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  "citation": "Res. 01396-2026 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José",
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  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Apelación sobre demolición de tapia en refugio",
  "title_en": "Appeal Concerning Wall Demolition in Wildlife Refuge",
  "summary_es": "El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal declaró sin lugar el recurso de la defensa contra la orden de demoler una tapia construida dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y restituir el sitio a su estado natural. Consideró que el terreno es estatal, que la construcción carecía de permisos y que causó daño ambiental; además, la defensa no acreditó un agravio propio ni refutó los fundamentos de la jueza de juicio. El Tribunal señaló que la Ley N.° 9223, que había redefinido los límites del refugio, fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional y no tuvo efecto legal. La absolución por invasión de un área de conservación y violación de sellos no fue objeto de revisión, pues ninguna parte apeló ese extremo.",
  "summary_en": "The Criminal Judgment Appeals Tribunal denied the defense appeal against the order to demolish a wall built within the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge and restore the site to its natural state. It considered the land to be State-owned, the construction to lack permits, and the wall to have caused environmental damage; the defense also failed to show harm to the accused or challenge the trial judge’s reasoning. The Tribunal noted that Law No. 9223, which had redefined the refuge’s boundaries, was declared unconstitutional by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) and had no legal effect. The acquittal for invading a conservation area and violating seals was not reviewed because no party appealed that part of the judgment.",
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    "Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo",
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  "excerpt_es": "Por las características propias de la materia ambiental, el análisis judicial debe ser transversal. La persona juzgadora debe ponderar la normativa nacional (numeral 50 de la Constitución Política, artículo 11 de la Ley de Biodiversidad (criterio preventivo y precautorio -in dubio pro natura-), numeral 19 de la Ley Forestal y artículo 2 inciso d) de la Ley Orgánica del Ambiente) y supraconstitucional (Declaración de Río, principio 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo) conforme a los principios que rigen la materia.\n\nConforme a los hechos acreditados, la tapia fue construida en el año 2013 y se realizó dentro del área protegida del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (ver dictamen pericial emitido por el Departamento de Ingeniería Forense n.° 0748-ING-2013). Esa sola condición conlleva que, al haberse construido dentro de un bien demanial y causar daño ambiental deba disponerse el derribo y restitución natural.",
  "excerpt_en": "Given the particular characteristics of environmental matters, judicial analysis must be cross-cutting. The judge must weigh national law (Article 50 of the Political Constitution, Article 11 of the Biodiversity Law (the preventive and precautionary criterion—in dubio pro natura—), Article 19 of the Forestry Law, and Article 2(d) of the Organic Law of the Environment) and supraconstitutional law (the Rio Declaration, Principle 15 of the United Nations Conference on Environment and Development) in accordance with the principles governing the field.\n\nAccording to the established facts, the wall was built in 2013 within the protected area of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge (see expert report No. 0748-ING-2013 issued by the Forensic Engineering Department). That fact alone means that, because it was built on State-owned public-domain land and caused environmental damage, demolition and natural restoration must be ordered.",
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    "summary_es": "Se declaró sin lugar la apelación de la defensa y se mantuvo la orden de demoler la tapia y restituir naturalmente el sitio; la absolución no fue revisada."
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      "quote_es": "Los linderos del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo están delimitados previo a la construcción de la tapia en cuestión y son los mismos que se mantienen a la fecha."
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      "quote_es": "Así las cosas, no puede invocarse el derecho de un tercero o una posible afectación patrimonial, ya que la persona o personas que construyeron dicha tapia dentro del área de conservación lo hicieron contra ley y más bien produjeron un daño en el ambiente que estarían en la obligación de indemnizar."
