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  "id": "nexus-sen-1-0034-1417189",
  "citation": "Res. 00725-2026 Tribunal Agrario",
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  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Reivindicación y daños por tala en reserva indígena",
  "title_en": "Recovery of Land and Tree-Felling Damages in an Indigenous Reserve",
  "summary_es": "El Tribunal Agrario confirmó, en lo apelado, la sentencia que reconoció a la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Bajo Chirripó Matina como propietaria del área en litigio y ordenó al demandado reivindicarla. La parte demandada había reconocido al contestar la demanda que cortó árboles en el fundo, aunque luego alegó que no los había talado; el Tribunal aplicó la teoría de los actos propios y valoró además fotografías y el reconocimiento judicial. Concluyó que la corta ocurrió dentro de la reserva y confirmó que los daños derivados de esa corta podían liquidarse en ejecución de sentencia. La demanda por contaminación del proyecto de agua potable fue rechazada en primera instancia por falta de prueba científica o técnica, y ese extremo no fue objeto de la confirmación apelada. El Tribunal también confirmó la condena en costas, pues no encontró motivos suficientes para eximir al demandado.",
  "summary_en": "The Agrarian Tribunal affirmed, as to the appealed issues, the judgment recognizing the Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Bajo Chirripó Matina as owner of the disputed area and ordering the defendant to restore it to the association. In his answer to the claim, the defendant had acknowledged cutting trees on the land, although he later argued that he had not felled them; the Tribunal applied the theory of one’s own acts and also considered photographs and the judicial inspection. It concluded that the felling occurred within the Indigenous Reserve and affirmed that damages arising from it could be quantified during enforcement of the judgment. The claim concerning contamination of the drinking-water project was rejected at first instance for lack of scientific or technical evidence, and that issue was not part of the appellate confirmation. The Tribunal also affirmed the award of costs because it found insufficient grounds to exempt the defendant.",
  "court_or_agency": "Tribunal Agrario",
  "date": "24/07/2026",
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    "Tribunal Agrario"
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  "keywords_en": [
    "Indigenous Reserve",
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    "Agrarian Tribunal"
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  "excerpt_es": "Estima este Tribunal contrario a lo indicado por el apelante en su recurso se demostró que hubo corta de árboles dentro del terreno perteneciente a la Reserva Indígena. Independientemente, de que el demandado creyera estaba en un terreno privado que había adquirido, se demostró en el proceso que el mismo era perteneciente a la Reserva Indígena.\n\nEste Tribunal, al igual que lo hace la juzgadora ad quo, no tiene la menor duda de que se cortaron gran cantidad de árboles dentro del terreno en conflicto, el cual pertenece a la Reserva Indígena, de ahí, sea procedente el cobro de los daños y perjuicios causados, por lo que se confirma la sentencia dictada en dicho sentido.",
  "excerpt_en": "Contrary to what the appellant stated in his appeal, this Tribunal considers it proven that trees were felled within land belonging to the Indigenous Reserve. Regardless of whether the defendant believed he was on private land he had acquired, the proceedings established that the land belonged to the Indigenous Reserve.\n\nLike the first-instance judge, this Tribunal has no doubt that a large number of trees were felled within the disputed land, which belongs to the Indigenous Reserve. The claim for damages caused is therefore admissible, and the judgment is affirmed in that respect.",
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    "label_en": "Judgment affirmed",
    "label_es": "Sentencia confirmada",
    "summary_en": "The Agrarian Tribunal affirmed, as appealed, the award of damages for tree felling on land within the Indigenous Reserve and the award of costs; water contamination was not proven at first instance.",
    "summary_es": "El Tribunal Agrario confirmó en lo apelado la condena por daños derivados de la corta de árboles en terreno de la reserva indígena y la condena en costas; la contaminación del agua no se tuvo por probada en primera instancia."
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      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "That is, contrary to what he stated in his appeal—that he had not cut any trees—the defendant answered fact 6 affirmatively, indicating that he used the trees he cut on the property and removed no timber from it; in other words, he acknowledged cutting trees.",
      "quote_es": "Es decir, el demandado contrario a lo dicho en su recurso de que no cortó árbol alguno, contestó afirmativamente el hecho 6), indicando que los árboles que cortó los utilizó dentro de la propiedad sin sacar fuera de esta, madera alguna, es decir, existe aceptación en cuanto a la corta de árboles de su parte"
    },
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      "context": "Considerando VI",
      "quote_en": "Our Agrarian Jurisdiction Law adopts the latter theory: the objective loser-pays principle applies unless an exceptional circumstance provided for by the legislature warrants exempting the unsuccessful party from that award.",
      "quote_es": "Nuestra Ley de Jurisdicción Agraria, se inclina por ésta última teoría, es decir, rige el principio del vencimiento objetivo, salvo que opere alguna situación excepcional, también previstas por el legislador, se exima al perdidoso de dicha condenatoria."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1417189",
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  "body_es_text": "EV Generación de Machote: E:\\GESTION-JUDICIAL\\SERVIDOR DE ARCHIVOS\\MODELOS\\CIVIL\\TGTRIB009.dpj\n\n\n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n21-000036-0465-AG - 4\n\nPROCESO:\n\nORDINARIO\n\nACTOR/A:\n\nASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDIGENA DE CABECAR DE BAJO CHIRRIPÓ MATINA\n\nDEMANDADO/A:\n\nFREDDY MANUEL LEON GOMEZ\n\n \n\n \n\nVOTO N° N° 2026000725 \n\n \n\nTRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las nueve horas veintinueve minutos del veinticuatro de julio de dos mil veintiséis.-\n\n PROCESO ORDINARIO interpuesto por por Farlin Artavia Pino, mayor, cédula de identidad siete - doscientos sesenta y uno - quinientos cincuenta y nueve, en su condición de Presidente de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA DE BAJO CHIRRIPÓ MATINA, representante judicial y extra judicial, con facultades de apoderado general; contra FREDDY MANUEL LEÓN GÓMEZ, quien es mayor, soltero, con cédula de identidad siete-ciento ochenta y tres- quinientos cuarenta y cuatro, vecino de Limón. Intervienen además como Apoderados Especiales Judiciales los Licenciados: Elmer Kurr Montique carné trece mil ochocientos veintinueve representando a la parte actora, y Juan José Picado Herrera, colegiado cuatro mil quinientos cincuenta y cinco representando a la parte demandada. Tramitado ante el Juzgado ante el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica.\n\n Redacta el juez Darcia Carranza; y,\n\nCONSIDERANDO: \n\n I. DE LAS PRETENSIONES: La parte actora solicita que en sentencia se declare: « a.