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  "id": "nexus-sen-1-0034-1417201",
  "citation": "Res. 00738-2026 Tribunal Agrario",
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  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Confirmación del desalojo en territorio indígena Salitre",
  "title_en": "Confirmation of Eviction in Salitre Indigenous Territory",
  "summary_es": "El Tribunal Agrario rechazó la nulidad y confirmó el acuerdo del INDER que declaró a Álvaro Cordero Elizondo poseedor de mala fe, sin derecho a reubicación ni indemnización, y ordenó el desalojo de una parcela en el Territorio Indígena Bribrí de Salitre. El Tribunal tuvo por probado, a partir de las declaraciones del recurrente y de una testigo, que la adquisición ocurrió en 1987, después de la Ley Indígena y del Decreto Ejecutivo 6037-G. Consideró que el artículo 5 de la Ley Indígena faculta al INDER para determinar administrativamente la condición de la posesión y que la resolución impugnada no decidió sobre expropiación. También concluyó que no había nulidad en el sustento jurídico de la creación del territorio Salitre. Al resolver la buena fe, aplicó el criterio vinculante de la Sala Constitucional según el cual la inscripción registral no convalida una transmisión prohibida de tierras indígenas ni fundamenta por sí sola el derecho a indemnización.",
  "summary_en": "The Agrarian Tribunal rejected the nullity claim and upheld the Instituto de Desarrollo Rural (INDER) board’s decision declaring Álvaro Cordero Elizondo a bad-faith possessor, without a right to relocation or compensation, and ordering the eviction of a parcel in the Bribrí Indigenous Territory of Salitre. Based on statements by the appellant and a witness, the Tribunal found that the acquisition occurred in 1987, after the Indigenous Law and Executive Decree 6037-G. It held that Article 5 of the Indigenous Law authorizes INDER to determine the status of possession administratively and that the challenged decision did not rule on expropriation. It also found no nullity in the legal basis for establishing the Salitre territory. In assessing good faith, it applied the Constitutional Chamber’s binding criterion that registration does not validate a prohibited transfer of Indigenous land or, by itself, establish a right to compensation.",
  "court_or_agency": "Tribunal Agrario",
  "date": "28/07/2026",
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    "recurso jerárquico impropio",
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    "territorio indígena Salitre",
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    "Ley Indígena",
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    "Salitre Indigenous territory",
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    "Indigenous Law",
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  "excerpt_es": "La ley ordena al ITCO actual Instituto de Desarrollo Rural por sus siglas INDER de realizar la determinación de quiénes son personas ubicadas dentro de territorio indígena de buena fe. […] Por lo expresado en este asunto se posee competencia para que administrativamente se realice este procedimiento por parte del INDER y por orden del artículo 2 inciso f de la Ley de jurisdicción agraria, de aplicación a este asunto por la fecha de inicio, este Tribunal debe conocer de la apelación contra la decisión emitida por la junta directiva del INDER.\n\nDe tal forma no existe motivo de nulidad en cuanto al sustento jurídico de creación del territorio Salitre al cual refiere este asunto.\n\nSe rechaza la nulidad invocada. En lo apelado se confirma el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural contenido en el artículo número quince de la sesión ordinaria treinta y cuatro, celebrada el nueve de setiembre de dos mil veinticuatro.",
  "excerpt_en": "The law directs the ITCO, now the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), to determine which persons located within Indigenous territory are there in good faith. […] For the reasons stated, INDER has authority to conduct this administrative procedure, and under Article 2(f) of the Agrarian Jurisdiction Law, applicable to this matter based on its commencement date, this Tribunal must hear the appeal against the decision issued by INDER’s board.\n\nAccordingly, there is no ground to declare nullity in the legal basis for establishing the Salitre territory at issue.\n\nThe nullity claim is rejected. As appealed, the decision of the Board of the Instituto de Desarrollo Rural contained in Article 15 of ordinary session 34, held on 9 September 2024, is upheld.",
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    "label_en": "Upheld",
    "label_es": "Confirmado",
    "summary_en": "The Agrarian Tribunal rejected the nullity claim and upheld INDER’s decision declaring the appellant a bad-faith possessor and ordering his eviction from the Bribrí Indigenous Territory of Salitre without relocation or compensation.",
    "summary_es": "El Tribunal Agrario rechazó la nulidad y confirmó el acuerdo del INDER que declaró al recurrente poseedor de mala fe y ordenó su desalojo del Territorio Indígena Bribrí de Salitre sin reubicación ni indemnización."
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      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "Accordingly, this proceeding can investigate only whether Álvaro Cordero Elizondo is the legitimate possessor and owner of a parcel of 18 hectares and 0380.77 square meters located in Salitre, Buenos Aires, Puntarenas, and clearly establish how and when the transfer took place.",
      "quote_es": "De tal forma solo se puede investigar en este procedimiento si Álvaro Cordero Elizondo es poseedor legítimo y dueño de una parcela de 18 hectáreas 0380.77 metros cuadrados ubicado en Salitre, Buenos Aires de Puntarenas, así como establece claramente la forma y cuando se realiza la transmisión."
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      "context": "Considerando VIII",
      "quote_en": "The fact that, under the criteria currently in force for protecting Indigenous territories, that title is invalid does not mean that its original acquisition by the appellant’s representative’s relatives in 1974 was in good faith.",
      "quote_es": "El que de acuerdo con los criterios vigentes actualmente sobre tutela de territorios indígenas, dicho título sea inválido, no implica que su adquisición original por los familiares del representante de la apelante en 1974 haya sido de buena fe."
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    {
      "context": "Por tanto",
      "quote_en": "The nullity claim is rejected. As appealed, the decision of the Board of the Instituto de Desarrollo Rural contained in Article 15 of ordinary session 34, held on 9 September 2024, is upheld.",
      "quote_es": "Se rechaza la nulidad invocada. En lo apelado se confirma el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural contenido en el artículo número quince de la sesión ordinaria treinta y cuatro, celebrada el nueve de setiembre de dos mil veinticuatro."
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  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1417201",
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  "body_es_text": "EV Generación de Machote: E:\\GESTION-JUDICIAL\\SERVIDOR DE ARCHIVOS\\MODELOS\\CIVIL\\TGTRIB009.dpj\n\n\n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n25-000005-0029-AG - 3\n\nPROCESO:\n\nJERARQUICO IMPROPIO\n\nACTOR/A:\n\nALVARO CORDERO ELIZONDO\n\nDEMANDADO/A:\n\nINSTITUTO DE DESARROLLO RURAL\n\n \n\n \n\nVOTO N° N° 2026000738 \n\n \n\nTRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las diez horas veintisiete minutos del veintiocho de julio de dos mil veintiséis.-\n\nRECURSO JERÁRQUICO IMPROPIO establecido por ÁLVARO CORDERO ELIZONDO, mayor, casado, agricultor, vecino de Buenos Aires, Puntarenas, cédula de identidad uno - cuatrocientos sesenta y cinco - novecientos veintidós; contra INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, cédula jurídica cuatro - cero cero cero - cero cuatro dos uno cuatro tres. Actúa como apoderado especial judicial del administrado, el licenciado Juan Félix Vásquez Calderón, cédula de identidad uno - quinientos once - cuatrocientos cuarenta, colegiado dos mil novecientos cincuenta y seis. Tramitado en el Instituto de Desarrollo Rural, Dirección Región Brunca. \n\nCONSIDERANDO:\n\n I. La Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural, en el acuerdo tomado en el artículo número 15, de la sesión ordinaria 34, celebrada el 9 de setiembre de dos mil veinticuatro, dispuso: \"1) Declarar al señor ÁLVARO CORDERO ELIZONDO, cédula 1-0465-0922, como POSEEDOR DE MALA FE, SIN DERECHO A REUBICACIÓN NI INDEMNIZACIÓN ALGUNA de acuerdo al artículo 5 de la Ley Indígena y por tanto de (sic) dese de ordenar por parte de la autoridades el desalojo inmediato de dichas tierras mismas que deberán de entregarse a la ADI del Territorio Indígena de Salitre.-- 2) Que, una vez tomado el acuerdo por parte de la Junta Directiva, el acuerdo sea notificado al señor ÁLVARO CORDERO ELIZONDO, cédula 1-0465-0922 en su casa de habitación en Olán, Buenos Aires Puntarenas teléfono 8399-2031. ---3) Que contra la presente resolución se podrá interponer los recursos de revocatoria ante la Junta Directiva del INDER, y de apelación para ante el Tribunal Agrario que actúa como superior Jerárquico en el plazo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente a su notificación.--. 4) Que una vez finalizada la etapa recursiva y no habiendo oposición al acuerdo tomado, la secretaría de la Junta Directiva deberá de remitir el expediente administrativo OD-SAL-001-2023 ( REF PLN-RTI-SAL-001-2021) a la CONAI, así como a la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Salitre, para su conocimiento. Aprobado por unanimidad.—“ ( folio 97 del expediente administrativo físico). \n\n II. Relativo a los hechos probados se avalan por existe razón probatoria para modificarlos.\n\n III. Sobre los eventos indemostrados se avalan por no ser eficazmente combatidos.