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  "body_es_text": "Resolución: 2026-1396 \n\nExpediente: 13-000068-0597-PE (11) \n\n \n\n Tribunal de Apelación de Sentencia Penal. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, al ser las diez horas con veinticuatro minutos, del siete de agosto de dos mil veintiséis.\n\n Recurso de Apelación interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], quien es mayor de edad, costarricense, cédula de identidad número [Valor 001], nacido en Limón, el 18 de marzo de 1982, hijo de [Nombre 002] y [Nombre 003], vecino de San José, Dota; por el delito de invasión a un área de conservación y violación de sellos, en perjuicio de los recursos naturales. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces Alfredo Araya Vega; Giovanni Artavia Mena y Rafael Mayid González González. Se apersonaron en esta sede el licenciado Eduardo Barboza Orias en calidad de defensor particular del acusado y la licenciada Margot Avellán Ruiz en representación de la Procuraduría General de la República.\n\nRESULTANDO:\n\n I.- Que mediante sentencia número 206-2026, de las dieciséis horas con cinco minutos del dos de junio de dos mil veintiséis, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Sede Bribri, resolvió: \"POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39, 41, 50 de la Constitución Política, 1, 30, 45 del Código Penal; artículos 32, 40, 41, 51 y 52 de la Ley Orgánica del Ambiente, artículo 10 inciso d de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículos 1 al 15, 140, 142, 145, 180 a 184, 324 a 340, 341, 343, 349 a 354, 356, 358, 360, 361, 363, 364, 365 y 366 del Código Procesal Penal, este Tribunal Unipersonal, de conformidad con el principio universal de indubio Pro Reo, se resuelve: PRIMERO: Se ABSUELVE DE TODA PENA y RESPONSABILIDAD a [Nombre 001], por los delitos de INVASIÓN A UN ÁREA DE CONSERVACIÓN Y VIOLACIÓN DE SELLOS, presuntamente cometidos en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. SEGUNDO: Se ordena levantar toda medida cautelar de carácter personal, orden de captura o similar que pese sobre la persona imputada con ocasión a este proceso. TERCERO: De conformidad con los principios pro natura y precautorio, se ordena al Ministerio de Ambiente y Energía, por medio de los funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, proceder en el plazo de quince días hábiles, a partir de la firmeza de la presente sentencia, a demoler la tapia perimetral ubicada en Limón, Talamanca, Punta Uva, sobre la ruta Nacional 256, específicamente 100 metros al sur de la entrada principal de Playa Punta Uva, coordenadas indicadas en el informe CARTA-SINAC-ACLAC-DR DRFVS-065-2026 de fecha 28 de mayo de 2026. Se ordena la comunicación personal del director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Área de Conservación La Amistad Caribe, a fin de que proceda con el cumplimiento de lo ordenado. CUARTO: Se dicta esta sentencia sin especial condenatoria en costas y son los gastos del proceso penal a cargo del Estado. Se ordena el archivo del expediente. Las partes podrán aportar un disco compacto en formato DVD al despacho y así obtener copia de la sentencia que se expuso integralmente en forma oral, quedando las partes notificadas en el acto. Licenciada. Thamara Leandro White. Jueza de Juicio.\" \n\n II.- Que, contra el anterior pronunciamiento, interpuso recurso de apelación el licenciado Eduardo Barboza Orias en calidad de defensor particular del acusado.\n\n III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.\n\n IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\n Redacta el juez de Apelación de Sentencia Penal Araya Vega; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- Admisibilidad. El licenciado Eduardo Barboza Orias, en su condición de defensor particular del imputado [Nombre 004] presenta recurso de apelación contra la sentencia n.° 206-2026, dictada por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Bribrí, de las dieciséis horas con cinco minutos del dos de junio de dos mil veintiséis que absolvió al justiciable por un delito de invasión a un área de conservación y violación de sellos. Además, dispuso demoler la tapia perimetral construida. Se ha determinado que la impugnación fue interpuesta ante el tribunal que dictó la resolución recurrida (numeral 458 del Código Procesal Penal), dentro del plazo de ley (22 de mayo de 2026) y mediante documento firmado por el defensor del encartado quien tiene un legítimo interés procesal (artículos 460 y 462 del Código Procesal Penal), por lo que la gestión es formalmente admisible. Igualmente, cumple con los requisitos de forma que de acuerdo a los principios de flexibilidad, accesibilidad, amplitud e informalidad -que son propios y caracterizan dicho medio impugnativo-, resultan necesarios para el adecuado conocimiento de estos en orden al examen integral del fallo, y para garantizar el derecho al recurso en materia penal previsto en el artículo 8.2 h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en los numerales 458 y siguientes del Código Procesal Penal, reformados mediante la Ley N.