- Que la Asociación actora es el titular del área en conflicto. b.-Que el demandado a mediados del mes de diciembre del año 2020 se introdujo dentro de la finca de la asociación actora.c.- Que el demandado procedió a talar varios árboles de laurel y cedro dentro del área de la Reserva indÍgena actora. d. Que el demandado se apodero en forma ilegitima de un área de cinco o seis hectáreas propietaria de la Asociación actora. e. - Que el demandado procedió a talar árboles en la localidad de Chumico propiedad de la Reserva Indígena contaminando el proyecto de agua potable en dicha área. f.- Que el demandado los siembros de plátanos y pejibaye que sembró es propiedad de la Reserva Indígena que yo represento sin autorización o permiso alguno. g.- Que el demandado introdujo varias cabezas de ganado dentro del área de la Reserva indígena que yo represento sin autorización legal alguno. h.- Que sea condenado el demandado a pagarle a la Asociación que yo represento los daños y perjuicios. i.- Que sea condenado el demandado hacer desalojo de las áreas de tierras que pertenecen a la Reserva Indígena que yo represento una vez firme la sentencia. j.- Que sea condenado el demandado a pagar ambas costas de este proceso». Alega como DAÑOS Y PERJUICIOS. «DAÑOS: Por la gran cantidad de árboles maderables de la especie Laurel y Cedro que los mismos se encontraban inclusive en un área de reforestación ambiental fueron talados ilegalmente y en forma abusiva por el demandado haciendo imposible el aprovechamiento o utilización de ese tipo o especie de madera para nuestra comunidad lo cual lo estimo en la suma de QUINCE MILLONES DE COLONES. PERJUICIOS: En cuanto a los daños que se le causo a la comunidad de la Reserva Indigena de Chumico en el proyecto de sustracción de agua potable y su no aprovechamiento por estar contaminada de lado a lado Estimamos la misma en forma prudencial en la suma de DIEZ MILLONES DE COLONES». (Ver Expediente Electrónico imágenes 1 a 11, 42 a 44.).\n\n II.-EXCEPCIONES DEDUCIDAS. Debidamente notificado el demandado contestó en tiempo y en forma negativa la acción interpuesta en su contra, oponiendo las excepciones de: falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva. (Ver Expediente Electrónico imágenes: 60 la acta de notificación, 89 a 100 la contestación).\n\n III.- La jueza Rosaura Segnini Vargas del Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en sentencia N° 2024000089 de las dieciocho horas y cuarenta minutos del treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, resolvió: «POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, se rechazan las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y falta de legitimación pasiva interpuestas por la parte demandada. Se declara con lugar la demanda interpuesta por Adrián Sanabria Payan en su condición de Presidente de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA BAJO CHIRRIPÓ MATINA, contra el señor FREDDY MANUEL LEÓN GÓMEZ, concediendo únicamente lo que a continuación se ordena 1.- Que la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA BAJO CHIRRIPÓ MATINA es la propietaria del área en litis que forma parte de la finca de su propiedad matrícula 157505-000, representada en plano L-0190437-1994. 2.- Que se acredita que el demandado realizó tala de árboles en el bien objeto del litigio, causando daños a la propiedad de la actora, no obstante, al no precisar cuántos, especies y valor de los mismos, deberá la parte actora liquidarlos en ejecución de sentencia. 3.- Se ordena al demandado FREDDY MANUEL LEÓN GÓMEZ reivindicar el área ocupada y objeto de este proceso a la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA RESERVA INDÍGENA BAJO CHIRRIPÓ MATINA, en un plazo de CINCO DIAS contados a partir de la firmeza de ésta resolución, bajo pena de desobediencia a la autoridad de no cumplir con lo aquí ordenado, pudiendo la parte actora ante dicho incumplimiento recurrir a la Fuerza Pública para proceder con el desalojo del bien a la parte demandada. 4.- Se rechaza el cobro por los perjuicios causados por cuanto no queda acreditado con una base científica o técnica la contaminación de aguas alegada. 5.- Se condena a la parte demandada de conformidad con el numeral 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria al pago de ambas costas de este proceso». (Ver Expediente Electrónico imágenes 326 a 338).\n\n IV.- La parte demandada a través de su apoderado especial judicial licenciado Juan José Picado Herrera presentó recurso de apelación contra la Sentencia de Primera Instancia dictada. Señala el recurrente, se le causa al demandado un perjuicio y agravio, toda vez, que se le condena en abstracto al pago de los daños causados a la propiedad de la actora, al pago de ambas costas del proceso, entre otros. Por ello, el recurso se fundamente en lo siguiente: \"...Desde un inicio la parte demandada, a alegado ser litigante de buena fe, toda vez, que no existía claridad (como la que existe ahora después de la prueba pericial que costa en autos), que el terreno que adquirió, era parte de la finca inscrita en el Registro Nacional, a nombre de la Asociación Indígena como parte actora. Y esa confusión es incluso al día de hoy más que evidente, en razón que para el MINAE, esa área donde se ubicaba la finca del demandada, estaba fuera y muy alejada, del limite de la finca de la actora, aunado a ello, en ese mismo sector, como se logró acreditar con la declaración de los testigos de ambas partes, y donde se ubica la Escuela de CHUMICO, existen muchas parcelas que están en posesión de personas que no son indígenas, sin que exista reclamo alguno por parte de la Asociación actora, y si a ello, se le agrega, que los dirigentes o miembros de la Asociación actora, que pasan constantemente o visitan el sector, por estar la escuela de CHUMICO, nunca ha referido, que el área donde se ubica la parcela que ocupaba el demandado, fuera parte del territorio indígena. Todo ello, se alego desde un inicio, era confuso, no claro, y que indujo al demandado a error a la hora de adquirir esa área, que como se indicó, era de potrero, que el no procedió a la tala de árboles, como lo refiere la actora en su acción, toda vez, que reitero, la finca la compró con los árboles ya talados. Esa buena fe del demandado, se ha dado en todo el proceso, porque indiscriminadamente, se le ha demandado por la parte actora, de corta ilegal e indiscriminada de árboles, no solo en el área que el adquirió, pensando siempre que no era parte del territorio indígena, sino en una naciente de agua potable, con su respectiva afectación a ese recurso, en perjuicio de la comunidad indígena. Esa buena fe, se acredita, precisamente que cuando el demandado, se le notifica el informe pericial, que en la sentencia se tiene como hecho probado y que dice: (\"3.- Que de conformidad con lo indicado por Luis Guillermo Alfaro León, Ingeniero Topógrafo, nombrado en autos, en su informe pericial, determina que el área en conflicto con el demandado se encuentra ubicada dentro de la reserva indígena, dentro del plano L-0190437-1994.(Ver expediente digital, libro electrónico, INFORME PERICIAL imágenes 156 A l6l). 4.- Del reconocimiento judicial y fotografias aportadas a los autos, con el fin de resolver la medida cautelar, se logra desprender que efectivamente se ha dado una afectación a la propiedad con la gran cantidad de corta de los árboles que se observaron, el ingreso de varias cabezas de ganado en ese sector, así como corta de árboles cerca de una quebrada o riachuelo,(Ver escritorio virtual. libro electrónico, fotografias reconocimiento judicial de fecha 18/02/2021, imágenes 69 a 8 l , medida cautelar imágenes 177 a l80).