudice to the objectives for which they were established. The protection and conservation of the use of river basins (cuencas hidrográficas) and water systems is included as a competency of the System.\" (…).\n\nSINAC's priority policy is to facilitate and promote actions leading to the protection, conservation, and sustainable management of the natural resources and biodiversity present in Protected Wildlife Areas (Áreas Silvestres Protegidas) and Conservation Areas. Furthermore, in the case of SINAC, there is an express provision stating that it shall be the Protected Areas Trust (Fideicomiso de Zonas Protegidas) (formerly the Fondo de Parques Nacionales) that is required to pay private landowners for the parcels included within protected areas that have not yet been purchased. The Ley de Biodiversidad grants SINAC instrumental legal personality precisely so that it may manage a budget enabling it to acquire real property, as is sought in this case. In this regard, Articles 36 and 37 of that statutory body provide: \"Article 36.- Financial instruments. For the purposes of the preceding article, the System is hereby authorized to manage the funds that enter the System for any reason, through trusts (fideicomisos) or other instruments, whether applicable to the entire system or specific to each Conservation Area. The Fondo de Parques Nacionales, created by the Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales, No. 6084, of August 24, 1977, is hereby transformed into the Protected Areas Trust (Fideicomiso de áreas protegidas), dedicated exclusively to the purposes for which it was created, henceforth including the financing of protection and consolidation activities in the other categories of state-owned protected areas.\n\nARTICLE 37.- Pago de Servicios Ambientales. By virtue of sustainability programs or projects duly approved by the Consejo Nacional de Áreas de Conservación and by the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, on the part of the institutions or public entities competent to provide a real or potential water or energy service that depends strictly on the protection and integrity of a Conservation Area, the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos may authorize those providing such services to charge users, through the applicable tariff, a percentage equivalent to the cost of the service rendered and to the scope of the approved program or project. On a quarterly basis, the entity responsible for collecting said payment shall transfer or disburse all of the collected funds to the Protected Areas Trust, which in turn shall, within an equal period, make the corresponding payments to the owners, possessors, or administrators of the affected properties, and shall allocate said funds exclusively to the following purposes: (…). 3.- Purchase or cancellation of private properties located within state-owned protected areas that have not yet been purchased or paid for.\" Under this framework, SINAC possesses a separate legal personality for the purchase of real property, making it impossible to attribute any liability to the State in this case. Under this understanding, it is not possible to seek to assign liability to the State in contravention of the express text of the law. In this regard, it should be noted that there is extensive jurisprudence of the Sala Constitucional in which, when analyzing condemnation in damages in amparo (constitutional writ of protection) proceedings against budgetary entities, it has consistently chosen to condemn the budgetary entities directly rather than the body to which they belong, taking into account the existence of the separate budget of the instrumentalized body (órgano persona). Thus, for example, when analyzing the liability of the Consejo de Transporte Público, in response to a request for clarification and addition filed by the State's representation to the effect that in cases involving budgetary entities it is the instrumentalized body and not the State that must answer for the damages caused, the Constitutional Tribunal stated: \"II.- REGARDING THE MOTION FILED. In this case, the Deputy Attorney General files a request for addition and clarification on the ground that this Chamber erred in condemning the State to pay for the damages caused by the acts alleged by the petitioner, inasmuch as those acts were carried out by the Consejo de Transporte Público, an organ with maximum administrative deconcentration (desconcentración máxima) from MOPT, which enjoys instrumental legal personality and its own assets and which appeared as respondent in the amparo proceedings giving rise to the challenged ruling. In light of the foregoing, this Tribunal, taking into account the statement made by Maureen Medrano Brenes in her capacity as Deputy Attorney General, and exercising the authority granted by the cited regulations, finds it necessary, in order to ensure compliance with the ruling, to add to the operative part of that pronouncement in the manner set forth below, as the State was erroneously condemned to pay costs, damages, and losses when the appropriate party to be condemned was the Consejo de Transporte Público, which is in effect done hereby. Por tanto: The error in voto 2015-15014, issued at 09:30 hrs. on September 25, 2015, is hereby corrected, and it shall now read as follows: 'The appeal is granted. Accordingly, Mario Zárate Sánchez, in his capacity as Executive Director, and Freddy Quesada Alfaro, in his capacity as Head of the Department of Inspection and Control, both of the Consejo de Transporte Público, or whomever may hold those positions in their stead, are ordered, within a maximum period of ten days, to respond to the complaint filed on January 15, 2015 by the Executive Director of the Patronato Nacional de Ciegos. Once the forty-five days granted to the Engineering Department of the Consejo de Transporte Público have elapsed and the technical report has been issued, the respondents must take the necessary measures to ensure that the bus stop located \"adjacent to the 'Delta' service station near the Comercial del Sur, specifically 50 meters to the north and 25 meters to the west\" meets the accessibility requirements needed by the protected party in his capacity as a person with a disability. The respondents are hereby advised that, pursuant to Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and who fails to comply with or enforce it, provided the offense is not more severely punishable under another provision. The Consejo de Transporte Público is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the acts underlying this declaration, which shall be assessed in the enforcement of judgment proceedings before the contentious-administrative courts. Mario Zárate Sánchez, in his capacity as Executive Director, and Freddy Quesada Alfaro, in his capacity as Head of the Department of Inspection and Control, both of the Consejo de Transporte Público, or whomever may hold those positions in their stead, are hereby notified IN PERSON. Justice Hernández López appends a separate note. Justice Salazar Alvarado appends a note.' \" (Sala Constitucional, ruling N° 2016-4357, issued at 09:20 hours on April 1, 2016. Emphasis added. In the same vein, see rulings N° 2016-3898, issued at 09:05 hours on March 18, 2016; 2016-2045, issued at 09:05 hours on February 12, 2016; and 2016-1274, issued at 09:30 hours on January 29, 2016).\n\nLikewise, the Sala Constitucional has ruled that when a budget separate from that of the State exists, it is that budget which must bear liability for damages exclusively and to the exclusion of the State: \"II.- BACKGROUND: This Chamber, by ruling 2016000812, issued at 9:05 hours on January 22, 2016, ordered the following: 'Regarding the motion filed. In this case, the movant argues that although the Consejo de Seguridad Vial belongs to MOPT, it has instrumental legal personality and its own assets, and may therefore be condemned to remedy what was ordered by ruling number 2013-004721, issued at 09:05 hours on April 12, 2013. In this regard, it should be noted that, effectively, Article 4 of the Ley de Administración Vial provides as follows: \"Article 4.- The Consejo de Seguridad Vial is hereby created as a dependency of MOPT, which shall have independence in its administrative functioning and its own legal personality.\" The legal nature of the Consejo de Seguridad Vial is reaffirmed in various opinions of the Procuraduría General de la República, including opinion C-113 of March 16, 2006, which states that it \"is 'a decentralized body' of MOPT, enjoying instrumental or budgetary legal personality (Art. 4 of Ley N° 6324 of May 24, 1979); that is, a 'non-full' personality, one of limited effect, which at most grants it a certain degree of functional independence —with regard to its technical and budgetary specialization— to administer and execute, in strict compliance with the legal powers proper to it, the economic fund assigned to it by law [Opinions and Rulings C-087-88 of May 25, 1988, C-014-96 of January 30, 1996, C-245-97 of December 17, 1997, OJ-009-98 of February 11, 1998, C-083-2002 of April 3, 2002, C-174-2002 of July 4, 2002, C-222-2002 of August 29, 2002, and C-274-2003 of September 17, 2003]; because it is precisely that instrumental —non-full— personality that derives from the ownership of separate assets and a budget separate from the Ley de Presupuesto de la República [Opinion C-302-2004 of October 22, 2004], because without it, the body would not have the legal capacity to manage and administer the public funds assigned to it, for which it must account.\" (…). From the foregoing it follows that there is indeed an error in the operative part of ruling N° 2013-4721, issued at 9:05 hours on April 12, 2013, since it is the Consejo de Seguridad Vial that should be condemned. Accordingly, the appropriate course of action is to clarify and add to the operative part of the ruling in question ex officio.' III.- SPECIFIC CASE: From the evidence in the record and the jurisprudence partially transcribed above, the Chamber confirms that there is an error in the operative part of ruling 2013-5431, issued at 14:30 hours on April 23, 2013, in that the State was condemned when the appropriate party to be condemned is the Consejo de Seguridad Vial, and accordingly the appropriate course of action is to clarify and supplement the cited ruling. POR TANTO: The operative part of ruling 2013-5431, issued at 14:30 hours on April 23, 2013, is hereby clarified as follows: 'The appeal is granted. The point deduction established in citation notices numbers 2011-230000355 (Article 132, subsection ñ) and 2010-74300273, 2009-296274, 2010-32878, 2009-309980, and 2010-19626 is annulled. The Consejo de Seguridad Vial is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the acts underlying this declaration, which shall be assessed in the enforcement of judgment proceedings before the contentious-administrative courts.' \" (Sala Constitucional, ruling N° 2016-003036, issued at 14:30 hours on March 1, 2016).\n\nIndeed, the position adopted by the Sala Constitucional is clear and unequivocal in the sense that it is not possible to condemn the State for the acts of budgetary entities that possess their own assets. And this is so because to interpret otherwise would mean disregarding the principle of budgetary legality (legalidad presupuestaria). This is a constitutional-rank principle that requires that the budget of the respective body be spent for the purposes for which that body was created, without the possibility of diverting funds toward other activities that have by law been separated and subsumed under a different budget. As follows from Articles 178 and 180 of the Constitución Política, the budget constitutes a limit on the actions of public administrations, referring not only to expenditure authorization as such, but also to the legality of the proposed expenditures. Accordingly, a condemnation of the State for an obligation that does not form part of its legally established functions and competencies would violate the principle of budgetary legality and of budget specialization, since it would constitute the egregious imposition of an obligation not grounded in any legal norm, to the detriment of the fulfillment of the purposes for which the body was actually created.\n\nIn light of the foregoing, and without prejudice to the evident lack of standing on the part of the plaintiff company, based on Articles 11, 178, and 180 of the Constitución Política; Articles 36 and 37 of the Ley de Biodiversidad (N° 7788 of April 30, 1998); Article 13 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional (N° 7135 of October 11, 1989); and Article 12 of the CPCA and other applicable regulations, I respectfully request that the claim be declared without merit in its entirety with respect to my client.\n\nII. OBJECTION TO THE CLAIMED DAMAGES AND LOSSES. The plaintiff company seeks a condemnation to pay, in abstract terms, the damages and losses caused by its abnormal operation (funcionamiento anormal), whose existence and quantum shall be determined in the judgment enforcement phase. However, the claim is without merit. In accordance with the consistent jurisprudence of the Sala Primera, the strict liability (responsabilidad objetiva) of the State may only be declared where evidence has been presented establishing the existence of a State action that produced a harm and, between the administrative action and the harm caused to the individual, a causal relationship (relación de causalidad) is established, which is broken if the harm was caused by force majeure (fuerza mayor), the act of a third party, or the fault of the victim. In this regard, the Sala Primera of the Corte Suprema de Justicia —hereinafter the Sala Primera— has stated: \"The principle of liability arising from administrative function, set forth in Article 190 of the Ley General de la Administración Pública (LGAP), affirms that the administration is liable for all damages caused by its operation, whether lawful or unlawful, normal or abnormal. This is, as can be observed, a strict liability, in which intent or negligence are secondary to the causal relationship between the act and the harm. Under a scheme such as that contained in Costa Rican legislation, in order to determine whether liability has arisen, the legal practitioner must verify the following elements: first, the existence of an effective, quantifiable, and individualizable harm, in accordance with Article 196 ibid. Second, there must be conduct generating the harm; it is important to note that the applicable legal framework uses an open formulation, under which any conduct —whether normal or abnormal, lawful or unlawful, active or omissive, formal or material— is capable of giving rise to liability. Finally, the third element to be analyzed is the causal nexus (nexo de causalidad), which makes it possible to attribute the harm to the specific conduct that contributed to its creation. Various theories exist regarding the mechanism for tracing the harm back to a particular act; of these, the one that best meets the legal demands of rationality and reasonableness is the doctrine of adequate causation (causalidad adecuada), which consists of determining which factors, among the multiplicity of circumstances that may have converged to produce a specific event, are directly or indirectly the efficient and adequate cause of the harm inflicted (on proximate, adequate, and efficient cause, see ruling of this Chamber no. 252-F-01, issued at 16 hours 15 minutes on March 28, 2001). In other words, it is necessary to carry out a value-based analysis aimed at determining whether the cause put forward as generating the harm is apt to produce such a result, so that, through a rational inference, a well-grounded conviction is reached that, had the impugned conduct not occurred, the harm would not have been caused —that is, that the former is a necessary precondition for the occurrence of the latter. The judge must determine, on the basis of the evidentiary record incorporated into the file, whether, from an objective standpoint, it is logical and probable that a specific action (or omission) results in the specific harm for which compensation is sought.\" (Sala Primera, ruling number 769-F-S1-2008, issued at nine hours forty minutes on November 13, 2008).\n\nAs stated in the cited ruling, for State liability to arise, three elements must be demonstrated: a harmful or damaging act by the State (Article 190 of the LGAP); an effective, quantifiable, and individualizable harm (Article 196 ibid); and a causal relationship between the harm allegedly suffered and the conduct of the Public Administration (Article 190 ibid). In this case, none of the aforementioned requirements are met. To begin with, there is no harmful act on the part of the State, since all my client has done is create the Parque Nacional Marino Las Baulas. Second, there is likewise no demonstration of the alleged harm claimed. It should be recalled that pursuant to Article 58 of the CPCA, it is essential that the complaint specify the damages and losses sought and that the corresponding evidence be submitted: \"Article 58.- 1) Once administrative remedies have been exhausted, if so chosen, or within the time limits set forth in Articles 34, 35, and 39 of this Code, the plaintiff shall file a complaint which shall necessarily state: …. e) When damages and losses are additionally claimed, the reason giving rise to them, what they consist of, and a prudential estimate thereof shall be specified.\" In this case, the plaintiff company failed to demonstrate the causal relationship between the alleged damages incurred and the administrative conduct. And in order for compensation based on State liability to be appropriate, it is necessary to demonstrate that the claimed damages were effectively caused by the administrative conduct being challenged, without the existence of other causes that might explain the existence of the harm. Thus, the jurisprudence of the Sala Primera has stated: \"Now, with respect to the analysis of causation between that conduct and the administrative error, it should be noted that most of the doctrine has highlighted the excesses to which an analysis of the causal nexus based on that theory leads, because it lacks correctives that make it possible to set limits on the retrospective judgment that seeks to identify the cause of a harmful event. The case law of this Chamber has itself, in recent times, tended toward applying the criterion of adequate causation, according to which a link between the harm and the harmful conduct is established when the former necessarily arises, or with a high degree of probability, from the latter. (In this regard, see, among others, rulings 467-F-2008, issued at 14 hours 25 minutes on July 4, 2008; 1008-F-2006, issued at 9 hours 30 minutes on December 21, 2006; and 949-F-S1-10, issued at 9 hours 45 minutes on August 12, 2010). (Sala Primera, ruling number 1444-F-S1-2011, issued at nine hours forty-five minutes on November 24, 2011). However, the result of that analysis is that in this case there is no conduct on the part of the administration that produces a certain, real, and effective harm that is compensable, which makes the claim untenable, and I so request be declared.\"\n\nIV.