\n\nIV. La impugnación es formulada por el administrado Álvaro Cordero Elizondo por conducto de su apoderado especial administrativo por los siguientes motivos: como preámbulo indica su representado no contó con patrocinio técnico. Se apersonó a su oficina el día que le notificaron la resolución. Agradece la atención recibida por el apoderado por parte de las personas funcionarias del INDER para poder revisar el expediente. Expone un recuento histórico de la comunidad Olán. En la década de 1970, familias de Buenos Aires de Puntarenas como las Jiménez y Tencio exploraron la Cordillera de Talamanca y descubrieron un territorio a 2000 metros de altura. El acceso original era extremadamente difícil, requiriendo caminatas de 17 a 21 horas por terrenos empinados, como el sitio Escalera. Utilizaron animales únicamente para carga, y posteriormente colocando tablones para permitir el paso de vehículos por los precipicios. El Instituto Costarricense de Tierras y Colonización -ITCO- contactó e invitó a familias de Pérez Zeledón, entre estas la familia Zúñiga Mora, y otras para que se trasladaran y colonizaran el lugar, ya denominado Olán. El ITCO otorgó formalmente contratos de arrendamiento a los finqueros que se establecieron allí, con la visión de convertir a Olán en la zona proveedora de hortalizas para Buenos Aires. Entre finales de los años 80 y principios de los 90, la organización vecinal logró que la Municipalidad de Buenos Aires y el MOPT facilitaran un tractor durante seis meses para abrir la trocha definitiva que conectó a Olán con la ciudad de Buenos Aires. Relata el ingreso de los habitantes a Olán fue promovido por el propio ITCO. Por lo tanto, la posesión original y las posteriores transmisiones a terceros se realizaron de buena fe, siendo el Estado el responsable de la situación jurídica actual. Indica en aplicación de la verdad real solicita a la Junta Directiva que, en apego al artículo 214 de la Ley general de la administración pública constate las pruebas documentales aportadas y los archivos institucionales antes de emitir una resolución. Copia extractos de varios documentos que aporta como prueba para mejor resolver. Califica de injusto el acto de lanzamiento de su representado bajo la declaratoria de poseedor de mala fe. Se exige el cumplimiento del debido proceso establecido en el artículo 5 de la Ley indígena; de lo contrario, se violentaría el artículo 171 de la Ley general de la administración pública al permitir que el Estado saque provecho de sus propios actos administrativos en perjuicio de los ciudadanos. Un segundo grupo de argumentos los razona sobre la falta de competencia del órgano administrativo. A su entender la Ley indígena en el numeral 5 remite la competencia al órgano jurisdiccional porque el mismo Estado aunque utilice un órgano director se convierte en juez y parte. Esta situación a su entender lesiona el debido proceso legal. Manifiesta de acuerdo con la citada Ley indígena se debe emplear la Ley general de expropiaciones que tiene todo un debido proceso para determinarlo en sede judicial. Observa que esa situación no se cumple, además es esencial que la parte interesada tenga patrocinio legal, caso contrario el Estado se lo proporcionará para poder garantizar la igualdad procesal entre las partes, lo cual en este caso no se cumplió. Indica no ignoran los alcances de la resolución número 03654-2023 del 17 de febrero de 2023 de la Sala Constitucional respecto al programa Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas, o el voto 24725 2022 del 19 de octubre de 2022 pero en el caso de los agricultores de Olán es una situación sui generis por lo apuntado. Copia un extracto de la sentencia citada. Argumenta todo lo anterior no solo porque lo ha dicho la Sala Constitucional, sino porque le parece correcto, implica que son territorios indígenas los definidos por medio de decretos e incorporados al párrafo segundo de la Ley indígena de noviembre de 1977. A su entender esa ley no incluyó ningún decreto que defina el territorio de los indígenas de Buenos Aires. Comprende que esa afirmación es fuerte, pero no temeraria en líneas a la posición ideológica, inspiracionales y de motivación sobre el tema porque es un Estado de derecho que se rige por el bloque de legalidad y no por opiniones ni deseos, sino por lo materializado en la ley. Hace una lista de los decretos que crean los diferentes territorios. Señala los territorios indígenas de Buenos Aires sólo lo sostiene el decreto DE-13571-G de 1982. A su entender eso es lo conformado por el bloque de legalidad nacional citado en el artículo 6 de la Ley general de la administración pública, artículos 1 y 2 del Código civil. Entonces afirma, esos terrenos no están cubiertos por la garantía constitucional de la reserva de ley. De tal forma comprende que no se pueden imponer limitaciones a los poseedores sin previo pago, de buena o mala fe de acuerdo con el artículo 5 de la Ley indígena. Insiste esos territorios creados con decretos son los únicos que se protegen al tenor de esa ley. Señala que el INDER no tiene potestades para conformar un órgano administrativo para determinar la buena fe de la posesión, sino que es un tema jurisdiccional en cuanto al territorio indígena de Buenos Aires, no así del resto del país. Como tercer punto agravia lo concerniente a la actividad procesal administrativa con vicios de nulidad absoluta. Refiere a la derogatoria de los decretos ejecutivos número 45 de 1945 y el número 34 de 1956 por parte de la Ley creadora de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Copia el artículo 29 de ese cuerpo legal. Considera el asidero legal del acto administrativo es ilegal y en consecuencia nulo de forma absoluta. A su entender el territorio indígena de salitre de Buenos Aires lo sostiene el decreto 13571-G-1982, en cero por la jerarquía normativa que rige el bloque de legalidad, un decreto no puede reglar materia de reserva de ley como lo es el principio de la propiedad privada del artículo 45 constitucional. Por ello debe primero indemnizarse conforme a los principios de la ley general de expropiaciones. Cita el convenio 169 de la OIT sostiene el decreto pero no le concede la jerarquía de imponer limitaciones al derecho de propiedad hasta que el estado indemnice. Cita y copia la siguiente normativa: artículo 158 1.2.3 de la ley general de administración pública, numeral 162,166, 169, 171, 172; y 180 y 183. Afirma la trascendencia que tiene el acto que se impugna para su representado es deber por principio de lealtad procesal recordar al órgano decisor las consecuencias sobre la responsabilidad de la administración y del servidor público ubicados en la Ley general de la administración pública. Remite al folio 12 y 13 del expediente administrativo donde observa el mapa de ubicación del fundo de su representado dentro del territorio indígena de salitre. Señala si utiliza el decreto 34 de 1956 y lo confronta con el decreto 13571-G- 1982 concluye que no existe coincidencia ya que este último amplió el territorio. Señala la comunidad de Olán no era parte de lo que entonces se llamaba reserva indígena, siendo que esa comunidad no existía, si no se trata de una iniciativa del ITCO de aumentar esa frontera agrícola, con fundamento en la ley 2825 del 14 de octubre de 1961 concretamente en los artículos 75 a 81 como narró supra. De relevancia señala a la fecha no existe amojonamiento de esa zona en el país de forma tal que no se conocen los linderos del territorio pues no existe la certeza absoluta del dónde inicia o finaliza ese territorio. A lo sumo se observan unos pocos mojones en el centro de la comunidad de Salitre. En el folio 15 del expediente se observa la normativa aplicable, la cual copia. También transcribe el numeral 129 de la constitución política, numeral 8 del código civil y cita los artículos del 6 al 11 de la ley general de la administración pública. Considera si se efectúa un encadenamiento según las reglas de la hermenéutica jurídica concluye que el órgano director brindó un informe técnico a la Junta Directiva con vicios de nulidad absoluta. Copia los artículos 128, 130.2, 132 y 141 todos de la Ley general de la administración pública. Impugna los hechos tenidos por probados en la resolución recurrida. Indica después de haber expuesto los aspectos de legalidad concreta del territorio indígena de Buenos Aires y como la nulidad observada en el procedimiento impugna cada uno de los hechos tenidos por probados ya que se consideran distorsionados. Específicamente señala el concerniente al decreto ejecutivo número 6037-G de 1976 el cual no crea el territorio indígena para el cantón de Buenos Aires. En ese hecho se hace referencia, pero sostiene que se encuentran derogados desde 1973. Esa situación implica que la resolución sea inválida y por eso cuestiona cada uno de los hechos probados. Finalmente pide, se revoque el acto administrativo y se ordene al Estado en aplicación al principio de legalidad y debido proceso ordenar el trámite del caso por las vías correspondientes. Como prueba adjunta copia de 2 documentos que son contratos de arrendamiento otorgados por el ITCO en Olán de Buenos Aires a favor de la familia Zúñiga Mora y de la familia Jiménez Borbón la cual se admite, (fojas 139 a 157 del expediente físico administrativo). \n\n V. En cuanto a los temas de forma dada la nulidad invocada se aduce una falta de competencia. Se debe tener presente que este procedimiento administrativo es instaurado con la finalidad de determinar la calidad de la permanencia del administrado dentro de territorio indígena y en qué condición posee. En primer orden el sustento para tal procedimiento se deriva del numeral 5 de la Ley indígena el cual indica: “En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. (Así reformado por el artículo 65, inc. d) de la Ley Nº 7495 de 3 de mayo de 1995). Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI. Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna. Las expropiaciones e indemnizaciones serán financiadas con el aporte de cien millones de colones en efectivo, que se consignarán mediante cuatro cuotas anuales de veinticinco millones de colones cada una, comenzando la primera en el año de 1979; dichas cuotas serán incluidas en los presupuestos generales de la República de los años 1979, 1980, 1981 y 1982. El fondo será administrado por la CONAI, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República”. La ley ordena al ITCO actual Instituto de Desarrollo Rural por sus siglas INDER de realizar la determinación de quiénes son personas ubicadas dentro de territorio indígena de buena fe. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia número 10290-2004 de las 16 horas 59 minutos del 21 de setiembre de 2004 en lo de interés señaló: “Las administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades, competencias o atribuciones deben conocer y resolver en la sede administrativa o gubernativa previa, a través de un procedimiento, múltiples solicitudes de los administrados o usuarios de los servicios públicos a efecto de obtener un acto administrativo final, cuyo contenido psíquico puede ser volitivo, de juicio o de conocimiento. Ese acto administrativo conclusivo de un procedimiento administrativo puede otorgar o reconocer derechos subjetivos o intereses legítimos –situaciones jurídicas sustanciales- (actos favorables) o bien suprimirlos, denegarlos o imponer obligaciones (actos de gravamen o ablatorios)…”. La Administración pública se sujeta a los procedimientos de la Ley general de la administración pública con el propósito, entre otros, de respetar las garantías fundamentales de las personas particulares. El numeral 129 ibid. precisa que el acto deberá dictarse por el órgano competente y por el servidor regularmente designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites sustanciales previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio de la competencia. El procedimiento garantiza el debido proceso, el derecho de defensa y exceso de poder. Por lo expresado en este asunto se posee competencia para que administrativamente se realice este procedimiento por parte del INDER y por orden del artículo 2 inciso f de la Ley de jurisdicción agraria, de aplicación a este asunto por la fecha de inicio, este Tribunal debe conocer de la apelación contra la decisión emitida por la junta directiva del INDER. Tampoco tiene asidero el reclamo que deba emplearse el procedimiento de la Ley de expropiaciones porque la competencia de este procedimiento se ciñe a lo cursado en el traslado de imputación de cargos en folios 4 a 12 del expediente administrativo. Sin que la decisión administrativa impugnada rebase esos límites. De tal forma solo se puede investigar en este procedimiento si Álvaro Cordero Elizondo es poseedor legítimo y dueño de una parcela de 18 hectáreas 0380.77 metros cuadrados ubicado en Salitre, Buenos Aires de Puntarenas, así como establece claramente la forma y cuando se realiza la transmisión. La consecuencia establecida en la resolución inicial en análisis, es que sino comprueba adquirir tal heredad antes de la creación de la Ley indígena y la publicación de los decretos que conceptúan el territorio Salitre deberá desalojar de inmediato el predio ocupado. Se denota no se precisa en los alcances de la imputación de cargos tema alguno vinculado a la expropiación por lo que no existe vicio alguno que decretar. En cuanto al reclamo de nulidad de los hechos probados no se precisa el agravio de nulidad, sino se apunta a la ilegalidad debido a un tema de fondo relacionado con la creación del territorio indígena Salitre.