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  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Casación penal sobre construcciones en zona marítimo terrestre",
  "title_en": "Criminal cassation appeal on constructions in maritime-terrestrial zone",
  "summary_es": "El Tribunal Superior de Casación Penal desestima un recurso de casación por la forma y por el fondo interpuesto contra una sentencia condenatoria por el delito de infracción a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre. Los imputados fueron condenados a seis meses de prisión con ejecución condicional por construir ranchos en la zona restringida de la zona marítimo terrestre. El recurrente alegó vicios en la ampliación de la acusación, admisión de prueba y violación al derecho de defensa. El tribunal concluye que la ampliación no introdujo hechos nuevos, que no hubo indefensión y que el error material en la parte dispositiva de la sentencia (mencionar 'Ley Forestal' en lugar de 'Ley de la Zona Marítimo Terrestre') es subsanable y no afecta el fondo. En consecuencia, declara sin lugar el recurso pero corrige el error material en la parte dispositiva.",
  "summary_en": "The Superior Criminal Cassation Court dismisses a cassation appeal on procedural and substantive grounds against a conviction for violation of the Maritime-Terrestrial Zone Law. The defendants were sentenced to six months in prison with conditional execution for building shacks in the restricted zone of the maritime-terrestrial zone. The appellant alleged defects in the expansion of charges, admission of evidence, and violation of the right to defense. The court concludes that the expansion did not introduce new facts, there was no defenselessness, and the material error in the operative part of the judgment (mentioning 'Forestry Law' instead of 'Maritime-Terrestrial Zone Law') is correctable and does not affect the merits. Consequently, it dismisses the appeal but corrects the material error in the operative part.",
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    "zona marítimo terrestre",
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    "infracción a la ley",
    "construcción ilegal",
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    "Maritime-Terrestrial Zone Law",
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  "excerpt_es": "Y como, de acuerdo con el artículo 62 de la citada ley, el delito se configura por construir o realizar cualquier tipo de desarrollo, contra lo dispuesto en la ley, en la zona marítimo terrestre, que comprende tanto la zona pública, como la zona restringida, carece de importancia, que en la ampliación de la acusación se precise que las construcciones que realizaron los imputados lo fueron en la zona restringida, pues lo cierto es que ya la acusación inicial contenía la imputación de las construcciones de las edificaciones en la zona marítimo terrestre, aunque ubicando las mismas indistintamente en la zona pública y en la zona restringida de la zona marítimo terrestre.\n\nEn relación a que el defensor no hizo conclusiones en el debate, según lo indica en el recurso, tampoco se demuestra, al contrario de ello, el acta del debate, (y no existe otra constancia al respecto), al folio 240, se refiere a las conclusiones del defensor, de quien se dice que \"pide absolutoria, caso contrario pena en el mínimo y se conceda ejecución de la pena.\" Ante ello, no es posible admitir que el defensor no hiciera conclusiones, aspecto que de haber sido cierto sí acarrearía un abandono de la defensa, y en consecuencia una violación a este derecho, según lo dispuesto por los artículos 389, párrafo sexto, y 89, del Código de Procedimientos Penales.\n\nEn cuanto a que se condena por infracción al artículo 62 de la Ley Forestal, y no por infracción al artículo 62 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, en realidad lo que existe es un simple error material, como el mismo recurrente lo indica, todo el análisis y discusión se refirió a esta Ley, y no a la Ley Forestal...",
  "excerpt_en": "And since, according to Article 62 of the aforementioned law, the crime is committed by constructing or carrying out any type of development against the provisions of the law in the maritime-terrestrial zone, which includes both the public zone and the restricted zone, it is irrelevant that the expansion of the charges specifies that the constructions carried out by the defendants were in the restricted zone, because the initial charges already included the imputation of the constructions in the maritime-terrestrial zone, albeit locating them indistinctly in both the public and restricted zones.\n\nRegarding the claim that the defense attorney did not make closing arguments, this is not proven; on the contrary, the trial record (and there is no other record) at folio 240 refers to the defense's conclusions, stating that he \"asks for acquittal, otherwise the minimum penalty and that the execution of the sentence be suspended.\" Given this, it cannot be accepted that the defense attorney failed to make conclusions, which if true would constitute abandonment of defense and therefore a violation of this right, pursuant to Articles 389, sixth paragraph, and 89 of the Code of Criminal Procedure.\n\nAs for the conviction for violation of Article 62 of the Forestry Law instead of Article 62 of the Maritime-Terrestrial Zone Law, this is merely a material error, as the appellant himself notes, since the entire analysis and discussion referred to the latter law, not the Forestry Law...",
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    "summary_en": "The Superior Criminal Cassation Court dismisses the cassation appeal on procedural and substantive grounds, and corrects a material error in the conviction.",
    "summary_es": "El Tribunal Superior de Casación Penal declara sin lugar el recurso de casación por la forma y por el fondo, y corrige un error material en la sentencia condenatoria."