\" . Donde el profesional refiere que el terreno que ocupa el mismo es parte de la finca inscrita a nombre de la actora, hizo abandono inmediato de esa área.A pesar de todo lo expuesto. Y que no se ha logrado acreditar que el demandado talara los árboles, que refiere la parte actora y menos donde se encontraban las nacientes del agua potable, que el día que se evacuó la prueba se pudo verificar que ya el demandado hizo abandono de esa área y que no ésta en esa finca y que no tiene ganado, el A quo tiene como hecho probado que: \"6.- Que el demandado procedió a cortar árboles en el área en litis generando daños sin precisar cuántos, especies y valor de los mismos.\". Lo que no ha podido ser acreditado como un hecho probado.\n\nEllo incluso fue advertido por el demandado en su alegado de conclusiones al referir: \"El Proceso Reivindicatorio interpuesto por la Asociación actora en contra del demandado Freddy Manuel León Gómez, en el hecho quinto refiere que a mediados del mes de diciembre de 2020, se apoderó aproximadamente entre 5 a 6 hectáreas, que se ubican en el territorio indígena. En el Hecho seis refiere que una vez apoderado del área indicada anteriormente realiza una tala de árboles, dentro de los que se encuentran, arboles de las especies Laurel y Cedro aproximadamente entre 30 y 40 árboles. En el Hecho séptimo refiere la Asociación actora que el demandado abarcó un área en la localidad de Chumico un proyecto de agua potable. Procedió a talar árboles maderables que se encontraba cerca de ese proyecto de agua y contaminó las mismas. En el hecho ocho refiere la Asociación actora que hace como quince días se presento al lugar en compañía de otros miembros de la asociación, vecinos de la comunidad y personeros del MINAE y procedieron a decomisar los árboles maderables que fueron talados dentro de la reserva. Como hecho noveno, refiere que el demandado introdujo varias cabezas de ganado las cuales destruyeron grandes cantidades de matas de plátano y pejibaye que fiueron sembradas por el señor Héctor García. Especificando seguidamente de ese hecho, refiere en cuanto a los daños y perjuicios la asociación actora. En los daños, está cobrando los árboles maderables de las especies Laurel y Cedro, que fueron talados por el demandado, por hacer imposible el aprovechamiento o utilización de esas especies de madera por nuestra comunidad. Se estimó el daño material en la suma de quince millones de colones. En cuanto a los perjuicios, indica que se origina por el daño que se le causo a la comunidad de la Reserva Indígena de Chumico en la sustracción de agua potable y se estimo en los perjuicios en la suma de diez millones de colones. Siendo estos los únicos hechos de la demanda.\". Por ello, con el mayor respeto, considera esta representación que el A quo, no hace una apreciación correcta de la totalidad de la prueba, evacuada y judicializada en este proceso, a la luz de la sana critica sino que hace un análisis sesgado de la misma, en detrimento del demandado. Ello por si solo, es más que suficiente para que el Ad quem, declare con lugar el reclamo de la parte demandada, revoque la sentencia en cuanto a la condena en abstracto de los daños a la propiedad de la actora, ello reitero porque no se logro acreditar por parte de la Asociación actora, que el demandado, le causara daños a la propiedad con la tala de árboles. Obsérvese que funcionarios del MINAE, llegaron al lugar y no pudieron determinar que el demandado talara árboles y menos de las especies de Cedro y Laurel, que expresamente refiere en el punto c) de las pretensiones, porque son solo esas especies de las que reclama la actora y no se acreditó como hecho probado que el demandado talara árboles en la reserva de agua potable, como lo refiere en sus pretensiones punto e) contaminando el proyecto de agua potable en la comunidad de CHUMICO, ello reitero no se acreditó. En la contestación de la acción, el demandado indica, que de conformidad con la información que existía en la comunidad de Chumico y también a un funcionario del MINAE que hizo una inspección para verificar la supuesta tala ilegal de árboles, la cual nunca se dio porque el entró en posesión del área que compró en diciembre de 2020, el reconocimiento judicial se realizó a la hora y fecha indicada, la inspección por parte del funcionario del MINAE y la Asociación se realizó, en la finca en litigio y el funcionario del MINAE, verificó que no existía tala ilegal de árboles o en áreas de protección del proyecto de agua potable. En lo que respecta a la tala de árboles, la misma no fue realizada por el demandado, sino que cuando el mismo compro el terreno, ya se encontraban en potrero con cultivos de pejibaye y matas de banano, con cerca de hilos de alambre y árboles maderables sembrados por los anteriores dueños, el no procedió a cortar ningún árbol de las especies de Cedro y Laurel o en el área de protección. Los funcionarios del MINAE que se apersonaron a la denuncia, en mi contra, verificaron lo indicado. También los funcionarios del MINAE verificaron que no había árboles cortado a la orilla de la quebrada, en todo caso el demandado no ha cortado árboles, ni ha socolado, es decir que todo lo que refiere la acción con respecto a la quebrada o la naciente de agua es completamente falso. Además, no existe decomiso alguno de madera, no existe proceso penal alguno por tala ilegal de árboles o en áreas de protección ello porque nunca se dio.\n\nEl A quo, a pesar de lo expuesto, en lo referente a que el demandado es litigante de buena fe, en lo que respecta a la condena en costas, no hace análisis alguno y mucho menos fundamente, el porque se le debe condenar al demandado al pago de las mismas. Por el contrario, al ser litigante de buena fe, ser vencido en parte, y demostrar el demandado, que cuando adquirió el área en litigio, no se indicaba que era parte del territorio indígena, por esa razón se le debe eximir del pago de ambas costas. Toda vez, que además de lo expuesto, al existir en el sector donde se encuentra el área en conflicto varias personas que no son indígenas que tienen potreros y que se dedican a la ganadería que la primera acción es contra del demandado, que el MINAE le dijera al demandado que el área de litigio esta fuera del territorio indígena. Todo ello induce a error al demandado quien estaba convencido que esa área estaba fuera del territorio indígena y quien con el informe pericial hizo abandono del área en litis. Además, ha sido acusado de tala ilegal de árboles lo que no es cierto, de contaminación de un naciente de agua potable, lo que no es cierto. Que su ganado haya destruido matas de banano y pejibaye, lo que no es cierto, entre otros. No presentó contrademanda y además desde un inicio refirió que su terreno no estaba en el territorio lndígena. Todo ello es más que suficiente para tenerlo como litigante de buena fe y eximirlo del pago de ambas costas y en ese sentido debe también revocarse la sentencia recurrida.