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  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Anulación por falta de prueba sobre ubicación de construcción en Zona Marítimo-Terrestre",
  "title_en": "Reversal for Lack of Proof on Location of Construction in Maritime-Terrestrial Zone",
  "summary_es": "La Sala Tercera anula una sentencia condenatoria por infracción a la Ley de la Zona Marítimo-Terrestre y falsedad ideológica, al acoger los recursos de casación de la defensa y del Ministerio Público. En cuanto al delito contra la Zona Marítimo-Terrestre, la Sala determina que el tribunal de juicio no estableció con precisión la ubicación de la construcción ni los linderos del terreno arrendado, lo que es esencial para calificar los hechos. Señala que la zona restringida se mide a partir de manglares o esteros existentes, y que la prueba pericial y documental era contradictoria, basándose en conjeturas sobre la existencia de un estero. Por ello, anula el fallo y ordena el reenvío para nueva sustanciación. Respecto a la falsedad ideológica, acoge el recurso del Ministerio Público al estimar que la sentencia carecía de fundamentación sobre la posibilidad de perjuicio, otro elemento del tipo penal del artículo 358 del Código Penal.",
  "summary_en": "The Third Chamber annuls a conviction for violation of the Maritime-Terrestrial Zone Law and ideological falsehood, upholding the appeals filed by the defense and the Public Prosecutor's Office. Regarding the maritime-terrestrial zone offense, the Chamber finds that the trial court failed to precisely determine the location of the construction and the boundaries of the leased land, which is essential to correctly classify the facts. It notes that the restricted zone is measured from existing mangroves or estuaries, and that the expert and documentary evidence was contradictory, relying on conjectures about the existence of an estuary. Consequently, it overturns the judgment and orders a retrial for a new hearing. Regarding the ideological falsehood charge, it upholds the Public Prosecutor's appeal, finding that the judgment lacked reasoning on the element of potential harm, as required by Article 358 of the Penal Code.",
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    "Zona Marítimo Terrestre",
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    "Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre",
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    "Zona Marítimo-Terrestre",
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    "Maritime-Terrestrial Zone",
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  "excerpt_es": "La ubicación de la construcción objeto de esta causa no ha sido determinada con precisión, lo que resulta esencial para la correcta calificación de los hechos. Debe también tenerse claro qué extensión comprende la Zona Marítimo-Terrestre. De conformidad con los artículos 9, 10 y 11 de la Ley sobre la Zona Marítimo-Terrestre, esta zona comprende la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos horizontalmente a partir de la línea de la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deje el mar en descubierto en la marea baja. Cubre también las islas, islotes, peñascos marítimos, así como toda tierra o formación natural que sobresalga del nivel del océano dentro del mar territorial de la República. La Zona Marítimo-Terrestre se compone de dos secciones: la zona pública, que es la faja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja, y la zona restringida, constituida por la franja de los ciento cincuenta metros restantes o por los demás terrenos, en casos de islas. También se considera zona pública, sea cual fuere su extensión, la ocupada por todos los manglares de los litorales continentales e insulares y los esteros del territorio nacional. Por su parte, el artículo 4 del Reglamento a la ley mencionada señala que cuando se trata de esteros y de manglares la zona restringida comienza a partir de la línea de vegetación a la orilla de los esteros y del límite de los manglares o bosques salados cuando éstos se extiendan por más de cincuenta metros de la pleamar ordinaria. En el caso bajo examen, para determinar si la edificación se realizó contraviniendo las disposiciones de esta ley se hace necesario verificar si se encuentra dentro de los doscientos metros a partir de la línea de la pleamar ordinaria o dentro de los ciento cincuenta metros partiendo de la línea de vegetación a la orilla de estero o manglar (si hay en el lugar), si está a más de cincuenta metros de la pleamar. En el asunto que nos ocupa no se ha determinado la ubicación exacta del terreno dado en arriendo, ni de la construcción. Los documentos que se incorporaron como prueba, lejos de aclarar esta situación, contribuyen a confundir. Es así como en plano de folio 30 se señalan linderos diferentes a los indicados en documento de folio 36, que consignan que la propiedad está rodeada de manglares y esteros. Por su parte el contrato de arrendamiento que corre a folio 49 expresa que el terreno linda en el lado oeste con playa del Océano Pacífico. Según inspección de folio 122 y 123 el restaurante está situado a unos quinientos metros sur de las salinas y a unos cincuenta metros al oeste del camino. Y de acuerdo a plano levantado por el Instituto Geográfico Nacional de folio 257, la edificación se encuentra fuera de la zona pública, pero no se determina si está o no en zona restringida. Esta imprecisión en cuanto a la ubicación del terreno, y de la construcción, no permite entrar a analizar el hecho acusado. Debe también determinarse si luego de los cincuenta metros