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      "context": "Considerando II",
      "quote_en": "the crime is committed by constructing or carrying out any type of development against the provisions of the law in the maritime-terrestrial zone, which includes both the public zone and the restricted zone",
      "quote_es": "el delito se configura por construir o realizar cualquier tipo de desarrollo, contra lo dispuesto en la ley, en la zona marítimo terrestre, que comprende tanto la zona pública, como la zona restringida"
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      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "in reality what exists is a simple material error, as the appellant himself indicates, the entire analysis and discussion referred to this Law, and not to the Forestry Law",
      "quote_es": "en realidad lo que existe es un simple error material, como el mismo recurrente lo indica, todo el análisis y discusión se refirió a esta Ley, y no a la Ley Forestal"
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  "body_es_text": "223-F-96\n\n TRIBUNAL SUPERIOR DE CASACION PENAL. San José, a las quince horas treinta y cuatro minutos del\nveintidós de abril de mil novecientos noventa y seis.\n\n RECURSO DE CASACION, interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1], mayor, soltero,\nvecino de Puntarenas, pescador, cédula de identidad número CED1 y JOSE M. [Nombre3], mayor, soltero,\npescador, vecino de Playa Blanca, cédula CED2, por el delito de INFRACCION A LA LEY DE ZONA MARITIMO\nTERRESTRE, en perjuicio de ESTADO. Intervienen en la decisión del recurso, el Doctor Fernando Cruz\nCastro y los Licenciados Carlos Luis Redondo Gutiérrez y Jorge Chacón Laurito. Se apersonaron en\ncasación el Licenciado Arturo Ruíz Chavarría.\n\nRESULTANDO:\n\n I. Que mediante sentencia dictada a las dieciséis horas del nueve de agosto de mil novecientos\nnoventa y cinco, el Juzgado Penal de Puntarenas, condenó a [Nombre1] y a [Nombre3], por el delito de\nINFRACCION A LA LEY DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE, en perjuicio del ESTADO, a la pena de SEIS MESES\nDE PRISION, a cada uno de ellos, y se les concedió el beneficio de condena de ejecución condicional\nde la pena, por un período de prueba de tres años.\n\n II. Que contra el anterior pronunciamiento, el Licenciado Arturo Ruíz Chavarría interpuso recurso\nde casación.\n\n III. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 481\ndel Código de Procedimientos Penales, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el\nrecurso.\n\n IV. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones pertinentes.\n\n REDACTA el Juez Superior CHACON LAURITO, y;\n\n CONSIDERANDO:\n\n Por sentencia del Juzgado Penal de Puntarenas, de las dieciséis horas del nueve de agosto de mil\nnovecientos noventa y cinco, se condenó a [Nombre1] y a [Nombre3], por el delito de INFRACCION A LA\nLEY DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE, en perjuicio del ESTADO, a la pena de SEIS MESES DE PRISION, a\ncada uno de ellos, y se les concedió el beneficio de condena de ejecución condicional de la pena,\npor un período de prueba de tres años. Contra esta resolución recurre en casación, por la forma y\npor el fondo, el Lic. Arturo Ruiz Chavarría, defensor particular de los imputados, por los\nsiguientes motivos:\n\n II. En el recurso por la forma, el recurrente no individualiza los motivos ni las violaciones a\nley, sino que en forma general alega que se viola la resolución de la Sala Constitucional, Voto\n[Placa1] 3000-92 y Voto 2587-93, en relación con el artículo 376 y 387 del Código de Procedimientos\nPenales. Argumenta que se había establecido que se estaba en presencia de una infracción a la zona\npública de la zona marítimo terrestre, que pese a ello el Agente Fiscal amplió el requerimiento\nincluyendo la zona restringida, a la vez que ofreció para mejor resolver nuevos testigos, uno de\nellos sin identificación, por lo que el recurrente se opuso, indicando que dejaba en indefensión (se\nsupone que a los acusados) y solicitó que se suspendiera el debate para aportar prueba pertinente,\nentre otras que esa zona no estaba legalmente en uso de una supuesta ofendida, y porque los\nimputados, que al principio eran muchos, la habían ocupado. Que su petición no fue atendida, y\ntampoco su oposición al testimonio de [Nombre4], que no estaba identificado y era prematura su\nadmisión, así como fotografías (al parecer el impugnante quiere decir que también se opuso a su\nadmisión) sin respaldo de firmas o sellos que garantizaran su autenticidad. Que la prueba para mejor\nresolver fue recibida antes que la prueba oportuna y legalmente ofrecida, cuando debió haberse\ndejado de última dada su naturaleza de ser para aclarar puntos indispensables. Que como defensor\ntrató de enderezar la prueba en cuanto a la ocupación de la zona restringida, y arbitrariamente la\njuzgadora se negó a que le contestaran las preguntas, lo que lo dejó indefenso, en un papel pasivo,\nal extremo de que cuando se le dio la palabra para las conclusiones, manifestó que no hacía\nconclusiones porque las mismas caerían en el vacío, por la forma en que se desarrolló el debate,\npero en el acta no se indicó eso, y la señora Jueza pretende decir que en las conclusiones él indicó\nque había un recurso contencioso administrativo; indica que él dijo, cuando se opuso a la ampliación\ndel requerimiento, que los terrenos ocupados por