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  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Anulación de sobreseimiento por errónea aplicación de términos de prescripción en delito de pesca ilegal",
  "title_en": "Annulment of dismissal for erroneous application of statute of limitations in illegal fishing offense",
  "summary_es": "El Tribunal Superior de Casación Penal anula una sentencia de sobreseimiento por prescripción de la acción penal en un caso de pesca ilegal. El tribunal de instancia había estimado el plazo de prescripción en ocho meses, tomando como base la pena de prisión subsidiaria prevista en el artículo 102 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. La casación, interpuesta por el Ministerio Público, argumenta que el delito está sancionado con multa y el artículo 82 inciso 3 del Código Penal fija un plazo de prescripción de dos años para delitos sancionados con días multa. El tribunal superior acoge el recurso, señalando que la pena de prisión es subsidiaria y el plazo aplicable es de dos años, el cual no había transcurrido porque fue interrumpido por múltiples actos procesales posteriores al auto de procesamiento. Se ordena la devolución del expediente para continuar la tramitación.",
  "summary_en": "The Superior Criminal Appeals Tribunal annuls a dismissal based on the statute of limitations in an illegal fishing case. The lower court had calculated the limitation period as eight months, relying on the subsidiary prison term in Article 102 of the Wildlife Conservation Law. The Public Prosecutor's appeal argued that the offense is punishable by a fine and Article 82(3) of the Criminal Code sets a two-year limitation period for fine-only offenses. The higher court upholds the appeal, holding that the prison term is subsidiary and the two-year period applies, which had not elapsed due to multiple procedural acts interrupting it after the indictment. The case is remanded for further proceedings.",
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  "excerpt_es": "Por su parte el artículo 82 del Código Penal en su inciso 3) establece que la acción penal prescribe, cuando se trate de delitos sancionados con días multa en dos años, resultando de aplicación dicha norma, pues la pena de prisión contemplada en el citado numeral 102 de la ley de conservación de vida silvestre se aplicará subsidiariamente; en todo caso el mismo artículo 82 inciso 2) señala que la acción penal prescribe después de transcurrido un tiempo igual al extremo mayor de la sanción establecida para el hecho punible, pero que no podrá exceder de 12 años ni bajar de dos, cuando aquel tenga pena señalada que no exceda de 15 años y se trate de prisión, extrañamiento o interdicción de derechos, por lo que tampoco resulta de recibo la tesis del juzgador al estimar en ocho meses el término de prescripción de la acción penal en el delito de pesca ilegal, por la sola razón de que el extremo mayor de la pena de prisión se estipula en ocho meses, inobservando las disposiciones contenidas en el inciso 3) del artículo 82 ya citado, e interpretando erradamente el inciso 2) de la misma norma; de allí que en el caso que nos ocupa, habiendo ocurrido los hechos el 6 de abril de 1993, el término de prescripción fue interrumpido por el auto de procesamiento dictado el 18 de febrero de 1994 (ver folios 71 frente y vuelto y 72 frente y vuelto), de conformidad con el artículo 83 del Código Penal y artículo 3 de la Ley 5712 del 11 de julio de 1975, reformado por el artículo 7 de la ley 6726 del 3 de marzo de 1982.",
  "excerpt_en": "For its part, Article 82(3) of the Criminal Code establishes that criminal prosecution is time-barred after two years for offenses punishable by day-fines, which applies here because the prison sentence in Article 102 of the Wildlife Conservation Law is only subsidiary. In any case, Article 82(2) provides that prosecution is time-barred after a time equal to the maximum punishment for the offense, but cannot exceed 12 years or be less than two when the prescribed penalty does not exceed 15 years and involves imprisonment, exile or disqualification. Therefore, the judge's reasoning that the statute of limitations is eight months for illegal fishing is unacceptable, since the maximum prison term is eight months, disregarding Article 82(3) and erroneously interpreting subsection (2). In this case, the offense occurred on April 6, 1993, and the limitations period was interrupted by the indictment on February 18, 1994 (folios 71 front and back and 72 front and back), pursuant to Article 83 of the Criminal Code and Article 3 of Law 5712 of July 11, 1975, as amended by Article 7 of Law 6726 of March 3, 1982.",
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    "summary_en": "The dismissal based on the statute of limitations is annulled, and the case is remanded to the lower court for further proceedings.",
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      "quote_en": "The judge's reasoning that the statute of limitations is eight months for illegal fishing is unacceptable, since the maximum prison term is eight months, disregarding Article 82(3) and erroneously interpreting subsection (2).",
      "quote_es": "No resulta de recibo la tesis del juzgador al estimar en ocho meses el término de prescripción de la acción penal en el delito de pesca ilegal, por la sola razón de que el extremo mayor de la pena de prisión se estipula en ocho meses, inobservando las disposiciones contenidas en el inciso 3) del artículo 82 ya citado."
