{ "id": "nexus-sen-1-0034-146711", "citation": "", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Absolución por contaminación de la Quebrada Valverde — Fábrica Nacional de Licores", "title_en": "Acquittal for Quebrada Valverde pollution — Fábrica Nacional de Licores", "summary_es": "El Tribunal de Casación Penal analizó un recurso contra la condena del administrador general de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) por infracción a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, específicamente por contaminación de aguas de la Quebrada Valverde. La sentencia de primera instancia lo había declarado autor mediato del ilícito, al permitir que los desechos industriales de la fábrica continuaran vertiéndose a la quebrada. En casación, el Tribunal determinó que la conducta tipificada en el artículo 132 de la Ley 7317 no está claramente definida como delito, por lo que, en aplicación de los principios de legalidad y favor libertatis, debe interpretarse como una contravención. Sin embargo, no anuló el fallo por ese motivo, sino porque el imputado no era responsable penalmente. La Fábrica Nacional de Licores carece de personería jurídica y depende del Consejo Nacional de Producción; el administrador general, como gerente o factor mercantil, no tenía competencia para ordenar el cierre de la planta ni para aprobar el presupuesto para la planta de tratamiento, funciones reservadas a la Junta Directiva. El imputado había incluido reiteradamente la construcción de la planta en los presupuestos, pero la Junta Directiva no los aprobó. En consecuencia, el Tribunal absolvió al imputado porque cumplió con sus deberes dentro de sus atribuciones, sin que pueda exigírsele la paralización de la producción, decisión de mayor envergadura que correspondía a la política general de la fábrica.", "summary_en": "The Criminal Cassation Court reviewed an appeal against the conviction of the general administrator of the National Liquor Factory (FANAL) for violating the Wildlife Conservation Law by contaminating the waters of Quebrada Valverde. The trial court had found him guilty as a mediate perpetrator for allowing the factory’s waste to continue being discharged into the creek. On appeal, the Court held that the conduct described in Article 132 of Law 7317 was not clearly defined as a crime; therefore, applying the principles of legality and favor libertatis, it must be construed as a contravention. However, the Court did not annul the conviction on this ground alone. Instead, it found that the defendant could not be held criminally liable. The National Liquor Factory lacks legal personhood and is subordinate to the National Production Council. As general manager or mercantile factor, the defendant lacked the authority to order the factory’s closure or to approve the budget for a treatment plant—such authority rested with the Board of Directors. The defendant had repeatedly included the treatment plant in budget proposals, but the Board denied them. Consequently, the Court acquitted him because he acted within the scope of his powers and could not be required to halt production, a far-reaching decision belonging to the factory’s general governance.", "court_or_agency": "", "date": "", "year": "", "topic_ids": [ "wildlife-law-7317", "criminal-environmental" ], "primary_topic_id": "criminal-environmental", "es_concept_hints": [ "Ley de Conservación de Vida Silvestre 7317", "contravención", "delito ambiental", "favor libertatis", "principio de legalidad", "autoría mediata", "posición de garante", "Junta Directiva" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 132", "law": "Ley de Conservación de Vida Silvestre" }, { "article": "Art. 39", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 18", "law": "Código Penal" } ], "keywords_es": [ "contaminación de aguas", "Ley de Vida Silvestre", "Artículo 132", "Fábrica Nacional de Licores", "responsabilidad penal ambiental", "autoría mediata", "comisión por omisión", "principio de legalidad", "favor libertatis", "absolución" ], "keywords_en": [ "water pollution", "Wildlife Conservation Law", "Article 132", "National Liquor Factory", "environmental criminal liability", "mediate perpetration", "omission liability", "principle of legality", "favor libertatis", "acquittal" ], "excerpt_es": "Importante es que la Ley de Vida Silvestre no se establece expresamente si la infracción al Art. 132 de la misma constituye un delito o bien es una contravención. Nótese que el Capítulo XI de la Ley regula los delitos (Arts. 88-104) y el Capítulo XII prevé las contravenciones (Arts. 105-121), resultando que el Art. 132 se encuentra en el Capítulo XIII, sea no está ni en el Capítulo correspondiente a los delitos ni en el de las Contravenciones. (...) se debe interpretarse que se trata de una contravención. Lo anterior con base en primer lugar en el principio de legalidad, previsto en el Art. 39 de la Constitución Política, ello en cuanto dicho principio dice que la ley debe definir expresamente la conducta que se estima como delictiva con anterioridad a la comisión del hecho. Por otro lado a la misma conclusión se llega a través del principio \"favor libertatis\", mencionado en diversos fallos de la Sala Constitucional, que ordena que ante la duda debe estarse a lo más favorable para la libertad.