- On the defense arguments raised by SINAC's legal representative. Finally, SINAC's legal representative, also in opposition to the claim, argued, in the relevant part, as follows: \"LEGAL GROUNDS AND ARGUMENTS FOR DISMISSING THE CLAIM. The Organic Environmental Law No. 7554, in its article 32, establishes the types of protected wild areas (áreas silvestres protegidas) that the Ministry of Environment and Energy may create, among which are National Parks. In this regard, the Organic Environmental Law No. 7554, in article 37, provides: 'When establishing protected wild areas, whatever their management category, the Executive Branch, through the Ministry of Environment and Energy, is empowered to include, within their boundaries, the privately owned properties (fincas) or portions of properties necessary to fulfill the objectives set forth in this law and to implement them in accordance with the respective management plan (plan de manejo), and to create legal easements (servidumbres legales) for ecological protection and compliance with this law. In the case of national parks, biological reserves, or state wildlife refuges, the lands shall be acquired by purchase, expropriation (expropiación), or both procedures, subject to prior compensation. In the case of forest reserves, protected zones, mixed wildlife refuges, and wetlands, the properties or portions thereof may also be purchased or expropriated, unless, at the owner's request, they are voluntarily subjected to the forest regime (régimen forestal). Such subjection shall be recorded in the Public Property Registry (Registro Público de la Propiedad) as an encumbrance (afectación) on the real property, and shall remain in effect for the period established in the management plan. Private properties affected as provided by this article, by virtue of being located within national parks, biological reserves, wildlife refuges, forest reserves, and protected zones, shall be included within the state protected areas only from the moment they have been paid for or legally expropriated, except when they are voluntarily subjected to the Forest Regime. In the case of forest reserves, protected zones, and wildlife refuges where payment or expropriation has not yet taken place and while it is being carried out, the areas shall be subject to an environmental management plan (plan de ordenamiento ambiental) that includes an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), and subsequently, to the management, recovery, and restoration plan for the resources. (The preceding paragraph was thus amended by article 72, subsection c) of the Ley Forestal, N° 7575 of February 13, 1996, which in turn was amended by article 114 of the Biodiversity Law, N° 7788 of April 30, 1998). For its part, the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste was created by Executive Decree Nº 20518-MIRENEM of June 5, 1991, published in La Gaceta Nº 129 of July 9, 1991, and was ratified by Law Nº 7524 of July 10, 1995, published in La Gaceta Nº 154 of August 16, 1995, its primary objective being to protect the nesting areas of the leatherback turtle (Dermochelys coriacea), the mangroves, and the marine-coastal ecosystems of Bahía de Tamarindo. Law N° 7524, which created the aforementioned park, provides, in the relevant part: 'Article 2.- Expropriations. To comply with this Law, the competent institution shall initiate the expropriation proceedings for all or part of the properties located within the zone delineated in the preceding article. The private lands included within that delineation shall be subject to expropriation and shall be considered part of the Parque Nacional Marino Las Baulas until they are acquired by the State through purchase, donation, or expropriation; in the meantime, the owners shall enjoy the full exercise of the attributes of ownership (dominio).' Although it is true that Decree N° 34015-MINAE, published in La Gaceta N° 194 of October 9, 2007, declares the acquisition by expropriation of the property registered in the Guanacaste registry district (partido) under registration number (matrícula) 423666-000 to be in the public interest, Resolution RMINAET-SINAC-017-2009, dated eight hours and twenty minutes on June 4, 2009, issued as part of the expropriation process pursuant to Decree N° 34015-MINAE, resolved the exhaustion of the administrative route and the objection to the administrative appraisal (avalúo administrativo), and ordered the continuation of the expropriation proceeding. In compliance with the rules governing the creation and ratification of the National Park, the same has not restricted the exercise of ownership by the Plaintiff. However, Report DFOE-PGAA-IF-3-2010, dated February 23, 2010, issued by the Office of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) regarding the Evaluation of the Management of the National System of Conservation Areas (SINAC) and the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (Minaet) in connection with the Parque Nacional Marino Las Baulas (PNMLB), stated, in the relevant part: 'As a result of the study, weaknesses were identified in the delineation of the Park, due to problems with the location of boundary markers (mojones), as there are sections of it that are not well defined geographically in its enabling law. Likewise, inconsistencies were detected in relation to the expropriation process for the lands, which could constitute part of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado, PNE), since some of the parent properties (fincas madres) that gave rise to the subdivisions (segregaciones) of those lands were titled by the then-ITCO through administrative proceedings (sede administrativa), when in fact the applicable regulations required a possessory information proceeding (información posesoria) before a court (sede judicial), and where substantial weaknesses are present, such as: the absence of internal procedures and a specific strategy for carrying out the expropriations, deficiencies in the cadastral survey plans (planos catastrados), and problems with the identification, filing, and content of the respective case files. Furthermore, technical weaknesses were also identified in the administrative appraisals, with differences of up to 500% in the appraisal prices carried out on the same land or on lands with similar conditions over two relatively short periods.' Through said report, a series of mandatory compliance directives are issued to the Minister of Environment, Energy and Telecommunications, to the Executive Director of SINAC, and to the Director General of Taxation. In that report, the Office of the Comptroller General notifies the State that the boundaries and geographic extent of the Parque Nacional Marino Las Baulas (PNMB) are not clearly defined therein, which generates legal uncertainty regarding the actual possession of the lands surrounding the Parque Nacional Marino Las Baulas. In addition, some of the 6 parent properties that gave rise to the subdivisions of the lands within the PNMB were titled through administrative proceedings by the then Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), when the applicable regulations required a possessory information proceeding before a court. With respect to 'Directive 4.1 of Report DFOE-PGAA-IF-3-2010 of the Office of the Comptroller General of the Republic, the MINISTER OF ENVIRONMENT, ENERGY AND TELECOMMUNICATIONS is ordered, under subsection b), to carry out the respective assessment of the cases involving the parent properties that were titled by the then Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), identified in this report as numbers 2 and 3 (as shown in the image at point 2.2.1-a), with the aim of deciding whether or not to file the appropriate legal actions to annul the unlawful administrative acts that may be determined through such assessment and to pursue the eventual recovery of the State-owned lands that currently form part of the PNMB.' Although it is true that the expropriation proceedings concerning property N° 42366-000 have not been initiated by the State (ACT-SINAC), this is due to various technical factors, including the lack of a cadastral map and legal studies within the PNMLB, which results in the use of cadastral survey plans containing errors that overlap or superimpose upon one another and that include imprecise measurements, causing economic losses and costly judicial delays for both the administration and the affected parties; additionally, other proceedings are being handled before the Administrative Litigation Court (Sede Contencioso) (case files 08-001403-1027-CA, N°08-001206-1027-CA), which seek to determine the correct titling of the parent properties located within the boundaries of the Parque Nacional Marino Las Baulas. It is of utmost importance to highlight that through Resolution R-SINAC-114-2017, the General Management Plan of the Parque Nacional Marino Las Baulas for the period 2017-2026 was updated and approved, and the Executive Summary of the Management Plan of the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste was published for the purpose of its official adoption in La Gaceta No. 20 of November 21, 2017, Supplement 281. Said Management Plan has the following objectives: a) Conservation Objectives of the Parque Nacional Marino Las Baulas (PNMLB): To protect the populations of leatherback turtles (Dermochelys coriacea) that nest on Playa Grande, Ventanas, and Langosta, as well as other species of sea turtles that breed at the site, such as the olive ridley turtle (Lepidochelys olivacea) and the Eastern Pacific green turtle (Chelonia mydas agassizii). Also to protect the Tamarindo, San Francisco, and Ventanas estuaries and their mangroves, the coastal tropical dry forest, and the intertidal, neritic, and oceanic ecosystems. b) Management Plan Objective: To implement and coordinate the strategic guidelines for consolidating the conservation of the PNMLB and achieving effective management of the protected wild area (Área Silvestre Protegida, ASP). c) Zoning of the Parque Nacional Marino Las Baulas (PNMLB): Zoning is the organization of the territory of a protected wild area (ASP) according to its biophysical characteristics, the value of its resources, and its capacity to sustain different uses. It also takes into account land cover information generated by the assessment and the focal management elements identified in consultation with the communities. Zoning entails: Identification and definition of specific objectives in the different zones; Minimizing negative impacts and ensuring that the intended use or condition is consistent with maintaining the integrity of the focal management elements; The conservation of biodiversity and the ecosystem services provided by the ASP. The current PNMLB Management Plan zoning is set out below: i. The zero or minimum intervention zone (ZNI): The objective or desired condition is to maintain an unaltered state or one with a nearly imperceptible impact. It represents 62% of the terrestrial territory and 98.67% of the marine sector. The low intervention zone (ZBI) represents 9.45% of the terrestrial territory and 0.18% of the marine sector. ii. The medium intervention zone (ZMI): The objectives are aimed at providing spaces where forms of (non-extractive) resource use may be developed and where the impact on those resources can be controlled, albeit within reasonable limits established by very strict regulations. It is comprised of 31 hectares in the terrestrial sector and 44.93 hectares in the marine sector. iii. The high intervention zone (ZAI): The desired condition will always be to remain within an environmental state consistent with the National Park category, while allowing for the development of practices and activities characteristic of high intervention. It represents 0.07% of the terrestrial sector, but increases to 0.32% for the marine sector. iv. The Private Property Zone: Privately owned lands located within the boundaries of the PNMLB according to its enabling law, which, until they are expropriated and paid for and transferred to form part of the Natural Heritage of the State (PNE), retain their status as private property. This zone accounts for 25% of the terrestrial sector. It is for this reason that it is concluded that, although the expropriation of the aforementioned property owned by ADRIANA DE LAS COLINAS S.A., registration number 42366-000, has not yet been carried out, neither are there any restrictions on the use and enjoyment of said property, provided that all current environmental regulations are complied with. This is what the applicable law provides.\"-\n\nV.- Proven Facts. The following facts are found relevant to the resolution of the present proceeding: 1) That pursuant to Decreto Ejecutivo N° 20518 of June 5, 1991, published in the Official Gazette \"La Gaceta\" N° 129 of July 9, 1991, the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste was established, with a description of its boundaries. (Website of the Sistema Costarricense de Información Jurídica); 2) That since April 22, 1994, the plaintiff company has been the registered owner of the real property registered in the Registro Nacional, real property section, under real-property folio number (matrícula de folio real) N° 42366-000. (Image 83 of the judicial case file); 3) That pursuant to Ley N° 7524 of July 10, 1995, published in the Official Gazette \"La Gaceta\" N° 154 of August 16, 1995, the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste was created, with the establishment of its boundaries and other provisions regarding the expropriation (expropiación) of real property and acquisition of land; park administration; and sources of funding. (Website of the Sistema Costarricense de Información Jurídica); 4) That pursuant to Decreto Ejecutivo N° 34015 of September 11, 2007, published in the Official Gazette \"La Gaceta\" N° 194 of October 9, 2007, the Executive Branch declared to be in the public interest the acquisition by way of expropriation of the parcel (finca) registered in the Partido de Guanacaste registry district belonging to the plaintiff company herein, identified as the parcel registered in the Registro Nacional under real-property folio number 42366-000, described on this occasion, as noted, in the cadastral survey map (plano catastrado) identified as N° G-145542-1993, pursuant to Article 1 of that instrument, to which the following provisions were added: \"Article 2.— The administrative expropriation proceeding shall be initiated; the Dirección General del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) is hereby authorized to carry out such process. This declaration shall be published in the Official Gazette and the owner shall be notified. A provisional annotation order (mandamiento provisional de anotación) shall be issued before the Registro Nacional de la Propiedad with respect to said property; to that end, the Legal Advisory Coordinator of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación is authorized to carry out the necessary steps before the Registro Nacional so that the corresponding order may be issued and signed before that Registry. / Article 3.— The Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministerio del Ambiente y Energías, acting through its Dirección General, shall proceed to continue with the procedure established for that purpose for the acquisition of said parcel, with particular observance of the established deadlines and in strict compliance with the provisions of the Ley de Expropiaciones and its amendments.\" (Website of the Sistema Costarricense de Información Jurídica); 5) That on October 11, 2007, a provisional annotation order declaring public interest was recorded against the registry entry (asiento registral) corresponding to the property belonging to the plaintiff company herein, identified as the parcel registered in the Registro Nacional under real-property folio number 42366-000, issued by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministerio del Ambiente y Energía, in the Administrative Expropriation Proceeding of the State against Adriana de las Colinas Sociedad Anónima, under the following citations: volume 573, entry 36083. (Uncontested fact, in conjunction with image 83 of the judicial case file); 6) That pursuant to official communication N° SINAC-DG-103-2008 of January 18, 2008, the Dirección General of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministerio de Ambiente y Energía requested the Administración Tributaria de Puntarenas to issue an administrative appraisal (avalúo administrativo) of, among other properties, the parcel belonging to the plaintiff company identified as the one registered in the Registro Nacional under real-property folio number 42366-000, stating in the relevant portion the following: \"... for the purpose of continuing with the expropriation proceedings for parcels located within the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste ...\" and indicating in that communication, to that effect and as relevant, that the corresponding property certificate and a copy of the corresponding cadastral survey map were enclosed. (Images 241 through 244 of the judicial case file); 7) That on September 23, 2008, the Administración Tributaria de Puntarenas of the Dirección General de Tributación of the Ministerio de Hacienda issued administrative appraisal N° AA-98-2008 for the property in question, belonging to the plaintiff company herein. (Images 233 through 240 of the judicial case file); 8) That upon notification of the administrative appraisal to the plaintiff company herein, its representative filed a written opposition, objection, and rejection thereof on January 6, 2009. (Images 220 through 231 of the judicial case file); 9) That in response to the opposition, objection, and rejection of the administrative appraisal, the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, by resolution N° R-MINAET-SINAC-017-2009 issued at 8:20 a.m. on June 4, 2009, ordered the following: \"The opposition to administrative appraisal AA-98-2008 is hereby received; accordingly, the proceeding is ordered to continue. Once the expropriation resolution (acuerdo expropiatorio) is executed, the case file shall be forwarded to the Procuraduría General de la República, as the State's legal representative, so that it may initiate the special proceeding before the competent Juzgado Contencioso,\" thereby resulting in the exhaustion of administrative remedies (agotamiento de la vía administrativa) in the relevant respect. (Statements of SINAC's representative, in conjunction with images 208 through 212 of the judicial case file); 10) That pursuant to report N° DFOE-PGAA-IF-3-2010 issued on February 26, 2010 by the Área de Servicios Públicos Generales, Ambientales y Agropecuarios of the División de Fiscalización Operativa y Evaluativa of the Contraloría General de la República, the following mandatory compliance order was issued, to be executed within the deadline or time period granted in each case, all in relation to the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste and, as relevant: \"4.1. DIRECTIVES TO THE MINISTER OF AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES. a) In order to address the weaknesses discussed in point 2.1 of this report, carry out or coordinate with the competent bodies as appropriate, including the Instituto Geográfico Nacional (IGN), the following activities: i. The boundary marking (amojonamiento), or review of the current line of boundary markers (mojones), to correctly demarcate the 50-meter zone measured from the ordinary high-water mark (pleamar ordinaria) along the entire coastal sector that forms the PNMB. ii. The definition, through the appropriate legal instrument, of the correct extent and geographic location of those areas of the PNMB that are not clearly delimited in Ley No. 7524 of July 10, 1995, including: the hill behind Playa Ventanas, cerro El Morro, the sector known as Isla Verde, and the Ventanas, Tamarindo, and San Francisco estuaries, along with their associated mangroves. iii. The production of an official map of the PNMB showing, in precise terms, the actual extent and boundaries of said National Park. This work must be completed no later than February 28, 2011; documentary evidence of completion must be submitted to this oversight body, together with progress reports on compliance with the aforementioned activities, no later than June 30 and October 29, 2010. b) Conduct the appropriate review of the cases involving the original parcels (fincas madre) that were titled by the then Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), identified in this report as numbers 2 and 3 (per the image shown in point 2.2.1-a), in order to decide whether or not to file the appropriate legal actions to nullify any unlawful administrative acts identified in such review and to potentially recover the State-owned land that today forms part of the PNMB. Submit to this Contraloría General, no later than April 30, 2010, documentation evidencing and substantiating the decision whether or not to file the aforementioned actions. If the decision is affirmative, the appropriate steps shall be taken before the Procuraduría General de la República no later than August 31, 2010, and documentation evidencing such steps shall be submitted to this oversight body. Likewise, within the aforementioned deadline, the pertinent precautionary measures (medidas cautelares) shall be assessed and pursued, including, among others, those relating to the expropriation proceedings currently pending before the courts, with respect to parcels geographically located within the area of the aforementioned original parcels, as well as cautionary notes on the registry entries of parcels registered in apparent illegality. Additionally, the suspension of all expropriation proceedings currently in the administrative phase, and refraining from initiating new proceedings, with respect to PNMB parcels covered by original parcels Nos. 1, 2, 3, and 5 (per the image shown in point 2.2.1-a of this report), shall