{ "id": "nexus-sen-1-0034-212992", "citation": "", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Construcción ilegal en zona marítimo terrestre sin amojonamiento", "title_en": "Illegal construction in maritime terrestrial zone without demarcation", "summary_es": "El Tribunal Superior de Casación confirma la condena por infracción a la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre, impuesta a una imputada que levantó una edificación de quince metros cuadrados a veinticinco metros de la línea de pleamar en Cóbano de Puntarenas, en zona pública inalienable. La recurrente alegó vicios de fondo y forma, argumentando que los límites territoriales no estaban bien demarcados y que la sentencia carecía de motivación. El tribunal rechaza ambos alegatos: en cuanto al fondo, señala que la casación no permite revalorar la prueba ni modificar los hechos establecidos; en cuanto a la forma, aclara que la zona marítimo terrestre se presume existente aunque no esté amojonada, siendo suficiente la inspección ocular y la prueba testimonial para acreditar la ubicación en área prohibida. Se enfatiza que la ausencia de demarcación no excluye la comisión del ilícito, pues la libertad probatoria permite al juez recurrir a elementos idóneos para comprobar la infracción. La sentencia de primera instancia se declara firme.", "summary_en": "The Court of Cassation upholds the conviction for violation of the Maritime Terrestrial Zone Law. The defendant had built a fifteen-square-meter structure twenty-five meters from the high-tide line in Cóbano, Puntarenas, within the inalienable public zone. On appeal, she argued errors of form and substance, claiming the zone boundaries were poorly marked and the judgment lacked reasoning. The court rejects both grounds: it holds that cassation does not allow reweighing of evidence, and clarifies that the maritime-terrestrial zone is presumed to exist even without survey markers—an ocular inspection and witness testimony suffice to prove construction in a prohibited area. Lack of demarcation does not preclude the offense, as procedural freedom of proof allows the judge to rely on suitable evidence to establish the violation.", "court_or_agency": "", "date": "", "year": "", "topic_ids": [ "criminal-environmental", "_off-topic" ], "primary_topic_id": "criminal-environmental", "es_concept_hints": [ "Zona Marítimo Terrestre", "amojonamiento", "línea de pleamar", "zona pública inalienable", "Instituto Geográfico Nacional", "concesión", "inspección ocular" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 9", "law": "Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre" }, { "article": "Art. 10", "law": "Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre" }, { "article": "Art. 12", "law": "Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre" }, { "article": "Art. 1", "law": "Ley Sobre la Zona Marítima Terrestre" }, { "article": "Arts. 62 y 63", "law": "Reglamento a la Ley sobre Zona Marítima Terrestre" } ], "keywords_es": [ "Zona Marítimo Terrestre", "construcción ilegal", "zona pública inalienable", "amojonamiento", "inspección ocular", "libertad probatoria", "patrimonio nacional", "pleamar ordinaria", "concesión", "demolición" ], "keywords_en": [ "Maritime Terrestrial Zone", "illegal construction", "inalienable public zone", "survey markers", "ocular inspection", "freedom of proof", "national patrimony", "ordinary high-water mark", "concession", "demolition" ], "excerpt_es": "No es necesario el amojonamiento para fijar los doscientos metros de zona marítimo terrestre, bastando, como en este caso, que por una inspección de la autoridad a cargo de la investigación, añadida a la prueba testimonial evacuada, se determine que la edificación se levantó en área prohibida. La Ley en referencia (Arts. 9 y 10) determina una zona pública de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria y las áreas que quedan al descubierto durante la marea baja, y una zona restringida correspondiente a una franja de ciento cincuenta metros restantes. Esos doscientos metros son considerados como parte del patrimonio nacional, perteneciente al Estado, inalienable e imprescriptible, según reza el artículo 1° ibídem. Esa zona se presume existente aún cuando no esté demarcada. Tanto es así que los Artículos 62 y 63 del Reglamento a la ley en comentario prohíbe otorgar concesiones en lotes donde no esté demarcada la zona pública, debiendo el Instituto Geográfico Nacional publicar un aviso en el Diario Oficial de cada porción de la zona en que haya demarcado el segmento de carácter público. Eso significa que pueden existir áreas de la zona marítimo terrestre que no aparezcan aún demarcadas por el dicho Instituto.", "excerpt_en": "Survey markers are not necessary to establish the two-hundred-meter maritime terrestrial zone; it suffices, as in this case, that an inspection by the investigating authority, together with witness testimony, determines that the construction was raised in a prohibited area. The relevant Law (Arts. 9 and 10) establishes a public zone fifty meters wide from the ordinary high-tide line and the areas exposed during low tide, plus a restricted zone covering the remaining one hundred fifty meters. These two hundred meters are considered part of the national patrimony, owned by the State, inalienable and imprescriptible, as stated in Article 1° of the same. This zone is presumed to exist even when not demarcated. So much so that Articles 62 and 63 of the Regulation to this law forbid granting concessions on lots where the public zone is not demarcated, requiring the National Geographic Institute to publish a notice in the Official Gazette for each portion of the zone once it has demarcated the public segment. This means there may be areas of the maritime terrestrial zone not yet demarcated by said Institute.