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  "body_es_text": "134-F-97:\n\n TRIBUNAL SUPERIOR DE CASACION PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José, a las diez horas cinco\nminutos del veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete.\n\n RECURSO DE CASACION interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1], mayor, agricultor,\ncostarricense, nativo de Alajuela el 28 de setiembre de l956, hijo de [Nombre2] y de [Nombre3],\nportador de la cédula de identidad número CED1, por el delito de INFRACCION A LA LEY DE CONSERVACION\nDE LA FAUNA SILVESTRE, en perjuicio de LA FAUNA SILVESTRE. Intervienen en la decisión del recurso,\nlos Licenciados [Nombre1], Doctor Fernando Cruz Castro y Alejandro López Mc Adam. Se apersonaron en\ncasación los Licenciados José Luis Cambronero Delgado y [Nombre2], en representación del Ministerio\nPúblico.\n\nRESULTANDO:\n\n 1) Que mediante sentencia de Sobreseimiento, dictada a las catorce horas treinta minutos del\nprimero de agosto de mil novecientos noventa y seis, el Juzgado de Instrucción de San Carlos,\nresolvió: \"POR TANTO: Con base en lo expuesto y artículos 68 y 102 de la Ley No. 7317, 320 inciso 4\ny 544 del Código de Procedimientos Penales, se dicta SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO POR PRESCRIPCION DE\nLA ACCION PENAL a favor de [Nombre1] POR INFRACCION A LA LEY DE CONSERVACION DE FAUNA SILVESTRE en\nperjuicio de LA FAUNA SILVESTRE. Se resuelve este asunto, sin especial condenatoria en costas.\nNOTIFIQUESE. F. Lic. Ana Mary Hall Cubero. Jueza de Instrucción. (SIC)\n\n 2) Que contra el anterior pronunciamiento, el Licenciado José Luis Cambronero Delgado, Agente\nFiscal de San Carlos, interpuso Recurso de Casación por el fondo.\n\n 3) Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 481\ndel Código de Procedimientos Penales, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el\nRecurso.\n\n 4) Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\n Redacta la Jueza Superior [Nombre3], y; \n\nCONSIDERANDO:\n\n I.- Recurso por el fondo.\n\n Unico motivo:\n\n El recurrente reclama la inobservancia de los artículos 83 del Código Penal y 3 de la Ley 5712 del\n11 de junio de 1975, pues la prescripción en el presente caso es de dos años y no de ocho meses como\nlo estableció el señor juez al dictar sentencia de sobreseimiento por prescripción en favor del\nimputado, pues el delito que se le atribuye está sancionado con pena de multa. Por otra parte estima\nque con posterioridad al dictado del auto de procesamiento se dieron varios actos procesales que\ninterrumpieron la prescripción, entre ellos: el requerimiento de elevación a juicio del 25 de abril\nde 1994, la citación a juicio del 10 de mayo de 1994; señalamientos para debate el 24 de mayo y el 3\nde agosto de 1994; declaratoria de incompetencia del juzgado de instrucción del 13 de marzo de 1996\ny el conflicto de competencia planteado por el juzgado penal el 21 de marzo de 1996, por lo que la\nprescripción no ha operado a la fecha. Le asiste razón el recurrente. El artículo 102 de la Ley de\nconservación de la vida silvestre, incluido dentro del capítulo XI de la citada normativa, considera\ncomo delitos entre otros la pesca ilegal en aguas contaminadas de propiedad nacional, sancionando su\ninfracción con multa de diez mil a cuarenta mil colones, convertible en prisión de dos a ocho meses,\ncuando la pesca se realice sin el empleo de venenos, cal o plaguicidas, supuesto dentro del cual se\nagravaría la pena tanto de multa como de prisión, estando el caso en estudio dentro del primero de\nlos presupuestos. Por su parte el artículo 82 del Código Penal en su inciso 3) establece que la\nacción penal prescribe, cuando se trate de delitos sancionados con días multa en dos años,\nresultando de aplicación dicha norma, pues la pena de prisión contemplada en el citado numeral 102\nde la ley de conservación de vida silvestre se aplicará subsidiariamente; en todo caso el mismo\nartículo 82 inciso 2) señala que la acción penal prescribe después de transcurrido un tiempo igual\nal extremo mayor de la sanción establecida para el hecho punible, pero que no podrá exceder de 12\naños ni bajar de dos, cuando aquel tenga pena señalada que no exceda de 15 años y se trate de\nprisión, extrañamiento o interdicción de derechos, por lo que tampoco