be assessed in accordance with the legal status of the property titles held over those parcels, as discussed in point 2.2.1 of this report. A copy of the documents reflecting such assessment shall be submitted to this oversight body no later than May 21, 2010. Furthermore, in the event of a potential recovery of said parcels, and given that they encompass the 150 meters of the restricted maritime zone (zona marítimo restringida), the feasibility of expanding the boundaries of the PNMB in those sectors to 200 meters from the ordinary high-water mark shall be analyzed, in order to ensure compliance with the conservation and environmental protection objectives intended for that protected wildlife area (área silvestre protegida). c) With respect to original parcel number 6 (per the image shown in point 2.2.1-a of this report), submit a consultation to the Procuraduría General de la República requesting its opinion on whether a parcel covered with forest located in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) could have been titled in 1971 through a possessory title proceeding (información posesoria) in the judicial venue (sede judicial), in accordance with the legislation in force at that time. Based on the opinion issued by the Procuraduría General de la República, decide whether or not to file the appropriate legal actions to nullify the judicial resolution and recover the State-owned parcels forming part of the PNMB. (See point 2.2.1-b of this report). Such consultation must be submitted to the Procuraduría General de la República no later than April 30, 2010; a copy must be forwarded to this Contraloría General on that same date. If the filing of the action referred to in the preceding paragraph is deemed appropriate, the corresponding steps shall be taken before the Procuraduría General de la República no later than two months after receiving that body's opinion, and documentation evidencing such steps shall be submitted to this oversight body. d) In light of the technical deficiencies identified in the administrative appraisals conducted by the Administración Tributaria de Puntarenas with respect to PNMB parcels — related primarily to significant variations in the values assigned to the parcels and important factors not taken into account in the appraisals (hydrographic and land-use variables, as well as the fact that there is no public zone within the 50 meters from the ordinary high-water mark) — which generate reasonable doubts about the true value of the properties, assess whether to request new administrative appraisals from the Dirección General de Tributación Directa for the parcels currently subject to expropriation in the said Park. Moreover, for cases currently before the courts, also assess whether to request, from the respective professional associations (colegios profesionales), under the pertinent procedures and pursuant to the provisions of Article 37 of the Ley de Expropiaciones No. 7495, a review of the judicial appraisals (avalúos judiciales) conducted, in order to verify the reasonableness of their amounts. Documentary evidence of such assessments and the actions to be taken shall be submitted to this oversight body no later than August 31, 2010. (See points 2.2.5 and 2.3 of this report). e) Take all necessary administrative and judicial actions to take possession of the parcels located within the boundaries of the PNMB that are, or were at any time, under the administration of the Municipalidad de Santa Cruz, including, among others, the following: i. The common areas (land designated for streets, sidewalks, drainage ditches, parks, promenades, etc.) of the Playa Grande States and Palm Beach residential developments (urbanizaciones), which were transferred to the said municipality and are located within the PNMB. ii. The parcel currently occupied by a private individual, who was the recipient of a municipal concession in the past, which has since expired. iii. The parcels geographically located between the beach and the area of original parcel No. 4 (parcel of the Partido de Guanacaste No. 31099, cadastral survey map No. G-7777-70), allegedly donated to the current MINAET by Palm Beach S.A. A work plan detailing the actions, deadlines, and responsible parties for carrying out this directive must be submitted to this oversight body no later than June 30, 2010. (See points 2.4 and 2.5 of this report). f) Take the legally appropriate actions to nullify the agreement signed by the then Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (MIRENEM) and Palm Beach S.A., in accordance with what is set forth in point 2.5 of this report. A copy of the document issued for this purpose must be sent to this Contraloría General no later than June 30, 2010. g) Publish, by executive decree, before April 30, 2010, the Reglamento de Uso Público del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, which has already been drafted and approved by the Consejo Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) of MINAET. (See point 2.6, subsection a) of this report). 4.2 DIRECTIVES TO THE EXECUTIVE DIRECTOR OF SINAC. a) Draft and submit for approval to the competent authorities of that Ministry a procedures manual for the expropriation of parcels in protected wildlife areas, covering, among other matters and in accordance with the legislation currently in force in this field and the observations made in this report: the actions to be taken before and during that process; the instruments and mechanisms required for this purpose; and the roles and levels of coordination that must be assumed by the various administrative bodies involved in said process. (See point 2.2.2 of the report). Also incorporate into this manual the procedures to be followed when significant differences or changes are detected between the amounts of different administrative appraisals, or between those amounts and the amounts of the judicial appraisals, that SINAC considers should be challenged before the respective forums, or that warrant an internal review within MINAET or an opinion from an external body, in order to ensure the objectivity and accuracy of the appraisals conducted. (See point 2.2.5 of this report). Likewise, this manual shall address all aspects relating to the management of expropriation case files in accordance with current legislation, so that the deficiencies identified in the PNMB expropriation case files are not repeated, as discussed in point 2.2.6 of this report, relating to the identification and registration of case files, the pagination (foliado) of the documents they contain, and the absence of key documentation on the expropriation process; these deficiencies must be corrected no later than July 30, 2010. Furthermore, before August 31, 2010, a copy of said manual, duly approved and published in the Official Gazette La Gaceta, shall be submitted to this Contraloría General. b) Draft and submit for approval to the competent authorities of that Ministry a strategy for the expropriation of the parcels that make up the PNMB, addressing both technical and scientific variables — such as matters relating to nesting areas — and financial and legal considerations, particularly the legal status of the property titles over the parcels, as discussed in this report. Said strategy must be approved and submitted to this Contraloría General no later than July 30, 2010. (See points 2.2.3 and 2.2.1 of this report). c) For parcels currently undergoing expropriation proceedings that are located within the area of original parcel number 4 (per the image shown in point 2.2.1-a of this report), conduct a review of the cadastral survey maps in order to verify the correct measurement of the parcels and any potential overlaps between them, using as a basis the review of the line of boundary markers and the production of the official map of the PNMB, as ordered in point 4.1-a of this report. Likewise, in the case discussed in this report, where two separate expropriation proceedings were initiated with respect to the same parcel based on two different cadastral survey maps, immediately archive the case corresponding to cadastral map No. G-1058630 dated March 13, 2006, with administrative appraisal No. AA-72-2008, currently in the administrative phase of the proceeding. Submit to this oversight body no later than July 30, 2010, a work plan with the actions to be taken for the review of the cadastral survey maps, as well as a copy of the order issued for the archival of the G-1058630 map case referred to above. (See point 2.2.4 of this report). The following activities within the PNMB: i. The definition and control of the official access points to the Park, as well as the closure of those that are not official. ii. The regulation of both daytime and nighttime visitation to the Park throughout all seasons of the year. iii. The control of access and collection of Park admission fees. iv. Maritime surveillance activities and regulation of fishing. v. The control of domestic animals and the introduction of exotic plants. vi. The repair and expansion of the infrastructure necessary for control and surveillance activities. vii. The control of stormwater runoff (escorrentías) that threatens the nesting areas. viii. The necessary signage regarding access and use restrictions within the Park. ix. The ongoing monitoring and control of the forest areas of the Park that have not been expropriated, taking the appropriate administrative and criminal actions when negative impacts on these ecosystems are identified. For the foregoing, a work plan shall be prepared that includes the activities to be carried out, the deadlines, and the responsible parties, as well as a detailed accounting of the financial, material, and human resources needed to carry out said activities efficiently. The aforementioned work plan, together with the detailed resource requirements, shall be submitted both to the Office of the Minister of the Environment and to this Contraloría General no later than July 30, 2010. Likewise, the Executive Directorate shall take the pertinent steps to allocate the necessary and sufficient resources to the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, with the aim of complying with this directive. In that regard, a copy of the documentary evidence corresponding to the resource management steps ordered herein shall be submitted to this oversight body no later than September 30, 2010. (See point 2.6 of this report).\" (Images 270 through 322 of the judicial case file).\n\nVI.- Unproven Facts: The following facts are found relevant to the resolution of the present proceeding solely at the procedural level: 1) The existence of damages and/or losses suffered by the plaintiff company with the efficient cause (causa eficiente) being the enactment and entry into force of Decreto Ejecutivo N° 34015 of September 11, 2007, published in the Official Gazette \"La Gaceta\" N° 194 of October 9, 2007, issued by the Executive Branch, or SINAC's failure to comply therewith. (Absence of probative elements in that regard); 2) The existence of damages and/or losses suffered by the plaintiff company with the efficient cause being the registry annotation (anotación registral) of the provisional annotation order declaring public interest, issued by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministerio del Ambiente y Energía, in the Administrative Expropriation Proceeding of the State against Adriana de las Colinas, against the registry entry corresponding to the property in its ownership, registered in the Registro Nacional under real-property folio number 42366-000, under the following citations: volume 573, entry 36083. (Absence of probative elements in that regard); 3) That as of the date of the present judgment, the State, through the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones or SINAC, has produced a cadastral map defining the surface area of the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste; that it has determined that the property registered in the Registro Nacional under real-property folio number 42366-000 is, in whole or in part, outside said surface area; or, as the case may be, that it has prepared legal studies establishing the existence of any technical or legal circumstance associated with a possible invalidity of the property title held by the plaintiff company over the property in question, as well as any other circumstance that would adequately justify the non-execution of the orders set forth in Decreto Ejecutivo N° 34015 of September 11, 2007, published in the Official Gazette \"La Gaceta\" N° 194 of October 9, 2007, issued by the same Executive Branch. (Absence of probative elements in that regard, in conjunction with images 144 through 195 and images 270 through 322, all from the judicial case file).\n\nVII.- On the Inadmissibility of the Claim as It Pertains to Compensatory Prayer No. 3. As part of the subject matter of the present proceeding, understood as that which the party seeks to be granted by way of judgment, the representative of the plaintiff, as prayer for relief identified as No. 3, requests that: \"3. The defendants be ordered, pursuant to Articles 190 et seq. of the Ley General de la Administración Pública, in connection with Article 122, subsection m), sub-subsection iii) of the CPCA, to pay in the abstract the damages and losses caused by their abnormal functioning (funcionamiento anormal), the existence and amount of which shall be determined during the judgment-enforcement phase.\" (Emphasis not in the original). Setting aside for the moment that, in accordance with this prayer for relief, the efficient cause — as we would add — of the alleged harmful effects was identified as the deployment of administrative conduct characterized as \"abnormal,\" turning to the grounds of the complaint, the representative of the plaintiff, as we understand it, inconsistently associated the claimed damages and/or losses — in a manner inconsistent with the foregoing — with two circumstances that reflect something quite different, namely, stated in other terms, that through the determination by Ley N° 7524 \"Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste\" in connection with what was ordered in Decreto Ejecutivo N° 34015 — which \"declares to be in the public interest the acquisition, by way of expropriation, of the parcel of the Partido de Guanacaste under real-property folio 42366-000\" — and, primarily, the registry annotation at the margin of the registry entry corresponding to that property of such declaration, there resulted limitations on the enjoyment and use of that property that make its exercise impossible, thereby emptying the right of ownership of its content. The plaintiff specified that these limitations: \"were generated by the annotation and the change in [the property's] nature, by decreeing that the parcel is now part of the Parque Nacional Marino Las Baulas, with the consequent change in the nature of the (sic) property, which makes it impossible to undertake any type of development or exploitation. Our legal system has provided, at both the constitutional and statutory levels, for the existence of a responsible State, obligated to respond for the damages and losses that may be caused by each and every one of its acts, regardless of whether there is intent or fault in the administrative conduct.\" We pause to note that, notwithstanding the foregoing, the representative of the plaintiff, contrary to what was stated above, linked these damages to conduct she described as omissive as the conduct generating the harmful effects for which she seeks compensation, and, furthermore, in a confusing manner, asserted that the State is carrying out a: \"continuing unlawful activity based on an omissive course of action,\" whereas, if we are speaking of the alleged registry annotation referred to and the alleged change imposed on the nature of the property — whether by administrative action or by the Legislative State (Estado Legislador) in establishing the boundaries of the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste through a norm bearing the rank, force, and resistance of a Law of the Republic — in none of these cases are we faced with omissive conduct, except with respect to what the plaintiff refers to as the passage of time without, from the time of the said registry annotation, the initiation of a judicial — special, we add — expropriation proceeding. From the very account provided by the representative of the plaintiff company, it may be inferred that the matter related to the expropriation of the property had already completed its processing at the administrative stage (sede administrativa). Continuing, in the plaintiff's understanding, the fact that its property was included within the surface area encompassed by the park in question, that its expropriation was consequently declared to be in the public interest, and that such declaration was annotated in the registry entry corresponding to that property, constituted a de facto expropriation (a de facto administrative act, vía de hecho, as the plaintiff asserted applies in the present case), the effect of which — as the plaintiff reiterates time and again — was the impossibility of exercising the attributes of ownership (atributos del dominio) over the property (impossibility of any type of normal use or exploitation of the property, as the plaintiff asserts). Specifically with respect to the aforementioned annotation, it is alleged that it produced the consequence of emptying the right of ownership without prior compensation, going so far as to assert that the annotation materialized, prior to expropriation, an \"'infringement'\" of the right of use and the impossibility of enjoyment, and this is what was characterized as de facto administrative acts (vías de hecho) or de facto expropriation. This alleged impossibility of enjoyment was later qualified, because according to the plaintiff: \"... the property cannot be fully enjoyed by its owners by reason of having been declared part of the Parque Nacional Marino Las Baulas, and its purpose being conservation, which is by definition opposed to private use. In this regard, it is necessary to reiterate that there is no justification authorizing the Administration to affect the parcels without prior compensation, as has occurred in this case.\" It is noted that the registry annotation of the declaration of public interest is not being challenged at any level in the present case, and therefore, regardless of the manner in which this Court (Cámara) rules, its validity and effects must remain unimpaired, notwithstanding the provisions of Article 20 of the Ley de Expropiaciones N° 7495 of May 3, 1995 regarding the provisional annotation order. Having said all of the foregoing, some clarity, as we understand it, exists regarding the arguments made in connection with the origin of the damages and/or losses whose compensation is sought — to be granted by means of this judgment and not as a consequence of a special expropriation proceeding pursuant to the law referred to above — however, and what follows is of the utmost relevance, there is at no level any such clarity with respect to the identity of the claimed damages and/or losses, given that it was not disclosed what they consist of or their amount.\n\n1. On the non-contractual civil liability (responsabilidad civil extracontractual) regime of the public administration. Whenever the parties to a dispute are faced with the determination of possible patrimonial liability of the Public Administration, and the legal relationship linking the individual subject to administrative authority (administrado) to the defendant administration does not arise from a contractual instrument, the discussion centers on what is known as non-contractual civil liability. It is therefore necessary, by way of introduction for the purposes of this instrument, to refer to the elements that, in doctrine and case law, render a finding of liability of the kind petitioned here admissible. Within the regime of so-called non-contractual civil liability, two types are distinguished: subjective liability (responsabilidad subjetiva), established in Article 1045 of the Civil Code (Código Civil), and objective liability (responsabilidad objetiva), governed by Article 9 of the Political Constitution (Constitución Política), Article 1048 of the Civil Code, and Articles 190 et seq. of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública).\n\nRegarding the subjective liability regime, Article 199 of the General Law of Public Administration establishes the liability of public servants (servidores públicos) to third parties in proven cases of willful misconduct (dolo) or gross fault (culpa grave) in the performance of their duties or in connection with such performance. As such, subjective liability rests exclusively on an examination of the mental state of the agent, requiring the existence of at least \"fault (culpa)\"—if not \"willful misconduct\"—unlike what occurs under the objective liability regime, where liability is determined independently of the existence of such subjective elements. Under subjective liability, a person is held liable because that person is at fault: either because the harm was deliberately sought or intended, or because the person acted imprudently or negligently. In accordance with the foregoing, the liability of a public servant to third parties falls within the subjective liability regime; accordingly, for all purposes, it will be necessary to establish the existence of fault or willful misconduct in the mind of the servant or agent of the Administration, without prejudice to the other elements that must also concur—namely, the existence of harm and the causal link (nexo causal) between that harm and the conduct carried out—for the finding of liability to operate.\n\nOn the other hand, the objective liability regime of the public administration, unlike subjective liability, arises without any need to prove the willful misconduct or fault of the agent who caused the harm. It suffices to establish the existence of \"risk\" to trigger liability. For this reason, the concepts of unlawfulness and culpability do not apply; accordingly, the principle of reversal of the burden of proof operates in favor of the injured party. To that end, the allegedly responsible Public Administration that generated the claimed harm and losses must make reparation if its conduct effectively and actually produced them, unless it demonstrates some ground for exemption. The regime therefore requires the concurrence of four elements: a) An injury (lesión), consisting of unlawful (antijurídicos) patrimonial losses that the person suffering them has no duty to bear; b) Administrative conduct to which the production of the alleged harm is linked; c) A causal link, formed by the existence of a direct cause-and-effect relationship between the imputed act (administrative conduct) and the harm produced; and d) The absence of the grounds for justification referred to above, the existence of which may legally sever the connection between the harm produced and the conduct of the public administration, so that the damaging effect is not attributable to it, breaking the causal link when an exempting circumstance such as force majeure (fuerza mayor), the fault of the victim, or the act of a third party occurs.\n\nThe regime of patrimonial liability of the State and its institutions, provided for in Articles 9 and 41 of the Political Constitution and Articles 190 et seq. of the General Law of Public Administration, is therefore essentially objective in nature, meaning that its existence requires only that there be compensable harm, administrative conduct, and a causal link between the two. It must be understood that it is under this type of objective criterion that it is possible to attribute liability to the Public Administration, unlike what occurs with its servants, for whom a subjective attribution criterion must additionally be applied.\n\nFurthermore, once the criteria under which the liability of the Public Administration and/or its agents or public servants may appropriately be determined have been established, it is pertinent to note that there is also a difference in the attribution criteria that apply to the establishment or determination of such liability, depending on whether the Administration's conduct is lawful or unlawful, normal or abnormal. Citing Dr. Ernesto Jinesta Lobo, in his work Tratado de Derecho Administrativo II, Responsabilidad Administrativa, p. 39:\n\n\"In the system of no-fault liability (responsabilidad sin falta) or liability for special sacrifice (por sacrificio especial)—liability for lawful conduct or normal functioning—the determining criterion for the existence of liability on the part of public administrations is the breach of the principle of equality in the bearing of public burdens and the consequent special (affecting a small proportion of those concerned) and abnormal (involving an intensely exceptional injury) harm, or the risk theory in the case of accidental damage caused by a public administration in the performance of the function assigned to it by the legal order (ordenamiento jurídico). In the system of liability for failure of service (falta de servicio)—unlawful conduct or abnormal functioning—the attribution criterion is precisely that indeterminate legal concept of 'failure of service' and the unnamed or atypical constitutional right of private parties to be rendered efficient and effective public services.\"\n\nIn liability for unlawful or abnormal conduct—understood as conduct that opposes, infringes, or violates the legal order broadly construed to encompass both written and unwritten norms—the burden of proof rests on the victim, who bears the duty to demonstrate, through the forms and evidentiary means permitted by the legal order, the failure of service, its abnormal functioning, or the unlawfulness of the administrative action. In liability for lawful conduct, it has been established that even conduct carried out in compliance with the legal order may give rise to liability on the part of the Administration under criteria such as those described above.\n\nIn cases of objective liability, the Administration's defense would consist of demonstrating that one of the grounds that breaks the causal link, as referred to in Article 190, paragraph 1 of the General Law of Public Administration, was present—namely, force majeure, the act of a third party, or the act of the victim herself or himself. Our First Chamber (Sala Primera) of the Supreme Court of Justice (Corte Suprema de Justicia), in resolution Nº 000584-F-2005 of 10:40 hrs. on August 11, 2005, stated the following in connection with objective liability:\n\n\"...there will be liability on the part of the Administration whenever its normal or abnormal functioning causes harm that the victim has no duty to bear, whether patrimonial or extra-patrimonial, regardless of the victim's subjective legal situation and the ownership or position of authority held, provided, of course, that the essential prerequisite of a causal link is met. (...). Both the essential requirements and the burden of proof acquire, for example, a new dimension that frees the affected party not only from substantive but also from procedural constraints, and places the Administration under the obligation to rebut the charges and facts imputed to it. In any event, the objective nature of the non-contractual civil liability of the Administration was clearly defined in judgment Nº 132 of this Chamber at 15:00 hrs. on August 14, 1991, for an event occurring after the entry into force of the General Law of Public Administration, in which it stated: 'VI. Our General Law of Public Administration Nº 6227 (...), as indicated in judgment Nº 81 of this Chamber from 1984 when resolving the controversy over its entry into force, in Title Seven of Book One incorporated the most modern principles grounded in the most authoritative doctrine and case law on the non-contractual liability of the Administration, thereby establishing direct State liability without the need to first prove that the harm resulted from fault on the part of the official or the Administration, requiring for the award of compensation that the harm suffered be actual, assessable, and individualized in relation to a person or group—Article 196. (...) It also establishes, in exhaustive terms, as grounds for exemption from such liability: force majeure, the fault of the victim, and the act of a third party, with the burden of proving their existence resting on the Administration. (...)'\"\n\nIn a manner consistent with all of the foregoing, the claimant bears the procedural burden of proving, from an evidentiary standpoint, the occurrence of harm or loss and, thus, its existence, and then that it is connected by a causal link to administrative conduct. The defendant Administration—and only if the legal action brought against it has succeeded on the foregoing points—bears the burden of proving that, notwithstanding, some ground for exemption from liability existed that breaks that causal link, severing the connection between the administrative conduct and the production of the harmful effect claimed in each case, thereby eliminating the basis for the attribution of the patrimonial liability imposed and rendering the claim unfounded.-\n\n2. On the lapse (caducidad) alleged by the state's representative. The state's representative raised, as a defense, the lapse of the action under Article 63 of the Law of Expropriation (Ley de Expropiaciones), which reads as follows: \"Article 63.— Prescription and lapse. The rights and actions arising under this Law are subject to a limitation period (prescriben) of ten years, running from the day following the day on which the State took possession of the property or affected it. A claim filed through administrative channels shall lapse (caducará) and shall be deemed not to have been filed if five years pass without the interested party advancing the proceedings.\" (Emphasis not in the original.) In summary, it was argued that, under Article 61 of the Law of Expropriation, Law No. 7495 of May 3, 1995 (the correct article is 63), the present claim would be time-barred if, in accordance with the plaintiff's arguments, the ten-year period is computed from the annotation of the provisional order (mandamiento provisional) of the declaration of public interest (declaratoria de interés público) entered on October 11, 2007—under the terms of which, again according to what the plaintiff asserts, the plaintiff's right to enjoy, exploit, and make use of the property in question was restricted. In the view of the state's representative, regard must be had to the ruling of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice Nº 2010-03946 of 14:44 hrs. on February 24, 2010.\n\nThe defense is rejected. It may be gleaned from the ruling cited by the state's representative that the high constitutional review court held, with respect to this provision and others whose constitutionality was challenged, that: \"The provisions challenged in the present case expressly establish a statutory limitation period, within which private parties who feel harmed by an expropriation—de facto or de jure—may appear before the expropriating Administration itself or before the Courts of Justice in defense of their interests. Once that period has elapsed, for the stated reasons of legal certainty and security, the corresponding right is extinguished.\" (Emphasis not in the original.)\n\nIn the concrete case, it suffices to note that the provision contained in Article 63 of the Law of Expropriation does not apply, given that—as will be examined in greater depth below—regardless of whether or not a registry annotation (anotación registral) was entered on the corresponding registry entry of the property owned by the plaintiff company, the declaration of public interest in acquiring that property by means of expropriation, as established by the Legislature through the enactment and entry into force of Ley N° Ley N° 7524 of July 10, 1995, Article 2, second paragraph: \"Private lands falling within that delimitation shall be subject to expropriation and shall be considered part of the Parque Nacional Marino las Baulas until they are acquired by the State through purchase, donation, or expropriation; in the meantime, the owners shall enjoy the full exercise of the attributes of ownership.\" As will likewise be seen, the plaintiff company has not been expropriated, either de facto or de jure, so that no period provided for in this statutory article is running against it.-\n\n3. On the correct content and scope of Article 122, paragraph m) of the Code of Administrative Litigation Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo). We begin this section by quoting the provisions of Article 58, paragraph 1), sub-paragraph e) of the Code of Administrative Litigation Procedure, which reads as follows: \"1) Once the administrative route has been exhausted, where so elected, or within the time periods provided for in Articles 34, 35, and 39 of this Code, the plaintiff shall file the claim indicating, necessarily: (...). e) When damages (daños y perjuicios) are sought as an ancillary matter, the cause giving rise to them, what they consist of, and their estimated value shall be specified.\" (Emphasis not in the original.) This provision must be read in conjunction with Article 61, which in its paragraph 1) provides: \"1) When the claim does not meet the requirements set forth in Article 58 of this Code, the presiding judge (juez tramitador) shall order its correction (subsanación) within three business days, for which purpose the omitted or incomplete requirements shall be indicated, on pain of ordering its inadmissibility and filing. In the case of preferential proceedings, the period shall be twenty-four hours.\" (Emphasis not in the original.)\n\nIt must therefore be affirmed that it is an inescapable procedural duty of the plaintiff, when seeking a judgment ordering the payment of damages, not only to disclose what the plaintiff considers to be the origin of such damages, but also to state what they consist of and what their estimated value is—for obvious reasons, given that these matters will have to be debated. Failing to act with a minimum of clarity, discipline, and formal rigor in this regard, particularly bearing in mind that compliance with this requirement is a precondition for the admissibility of the claim—hence its importance—would mean that a matter associated with the claim for an order to pay damages would not be made part of the debate. Indeed, pursuant to Article 63 of the Code of Administrative Litigation Procedure in its first paragraph, the claim shall not be served until any substantial defect in this regard has been corrected.\n\nWe consider it necessary to highlight, with respect to the provisions of the already-mentioned Article 58, paragraph 1), sub-paragraph e)—not without criticism of the legislative drafting technique used in its wording—that when it states that this duty to detail or specify what the claimed damages consist of applies when they are sought \"as an ancillary matter,\" this formal duty must, as a logical and necessary consequence, be fulfilled with even greater rigor and procedural discipline when the proceeding is one of those referred to in doctrine as public-treasury civil actions (procesos civiles de hacienda), on the understanding that what is sought and will constitute the logical axis of the entire judicial proceeding is oriented toward the determination of the patrimonial liability of the Public Administration, insofar as only the payment of damages is claimed. This procedural requirement—a precondition for the admissibility of the claim—cannot be interpreted otherwise, in a systematic fashion, in proceedings where the claim for payment of damages is not ancillary but constitutes the principal relief sought (Articles 10 of the Civil Code and of the General Law of Public Administration).\n\nNow, one cannot overlook the provisions of Article 122 of the same Code of Administrative Litigation Procedure, invoked by the plaintiff's representative in the present case, the relevant text of which is as follows: \"Article 122.— When the judgment declares the claim admissible, in whole or in part, it shall, as applicable, among other things, make the following rulings: (...). m) Order the payment of damages, in the following terms: i) A ruling on their existence and amount, provided they are proven in the record at the time judgment is rendered. ii) An abstract ruling, when their existence is established but not their amount. iii) An abstract ruling, when neither their existence nor their amount is established, provided they are a consequence of the administrative conduct or the administrative-legal relationship that is the subject of the claim.\" (Emphasis and underlining not in the original.)\n\nIn this Chamber's view, the legal interpreter, in this as in any other case, must interpret and apply the provision systematically, attending first, at the primary level, to the plain meaning of the words used by the Legislature, and then, at a second level, to other related provisions from a teleological perspective as well. It is in this understanding that it constitutes an error of interpretation and application of the provision to attempt to derive from Article 122, paragraph m)—as discussed above regarding its content and scope, and based on its literal wording—that the formal admissibility requirements provided for in Articles 58, paragraph 1), sub-paragraph e), in relation to Article 62, both of the Code of Administrative Litigation Procedure, are not of mandatory observance or a precondition for the admissibility of the claim in its initial procedural phase.\n\nA correct systematic and teleological interpretation of these procedural provisions will lead to the conclusion—starting, for example, from the extreme case contemplated in sub-paragraph iii) of paragraph m) of Article 122—that the judge shall make an abstract ruling ordering the payment of the damages that, having been requested with an indication of their origin, what they consist of, and their estimated value, the plaintiff was nonetheless unable to prove through the respective procedural effort (evidentiary); yet where the production of such harm is objectively or notoriously foreseeable, as would be the case, for example, with what doctrine refers to as loss of chance (pérdida del chance). There is no exemption from compliance with the formal procedural obligation provided for in Article 58, paragraph 1), sub-paragraph e) as discussed above, arising from the provisions of Article 122, paragraph m) and its sub-paragraphs, because compliance with that obligation is rendered all the more imperative—with far greater reason—when, in the context of a public-treasury civil action, what is claimed is precisely and exclusively the payment of damages. In such a case, the plaintiff must comply with Article 58 in the terms stated, on pain of failing to have even the determination of the existence of the claimed harm form part of the evidentiary debate, whether as the principal claim or as an ancillary matter—as occurred in the present case.-\n\n4. On the procedural plane, the plaintiff did not specify in the claim what the damages sought consist of. It suffices to note that, notwithstanding the fact that the present matter was processed through to the stage of being referred for the rendering of judgment, in the concrete case and at the outset, the determination of the existence of harm and/or losses was not made the subject of debate, due to the manner in which the plaintiff acted. This prevents the establishment of a basis for the attribution of the patrimonial-compensatory liability that the plaintiff seeks to have declared in the abstract.\n\nAlong these lines, while the plaintiff managed to identify the administrative conduct or conducts that allegedly gave rise to some harmful effect, the plaintiff did not specify what any of those effects consisted of and, consequently, did not provide an estimated value either—the latter being relevant in connection with the possible economic consequences of the proceeding (court costs (costas)). Accordingly, no evidence was admitted in this regard. As a consequence of this, although the foregoing reveals non-compliance with a formal admissibility requirement of the claim, as was itself noted in Considerando VII.1 above, on the merits the plaintiff failed to prove the existence of any harm and/or loss that could be linked by a causal relationship to any of the administrative conducts—which, it should be noted, are not the subject of any challenge either. This prevents the establishment of a basis for the attribution of patrimonial liability against either or both of the co-defendants, rendering the relief sought under Claim No. 3 unfounded, as is accordingly declared.