\n\nAGRAVIO 2: Se ha condenando a la parte demandada al pago de los daños en la propiedad de la parte actora, con la tala de árboles, que supuestamente realizó el demandado en la finca de la actora. La condena no se ajusta a las pretensiones de la acción, porque en el punto c) de las mismas, refiere que los árboles cortados son de la especie de Cedro y Laurel, y no se probó que el demandado talara árboles de esa dos especies. En otro orden de ideas, la misma sentencia refiere, que no se logro acreditar que el demandado cortara árboles en el naciente de agua potable de la comunidad de Chumico. Por ende, la condena al pago de los daños en la propiedad de la actora en abstracto, le causa al demandado un grave perjuicio y agravio, porque ello no se dio. En otro orden de ideas, la sentencia no fundamenta el porque se le debe condenar al demandado al pago de ambas costas, a pesar de haberse demostrado desde un inicio que es litigante de buena fe, que debió hacerle frente a este proceso, que resultó vencido en parte. Esa condena en costas, en la forma que lo hizo el A quo, le causa un perjuicio al demandado, quien ha tenido que hacerle frente a un proceso incoado en su contra y que desde un inicio se dio un error, en razón de considerar que el área en litigio, no era parte de la finca inscrita a nombre de la Asociación actora. Con una sentencia, carente de fundamentación y la poca que contiene, es contraria a las reglas de la sana critica, sesgada, se le condena al demandado a esos dos extremos reclamados, cuando todo indica que la condena de daños es improcedente al igual que la condena en ambas costas.\n\nPor lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 58, 59, 60 siguientes y concordantes de la Ley 6734 y sus Reformas, solicito a su autoridad, admita el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia indicada, emplazar a las partes, para hacer valer sus derechos y remitir los autos al Tribunal Superior Agrario, para que el Ad quem, con mejor estudio y criterio revoque la sentencia recurrida, declarando sin lugar la condena en abstracto de los daños a la propiedad de la actora y que por ser litigante de buena fe, se le exima al pago de ambas costas y en ese mismo sentido se revoque la sentencia recurrida. (Ver Expediente Electrónico imágenes 342 a 350).\n\n V.- En este caso particular el recurrente hace énfasis en su recurso en que el aquí demandado no realizó ninguna corta de árboles por cuanto adquirió el fundo tal y como estaba. Igualmente señala no realizó ninguna contaminación y corta de árboles donde esta la naciente de agua potable, y ello no se demostró tampoco. Partiendo de lo anterior indica, no se puede condenar al pago de daños y perjuicios en dicho sentido. Comparte esta Cámara lo resuelto, conforme de seguido se expondrá. El artículo 316 del Código Civil establece: “Todo propietario tiene la facultad de reclamar en juicio la cosa objeto de su propiedad, y el libre goce de todos y cada uno de los derechos que ésta comprende.”. Asimismo, el numeral 324 ídem, dispone: “El que viola, usurpa o perjudica los bienes o derechos de otro, es obligado a indemnizar al ofendido de los daños y perjuicios que por su culpa se ocasiones a éste.”. El ordinal 1045 ibídem dispone: “Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios.”. En concordancia con lo anterior, el canon 41.1 del Código Procesal Civil, vigente al momento que se presentó este asunto, instituye: “Carga de la prueba. Imcumbe la carga de la prueba: / La carga de la prueba incumbe: 1. A quien formule una pretensión, respecto de los hechos constitutivos de su derecho. 2) A quien se oponga a una pretensión, en cuanto a los hechos impeditivos, modificativos o extintivos del derecho del actor...”. En el caso de marras en el Hecho séptimo refiere la Asociación actora que el demandado abarcó un área en la localidad de Chumico un proyecto de agua potable. Procedió a talar árboles maderables que se encontraba cerca de ese proyecto de agua y contaminó las mismas. Lo anterior no fue demostrado por la parte actora en cuanto a la corta y contaminación de los cuerpos de agua. Sin embargo, en cuanto a corta de árboles en otras áreas la misma parte demandada al contestar el hecho 6, indicó en su libelo de respuesta lo siguiente: \"... Ahora bien los árboles que se cortaron fue para utilizarlos por el demandado, dentro de su propiedad, no se comercializó ninguno de ellos. Por lo que cuando llegaron los funcionarios del MINAE oficinas de Limón, para verificar la denuncia interpuesta en mi contra, verificaron que mi propiedad no es parte de la reserva indígena, que no hay montaña y que tampoco se ha cortado árboles antiguos originarios del lugar, los árboles que se cortaron, no requieren permiso previo de aprovechamiento, porque se ubican en área de potreros, han sido sembrados y para el aprovechamiento de la finca...\" . De lo anterior queda totalmente claro el demandado cortó árboles dentro del fundo, el cual pertenece a la Reserva Indígena según se tiene por demostrado, de ahí, carezca de razón al indicar en su escrito de apelación que él no cortó ningún árbol, por cuanto según dijo todo ya estaba cortado desde antes de él ingresar al fundo. Lo anterior significa que el actor ahora en su apelación contradice lo aceptado al contestar el hecho sexto de la demanda en cuanto a que había cortado árboles. En cuanto a la aceptación de hechos y luego desdecirse posteriormente, tenemos la teoría de los actos propios \"...Con ello, se aplica la teoría de los actos propios de parte en su propio perjuicio en cuestiones de naturaleza patrimonial y las manifestaciones así expuestas en la audiencia oral, produjeron igualmente efectos jurídicos procesales en su contra, de conformidad con el artículo 27.3 del Código Procesal Civil. No es atendible entonces que el recurso retome en su favor y en detrimento de la parte contraria, una estrategia de argumentación jurídica que no se sostuvo de previo al dictado de la sentencia, sin justificación alguna...\" (Tribunal Primero de Apelación Civil # 798 - 4U de las 16:51 horas del 23 de junio de 2020). Es decir, el demandado contrario a lo dicho en su recurso de que no cortó árbol alguno, contestó afirmativamente el hecho 6), indicando que los árboles que cortó los utilizó dentro de la propiedad sin sacar fuera de esta, madera alguna, es decir, existe aceptación en cuanto a la corta de árboles de su parte, lo cual, también se refuerza con las fotografías aportadas como pruebas al expediente (imágenes 66 a 81 del expediente en pdf), y el reconocimiento judicial practicado en el sitio por parte de la jueza ad quo, para resolver la medida cautelar dictada en este proceso en el cual se determinó la corta de árboles (ver resolución N° 2021000200 de las once horas treinta minutos del diez de agosto de dos mil veintiuno). En dicha resolución la jueza hace un análisis de lo percibido en el sitio de conflicto e indicó de lo constatado lo siguiente: \"...En el inmueble existen cercas de postes vivos y alambre de puás, con poco tiempo la cerca, se recorre el terreno por el costado norte, la cerca está en buen estado, al frente de calle pública se puede observar la cerca en las mismas condiciones, con postería viva, se observa bastante tala de árboles con troncos en el suelo y algunos otros árboles en pie, se observa bastante ganado. La parte actora y demandada manifiestan que el terreno visto es el que le pertenece al demandado y se mantiene en las mismas condiciones con alambre de púas reciente y postería viva, así como bastante tala de árboles y troncos en el suelo y otros árboles en pie. Se continúa por calle pública se observan varios troncos talados y apuñados cerca de un crique....