de zona pública a contar de la pleamar ordinaria se encuentra algún manglar o estero actualmente, puesto que esta circunstancia tampoco queda clara con la prueba existente. De algunos documentos como el de folio 86 deriva que después de los cincuenta metros de zona pública contigua al Océano Pacífico hay propiedades privadas y 175 metros después de la zona pública comienzan las salinas, lo que no se concluye del plano de folio 257. La sentencia señala que contiguo a la propiedad hay un estero, porque un ingeniero del Instituto Geográfico, en inspección realizada en el sitio dijo que donde están las salinas pudo haber sido un estero, lo que también se indicó en informe rendido a la Procuraduría que se basó en hoja cartográfica de 1953 (folio 99). Las condiciones topográficas varían con los años, por lo que se requiere de informes técnicos recientes. La existencia de manglar o estero contiguo a la construcción debe ser actual, no existente en el pasado y que ya no necesita del amparo de la ley.",
  "excerpt_en": "The location of the construction that is the subject of this case has not been precisely determined, which is essential for the correct classification of the facts. It must also be clear what area comprises the Maritime-Terrestrial Zone. In accordance with Articles 9, 10, and 11 of the Maritime-Terrestrial Zone Law, this zone comprises the strip two hundred meters wide along the entire length of the Atlantic and Pacific coasts of the Republic, regardless of its nature, measured horizontally from the ordinary high-water mark and the lands and rocks left uncovered by the sea at low tide. It also covers islands, islets, maritime rocks, as well as all land or natural formation that protrudes from the ocean level within the territorial sea of the Republic. The Maritime-Terrestrial Zone is composed of two sections: the public zone, which is the fifty-meter-wide strip from the ordinary high-water mark and the areas uncovered during low tide, and the restricted zone, consisting of the remaining one hundred fifty meters or the rest of the land, in the case of islands. Also considered public zone, regardless of its extent, is the area occupied by all mangroves on the continental and insular coasts and the estuaries of the national territory. For its part, Article 4 of the Regulation to the aforementioned law states that when it comes to estuaries and mangroves, the restricted zone begins from the vegetation line at the edge of the estuaries and the limit of the mangroves or salt forests when they extend more than fifty meters from the ordinary high-water mark. In the case under review, to determine whether the building was constructed in violation of the provisions of this law, it is necessary to verify whether it is within the two hundred meters from the ordinary high-water mark or within the one hundred fifty meters from the vegetation line at the edge of an estuary or mangrove (if one exists on the site), if it is more than fifty meters from the high-water mark. In the matter before us, the exact location of the leased land, nor of the construction, has been determined. The documents admitted as evidence, far from clarifying this situation, contribute to confusion. Thus, on the map on folio 30, boundaries are indicated that differ from those in the document on folio 36, which state that the property is surrounded by mangroves and estuaries. Meanwhile, the lease agreement on folio 49 states that the land borders the Pacific Ocean beach on the west side. According to the inspection on folios 122 and 123, the restaurant is located about five hundred meters south of the salt flats and about fifty meters west of the road. And according to the map drawn up by the National Geographic Institute on folio 257, the building is located outside the public zone, but it is not determined whether or not it is in the restricted zone. This imprecision regarding the location of the land, and the construction, does not allow us to analyze the accused act. It must also be determined whether, after the fifty meters of public zone from the ordinary high-water mark, there is currently any mangrove or estuary, since this circumstance is also not clear from the existing evidence. From some documents, such as the one on folio 86, it appears that after the fifty meters of public zone adjacent to the Pacific Ocean there are private properties, and 175 meters after the public zone the salt flats begin, which is not concluded from the map on folio 257. The judgment indicates that there is an estuary adjacent to the property, because an engineer from the Geographic Institute, in an on-site inspection, said that where the salt flats are may have been an estuary, which was also stated in a report submitted to the Attorney General's Office that was based on a cartographic sheet from 1953 (folio 99). Topographic conditions vary over the years, so recent technical reports are required. The existence of a mangrove or estuary adjacent to the construction must be current, not something that existed in the past and no longer needs the protection of the law.",
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    "summary_en": "The Third Chamber granted the cassation appeals, annulled the conviction for violations of the Maritime-Terrestrial Zone Law and ideological falsehood, and ordered the case to be remanded for a new hearing.",
    "summary_es": "La Sala Tercera declaró con lugar los recursos de casación, anuló la sentencia condenatoria por infracciones a la Ley de la Zona Marítimo-Terrestre y falsedad ideológica, y ordenó el reenvío del caso para una nueva sustanciación."