\n\nEn el presente asunto resulta que el Administrador General de la Fábrica de Licores era el imputado [Nombre1], el que al constatar que la Fábrica estaba contaminando con desechos la Quebrada Valverde procedió a incluir en varias ocasiones en el Presupuesto de la Fábrica una planta de tratamiento, presupuesto que no fue aprobado por la Junta Directiva del Consejo Nacional de Producción. De acuerdo con ello el imputado hizo lo que estaba a su alcance conforme a sus atribuciones para solucionar el problema de la contaminación de la Quebrada Valverde, no estando dentro de su competencia el ordenar el cierre de la Fábrica Nacional de Licores, como lo exige la autoridad juzgadora, ya que el ordenar ello entra en la materia de las políticas de gobierno y funcionamiento de la Fábrica, competencia de la Junta Directiva del Consejo.", "excerpt_en": "Importantly, the Wildlife Law does not expressly state whether the violation of Article 132 constitutes a crime or a contravention. Note that Chapter XI of the Law regulates crimes (Arts. 88-104) and Chapter XII provides for contraventions (Arts. 105-121); Article 132 is found in Chapter XIII, that is, it is neither in the Chapter on crimes nor in that on contraventions. (...) it must be interpreted as a contravention. This is based primarily on the principle of legality, set forth in Article 39 of the Political Constitution, inasmuch as that principle requires the law to expressly define the conduct considered criminal prior to the commission of the act. Furthermore, the same conclusion is reached through the \"favor libertatis\" principle, mentioned in several rulings of the Constitutional Chamber, which mandates that in case of doubt, the ruling most favorable to liberty shall prevail.\n\nIn the present matter, the General Manager of the Liquor Factory was the defendant [Name1], who, upon verifying that the Factory was contaminating the Quebrada Valverde with waste, proceeded on several occasions to include a treatment plant in the Factory’s Budget, a budget that was not approved by the Board of Directors of the National Production Council. Accordingly, the defendant did what was within his power according to his duties to solve the problem of contaminating the Quebrada Valverde; it was not within his competence to order the closure of the National Liquor Factory, as demanded by the trial court, since ordering such a measure falls within the scope of the Factory’s governance and operational policies, which is the competence of the Council’s Board of Directors.", "outcome": { "label_en": "Granted", "label_es": "Con lugar", "summary_en": "The cassation appeal was granted and the defendant was acquitted of the violation of the Wildlife Conservation Law.", "summary_es": "Se declaró con lugar el recurso de casación y se absolvió al imputado de la infracción a la Ley de Conservación de Vida Silvestre." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando Único", "quote_en": "It must be interpreted as a contravention. This is based primarily on the principle of legality, set forth in Article 39 of the Political Constitution, (...) 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Segundo Circuito Judicial de San José, Guadalupe. A las diez horas\ntreinta minutos del diez de febrero de mil novecientos noventa y ocho.\n\n RECURSO DE CASACION interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1], casado, mayor,\nvecino de Heredia, cédula número [Placa1], por el delito de INFRACCION A LA LEY DE VIDA SILVESTRE EN\nSU MODALIDAD DE CONTAMINACION DE AGUAS, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la\ndecisión del recurso, los Jueces de Casación Javier Llobet Rodríguez, [Nombre2] y [Nombre3]. Se\napersonaron en casación el Licenciado [Nombre4], defensor particular del imputado, Licenciado\n[Nombre5], y la representante del Ministerio Público Licenciada [Nombre6].\n\n RESULTANDO:\n\n 1) Que mediante sentencia dictada a las dieciséis horas treinta minutos del tres de octubre de mil\nnovecientos noventa y seis, el Juzgado Penal de Grecia resolvió: \"POR TANTO: Conforme a lo expuesto,\nartículos 1, 37, 39 y 41 de la Constitución Política, 1, 4, 11, 30, 45, 71, 74 del Código Penal, 1,\n3, 106, 226, 392, 393, 395, 396, 397, 399, 400, 542 a 546 del Código de Procedimientos Penales,\narticulo 132 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre Nº 7317, se declara a [Nombre1], autor\nresponsable del ilícito de INFRACCION A LA LEY DE VIDA SILVESTRE EN SU MODALIDAD DE CONTAMINACION DE\nAGUAS, en daño de LOS RECURSOS NATURALES, imponièndosele por ese hecho el tanto de CINCUENTA MIL\nCOLONES DE MULTA, SUMA ESTA QUE DEBERA DEPOSITAR EN DINERO EN EFECTIVO DENTRO DE LOS QUINCE DIAS\nSIGUIENTES A LA FIRMEZA DE ESTE FALLO EN FAVOR DEL FONDO DE VIDA SILVESTRE. Firme el fallo,\ninscrìbase en el Registro Judicial de Delincuentes. Son las costas del proceso a cargo del\nsentenciado. MEDIANTE LECTURA, NOTIFIQUESE.- LIC. [Nombre7] (JUEZ PENAL DE [Nombre1] a.i) \" (sic).-\n\n 2) Que contra el anterior pronunciamiento el Licenciado [Nombre4] interpuso Recurso de Casación. \n\n 3) Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 481\ndel Código de Procedimientos Penales derogado, pero aplicable al caso conforme lo establece el\nTransitorio I del Ordenamiento Procesal Penal vigente, el Tribunal se planteó las cuestiones\nformuladas en el Recurso.