Playa Blanquita Ltda., no eran legalmente ocupados,\nal existir una apelación en el Tribunal Superior Contencioso Administrativo y pedía la suspensión\ndel debate para ofrecer prueba, lo que se le negó, al igual que en el debate del l8 de mayo del 95,\npero esa vez el Juez lo justificó diciendo que se estaba viendo una infracción a la zona pública y\npor eso no se había ofrecido esa prueba. Agrega que a veces no se entiende que la zona marítima\nterrestre se divide en zona pública y en zona restringida, y por ello en el juicio no se distinguió;\ny que la sentencia no tiene \"congruencia conceptual\", ni el acta cumple con lo que dispone el\nartículo 390 del Código de Procedimientos Penales. EL MOTIVO SE RECHAZA. De lo expuesto se extrae\nque el recurrente no cumple con las exigencias de admisibilidad del recurso de casación que prevén\nlos artículos 452 y 477 del Código de Procedimientos Penales, en realidad no hace una exposición de\nun motivo, con su fundamento, ni una específica indicación del punto de la decisión que impugna. Lo\nque hace es más bien un alegato de pretendidas violaciones, en general, sin puntualizar donde\nestriba el vicio en la decisión, ni en qué perjudica la misma a los intereses de sus defendidos,\nolvidándose que las nulidades sólo proceden en cuanto exista interés para la parte que la alega, lo\nque debe demostrarse. Y ni siquiera se indica cuál es la violación a los artículos del Código de\nProcedimientos Penales, que simplemente se citan. Ello bastaría para haber declarado inadmisible el\nmotivo; sin embargo, dado que el único recurso con que cuentan los imputados contra una sentencia\ncondenatoria, fuera del de revisión, es el recurso de casación, y siguiendo los lineamientos de\namplitud en la admisibilidad del recurso, establecido por la Sala Constitucional en el Voto\n[Placa1][Placa2], procede analizar los aspectos que menciona el señor defensor a efecto de\nestablecer si se dio algún agravio. En relación a la ampliación de la acusación, que se aduce, en la\nque se incluye la afectación de la zona restringida, sin que se suspendiera el debate para que la\ndefensa propusiera prueba. Si bien es cierto que conforme con el acta del debate, y la sentencia, se\ndio tal ampliación, y no se accedió a la suspensión del juicio, lo que solicitó la defensa, también\nes cierto que con ello no se afectó el derecho de defensa, ni se dejó en indefensión a los acusados,\ncomo lo pretende el impugnante. Pues la ampliación dicha, como lo dice la juzgadora, no varió\nsustancialmente el requerimiento fiscal de folios 58 vuelto y siguientes, sino que lo que hizo fue\nprecisarlo en algunos aspectos, pero los hechos ya estaban contenidos en el mismo, aunque en una\nforma oscura, dado que indistintamente se hablaba de las construcciones en la zona pública, como en\nla zona restringida, de la zona marítima terrestre, imputándoseles el delito de infracción a la Ley\nde la Zona Marítimo Terrestre, previsto por el artículo 62 de esa ley, en relación con el 9 y el l2.\nY como, de acuerdo con el artículo 62 de la citada ley, el delito se configura por construir o\nrealizar cualquier tipo de desarrollo, contra lo dispuesto en la ley, en la zona marítimo terrestre,\nque comprende tanto la zona pública, como la zona restringida, carece de importancia, que en la\nampliación de la acusación se precise que las construcciones que realizaron los imputados lo fueron\nen la zona restringida, pues lo cierto es que ya la acusación inicial contenía la imputación de las\nconstrucciones de las edificaciones en la zona marítimo terrestre, aunque ubicando las mismas\nindistintamente en la zona pública y en la zona restringida de la zona marítimo terrestre. De modo\nque la variación dicha, no podría afectar el derecho de defensa, al no darse ninguna modificación\nsustancial de la acusación, que implicara alguna posición diferente de la defensa, que ameritara\ndisponer de tiempo para ello. Además, se nota en el acta de debate, folio 239, que aunque el\ndefensor se opuso a la ampliación, lo que en realidad no es procedente, al ser una potestad del\nMinisterio Público la requirente, y solicitó suspensión del debate, lo que está dentro de los\nderechos que se le acuerdan al defensor, conforme con el artículo 376 del Código de Procedimientos\nPenales, y lo que es procedente tratándose de una ampliación de la acusación, que implique algún\nhecho nuevo, respecto al cual sea necesario ofrecer prueba o preparar la defensa; pero en el\npresente caso, como se dijo, realmente no se imputó ningún hecho nuevo, prueba de ello es que a los\nacusados se les condena por un solo delito, y es precisamente por haber realizado las\nconstrucciones, a las que se refiere el requerimiento inicial, dentro de la zona marítimo terrestre.