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      "context": "Considerando I",
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      "quote_es": "La ubicación de la construcción objeto de esta causa no ha sido determinada con precisión, lo que resulta esencial para la correcta calificación de los hechos."
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      "context": "Considerando I",
      "quote_en": "The existence of a mangrove or estuary adjacent to the construction must be current, not something that existed in the past and no longer needs the protection of the law.",
      "quote_es": "La existencia de manglar o estero contiguo a la construcción debe ser actual, no existente en el pasado y que ya no necesita del amparo de la ley."
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      "quote_es": "Ante la falta de fundamentación de la resolución recurrida sobre uno de los elementos del tipo penal, cual es la posibilidad de causar perjuicio, debe anularse el fallo y ordenarse el reenvío de la causa para su debida sustanciación."
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  "body_es_text": "Expediente: 96-200363-0030-PE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nExp: 97-200089-0384-PE \n\n\n\nRes: 2001-000383 \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nSALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE\nJUSTICIA. San José, a las quince horas quince minutos del veinticuatro de abril\nde dos mil uno.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nRecurso de  casación interpuesto en la presente causa seguida contra RODOLFO ARTURO  GONZALEZ VOLIO,\ncasado, agricultor, costarricense, cédula de identidad  número 1-213-244, vecino de Bello Horizonte\nde San José, por el delito de FALSEDAD IDEOLOGICA E INFRACCION A LA LEY DE  LA ZONA MARITIMO\nTERRESTRE, en perjuicio de LA FE PUBLICA y DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE.  Intervienen en la\ndecisión del recurso, los Magistrados Daniel González  Alvarez, Presidente, Jesús Alberto Ramírez\nQuirós, Rodrigo Castro Monge,  Joaquín Vargas Gené y Carlos Luis Redondo Gutiérrez, estos dos\núltimos como  magistrados suplentes. También intervienen el licenciado Juan Guillermo Zamora\nChavarría, defensor del imputado y la licenciada Tatiana García Araya, en  representación del\nMinisterio Público.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nResultando: \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n1-Que mediante sentencia N°97-00, dictada a las  dieciséis horas del siete de agosto de dos mil, el\nTribunal de Juicio de  Guanacaste, Liberia, resolvió: “POR TANTO: Conforme a lo que se dirá y\nartículos 106, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 512, 543 del Código  de Procedimientos\nPenales 45, 50, 71 del Código Penal 37 y 39 de La  Constitución Política 13 y 62 de la Ley  Sobre la\nZona Marítima Terrestre SE   ABSUELVE DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD a RODOLFO ARTURO GONZALEZ VOLIO\npor el delito de FALSEDAD IDEOLOGICA que se le ha venido atribuyendo en perjuicio  de LA FE PUBLICA.\nSe declara a RODOLFO ARTURO GONZALEZ VOLIO autor responsable  del delito de INFRACCION A LA LEY DE\nLA ZONA MARITIMO TERRESTRE delito cometido  en perjuicio de la ZONA MARITIMO TERRESTRE y en dicho\ncarácter se le impone una  pena de UN AÑO DE PRISION. Que le descontará el condenado en el Centro\nCarcelario que indiquen los respectivos reglamentos. Son a cargo del estado las costas del proceso.\nSe  ordena la demolición de las edificaciones construidas en el Inmueble ubicadas  en Playa Morro.\nSe declara prescrito el delito de DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD.  Firme la sentencia condenatoria\ninscríbase la misma en el Registro Judicial y  expídanse los testimonios de ley. Mediante lectura\nnotifíquese este fallo.-  \". FS). LIC. JUAN GERARDO QUESADA  MORA. LICDA. MARGOTH ROJAS PEREZ. LIC.\nRODRIGO CAMPOS ESQUIVEL.\n\n2-Que contra el anterior pronunciamiento se  interpusieron tres recursos de casación. El defensor\nJuan Guillermo Zamora  Chavarría reclama en su recurso la falta de fundamentación en cuanto al tema\nde  la Zona Marítimo-Terrestre. El imputado Rodolfo González Volio solicita se declare con lugar el\nrecurso por  la forma, se anule la sentencia y el debate y se dicte una nueva resolución con\narreglo a derecho. La licenciada Tatiana García Araya, representante del  Ministerio Público en su\nadhesión al recurso de casación por el fondo plantea  la errónea aplicación del artículo 358 del\nCódigo Penal.