\" (ver escritorio virtual, carpeta documentos asociados, audio de reconocimiento judicial de fecha 18/02/2021). Además de ello, se aportaron varias fotografías donde se observa la cerca con alambre de puás, el ganado, así como la corta de los árboles en diversas partes del inmueble, los cuales, tienen sus ramas y troncos en la superfice del terreno (ver escritorio virtual, carpeta documentos asociados, fotografías reconocimiento judicial de fecha 18/02/2021). Del reconocimiento judicial y fotografías aportadas a los autos, se logra desprender que efectivamente se ha dado una afectación a la propiedad con la gran cantidad de corta de los árboles que se observaron, el ingreso de varias cabezas de ganado en ese sector, así como corta de árboles cerca de una quebrada o riachuelo. En razón de lo anterior, esta juzgadora considera importante la imposición de medidas cautelares tendientes a evitar alguna otra modificación de la naturaleza del inmueble. De resolverse en forma contraria, implicaría un daño grave e irreparable al terreno al generarse una afectación a la propiedad y un posible cambio de uso del suelo; por lo que se estaría resolviendo en detrimento de éste...\". Estima este Tribunal contrario a lo indicado por el apelante en su recurso se demostró que hubo corta de árboles dentro del terreno perteneciente a la Reserva Indígena. Independientemente, de que el demandado creyera estaba en un terreno privado que había adquirido, se demostró en el proceso que el mismo era perteneciente a la Reserva Indígena. Si fue o no ilegal la corta, ello no corresponde a este Tribunal resolverlo, pues lo que se demanda aquí es el cobro de los daños y perjuicios causados por la corta de dichos árboles dentro del territorio de la Reserva Indígena. Este Tribunal, al igual que lo hace la juzgadora ad quo, no tiene la menor duda de que se cortaron gran cantidad de árboles dentro del terreno en conflicto, el cual pertenece a la Reserva Indígena, de ahí, sea procedente el cobro de los daños y perjuicios causados, por lo que se confirma la sentencia dictada en dicho sentido.\n\n VI.- En cuanto a la condenatoria en costas señala el recurrente ha sido un litigante de buena fe por lo que no se le debe condenar al pagos de las mismas. En su sentido más genérico, la condenatoria a pagar las costas procesales y personales se produce cuando hay una resolución judicial que impone a determinada persona el pago de estos gastos procesales que, sin dicha imposición, no estaría obligada a pagar. Por tanto, el contenido de la condena en costas se refiere casi siempre a los gastos de la parte o partes contrarias. La regla es, que la condena en costas está prevista para la parte litigante que ha sido vencida en el proceso. Es el sistema que se adopta en los numerales 55 y 56 de la Ley de Jurisdicción Agraria. Existen dos teorías en cuanto a la finalidad y oportunidad de la condenatoria en costas. Para una, solo procede cuando la parte que pierde el litigio ha actuado con temeridad o mala fe; mientras para la otra se aplica siempre al perdidoso, salvo que el Juez le exima de su pago por consideraciones especiales, que debe determinar. DE SANTO (Víctor). Diccionario de Derecho Procesal, Buenos Aires, Universidad, 1991, p.86. Nuestra Ley de Jurisdicción Agraria, se inclina por ésta última teoría, es decir, rige el principio del vencimiento objetivo, salvo que opere alguna situación excepcional, también previstas por el legislador, se exima al perdidoso de dicha condenatoria. Por ello, en materia procesal, este principio de vencimiento objetivo tiene una excepción que la encontramos en el artículo 55 de la Ley de Jurisdicción Agraria. Nos referimos a la exención de costas. Es una excepción, es decir que la regla es que se condene en costas y si se aplica la excepción, el Juez debe razonar los motivos de la exoneración. Considera esta Cámara no existen realmente motivos suficientes para la exoneración del pago de las costas por lo que se confirma el fallo dictado en dicho sentido. \n\nPOR TANTO\n\n En lo apelado se confirma la sentencia dictada.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n2JKZ47U43FVJG61\nANTONIO DARCIA CARRANZA - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\n\nXMILG5IGU7I61\nCARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\n\n4H9GAIGRI8U61\nENRIQUE ULATE CHACÓN - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 21-000036-0465-AG\n\nII Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. Correo electrónico: tagrario-sgdoc@poder-judicial.go.cr",
  "body_en_text": "EV Template Generation: E:\\GESTION-JUDICIAL\\SERVIDOR DE ARCHIVOS\\MODELOS\\CIVIL\\TGTRIB009.dpj\n\n\n\n \n\n \n\nCASE FILE:\n\n21-000036-0465-AG - 4\n\nPROCEEDING:\n\nORDINARY\n\nPLAINTIFF:\n\nASSOCIATION FOR THE INTEGRAL DEVELOPMENT OF THE CABÉCAR INDIGENOUS RESERVE OF BAJO CHIRRIPÓ, MATINA\n\nDEFENDANT:\n\nFREDDY MANUEL LEON GOMEZ\n\n \n\n \n\nRULING No. No. 2026000725 \n\n \n\nAGRARIAN COURT. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.—At nine hours and twenty-nine minutes on 24 July 2026.—\n\nORDINARY PROCEEDING filed by Farlin Artavia Pino, of legal age, identity card number seven - two hundred sixty-one - five hundred fifty-nine, in his capacity as President of the ASSOCIATION FOR THE INTEGRAL DEVELOPMENT OF THE BAJO CHIRRIPÓ MATINA INDIGENOUS RESERVE, judicial and extrajudicial representative, with powers of a general representative; against FREDDY MANUEL LEÓN GÓMEZ, who is of legal age, single, identity card number seven-one hundred eighty-three-five hundred forty-four, resident of Limón. Also appearing as special judicial representatives are attorneys Elmer Kurr Montique, bar membership number thirteen thousand eight hundred twenty-nine, representing the plaintiff, and Juan José Picado Herrera, bar membership number four thousand five hundred fifty-five, representing the defendant. The matter was heard before the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone.\n\nJudge Darcia Carranza writes the ruling; and,\n\nWHEREAS:\n\nI. CLAIMS: The plaintiff requests that the judgment declare: “a.—That the plaintiff Association is the owner of the disputed area. b.—That in mid-December 2020 the defendant entered the plaintiff Association’s property. c.—That the defendant proceeded to fell several laurel and cedar trees within the plaintiff Indigenous Reserve area. d.—That the defendant unlawfully took possession of an area of five or six hectares owned by the plaintiff Association. e.—That the defendant proceeded to fell trees in the locality of Chumico, property of the Indigenous Reserve, contaminating the drinking-water project in that area. f.—That the banana and pejibaye plants he planted are the property of the Indigenous Reserve I represent, and were planted without any authorization or permit. g.—That the defendant introduced several head of cattle into the area of the Indigenous Reserve I represent without any legal authorization. h.—That the defendant be ordered to pay the Association I represent for damages and losses. i.—That the defendant be ordered to vacate the areas of land belonging to the Indigenous Reserve I represent once the judgment becomes final. j.—That the defendant be ordered to pay both costs of this proceeding.” The plaintiff claims the following DAMAGES AND LOSSES: “DAMAGES: Because of the large number of valuable timber trees of the Laurel and Cedar species, including trees located in an environmental reforestation area, which were felled illegally and abusively by the defendant, making it impossible for our community to use or benefit from that type or species of wood, I estimate the amount at FIFTEEN MILLION COLONES. LOSSES: As for the damage caused to the community of the Chumico Indigenous Reserve in the drinking-water extraction project, and its inability to use the water because it is contaminated from one side to the other, we prudently estimate the amount at TEN MILLION COLONES.” (See Electronic Case File, images 1 to 11, 42 to 44.)\n\nII.—DEFENSES RAISED. Having been duly notified, the defendant answered the action against him in a timely manner and denied it, raising the defenses of lack of right and lack of active and passive standing. (See Electronic Case File, images: 60, notice of service; 89 to 100, answer.)