\nAdemás, en el acta del debate tampoco se indica que el defensor hubiera pedido la suspensión del\njuicio para que se trajera alguna prueba determinada, o que la hubiera ofrecido para mejor resolver;\ny la mención que hace en este recurso, de que manifestó, al pedir la suspensión, que existía una\napelación en el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, no se observa en qué podría incidir en\nlas aclaraciones que se hizo a los hechos del requerimiento, que pudiera haber afectado el derecho\nde defensa. Por ello, no se dan las infracciones a la ley, en el aspecto dicho. Otra de las\nalegaciones del señor defensor es que pese a su oposición se admitió como prueba para mejor\nresolver, y aún se recibió de previo a la ofrecida oportunamente, el testimonio de [Nombre4], de\nquien dice que no estaba identificado, y unas fotografías sin sellos ni firmas de autenticación. En\nrelación a esto, no se da vicio alguno de la sentencia, si bien se supone que la prueba para mejor\nresolver se debe admitir y recibir luego de la ya ofrecida, al surgir como necesaria en la discusión\ndel debate, no se da ninguna nulidad, ni se afecta a los sujetos procesales, porque se proceda de\nmanera diferente, al no ser nuestro proceso penal acusatorio, sino mixto, y permitirle al juez, y a\nveces exigirle, que reciba toda aquélla prueba que sea pertinente para la resolución del caso,\nindependientemente que las partes la ofrezcan o no. La circunstancia que señala el Lic. Ruiz\nChavarría, de que el testigo [Nombre4] no estaba identificado, y se le admite prematuramente, no se\nda. Conforme con el acta del debate, folio 239 vuelto, dicho testigo fue admitido hasta al final de\nla recepción de la prueba testimonial, y consta que se le toman los datos de identificación, y\naunque no consta que presentara documento alguno de identificación, ello sería importante si\nestuviera en discusión la identidad de este testigo, y ello pudiera tener influencia en lo probado,\npero al no ser así, carece totalmente de importancia ese aspecto. Lo mismo ocurre en relación a las\nfotografías que se admitieron para mejor resolver, la circunstancia de que carecieran de sellos o\nfirmas, no es relevante si no se discute su autenticidad, ni se da ilicitud en su obtención, o\ninobservancia de las reglas de la sana crítica en su valoración. También dice el Lic. Ruiz\nChavarría, que la señora jueza se opuso a que se contestaran sus preguntas, pero no indica cuáles\nfueron sus preguntas rechazadas, y menos indica cómo ese rechazo afectaría el derecho de defensa, lo\nque impide a este tribunal el examen para saber si con ello se pudo dar alguna violación a este\nderecho. Sin embargo, se observa que en la misma sentencia, folio 245, se indica que no se permitió\nque el testigo [Nombre5] contestara la pregunta del defensor sobre si [Nombre6], de quien el testigo\nafirmó que había sido propietario de la propiedad invadida, les había dado permiso a los imputados\npara permanecer dentro de la zona marítima terrestre, pero ello por sí sólo no evidencia la\nafectación del derecho de interrogar a los testigos que tiene todo imputado, conforme con el\nartículo 8.2, f) de la Convención Americana de Derechos Humanos, al no poderse concluir que se\nnegara la posibilidad de extraer algún elemento probatorio importante para desvirtuar la acusación,\naspecto necesario para que se de la violación al derecho de defensa, y proceda la nulidad. En\nrelación a que el defensor no hizo conclusiones en el debate, según lo indica en el recurso, tampoco\nse demuestra, al contrario de ello, el acta del debate, (y no existe otra constancia al respecto),\nal folio 240, se refiere a las conclusiones del defensor, de quien se dice que \"pide absolutoria ,\ncaso contrario pena en el mínimo y se conceda ejecución de la pena.\". Ante ello, no es posible\nadmitir que el defensor no hiciera conclusiones, aspecto que de haber sido cierto sí acarrearía un\nabandono de la defensa, y en consecuencia una violación a este derecho, según lo dispuesto por los\nartículos 389, párrafo sexto, y 89, del Código de Procedimientos Penales. En lo que se refiere al\nacta del debate, no se nota que incumpliera con lo que dispone el artículo 390 del Código de\nProcedimientos Penales, y al no indicar el impugnante en qué estriba la violación, no es posible su\nexamen. Por todo lo expuesto se declara sin lugar el recurso por la forma.\n\n III. En lo que el recurrente titula \"EN CUANTO AL FONDO\", donde tampoco cumple con las exigencias\nde admisibilidad, argumenta que en el Considerando II de la sentencia se dice \"... SIN DETERMINARSE\nQUIEN LAS CONSTRUYO...\", y que el artículo 62 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, se refiere a\nquien realizare cualquier tipo de desarrollo, y que hacer covachas no es desarrollo, menos si no se\nsabe quien la hizo, condenándose por ello, con violación del artículo 393 del Código de\nProcedimientos Penales, pues si no se sabe quién construyó los ranchos debió aplicarse el indubio\npro reo. Agrega que cuando todas las conclusiones de la juzgadora indicaban que iba a condenar por\ninfracción a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, en la parte dispositiva condena por violación al\nartículo 62 de la Ley Forestal, de lo que indica el impugnante no hay prueba alguna ni existe ningún\ndelito en ese artículo. NO SE DAN LAS VIOLACIONES ALEGADAS. Ignorando que el recurrente mezcla\nargumentos de un recurso de forma, infracción al principio de indubio pro reo, con argumentos de un\nrecurso por el fondo; la lectura de la sentencia permite concluir que no se dan las infracciones que\ndice. En los hechos probados de la sentencia, se afirman dos situaciones, una que se refiere a que\nlos imputados, y otras familias, se introdujeron, el 22 de mayo de 1993, a la finca Playa Blanquita\nLimitada, dentro de la zona marítimo terrestre, y sin determinarse quien las construyó se hicieron\nentre seis u ocho ranchos. Y otra, en la que se afirma que los imputados, el ocho de setiembre de\n1993, construyeron dos ranchos uno grande y otro pequeño, con plástico, zinc y lona. Por lo que no\nes cierto que se condene por una