\n\nWe consider it necessary to point out that, as part of the procedural handling of the present case, once the statement of claim was filed with the court, by an interlocutory ruling issued by the judge then in charge of the proceedings, at 23:48 hrs. on June 14, 2021, the plaintiff was ordered to correct the claim with respect to what the judge identified as the damages and/or losses being claimed, by indicating what gives rise to them, what they consist of, and their estimated value, under penalty of declaring the claim inadmissible in the relevant part (image 84 of the judicial file). In response to that order, the plaintiff's representative filed a brief with the court on June 28, 2021, in which the representative stated, in the relevant part, the following: \"...the reasons of fact and law that serve as the basis for the request for the abstract condemnation (condenatorio) [sic] ordering the payment of damages in favor of my client are hereby set forth,\" and thereupon proceeded to set out, at length, argumentative frameworks—particularly legal in nature—with citations to case law as well, but even after a careful reading of the text of this brief in detail, it is apparent that the plaintiff did not comply with what the presiding judge had ordered. That is to say, despite the order, the plaintiff did not specify what the claimed damages consist of, nor their estimated value. Subsequently, with an evident lack of rigor in legal and procedural technique and discipline, a different presiding judge, faced with the brief filed by the plaintiff, declared the following in a ruling issued at 08:13 hrs. on August 23, 2021 (image 90 of the judicial file), in a manner entirely divorced from reality: \"Having reviewed the brief filed by the plaintiff on June 28, 2021, the correction ordered by the resolution of twenty-three hours and forty-eight minutes of the fourteenth of June of two thousand and twenty-one is deemed to have been complied with,\" and thereupon proceeded to admit the claim.\n\nHaving reached this point, what can be said is that notwithstanding the presiding judge's concurrence with the plaintiff's representative's decision not to disclose (specify) what the claimed damages consist of—not even on the basis of circumstances particular to the plaintiff company, such as its line of business or any other circumstance that would make it possible to understand what frustrated use or type of exploitation the plaintiff would have been unable to carry out, in the exercise of the attributes of ownership, as a result of the conducts identified as giving rise to harmful effects—by the time the matter reached the stage of rendering judgment, nothing permits the conclusion that there exists a procedural duty imposed on the judicial authority to speculate or construct part of the claim on its own, in what was and remains the exclusive duty of the plaintiff to comply with an obligation of that same type that rests solely on that party's shoulders: Article 58, paragraph 1), sub-paragraph e), in relation to Article 61, paragraph 1) of the Code of Administrative Litigation Procedure.\n\nIn light of all of the foregoing, on grounds of inadmissibility, THE CLAIM IS DISMISSED WITH RESPECT TO THE MATTER IDENTIFIED AS No. 3, directed at ordering the payment of damages.-\n\n5.- By way of further argument. Moreover, setting aside the fact that—as noted—the plaintiff's legal representation failed to specify in concrete terms what the damages and/or losses being claimed actually consist of, and making every effort in that regard solely for the sake of additional argument: if the basis for attributing the patrimonial liability (responsabilidad patrimonial) being claimed is grounded in the enactment by the Legislative Branch and the entry into force of Law No. 7524 of July 10, 1995, by means of which the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste was created (Article 1°)—in which case the attribution of this type of liability should have been erected on the basis of liability of the State as Legislator—and further taking as a starting point that, in connection with the subsequently issued Decreto Ejecutivo N° 34015 of September 11, 2007, whereby the Executive Branch declared of public interest the acquisition, by way of expropriation, of the property registered in the Partido de Guanacaste under Folio Real 42366-000 (in which case the basis for attribution should have been the deployment of a formal, lawful, active administrative act (conducta administrativa activa y formal lícita), on the understanding that it is not the subject of a legal challenge)—it is, from a strictly legal standpoint, impossible to affirm that the company's real property was, as its legal representation asserts, expropriated de facto or through unauthorized administrative action (vías de hecho). First, it must be borne in mind that the plaintiff has not alleged having been physically dispossessed of the property in question; and, on the other hand, Article 2 of the referenced Law No. 7524 expressly reads as follows: \"Expropriations. In order to comply with this Law, the competent institution shall process the expropriations of all or part of the properties comprised within the zone delimited in the preceding article. Private lands included within that delimitation shall be subject to expropriation and shall be considered part of the Parque Nacional Marino Las Baulas, until such time as they are acquired by the State through purchase, donation, or expropriation; in the meantime, owners shall enjoy the full exercise of the attributes of ownership.\" (Emphasis added.) What is established by a rule of the rank, force, and resistance of a Law of the Republic is no small matter, given that it specifies, in the relevant part, that until a property is acquired through expropriation (among other modes of transfer of title), its owner not only retains the full enjoyment of the elements of ownership—to which we would add, by way of example, the provisions of Article 264 of the Civil Code—but also, for all purposes, the property in question, whether or not its surface area is physically located within the boundaries of the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste as established by the Legislating Branch, shall not be considered part of said park. This legal provision is consistent with a special law that prevails in its application, with respect to any property located within the surface area of the park in question, over the application of any other general rule—unless, applied systematically in observance of general international or domestic law, such a rule entails a regime of limitation on the right of property enshrined in Article 45 of the Constitución Política, which must prevail in matters of an environmental protection regime (Article 50 of the Constitution), even when it concerns the exercise of the attributes of ownership over private property, as would occur with any title of that kind, to the extent that it must coexist with that regime. Therefore, even admitting that, as of the date of this judgment, if any administrative act (conducta administrativa) subject to the regime of Public Law, and within it Administrative Law, were illegitimately preventing the plaintiff from fully exercising its rights as the titleholder of ownership in disregard of the provisions of Article 2 of Law 7524 in the terms described (even if its authorship corresponds to a Municipal Authority, with respect to the evidence offered by the plaintiff for the better resolution of the case), the fact of the matter is that it is not the subject of a legal challenge in the present case. Furthermore, if it is a matter of the expropriation of the property belonging to the plaintiff, what was provided by the Legislative Branch in the terms of the already referenced Decreto Ejecutivo N° 34015 of September 11, 2007 explains why, in the specific case, as of October 11, 2007, a provisional writ of annotation of a declaration of public interest (mandamiento provisional de anotación de declaratoria de interés público), issued by SINAC of the Ministerio del Ambiente y Energía, was entered against the registry entry corresponding to the property owned by the plaintiff company—identified as registered with the Registro Nacional under Folio Real number 42366-000—in the Administrative Expropriation Proceeding of the State against Adriana de las Colinas Sociedad Anónima, under the following citations: volume 573, entry 36083. (An uncontested fact, together with image 83 of the judicial file.) The foregoing is so because it was through that decree that it was necessarily, or not, provided that, with respect to the property belonging to the plaintiff: \"Article 2°— Proceed to initiate the administrative expropriation proceeding, for the processing of which SINAC is authorized. Publish this declaration in the Diario Oficial and notify the owner. Order a provisional writ of annotation before the Registro Nacional de la Propiedad in respect of said property; for which purpose the Legal Advisory Coordinator of SINAC is authorized to carry out the formalities before the Registro Nacional, to issue and sign the respective writ before said Registry.\" (Emphasis not in the original.) This specific administrative act—namely, the issuance of the writ and its registration entry—is fully consistent with what is already regulated in Law No. 7495 of May 3, 1995, the Ley de Expropiaciones, in its Article 20, pursuant to which: \"In the resolution declaring the public interest of the property, a provisional writ of annotation shall be ordered to be issued in the corresponding public registry. Once the annotation is made, any transfer of ownership or the creation of any real right over the property shall be understood to have been effected without prejudice to the annotating entity. The annotation shall lapse and shall be cancelled ex officio if, within the following year, the definitive writ of annotation issued by the Administrative and Treasury Court (Juzgado contencioso-administrativo y civil de hacienda) is not presented.\" (Emphasis and underlining not in the original.) Attention is drawn, first, to the fact that from a legal standpoint, the objective and effect of the interest annotation is confined, through its registry public notice (publicidad registral), to the following: in the event that the titleholder of the property exercises the attribute of ownership of alienation by disposing of its transfer or conveyance to a third party who accepts it—of course—it shall be understood to have been effected without prejudice to the annotating entity, from which it must be concluded that the legal effect of this annotation, very much contrary to what the plaintiff company asserts, cannot legally be equated to having caused a de facto or factual expropriation to operate—whether in formal or material terms—on pain of, in a qualified and/or reinforced manner, thereby violating Article 2 of Law No. 7524, by means of which the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste was created (unauthorized administrative action); and second, on the other hand, if there were any harmful effect arising from the registry annotation of that declaration of public interest in expropriating the property owned by the company, the fact is that, wholly independently of the reasons that may have intervened to prevent the initiation of a special judicial expropriation proceeding even up to this date, and consequently the failure to issue the definitive writ of annotation by the competent Judicial Authority, the fact of the matter remains, always at the legal level, that one year after it was made—that is, since October 12, 2008—it has lapsed, and its cancellation from the registry should have been ordered ex officio from that time onward, which would have removed what the plaintiff has identified as one of the partial causes of the harmful effects being claimed. Notwithstanding this, the omission of a legal duty to cancel that registry annotation in the terms described is not a basis for attributing patrimonial liability in this litigation, nor is its legal challenge—we insist—in any way, so that this matter is not the subject of debate either, in observance of Article 20 in relation to Article 31, both of the Ley de Expropiaciones No. 7495, given that there is no claim whatsoever forming part of the subject matter of this case aimed at having said annotation declared lapsed on the grounds that its maintenance is inconsistent with the legal order, and that its cancellation from the registry be consequently ordered. On the contrary, the plaintiff company bases its arguments on the existence and effects of that registry act, without seeking its suppression, and nothing within the knowledge of this court prevented it from proceeding in a different manner. We reiterate that the subject matter of debate in the present case, in accordance with the theory of the case put forward by the plaintiff's legal representation, does not include the challenge of any specific formal active act deployed by any Public Administration, whatever it may be—including the act declaring the public interest in expropriating its property and the provisional registry annotation ordered by the Executive Branch—that may have had the virtue, as an effect, of preventing the plaintiff from exercising any attribute of ownership associated with possession, usufruct, transformation and/or alienation, defense and exclusion, or restitution of the property in question. What follows is therefore reiterated: if the plaintiff company erected its claim of a compensatory nature—separate from the payment of just compensation (justiprecio) through expropriation—on the basis of having had its property expropriated de facto, it would suffice to state that, as a prerequisite, such a thing identified as unauthorized administrative action did not exist: not because it was physically dispossessed of possession on the material level, not because the Executive Branch declared that the property of interest is located within the surface area of the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste and that it was therefore to be expropriated, not because of the registry annotation of the declaration of public interest that has been lapsed since October 2008 as mentioned above—all at the formal level—for the simple reason that, at the legal level, the company has, since 1995, the year in which Law No. 7524 creating the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste entered into force, the protection to fully and integrally exercise, so understood, the attributes flowing from its right of ownership—which remain intact to date—insofar as they are associated with the title of ownership over the property in question, upon which—we note again—there weighs a registry annotation that, notwithstanding the fact that it should have been cancelled ex officio approximately 18 years ago, is not sought to be suppressed by the plaintiff, given that its legal effects continue to be deployed on an ongoing basis since it was entered at the Registro Nacional. The exclusion, in this understanding, of the finding that the property of which the plaintiff is the titleholder has been expropriated de facto or through unauthorized administrative action, or has been legally limited to the point of emptying the right of ownership as a consequence of any administrative act deployed by the State or SINAC, thereby suppressing any form of use or exploitation of the property, constitutes, at the outset, an insurmountable obstacle to granting a judgment for the payment of damages and/or losses in the abstract, if, as the plaintiff asserted, any damage or loss was suffered in causal nexus with, or having as its efficient cause, any of those acts.—\n\nVIII.- On the Merits of the Complaint as It Relates to the Requests Identified as Numbers 1 and 2.\n\nThe plaintiff company seeks—as was determined pursuant to the complaint and as established by the Presiding Judge during the preliminary hearing—the following: \"1. That the obligation of the defendant parties to compensate the company ADRIANA DE LAS COLINAS SOCIEDAD ANÓNIMA for the expropriation (expropiación) of the property (finca) with registry number 5-42366-000, as ordered by Ley 7524 and Decreto Ejecutivo No. 34015-MINAE, be declared.\" As this panel of judges understands it, this head of the claim must be read in connection with the following request, under which it was sought that: \"2. That the defendant parties be ordered, in order to bring their conduct into conformity with the law, to initiate the expropriation process for the property with registry number No. 5-42366-000, as ordered by Ley 7524 and Decreto Ejecutivo No. 34015-MINAE.\" In this way, regardless of the argumentative structures put forward by the plaintiff company's representative in its complaint, it may be inferred from what is being sought that the plaintiff is petitioning—on the basis of the provisions of both the aforementioned Law and Decreto Ejecutivo N° 34015—for a legal obligation, imposed on the defendant public administrations in general or specific terms, to compensate the plaintiff through the expropriation of a property belonging to it. The analysis of whether what is being sought is well-founded merits separate treatment from the request identified as No. 3, which was denied on the grounds analyzed earlier by this Tribunal. What is being sought—we reiterate—is fundamentally aimed at ordering the defendant entities—that is, SINAC and the State—to initiate the expropriation process, which we understand to mean judicial proceedings (sede judicial), given that the administrative proceedings (sede administrativa) concluded once the plaintiff company filed an objection to the administrative appraisal (avalúo administrativo), and consequently the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications issued an order on June 4, 2009, directing that the procedure be continued once the expropriation agreement (acuerdo expropiatorio) is signed, by forwarding the file to the Procuraduría General de la República for the corresponding action in judicial proceedings—a decision that, as the SINAC representative stated in answering the complaint, resulted in the exhaustion of administrative remedies (agotamiento de la vía administrativa) in this matter. Having said that, and also by way of summary, the plaintiff's representative reproached—as we were able to extract from the complaint—that, on the basis of the provisions of Ley 7524 from the year 1994 (which we note was entitled \"Creación del Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste\"), together with the administrative act issued and published pursuant to Decreto Ejecutivo N° 34015 of 2007—by means of which the acquisition by expropriation of the property of the Partido de Guanacaste registered as Folio Real 42366-000, of which the plaintiff is the registered owner, was declared to be in the public interest (declaratoria de interés público), and the initiation of the corresponding proceedings was ordered—there exists a failure to comply with what was ordered by the Executive Branch under the aforementioned Executive Decree, inasmuch as, as of the date of filing the complaint, no action whatsoever—judicial, we add—had been taken directed at initiating the special expropriation process for that property. The plaintiff has linked this to the provisions of constitutional article 45, which it considers to have been disregarded. Thus, it is argued that in 2007 the property was included within the coordinates of the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, and that there exists a legal obligation to expropriate it; however, this has not occurred, and since that same year 2007 there has remained, notwithstanding this, an annotation on the property's registry entry consisting of what has been identified as a declaration of public interest in expropriating the land. It must be insisted upon—and we have made an effort in this regard—that this is explained by the fact that the argumentative structures put forward by the plaintiff are fundamentally directed at a judgment for the payment of damages (daños y/o perjuicios) pursuant to the head of the complaint identified as No. 3—clearly distinct from the compensation that would be sought through the special expropriation process in judicial proceedings. Continuing, we note that with respect to requests numbers 1 and 2, which are the subject of our attention, the plaintiff's representative has at least reproached the fact that, notwithstanding the situation in which the company finds itself—including the provisional annotation order (mandamiento provisional de anotación) regarding the declaration of public interest, which it characterizes as a limitation on the property right encumbering the registry entry of the property of which it is the registered owner—\"… the State, instead of expediting its actions in order to effectuate the proper compensation, has incurred in repeated, unnecessary, and negligent delays, all to the detriment of the rights of Adriana de las Colinas, S.A.. Evidence of this is that the administrative file does not show that the expropriation process has been initiated as required since June 4, 2009. The State has de facto expropriated the property of my client, and as long as the proper compensation through the expropriation procedure provided for in the applicable regulations is not finalized and the fair price of its value is not paid, it is evident that we are faced with a continuing and omissive unlawful course of conduct, translatable into the egregious limitation of the private property rights of my client. (…). In light of the foregoing, it is evident that in the present case we are faced with the circumstances established both constitutionally and legally for the State to be obligated to compensate my client for the harm caused in connection with the expropriation of the property affected by Decreto Ejecutivo No. 34015-MINAE, as well as the clear damage suffered by reason of the non-payment of the fair price. This is so because, upon declaring the property to be part of the Parque Nacional Marino Las Baulas, any use of the property is rendered impossible, which evidently affects the property right by producing a special, abnormal, and economically assessable harm. (…).