\n\n 4) Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\n Redacta el Juez de Casación [Nombre8], y;\n\n CONSIDERANDO:\n\n ÚNICO. El imputado [Nombre1] presentó recurso de casación por el fondo en contra de la sentencia\ncondenatoria. Alega que la ley de conservación de la vida silvestre indica que la responsabilidad\npor los ilícitos debe extenderse al representante legal, pero la Fábrica Nacional de Licores es un\nente adscrito al Consejo Nacional de Producción, no teniendo personería propia, siendo su\nrepresentante legal el Presidente Ejecutivo de dicho Consejo. Por ello - dice - las inversiones,\nreparaciones o bien la rehabilitación de la Planta de Procesamiento de desechos no se encuentra bajo\nel resorte del Administrador General de la Fábrica o bien el encargado de la destilería, sino de la\nPresidencia Ejecutiva o bien la Junta Directiva del Consejo Nacional de Producción. Agrega que la\nfigura del Administrador General se limita en el caso concreto a proponer o plantear la inclusión en\nel presupuesto de la rehabilitación de la planta de tratamiento, pero la ejecución final y la\neliminación de ese problema no se encuentra en manos del Administrador General. El motivo se acoge,\npero con los siguientes fundamentos. En la sentencia se tuvieron por probados los siguientes hechos:\n“1) Que gracias a una inspección realizada en el lugar en fecha dieciséis de febrero de mil\nnovecientos noventa y cinco, se logró determinar que en la Quebrada Valverde la cual se ubica detrás\nde la Fábrica Nacional de Licores, esta empresa lanza los desechos producidos en la misma. 2) Que\néste (sic) punto, los funcionarior (sic) del Mirenem lo lograron determinar gracias a un recorrido\nque de dicha fábrica hicieron en donde se constató que de una alcantarilla de quince pulgadas de\ndiámetro salen los desechos de dicha empresa, punto éste que fue corroborado en la Inspección\nJudicial correspondiente. 3) Que el gerente de dicha empresa, el aquí imputado [Nombre1], ha\nautorizado que se continúe con esa actividad pues sabiendo que los desechos de la empresa salían a\nla Quebrada Valverde, la única medida que realizó fue solicitar la construcción de una planta de\ntratamiento, pero al no haberle otorgado el presupuesto para la misma simplemente permitió que los\ndesechos se continuaran tratando de igual manera. 4) Que para la fecha 14 de marzo de 1995, la\nFábrica Nacional de Licores no tenía ningún proyecto de tratamiento de desechos líquidos ni sólidos\ntramitados o aprobados a través del Ministerio de Salud. 5) Que se ha tramitado varias veces la\nconstrucción de una adecuada planta de tratamiento para ese lugar, pero que en vista de que no se\naprueba el presupuesto no se ha podido construir dicha planta, siendo que hasta ahora se aprobó el\npresupuesto para dicho fin y se publicó el cartel para licitar la construcción de la misma...”. En\nla fundamentación de la sentencia se dice luego: “... Se estableció además con la deposición del\nendilgado que él tenía conocimiento del lanzamiento de desechos a la Quebrada Valverde, siendo que\nlo argumentado por él para justificar de cierta manera tal accionar es el hecho de que el\npresupuesto necesario para la construcción de una adecuada planta de tratamientos en ningún momento\nles fue aprobado por más que él insistió en ello haciéndoles ver a sus superiores la necesidad de\nuna planta de tratamientos, sin embargo y como se dijo anteriormente, el aparato burocrático estatal\nimpidió que se aprobara el presupuesto para tal necesidad; y por otra parte, nos indicó el testigo\n(sic) que entonces, para no producir más desechos la única solución posible lo era el no seguir\ndestilando. Hay que analizar cuidadosamente esta declaración pues como nos enfoca las cosas el\nendilgado él se encontraba “atado de manos” para poder realizar alguna coducta (sic) que impidiera\nel lanzamiento de desechos a la Quebrada, sin embargo, aparte del Derecho Penal, principios de\nderecho administrativo y de derecho constitucional nos dan la respuesta a la conducta que debió\ndesplegar el encartado. En primer lugar, debemos decir que la Fábrica Nacional de Licores es una\nempresa pública ente privado, y por tal razón se encuentra sujeta a los principios del servicio\npúblico como lo son el de continuidad, eficiencia, adaptación e igualdad, principios éstos que se\nencuentran estipulados en el artículo 4 de la Ley General de Administración Pública. Si relacionamos\nlo anterior con el caso que nos ocupa nos daremos cuenta que la Fábrica Nacional de Licores no está\ncumpliendo con estos principios, aunque sea en lo referente con el ámbito de conservación del medio\nambiente, pues las nuevas corrientes de conservación del medio ambiente obligan a la empresa antes\ndicha a adaptarse a la dichas (sic) corrientes, lo cual evidentemente no lo están haciendo pues los\ndesechos de su producción son arrojados a una quebrada. Asimismo, el principio de obediencia debida\nque establece el derecho administrativo se ve limitado cuando se trata de delitos, y como en el caso\nque nos ocupa estamos tratando no otra cosa más que un delito consistente en arrojar desechos a una\nquebrada, la debida obediencia no podrá alegarse pues simplemente existe una estipulación legal que\nprohibe (sic) obedecer una orden en este sentido. En segundo lugar, el medio ambiente se encuentra\ntutelado también por nuestra constitución política (sic) cuando el artículo 50 de la misma señala lo\nsiguiente: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país organinzando\n(sic) y estimulando la producción y el más adecuado reparto de las riquezas. Toda persona tiene\nderecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por ello está legitimada para denunciar los\nactos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El estado\ngarantizará, defenderá y preservará ese Derecho. La Ley determinará las responsabilidades y\nsanciones correspondientes”... Así pues, existe también una normativa constitucional que\nespecíficamente se encarga de velar por el medio ambiente, norma ésta que a todas luces fue pasada\npor alto por el encartado cuando permitió que se siguiera contaminando la Quebrada Valverde\npermitiendo que los residuos de la Fábrica fueran lanzados a la misma. Debemos tener presente que el\nderecho a la vida deriva del derecho a un ambiente sano, y al poner en una balanza el destilar\nalcohol conjuntamente con la contaminación del medio ambiente, la respuesta no será muy difícil,\nlógicamente es más importante mantener limpio el medio ambiente que destilar alcohol y esta fue la\ndecisión ante la cual se vio el imputado, siendo que a nuestro criterio su decisión no fue la más\nacertada pues él, en lugar de conservar el medio ambiente optó por destilar alcohol. Ahora bien, en\nel ámbito penal debemos decir que el encartado, actuando como un autor mediato, permitió pudiendo y\nestando en la obligación de impedirlo, en virtud del cargo que se desempeñaba dentro de la Fábrica\nNacional de Licores, lanzar los desechos de dicho lugar a la Quebrada Valverde, situación ésta que\nde conformidad con el artículo 132 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317 se\nencuentra tipificado como delito, y en vista de que no existe ninguna causal que justifique tal\naccionar, y que no existe tampoco ninguna causal que elimine o tan siquiera disminuya el reproche\npor la comisión de tal conducta, lo procedente es entonces imponerle la sanción que para este\ncomportamiento establece el artículo 132 ibídem”. Con respecto a la calificación jurídica de los\nhechos como constitutivos del ilícito contemplado en el Art. 132 de la Ley de Vida Silvestre debe\ndecirse lo siguiente: Este artículo dice: \"Se prohibe arrojar aguas servidas, aguas negras, desechos\no cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no\npermanentes, lagos, marismas y embalses naturales o artificiales, esteros, turberas, pantanos, aguas\ndulces, y salobres o saladas.\n\n \"Las instalaciones agroindustriales e industriales y las demás instalaciones deberán estar\nprovistas de sistemas de tratamientos para impedir que los desechos sólidos o aguas contaminadas de\ncualquier tipo destruyan la vida silvestre. La certificación de la calidad del agua será dada por el\nMinisterio de Salud.\n\n \"Quienes no cumplan con lo estipulado en este artículo, serán multados con montos que irán de\ncincuenta mil colones... a cien mil colones...\". El Juzgado Penal de Grecia condenó al imputado\n[Nombre1] como autor de dicha infracción, considerando que la misma constituye un delito. Importante\nes que la Ley de Vida Silvestre no se establece expresamente si la infracción al Art. 132 de la\nmisma constituye un delito o bien es una contravención. Nótese que el Capítulo XI de la Ley regula\nlos delitos (Arts. 88-104) y el Capítulo XII prevé las contravenciones (Arts. 105-121), resultando\nque el Art. 132 se encuentra en el Capítulo XIII, sea no está ni en el Capítulo correspondiente a\nlos delitos ni en el de las Contravenciones. La minoría de la Corte Plena en sesión del 15 de\noctubre de 1987 ante una consulta realizada por el Director General de Migración y Extranjería\ncorrespondiente a los Arts. 92 a 101 de la Ley de Migración y Extranjería del 28 de julio de 1986,\nresolvió que debía estimarse que en dichos artículos se contemplaban delitos y no contravenciones,\nello a pesar de que la ley no decía expresamente si eran delitos o contravenciones. Lo anterior\natendiendo a la naturaleza de la pena prevista, sea de prisión. Una situación similar se presenta en\nel presente asunto en el que no se especifica si la conducta tipificada por el Art. 132 de la Ley\nmencionada es delito o contravención. Ante tal situación debe interpretarse que se trata de una\ncontravención. Lo anterior con base en primer lugar en el principio de legalidad, previsto en el\nArt. 39 de la Constitución Política, ello en cuanto dicho principio dice que la ley debe definir\nexpresamente la conducta que se estima como delictiva con anterioridad a la comisión del hecho. Por\notro lado a la misma conclusión se llega a través del principio \"favor libertatis\", mencionado en\ndiversos fallos de la Sala Constitucional, que ordena que ante la duda debe estarse a lo más\nfavorable para la libertad. A pesar de que la conducta contemplada en el Art. 132 de la Ley de\nConservación de la Vida Silvestre es una contravención y no un delito, no procede anular el fallo,\nremitiendo el asunto al Juzgado Contravencional respectivo, pero debido a la falta de interés en\nello, puesto que por las razones que a continuación se dan no puede responsabilizarse al imputado\npor la contaminación a la Quebrada Valverde. En cuanto a los alegatos del impugnante al respecto\ndebe indicarse que lo importante no es qué persona es la que tiene la representación legal de la\nFábrica Nacional de Licores, sino en materia penal fundamental es la participación personal del\nimputado en los hechos que se juzgan. Lo contrario llevaría a una responsabilidad penal objetiva.