\n\n3- Que se celebró vista a las catorce horas del\nonce de enero de dos mil uno.\n\n\n\n4-Que\nverificada la deliberación respectiva la Sala entró a conocer del recurso.\n\n\n\n5-Que en los procedimientos se han observado las prescripciones\nlegales pertinentes . \n\n\n\n Informa el Magistrado González Alvarez y,\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nConsiderando:\n\n\n\n I- El Licenciado  Juan Guillermo Zamora Chavarría, defensor del imputado, interpone Recurso de\nCasación por la forma. Como segundo motivo reclama falta de fundamentación  en cuanto al tema de la\nZona Marítimo-Terrestre. Argumenta que no está  establecido en forma precisa e indubitable la\nubicación, longitud y curso real  de la Zona Marítimo-Terrestre en el lugar bajo examen. Señala que\nse tiene por  demostrado que la propiedad que ocupa el acusado está dentro de la zona  restringida\ncon base en la manifestación de un testigo y no de prueba técnica.  Agrega que existe un vicio en el\nrazonamiento del Tribunal al considerar que es  a partir del estero y manglar que se cuentan los\nciento cincuenta metros de la  zona restringida. Se acoge el  reclamo. La ubicación de la\nconstrucción objeto de esta causa no ha sido determinada con precisión, lo que  resulta esencial\npara la correcta calificación de los hechos. Debe también  tenerse claro qué extensión comprende la\nZona Marítimo-Terrestre. De  conformidad con los artículos 9, 10 y 11 de la Ley sobre la Zona\nMarítimo-Terrestre,  esta zona comprende la franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de\nlos litorales Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su  naturaleza, medidos\nhorizontalmente a partir de la línea de la pleamar  ordinaria y los terrenos y rocas que deje el mar\nen descubierto en la marea  baja. Cubre también las islas, islotes, peñascos marítimos, así como\ntoda  tierra o formación natural que sobresalga del nivel del océano dentro del mar  territorial de\nla República. La Zona  Marítimo-Terrestre se compone de dos secciones : la zona pública, que es  la\nfaja de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria y las  áreas que quedan al\ndescubierto durante la marea baja, y la zona restringida,  constituida por la franja de los ciento\ncincuenta metros restantes o por los  demás terrenos, en casos de islas. También se considera zona\npública,  sea cual fuere su extensión, la ocupada por todos los manglares de los  litorales\ncontinentales e insulares y los esteros del territorio nacional. Por  su parte, el artículo 4 del\nReglamento a la ley mencionada señala que cuando se  trata de esteros y de manglares la zona\nrestringida comienza a partir de  la línea de vegetación a la orilla de los esteros y del límite de\nlos manglares  o bosques salados cuando éstos se extiendan por más de cincuenta metros de la\npleamar ordinaria. En el caso bajo  examen, para determinar si la edificación se realizó\ncontraviniendo las  disposiciones de esta ley se hace necesario verificar si se encuentra dentro de\nlos doscientos metros a partir de la línea de la pleamar ordinaria o dentro de  los ciento cincuenta\nmetros partiendo de la línea de vegetación a la orilla de  estero o manglar ( si hay en el lugar ),\nsi está a más de cincuenta metros de  la pleamar. En el asunto que nos ocupa  no se ha determinado\nla ubicación exacta del terreno dado en arriendo, ni de la  construcción. Los documentos que se\nincorporaron como prueba, lejos de aclarar  esta situación, contribuyen a confundir. Es así como en\nplano de folio 30 se  señalan linderos diferentes a los indicados en documento de folio 36, que\nconsignan que la propiedad está rodeada de manglares y esteros. Por su parte el  contrato de\narrendamiento que corre a folio 49 expresa que el terreno linda en  el lado oeste con playa del\nOcéano Pacífico.   