° 8837 del 9 de junio de 2010.\n\nII.- Audiencia oral: A petición del recurrente, el día 04 de agosto de 2026 se convocó a audiencia oral. Sin embargo, ese mismo día el apelante desistió. \n\nIII.- En un único motivo de apelación alega fundamentación probatoria intelectiva del tribunal que conllevó una defectuosa motivación material y jurídica al ordenar la restitución de las cosas a su estado natural, por medio del dictado de una medida cautelar. Discute que se haya dispuesto la restitución de las cosas a su estado natural al considerar que descontextualiza las medidas provisionales y los derechos e terceras personas. El imputado negó tener control de la propiedad sobre la cual se ha ordenado la demolición, por lo que se desconoce a quién afectará la decisión. Señala que se está irrespetando el derecho de terceros y lo decidido podría afectar civilmente a su representado. Considera que correspondía al Ministerio Público determinar de quiénes eran las personas interesadas en la tapia y comunicarles lo que correspondía. Reitera que su cliente no es el propietario del inmueble por lo que la demolición podría afectar a otros de buena fe. Establece que por medio de un proyecto de ley se quiso reducir el tamaño del Área de Conservación Gandoca-Manzanillo, pero la Sala Constitucional lo declaró inconstitucional. Advierte que el SINAC no ha delimitado los límites del Área de Conservación. Se cuestiona ¿qué pasaría si ante una definición del SINAC la tapia perimetral estaría fuera del Área de Conservación? Sobre la restitución, cita el voto n.° 249-2020 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Santa Cruz. Discute por qué esa decisión no se podía tomar en otra sede con todos los involucrados. Menciona que, en virtud de la sentencia absolutoria dispuesta, el tribunal carece de competencia para ordenar el derribo. Finalmente, argumenta que el oficio del SINAC debió ser puesto en conocimiento por el término de 5 días, no por minutos en juicio. Pide se anule la sentencia. \n\nIV.- No ha lugar. En el presente asunto, la sentencia se dictó en forma oral por lo que se procedió a hacer un examen integral del registro que la contiene, en el disco versátil digital (DVD) adjunto al expediente, archivo 130000680597-PE-02062026033218-2_Multi y se determina que el vicio invocado es inexistente. Lo primero que debemos establecer es que ninguna de las partes formuló recurso de apelación contra la sentencia absolutoria dictada a favor de [Nombre 001], por lo que no será objeto de revisión. Aclarado lo anterior, tenemos que el reclamo versa única y exclusivamente sobre la orden judicial de demolición de la tapia construida dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca- Manzanillo y que produjo daño ambiental. Las quejas que acá se formulan son una repetición de los alegatos formulados en conclusiones. Cada una de esas posturas encontró respuesta por parte de la jueza de instancia, en las que estableció que: i. El imputado negó ser propietario de tapia en cuestión y del terreno vecino, por lo que carece de legitimación para invocar alguna afectación con el derribo. ii. La tapia fue construida sin permisos municipales. iii. La tapia fue construida dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, terreno demanial sobre el cual es ilícito realizar algún tipo de obra constructiva. iv. Si bien mediante Ley N.° 9223 se redefinió la extensión del Refugio Nacional, reduciendo la zona protegida, no resulta de aplicación por cuanto fue declarada inconstitucional y porque la tapia se construyó antes de su entrada en vigor, de modo que no existe derechos adquiridos de buena fe (cfr. sentencia oral, minutos 50:54 a 1:10:16). El recurrente no formula ninguna crítica contra el razonamiento judicial vertido. Por el contrario, pretende obtener un segundo pronunciamiento sobre dicha temática, lo que es manifiestamente improcedente, ya que el control de apelación es sobre los razonamientos judiciales vertidos por el órgano de instancia, más no una revaloración de la misma prueba. Empero, a efecto de realizar una revisión integral del fallo, analizados los fundamentos dados por la jueza de mérito se estima que son correctos y no presenta ningún déficit motivacional que imponga su ineficacia. Por las características propias de la materia ambiental, el análisis judicial debe ser transversal. La persona juzgadora debe ponderar la normativa nacional (numeral 50 de la Constitución Política, artículo 11 de la Ley de Biodiversidad (criterio preventivo y precautorio -in dubio pro natura-), numeral 19 de la Ley Forestal y artículo 2 inciso d) de la Ley Orgánica del Ambiente) y supraconstitucional (Declaración de Río, principio 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo) conforme a los principios que rigen la materia. En el caso particular, los principios de legalidad, lesividad, pro natura y responsabilidad. De igual modo, la operadora de justicia debe estarse a los criterios vinculantes emitidos por la Sala Constitucional sobre la materia (voto n.