\nSobre ello hay diversas resoluciones de la Sala Constitucional (Cf. [Nombre9]. Constitución y\nDerecho Penal. San José, Escuela Judicial, 1995, pp. 110-115). En la sentencia se le atribuye al\nimputado la responsabilidad penal, indicando que debe ser estimado “autor mediato” del hecho. En\nrealidad los argumentos que se dan no corresponden propiamente a la autoría mediata, sino a la\ncomisión por omisión, sea al hecho de que el imputado no haya evitado que se continuara contaminando\nel río a pesar de que podía y debía hacerlo, por encontrarse en posición de garante, en concreto por\ntener la obligación de vigilancia frente a una fuente de peligro (Art. 18 párrafo 2) del Código\nPenal). Importante es que la Fábrica Nacional de Licores es una entidad sin personería jurídica\nadscrita al Consejo Nacional de Producción, contando con medios propios y organización suficiente\npara bastarse a sí misma en lo administrativo (Ley del Consejo Nacional de Producción: Art. 50 y\nReglamento de Organización de la Fábrica Nacional de Licores: Art. 1). El Reglamento de Organización\nde la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), que señala cuáles son las funciones del Administrador\nGeneral de la Fábrica. Se dice que el Administrador es responsable ante la Junta Directiva del\nConsejo Nacional de Producción de la buena marcha de la Fábrica, y que sus funciones corresponden a\nlas del factor mercantil o gerente (Arts. 9 y 10 del Reglamento). Se prevé además que el\nAdministrador presentará a la Junta Administrativa el Plan Anual Operativo para cada período fiscal,\nde modo que una vez constatado el cumplimiento de todos los requisitos se enviará para su aprobación\na la Junta Directiva (Art. 12 del Reglamento). Se agrega a ello que la Junta Directiva es el Órgano\ncolegiado de máxima autoridad, dictando las políticas generales de gobierno y operación de Fanal.\nPara este fin, ordenará la actividad de la misma, pero no sus actos, le impondrá sus metas y los\ntipos de medios que habrá de emplear para realizarlas, le impartirá directrices, vigilará su\ncumplimiento y sancionará con la remoción al titular que falta a las mismas en forma reiterada y\ngrave, sin justificar su inobservancia. En el presente asunto resulta que el Administrador General\nde la Fábrica de Licores era el imputado [Nombre1], el que al constatar que la Fábrica estaba\ncontaminando con desechos la Quebrada Valverde procedió a incluir en varias ocasiones en el\nPresupuesto de la Fábrica una planta de tratamiento, presupuesto que no fue aprobado por la Junta\nDirectiva del Consejo Nacional de Producción. De acuerdo con ello el imputado hizo lo que estaba a\nsu alcance conforme a sus atribuciones para solucionar el problema de la contaminación de la\nQuebrada Valverde, no estando dentro de su competencia el ordenar el cierre de la Fábrica Nacional\nde Licores, como lo exige la autoridad juzgadora, ya que el ordenar ello entra en la materia de las\npolíticas de gobierno y funcionamiento de la Fábrica, competencia de la Junta Directiva del Consejo.\nLo anterior ya que el tomar esa decisión que implicaría no producir más, sería la decisión de mayor\nenvergadura que se podría tomar con respecto a la Fábrica, pudiendo ser que la Fábrica estuviera\nparalizada durante un período bastante largo, tomando en cuenta los trámites burocráticos que habría\nque hacer para la compra del equipo de tratamiento, además del necesario mantenimiento de las\nmáquinas y de la situación de los mismos trabajadores de la Fábrica. Por lo anterior no se le puede\nresponsabilizar al imputado [Nombre1] de la contaminación producida por la Fábrica Nacional de\nLicores a la Quebrada Valverde, debiendo declararse con lugar el recurso, dictándose una sentencia\nabsolutoria en su favor (Art. 132 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre).\n\nPOR TANTO\n\n Se declara con lugar el recurso por el fondo interpuesto. Se absuelve al imputado [Nombre1] del\nilícito de infracción a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, previsto en el Art. 132 de\ndicha ley. NOTIFIQUESE. (RECURSO DE CASASION Nº 95-000065-295-PE-4 por el delito de Infracciòn a la\nLey Vida Silvestre contra [Nombre1] en perjuicio de Los Recursos Naturales).\n\n \n\n \n\n \n\nDR. [Nombre10]\n\n \n\n \n\n \n\nLIC. [Nombre11] [Nombre12] LIC. [Nombre13] \n\n \n\n \n\n \n\nDig/Beirute", "body_en_text": "Legal Document No. 27090 ADD\n\n076-F-98\n\nCRIMINAL CASSATION COURT. Second Judicial Circuit of San José, Guadalupe. At ten hours thirty minutes on the tenth of February of nineteen ninety-eight.\n\nCASSATION APPEAL filed in the present case against [Nombre1], married, of legal age, resident of Heredia, identification number [Placa1], for the crime of VIOLATION OF THE WILDLIFE LAW IN THE MODALITY OF WATER POLLUTION, to the detriment of NATURAL RESOURCES. The Cassation Judges Javier Llobet Rodríguez, [Nombre2], and [Nombre3] participate in the decision of the appeal. The attorney [Nombre4], private defender of the accused, attorney [Nombre5], and the representative of the Public Prosecutor's Office, attorney [Nombre6], appeared in the cassation proceedings.