Según inspección de folio 122 y 123 el restaurante está situado a unos\nquinientos metros sur de las salinas y a unos cincuenta metros al oeste del  camino. Y de acuerdo a\nplano levantado por el Instituto Geográfico Nacional de  folio 257, la edificación se encuentra\nfuera de la zona pública, pero no se  determina si está o no en zona restringida. Esta imprecisión\nen cuanto a la  ubicación del terreno, y de la construcción, no permite entrar a analizar el  hecho\nacusado. Debe también determinarse si luego de los cincuenta metros de  zona pública a contar de la\npleamar ordinaria se encuentra algún manglar o  estero actualmente, puesto que esta circunstancia\ntampoco queda clara con la  prueba existente. De algunos documentos como el de folio 86 deriva que\ndespués  de los cincuenta metros de zona pública contigua al Océano Pacífico hay  propiedades\nprivadas y 175 metros después de la zona pública comienzan las  salinas, lo que no se concluye del\nplano de folio 257. La sentencia señala que contiguo a la propiedad hay un estero, porque un\ningeniero del Instituto Geográfico, en inspección realizada en el sitio dijo  que donde están las\nsalinas pudo haber sido un estero, lo que también se indicó  en informe rendido a la Procuraduría\nque se basó en hoja cartográfica de 1953 (  folio 99 ). Las condiciones  topográficas varían con los\naños, por lo que se requiere de informes técnicos  recientes. La existencia de manglar o estero\ncontiguo a la construcción debe  ser actual, no existente en el pasado y que ya no necesita del\namparo de la  ley. El fundamento de la sentencia, que  toma una suposición como base para establecer\ncomo cierto un hecho y que no  señala por qué a pesar de la inconsistencia de la prueba recibida en\nlo que  respecta a la ubicación del inmueble, tiene por acreditado que se encuentra  dentro de la\nzona marítimo-terrestre, impone su anulación y el reenvío de la  causa para su debida tramitación.\nConforme a lo resuelto se omite  pronunciamiento en cuanto a los demás extremos del recurso y sobre\nel recurso  del imputado.\n\n II.- Adhesión del Ministerio Público : la Licenciada García Araya,  representante del Ministerio\nPúblico, se adhiere al recurso incoado por la  defensa, y como motivo de fondo plantea errónea\naplicación del artículo 358 del  Código Penal. Argumenta que a pesar de  que el Tribunal tuvo por\nacreditado que el imputado hizo insertar datos falsos  en forma dolosa en un documento, lo absuelve\nal señalar que no hay perjuicio, y  en su criterio este documento era idóneo para acreditar que el\nimputado era el  propietario del bien, cuando en realidad el terreno pertenecía al Estado.\nConsidera que el perjuicio era posible y no se materializó porque los  funcionarios de la\nProcuraduría General de la República comunicaron que dicha  propiedad era estatal. Se resuelve :  El\nfallo fundamenta la absolutoria del imputado por el delito de falsedad  ideológica considerando que\na pesar de que dolosamente hizo insertar datos  falsos en un documento, esta falsedad no logró su\npropósito, pues la  Municipalidad de La Cruz rechazó la construcción de la bodega que con él se\npretendía. El Tribunal de Mérito consideró que ni siquiera podía hablarse de la  posibilidad de\nperjuicio porque la falsedad era tan evidente que impedía  engañar a los funcionarios de la\nMunicipalidad. Examinada la resolución recurrida se observa que se extiende en un análisis\ndoctrinario de lo  que es la posibilidad de perjuicio de que habla el artículo 358 del Código\nPenal, pero no analiza el caso concreto. Se limita a expresar : “ Incluso  estima el Tribunal, que\nni siquiera pude (sic) hablarse de una posibilidad  perjuicio, (sic) porque la falsedad fue tan\nevidente,  incuestionable, manifiesta y palmaria, que es imposible pensar que aquella  declaración\njurada, pudiera haber engañado a los funcionarios de la Municipalidad  de la Cruz” ( folio 288 ) Es\nésta  la única alusión en el fallo a la no posibilidad de perjuicio en el caso bajo  examen, sin que\nse explique por qué se considera que la falsedad era evidente,  incuestionable, manifiesta y\npalmaria. Además, según la acusación el documento  en que se insertaron datos falsos fue también\npresentado ante el Juzgado  Agrario de Liberia para procurar la inscripción de la propiedad mediante\nel  trámite de información posesoria, acción sobre la cual el Tribunal no se  pronunció. Ante la\nfalta de  fundamentación de la resolución recurrida sobre uno de los elementos del  tipo penal, cual\nes la posibilidad de causar perjuicio, debe anularse el fallo  y ordenarse el reenvío de la causa\npara su debida sustanciación.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPor Tanto:\n\n\n\n Se\ndeclaran con lugar los Recursos de Casación tanto del Licenciado Juan Guillermo\nZamora Chavarría, defensor del imputado, como de la Licenciada Tatiana García\nAraya, representante del Ministerio Público. Se anula la sentencia en su\ntotalidad y se ordena el reenvío de la causa para su debida tramitación. En\nvista de lo resuelto se omite pronunciamiento en cuanto al recurso interpuesto\npor el imputado.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDaniel González A.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nJesús A. Ramírez Q. \n Rodrigo\nCastro M.\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\nJoaquín Vargas G. \nCarlos L. Redondo G.\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n(1057-3/8-00).gml",