\n\n VI. En cuanto a los aspectos de fondo afirma la ley no incluyó ningún decreto que defina el territorio de los indígenas de Buenos Aires pues es una situación diversa a otros. Empero desde la resolución impugnada se indicó: “Por otra parte, también es de suma importancia señalar que el artículo 1° de la Ley Indígena establece que los límites fijados a las reservas que fueron creadas vía Decreto Ejecutivo (y que allí mismo se declaran como tales), no pueden ser variados disminuyendo su cabida, salvo que se haga por medio de una ley expresa. Precisamente, una de las reservas que reconoce la Ley Indígena, es la Ujarrás- Salitre- Cabagra (Decreto Ejecutivo N°6037-G) de la cual proviene la actual Reserva Indígena Bribrí de Salitre. Concretamente, la Reserva Indígena Ujarrás- Salitre- Cabaga fue creada mediante el Decreto Ejecutivo N°34 del 15 de noviembre de 1956, al describir el lote II en su artículo 1°. Decreto que fue emitido en uso de la facultad otorgada por el párrafo final del artículo 8° de la Ley General de Terrenos Baldíos (N°13 del 1° de enero de 1939) y en atención a lo dispuesto por el Decreto Ejecutivo N°45 del 03 de diciembre de 1945. Ambas normas conformaban el marco jurídico para la creación de esos territorios. La Ley General de Terreno Baldíos, disponía: -- Por su parte, el Decreto N°45 declaró inalienables y de propiedad exclusiva de las tribus indígenas autóctonas, los terrenos baldíos ocupados por ellas. Además, reconoció la importancia de conservarlos, y advirtió la necesidad de delimitarlos.—Luego, al promulgarse la Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (N°5251 del 11 de julio de 1973), su artículo 29 derogó expresamente el Decreto Ejecutivo N°45 del 3 de diciembre de 1945 y el N°34 del 15 de noviembre de 1956, que había creado la Reserva Indígena Ujarrás- Salitre- Cabagra. Sin embargo, mediante Ley N°5651 del 13 de diciembre de 1974, la Ley de Creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas fue reformada, añadiéndose un transitorio que otorgó nuevamente el régimen de inalienabilidad a las reservas indígenas ya creadas, y que, para ese momento, se encontraban inscritas a nombre del Instituto de Tierras y Colonización. Posteriormente, se emitió el citado Decreto Ejecutivo N°6037-G- del 26 de mayo de 1976, que extendió a la Reserva Indígena Ujarrás- Salitre- Cabagra ciertas regulaciones sobre los territorios indígenas que fueron dispuestas en Decreto Ejecutivo N°5904-G del 11 de marzo de 1976 tales como: la declaración de la propiedad de las comunidades indígenas sobre las reservas; el carácter de inalienables, incedibles y exclusivas para las comunidades aborígenes que las habitan; y una serie de prohibiciones para los no indígenas dentro de los límites de las reservas. Y como se indicó al inicio, el artículo 1° de la Ley Indígena reconoció y declaró como Reserva Ujarrás-Salitre-Cabagra, a la creada mediante el Decreto 6037-G. Resta por añadir a este recuento normativo, que después de promulgada la Ley Indígena, se emitió el Decreto Ejecutivo N°13571 del 30 de abril de 1982, en el que se dispuso dividir el territorio de la Reserva Indígena Ujarrás- Salitre- Cabagra (inscrito como una sola finca en el Registro Público a nombre del entonces Instituto de Tierras y Colonización) en tres reservas distintas, con identidad y organización local propia. En los considerandos del decreto se indica que la división de la reserva se llevó a cabo porque las tres comunidades indígenas interesadas así lo requirieron al Poder Ejecutivo. Y que, con dicha decisión, se pretendió solucionar los conflictos que se habían generado entre ellas por la ocupación del mismo territorio. De esta forma, la Reserva Indígena Ujarrás- Salitre- Cabagra se dividió así: --- Reserva Indígena Cabécar de Ujarrás, Reserva Indígena Bribrí de Cabagra y que nos ocupa en esta consulta, la Reserva Indígena Bribrí de Salitre, cuyos límites se fijaron expresa y detalladamente en el artículo 3 del citado Decreto. Así tenemos que los límites de la Reserva Indígena Bribrí Salitre son los dispuestos en el artículo 3° de ese cuerpo normativo. Y esa es la descripción que debió utilizar el entonces Instituto de Desarrollo Agrario para confeccionar el plano catastrado N° P-56170-1992 que fue utilizado para la inscripción en el Registro Público de la finca N°77935 a nombre de la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre Buenos Aires...” (fojas 92 frente al 93 vuelto del expediente administrativo; en este mismo sentido se puede consultar el dictamen de la Procuraduría General de la República C-356-2015 del 18 de diciembre de 2015). De la amplia cita trascrita de la resolución apelada se denota que el territorio Salitre se conformó jurídicamente desde la Ley general de terrenos baldío en 1939 (en artículo 8 se declara inalienable y de propiedad exclusiva de los indígenas, una zona prudencial a juicio del Poder Ejecutivo en los lugares en donde existan tribus de éstos, a fin de conservar nuestra raza autóctona y de librarlos de futuras injusticias). Se nota que desde ahí se concede la facultad al Poder Ejecutivo, vía decreto ejecutivo para delimitarlas. El decreto 6037-G en el artículo 1 indicó: “Extiéndase a las Reservas Indígenas de Boruca y de Üjarrás-Salitre-Cabagra, las disposiciones tomadas en los artículos 5°, 6°, 7°, 11, 12, 13, 14 y 15 del Decreto No 5904-G del 14 de marzo de 1976, publicado en el Alcance No 60 a \"La Gaceta\" N° 70 del 10 de abril de 1976”. Posteriormente en decreto ejecutivo 13571 se dividen los territorios y queda el Bribrí Salitre autónomo a los otros dos citado en el decreto infra. De tal forma no existe motivo de nulidad en cuanto al sustento jurídico de creación del territorio Salitre al cual refiere este asunto.\n\nVII. Por otra parte, no es un tema controvertido que la parcela se encuentra dentro de territorio Bribrí Salite. El punto central de la apelación es combatir el fundamento jurídico de la creación de ese territorio. Empero no se aportan datos para desvirtuar lo copiado supra de la resolución impugnada y lo también analizado por la Procuraduría General de la República, siendo que el administrado tiene la carga de la prueba cuando le fue concedido tal derecho según la resolución inicial en página 36 del expediente administrativo. De la documental aportada junto con la apelación en folio 123 frente refiere a una ocupación de Víctor Manuel Porras; y otro emitido el 09 de mayo de 1972 menciona ocupación de los hermanos Heriberto, Ramiro y José Luis Jiménez Borbón (foja 124 vuelto del expediente) sin que haga mención al administrado Álvaro Cordero, de tal forma no es prueba útil para comprobar que su ocupación es acorde con lo estipulado en la Ley indígena. En la audiencia oral y privada el recurrente y su esposa la testigo indicaron: “…que ingresó a Olan (sic) Salitre desde el año 1987, que le compró las tierras a Luis Angel (sic) Acuña Montero y a Don (sic) Juan Núñez Camacho, mismo que habían ingresado desde el año de 1972 aproximadamente, que el Itco (sic) les había hecho una certificación de posesión pero ya esos señores murieron. La señora VILMA MORA, atestigua que desde el (sic) 1987 eso es de su esposo y que le compraron a Juan Núñez Camacho y a Luis Ángel Acuña Montero, que tienen estructuras y animalitos allí” (folios 53 y 54 del expediente físico administrativo). Se denota de tales declaraciones que el ingreso del administrado al territorio de Salitre fue posterior a la Ley indígena. \n\n VIII. Conviene retomar lo indicado por esta Cámara en decisión de las 14 horas 37 minutos del 24 de junio de 2021 sobre el tema: “… El órgano administrativo, al analizar la buena fe (fin principal del procedimiento administrativo), únicamente utiliza como único criterio para rechazar que exista, el si los terrenos se inscribieron como propiedad privada individual, antes o después de creado un territorio indígena. Dicho criterio innegablemente determina la validez del título, por cuanto si se genera luego de creado el territorio indígena, no podrá ser considerado válido y deberá anularse. Pero no es suficiente para calificar de adquirente y propietario de mala fe a quien tenga un asiento registral de un inmueble a su nombre, aun cuando se haya generado luego de la promulgación del decreto o ley que afecta el territorio indígena en concreto. Para ello deben revisarse también otros factores, dado el contexto en materia de tenencia de la tierra relacionada con comunidades indígenas en nuestro país. En casos como el presente, debe tenerse presente el origen del título registral de la persona recurrente y también las condiciones particulares de transmisión y adquisición, en cuanto a si se podía o no tener conocimiento de que se trataba de inmuebles ubicados dentro de un territorio indígena. Máxime que históricamente los límites de dichos territorios no siempre tienen marcas o señales visibles o identificables fácilmente, e incluso por la forma en que se establecieron, han debido ser modificados en el tiempo, al dejar por fuera o comprender zonas que no eran de interés para las comunidades indígenas. Pero además, en lo que interesa en el caso concreto, debe tenerse presente la fecha de creación del territorio específico y la antigüedad del título que ahora se considera inválido, para cuyos efectos se está analizando si se adquirió o no de buena fe por quien es el sujeto del procedimiento administrativo. Al respecto, en este asunto es relevante tener presente lo siguiente:1) La propiedad indígena, que es propiedad privada de tipo colectivo, es inalienable, lo cual implica no de (sic) debe ser adquirida ni poseída por personas no indígenas. Pero no ha existido una gobernanza efectiva en el país que garantice tal condición. Como se resalta la resolución recurrida, el primer cuerpo normativo que reconoció la inalienabilidad de dichas tierras fue la Ley de Terrenos Baldíos de 1939. Pero no se realizó en ese momento ni tampoco muchos años después la delimitación material o real de los territorios indígenas. El decreto 34 de 15 de noviembre de 1956 contenía una delimitación, pero arcaica. Y luego se promulgaron leyes, como la Nº2861, que generaron confusión en el tema. 2) Los territorios indígenas involucrados Reserva Indígena de Térraba y Curré fueron creados por decreto 34 de 15 de noviembre de 1956, publicado en enero de 1957, como Reserva Boruca- Térraba. El decreto 6037 de 26 de mayo de 1976 y la ley indígena reafirmaron el carácter de esa Reserva. Por decreto 16570 de 25 de septiembre de 1985, la reserva se dividió con los nombres Brunka, Brunka de Curré y Térraba. La definición de los límites exactos entre ellas debía ser efectuada por el CONAI, en coordinación con las tres Asociaciones de Desarrollo Local. Eso se reflejó en el decreto 22203 de 7 de junio de 1993, actualmente vigente. 3) La finca P- 21025-000 se ubica dentro de los territorios indígenas Térraba y Curré y la P-21029-000 dentro del primero. 