° 2004-1923 y, en particular, el voto n.° 12745-2019 -que declara inconstitucional la Ley N.° 9223 y mantiene el área de protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca- Manzanillo). Conforme a los hechos acreditados, la tapia fue construida en el año 2013 y se realizó dentro del área protegida del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (ver dictamen pericial emitido por el Departamento de Ingeniería Forense n.° 0748-ING-2013). Esa sola condición conlleva que, al haberse construido dentro de un bien demanial y causar daño ambiental deba disponerse el derribo y restitución natural. Así, contrario a lo invocado por el impugnante, la jueza a-quo sí tenía la facultad legal para resolver conforme lo hizo. La defensa invoca que pueden existir derechos subjetivos de terceros afectados, pero ello es inatendible, por cuanto el terreno en que se construyó la tapia le pertenece al Estado (no a un tercero) y, segundo, porque dicha construcción no contó con ningún aval municipal que haga suponer un acto de buena fe, por el contrario, se verificó que causó un grave daño ambiental. Además, esta Cámara de Apelación observa que el recurrente no aduce como lo resuelto afecta al imputado, elemento necesario en la determinación del agravio, por lo que además carecería de legitimidad subjetiva para recurrir. Finalmente, sin fundamento alguno, el impugnante indica que lo resuelto podría afectarlo civilmente, pero no explica el por qué y basa su criterio en una mera desavenencia con lo resuelto. Así las cosas, no puede invocarse el derecho de un tercero o una posible afectación patrimonial, ya que la persona o personas que construyeron dicha tapia dentro del área de conservación lo hicieron contra ley y más bien produjeron un daño en el ambiente que estarían en la obligación de indemnizar. Argumenta el quejoso que el SINAC no ha delimitado los límites del área de conservación, por lo que en un futuro se podría afectar un derecho patrimonial de un tercero. Lo alegado carece de asidero legal. Los linderos del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo están delimitados previo a la construcción de la tapia en cuestión y son los mismos que se mantienen a la fecha. Es cierto que mediante Ley N.° 9223, del año 2014 (posterior a la construcción de la tapia) se quiso redefinir los límites del área de conservación, pero dicha normativa fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional mediante el voto n.° 2019-012745 de las doce horas y diez minutos del diez de julio de dos mil diecinueve, de ahí que no tuvo ningún efecto legal. Más aún, en el voto constitucional antes mencionado se dispuso la obligación del Estado de ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público, por lo que lo resuelto no contiene ninguna divergencia o produciría a futuro una afectación. Finalmente, reclama el impugnante que, en juicio, se le puso en conocimiento el oficio CART-SINAC-AC-ACLA-DR-DRF/S-065-2026, pero debió ser por un plazo de cinco días. Yerra en su apreciación. El oficio firmado por el Ing. Alexis Salas Rodríguez, Director de Recursos Forestales y Vida Silvestre del Área de Conservación La Amistad Caribe, de fecha 28 de mayo de 2026, se trata de un documento con cuatro párrafos, de simple y rápida lectura, por ello, el Tribunal de Juicio lo puso en conocimiento de las partes por el plazo de tres días (ver auto de las 16:22 horas del 28 de mayo de 2026), plazo que se estima razonable y adecuado, ya que hubiese bastado con un par de horas. En este caso, el contenido del oficio es el mismo que pericialmente se determinó, que la tapia fue construida dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y que coincide con el oficio emitido desde el año 2013 por el Ministerio de Ambiente y Energía n.° 002-2013-ENMVS-GM. Valga enfatizar que el contenido del oficio es el mismo que el agregado en fase investigativa, lo que descarta alguna afectación a su derecho de defensa. Además, en la incorporación de esa prueba durante el juicio, la defensa brindó su postura sobre el documento, no ofreció prueba y se refirió al mismo en etapa de conclusiones, descartándose alguna vulneración al derecho de defensa. Así las cosas, al no estarse ante el vicio alegado, el reclamo no puede prosperar. \n\nPOR TANTO:\n\nSe declara sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Eduardo Barboza Orias, en su condición de defensor particular del imputado Jason [Nombre 001]. NOTIFÍQUESE.-\n\n \n\n \n\nAlfredo Araya Vega \n\n \n\n \n\nGiovanni Mena Artavia Rafael Mayid González González\n\nJueces de apelación de sentencia penal\n\n \n\nExpediente: 13-000068-0597-PE (11)\n\nImputado: [Nombre 001]\n\nOfendido: Los Recursos Naturales\n\nDelito: Invasión a un área de conservación y violación de sellos\n\n \n\nimendezst\n\nExp.: 13-000068-0597-PE (11) - Voto 2026-1396 - pág.: 1",