construcción de la que se afirme que no se sabe quién construyó. Y,\nconforme con la sentencia, las construcciones dichas tenían carácter permanente, una era una casa de\nmadera de techo de zinc y piso de tierra, y la otra en forma de tienda de campaña forrada totalmente\nde plástico, las que eran habitadas, a la fecha que se hizo la inspección de folio 33; por lo que al\nubicarse las mismas dentro de la prohibición, que prevé el artículo 62 de la Ley de la Zona Marítimo\nTerrestre, no se ha infringido esta disposición. En cuanto a que se condena por infracción al\nartículo 62 de la Ley Forestal, y no por infracción al artículo 62 de la Ley de la Zona Marítimo\nTerrestre, en realidad lo que existe es un simple error material, como el mismo recurrente lo\nindica, todo el análisis y discusión se refirió a esta Ley, y no a la Ley Forestal, y en la misma\nparte dispositiva de la sentencia, que se dictó el mismo día del debate, a las doce y cincuenta\nhoras del cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cinco, folio 240 vuelto, se indica que se\ndeclara a [Nombre1] y a [Nombre3], autores del DELITO DE INFRACCION A LA LEY DE LA ZONA MARITIMO\nTERRESTRE EN SU ARTICULO 62, en perjuicio del estado. De manera que no existe ninguna violación a la\nley sustantiva, y lo que procede, conforme con el artículo 484 del Código de Procedimientos Penales,\nes corregir el Por Tanto de la sentencia, de las dieciséis horas del nueve de agosto de mil\nnovecientos noventa y cinco, para que se lea, en el folio 248 vuelto, líneas tres y cuatro, en lugar\nde \"LEY FORESTAL\", \"LEY DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE\". Por lo expuesto, se declara sin lugar el\nrecurso por el fondo.\n\n POR TANTO:\n\n Se declara sin lugar el recurso por la forma y por el fondo. Se corrige el Por Tanto de la\nsentencia de las dieciséis horas del nueve de agosto de mil novecientos noventa y cinco, para que en\nel folio 248 vuelto, líneas tres y cuatro, en lugar de leerse \"LEY FORESTAL\", se lea \"LEY DE LA ZONA\nMARITIMO TERRESTRE\". NOTIFIQUESE.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n Lic. Jorge Chacón Laurito\n\n \n\n \n\n \n\nDr. Fernando Cruz Castro Lic. Carlos Luis Redondo Gutiérrez\n\n \n\n \n\n \n\nExp. 828-3-95\n\nMariana",
  "body_en_text": "223-F-96\n\nCRIMINAL CASSATION SUPERIOR COURT. San José, at fifteen thirty-four hours on the\ntwenty-second of April of nineteen ninety-six.\n\nCASSATION APPEAL, filed in the present case against [Nombre1], of legal age, single,\nresident of Puntarenas, fisherman, identity card number CED1 and JOSE M. [Nombre3], of legal age, single,\nfisherman, resident of Playa Blanca, identity card CED2, for the crime of INFRACTION OF THE MARITIME TERRESTRIAL ZONE LAW (INFRACCION A LA LEY DE ZONA MARITIMO TERRESTRE), to the detriment of the STATE. Doctor Fernando Cruz\nCastro and Attorneys Carlos Luis Redondo Gutiérrez and Jorge Chacón Laurito participate in the decision on the appeal. Attorney Arturo Ruíz Chavarría appeared in the cassation proceedings.\n\nWHEREAS:\n\nI. That by judgment delivered at sixteen hours on the ninth of August of nineteen\nninety-five, the Criminal Court of Puntarenas (Juzgado Penal de Puntarenas) convicted [Nombre1] and [Nombre3], for the crime of\nINFRACTION OF THE MARITIME TERRESTRIAL ZONE LAW (INFRACCION A LA LEY DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE), to the detriment of the STATE, to the penalty of SIX MONTHS\nOF IMPRISONMENT, for each of them, and they were granted the benefit of conditional suspension of the execution of the sentence\n(condena de ejecución condicional de la pena), for a probation period of three years.\n\nII. That against the foregoing ruling, Attorney Arturo Ruíz Chavarría filed a cassation\nappeal.\n\nIII. That having conducted the respective deliberation in accordance with the provisions of article 481\nof the Code of Criminal Procedure (Código de Procedimientos Penales), the Court considered the questions raised in the\nappeal.\n\nIV. That the relevant prescriptions have been observed in the proceedings.\n\nDRAFTED by Superior Judge CHACON LAURITO; and,\n\nCONSIDERING:\n\nBy judgment of the Criminal Court of Puntarenas (Juzgado Penal de Puntarenas), of sixteen hours on the ninth of August of nineteen\nninety-five, [Nombre1] and [Nombre3] were convicted, for the crime of INFRACTION OF THE\nMARITIME TERRESTRIAL ZONE LAW (INFRACCION A LA LEY DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE), to the detriment of the STATE, to the penalty of SIX MONTHS OF IMPRISONMENT, for\neach of them, and they were granted the benefit of conditional suspension of the execution of the sentence\n(condena de ejecución condicional de la pena), for a probation period of three years. Against this decision, Attorney Arturo Ruiz Chavarría, private defense counsel for the accused, appeals in cassation, on procedural grounds (por la forma) and on substantive grounds (por el fondo), for the following reasons:\n\nII. In the appeal on procedural grounds, the appellant does not individualize the grounds or the violations of\nlaw, but rather generally alleges that the ruling of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), Vote\n[Placa1] 3000-92 and Vote 2587-93, is violated, in relation to articles 376 and 387 of the Code of Criminal Procedure (Código de Procedimientos\nPenales). He argues that it had been established that there was an infraction in the public zone of