4) La buena fe para efectos posesorios se relaciona con la actitud, creencia o conocimiento de quien posee de ser tal condición legítima. Es la creencia de estar actuando bien o mal al momento de poseer, según lo establece el numeral 285 del Código Civil. Tal expresa: “…se considera poseedor de buena fe al que en el acto de la toma de posesión creía tener el derecho de poseer. Si había motivo suficiente para que dudara corresponderle ese derecho, no se le debe considerar como poseedor de buena fe…”. Y el numeral 286 de mismo cuerpo legal establece que en situaciones de duda se ha de presumir de buena fe la posesión. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en voto 312 de 4 de junio de 2003, explicó al respecto: “V.- En efecto, la buena fe, regulada en el ordinal 285 del Código Civil, no se reduce a un mero juicio valorativo efectuado en el fuero interno de quien dice entrar en posesión de un bien o poseerlo con derecho para hacerlo. Deben existir circunstancias que, para el ser humano promedio, hagan justificable ese convencimiento, puesto que si objetivamente median causas suficientes que tornan dudosa la toma de la posesión, no se le debe considerar poseedor de buena fe”.5) En el procedimiento administrativo se probó que las fincas inscritas a nombre de la sociedad apelante (P- 21025-000 y P-21029-000) fueron tituladas por el ITCO, como parte de una finca madre, a través de una información posesoria. Luego, en escritura 21 del tomo 11 del protocolo del notario Adrián Argüello Artavia, se segregaron y vendieron –con las limitaciones legales de la Ley 2861- tres lotes a familiares del representante de la sociedad recurrente, en mayo de 1974 (que corresponden el lote uno a la finca P- 21025-000 y el lotes dos a la finca P-21029-000) (folios 21 a 39). Quienes a su vez los traspasaron a otras sociedades conformadas por familiares, para finalmente en 1994 y 2003 adquirirlos la apelante. Importa resaltar por el origen del título que no ha existido una gobernanza efectiva en el país que garantizase la condición de inalienabilidad de los Territorios Indígenas, dispuesta legalmente desde hace muchos, conforme se explicó antes. Incluso a la fecha se mantienen problemas al respecto. Durante la segunda mitad del siglo pasado, se presentaron entonces situaciones que permitieron la inscripción de terrenos bajo título de propiedad privada individual, pese a estar dentro de territorios indígenas creados varios años antes. Las razones de ello van desde el desconocimiento de los límites materiales de los territorios indígenas, las políticas aplicadas en el pasado sobre la titulación de tierras y la ingobernanza que sobre el tema ha existido tratándose de territorios indígenas. Por ello no es extraño que una entidad estatal haya titulado tierras abarcando territorios indígenas, como sucedió en este caso. Incluso, en la Ley de Tierras y Colonización, vigente a partir del 14 de octubre de 1961 (anterior a la Ley Indígena), en su CAPITULO IV Parcelación de Tierras, varias normas se refieren al tema de la siguiente manera: “Artículo 75.-El Instituto, de acuerdo con los organismos pertinentes, velará por el acondicionamiento de las comunidades o familias indígenas, de conformidad con el espíritu de esta ley. No se declarará que las extensas zonas donde estas comunidades viven aisladamente, pertenecen exclusivamente a ellas, pero sí se tratará de reunir a todas estas comunidades, formando un solo centro agrario, en la zona que el Instituto considere adecuada y para lo cual se hará uso del área de terreno que sea necesaria. Artículo 76.-A título gratuito y en propiedad, se entregarán a las familias indígenas parcelas que el Instituto señale como mínimo indispensable para satisfacer las necesidades de las mismas, y explotables por ese grupo, sin necesidad de trabajadores asalariados. Artículo 77.-Los beneficiarios de las parcelas a que se refiere el artículo trasanterior, podrán solicitar posteriormente del Instituto, la adquisición, por compra, de extensiones adicionales de tierra, siempre que con ellas no se exceda el límite legal, que se demuestre que es insuficiente la parcela original para dar los rendimientos económicos requeridos para el mantenimiento de la familia, y que tiene explotada racionalmente la parcela poseída. Artículo 78.-A las familias indígenas que sean trasladadas a otras zonas de conformidad con los artículos precedentes, el Instituto las indemnizará en los daños que pudiera ocasionarles. Artículo 79.-A efecto de otorgar parcelas a comunidades o familias indígenas, el Instituto no esperará solicitudes, sino que enviará delegados a esas zonas a ofrecerles parcelas y a exponer planes de trabajo, cuando éstos estén debidamente confeccionados y el Instituto en condiciones de realizarlos. Artículo 80.-El Instituto considerará la solución del problema indígena de gran importancia y urgencia. De ser necesario, por el exceso de población o por las diferentes costumbres, podrá formar varios centros agrarios, pero tratando de que estén cerca unos de otros“ (lo subrayado no es del original). De la lectura de dichas normas se infiere que la política estatal, independientemente de la existencia de tratados internacionales que velaban por la tutela de la propiedad indígena, no tutelaba de la misma manera que hoy se hace la inalienabilidad de los territorios indígenas. Luego, en 1977, se promulga la Ley Indígena, que en lo que nos interesa establece: Artículo 1. Son indígenas las personas que constituyen grupos étnicos descendientes directos de las civilizaciones precolombinas y que conservan su propia identidad. Se declaran reservas indígenas las establecidas en los Decretos Ejecutivos n6meros 5904-G del 10 de abril de 1976, 6036-G del 12 de junio de 1976, 6037-G del 15 de junio de 1976, 7267-G y 7268-G del 20 de agosto de 1977, así como la reserva indígena Guaimí de Burica Ley Expresa. Los límites fijados a las reservas, en los citados decretos, no podrán ser variados disminuyendo la cabida de aquellas sino mediante ley expresa. Artículo 2. Las Comunidades lndígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase. No son entidades estatales. Declarase propiedad de las comunidades indígenas las reservas mencionadas en el artículo primero de esta ley. La Procuraduría General de la Republica (sic) inscribirá en el Registro Publico (sic) estas reservas a nombre de las respectivas comunidades indígenas. Las reservas serán inscritas libres de todo gravamen. Los traspasos del Estado a las comunidades indígenas serán gratuitos, no pagaran (sic) derechos de Registro y estarán exentos de todo tipo de carga impositiva conforme a los términos establecidos en la ley de CONAI. Artículo 3. Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para [as (sic) comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas solo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de estas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las tierras indígenas estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros. Artículo 4. Las reservas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes de la Republica que los rijan, bajo la coordinación y asesoría de CONAI. La población de cada una de las reservas constituye una sola comunidad, administrada por un consejo directivo representante de toda la población; del Consejo principal dependerán los comités auxiliares si la extensión geográfica lo amerita. Artículo 5. En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley n.° 2825 de 14 de octubre de 1961 y sus reformas. Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI. Si posteriormente hubiera invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna. … Artículo 8. El ITCO, en coordinaci6n con la CONAI, será el organismo encargado de efectuar la demarcación territorial de las reservas indígenas, conforme a los límites legalmente establecidos. Artículo 9. Los terrenos pertenecientes al ITCO incluidos en la demarcación de las Reservas indígenas y las Reservas de Boruca-Térraba, Ujarrás-Salitre-Cabagra, deberán ser cedidos por esa Institución a las Comunidades indígenas. (lo subrayado no es del original). La normativa expuesta reconoce que antes de su vigencia existían terrenos a nombre del ITCO dentro de territorios indígenas. El supuesto analizado en este caso, de acuerdo con los fines de dicha normativa y lo demostrado en el procedimiento administrativo, debe considerarse cubierto por lo que regula el primer párrafo del numeral 5 de la Ley Indígenas, en lo que respecta únicamente a la propiedad sobre la finca P-210290-000, adquirida en 1994 la situación de la otra finca es diferente). Esto con base en los hechos tenidos por probados en la resolución recurrida, que permiten concluir la inscripción del asiento registral de la apelante se dio antes de la vigencia de la Ley Indígena. El que de acuerdo con los criterios vigentes actualmente sobre tutela de territorios indígenas, dicho título sea inválido, no implica que su adquisición original por los familiares del representante de la apelante en 1974 haya sido de buena fe. Por el contrario, se da bajo el amparo de las normas antes transcritas y la publicidad registral….”. Del extracto anterior se concluye el criterio mantenido por esta Cámara en cuanto a la forma para determinar si un propietario es de buena fe o no para los efectos del canon 5 de la Ley indígena. Se estimaba no se supeditaba exclusivamente a la fecha de adquisición del bien, sino que debían ponderarse a la luz de la legislación patria, propiamente el Código Civil en el numeral 285 los alcances de la buena fe, dentro del contexto registral y fáctico de cada caso. Ese criterio tomaba en cuenta la diversa casuística, conforme a la realidad social agraria imperante, según lo autoriza el espíritu del artículo 10 del Código Civil. Empero el análisis sobre la buena fe que había mantenido esta Cámara se ha visto modificado debido al cumplimiento del numeral 13 de la Ley de la jurisdicción constitucional. La sentencia 24725-2022 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las 12 horas 41 minutos del 19 de octubre de 2022 conoció de una acción: “…para que se declare inconstitucional la jurisprudencia de la Sala Primera de Casación (sentencias nros. 000920-F-S1-2015 de las 14:30 horas del 6 de agosto de 2015, 002848-A-S1-2020 de las 10:10 horas del 3 de diciembre de 2020, 002878-F-S1-2020 de las 10:35 horas del 10 de diciembre de 2020 y 000681-F-S1-2021 de las 10:00 horas del 25 de marzo de 2021), concerniente al artículo 3 de la Ley Indígena, por estimarla contraria a los numerales 9, 11, 41 y 45 de la Constitución Política, y a los principios de buena fe, confianza legítima y no confiscación, así como al ordinal 21 inciso 2 de la CADH”. En síntesis, según lo expresado por la Sala Constitucional en cita, el criterio jurisprudencial en análisis se sintetiza así: “…quienes adquieren terrenos en las reservas indígenas al amparo del Registro Nacional (sin anotación registral que indique que la finca adquirida se encuentra dentro de una reserva indígena), no son adquirentes de buena fe, y debido a ello, se les niega la indemnización que establece el ordinal 5 de la Ley Indígena”. Concluyó la Alta Cámara constitucional los citados criterios no contravienen el Derecho de la Constitución. Varios puntos de relevancia para resolver el asunto se deben extractar de la sentencia anterior, particularmente por lo preceptuado por el numeral 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional en cuanto establece la jurisprudencia y los precedentes son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma. 1. En el análisis de constitucionalidad se descartó infracción al numeral 45 de la Constitución Política, porque es en apego a esa estipulación las personas que de buena fe ostenta titularidad de un bien ubicado dentro de una reserva indígena, que es un espacio restringido y “deviene jurídicamente improcedente ejecutar tal acto traslativo de dominio, toda vez que el inmueble en cuestión es intransferible por imperativo de ley…carece de plausibilidad jurídica que una persona no indígena pueda adquirir válidamente una propiedad dentro de tal zona restringida, cuya delimitación física ya ha sido debidamente establecida y publicada a través de los decretos ejecutivos correspondientes”. Si el bien se traspasa, ese negocio jurídico es contra legem porque la propiedad se encontraba afectada por el régimen de propiedad indígena, al margen de lo indicado en el Registro Público al momento del acto negocial. Concluye esa idea la Sala indicando: “…el bien inmueble no podía ser objeto de comercio ni podía ser transferido a una persona ajena a la comunidad indígena”. 