  "body_en_text": "Resolution: 2026-1396\n\nCase file: 13-000068-0597-PE (11)\n\nCriminal Judgment Appeals Court. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at 10:24 a.m. on 7 August 2026.\n\nAppeal filed in this case against [Nombre 001], an adult Costa Rican, holder of identity card number [Valor 001], born in Limón on 18 March 1982, son of [Nombre 002] and [Nombre 003], residing in San José, Dota, for the offense of encroachment on a conservation area and breaking seals, to the detriment of natural resources. The judges participating in deciding the appeal are Alfredo Araya Vega, Giovanni Artavia Mena, and Rafael Mayid González González. Attorney Eduardo Barboza Orias appeared before this court as private defense counsel for the accused, and Attorney Margot Avellán Ruiz appeared on behalf of the Procuraduría General de la República (Office of the Attorney General of the Republic).\n\nBACKGROUND:\n\nI.- By judgment No. 206-2026, issued at 4:05 p.m. on 2 June 2026, the Criminal Court of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Bribri Seat, ruled as follows: “THEREFORE: In accordance with the foregoing, Articles 39, 41, and 50 of the Political Constitution; Articles 1, 30, and 45 of the Criminal Code; Articles 32, 40, 41, 51, and 52 of the Organic Law of the Environment; Article 10(d) of the Organic Law of the Procuraduría General de la República; Articles 1 through 15, 140, 142, 145, 180 through 184, 324 through 340, 341, 343, 349 through 354, 356, 358, 360, 361, 363, 364, 365, and 366 of the Code of Criminal Procedure, this Single-Judge Court, in accordance with the universal principle of in dubio pro reo, rules as follows: FIRST: [Nombre 001] is ACQUITTED OF ALL PENALTY AND LIABILITY for the offenses of ENCROACHMENT ON A CONSERVATION AREA AND BREAKING SEALS, allegedly committed to the detriment of NATURAL RESOURCES. SECOND: All personal precautionary measures, arrest warrants, or similar measures in force against the accused in connection with this proceeding are hereby lifted. THIRD: In accordance with the pro natura and precautionary principles, the Ministry of Environment and Energy is ordered, through officials of the National System of Conservation Areas, to demolish within fifteen business days from the date this judgment becomes final the perimeter wall located in Limón, Talamanca, Punta Uva, on National Route 256, specifically 100 meters south of the main entrance to Playa Punta Uva, at the coordinates indicated in report CARTA-SINAC-ACLAC-DR DRFVS-065-2026 dated 28 May 2026. The Director of the National System of Conservation Areas, Área de Conservación La Amistad Caribe, shall be personally notified so that the order may be carried out. FOURTH: This judgment is issued without a special award of costs, and the costs of the criminal proceeding shall be borne by the State. The case file shall be archived. The parties may provide the court with a DVD compact disc to obtain a copy of the judgment, which was delivered in full orally; the parties are deemed notified at this hearing. Thamara Leandro White, Judge.”\n\nII.- Attorney Eduardo Barboza Orias, acting as private defense counsel for the accused, appealed the foregoing ruling.\n\nIII.- After deliberating in accordance with Article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the issues raised in the appeal.\n\nIV.- The applicable legal requirements have been observed in these proceedings.\n\nThe judgment is drafted by Criminal Judgment Appeals Judge Araya Vega; and,\n\nREASONS:\n\nI.- Admissibility. Attorney Eduardo Barboza Orias, acting as private defense counsel for the accused [Nombre 004], appeals judgment No. 206-2026, issued by the Criminal Court of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Bribrí, at 4:05 p.m. on 2 June 2026, which acquitted the accused of the offense of encroachment on a conservation area and breaking seals. It also ordered demolition of the perimeter wall that had been built. The appeal was filed with the court that issued the challenged ruling (Article 458 of the Code of Criminal Procedure), within the statutory time limit (22 May 2026), and by a document signed by the accused’s counsel, who has a legitimate procedural interest (Articles 460 and 462 of the Code of Criminal Procedure). The filing is therefore formally admissible. It also meets the formal requirements necessary, in accordance with the principles of flexibility, accessibility, breadth, and informality that characterize this remedy, for proper consideration of the issues in the comprehensive review of the judgment and to guarantee the right to appeal in criminal matters under Article 8.2(h) of the American Convention on Human Rights and Articles 458 et seq. of the Code of Criminal Procedure, as amended by Law No. 8837 of 9 June 2010.