\n\nIII.—Judge Rosaura Segnini Vargas of the Agrarian Court of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone, in judgment No. 2024000089 of eighteen hours and forty minutes on 31 January 2024, ruled: “THEREFORE: In accordance with the foregoing, the defenses of lack of right and lack of active and passive standing raised by the defendant are rejected. The action filed by Adrián Sanabria Payan in his capacity as President of the ASSOCIATION FOR THE INTEGRAL DEVELOPMENT OF THE BAJO CHIRRIPÓ MATINA INDIGENOUS RESERVE against Mr. FREDDY MANUEL LEÓN GÓMEZ is granted, solely to the extent set out below: 1.—The ASSOCIATION FOR THE INTEGRAL DEVELOPMENT OF THE BAJO CHIRRIPÓ MATINA INDIGENOUS RESERVE is the owner of the area in dispute, which forms part of its property registered under title 157505-000, represented in survey plan L-0190437-1994. 2.—It is established that the defendant felled trees on the property that is the subject of the litigation, causing damage to the plaintiff’s property; however, because the number, species, and value of the trees have not been specified, the plaintiff must quantify those damages in enforcement of judgment proceedings. 3.—The defendant FREDDY MANUEL LEÓN GÓMEZ is ordered to restore the occupied area that is the subject of this proceeding to the ASSOCIATION FOR THE INTEGRAL DEVELOPMENT OF THE BAJO CHIRRIPÓ MATINA INDIGENOUS RESERVE within FIVE DAYS from the date this ruling becomes final, on pain of disobeying the authority if he fails to comply with this order; in the event of such noncompliance, the plaintiff may seek assistance from the Public Force to proceed with evicting the defendant from the property. 4.—The claim for losses caused is rejected because the alleged water contamination has not been substantiated by a scientific or technical basis. 5.—Under section 55 of the Agrarian Jurisdiction Act, the defendant is ordered to pay both costs of this proceeding.” (See Electronic Case File, images 326 to 338.)\n\nIV.—The defendant, through his special judicial representative, attorney Juan José Picado Herrera, filed an appeal against the judgment at first instance. The appellant states that the defendant suffers harm and prejudice because he is ordered, among other things, to pay in the abstract for the damage caused to the plaintiff’s property and to pay both costs of the proceeding. Accordingly, the appeal is based on the following: “...From the outset, the defendant has maintained that he is a good-faith litigant, since it was not clear (as it is now, after the expert evidence in the case file) that the land he acquired was part of the property registered in the National Registry in the name of the plaintiff Indigenous Association. That confusion is even more evident today because, according to MINAE, the area where the defendant’s property was located was outside and very far from the boundary of the plaintiff’s property. In addition, as was established by the testimony of witnesses for both parties, in that same sector, where the CHUMICO School is located, there are many parcels in the possession of non-Indigenous people, with no claim by the plaintiff Association. The plaintiff Association’s leaders or members, who frequently pass through or visit the sector because the CHUMICO School is there, never said that the area where the defendant’s parcel was located formed part of the Indigenous territory. All of this was alleged from the outset: the situation was confusing and unclear, and led the defendant to make a mistake when acquiring that area, which, as stated, was pastureland. He did not fell trees, as the plaintiff claims in its action, because, I reiterate, he bought the property with the trees already felled. The defendant’s good faith has been evident throughout the proceeding, because the plaintiff indiscriminately accused him of illegal and indiscriminate tree felling, not only in the area he acquired, always believing it was not part of the Indigenous territory, but also at a drinking-water spring, with the resulting impact on that resource and harm to the Indigenous community. His good faith is demonstrated precisely by the fact that when the defendant was notified of the expert report, which the judgment treats as an established fact and which states: (‘3.—According to Luis Guillermo Alfaro León, Surveying Engineer appointed in this case, his expert report determines that the area in dispute with the defendant is located within the Indigenous Reserve, within survey plan L-0190437-1994. (See digital case file, electronic book, EXPERT REPORT, images 156 to 161). 4.—The judicial inspection and photographs submitted to the case file to resolve the interim measure show that the property was indeed affected by the large number of trees observed to have been felled, the entry of several head of cattle into that sector, and the felling of trees near a creek or stream. (See virtual docket, electronic book, photographs of judicial inspection dated 18/02/2021, images 69 to 81; interim measure, images 177 to 180).’), the defendant immediately abandoned that area. Despite all the foregoing, and although it was not established that the defendant felled the trees alleged by the plaintiff, much less where the drinking-water springs were located, on the day the evidence was taken it was verified that the defendant had already abandoned the area, was no longer on that property, and had no cattle there, the trial court treated the following as an established fact: ‘6.—The defendant proceeded to fell trees in the disputed area, causing damage, without specifying their number, species, or value.’ This has not been established as a fact.\n\nThis was also pointed out by the defendant in his closing argument, when he stated: ‘In the claim for recovery of property filed by the plaintiff Association against the defendant Freddy Manuel León Gómez, paragraph five alleges that in mid-December 2020 he took possession of approximately five to six hectares located in Indigenous territory. Paragraph six alleges that, after taking possession of the aforementioned area, he felled trees, including approximately 30 to 40 trees of the Laurel and Cedar species. Paragraph seven alleges that the plaintiff Association says that the defendant encroached on an area in the locality of Chumico where there is a drinking-water project. He proceeded to fell valuable timber trees near that water project and contaminated the water. Paragraph eight alleges that approximately fifteen days ago the plaintiff Association went to the site with other Association members, community residents, and MINAE personnel, and they proceeded to seize the valuable timber trees that had been felled within the Reserve. As paragraph nine, the plaintiff Association alleges that the defendant introduced several head of cattle, which destroyed large quantities of banana and pejibaye plants planted by Mr. Héctor García. Immediately after specifying that fact, the Association plaintiff sets out its claims for damages and losses. As damages, it seeks compensation for the Laurel and Cedar timber trees felled by the defendant, which made it impossible for our community to use or benefit from those types of wood. The material damage was estimated at fifteen million colones. As for losses, it says they arose from damage caused to the Chumico Indigenous Reserve community in the drinking-water extraction project, and estimates the losses at ten million colones. These are the only facts alleged in the claim.’ For these reasons, with the greatest respect, this representative considers that the trial court did not correctly assess all the evidence admitted and considered in this proceeding under the rules of sound judgment, but instead analyzed it selectively, to the defendant’s detriment. That alone is more than sufficient for the appellate court to grant the defendant’s claim and reverse the judgment insofar as it awards damages to the plaintiff’s property in the abstract. I reiterate that the plaintiff Association did not establish that the defendant damaged its property by felling trees. Note that MINAE officials went to the site and could not determine that the defendant had felled trees, much less trees of the Cedar and Laurel species expressly referred to in claim c), since those are the only species for which the plaintiff seeks compensation. Nor was it established as a fact that the defendant felled trees in the drinking-water reserve, as alleged in claim e), thereby contaminating the drinking-water project in the community of CHUMICO; I reiterate that this was not established. In its answer, the defendant states that, according to information available in the community of Chumico and also according to a MINAE official who inspected the site to verify the alleged illegal tree felling—which never occurred because he took possession of the area he bought in December 2020—the judicial inspection took place at the stated time and date. The inspection by the MINAE official and the Association took place on the property in dispute, and the MINAE official verified that there had been no illegal tree felling or felling in the protection areas of the drinking-water project. As to the tree felling, it was not carried out by the defendant; when he bought the land, it was already pastureland with pejibaye crops and banana plants, wire fences, and timber trees planted by the previous owners. He did not cut any Cedar or Laurel trees or any trees in the protection area. The MINAE officials who came in response to the complaint verified what I have stated. MINAE officials also verified that there were no felled trees along the creek. In any event, the defendant has not felled trees or cleared undergrowth; that is, everything alleged in the action concerning the creek or spring is entirely false. Further, no wood was seized, and there is no criminal proceeding for illegal tree felling or felling in protection areas, because none ever occurred.\n\nDespite the foregoing, the trial court made no analysis at all, much less gave reasons, as to why the defendant should be ordered to pay costs, even though he is a good-faith litigant. On the contrary, because he acted in good faith, was partly unsuccessful, and showed that when he acquired the area in dispute it was not indicated to be part of Indigenous territory, he should be exempted from paying both costs. In addition to the foregoing, there are several non-Indigenous people in the sector where the disputed area is located who have pastureland and engage in cattle raising; this is the first action against the defendant, and MINAE told him that the disputed area was outside the Indigenous territory. All of this led the defendant to make a mistake: he was convinced that the area was outside the Indigenous territory, and, after receiving the expert report, he abandoned the disputed area. In addition, he has been accused of illegal tree felling, which is untrue; of contaminating a drinking-water spring, which is untrue; and of his cattle destroying banana and pejibaye plants, which is untrue, among other things. He filed no counterclaim and stated from the outset that his land was not in Indigenous territory. All of this is more than sufficient to consider him a good-faith litigant and exempt him from paying both costs; the judgment under appeal must also be reversed on that point.\n\nGROUND 2: The defendant was ordered to pay for damage to the plaintiff’s property caused by the tree felling he allegedly carried out on the plaintiff’s property. The award does not conform to the claims because claim c) states that the felled trees were of the Cedar and Laurel species, and it was not proven that the defendant felled trees of either of those two species. Moreover, the judgment itself states that it was not established that the defendant felled trees at the drinking-water spring of the Chumico community. Therefore, ordering him to pay damages to the plaintiff’s property in the abstract causes the defendant serious harm and prejudice, because that did not happen. Furthermore, the judgment does not explain why the defendant should be ordered to pay both costs, despite it having been shown from the outset that he is a good-faith litigant who had to defend this proceeding and was partly unsuccessful. The costs order, as imposed by the trial court, harms the defendant, who has had to defend a proceeding brought against him based on an initial error: the belief that the disputed area was not part of the property registered in the name of the plaintiff Association. In a judgment lacking reasons, and whose limited reasoning is contrary to the rules of sound judgment and selective, the defendant is ordered to pay these two claimed items, although everything indicates that the damages award is improper, as is the order to pay both costs.\n\nFor the foregoing reasons, and under Articles 58, 59, 60 et seq. and related provisions of Ley 6734 and its amendments, I ask this court to admit the appeal filed against the judgment indicated, give notice to the parties so they may assert their rights, and remit the case file to the Superior Agrarian Court so that the appellate court, upon fuller review and exercising its judgment, may reverse the judgment under appeal, reject the abstract award of damages to the plaintiff’s property, and exempt the defendant from paying both costs as a good-faith litigant; the judgment under appeal should be reversed accordingly. (See Electronic Case File, images 342 to 350.)\n\nV.—In this particular case, the appellant emphasizes in his appeal that the defendant did not fell any trees because he acquired the property as it was. He likewise states that he did not cause any contamination or fell trees where the drinking-water spring is located, and that this was not established either. On that basis, he argues that he cannot be ordered to pay damages and losses on those grounds. This Chamber agrees with the ruling, as explained below. Article 316 of the Civil Code provides: “Every owner has the right to claim in court the thing that is the object of his ownership, and the free enjoyment of each and every right that ownership comprises.” Likewise, section 324 thereof provides: “Anyone who violates, usurps, or harms another’s property or rights is obliged to compensate the injured party for the damages and losses caused by his fault.” Section 1045 of that Code provides: “Anyone who, through intent, fault, negligence, or imprudence, causes damage to another is obliged to repair it, together with the resulting losses.” Consistent with the foregoing, section 41.1 of the Civil Procedure Code, in force when this matter was filed, establishes: “Burden of proof. The burden of proof rests: / The burden of proof rests: 1. On whoever asserts a claim, with respect to the facts constituting that person’s right. 