2. Analizó el principio de confianza legítima y se concluyó las sentencias analizadas no desatienden ese precepto: “Así, debe reiterarse que, con independencia de lo que se advierta registralmente, la propiedad integrada a una reserva indígena es intransmisible por disposición expresa de ley, de modo que no es posible recurrir a la buena fe registral o a una presunta confianza legítima para convalidar un acto negocial absolutamente nulo, efectuado en contravención al ordenamiento jurídico. Véase, una vez más, que la delimitación física de las reservas indígenas está establecida a través de distintos decretos ejecutivos, debidamente publicados; además, existe una prohibición legal expresa para que las personas no indígenas adquieran estas propiedades, por lo que los actos de traspaso son nulos. Por ello, la eventual omisión del Registro Público de consignar la afectación de reserva indígena sobre un inmueble de ninguna manera convalida algún acto traslativo de dominio efectuado al margen de la ley, ni constituye una causa idónea para que el adquirente de tal negocio nulo reclame una indemnización en los términos del ordinal 5 de la Ley Indígena, como pretende la parte recurrente”. 3. Tampoco observó vulneración al principio de responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por actividad jurisdiccional, por cuanto ese principio no es un desacuerdo con un criterio jurisprudencial sino implica la constatación de alguna irregularidad grave en el cumplimiento de las responsabilidades del Estado lo cual se debe acudir a las vías comunes. Como se expuso supra, lo resuelto por la Sala Constitucional es vinculante erga omnes y tal posición es acorde con el criterio de la Junta Directiva en cuanto el único factor para tener a un propietario de mala fe es porque se realizó un traspaso en fecha posterior a la creación del territorio indígena. En este caso de las manifestaciones del administrado y de la testigo se tiene que la adquisición fue en 1987 derivada de dos personas, momento para el cual ya se había publicado la Ley indígena y se había publicado el decreto ejecutivo 6037-G. Se aclara que otros documentos en páginas 15 a 18 y 49 a 53 del expediente administrativo son ilegibles por lo que no pueden ser valorados, y tampoco son referidos en la apelación sobre el posible valor probatorio y efecto que podría tener para modificar lo resuelto. Por último, también perece el agravio sobre la delimitación del territorio pues como se indicó se debe ceñir el razonamiento a los parámetros vertidos por la Sala Constitucional arriba comentados. \n\nPOR TANTO:\n\n Se rechaza la nulidad invocada. En lo apelado se confirma el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural contenido en el artículo número quince de la sesión ordinaria treinta y cuatro, celebrada el nueve de setiembre de dos mil veinticuatro.\n\n \n\n \n\n\n1NZAOJNMP6C61\nMAGDA DÍAZ BOLAÑOS - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\n\nD47KOXV8M43GK61\nALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\n\n6UBZUUDG1SQ61\nMARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 25-000005-0029-AG\n\nII Circuito Judicial San José, 4º piso, edificio de Tribunales de Justicia, Calle Blancos de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: 2247-9093. Fax: 2280-6317 ó 2280-8381. 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Attorney Juan Félix Vásquez Calderón, identity card one - five hundred eleven - four hundred forty, member of the Bar under number two thousand nine hundred fifty-six, acts as special judicial representative of the person subject to the administrative proceeding. Processed before the Instituto de Desarrollo Rural, Dirección Región Brunca.\n\nREASONS:\n\nI. In the resolution adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Rural under Article 15 of ordinary session 34, held on 9 September 2024, it ordered: “1) Declare Mr. ÁLVARO CORDERO ELIZONDO, identity card 1-0465-0922, to be a BAD-FAITH POSSESSOR, WITH NO RIGHT TO RELOCATION OR ANY COMPENSATION, pursuant to Article 5 of the Ley Indígena, and therefore order the authorities to carry out the immediate eviction from those lands, which must be delivered to the ADI of the Salitre Indigenous Territory.— 2) Once the Board of Directors has adopted the resolution, notify Mr. ÁLVARO CORDERO ELIZONDO, identity card 1-0465-0922, at his home in Olán, Buenos Aires, Puntarenas, telephone 8399-2031.— 3) This resolution may be challenged by a motion for revocation before the INDER Board of Directors and by an appeal to the Agrarian Court, acting as the hierarchical superior, within 3 business days counted from the day following notification.— 4) Once the appeal stage has ended and if there is no objection to the resolution adopted, the Board of Directors’ secretariat shall send administrative case file OD-SAL-001-2023 (REF PLN-RTI-SAL-001-2021) to CONAI, as well as to the Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Salitre, for their information. Approved unanimously.—” (page 97 of the physical administrative case file).\n\nII. The findings of fact are upheld because there is no evidentiary basis for modifying them.\n\nIII. The events found not to have been proven are upheld because they were not effectively challenged.\n\nIV. The challenge was filed by the person subject to the administrative proceeding, Álvaro Cordero Elizondo, through his special administrative representative, on the following grounds: As a preliminary matter, he states that his client did not have technical representation. He went to his office on the day the resolution was served. He is grateful for the attention the attorney received from INDER staff so that he could review the case file. He provides a historical account of the Olán community. In the 1970s, families from Buenos Aires de Puntarenas, such as the Jiménez and Tencio families, explored the Cordillera de Talamanca and discovered a territory at an altitude of 2000 meters. Access was originally extremely difficult, requiring hikes of 17 to 21 hours over steep terrain, such as the Escalera site. They used animals only to carry loads, and later laid planks to allow vehicles to pass along the precipices. The Instituto Costarricense de Tierras y Colonización (ITCO) contacted and invited families from Pérez Zeledón, including the Zúñiga Mora family and others, to move to and colonize the place, then known as Olán. ITCO formally granted leases to the farmers who settled there, with the aim of making Olán the vegetable-producing area for Buenos Aires. Between the late 1980s and early 1990s, the neighborhood organization succeeded in having the Municipality of Buenos Aires and MOPT provide a tractor for six months to open the permanent track connecting Olán with the city of Buenos Aires. He recounts that the inhabitants’ arrival in Olán was promoted by ITCO itself. Therefore, the original possession and subsequent transfers to third parties were made in good faith, and the State is responsible for the current legal situation. He states that, in applying the principle of ascertaining the material truth, he asks the Board of Directors, in accordance with Article 214 of the Ley general de la administración pública, to verify the documentary evidence submitted and the institutional archives before issuing a resolution. He reproduces excerpts from several documents submitted as evidence for the better resolution of the matter. He considers it unjust to evict his client on the basis of the declaration that he is a bad-faith possessor. Compliance is required with the due process established in Article 5 of the Ley Indígena; otherwise, Article 171 of the Ley general de la administración pública would be violated by allowing the State to benefit from its own administrative acts to the detriment of citizens. A second group of arguments concerns the administrative body’s lack of competence. In his view, Article 5 of the Ley Indígena assigns competence to the judicial body because the State itself, even when it uses a directing body, becomes both judge and party. In his view, this situation violates due process of law. He states that, under the cited Ley Indígena, the Ley general de expropiaciones must be applied, as it provides a complete due process for determining the matter in court. He observes that this procedure is not followed. It is also essential for the interested party to have legal representation; otherwise, the State must provide it to ensure procedural equality between the parties, which did not occur in this case. He states that they are not unaware of the scope of Constitutional Chamber (Sala Constitucional) ruling number 03654-2023 of 17 February 2023 concerning the National Plan for the Recovery of Indigenous Territories program, or ruling 24725 2022 of 19 October 2022, but that the situation of the farmers of Olán is sui generis for the reasons stated. He reproduces an excerpt from the cited judgment. He argues that all of the foregoing follows not only from what the Sala Constitucional has said, but also from what he considers correct: indigenous territories are those defined by decrees and incorporated into the second paragraph of the Ley Indígena of November 1977. In his view, that law did not include any decree defining the territory of the Indigenous people of Buenos Aires. He understands that this is a strong assertion, but not a reckless one, given the ideological position, inspiration, and motivation concerning the subject, because this is a state governed by the rule of law and bound by the body of law, not by opinions or wishes but by what has been enacted as law. He lists the decrees that created the various territories. He states that the Indigenous territories of Buenos Aires are supported only by decree DE-13571-G of 1982. In his view, this is what is established by the national body of law referred to in Article 6 of the Ley general de la administración pública and Articles 1 and 2 of the Código civil. He therefore asserts that those lands are not covered by the constitutional guarantee of the statutory reservation. Accordingly, he understands that restrictions may not be imposed on possessors without prior payment, whether they possess in good or bad faith, pursuant to Article 5 of the Ley Indígena. He insists that the territories created by decrees are the only ones protected under that law. He states that INDER lacks authority to establish an administrative body to determine whether possession is in good faith, and that this is a matter for the courts with respect to the Indigenous territory of Buenos Aires, though not with respect to the rest of the country. As a third ground, he challenges the administrative procedural activity as being affected by absolute nullity. He refers to the repeal of Executive Decrees 45 of 1945 and 34 of 1956 by the law creating the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. He