\n\nWHEREAS:\n\n1) That by judgment issued at sixteen hours thirty minutes on the third of October of nineteen ninety-six, the Criminal Court of Grecia resolved: \"THEREFORE: In accordance with the foregoing, Articles 1, 37, 39, and 41 of the Political Constitution, 1, 4, 11, 30, 45, 71, 74 of the Penal Code, 1, 3, 106, 226, 392, 393, 395, 396, 397, 399, 400, 542 to 546 of the Code of Criminal Procedure, Article 132 of the Wildlife Conservation Law No. 7317, [Nombre1] is declared the responsible perpetrator of the unlawful act of VIOLATION OF THE WILDLIFE LAW IN THE MODALITY OF WATER POLLUTION, to the detriment of NATURAL RESOURCES, and for this act is hereby sentenced to a fine of FIFTY THOUSAND COLONES, WHICH SUM MUST BE DEPOSITED IN CASH WITHIN THE FIFTEEN DAYS FOLLOWING THE FINALITY OF THIS RULING IN FAVOR OF THE WILDLIFE FUND. Once the ruling is final, let it be registered in the Judicial Registry of Offenders. The costs of the proceedings are borne by the sentenced party. BY READING, LET IT BE NOTIFIED.- LIC. [Nombre7] (CRIMINAL JUDGE OF [Nombre1] a.i) \" (sic).-\n\n2) That against the preceding pronouncement, attorney [Nombre4] filed a Cassation Appeal.\n\n3) That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 481 of the repealed Code of Criminal Procedure, but applicable to the case as established by Transitory Provision I of the current Criminal Procedural Code, the Court considered the issues raised in the Appeal.\n\n4) That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.\n\nDrafted by Cassation Judge [Nombre8], and;\n\nWHEREAS:\n\nSOLE. The accused [Nombre1] filed a cassation appeal on the merits against the conviction. He alleges that the wildlife conservation law indicates that liability for unlawful acts should extend to the legal representative, but the Fábrica Nacional de Licores is an entity attached to the Consejo Nacional de Producción, lacking its own legal standing, its legal representative being the Executive President of said Council. For this reason - he states - the investments, repairs, or rehabilitation of the Waste Processing Plant are not under the purview of the General Administrator of the Factory or the person in charge of the distillery, but rather of the Executive Presidency or the Board of Directors of the Consejo Nacional de Producción. He adds that the role of the General Administrator is limited in this specific case to proposing or raising the inclusion of the rehabilitation of the treatment plant in the budget, but the final execution and the elimination of this problem are not in the hands of the General Administrator. The ground is accepted, but on the following grounds. In the judgment, the following facts were held as proven: \"1) That thanks to an on-site inspection carried out on the sixteenth of February nineteen ninety-five, it was determined that in the Quebrada Valverde, which is located behind the Fábrica Nacional de Licores, this company discharges the waste produced therein. 2) That at this point, the officials of MINAE determined this thanks to a tour they conducted of said factory, where it was verified that the waste from said company exits from a fifteen-inch diameter sewer, a point which was corroborated in the corresponding Judicial Inspection. 3) That the manager of said company, the accused here [Nombre1], has authorized this activity to continue, because knowing that the company's waste was exiting into the Quebrada Valverde, the only measure he took was to request the construction of a treatment plant, but since the budget for it was not granted, he simply allowed the waste to continue being handled in the same manner. 4) That as of March 14, 1995, the Fábrica Nacional de Licores had no liquid or solid waste treatment project processed or approved through the Ministry of Health. 5) That the construction of an adequate treatment plant for that location has been processed several times, but given that the budget is not approved, said plant has not been able to be built, and it was only now that the budget for said purpose was approved and the public tender for its construction was published...\". In the statement of reasons for the judgment, it is later stated: \"... It was also established through the testimony of the accused that he was aware of the discharge of waste into the Quebrada Valverde, and what he argued to somehow justify such actions is the fact that the necessary budget for the construction of an adequate treatment plant was never approved for them, despite his insistence on it, making his superiors see the need for a treatment plant; however, and as previously stated, the state bureaucratic apparatus prevented the budget for such need from being approved; and on the other hand, the accused indicated that then, to stop producing more waste, the only possible solution was to stop distilling. This statement must be carefully analyzed because, as the accused presents things, he found himself 'with his hands tied' and unable to carry out any conduct that would prevent the discharge of waste into the Quebrada; however, aside from Criminal Law, principles of administrative law and constitutional law give us the answer to the conduct the accused should have deployed. Firstly, we must say that the Fábrica Nacional de Licores is a public company with a private