resulta de recibo la tesis del\njuzgador al estimar en ocho meses el término de prescripción de la acción penal en el delito de\npesca ilegal, por la sola razón de que el extremo mayor de la pena de prisión se estipula en ocho\nmeses, inobservando las disposiciones contenidas en el inciso 3) del artículo 82 ya citado, e\ninterpretando erradamente el inciso 2) de la misma norma; de allí que en el caso que nos ocupa,\nhabiendo ocurrido los hechos el 6 de abril de 1993, el término de prescripción fue interrumpido por\nel auto de procesamiento dictado el 18 de febrero de 1994 (ver folios 71 frente y vuelto y 72 frente\ny vuelto), de conformidad con el artículo 83 del Código Penal y artículo 3 de la Ley 5712 del 11 de\njulio de 1975, reformado por el artículo 7 de la ley 6726 del 3 de marzo de 1982. Sin embargo, con\nposterioridad al auto de procesamiento, como bien lo indicó el recurrente se dictaron una serie de\nactos procesales que vinieron a interrumpir nuevamente el término de prescripción,siendo el último\nde ellos la resolución del Tribunal Superior de San Carlos, resolviendo el conflicto de competencia\nentre los juzgados penal y de instrucción de esa jurisdicción, el 16 de julio de 1996 (folio 136),\npor lo que a la fecha en que se dictó la resolución que se impugna (14:30 horas del 1 de agosto de\n1996, folios 138 frente y vuelto, 139 frente) no había operado la prescripción al no haber\ntranscurrido el término fijado por el artículo 82 del Código Penal, resultando improcedente el\ndictado del sobreseimiento por esa circunstancia en favor del imputado [Nombre1], deviniendo en nula\nla sentencia recurrida.\n\n POR TANTO:\n\n Se declara con lugar el recurso interpuesto por el representante del Ministerio Público. Se anula\nla sentencia de sobreseimiento por prescripción dictada por el Juzgado de Instrucción de San Carlos\nen favor del imputado [Nombre1], ordenándose la remisión de la causa a su oficina de origen para que\ncontinúe la tramitación conforme a derecho. NOTIFIQUESE.\n\n \n\n \n\n \n\n Licda. [Nombre1].\n\n \n\n \n\n \n\nDr. Fernando Cruz Castro. Lic. Alejandro López Mc Adam.\n\n \n\nExpediente 96-000810-008-P.E.\n\nDig/ [Nombre4]",
  "body_en_text": "134-F-97:\n\n SUPERIOR CRIMINAL CASSATION COURT. Second Judicial Circuit of San José, at ten hours and five\nminutes on the twenty-fourth of February, nineteen ninety-seven.\n\n CASSATION APPEAL filed in the present case against [Nombre1], of legal age, farmer,\nCosta Rican, native of Alajuela on September 28, 1956, son of [Nombre2] and of [Nombre3],\nholder of identity card number CED1, for the crime of VIOLATION OF THE WILDLIFE CONSERVATION LAW,\nto the detriment of WILDLIFE. Participating in the decision on the appeal are\nLicenciados [Nombre1], Doctor Fernando Cruz Castro, and Alejandro López Mc Adam. Appearing\nin cassation were Licenciados José Luis Cambronero Delgado and [Nombre2], representing the\nPublic Prosecutor's Office.\n\nWHEREAS:\n\n 1) That by means of a judgment of Dismissal (Sobreseimiento), issued at fourteen hours thirty minutes on the\nfirst of August, nineteen ninety-six, the Examining Magistrate's Court (Juzgado de Instrucción) of San Carlos\nresolved: \"THEREFORE: Based on the foregoing and articles 68 and 102 of Law No. 7317, 320 subsection 4,\nand 544 of the Code of Criminal Procedure, a JUDGMENT OF DISMISSAL DUE TO THE STATUTE OF LIMITATIONS (PRESCRIPCION DE\nLA ACCION PENAL) is hereby entered in favor of [Nombre1] FOR VIOLATION OF THE WILDLIFE CONSERVATION LAW to\nthe detriment of WILDLIFE. This matter is resolved without special ruling on costs.\nNOTIFY. F. Lic. Ana Mary Hall Cubero. Examining Magistrate. (SIC)\n\n 2) That against the preceding ruling, Licenciado José Luis Cambronero Delgado, District Attorney\nof San Carlos, filed a Cassation Appeal on the merits.\n\n 3) That having conducted the respective deliberation in accordance with the provisions of article 481\nof the Code of Criminal Procedure, the Court considered the issues raised in the\nAppeal.\n\n 4) That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.\n\n Drafted by the Superior Judge [Nombre3], and;\n\nWHEREAS:\n\n I.- Appeal on the merits.