\" Later, and although what follows was provided in response to the warning issued by the Presiding Judge then in charge of the matter—requesting clarification as to what the claimed damages and/or losses consist of and their conservative estimate, pursuant to an interlocutory order issued at 11:48 p.m. on June 14, 2021 (image 84 of the court file)—the plaintiff company's representative also added: \"In the present proceeding we face such a situation: as a result of the Administration's inactivity and lack of interest in completing the expropriation, it has unreasonably limited the property rights of my client.\" Having reached this point, although the plaintiff does not appear to disentangle, in its argumentative approach, the requests for a judgment for payment of damages from the requests set forth under heads 1 and 2 of the complaint, in response to what was thus expressed and insofar as it was expressed, both defendant parties have deployed, in opposition to the complaint, arguments and have pointed to evidence aimed at demonstrating that the expropriation process cannot be initiated, or has not been initiated beyond what was accomplished in administrative proceedings, due in particular to the content and scope of a report of the Contraloría General de la República identified as No. DFOE-PGAA-IF-3-2010, which the State's representative correlated with a ruling of the Constitutional Chamber identified as No. 2013-008260, handed down at 9:10 a.m. on June 21, 2013, from which we consider that proceeding to determine—as we shall do—the merits of this head of the complaint will not generate any state of defenselessness (estado de indefensión) in the defendant parties, since they have in fact exercised their right to a defense with respect to requests 1 and 2. Having said all of the foregoing, and because it is necessary, we begin by noting that although the establishment of the boundaries of the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste dates back to an earlier Executive Decree, what is relevant is that subsequently, through a rule of superior rank, force, and resistance, it was the Legislative Branch that defined those boundaries under Ley N° 7524 of July 10, 1995, by means of which said park was created, pursuant to its first article. Thereafter, this Law—in order to fulfill the purpose pursued by its enactment and entry into force, having delimited the surface area of the Park (article 2)—provides: \"… the competent institution shall manage the expropriations of all or part of the properties comprised within the zone delimited in the preceding article. The private lands included within that delimitation shall be subject to expropriation and shall be considered part of the Parque Nacional Marino Las Baulas until they are acquired by the State through purchase, donation, or expropriation; in the meantime, the owners shall enjoy the full exercise of the attributes of ownership.\" (Emphasis not in the original.) From that point forward, pursuant to the principle of legality (principio de legalidad) (articles 11 of the Political Constitution and of the Ley General de la Administración Pública), the institution that ultimately proved to be competent to expropriate in satisfaction of a clearly environmental protection purpose in the broad sense was, and continues to be, under a legal obligation to exercise—as a sovereign power—the procedure and/or judicial process necessary to procure, through such means, the acquisition of title to every property that, being privately owned, was found to be located within the Park's area. In this regard, the verb used—\"shall manage\" (\"gestionará\")—is imperative and, therefore, compliance with the duty to expropriate is not subject to any discretion whatsoever. Now, given that since 1995 the boundaries of the Park had been established by law, it was approximately eleven years later that, through Decreto Ejecutivo N° 34015 of September 11, 2007, the Executive Branch proceeded not only to specify that the institution competent to expropriate and, in that connection, to process the corresponding administrative procedure and even to promote—as applicable—the special expropriation process pursuant to the Ley de Expropiaciones is the Dirección General del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), but also, additionally, declared to be in the public interest the acquisition by way of expropriation of the property of the Partido de Guanacaste registered as Folio Real 42366-000, whose ownership corresponds to the plaintiff company, providing as follows in the relevant part: \"Article 1.- In accordance with the foregoing recitals, by reason of its location within the coordinates of the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, the acquisition, by way of expropriation, of the property of the Partido de Guanacaste registered as Folio Real 42366-000, owned by Adriana de las Colinas S.A., legal entity identification number No. 3-101-143574, the lot to be expropriated being described in the Public Registry as follows: (…). Cadastral plan No. G-145542-1993.\" (Emphasis and underlining supplied.) By means of an Executive Decree, then, the administrative act of declaration referred to in article 18 of the Ley de Expropiaciones was issued, without prejudice to its notification to the plaintiff company for the purposes of the corresponding administrative procedure. Continuing, in reinforcement of the provisions of Ley N° 7524—or the order to expropriate issued by the Legislative Branch—article 2 of this instrument provided the following: \"Proceed to initiate the administrative expropriation procedure, for the processing of which the Dirección General del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) is hereby authorized. Publish this declaration in the Official Gazette and notify the owner. Order the provisional annotation order before the National Property Registry with respect to said property; for which purpose the Coordinator of the Legal Advisory Office of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación is authorized to carry out the proceedings before the National Registry, so that she may issue and sign the corresponding order before said Registry.\" (Emphasis not in the original.) This provision was complemented by the following article 3, which, with the same imperative character, provided: \"The Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministry of Environment and Energy, represented by its Director General, shall proceed to continue with the established procedure for the purpose of acquiring said lot, with particular observance of the fixed deadlines and in strict compliance with the Ley de Expropiaciones and its amendments.\" (Emphasis not in the original.) This made clear which institution is competent to expropriate, that expropriating these lands constitutes a sovereign power that must be exercised mandatorily, and that, finally, the obligation imposed on SINAC must necessarily result in the acquisition of the properties—without losing sight of the provisions of the frequently mentioned Ley 7524—under penalty of otherwise failing to achieve the purpose of this Law, in conjunction with a number of other related normative sources cited in the recitals of Decreto Ejecutivo N° 34015 itself, such as the Convention on Biological Diversity of 1994, which establishes the State's commitment to establish a system of protected areas and to take special measures to conserve biological diversity; the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles, which identifies as a State commitment the establishment of restrictions on human activities that may affect sea turtles, their habitat, and nesting sites; the \"Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals,\" which refers specifically to the protection of the leatherback turtle (tortuga Baula) as an endangered migratory species, together with the Ley Orgánica del Ambiente, article 37, which establishes as a State obligation the payment for lands included within the boundaries of National Parks, and article 50 of our Political Constitution, in the context in which the recitals of this Executive Decree continue to read, that: \"The main threat to the leatherback turtle is constituted both by commercial fishing and by the development of human activities on land that are incompatible with its conservation. The development of infrastructure, the constant and unrestricted presence of persons and their pets constitutes a threat to the species, its nests, and its environment,\" as well as that: \"The Parque Marino Las Baulas de Guanacaste constitutes one of the four most important nesting sites for this species in the Pacific Ocean; however, in recent years there has been a considerable decline in the number of turtles arriving to nest. This compels the adoption of immediate measures, among them ensuring that the lands where the Park is located become part of the public domain, thereby halting the advance of the urban frontier.\" (Emphasis supplied.) Moreover, it is clear that SINAC, pursuant to the Ley de Expropiaciones, at the appropriate time is not only authorized but obligated to promote—if so required—the judicial expropriation process in observance of all of this applicable law. Now, we have decided to include among the proven facts those matters related at the normative level to the creation of this Park and the declaration of public interest, for greater clarity in the presentation, and it is now appropriate to move on to the remaining facts, proceeding to analyze whether this legal obligation was fulfilled, particularly on the basis of the evidence contained in the administrative file incorporated into the court file, which explains why, for the purpose of citing the location of evidence in each case, we have used for convenience the image numbering corresponding to the court file. Thus, it is established that in execution of the provisions of Decreto Ejecutivo N° 34015, article 2, on October 11, 2007, a provisional annotation order regarding the declaration of public interest was registered on the registry entry corresponding to the property owned by the plaintiff company, identified as that registered in the National Registry with the Folio Real registration number 42366-000, issued by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministry of Environment and Energy, in the Administrative Expropriation Procedure of the State against Adriana de las Colinas Sociedad Anónima, under the following citation references: volume 573, entry 36083. (Uncontested fact, in conjunction with image 83 of the court file, which contains a certified literal ownership certificate issued by the National Registry.) Slightly more than three months later, pursuant to official communication identified as No. SINAC-DG-103-2008, dated January 18, 2008, the General Directorate of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministry of Environment and Energy requested the Tax Administration of Puntarenas to issue an administrative appraisal of, among other properties, the property owned by the plaintiff company identified as that registered in the National Registry with the Folio Real registration number 42366-000, indicating, in the relevant part, the following: \"… for the purpose of continuing with the expropriation processes for lands located within the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste …\" and specifying in this official communication, for those purposes and insofar as relevant, that the corresponding ownership certificate and a copy of the relevant cadastral plan were attached. (Images 241 through 244 of the court file.) This procedural action is provided for in article 21 of the Ley de Expropiaciones. In response to this request, it was not until September 23, 2008, that the Tax Administration of Puntarenas of the General Tax Directorate of the Ministry of Finance issued the administrative appraisal identified as No. AA-98-2008 for the property in question (images 233 through 240 of the court file), which, having been notified to the plaintiff company, was the subject of a written objection, challenge, and rejection filed by the company on January 6, 2009. (Images 220 through 231 of the court file.) Following this development and in response to the aforementioned objection, the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications, by resolution identified as No. R-MINAET-SINAC-017-2009, issued at 8:20 a.m. on June 4, 2009, ordered the following: \"The objection to administrative appraisal AA-98-2008 is hereby received, and it is ordered that the procedure continue. Once the expropriation agreement is signed, forward the file to the Procuraduría General de la República, as legal representative of the State, so that it may initiate the special procedure before the competent Administrative Court,\" thereby achieving the exhaustion of administrative remedies in the relevant matter. (Emphasis not in the original. See the statements of the SINAC representative in answering the complaint, in conjunction with images 208 through 212 of the court file.) Having reached this point, what remained to be processed was the special judicial expropriation process pursuant to the regulations set forth from article 28 of the Ley de Expropiaciones onward, which of course presupposes the issuance of the expropriation agreement referred to in the resolution and order of the Minister of the sector, pursuant to a resolution that constitutes a valid and effective administrative act. Now, that being the state of affairs as of June 4, 2009 [sic], pursuant to the report identified as No. DFOE-PGAA-IF-3-2010, issued on February 26, 2010, by the General Public, Environmental and Agricultural Services Area of the Operative and Evaluative Oversight Division of the Contraloría General de la República, the following was ordered as a mandatory directive to be executed in compliance within the deadline or term granted in each case, all in relation to the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, and in the relevant part:\n\n\"4.1. DIRECTIVES TO THE MINISTER OF ENVIRONMENT, ENERGY AND TELECOMMUNICATIONS.\n\na) In order to remedy the weaknesses noted in point 2.1 of this report, carry out or coordinate with the competent bodies as appropriate, including the Instituto Geográfico Nacional (IGN), the following activities:\n\ni. The boundary marking (amojonamiento), or the review of the current boundary-marker line, that correctly demarcates the fifty-meter zone measured from the ordinary high-tide mark (pleamar ordinaria), along the entire coastal sector forming the PNMB.\n\nii. The definition, through the appropriate legal instrument, of the correct extent and geographic location of those zones of the PNMB that are not clearly delimited in Ley No. 7524 of July 10, 1995, including: the hill behind Playa Ventanas, Cerro El Morro, the sector known as Isla Verde, and the Ventanas, Tamarindo, and San Francisco estuaries, together with their associated mangroves.\n\niii. The preparation of an official map of the PNMB, showing with precision the actual extent and boundaries of said National Park. This work must be completed no later than February 28, 2011, and documentary evidence attesting thereto must be submitted to this supervisory body, as well as progress reports on compliance with the aforementioned activities, no later than June 30 and October 29, 2010.\n\nb) Carry out the respective evaluation of the cases involving the parent properties (fincas madre) that were titled by the then Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), identified in this report as numbers 2 and 3 (as shown in the image at point 2.2.1-a), with the aim of deciding whether or not to file the corresponding legal actions to annul the unlawful administrative conduct identified in said evaluation and to recover the State-owned lands that today form part of the PNMB. Submit to this Contraloría General, no later than April 30, 2010, the documentation evidencing and supporting the decision whether or not to file the aforementioned actions. If the decision is affirmative, the corresponding proceedings must be processed before the Procuraduría General de la República no later than August 31, 2010, submitting to this supervisory body the documentation evidencing said action. Likewise, within the aforementioned deadline, the precautionary measures deemed appropriate must be evaluated and pursued, including, among others, those relating to the expropriation processes currently pending in judicial proceedings with respect to lands geographically located over the area of the aforementioned parent properties, as well as the advisory annotations on the registry entries of properties registered in apparent illegality. Additionally, the suspension of all expropriation processes currently in administrative proceedings, and abstaining from new proceedings, with respect to the lands of the PNMB in parent properties Nos. 1, 2, 3, and 5 (as shown in the image at point 2.2.1-a of this report) must be evaluated; the foregoing in accordance with the legal status of the titles of ownership held over those lands, as discussed in point 2.2.1 of this report. A copy of the documents evidencing said evaluation must be submitted to this supervisory body no later than May 21, 2010. Likewise, in the event of an eventual recovery of said lands, and given that they encompass 150 meters of the restricted maritime zone (zona marítimo restringida), the feasibility of extending the boundaries of the PNMB in those sectors to 200 meters from the ordinary high-tide mark must be analyzed, in order to guarantee compliance with the conservation and environmental protection objectives pursued in that protected wilderness area.\n\nc) In relation to parent property number 6 (as shown in the image at point 2.2.1-a of this report), process a consultation before the Procuraduría General de la República, requesting its opinion as to whether a property covered with forest located in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) could have been titled in 1971 through a possessory information proceeding (información posesoria) in judicial proceedings, in accordance with the legislation in force at that time. Based on the opinion issued by the Procuraduría General de la República, decide whether or not to file the corresponding legal actions to annul the judicial order and recover the State-owned lands forming part of the PNMB. (See point 2.2.1-b of this report.) Said consultation must be processed before the Procuraduría General de la República no later than April 30, 2010, a copy of which must be submitted to this Contraloría General on that same date. If the filing of the action referred to in the preceding paragraph is deemed appropriate, the corresponding proceedings must be processed before the Procuraduría General de la República no later than two months after receiving the response from said advisory body, submitting to this supervisory body the documentation evidencing said action.