  "body_en_text": "Case File: 96-200363-0030-PE\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nFile: 97-200089-0384-PE \n\n\n\nRuling: 2001-000383 \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nTHIRD CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF\nJUSTICE. San José, at fifteen hours and fifteen minutes on the twenty-fourth of April\nof two thousand one.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAppeal for cassation filed in the present case brought against RODOLFO ARTURO GONZALEZ VOLIO,\nmarried, farmer, Costa Rican, identity card number 1-213-244, resident of Bello Horizonte\nof San José, for the crime of IDEOLOGICAL FALSEHOOD AND INFRACTION OF THE LAW OF THE TERRESTRIAL MARITIME\nZONE, to the detriment of PUBLIC FAITH and of THE TERRESTRIAL MARITIME ZONE. Participating in the\ndecision on the appeal are the Magistrates Daniel González Alvarez, Presiding, Jesús Alberto Ramírez\nQuirós, Rodrigo Castro Monge, Joaquín Vargas Gené and Carlos Luis Redondo Gutiérrez, these last\ntwo as substitute magistrates. Also participating are attorney Juan Guillermo Zamora\nChavarría, defense counsel for the accused, and attorney Tatiana García Araya, on\nbehalf of the Public Prosecutor's Office.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nWhereas:\n\n\n\n1- That by judgment No. 97-00, handed down at sixteen hours on the seventh of August of two thousand, the\nTrial Court of Guanacaste, Liberia, resolved: “THEREFORE: In accordance with what will be stated and\nArticles 106, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 512, 543 of the Code of\nCriminal Procedure, 45, 50, 71 of the Penal Code, 37 and 39 of the Political Constitution, 13 and 62 of the Law\non the Terrestrial Maritime Zone, RODOLFO ARTURO GONZALEZ VOLIO IS ACQUITTED OF ALL PENALTY AND RESPONSIBILITY\nfor the crime of IDEOLOGICAL FALSEHOOD that has been attributed to him to the detriment of PUBLIC FAITH.\nRODOLFO ARTURO GONZALEZ VOLIO is declared the responsible perpetrator of the crime of INFRACTION OF THE LAW OF\nTHE TERRESTRIAL MARITIME ZONE, a crime committed to the detriment of the TERRESTRIAL MARITIME ZONE, and in said\ncapacity a penalty of ONE YEAR OF IMPRISONMENT is imposed upon him, which the convicted person shall serve in the\nPrison Center indicated by the respective regulations. The costs of the proceedings are borne by the State.\nThe demolition of the buildings constructed on the Property located at Playa Morro is ordered.\nThe crime of DISOBEDIENCE TO AUTHORITY is declared time-barred (prescrito). Once the condemnatory judgment is final,\nregister it in the Judicial Registry and issue the legal certifications. By reading, let this ruling be notified.-\n\". FS). LIC. JUAN GERARDO QUESADA MORA. LICDA. MARGOTH ROJAS PEREZ. LIC.\nRODRIGO CAMPOS ESQUIVEL.\n\n2- That against the preceding pronouncement, three appeals for cassation were filed. Defense counsel\nJuan Guillermo Zamora Chavarría claims in his appeal a lack of substantiation regarding the matter of\nthe Terrestrial Maritime Zone. The accused Rodolfo González Volio requests that the appeal on procedural grounds\nbe granted, the judgment and the trial be annulled, and a new resolution be issued in\naccordance with the law. Attorney Tatiana García Araya, representative of the Public Prosecutor's Office, in\nher joinder to the appeal for cassation on the merits, raises the erroneous application of Article 358 of the\nPenal Code.\n\n3- That a hearing was held at fourteen hours on the\neleventh of January of two thousand one.\n\n\n\n4- That,\nafter the respective deliberation was verified, the Chamber proceeded to hear the appeal.\n\n\n\n5- That in the proceedings, the pertinent legal\nprescriptions have been observed.