\n\nII.- Oral hearing: At the appellant’s request, an oral hearing was scheduled for 04 August 2026. However, the appellant withdrew the request that same day.\n\nIII.- In a single ground of appeal, the appellant alleges that the court’s evidentiary and analytical reasoning led to defective substantive and legal reasoning when it ordered restoration of the property to its natural state by issuing a precautionary measure. He disputes the order to restore the property to its natural state, arguing that it takes provisional measures and third parties’ rights out of context. The accused denied controlling the property on which demolition was ordered, so it is unknown whom the decision will affect. He submits that the rights of third parties are being disregarded and that the decision could have civil consequences for his client. He considers that the Ministerio Público should have determined who had an interest in the wall and notified them as appropriate. He reiterates that his client does not own the property, so demolition could affect other good-faith parties. He states that a bill sought to reduce the size of the Gandoca-Manzanillo Conservation Area, but the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) declared it unconstitutional. He points out that SINAC has not demarcated the boundaries of the Conservation Area. He asks what would happen if, following a SINAC determination, the perimeter wall were found to be outside the Conservation Area. Regarding restoration, he cites ruling No. 249-2020 of the Criminal Judgment Appeals Court of Santa Cruz. He questions why that decision could not have been made in another forum with all parties involved. He argues that, given the acquittal, the court lacked jurisdiction to order the demolition. Finally, he contends that the SINAC letter should have been disclosed for five days, rather than for mere minutes during trial. He requests that the judgment be annulled.\n\nIV.- The appeal is denied. In this case, the judgment was delivered orally, so a comprehensive review was made of the recording on the digital versatile disc (DVD) attached to the case file, file 130000680597-PE-02062026033218-2_Multi. That review establishes that the alleged defect does not exist. First, none of the parties appealed the acquittal of [Nombre 001], so that ruling will not be reviewed. With that clarified, the appeal concerns solely the court order to demolish the wall built within the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge, which caused environmental damage. The complaints raised here repeat the arguments made in closing submissions. The trial judge addressed each position, finding that: i. The accused denied owning the wall in question or the neighboring land and therefore lacks standing to claim that its demolition will affect him. ii. The wall was built without municipal permits. iii. The wall was built within the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge, State-owned land on which it is unlawful to carry out any type of construction. iv. Although Law No. 9223 redefined the extent of the National Refuge, reducing the protected area, it does not apply because it was declared unconstitutional and because the wall was built before it entered into force; therefore, no rights were acquired in good faith (cf. oral judgment, minutes 50:54 to 1:10:16). The appellant makes no criticism of the court’s reasoning. Instead, he seeks a second ruling on the same issue, which is manifestly improper because appellate review concerns the trial court’s reasoning, not a reweighing of the same evidence. Nevertheless, to conduct a comprehensive review of the judgment, this Court has analyzed the grounds given by the trial judge and finds them correct, with no deficiency in the reasoning that would render the judgment ineffective. Given the particular features of environmental matters, judicial analysis must be cross-cutting. The judge must consider national law (Article 50 of the Political Constitution; Article 11 of the Biodiversity Law (preventive and precautionary standard—in dubio pro natura); Article 19 of the Ley Forestal; and Article 2(d) of the Organic Law of the Environment) and supraconstitutional law (the Rio Declaration, Principle 15 of the United Nations Conference on Environment and Development) in