\n\nd) Evaluate, in light of the technical deficiencies detected in the administrative appraisals carried out by the Tax Administration of Puntarenas for lands of the PNMB—relating primarily to significant variations in the values assigned to the lands and important elements not considered by the appraisals (hydrographic and land-use variables, as well as the fact that there is no public zone within the fifty meters from the ordinary high-tide mark)—which raise reasonable doubts about the real value of the properties, the possibility of requesting from the Dirección General de Tributación Directa new administrative appraisals for the lands currently subject to expropriation in said Park. Furthermore, for cases pending in judicial proceedings, also evaluate the possibility of requesting from the respective professional associations, under the relevant procedures and pursuant to article 37 of the Ley Expropiaciones No. 7495, a review of the judicial appraisals conducted, in order to verify the reasonableness of their amounts. Documentary evidence regarding said evaluations and the actions to be taken must be submitted to this supervisory body no later than August 31, 2010. (See points 2.2.5 and 2.3 of this report.)\n\ne) Carry out such administrative and judicial actions as may be necessary in order to take possession of the lands located within the boundaries of the PNMB that are, or at some point were, under the administration of the Municipalidad de Santa Cruz, including among others:\n\ni. The common areas (lands designated for streets, sidewalks, drainage channels, parks, promenades, etc.) of the Playa Grande States and Palm Beach residential developments, which were transferred to said municipality and are within the PNMB.\n\nii. The land currently occupied by a private individual who was the beneficiary, in the past, of a municipal concession that has since expired.\n\niii. The lands geographically located between the beach and the area of parent property No. 4 (property of the Partido de Guanacaste No. 31099, cadastral plan No. G-7777-70), allegedly donated to the now MINAET by Palm Beach S.A.\n\nA work plan detailing the actions, deadlines, and responsible parties for carrying out this directive must be submitted to this supervisory body no later than June 30, 2010. (See points 2.4 and 2.5 of this report.)\n\nf) Carry out such legally appropriate actions as may be necessary in order to void the agreement signed by the then Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (MIRENEM) and the company Palm Beach S.A., in accordance with what is set forth in point 2.5. of this report. A copy of the document issued for this purpose must be sent to this Contraloría General no later than June 30, 2010.\n\ng) Publish by executive decree, before April 30, 2010, the Public Use Regulations for the Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, which has already been prepared and approved by the National Council of Conservation Areas (Consejo Nacional de Áreas de Conservación) (SINAC) of MINAET. (See point 2.6, paragraph a) of this report.)\n\n4.2 DIRECTIVES TO THE EXECUTIVE DIRECTOR OF SINAC.\n\na) Prepare and submit for approval by the relevant authorities of that Ministry a procedures manual for the expropriation (expropiación) of land in protected wildlife areas (áreas silvestres protegidas), covering, among other matters, in accordance with the legislation currently in force in this field and the observations made in this report, the actions to be taken before and during the conduct of that process, the instruments and mechanisms necessary for that purpose, as well as the roles and coordination levels that the various administrative bodies involved in the said process must assume. (See point 2.2.2 of the report.) Additionally incorporate, as part of this manual, the procedures to be followed when significant differences or changes are detected between the amounts of different administrative appraisals (avalúos administrativos), or between those and the amounts of judicial appraisals (avalúos judiciales), that SINAC considers should be challenged before the respective venues, or that merit an internal review within MINAET or an opinion from an external body, in order to guarantee the objectivity and accuracy of the valuations carried out. (See point 2.2.5 of this report.) Likewise, this manual must address all aspects relating to the management of expropriation case files (expedientes de expropiación), in accordance with current legislation, so that the deficiencies identified in the expropriation case files of the PNMB, as discussed in point 2.2.6 of this report, are not repeated — those deficiencies being related to the identification and registration of case files, the page-numbering (foliado) of the documents they contain, and the absence of key documentation regarding the expropriation process; weaknesses that must be corrected no later than 30 July 2010. Furthermore, before 31 August 2010, a copy of the said manual, duly approved and published in the Diario Oficial La Gaceta, must be submitted to this Contraloría General.\n\nb) Prepare and submit for approval by the relevant authorities of that Ministry a strategy for the expropriation of the lands comprising the PNMB, which must encompass both the technical-scientific variables, such as those relating to nesting areas, and those of a financial and legal nature, in particular the legal status of the property titles (títulos de propiedad) of the lands, as discussed in this report. This strategy must be approved and submitted to this Contraloría General no later than 30 July 2010. (See points 2.2.3 and 2.2.1 of this report.)\n\nc) In the case of lands currently undergoing expropriation proceedings, located within the area of parent property (finca madre) number 4 (as shown in the image at point 2.2.1-a of this report), carry out a review of the cadastral plans (planos catastrados) in order to verify the correct surveying of the plots and the possible overlaps that may exist between them, taking as a basis the review of the boundary marker (mojón) line and the preparation of the official map of the PNMB, as provided in point 4.1-a of this report. Likewise, in the case discussed in this report where two separate expropriation proceedings were initiated over the same plot of land based on two different cadastral plans, immediately archive the case corresponding to plan No. G-1058630 dated 13 March 2006, with administrative appraisal No. AA-72-2008, currently at the administrative phase of the process. Submit to this oversight body no later than 30 July 2010 a work plan with the actions to be taken for the review of the cadastral plans, as well as a copy of the order issued for the archiving of the case of plan G-1058630 discussed above. (See point 2.2.4 of this report.)\n\nThe following activities within the PNMB:\n\ni. The definition and control of official access points to the Park, as well as the closure of those that are not official.\n\nii. The regulation of both daytime and nighttime visitation to the Park throughout all seasons of the year.\n\niii. Control of access to and collection of entry fees for the Park.\n\niv. Maritime surveillance and fisheries regulation activities.\n\nv. Control of domestic animals and the introduction of exotic plants.\n\nvi. The repair and expansion of the infrastructure necessary for control and surveillance activities.\n\nvii. The control of runoff (escorrentías) that poses a risk to nesting areas.\n\nviii. The necessary signage (rotulación) regarding access and use restrictions of the Park.\n\nix. Constant monitoring and control of the forested areas of the Park that have not been expropriated, taking the corresponding administrative and criminal actions when negative impacts on these ecosystems are identified.\n\nFor the foregoing, a work plan must be prepared that includes the activities to be carried out, the timelines, and the persons responsible, as well as a breakdown of the financial, material, and human resources necessary to efficiently carry out said activities. The aforementioned work plan, together with the breakdown of resource needs, must be submitted both to the Office of the Minister of the Environment and to this Contraloría General no later than 30 July 2010. Likewise, the Executive Directorate must take the appropriate steps to allocate the necessary and sufficient resources to Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste, for the purpose of complying with this directive. In that regard, copies of the supporting documents corresponding to the resource management effort described above must be submitted to this oversight body no later than 30 September 2010. (See point 2.6 of this report).\"\n\n(Emphasis added. See images 270 through 322 of the judicial case file (expediente judicial).)\n\nIt is noted from this report, first, that any of the tasks ordered both to the relevant Ministry and to SINAC had a delivery date or execution report deadline to the oversight body, the latest of which fell in the year 2011; and second, that based on the evidence contained in the administrative case file (expediente administrativo), particularly that found between images 144 and 195 of the judicial case file, it follows — as we have identified in the present judgment as an unproven fact — that even to this day, the State, through the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones or SINAC, has not prepared a cadastral map (mapa catastral) defining the surface area of Parque Nacional Marino Las Baulas de Guanacaste; has not determined that the property registered with the Registro Nacional under registration number (matrícula) Folio Real 42366-000 is wholly or partially outside that surface area; nor, as the case may be, has it prepared legal studies establishing the existence of any technical or legal circumstance associated with the possible invalidity of the property title held by the plaintiff company over the property in question, nor any other circumstance that would adequately justify the failure to execute what was ordered under the Decreto Ejecutivo issued by the Executive Branch itself, bearing No. 34015, of 11 September 2007, published in the Diario Oficial \"La Gaceta\" No. 194 of 09 October 2007. (The absence of supporting evidence to that effect, together with images 144 through 195, all from the judicial case file.)\n\nThis means that from the date on which the Contraloría issued the aforementioned orders — 26 February 2010 — to the present day, MORE THAN 16 YEARS HAVE ELAPSED WITHOUT THOSE ORDERS HAVING BEEN COMPLIED WITH. On the other hand, from 09 October 2007 — the date of publication in the Diario Oficial \"La Gaceta\" No. 194 of Decreto Ejecutivo No. 34015 — MORE THAN 18 YEARS HAVE ELAPSED, without SINAC having managed to comply with what was ordered by the Executive Branch under the terms of Article 3, following the annotation of the provisional order (mandamiento provisional) declaring the property to be of public interest, which reads as follows: \"Article 3. — The Sistema Nacional de Áreas de Conservación of the Ministerio del Ambiente y Energías, represented by its General Directorate, shall proceed to continue with the procedure established for that purpose for the acquisition of the said lot, with special observance of the fixed deadlines and in strict compliance with the provisions of the Ley de Expropiaciones and its amendments.\" (Emphasis not in the original.)\n\nIt must also be noted that there is additionally non-compliance with what was ordered within the administrative proceedings by the Minister of the Environment, Energy and Telecommunications under resolution No. R-MINAET-SINAC-017-2009, issued at 08:20 hrs. on 04 June 2009, in which it ordered that the proceeding must continue, that the expropriation agreement must be executed, and that the case file be forwarded to the Procuraduría General de la República to initiate the special proceeding before the Juzgado Contencioso Administrativo. It must also be emphasized that both Decreto Ejecutivo No. 34015 and the order issued by the Minister in the terms described are formal administrative acts which, to this date, retain full validity and legal force.\n\nIn the face of this failure to execute two orders that are central to the matter — a failure that does constitute a genuine omission as a manifestation of administrative conduct — in their answers to the complaint, both the representatives of the State and those of SINAC have argued in a manner that, far from demonstrating compliance with what was ordered under these formal acts and/or what was ordered by the Legislature under Ley N° 4524 since the year 1995, has instead sought to justify the reasons why proceedings necessary to bring about the acquisition of, among other properties, the property owned by the plaintiff company here, have not continued. To that end, both defendant parties relied on the aforementioned report of the Contraloría General de la República, but also on a ruling of the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia identified as No. 2013-008260, issued at 09:10 hrs. on 21 June 2013, JUST UNDER 13 YEARS AGO.\n\nGiven the importance of this ruling for the purposes of the present judgment, in the context we are currently analyzing, we must note, regarding the content and scope of this ruling of the High Court of Constitutional Review, that it was issued on that date in response to an amparo petition (recurso de amparo) filed by the representative of a legal entity different from the plaintiff here, based precisely on the alleged omission to expropriate a piece of land under the same circumstances as the property that is the subject of our present analysis. In its recitals (resultandos), the Sala Constitucional clarifies that the same petition had been resolved previously, pursuant to Voto N° 2013-004815 of 09:05 hrs. on 12 April 2013, by which an order had been issued to the Executive Directorate of SINAC to carry out whatever steps were necessary to conclude the expropriation process — a ruling which, as will be seen, the Sala Constitucional itself annulled on this occasion on the grounds that, prior to its issuance, certain evidence for a better resolution of the case had not been considered. According to what we were able to gather, this evidence consisted of a report by the Contraloría General de la República.\n\nThat said, in this Voto, the following was identified as a proven fact in the relevant part: \"the Contraloría General de la República, in report no. DFOE-PGAA-IF-2010 (sic) on Parque Nacional Marino Las Baulas, states that property number 42793-000 in the name of the company Arezukay S.A. is located within parent property number 2, which has been detected by the oversight body to have problems with respect to its title.\"\n\nSubsequently, aspects relating to the content and scope of Article 45 of the Constitución Política were developed, after which the following was stated, in the relevant part:\n\n\"Now, what remains to be determined is whether, in this case, it is sufficient to examine the time that has elapsed without the expropriation having been completed. It is fully and adequately demonstrated that through decreto ejecutivo no.34001-MINAE, published in La Gaceta no.194 of 07 October 2007, the State declared the expropriation of the property of the petitioner company to be of public interest, so that it could become part of Parque Nacional Marino Las Baulas, in Playa Grande de Guanacaste; and that subsequently, on 11 October 2007, the Registro Nacional made a marginal entry on the property of the aforementioned expropriation annotation order. Given that, at the date of filing of this petition, nearly SIX YEARS having already elapsed, the expropriation process had still not been concluded. However, in light of the particular situation presented in this case, the reasons for which are detailed below, the dismissal of this petition is warranted. In the first place, it is established that the matter of the failure to execute the expropriation being claimed is embedded within a more complex situation, since the boundaries of Parque Nacional Marino Las Baulas are not clearly defined, there is uncertainty regarding actual possession of the lands, an irregular displacement or removal of boundary markers has occurred in the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre), and the possible irregularity in the titling of the lands located therein persists. This was evidenced by the Contraloría General de la República report no. DFOE-PGAA-IF-2010, which ordered a series of mandatory directives for various institutions, including SINAC. All of which had already been considered by this Court when, through Voto número 2012-017784 of 09:30 hours on 14 December 2012, it resolved to dismiss a similar matter:\n\n\"I.- SUBJECT OF THE PETITION. The petitioner argued that the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones has not initiated the necessary expropriation proceedings, due to the restrictions encumbering the properties of the petitioner companies, by virtue of their being located within the boundaries of Parque Nacional Marino Las Baulas. This, notwithstanding that the said park was established as far back as 1995 and that, since 2008, the Sala Constitucional itself declared an amparo petition well-founded for precisely failing to have initiated the expropriations, and, in another petition, annulled the environmental approvals that had been granted. II.- SPECIFIC CASE. On this matter, the Minister of the Environment, Energy and Telecommunications accepted that the expropriation proceedings regarding the properties (...) have not been initiated; however, he explained the following: \"this is due to various technical factors that have made compliance impossible, which are detailed below.\" Through report DFOE-PGAA-IF-21010 (sic), the Contraloría General de la República issued a series of mandatory directives to the Minister of the Environment, Energy and Telecommunications, the Executive Director of SINAC, and the Director General of Taxation, in that report the Contraloría informed the State that the boundaries and geographic extent of Parque Nacional Marino Las Baulas \"are not clearly defined therein, which generates legal uncertainty regarding actual possession of the lands around the National Park. This situation is aggravated by the irregular displacement or removal of boundary markers located in the Maritime-Terrestrial Zone (ZMT), resulting in the State not having an official map of the PNMB. In addition, some of the 6 parent properties that gave rise to the subdivision of the PNMB lands were titled in the administrative venue (sede administrativa) by the then Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) \"when in fact the regulations required possessory title proceedings (información posesoria) before the judicial venue (sede judicial).\" In this regard, two proceedings are currently underway: case file No. 08-001403-1027-CA, in which the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda is processing a full merits proceeding (Proceso de Conocimiento) between the Asociación (...) and the Instituto de Desarrollo Agrario et al., and case file No. 08-1206-1027-CA-5, in which the Tribunal Contencioso Administrativo del II Circuito Judicial de San José is processing a full merits proceeding between the Asociación and Club (...) y otros S.A., in which the aim is to determine the correct title of parent properties 1 and 5 located within the boundaries of Parque Nacional Marino Las Baulas. Moreover, the lack of a Cadastral Map for the PNMB means that expropriation proceedings make use of plans with cadastral errors, which overlap or superimpose each other and contain imprecise measurements, causing economic losses and costly judicial delays both for the administration and for those affected.\" In the face of this situation, MINAET-SINAC have made efforts to resolve all of these problems by carrying out the following tasks: \"SINAC is making efforts to prepare the Cadastral Map and legal studies of the territories located within the PNMB; with this deliverable, it is expected that, within a specified timeframe, a clear picture will be obtained regarding the boundaries and the correct title of the lands located within the National Park.\" (...). From the foregoing it follows, with utter clarity, that there is no certainty regarding the true boundaries of Parque Nacional Marino Las Baulas, which is being determined both in the administrative venue itself and in the contentious-administrative jurisdiction. Likewise, it must not be overlooked that the authorities of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, since 2008 — the year in which this Court intervened — have in fact taken measures with the clear and unquestionable aim of initiating the expropriation proceedings being demanded. III.