\n\n Magistrate González Alvarez reports and,\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nConsidering:\n\n\n\n I- Attorney Juan Guillermo Zamora Chavarría, defense counsel for the accused, files an Appeal for\nCassation on procedural grounds. As a second ground, he claims a lack of substantiation regarding the matter of the\nTerrestrial Maritime Zone. He argues that the location, length, and real course\nof the Terrestrial Maritime Zone at the site under examination are not established in a precise and indubitable manner. He points out that it is\ntaken as proven that the property occupied by the accused is within the restricted zone (zona restringida)\nbased on the statement of a witness and not on technical evidence. He adds that there is a flaw in the reasoning\nof the Court in considering that the one hundred fifty meters of the restricted zone are counted\nfrom the tidal estuary (estero) and mangrove. The claim is upheld. The location of the\nconstruction that is the subject of this case has not been determined with precision, which\nis essential for the correct classification of the facts. It must also be clear what area the\nTerrestrial Maritime Zone comprises. In accordance with Articles 9, 10 and 11 of the Law on the Terrestrial Maritime Zone,\nthis zone comprises the strip two hundred meters wide along the entire length\nof the Atlantic and Pacific coasts of the Republic, whatever its nature may be, measured\nhorizontally from the ordinary high-water mark and the lands and rocks left uncovered by the sea\nat low tide. It also covers islands, islets, maritime crags, as well as all\nland or natural formation that projects above the ocean level within the territorial sea\nof the Republic. The Terrestrial Maritime Zone is composed of two sections: the public zone (zona pública), which is\nthe strip fifty meters wide measured from the ordinary high-water mark and the\nareas that are uncovered during low tide, and the restricted zone, constituted by the remaining\nstrip of one hundred fifty meters or by the remaining lands, in cases of islands. Also considered a public zone,\nwhatever its extension may be, is the area occupied by all the mangroves on the\ncontinental and insular coasts and the tidal estuaries of the national territory. For its part, Article 4 of the\nRegulation to the mentioned law states that when dealing with tidal estuaries and mangroves, the restricted\nzone begins from the vegetation line at the edge of the tidal estuaries and from the limit of the mangroves\nor salt forests when these extend for more than fifty meters from the ordinary high-water mark. In the case under\nexamination, to determine if the building was constructed in violation of the provisions\nof this law, it is necessary to verify if it is located within the two hundred meters from the ordinary high-water mark line\nor within the one hundred fifty meters starting from the vegetation line at the edge of the\ntidal estuary or mangrove (if there is one at the site), if it is more than fifty meters from\nthe high-water mark. In the matter before us, the exact location of the land given in lease, nor\nof the construction, has not been determined. The documents that were incorporated as evidence, far from\nclarifying this situation, contribute to confusing it. This is how, in the plan on folio 30,\ndifferent boundaries are indicated from those indicated in the document on folio 36, which state\nthat the property is surrounded by mangroves and tidal estuaries. For its part, the lease contract\non folio 49 states that the land is bounded on the west side by the beach of the Pacific Ocean. According to the inspection on folios 122 and 123,\nthe restaurant is situated about five hundred meters south of the saltworks (salinas) and about\nfifty meters west of the road. And according to the plan surveyed by the National Geographic Institute on folio 257, the building is located\noutside the public zone, but it is not determined whether or not it is in the restricted zone. This imprecision regarding the\nlocation of the land, and of the construction, does not allow for an analysis of the accused\nact. It must also be determined whether, after the fifty meters of public zone from the\nordinary high-water mark, there is currently any mangrove or tidal estuary, since this circumstance\nis also not clear from the existing evidence. From some documents, such as the one on folio 86, it can be deduced that\nafter the fifty meters of public zone adjacent to the Pacific Ocean, there are\nprivate properties, and 175 meters after the public zone, the saltworks begin, which is not concluded\nfrom the plan on folio 257. The judgment states that adjacent to the property there is a tidal estuary, because an engineer\nfrom the Geographic Institute, in an inspection carried out at the site, said that where