the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre), that despite this the Prosecutor expanded the accusation\nincluding the restricted zone (zona restringida), while also offering new witnesses for better resolution, one\nof them without identification, which the appellant opposed, stating that it left them defenseless (it\nis assumed the accused) and requested that the trial be suspended to provide pertinent evidence,\namong other things that said zone was not legally in use by an alleged victim, and because the\naccused, who initially were many, had occupied it. That his petition was not granted, and\nneither was his opposition to the testimony of [Nombre4], who was not identified and whose admission was premature, as well as photographs (apparently the challenger means that he also opposed\ntheir admission) without the backing of signatures or seals to guarantee their authenticity. That the evidence for better\nresolution was received before the timely and legally offered evidence, when it should have been\nleft for last given its nature of being to clarify indispensable points. That as defense counsel\nhe tried to straighten out the evidence regarding the occupation of the restricted zone (zona restringida), and arbitrarily the\njudge refused to have the questions answered, which left him defenseless, in a passive role,\nto the extreme that when he was given the floor for closing arguments, he stated that he would not make\nclosing arguments because they would fall on deaf ears, due to the way the trial unfolded,\nbut the record did not state that, and the lady Judge attempts to say that in the closing arguments he indicated\nthat there was an administrative contentious appeal (recurso contencioso administrativo); he states that he said, when he opposed the expansion\nof the accusation, that the lands occupied by Playa Blanquita Ltda., were not legally occupied,\nas there was an appeal before the Superior Contentious Administrative Court (Tribunal Superior Contencioso Administrativo) and he requested the suspension\nof the trial to offer evidence, which was denied, as was the case in the trial of May 18, '95,\nbut that time the Judge justified it by saying that an infraction of the public zone was being seen and\ntherefore that evidence had not been offered. He adds that sometimes it is not understood that the maritime terrestrial zone (zona marítima\nterrestre) is divided into a public zone and a restricted zone (zona restringida), and therefore in the trial no distinction was made;\nand that the judgment lacks \"conceptual congruence,\" nor does the record comply with what is provided in\narticle 390 of the Code of Criminal Procedure (Código de Procedimientos Penales). THE GROUND IS REJECTED. From the foregoing, it is inferred\nthat the appellant does not meet the admissibility requirements for the cassation appeal set forth in\narticles 452 and 477 of the Code of Criminal Procedure (Código de Procedimientos Penales); in reality, he does not present an exposition of a\nground, with its basis, nor a specific indication of the point of the decision he challenges. What\nhe does is rather an allegation of alleged violations, in general, without specifying where\nthe defect in the decision lies, nor how it harms the interests of his clients,\nforgetting that nullities only proceed insofar as there is an interest for the party alleging it, which\nmust be demonstrated. And he does not even indicate what the violation of the articles of the Code of\nCriminal Procedure (Código de Procedimientos Penales), which are simply cited, is. This would have been sufficient to declare the\nground inadmissible; however, given that the only appeal available to the accused against a\nconviction, other than review, is the cassation appeal, and following the guidelines of\nbreadth in the admissibility of the appeal, established by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in Vote\n[Placa1][Placa2], it is appropriate to analyze the aspects mentioned by the defense attorney in order to\nestablish if any grievance occurred. In relation to the expansion of the accusation, which is alleged, in\nwhich the affectation of the restricted zone (zona restringida) is included, without the trial being suspended so that the\ndefense could propose evidence. While it is true that according to the trial record, and the judgment,\nsuch expansion occurred, and the suspension of the trial, as requested by the defense, was not granted, it is also\ntrue that this did not affect the right of defense, nor did it leave the accused defenseless,\nas the challenger claims. For the said expansion, as the judge states, did not substantially vary\nthe prosecutorial accusation on pages 58 verso and following, but rather it\nclarified it in some aspects, but the facts were already contained therein, although in an\nobscure form, given that it spoke indistinctly of the constructions in the public zone, as in\nthe restricted zone (zona restringida), of the maritime terrestrial zone (zona marítima terrestre), charging them with the crime of infraction of the\nMaritime Terrestrial Zone Law (Ley de la Zona Marítimo Terrestre), provided for by article 62 of that law, in relation to 9 and 12.