- However, this Court cannot fail to indicate to the authorities of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones that, once the aforementioned difficulties have been resolved, they are obligated to process the expropriation proceedings within a reasonable time, according to the circumstances, in order not to violate the property rights of the petitioners. Therefore, although it is true that the registry annotation (anotación registral) on the property has remained since 2007, in view of the complex situation that exists regarding the lands of Parque Nacional Marino Las Baulas, which has required and continues to require time to be resolved, the Court does not consider that the alleged injury has occurred. (...). In conclusion, upon a more thorough weighing of the facts, and in the same vein as Voto número 2012-017784 of 09:30 hours on 14 December 2012, even though in this case it is established that the expropriation process was initiated six years ago without having concluded by the date of filing of this petition, because the complex situation of Parque Nacional Marino Las Baulas justifies such delay, the dismissal of this petition is appropriate, as is in fact being done. However, the respondent is reminded that, once the aforementioned difficulties have been resolved, it is obligated to process the expropriation proceeding within a reasonable time, according to the circumstances, in order not to violate the property right that the petitioner claims to hold.\"\n\nIt follows from the ruling of the Sala Constitucional of 12 April 2013 (13 YEARS AGO) that in that case the right of the petitioner company was not to be considered violated, on the grounds that a complex situation existed with respect to the park in question, given that, based on what was reported by the protected public Authority or Authorities and the Contraloría General de la República report, there was no certainty about the true boundaries of Parque Nacional Marino Las Baulas, and that this was being determined both in the administrative venue and in the contentious-administrative jurisdiction.\n\nWe pause to note that no pending judicial proceeding, according to the submissions of any of the defendant parties, involves the plaintiff company here — either as a party to those proceedings or because the subject matter of any such proceeding would have any effect on the validity of its property title.\n\nContinuing, it was specified that as of that date in 2013, the failure to carry out the expropriation was due to the fact that the boundaries of Parque Nacional Marino Las Baulas were not clearly defined, there was uncertainty regarding the actual possession of the lands, an irregular displacement or removal of boundary markers in the Maritime-Terrestrial Zone had occurred, and there was a persisting possible irregularity in the titling of the lands located therein, all of this stemming from the Contraloría General de la República report through which a series of mandatory directives had been issued to various institutions, including SINAC. Moreover, it was specified that the protected authority or both of them had justified the failure to carry out the expropriations on the grounds that — as was likewise alleged in the present case — there were at that time \"various technical factors that have made compliance impossible, which are detailed below,\" and that, according to the Contraloría General de la República report, orders had been issued both to the Minister of the Environment, Energy and Telecommunications and to the Executive Director of SINAC, to address, among other things, the removal of doubts about the boundaries and extent of the Park through the preparation of an official cadastral map, the actual location within its surface area of private real property, as well as studies that would clarify aspects of the validity of titles, given that in the past, some land areas of the Park were preceded by titling in the administrative venue carried out irregularly by the then Instituto de Tierras y Colonización (ITCO).\n\nIt was also noted that, with respect to compliance with what had been ordered by the oversight body in its report, MINAET-SINAC was making efforts at that time (we reiterate, the year 2013) to resolve all of these problems by preparing the Cadastral Map and legal studies of the territories within the Park within a specified timeframe, with the aim of obtaining a clear picture regarding the boundaries and the correct title of the lands within the National Park.\n\nIt was thus that the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ruled to dismiss the petition, on the grounds that even though, by 2013, six years had elapsed without the expropriation having been completed, this was found to be justified in light of the particular situation that was unfolding, regarding which some measures were being taken to resolve it. Nevertheless, the Sala Constitucional did specify that, once the aforementioned difficulties had been resolved, the respondent Authorities were obligated to process the expropriation proceedings within a reasonable time, in order not to violate the property rights of the petitioners, given that the registry annotation on the petitioner company's property had been in place since 2007, and considering that time was required to resolve the situation. Along these lines, the following was stated in this ruling:\n\n\"... the respondent is reminded that, once the aforementioned difficulties have been resolved, it is obligated to process the expropriation proceeding within a reasonable time, according to the circumstances, in order not to violate the property right that the petitioner claims to hold.\"\n\nReturning now to the evidence found in the administrative case file (images 144 through 195 of the judicial case file), what is observed is that, following what was ordered by the Contraloría General de la República in 2010, a professional services contract was formalized between SINAC and the Universidad Nacional, identified as No. 000044-2013, for the topographic and cadastral survey, as well as for the preparation of legal studies and the compilation of case files for all properties located within Parque Nacional Marino Las Baulas, this occurring on 15 November 2013. (Images 162 through 174 of the judicial case file.) This was followed by an addendum the following month, specifically on 05 December of that same year 2013, WITHOUT THERE BEING TO DATE any evidence in the administrative case file, nor has it been argued by any of the defendant parties here, that said contract was executed to SINAC's satisfaction with the delivery of its subject matter, or that, as the case may be, it was terminated due to non-performance or came to an end in any other manner; but rather, to the contrary, what is on file is, by way of example, a series of communications between the parties to the contract referring to its incomplete execution, among which it is notable that by 23 October 2017, in the terms of an official communication identified as No. ACT-OR-DR-DL-1488-17 from the Regional Directorate – Legal Advisory Unit of SINAC's Área de Conservación Tempisque, observations were still being made on a remedial plan for the contract that was, by that date, in breach. Furthermore, according to the official communication from this same SINAC department, found at image 140 of the judicial case file, No. ACT-OR-DR-1190-2021, the Procuraduría General de la República would have been informed that, in relation to the specific case:\n\n\"Third point requested: As already indicated, the property with registration number 42366-000 belongs to parent property 2. Among the activities SINAC has carried out is the contracting of the preparation of the Cadastral Map(s) and legal studies of all properties located within Parque Nacional Marino Las Baulas, with their respective background studies; this aims to obtain a diagnosis of the actual status of all properties comprising Parque Nacional Marino Las Baulas, and once certainty is established, to initiate the corresponding proceedings as ordered. Fourth point requested: The purchase priority for the property with registration number 42366-000 is purchase priority No. 3, according to the existing expropriation strategy for Parque Marino Las Baulas, which is being provided herewith. Fifth point requested: To comply with this point, a copy of the Contract with the UNA, number 000044-2013, and the most recent Commitments of the UNA to SINAC are attached. Sixth point requested: As has already been indicated in various points, the property with registration number 42366-000 is a subdivision of parent property No. 2, with Folio Real 281801, with parent plan number G-7001-1971, and therefore it does not derive from parent property number 4. SINAC does not know whether the property with registration number 42366 is among the 8 cases mentioned by the Contraloría General de la República (CGR), as those are not our proceedings. SINAC expects to clarify these doubts once the Cadastral Map and legal studies to be delivered by the Universidad Nacional (UNA) are ready. Regarding the properties existing within the limits of Parque Las Baulas, the actions taken by SINAC in contracting the UNA to prepare the Cadastral Map are aimed at locating all the properties that must be expropriated as provided, in order to consolidate Parque Nacional Marino Las Baulas.\"\n\n(Emphasis and underlining not in the original.)\n\nIn this way, it is clear that one of the central tasks ordered by the oversight body to the Minister of the sector has been assumed by SINAC, for which purpose this administrative body chose to contract with a higher education institution, without any comprehensive positive result, at least with respect to the situation of the plaintiff company here and regarding the property that it owns — which paradoxically, the Executive Branch, under the terms of Decreto Ejecutivo No. 34015 of 11 September 2007, on the basis that it was affirmed to be within the surface area of the Park, had declared its acquisition through expropriation to be of public interest and had ordered SINAC to proceed in accordance with the provisions and rules contained in the Ley de Expropiaciones, which includes the actions still pending as of today, such as the issuance of the expropriation decree and the filing of the pleading intended to initiate the special judicial expropriation proceeding, all without that act, or what was ordered through it, being affected in any way, either in its validity or in its legal force.\n\nIt is also added that, in execution of this Decreto Ejecutivo, what was in fact executed and remains in force even at the time of pronouncing the present judgment is the registry annotation in the margin of the entry corresponding to the property owned by the plaintiff company, of the provisional order declaring it to be of public interest, which notifies third parties through that public record that the eventual acquisition of the property will be without prejudice to the annotating Administration, despite the lapse period (caducidad) of this annotation having long since expired.\n\nIt is thus established that, even from the time the contract with the Universidad Nacional was entered into in 2013, and completely regardless of the reasons why, thirteen years later, it has not yet concluded with the satisfactory delivery of the product, the fact remains that both the Minister of the relevant portfolio and SINAC are in outright breach — whether or not these fruitless efforts have been made — of the provisions of Ley N° 7524 of July 10, 1995; Decreto Ejecutivo N° 34015 of September 11, 2007; the Convention on Biological Diversity (Convenio de Diversidad Biológica) of 1994; the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles (Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas); the \"Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals\" (Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres); the Ley Orgánica del Ambiente, Article 37, under which the State is obligated to pay for lands included within the boundaries of National Parks; Article 50 of our Constitución Política; resolution N° R-MINAET-SINAC-017-2009, issued at 08:20 hrs. on June 4, 2009, by the Minister of Environment, Energy and Telecommunications himself; report N° DFOE-PGAA-IF-3-2010 issued on February 26, 2010 by the Public, Environmental, and Agricultural Services Area of the Operative and Evaluative Oversight Division of the Contraloría General de la República; and, finally, also disregarded is Voto N° 2013-008260 of the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, issued at 09:10 hrs. on June 21, 2013 — considering that, while it did indicate that once the difficulties it then (in 2013) considered could constitute an impediment to expropriating had been overcome, there was an obligation to pursue the expropriation proceedings (procedimientos de expropiación) within a reasonable time given the circumstances, then, all the more so from a logical and rational standpoint, the Public Administrations bound by that ruling were required to observe a reasonable period for overcoming those difficulties. The fact of the matter is that, whatever starting point one chooses for an analysis conducted in parallel to the one carried out by the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia itself in the Voto cited above — based on the historical context and circumstances then prevailing — when one examines in the specific case the time elapsed without the expropriation (expropiación) having been completed, now on the ground that not even the tasks ordered by the oversight body have been fulfilled FOR MORE THAN 13 YEARS in the best of cases, it is evident that this constitutes an absolutely disproportionate and irrational period that finds no justification whatsoever, at this point, either in technical or in legal terms, without the need for further elaboration on the matter.\n\nIt is reiterated that beginning in 2007, through Decreto Ejecutivo N° 34015, on September 11, 2007, the Executive Branch (Poder Ejecutivo) issued an administrative act (acto) that remains valid and effective to this day, by means of which not only was the acquisition of the real property (inmueble) owned by the plaintiff company declared to be of public interest, but it was also declared and published that this was appropriate because, as is categorically stated in that act, said property falls within the surface area of the Park. In the face of this, and of the aforementioned omission — characterized as administrative conduct (conducta administrativa) adopted in clear conflict with the legal order (ordenamiento jurídico) — there is the additional act already mentioned above, which ordered the continuation of the necessary steps through the courts (sede judicial) by means of the expropriation process, issued by the Minister of the relevant portfolio himself.\n\nIn the view of this Tribunal, it would be inadmissible and reprehensible to tolerate — especially in light of what was decided by the Sala Constitucional — a further prolongation in time of the situation of uncertainty in which the plaintiff company finds itself (separate from what has been decided regarding the inadmissibility of the damages and/or losses claimed). Accordingly, and although it may prove only palliative to the plaintiff company's situation depending on whether the Ministry and SINAC comply with what was ordered by the Contraloría General de la República, we find claims (pretensiones) N° 1 and 2 to be well-founded, and to that extent, merged into a single ruling, SINAC AND THE STATE, TO THE EXTENT THAT EACH IS RESPONSIBLE, ARE HEREBY ORDERED TO CONTINUE WITH THE NECESSARY PROCEEDINGS TO ACQUIRE, THROUGH THE SPECIAL JUDICIAL EXPROPRIATION PROCESS PURSUANT TO THE Ley de Expropiaciones N° 7495 OF MAY 3, 1995, THE PROPERTY (FINCA) OF THE PARTIDO DE GUANACASTE WITH REAL PROPERTY REGISTRATION NUMBER (MATRÍCULA FOLIO REAL) 42366-000, OWNED BY ADRIANA DE LAS COLINAS S. A., LEGAL ENTITY ID (CÉDULA JURÍDICA) Nº 3-101-143574, RESUMING FROM THE STATE OF AFFAIRS AS IT STOOD UPON THE ISSUANCE OF RESOLUTION N° R-MINAET-SINAC-017-2009 AT 08:20 HRS. ON JUNE 4, 2009 BY THE THEN-MINISTER OF ENVIRONMENT, ENERGY AND TELECOMMUNICATIONS.-\n\nIX.- Corollary. The representation of the plaintiff (parte actora) proved that their client holds the right to obtain what was petitioned only in part; accordingly, the claim (demanda) must be declared partially granted, with everything not expressly granted being understood as rejected.\n\nX.- On the Defenses (Excepciones). Both defendant parties (partes demandadas) raised the defense of lack of right (falta de derecho), and the State's representation additionally raised the defenses of prescription (prescripción), lapse (caducidad), and lack of passive standing (falta de legitimación pasiva). Beginning with the defenses raised exclusively by the State's representative: the defense of lapse was rejected on the terms set forth in considerando VII.2 of this judgment. With respect to the defense of prescription, which the State's representation invoked pursuant to article 198 of the Ley General de la Administración Pública, it suffices to note that, given the manner in which this Chamber has ruled on the indemnification component of this matter, a ruling on that defense is unnecessary and is therefore omitted. For the same reasons cited with respect to the defense of prescription, a ruling on the defense of lack of passive standing is likewise unnecessary and is therefore omitted. Finally, with respect to the defense of lack of right raised by both defendant parties: since the plaintiff's representation proved that their client holds the right to obtain what was petitioned only in part, this defense is upheld, with the understanding that it is rejected exclusively as to what has been expressly granted.\n\nXI.- On Costs. Pursuant to article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, court costs and attorney's fees (costas procesales y personales) constitute a burden imposed on the losing party (parte vencida) by virtue of that status. The parties that have been defeated in the relevant respects are SINAC and the State, and in this Tribunal's view no circumstance or ground exists that would justify exempting them from that cost award (condenatoria) under subsections a) and b) of the referenced article, nor under article 194 of the same code. Consequently, both defendant parties are ordered to pay, jointly and severally (solidariamente), both court costs and attorney's fees in favor of the plaintiff company, arising from the prosecution of this action. The amount of the costs shall be determined by the competent judge during the judgment enforcement phase (fase de ejecución de sentencia), at the request of the prevailing party (parte vencedora).\n\nPor tanto\n\nThe evidence offered by the plaintiff for better adjudication is rejected. The defense of lapse raised by the State's representation is rejected. Rulings on the defenses of prescription and lack of passive standing raised by the State's representation are omitted as unnecessary. The defense of lack of right raised by both defendant parties is partially upheld, with the understanding that it is rejected exclusively as to everything expressly granted. The claim filed by the company known as Adriana de las Colinas Sociedad Anónima against the State and SINAC is declared partially granted. SINAC and the State are ordered, within the scope of each one's respective competence, to continue the proceedings necessary to acquire, through the special judicial expropriation (expropiación) process governed by Ley de Expropiaciones N° 7495 of May 3, 1995, the property (finca) registered in the partido de Guanacaste under Folio Real number 42366-000, owned by Adriana de las Colinas S.A., corporate tax ID (cédula jurídica) N° 3-101-143574, proceeding from the state in which matters stood at the time of the issuance of resolution N° R-MINAET-SINAC-017-2009 of 08:20 hrs. of June 4, 2009, by the then Minister of Environment, Energy, and Telecommunications. Both defendant parties are ordered to pay, jointly and severally, both court costs and attorney's fees in favor of the plaintiff company, arising from the prosecution of this action. The amount of the costs shall be determined by the competent judge during the judgment enforcement phase, at the request of the prevailing party.- Notify the parties.- Reporting Judge (Juez Ponente) Felipe Córdoba Ramírez.- Judge Lindsay Rodríguez Cubero.- Judge Elías Baltodano Gómez.-\n\n\n- Verification Code -\n\nYJ4YSMTVD7W61\n\n\nDocument signed by:\n\nFELIPE ALBERTO CORDOBA RAMIREZ, DECIDING JUDGE\nLINDSAY MANUELA RODRIGUEZ CUBERO, DECIDING JUDGE\nELIAS BALTODANO GOMEZ, DECIDING JUDGE\n\n\nEXP: 21-003510-1027-CA\n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of the BNCR, across from Café Dorado. Telephone: 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr"
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