the\nsaltworks are may have been a tidal estuary, which was also indicated in a report rendered to the Attorney General's Office\nthat was based on a 1953 cartographic sheet (folio 99). Topographic conditions vary over the years, which is why recent technical reports\nare required. The existence of a mangrove or tidal estuary adjacent to the construction must be\ncurrent, not existing in the past and that no longer needs the protection of the\nlaw. The basis of the judgment, which takes a supposition as a basis to establish a fact as true and which does\nnot state why, despite the inconsistency of the evidence received regarding the location of the property, it\nconsiders it accredited that it is located within the terrestrial maritime zone, mandates its annulment and the remand of\nthe case for its proper processing. In accordance with the ruling, no\npronouncement is made regarding the other points of the appeal or regarding the appeal\nof the accused.\n\n II.- Joinder of the Public Prosecutor's Office: Attorney García Araya, representative of the\nPublic Prosecutor's Office, joins the appeal filed by the defense, and as a ground on the merits\nraises the erroneous application of Article 358 of the Penal Code. She argues that even though\nthe Court held it as proven that the accused intentionally caused false data\nto be inserted in a document, it acquits him by stating that there is no harm, and\nin her view, this document was suitable to prove that the accused was the\nowner of the property, when in reality the land belonged to the State.\nShe considers that harm was possible and did not materialize because the\nofficials of the Attorney General's Office of the Republic communicated that said\nproperty was state-owned. It is resolved: The judgment bases the acquittal of the accused for the crime of ideological\nfalsehood by considering that even though he intentionally caused false data\nto be inserted in a document, this falsehood did not achieve its purpose, because the\nMunicipality of La Cruz rejected the construction of the warehouse that was intended with it.\nThe Trial Court considered that one could not even speak of the possibility\nof harm because the falsehood was so evident that it prevented deceiving\nthe officials of the Municipality. Upon examination of the appealed resolution, it is observed that it extends into a doctrinal analysis\nof what constitutes the possibility of harm mentioned in Article 358 of the Penal Code,\nbut does not analyze the specific case. It limits itself to stating: \"The Court even considers\nthat one cannot even speak of a possibility of harm, because the falsehood was so evident,\nunquestionable, manifest, and glaring, that it is impossible to think that said\nsworn statement could have deceived the officials of the Municipality of\nLa Cruz\" (folio 288). This is the only allusion in the judgment to the non-possibility of harm in the case under\nexamination, without explaining why it is considered that the falsehood was evident,\nunquestionable, manifest, and glaring. Furthermore, according to the accusation, the document\nin which false data was inserted was also presented before the Agrarian Court\nof Liberia to seek the registration of the property through an information of possession (información posesoria) proceeding, an action on which the Court did\nnot rule. Given the lack of substantiation of the appealed resolution regarding one of the elements of the\ncriminal definition, which is the possibility of causing harm, the judgment must be annulled\nand the remand of the case ordered for its proper substantiation.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nTherefore:\n\n\n\n The Appeals for Cassation of both Attorney Juan Guillermo\nZamora Chavarría, defense counsel for the accused, and Attorney Tatiana García\nAraya, representative of the Public Prosecutor's Office, are granted. The judgment is annulled in its\ntotality and the remand of the case is ordered for its proper processing. In\nview of the ruling, no pronouncement is made regarding the appeal filed\nby the accused.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDaniel González A.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nJesús A. Ramírez Q. \n Rodrigo\nCastro M.\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\nJoaquín Vargas G. \nCarlos L. Redondo G.\n\n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n(1057-3/8-00).gml"
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