2) On whoever opposes a claim, with respect to facts that prevent, modify, or extinguish the plaintiff’s right...” In this case, paragraph seven of the complaint alleges that the defendant encroached on an area in the locality of Chumico where there is a drinking-water project. He proceeded to fell valuable timber trees located near that water project and contaminated the water. The plaintiff did not prove the alleged felling or contamination of water bodies. However, as to the felling of trees in other areas, in answering fact 6, the defendant himself stated in his answer as follows: “...Now, the trees that were cut were for the defendant’s use within his property; none were sold. Therefore, when MINAE officials from the Limón offices came to verify the complaint filed against me, they verified that my property is not part of the Indigenous Reserve, that there is no forest, and that no old trees native to the area were cut. The trees that were cut did not require a prior harvesting permit because they were in pasture areas, had been planted, and were for use on the property...” It is entirely clear from the foregoing that the defendant cut trees on the property, which, as established, belongs to the Indigenous Reserve. Accordingly, he is mistaken in stating in his appeal that he did not cut any trees, since, as he said, everything had already been cut before he entered the property. In his appeal, the plaintiff now contradicts what he admitted in answering fact six of the complaint, namely, that he had cut trees. As to admitting facts and then subsequently denying them, the doctrine of estoppel applies: “...Thus, the doctrine of a party’s own acts, to that party’s detriment, applies in matters of a proprietary nature, and the statements made in the oral hearing likewise produced procedural legal effects against that party, in accordance with section 27.3 of the Civil Procedure Code. The appeal cannot then rely to its own advantage, and to the detriment of the opposing party, on a legal argument that was not advanced before judgment was rendered, without any justification...” (First Civil Court of Appeal, No. 798 - 4U, at 16:51 on 23 June 2020). That is, contrary to the statement in his appeal that he cut no trees, the defendant answered fact 6 affirmatively, stating that the trees he cut were used on the property and no wood was taken off it. Thus, he admitted to cutting trees, which is also corroborated by the photographs submitted as evidence in the case file (images 66 to 81 of the PDF case file) and the judicial inspection conducted at the site by the trial judge to resolve the interim measure ordered in this proceeding, during which tree felling was observed (see ruling No. 2021000200 of eleven hours and thirty minutes on 10 August 2021). In that ruling, the judge analyzed what she observed at the site of the dispute and stated the following regarding what she had verified: “...The property has fences made of living posts and barbed wire; the fence is relatively new. The land is traversed along its northern side; the fence is in good condition. The same conditions can be seen along the public road frontage, with living posts. Considerable tree felling is observed, with trunks on the ground and some other trees standing; considerable numbers of cattle are visible. The plaintiff and defendant state that the property viewed is the one belonging to the defendant and remains in the same condition, with recent barbed wire and living posts, as well as considerable tree felling, trunks on the ground, and other trees standing. Continuing along the public road, several felled trunks are observed, stacked near a creek....” (See virtual docket, associated documents folder, audio recording of the judicial inspection dated 18/02/2021.) In addition, several photographs were submitted showing the fence with barbed wire, the cattle, and the felling of trees in various parts of the property, with their branches and trunks on the surface of the land (see virtual docket, associated documents folder, photographs of the judicial inspection dated 18/02/2021). The judicial inspection and photographs submitted to the case file show that the property was indeed affected by the large number of trees observed to have been felled, the entry of several head of cattle into that sector, and the felling of trees near a creek or stream. For that reason, this judge considers it important to impose interim measures to prevent any further alteration of the property’s natural condition. A contrary decision could cause serious and irreparable harm to the land by affecting the property and possibly changing its land use; the decision would therefore be to its detriment....” This Court considers, contrary to the appellant’s argument, that it was established that trees were felled within land belonging to the Indigenous Reserve. Regardless of whether the defendant believed he was on private land he had acquired, the proceeding established that it belonged to the Indigenous Reserve. Whether the felling was illegal is not for this Court to decide, since what is claimed here is compensation for the damages and losses caused by felling those trees within the Indigenous Reserve. Like the trial judge, this Court has no doubt that a large number of trees were felled within the disputed land, which belongs to the Indigenous Reserve. Accordingly, the claim for damages and losses caused is proper, and the judgment is affirmed on that point.\n\nVI.—As to the order for costs, the appellant argues that he has been a good-faith litigant and therefore should not be ordered to pay them. In its broadest sense, an order to pay procedural and personal costs is made when a judicial ruling requires a particular person to pay those procedural expenses, which that person would not otherwise be required to pay. Thus, the costs award almost always concerns the expenses of the opposing party or parties. The rule is that costs are awarded against the party who loses the proceeding. That is the system adopted in sections 55 and 56 of the Agrarian Jurisdiction Act. There are two theories regarding the purpose and circumstances of a costs award. Under one, it is appropriate only when the party who loses the litigation has acted recklessly or in bad faith; under the other, it is imposed on the losing party in all cases, unless the judge exempts that party from payment based on special considerations that must be identified. DE SANTO (Víctor). Diccionario de Derecho Procesal, Buenos Aires, Universidad, 1991, p. 86. Our Agrarian Jurisdiction Act follows the latter theory: the principle is that costs follow the event, unless an exceptional circumstance, also provided for by the legislature, justifies exempting the losing party from that award. Accordingly, this procedural principle of costs following the event has an exception in section 55 of the Agrarian Jurisdiction Act. We refer to exemption from costs. It is an exception: the rule is that costs are awarded, and if the exception is applied, the judge must give reasons for the exemption. This Chamber considers that there are no sufficient grounds to exempt the defendant from paying costs; therefore, the judgment is affirmed on that point.\n\nTHEREFORE\n\nThe judgment is affirmed as appealed.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n2JKZ47U43FVJG61\nANTONIO DARCIA CARRANZA - DECIDING JUDGE\n\n \n\n\nXMILG5IGU7I61\nCARLOS ADOLFO PICADO VARGAS - DECIDING JUDGE\n\n \n\n\n4H9GAIGRI8U61\nENRIQUE ULATE CHACÓN - DECIDING JUDGE\n\n \n\nCASE FILE: 21-000036-0465-AG\n\nII Judicial Circuit of San José, 4th floor, Courthouse building, Calle Blancos de Goicoechea, across from the parking lot of Hospital Hotel La Católica. Telephone: 2247-9093. Fax: 2280-6317 or 2280-8381. Email: tagrario-sgdoc@poder-judicial.go.cr."
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