\nAnd since, according to article 62 of the cited law, the crime is constituted by constructing or\ncarrying out any type of development, contrary to the provisions of the law, in the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre),\nwhich includes both the public zone and the restricted zone (zona restringida), it is unimportant that in the\nexpansion of the accusation it is specified that the constructions the accused made were\nin the restricted zone (zona restringida), because the fact is that the initial accusation already contained the charge of the\nconstructions of the buildings in the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre), although locating them\nindistinctly in the public zone and in the restricted zone (zona restringida) of the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre). So\nthe said variation could not affect the right of defense, as there was no substantial modification\nof the accusation, which would imply a different position for the defense, warranting\ntime for it. Furthermore, it is noted in the trial record, page 239, that although the\ndefense counsel opposed the expansion, which in reality is not appropriate, as it is a power of\nthe Public Ministry (Ministerio Público) as the requesting party, and requested suspension of the trial, which is within the\nrights granted to the defense counsel, according to article 376 of the Code of Criminal Procedure (Código de Procedimientos\nPenales), and which is appropriate in the case of an expansion of the accusation, which implies some\nnew fact, regarding which it is necessary to offer evidence or prepare the defense; but in the\npresent case, as stated, no new fact was really charged; proof of this is that the\naccused are convicted of a single crime, and it is precisely for having made the\nconstructions, to which the initial accusation refers, within the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre).\nMoreover, the trial record does not indicate that the defense counsel had requested the suspension of the\ntrial to bring some specific evidence, or that he had offered it for better resolution;\nand the mention he makes in this appeal, that he stated, when requesting the suspension, that there was an\nappeal before the Superior Contentious Administrative Court (Tribunal Superior Contencioso Administrativo), does not show how it could affect\nthe clarifications made to the facts of the accusation, which could have affected the right\nof defense. Therefore, the infractions of the law, in the said aspect, are not present. Another\nallegation of the defense attorney is that despite his opposition, the testimony of [Nombre4], of\nwhom he says was not identified, and some photographs without seals or signatures of authentication, were admitted as evidence for better\nresolution, and it was even received prior to the evidence offered in a timely manner. In\nrelation to this, there is no defect in the judgment; although it is assumed that evidence for better\nresolution should be admitted and received after the evidence already offered, as it arises as necessary in the discussion\nof the trial, no nullity occurs, nor are the procedural parties affected, because a\ndifferent procedure is followed, as our criminal process is not accusatorial, but rather mixed, and allows the judge, and\nsometimes requires them, to receive all evidence that is pertinent for the resolution of the case,\nregardless of whether the parties offer it or not. The circumstance that Attorney Ruiz\nChavarría points out, that the witness [Nombre4] was not identified, and was admitted prematurely, does not\noccur. According to the trial record, page 239 verso, said witness was admitted only at the end of\nthe reception of the testimonial evidence, and it is recorded that his identification data was taken, and\nalthough it is not recorded that he presented any identification document, this would be important if\nthe identity of this witness were in dispute, and this could influence what was proven,\nbut as this is not the case, this aspect is completely unimportant. The same occurs in relation to the\nphotographs that were admitted for better resolution; the circumstance that they lacked seals or\nsignatures is not relevant if their authenticity is not disputed, nor is there any illegality in obtaining them, or\nfailure to observe the rules of sound criticism in their assessment. Attorney Ruiz\nChavarría also says that the lady judge objected to his questions being answered, but he does not indicate which\nwere his rejected questions, much less does he indicate how that rejection would affect the right of defense, which\nprevents this court from examining whether some violation of this\nright could have occurred. However, it is observed in the judgment itself, page 245, that the\nwitness [Nombre5] was not permitted to answer the defense counsel's question about whether [Nombre6], whom the witness\nstated had been the owner of the invaded property, had given the accused permission\nto remain within the maritime terrestrial zone (zona marítima terrestre), but this by itself does not evidence the\naffectation of the right to cross-examine witnesses that every accused person has, according to\narticle 8.2, f) of the American Convention on Human Rights, as it cannot be concluded that\nthe possibility of extracting some important evidentiary element to disprove the accusation was denied,\nan aspect necessary for the violation of the right of defense to occur, and for nullity to proceed. In\nrelation to the defense counsel not making closing arguments in the trial, as indicated in the appeal, this is also\nnot demonstrated; on the contrary, the trial record (and there is no other record in this regard),\non page 240, refers to the defense counsel's closing arguments, of whom it is said that \"requests acquittal,\notherwise the minimum penalty and grant execution of the sentence.