accordance with the principles governing this area of law. In this case, those principles are legality, harm, pro natura, and liability. Likewise, the judge must follow binding standards issued by the Constitutional Chamber on this subject (ruling No. 2004-1923 and, in particular, ruling No. 12745-2019, which declared Law No. 9223 unconstitutional and preserves the protected area of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge). The established facts show that the wall was built in 2013 within the protected area of the Gandoca Manzanillo National Wildlife Refuge (see expert report issued by the Department of Forensic Engineering No. 0748-ING-2013). That fact alone means that, because the wall was built on State-owned land and caused environmental damage, it must be demolished and the land restored to its natural state. Thus, contrary to the appellant’s contention, the trial judge did have legal authority to rule as she did. The defense argues that third parties may have subjective rights that are affected, but that argument cannot be entertained because the land on which the wall was built belongs to the State, not a third party, and because the construction had no municipal authorization that could suggest good faith; on the contrary, it was found to have caused serious environmental damage. In addition, this Appeals Court observes that the appellant does not explain how the ruling affects the accused, a necessary element in establishing prejudice; he therefore also lacks standing in his own right to appeal. Finally, the appellant asserts without any basis that the ruling could have civil consequences for him, but does not explain why and bases that position on mere disagreement with the ruling. Accordingly, one cannot invoke a third party’s rights or possible financial harm, since the person or persons who built the wall within the conservation area acted unlawfully and instead caused environmental harm for which they would be required to pay compensation. The appellant argues that SINAC has not demarcated the boundaries of the Conservation Area, so a third party’s property right could be affected in the future. This argument has no basis in law. The boundaries of the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge were demarcated before the wall in question was built and remain the same today. It is true that Law No. 9223 of 2014, enacted after the wall was built, sought to redefine the boundaries of the Conservation Area. However, the Constitutional Chamber declared that law unconstitutional in ruling No. 2019-012745, issued at 12:10 p.m. on 10 July 2019, so it had no legal effect. Moreover, the aforementioned constitutional ruling required the State to take the corresponding legal action to protect public assets; accordingly, the ruling under review presents no divergence and will not cause any future harm. Finally, the appellant complains that the letter CART-SINAC-AC-ACLA-DR-DRF/S-065-2026 was disclosed to him during trial but should have been disclosed for five days. His assessment is mistaken. The letter, signed by Ing. Alexis Salas Rodríguez, Director of Forest Resources and Wildlife of Área de Conservación La Amistad Caribe, and dated 28 May 2026, consists of four paragraphs and is simple and quick to read. For that reason, the trial court disclosed it to the parties for three days (see order issued at 16:22 on 28 May 2026), a period considered reasonable and adequate, since a couple of hours would have been enough. The letter’s content is the same as what was established by expert evidence: that the wall was built within the Gandoca-Manzanillo National Wildlife Refuge. It also matches the letter issued by the Ministry of Environment and Energy in 2013, No. 002-2013-ENMVS-GM. It should be emphasized that the letter contains the same information as the one added during the investigation phase, which rules out any effect on the right to a defense. In addition, when this evidence was introduced at trial, the defense stated its position on the document, offered no evidence, and addressed it in closing submissions; there was therefore no violation of the right to a defense. Accordingly, since the alleged defect has not occurred, the appeal cannot succeed.\n\nTHEREFORE:\n\nThe appeal filed by Attorney Eduardo Barboza Orias, acting as private defense counsel for the accused Jason [Nombre 001], is denied. NOTIFY.-\n\nAlfredo Araya Vega\n\nGiovanni Mena Artavia Rafael Mayid González González\n\nCriminal Judgment Appeals Judges\n\nCase file: 13-000068-0597-PE (11)\n\nAccused: [Nombre 001]\n\nOffended party: Natural Resources\n\nOffense: Encroachment on a conservation area and breaking seals\n\nimendezst\n\nCase file: 13-000068-0597-PE (11) - Ruling 2026-1396 - p.: 1"
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