character, and for this reason, it is subject to the principles of public service such as continuity, efficiency, adaptation, and equality, principles which are stipulated in Article 4 of the General Law of Public Administration. If we relate the above to the case at hand, we will realize that the Fábrica Nacional de Licores is not complying with these principles, at least with regard to the scope of environmental conservation, since the new currents of environmental conservation oblige the aforementioned company to adapt to said currents, which they are evidently not doing because the waste from its production is thrown into a creek. Likewise, the principle of due obedience established by administrative law is limited when dealing with crimes, and as in the case at hand, we are dealing with nothing other than a crime consisting of throwing waste into a creek, due obedience cannot be claimed because there simply exists a legal stipulation that prohibits obeying an order in this regard. Secondly, the environment is also protected by our political constitution when Article 50 thereof states the following: 'The State shall seek the greatest well-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment, and is therefore entitled to denounce acts that infringe upon this right and to claim reparation for the damage caused. The State shall guarantee, defend, and preserve this Right. The Law shall determine the corresponding responsibilities and sanctions'... Thus, there is also a constitutional norm that is specifically tasked with watching over the environment, a norm that was clearly overlooked by the accused when he allowed the Quebrada Valverde to continue being polluted, allowing the Factory's waste to be discharged into it. We must bear in mind that the right to life derives from the right to a healthy environment, and when placing the distilling of alcohol on one side of the scale jointly with environmental pollution on the other, the answer will not be very difficult; logically, it is more important to keep the environment clean than to distill alcohol, and this was the decision before which the accused found himself, and in our opinion, his decision was not the most appropriate because he, instead of conserving the environment, chose to distill alcohol. Now, in the criminal sphere, we must state that the accused, acting as an indirect perpetrator, allowed—being able and under an obligation to prevent it by virtue of the position he held within the Fábrica Nacional de Licores—the waste from said place to be discharged into the Quebrada Valverde, a situation which, in accordance with Article 132 of the Wildlife Conservation Law No. 7317, is classified as a crime, and in view of the fact that there is no cause justifying such action, and that there is also no cause that eliminates or even diminishes the reproach for the commission of such conduct, what is appropriate then is to impose on him the sanction that Article 132 ibidem establishes for this behavior.\" Regarding the legal classification of the facts as constituting the unlawful act contemplated in Art. 132 of the Wildlife Law, the following must be stated: This article reads: \"It is prohibited to discharge gray water, black water, waste, or any polluting substance in springs (manantiales), rivers, creeks, permanent or non-permanent streams, lakes, natural or artificial swamps and reservoirs, estuaries, peat bogs, marshes, fresh water, and brackish or salt water.\n\n\"Agro-industrial and industrial installations and other installations must be equipped with treatment systems to prevent solid waste or contaminated water of any type from destroying wildlife. Water quality certification shall be provided by the Ministry of Health.\n\n\"Those who do not comply with the stipulations of this article shall be fined amounts ranging from fifty thousand colones... to one hundred thousand colones...\". The Criminal Court of Grecia convicted the accused [Nombre1] as the perpetrator of said infraction, considering that it constitutes a crime. It is important to note that the Wildlife Law does not expressly establish whether the infraction of Art. 132 thereof constitutes a crime or a contravention. Note that Chapter XI of the Law regulates crimes (Arts. 88-104) and Chapter XII provides for contraventions (Arts. 105-121), with Art. 132 being found in Chapter XIII, meaning it is not in the Chapter corresponding to crimes nor in that of Contraventions. The minority of the Corte Plena in a session on October 15, 1987, in response to a query made by the Director General of Immigration and Foreigners regarding Arts. 92 to 101 of the Immigration and Foreigners Law of July 28, 1986, resolved that it should be considered that said articles contemplated crimes and not contraventions, despite the fact that the law did not expressly state whether they were crimes or contraventions. This was based on the nature of the prescribed penalty, i.e., imprisonment. A similar situation arises in the present matter, where it is not specified whether the conduct defined by Art. 132 of the aforementioned Law is a crime or a contravention. Given this situation, it must be interpreted that it is a contravention. This is based, firstly, on the principle of legality, established in Art. 39 of the Political Constitution, in that said principle states that