reproduces Article 29 of that statute. He considers the legal basis of the administrative act illegal and, consequently, absolutely null. In his view, the Indigenous territory of Salitre, Buenos Aires, is supported by decree 13571-G-1982; however, under the normative hierarchy governing the body of law, a decree cannot regulate a matter reserved to statute, such as the principle of private property in Article 45 of the Constitution. It must therefore first be compensated in accordance with the principles of the Ley general de expropiaciones. He cites ILO Convention 169, which the decree invokes, but argues that it does not grant the decree the rank needed to impose restrictions on property rights until the State compensates the owner. He cites and reproduces the following provisions: Article 158(1), (2), and (3) of the Ley general de administración pública; Articles 162, 166, 169, 171, and 172; and Articles 180 and 183. He states that, given the significance of the challenged act for his client, the decision-making body must, as a matter of procedural loyalty, be reminded of the consequences for the liability of the administration and public servant set out in the Ley general de la administración pública. He refers to pages 12 and 13 of the administrative case file, where the map locating his client’s property within the Salitre Indigenous territory appears. He states that if decree 34 of 1956 is used and compared with decree 13571-G-1982, there is no match, since the latter expanded the territory. He states that the Olán community was not part of what was then called the indigenous reserve, since that community did not exist; rather, the ITCO initiative sought to expand the agricultural frontier, based on law 2825 of 14 October 1961, specifically Articles 75 to 81, as recounted above. He also points out that, to date, that area has not been demarcated anywhere in the country, so the territory’s boundaries are unknown and there is no absolute certainty as to where it begins or ends. At most, a few boundary markers can be seen in the center of the Salitre community. Page 15 of the case file contains the applicable provisions, which he reproduces. He also transcribes Article 129 of the Constitution, Article 8 of the Código civil, and cites Articles 6 to 11 of the Ley general de la administración pública. He considers that, if the rules of legal interpretation are applied in sequence, the directing body provided the Board of Directors with a technical report affected by absolute nullity. He reproduces Articles 128, 130.2, 132, and 141, all of the Ley general de la administración pública. He challenges the facts found proven in the appealed resolution. He states that, having set out the aspects of the legality of the Indigenous territory of Buenos Aires and how the nullity observed in the proceeding affects it, he challenges each fact found proven because they are considered distorted. Specifically, he refers to the fact concerning Executive Decree 6037-G of 1976, which did not create the Indigenous territory for the canton of Buenos Aires. That fact refers to the decree, but he maintains that the decrees were repealed in 1973. This means the resolution is invalid, and for that reason he challenges each of the proven facts. Finally, he asks that the administrative act be revoked and that the State be ordered, in application of the principle of legality and due process, to process the case through the appropriate channels. As evidence, he attaches copies of two lease agreements granted by ITCO in Olán, Buenos Aires, to the Zúñiga Mora family and the Jiménez Borbón family; these are admitted (folios 139 to 157 of the physical administrative case file).\n\nV. As to the procedural issues, in light of the alleged nullity, lack of competence is asserted. It must be borne in mind that this administrative proceeding was instituted to determine the status of the person subject to the proceeding’s continued presence within Indigenous territory and the capacity in which he possesses the land. First, the basis for this proceeding derives from Article 5 of the Ley Indígena, which provides: “In the case of non-Indigenous persons who own or possess in good faith within Indigenous reserves, ITCO must relocate them to other similar lands if they so wish; if it is not possible to relocate them or they do not accept relocation, they must be expropriated and compensated in accordance with the procedures established in the Ley de Expropiaciones. (As amended by Article 65, subsection d), of Law No. 7495 of 3 May 1995). The studies and procedures for expropriation and compensation shall be carried out by ITCO in coordination with CONAI. If non-Indigenous persons subsequently invade the reserves, the competent authorities must proceed immediately to evict them, without any compensation. Expropriations and compensation shall be financed by a contribution of one hundred million colones in cash, to be allocated in four annual installments of twenty-five million colones each, beginning in 1979; those installments shall be included in the Republic’s general budgets for 1979, 1980, 1981, and 1982. The fund shall be administered by CONAI under the supervision of the Contraloría General de la República.” The law directs ITCO, now the Instituto de Desarrollo Rural, abbreviated INDER, to determine who are persons located within Indigenous territory in good faith. In judgment number 10290-2004, issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at 16:59 on 21 September 2004, the relevant portion stated: “In exercising their powers, competences, or functions, public administrations must hear and decide in the prior administrative or governmental forum, through a proceeding, the many applications of persons subject to the administration or users of public services, for the purpose of obtaining a final administrative act, whose psychological content may be one of will, judgment, or knowledge. That conclusive administrative act in an administrative proceeding may grant or recognize subjective rights or legitimate interests—substantive legal situations (favorable acts)—or may eliminate or deny them or impose obligations (acts imposing a burden or taking away rights)…”. The public Administration is subject to the procedures of the Ley general de la administración pública for the purpose, among others, of respecting the fundamental guarantees of private individuals. Article 129 thereof specifies that the act must be issued by the competent body and by the public servant duly appointed at the time of issuance, after all the substantial procedural steps prescribed for that purpose and the requirements essential to the exercise of competence have been met. The proceeding guarantees due process, the right of defense, and protection against excess of power. In light of the foregoing, INDER has competence to conduct this proceeding administratively, and under Article 2(f) of the Ley de jurisdicción agraria, which applies to this matter because of the date it commenced, this Court must hear the appeal against the decision issued by INDER’s Board of Directors. Nor is there any basis for the claim that the procedure under the Ley de expropiaciones must be used, because the competence in this proceeding is limited to the matters set out in the notice of charges on pages 4 to 12 of the administrative case file. The challenged administrative decision does not exceed those limits. Thus, this proceeding may investigate only whether Álvaro Cordero Elizondo is the legitimate possessor and owner of an 18-hectare, 0380.77-square-meter parcel located in Salitre, Buenos Aires, Puntarenas, and how and when the transfer took place. The consequence established in the initial resolution under review is that, if he does not prove that he acquired that property before the Ley Indígena was enacted and the decrees defining the Salitre territory were published, he must immediately vacate the occupied property. The scope of the notice of charges does not specify any matter concerning expropriation, so there is no defect to declare. As to the challenge to the proven facts on grounds of nullity, no nullity-related prejudice is specified; instead, the argument points to illegality arising from a substantive issue concerning the creation of the Salitre Indigenous territory.\n\nVI. As to the substantive issues, he asserts that the law included no decree defining the territory of the Indigenous people of Buenos Aires because this situation differs from others. However, the challenged resolution stated: “It is also very important to point out that Article 1 of the Ley Indígena provides that the boundaries established for reserves created by Executive Decree (and declared as such in that decree) may not be changed so as to reduce their area, except by express statute. One of the reserves recognized by the Ley Indígena is Ujarrás-Salitre-Cabagra (Executive Decree No. 6037-G), from which the current Bribrí de Salitre Indigenous Reserve originates. Specifically, the Ujarrás-Salitre-Cabagra Indigenous Reserve was created by Executive Decree No. 34 of 15 November 1956, which described Lot II in Article 1. That decree was issued under the authority granted by the final paragraph of Article 8 of the Ley General de Terrenos Baldíos (No. 13 of 1 January 1939) and in accordance with Executive Decree No. 45 of 3 December 1945. Both provisions formed the legal framework for creating those territories. The Ley General de Terrenos Baldíos provided: — Decree No. 45, in turn, declared vacant lands occupied by Indigenous tribes to be inalienable and the exclusive property of those tribes. It also recognized the importance of preserving them and noted the need to delimit them.—Later, when the law creating the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (No. 5251 of 11 July 1973) was enacted, Article 29 expressly repealed Executive Decree No. 45 of 3 December 1945 and No. 34 of 15 November 1956, which had created the Ujarrás-Salitre-Cabagra Indigenous Reserve. However, by Law No. 5651 of 13 December 1974, the law creating the Comisión Nacional de Asuntos Indígenas was amended by adding a transitional provision that again granted the already-created Indigenous reserves the status of inalienability, and which, at that time, were registered in the name of the Instituto de Tierras y Colonización. Subsequently, the cited Executive Decree No. 6037-G of 26 May 1976 was issued, extending to the Ujarrás-Salitre-Cabagra Indigenous Reserve certain regulations governing Indigenous territories set out in Executive Decree No. 5904-G of 11 March 1976, including the declaration that Indigenous communities own the reserves; that the reserves are inalienable, non-transferable, and exclusive to the Indigenous communities living there; and a series of prohibitions on non-Indigenous persons within reserve boundaries. As stated at the outset, Article 1 of the Ley Indígena recognized and declared as the Ujarrás-Salitre-Cabagra Reserve the one created by Decree 6037-G. To complete this account of the law, after the Ley Indígena was enacted, Executive Decree No. 13571 of 30 April 1982 was issued, providing for the division of the Ujarrás-Salitre-Cabagra Indigenous Reserve (registered as a single property in the Public Registry in the name of the then Instituto de Tierras y Colonización) into three separate reserves, each with its own identity and local organization. The decree’s recitals state that the reserve was divided at the request of the three Indigenous communities concerned. The decision was intended to resolve conflicts that had arisen among them over