\" Given this, it is not possible\nto admit that the defense counsel did not make closing arguments, an aspect which, had it been true, would indeed entail an\nabandonment of the defense, and consequently a violation of this right, according to the provisions of\narticles 389, sixth paragraph, and 89, of the Code of Criminal Procedure (Código de Procedimientos Penales). Regarding the\ntrial record, it is not noticeable that it failed to comply with the provisions of article 390 of the Code of\nCriminal Procedure (Código de Procedimientos Penales), and as the challenger does not indicate what the violation consists of, its\nexamination is not possible. For all the foregoing, the appeal on procedural grounds is dismissed.\n\nIII. In what the appellant titles \"AS TO THE SUBSTANTIVE ISSUES (EN CUANTO AL FONDO)\", where he also does not meet the admissibility\nrequirements, he argues that in Considering II of the judgment it is stated \"... SIN DETERMINARSE\nQUIEN LAS CONSTRUYO...\", and that article 62 of the Maritime Terrestrial Zone Law (Ley de la Zona Marítimo Terrestre) refers to\nwhoever carries out any type of development, and that making shacks is not development, even less so if it is not\nknown who made them, therefore being convicted, in violation of article 393 of the Code of\nCriminal Procedure (Código de Procedimientos Penales), for if it is not known who built the huts, the in dubio pro reo (indubio\npro reo) principle should have been applied. He adds that when all the judge's conclusions indicated that she was going to convict for\ninfraction of the Maritime Terrestrial Zone Law (Ley de la Zona Marítimo Terrestre), in the operative part she convicts for violation of\narticle 62 of the Forestry Law (Ley Forestal), of which the challenger indicates there is no evidence and no crime exists in that article. THE ALLEGED VIOLATIONS DO NOT OCCUR. Ignoring that the appellant mixes\narguments from a procedural appeal, infraction of the in dubio pro reo (indubio pro reo) principle, with arguments from a\nsubstantive appeal; reading the judgment allows concluding that the infractions he claims do not occur. In the proven facts of the judgment, two situations are stated: one that refers to the fact that\nthe accused, and other families, entered, on May 22, 1993, the Playa Blanquita\nLimitada farm, within the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre), and without determining who built them, between\nsix or eight huts were made. And another, in which it is stated that the accused, on September 8,\n1993, built two huts, one large and one small, with plastic, zinc, and canvas. Therefore, it is not\ntrue that they are convicted for a construction for which it is stated that it is not known who built it. And,\naccording to the judgment, the said constructions were permanent in nature; one was a house of\nwood with a zinc roof and dirt floor, and the other in the form of a tent completely lined\nwith plastic, which were inhabited, at the date the inspection on page 33 was made; therefore, as\nthese are located within the prohibition, set forth in article 62 of the Maritime Terrestrial Zone Law (Ley de la Zona Marítimo\nTerrestre), this provision has not been infringed. As for being convicted for infraction of\narticle 62 of the Forestry Law (Ley Forestal), and not for infraction of article 62 of the Maritime Terrestrial Zone Law (Ley de la Zona Marítimo\nTerrestre), in reality what exists is a simple material error, as the appellant himself\nindicates; all the analysis and discussion referred to this Law, and not to the Forestry Law (Ley Forestal), and in the\noperative part of the judgment itself, which was delivered on the same day as the trial, at twelve fifty\nhours on August fourth, nineteen ninety-five, page 240 verso, it indicates that\n[Nombre1] and [Nombre3] are declared perpetrators of the CRIME OF INFRACTION OF THE MARITIME TERRESTRIAL ZONE LAW\n(INFRACCION A LA LEY DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE) IN ITS ARTICLE 62, to the detriment of the state. So that there is no violation of the\nsubstantive law, and what proceeds, according to article 484 of the Code of Criminal Procedure (Código de Procedimientos Penales),\nis to correct the operative part (Por Tanto) of the judgment, of sixteen hours on August ninth, nineteen\nninety-five, so that it reads, on page 248 verso, lines three and four, instead of\n\"FORESTRY LAW (LEY FORESTAL)\", \"MARITIME TERRESTRIAL ZONE LAW (LEY DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE)\". For the foregoing, the\nappeal on substantive grounds is dismissed.\n\nTHEREFORE (POR TANTO):\n\nThe appeal on procedural grounds and on substantive grounds is dismissed. The operative part (Por Tanto) of the\njudgment of sixteen hours on August ninth, nineteen ninety-five, is corrected, so that on\npage 248 verso, lines three and four, instead of reading \"FORESTRY LAW (LEY FORESTAL)\", it reads \"MARITIME TERRESTRIAL ZONE LAW (LEY DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE)\". NOTIFY.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAttorney Jorge Chacón Laurito\n\n\n\n\n\nDr. Fernando Cruz Castro Attorney Carlos Luis Redondo Gutiérrez\n\n\n\n\n\n\nCase File 828-3-95\n\nMariana"
}