the law must expressly define the conduct considered criminal prior to the commission of the act. Additionally, the same conclusion is reached through the \"favor libertatis\" principle, mentioned in various rulings of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), which mandates that in case of doubt, the option most favorable to liberty must be taken. Even though the conduct contemplated in Art. 132 of the Wildlife Conservation Law is a contravention and not a crime, it is not appropriate to annul the ruling, referring the matter to the respective Contraventional Court, due to a lack of interest in doing so, since for the reasons given below, the accused cannot be held responsible for the pollution of the Quebrada Valverde. Regarding the appellant's allegations in this respect, it must be indicated that what is important is not which person has the legal representation of the Fábrica Nacional de Licores, but rather, in criminal matters, the fundamental aspect is the personal participation of the accused in the acts being judged. The contrary would lead to objective criminal liability. There are various resolutions from the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) on this matter (Cf. [Nombre9]. Constitución y Derecho Penal. San José, Escuela Judicial, 1995, pp. 110-115). In the judgment, criminal liability is attributed to the accused, indicating that he should be considered an \"indirect perpetrator\" of the act. In reality, the arguments given do not properly correspond to indirect perpetration, but rather to commission by omission, i.e., the fact that the accused did not prevent the river from continuing to be polluted even though he could and should have done so, because he was in a position of guarantor, specifically because he had the duty of vigilance over a source of danger (Art. 18 paragraph 2) of the Penal Code). It is important that the Fábrica Nacional de Licores is an entity without legal personality attached to the Consejo Nacional de Producción, possessing its own means and sufficient organization to be self-sufficient in administrative matters (Law of the Consejo Nacional de Producción: Art. 50 and Bylaws of Organization of the Fábrica Nacional de Licores: Art. 1). The Bylaws of Organization of the Fábrica Nacional de Licores (FANAL) establish the functions of the General Administrator of the Factory. It is stated that the Administrator is responsible before the Board of Directors of the Consejo Nacional de Producción for the proper functioning of the Factory, and that his functions correspond to those of a mercantile agent or manager (Arts. 9 and 10 of the Bylaws). It is also stipulated that the Administrator shall submit the Annual Operational Plan for each fiscal period to the Administrative Board, such that once compliance with all requirements is verified, it will be sent for approval to the Board of Directors (Art. 12 of the Bylaws). It is added that the Board of Directors is the highest-ranking collegiate body, setting the general government and operational policies of FANAL. For this purpose, it will order its activity, but not its acts, impose its goals and the types of means to be used to achieve them, issue directives, monitor their compliance, and sanction with removal the head who fails to comply with them repeatedly and seriously, without justifying their non-observance. In the present matter, it turns out that the General Administrator of the Fábrica Nacional de Licores was the accused [Nombre1], who, upon verifying that the Factory was polluting the Quebrada Valverde with waste, proceeded on several occasions to include a treatment plant in the Factory's Budget, a budget that was not approved by the Board of Directors of the Consejo Nacional de Producción. In accordance with this, the accused did what was within his power according to his duties to solve the pollution problem of the Quebrada Valverde, and it was not within his competence to order the closure of the Fábrica Nacional de Licores, as the trial authority demands, since ordering that falls within the realm of government and operational policies of the Factory, which is the competence of the Board of Directors of the Council. This is because making that decision, which would imply ceasing production, would be the most significant decision that could be made regarding the Factory, and the Factory could be paralyzed for a fairly long period, considering the bureaucratic procedures that would have to be undertaken for the purchase of the treatment equipment, in addition to the necessary maintenance of the machinery and the situation of the Factory workers themselves. For the foregoing reasons, the accused [Nombre1] cannot be held responsible for the pollution produced by the Fábrica Nacional de Licores into the Quebrada Valverde, and the appeal must be granted, issuing an acquittal in his favor (Art. 132 of the Wildlife Conservation Law).\n\nTHEREFORE\n\nThe appeal on the merits is granted. The accused [Nombre1] is acquitted of the unlawful act of violating the Wildlife Conservation Law, as defined in Art. 132 of said law. LET IT BE NOTIFIED. (CASSATION APPEAL No. 95-000065-295-PE-4 for the crime of Violation of the Wildlife Law against [Nombre1] to the detriment of Natural Resources).\n\nDR. [Nombre10]\n\nLIC. [Nombre11] [Nombre12] LIC. [Nombre13]\n\nDig/Beirute" }