occupation of the same territory. Accordingly, the Ujarrás-Salitre-Cabagra Indigenous Reserve was divided into the Cabécar de Ujarrás Indigenous Reserve, the Bribrí de Cabagra Indigenous Reserve, and, which is the subject of this consultation, the Bribrí de Salitre Indigenous Reserve, whose boundaries were expressly and specifically established in Article 3 of the cited decree. Thus, the boundaries of the Bribrí de Salitre Indigenous Reserve are those set out in Article 3 of that regulatory instrument. This is the description that the then Instituto de Desarrollo Agrario should have used to prepare cadastral plan No. P-56170-1992, which was used to register property No. 77935 in the Public Registry in the name of the Asociación de Desarrollo Integral de Salitre Buenos Aires…” (folios 92 front to 93 reverse of the administrative case file; in this same regard, see the opinion of the Procuraduría General de la República, C-356-2015, of 18 December 2015). The extensive passage quoted from the appealed resolution shows that the Salitre territory was legally constituted under the Ley General de Terrenos Baldíos in 1939 (Article 8 declares inalienable and the exclusive property of Indigenous people a reasonable area, in the judgment of the Executive Branch, in places where Indigenous tribes exist, in order to preserve our native people and protect them from future injustices). The authority to delimit those areas by executive decree is seen to have been granted at that point. Article 1 of decree 6037-G stated: “The provisions adopted in Articles 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, and 15 of Decree No. 5904-G of 14 March 1976, published in Supplement No. 60 to La Gaceta No. 70 of 10 April 1976, are hereby extended to the Boruca and Üjarrás-Salitre-Cabagra Indigenous Reserves.” Executive Decree 13571 subsequently divided the territories, leaving Bribrí Salitre independent of the other two mentioned in the decree cited above. Accordingly, there is no basis for nullity in the legal foundation for creating the Salitre territory at issue here.\n\nVII. Moreover, it is undisputed that the parcel is located within Bribrí Salite territory. The central issue on appeal is the challenge to the legal basis for creating that territory. However, no evidence is submitted to refute what was quoted above from the challenged resolution and what was also analyzed by the Procuraduría General de la República, given that the person subject to the administrative proceeding bears the burden of proof, having been granted that right in the initial resolution on page 36 of the administrative case file. The document submitted with the appeal at folio 123 front refers to an occupation by Víctor Manuel Porras; another document, issued on 09 May 1972, refers to occupation by the brothers Heriberto, Ramiro, and José Luis Jiménez Borbón (folio 124 reverse of the file), but neither mentions Álvaro Cordero. It is therefore not useful evidence to prove that his occupation complies with the Ley Indígena. At the oral and private hearing, the appellant and his wife, the witness, stated: “…that he entered Olan (sic) Salitre in 1987, that he bought the land from Luis Angel (sic) Acuña Montero and Don (sic) Juan Núñez Camacho, who had themselves entered around 1972, and that Itco (sic) had issued them a certificate of possession, but those men have since died. Mrs. VILMA MORA testified that since 1987 the land has belonged to her husband and that they bought it from Juan Núñez Camacho and Luis Ángel Acuña Montero, and that they have structures and small animals there” (folios 53 and 54 of the physical administrative case file). These statements show that the person subject to the administrative proceeding entered the Salitre territory after the Ley Indígena.\n\nVIII. It is appropriate to revisit what this Chamber stated in its decision issued at 14 hours 37 minutes on 24 June 2021 on the subject: “… The administrative body, when analyzing good faith (the principal purpose of administrative proceedings), uses as its sole criterion for rejecting its existence whether the land was registered as individually owned private property before or after an Indigenous Territory was created. That criterion unquestionably determines the validity of the title, because if it is created after the Indigenous Territory, it cannot be considered valid and must be annulled. But that is not sufficient to classify as a bad-faith purchaser and owner someone whose name appears in the land registry as the owner of a property, even if the entry was made after promulgation of the decree or law affecting the specific Indigenous Territory. Other factors must also be reviewed, given the context of land tenure related to Indigenous communities in our country. In cases such as this one, the origin of the appellant’s registered title and the particular circumstances of its transfer and acquisition must also be considered, including whether it was possible to know that the properties were located within an Indigenous Territory. This is especially so because, historically, the boundaries of those territories have not always had marks or signs that are visible or easy to identify; indeed, given the way they were established, they have had to be modified over time, by excluding or including areas that were not of interest to the Indigenous communities. Moreover, for present purposes, the creation date of the specific territory and the age of the title now considered invalid must be borne in mind, in order to analyze whether the person subject to the administrative proceedings acquired it in good faith. In this regard, the following is relevant to this matter: 1) Indigenous property, which is private collective property, is inalienable, which means that it should not be acquired or possessed by non-Indigenous people. However, effective governance to guarantee this condition has not existed in the country. As the challenged decision emphasizes, the first body of legislation to recognize the inalienability of those lands was the Ley de Terrenos Baldíos of 1939. But at that time, nor for many years afterward, were the Indigenous Territories materially or physically demarcated. Decree 34 of 15 November 1956 contained a demarcation, but it was archaic. Laws such as Law No. 2861 were later enacted, creating confusion on the issue. 2) The Indigenous Territories at issue, the Térraba and Curré Indigenous Reserves, were created by Decree 34 of 15 November 1956, published in January 1957, as the Boruca-Térraba Reserve. Decree 6037 of 26 May 1976 and the Indigenous Law reaffirmed the status of that Reserve. By Decree 16570 of 25 September 1985, the reserve was divided under the names Brunka, Brunka de Curré, and Térraba. CONAI, in coordination with the three Local Development Associations, was to define the exact boundaries between them. This was reflected in Decree 22203 of 7 June 1993, which is currently in force. 3) Property P-21025-000 is located within the Térraba and Curré Indigenous Territories, and P-21029-000 within the former. 4) Good faith for purposes of possession relates to the attitude, belief, or knowledge of the possessor that their possession is legitimate. It is the belief that one is acting properly or improperly at the time of taking possession, as provided in Article 285 of the Civil Code. It states: ‘…a person is considered a good-faith possessor if, when taking possession, they believed they had the right to possess. If there was sufficient reason to doubt that they had that right, they must not be considered a good-faith possessor…’. Article 286 of the same body of law provides that, where there is doubt, possession is presumed to be in good faith. In decision 312 of 4 June 2003, the First Chamber of the Supreme Court of Justice explained the matter as follows: ‘V.- Indeed, good faith, governed by Article 285 of the Civil Code, is not reducible to a mere evaluative judgment made within the mind of someone who says they entered into possession of property or possessed it with a right to do so. There must be circumstances that would make that belief justifiable for an average person, since if objectively sufficient grounds exist to make the taking of possession doubtful, the person must not be considered a good-faith possessor.’ 5) The administrative proceedings established that the properties registered in the name of the appellant company (P-21025-000 and P-21029-000) were titled by ITCO, as part of a parent property, through possessory-information proceedings. Later, in deed 21 of volume 11 of the protocol of notary Adrián Argüello Artavia, three lots were subdivided and sold, subject to the legal restrictions in Law 2861, to relatives of the representative of the appellant company in May 1974 (lot one corresponds to property P-21025-000 and lot two to property P-21029-000) (folios 21 to 39). Those relatives in turn transferred them to other companies formed by family members, and the appellant ultimately acquired them in 1994 and 2003. Given the origin of the title, it is important to emphasize that effective governance to guarantee the legally established inalienability of Indigenous Territories, which has been in place for many years as explained above, has not existed in the country. Problems in this regard persist even today. During the second half of the last century, circumstances arose that allowed land to be registered as individually owned private property despite being located within Indigenous Territories created several years earlier. The reasons range from a lack of knowledge of the physical boundaries of Indigenous Territories, to past land-titling policies and the absence of governance on this issue in Indigenous Territories. It is therefore unsurprising that a state entity titled land encompassing Indigenous Territories, as happened in this case. Indeed, several provisions in CHAPTER IV, Land Subdivision, of the Ley de Tierras y Colonización, which entered into force on 14 October 1961 (before the Indigenous Law), address the issue as follows: ‘Article 75.—The Institute, in coordination with the relevant bodies, shall ensure the accommodation of Indigenous communities or families in keeping with the spirit of this law. It shall not be declared that the extensive areas where these communities live in isolation belong exclusively to them. Rather, an effort shall be made to bring all these communities together in a single agrarian center, in an area the Institute considers appropriate, using the land area necessary for that purpose. Article 76.—Plots that the Institute identifies as the minimum necessary to meet the needs of Indigenous families, and that can be worked by that group without the need for wage workers, shall be granted to them free of charge and in ownership. Article 77.—The beneficiaries of the plots referred to in the preceding article may subsequently request that the Institute sell them additional areas of land, provided those areas do not exceed the legal limit, it is shown that the original plot is insufficient to produce the economic returns needed to support the family, and the plot in their possession is being worked rationally. Article 78.—The Institute shall compensate Indigenous families transferred to other areas in accordance with the preceding articles for any harm that may be caused to them. Article 79.—For the purpose of granting plots to Indigenous communities or families, the Institute shall not wait for applications, but shall send delegates to those areas to offer plots and present work plans once those plans have been duly prepared and the Institute is able to carry them out. Article 80.