\n\n Sole ground:\n\n The appellant claims the disregard of articles 83 of the Criminal Code and 3 of Law 5712 of\nJune 11, 1975, since the statute of limitations in the present case is two years and not eight months as\nestablished by the judge when issuing the judgment of dismissal due to the statute of limitations in favor of the\ndefendant, because the crime attributed to him is punishable by a fine. Furthermore, he considers\nthat after the issuance of the indictment order (auto de procesamiento), several procedural acts occurred that\ninterrupted the statute of limitations, among them: the request to proceed to trial of April 25,\n1994, the summons to trial of May 10, 1994; hearing dates set for May 24 and\nAugust 3, 1994; the declaration of lack of jurisdiction by the examining magistrate's court on March 13, 1996,\nand the conflict of jurisdiction raised by the criminal court on March 21, 1996, such that the\nstatute of limitations has not run to date. The appellant is correct. Article 102 of the\nWildlife Conservation Law, included within Chapter XI of the cited regulations, considers\nas crimes, among others, illegal fishing in polluted waters of national ownership, punishing its\nviolation with a fine of ten thousand to forty thousand colones, convertible to imprisonment of two to eight months,\nwhen the fishing is carried out without the use of poisons, lime, or pesticides, a scenario in which\nboth the fine and imprisonment penalties would be aggravated, the case under study falling within the first\nof these circumstances. For its part, article 82 of the Criminal Code, in its subsection 3), establishes that the\ncriminal action prescribes, in the case of crimes punishable by day-fines (días multa), in two years,\nthis rule being applicable, since the prison sentence contemplated in the cited numeral 102\nof the Wildlife Conservation Law shall be applied subsidiarily; in any case, the same\narticle 82, subsection 2), indicates that the criminal action prescribes after a period equal\nto the maximum penalty established for the punishable act has elapsed, but that it may not exceed 12\nyears nor be less than two, when said act has a prescribed penalty not exceeding 15 years and involves\nimprisonment, banishment, or interdiction of rights, for which reason the judge's thesis is also not acceptable\nin estimating the statute of limitations period for the criminal action in the crime of\nillegal fishing at eight months, for the sole reason that the maximum imprisonment penalty is stipulated at eight\nmonths, thus disregarding the provisions contained in subsection 3) of the already cited article 82,\nand erroneously interpreting subsection 2) of the same rule; hence, in the case before us,\nthe events having occurred on April 6, 1993, the statute of limitations period was interrupted by\nthe indictment order (auto de procesamiento) issued on February 18, 1994 (see folios 71 recto and verso and 72 recto\nand verso), in accordance with article 83 of the Criminal Code and article 3 of Law 5712 of\nJuly 11, 1975, as amended by article 7 of Law 6726 of March 3, 1982. However,\nsubsequent to the indictment order, as the appellant correctly indicated, a series of\nprocedural acts were issued which further interrupted the statute of limitations period, the last\nof them being the resolution of the Superior Court of San Carlos, resolving the conflict of jurisdiction\nbetween the criminal and examining magistrate's courts of that jurisdiction, on July 16, 1996 (folio 136),\nso that on the date the challenged resolution was issued (14:30 hours on August 1, 1996,\nfolios 138 recto and verso, 139 recto), the statute of limitations had not run, the period fixed by\narticle 82 of the Criminal Code not having elapsed, making the issuance of the dismissal on those\ngrounds in favor of the defendant [Nombre1] improper, and rendering the appealed judgment\nnull and void.\n\n THEREFORE:\n\n The appeal filed by the representative of the Public Prosecutor's Office is upheld. The\njudgment of dismissal due to the statute of limitations issued by the Examining Magistrate's Court of San Carlos\nin favor of the defendant [Nombre1] is annulled, and the case is ordered remitted to its court of origin so that\nproceedings may continue in accordance with the law. NOTIFY.\n\n \n\n \n\n \n\n Licda. [Nombre1].\n\n \n\n \n\n \n\nDr. Fernando Cruz Castro. Lic. Alejandro López Mc Adam.\n\n \n\nCase file 96-000810-008-P.E.\n\nDig/ [Nombre4]"
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