—The Institute shall consider resolving the Indigenous problem to be of great importance and urgency. If necessary because of overpopulation or differing customs, it may form several agrarian centers, but shall endeavor to have them close to one another’ (emphasis not in the original). Reading those provisions shows that state policy, notwithstanding the existence of international treaties protecting Indigenous property, did not protect the inalienability of Indigenous Territories in the same way it does today. Later, in 1977, the Indigenous Law was enacted, establishing, insofar as relevant here: Article 1. Indigenous people are those who form ethnic groups directly descended from pre-Columbian civilizations and who preserve their own identity. The Indigenous Reserves established by Executive Decrees numbered 5904-G of 10 April 1976, 6036-G of 12 June 1976, 6037-G of 15 June 1976, 7267-G and 7268-G of 20 August 1977, as well as the Guaimí de Burica Indigenous Reserve established by express law, are hereby declared to be Indigenous Reserves. The boundaries set for the reserves in those decrees may not be changed to reduce their area except by express law. Article 2. Indigenous Communities have full legal capacity to acquire rights and assume obligations of every kind. They are not state entities. The reserves mentioned in Article 1 of this law are declared to be the property of the Indigenous communities. The Procuraduría General de la República shall register these reserves in the Public Registry in the name of the respective Indigenous communities. The reserves shall be registered free of all encumbrances. Transfers from the State to the Indigenous communities shall be free of charge, shall not incur Registry fees, and shall be exempt from all types of taxes under the terms established in the CONAI law. Article 3. Indigenous Reserves are inalienable and imprescriptible, non-transferable, and reserved exclusively for the Indigenous communities that inhabit them. Non-Indigenous people may not rent, lease, purchase, or otherwise acquire land or properties within these reserves. Indigenous people may negotiate their lands only with other Indigenous people. Any transfer or negotiation of land or improvements within Indigenous Reserves between Indigenous and non-Indigenous people is absolutely null, with the corresponding legal consequences. Indigenous lands and their improvements, and the products of those lands, shall be exempt from all national or municipal taxes, present or future. Article 4. The reserves shall be governed by Indigenous people under their traditional community structures or the laws of the Republic that govern them, under the coordination and guidance of CONAI. The population of each reserve constitutes a single community, administered by a board representing the entire population; auxiliary committees shall report to the main board if the geographic area warrants it. Article 5. In the case of non-Indigenous people who own or possess property in good faith within Indigenous Reserves, ITCO shall relocate them to other similar lands if they so wish; if relocation is not possible or they do not accept it, they shall be expropriated and compensated in accordance with the procedures established in Law No. 2825 of 14 October 1961, as amended. ITCO shall conduct the expropriation and compensation studies and procedures in coordination with CONAI. If non-Indigenous people subsequently invade the reserves, the competent authorities shall immediately evict them without any compensation. … Article 8. ITCO, in coordination with CONAI, shall be responsible for demarcating the Indigenous Reserves in accordance with their legally established boundaries. Article 9. Lands belonging to ITCO that are included within the demarcation of the Indigenous Reserves and the Boruca-Térraba, Ujarrás-Salitre-Cabagra Reserves shall be ceded by that institution to the Indigenous Communities’ (emphasis not in the original). The legislation set out above acknowledges that, before it entered into force, there were lands within Indigenous Territories registered in the name of ITCO. In light of the purposes of that legislation and what was established in the administrative proceedings, the situation analyzed in this case must be considered covered by the first paragraph of Article 5 of the Indigenous Law, solely as regards ownership of property P-210290-000; the situation of the other property is different. This is based on the facts found proven in the challenged decision, which permit the conclusion that the appellant’s land-registry entry was made before the Indigenous Law entered into force. The fact that, under the criteria currently in force for the protection of Indigenous Territories, that title is invalid does not mean that its original acquisition by the appellant’s representative’s relatives in 1974 was in good faith. On the contrary, it took place under the protection of the provisions transcribed above and the publicity of the land registry….”\n\nThe foregoing excerpt establishes the criterion this Chamber maintained for determining whether an owner acted in good faith for purposes of Article 5 of the Indigenous Law. It was considered that the determination did not depend exclusively on the date of acquisition of the property; rather, the scope of good faith under domestic legislation—specifically Article 285 of the Civil Code—had to be weighed in light of the registry and factual context of each case. That criterion took the variety of cases into account, consistent with the prevailing agrarian social reality, as authorized by the spirit of Article 10 of the Civil Code. However, the Chamber’s analysis of good faith has been modified as a result of compliance with Article 13 of the Law on Constitutional Jurisdiction. In judgment 24725-2022, issued by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice at 12 hours 41 minutes on 19 October 2022, the Chamber considered an action: “…seeking a declaration that the case law of the First Chamber of Cassation (judgments Nos. 000920-F-S1-2015 of 14:30 hours on 6 August 2015, 002848-A-S1-2020 of 10:10 hours on 3 December 2020, 002878-F-S1-2020 of 10:35 hours on 10 December 2020, and 000681-F-S1-2021 of 10:00 hours on 25 March 2021), concerning Article 3 of the Indigenous Law, is unconstitutional on the grounds that it contravenes Articles 9, 11, 41, and 45 of the Political Constitution; the principles of good faith, legitimate expectation, and non-confiscation; and Article 21(2) of the CADH.” In summary, according to the Constitutional Chamber’s statements cited above, the case-law criterion under review is summarized as follows: “…those who acquire land in Indigenous Reserves under the protection of the National Registry (with no registry notation indicating that the acquired property is located within an Indigenous Reserve) are not good-faith purchasers and, for that reason, are denied the compensation provided for in Article 5 of the Indigenous Law.” The Constitutional Chamber concluded that the cited criteria do not contravene Constitutional Law. Several relevant points must be drawn from that judgment to resolve this matter, particularly in light of Article 13 of the Law on Constitutional Jurisdiction, which provides that case law and precedents are binding erga omnes, except on the Chamber itself.\n\n1. In its constitutional review, the Chamber rejected a violation of Article 45 of the Political Constitution because, in compliance with that provision, people who in good faith hold title to property located within an Indigenous Reserve—a restricted area—“cannot legally carry out such a transfer of ownership, since the property in question is non-transferable by operation of law… it is legally implausible for a non-Indigenous person to validly acquire property within such a restricted area, the physical boundaries of which have been duly established and published through the corresponding executive decrees.” If the property is transferred, the transaction is contra legem because the property was subject to the Indigenous property regime, regardless of what the Public Registry stated at the time of the transaction. The Chamber concluded this point by stating: “…the real property could not be traded or transferred to a person outside the Indigenous community.”\n\n2. The Chamber analyzed the principle of legitimate expectation and concluded that the judgments under review do not disregard that principle: “Thus, it must be reiterated that, regardless of what the registry shows, property incorporated into an Indigenous Reserve is non-transferable by express provision of law. Accordingly, registry good faith or alleged legitimate expectation cannot be relied on to validate an absolutely null transaction carried out in violation of the legal order. It bears repeating that the physical boundaries of Indigenous Reserves are established through various duly published executive decrees; moreover, there is an express legal prohibition on non-Indigenous people acquiring these properties, and transfers are therefore null. For that reason, the Public Registry’s possible omission to record that a property is affected by an Indigenous Reserve in no way validates a transfer of ownership made contrary to law, nor does it constitute a valid ground for the purchaser in such a void transaction to claim compensation under Article 5 of the Indigenous Law, as the appellant seeks to do.”\n\n3. The Chamber also found no violation of the principle of the State’s non-contractual liability for judicial activity, because that principle does not concern disagreement with a case-law criterion; it requires finding some serious irregularity in the discharge of the State’s responsibilities, which must be pursued through the ordinary channels. As explained above, the Constitutional Chamber’s ruling is binding erga omnes, and that position accords with the criterion of the Board of Directors that the sole factor for deeming an owner to have acted in bad faith is that the transfer took place after creation of the Indigenous Territory. In this case, the statements of the person subject to the administrative proceedings and the witness show that the acquisition took place in 1987 from two people, by which time the Indigenous Law and Executive Decree 6037-G had already been published. It is clarified that other documents on pages 15 to 18 and 49 to 53 of the administrative file are illegible and therefore cannot be assessed; nor does the appeal refer to their possible evidentiary value or any effect they might have on changing the decision. Lastly, the grievance concerning demarcation of the territory also fails, since, as stated, the reasoning must adhere to the parameters set out above by the Constitutional Chamber.\n\nTHEREFORE:\n\nThe motion for nullity is denied. As to the appealed matters, the decision of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Rural contained in Article number fifteen of ordinary session thirty-four, held on 9 September 2024, is affirmed.\n\n\n1NZAOJNMP6C61\nMAGDA DÍAZ BOLAÑOS - DECIDING JUDGE\n\n\nD47KOXV8M43GK61\nALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA - DECIDING JUDGE\n\n\n6UBZUUDG1SQ61\nMARÍA ROSA CASTRO GARCÍA - DECIDING JUDGE\n\nEXP: 25-000005-0029-AG\n\nII Judicial Circuit of San José, 4th floor, Courthouse building, Calle Blancos de Goicoechea, opposite the parking lot of Hospital Hotel La Católica. Telephone: 2247-9093. Fax: 2280-6317 or 2280-8381. Email: tagrario-sgdoc@poder-judicial.go.cr"
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