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The appeal is denied, upholding the two-month suspended prison sentence and the order to demolish the illegal construction in the maritime terrestrial zone.", "summary_es": "Se declara sin lugar el recurso de casación, confirmando la condena de dos meses de prisión con ejecución condicional y la orden de demolición de la construcción ilegal en zona marítimo terrestre." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando 2", "quote_en": "Survey markers are not necessary to establish the two-hundred-meter maritime terrestrial zone; it suffices, as in this case, that an inspection by the investigating authority, together with witness testimony, determines that the construction was raised in a prohibited area.", "quote_es": "No es necesario el amojonamiento para fijar los doscientos metros de zona marítimo terrestre, bastando, como en este caso, que por una inspección de la autoridad a cargo de la investigación, añadida a la prueba testimonial evacuada, se determine que la edificación se levantó en área prohibida." }, { "context": "Considerando 2", "quote_en": "This zone is presumed to exist even when not demarcated.", "quote_es": "Esa zona se presume existente aún cuando no esté demarcada." }, { "context": "Considerando 1", "quote_en": "Cassation allows neither of these two matters because its exclusive task is to review the legality of the judgment and ensure the rules of due process are observed.", "quote_es": "La casación no permite ninguna de esas dos cuestiones porque su tarea exclusiva es fiscalizar la legalidad del fallo, y que se cumplan las reglas del proceso debido." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [ { "doc_id": "norm-18579", "norm_num": "7841", "norm_name": "Reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre", "tipo_norma": "Decreto Ejecutivo", "norm_fecha": "16/12/1977" }, { "doc_id": "norm-32006", "norm_num": "6043", "norm_name": "Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "02/03/1977" } ], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "280-F-96\n\n TRIBUNAL SUPERIOR DE CASACION. San José, a las catorce horas treinta minutos del diecisiete de mayo\nde mil novecientos noventa y seis.\n\n RECURSO DE CASACION interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1], mayor, cédula número\nCED1, casada, psicóloga, nativa de Heredia el veintiocho de abril de mil novecientos cincuenta y\ncuatro, hija de [Nombre2] y [Nombre3], por el delito de INFRACCION A LA LEY SOBRE LA ZONA MARITIMO\nTERRESTRE, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, el\nLicenciado Carlos Luis Redondo Gutiérrez; las Licenciadas Magda Pereira Villalobos y Rosario\nFernández Vindas. Se apersonaron en casación, el Licenciado Gabriel Zamora Márquez, defensor\nparticular de la imputada [Nombre1], y el Licenciado José Pablo González Montero, en representación\ndel Ministerio Público.\n\nRESULTANDO:\n\n 1) Que mediante sentencia número 109-95, dictada a las dieciséis horas diez minutos del siete de\nnoviembre de mil novecientos noventa y cinco, el Juzgado Penal de Puntarenas resolvió: \"POR TANTO:\nEn virtud de lo expuesto, artículos 39 de la Constitución Política, 1, 30, 45, 59, 60, 71 a 74, del\nCódigo Penal, 1, 392, 394, 395, 396, 399 y 544 del Código de Procedimientos Penales, 9, 10, 11, 12 y\n62 de la Ley Sobre Zona Marítima Terrestre, se declara a [Nombre4] autor responsable del delito de\nCONSTRUCCION ILEGAL EN LA ZONA MARITIMA en tal carácter se le condena a cumplir como pena el tanto\nde DOS MESES DE PRISION, que deberá descontar previo abono de la preventiva cubierta en el lugar y\nforma que determinen los respectivos reglamentos penitenciarios. Se le condena además al pago de\nambas costas del juicio y firme el fallo se ordena su inscripción en el Registro Judicial. Por un\nperíodo de prueba de TRES AÑOS se le concede al convicto el beneficio de Ejecución Condicional de la\nPena, advirtiéndosele en este acto que si cometiere nuevo delito doloso sancionado con pena de\nprisión superior a seis meses, éste Juzgado podrá revocarle el acuerdo con que ahora se le favorece.\nSe ordena de conformidad con el artículo 13 de la Ley Sobre Zona Marítimo Terrestre, la demolición\nde la construcción en zona restringida una vez firme la sentencia. HAGASE SABER. Licda. Teresita\nRodríguez Arroyo. [Nombre6], Pro-srio.-\" (sic).-\n\n 2) Que contra el anterior pronunciamiento, la imputada [Nombre1], interpuso Recurso de Casación por\nel Fondo y por la Forma.\n\n 3) Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 481\ndel Código de Procedimientos Penales, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el\nRecurso.\n\n 4) Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\n Redacta el Juez Superior REDONDO GUTIERREZ, y;\n\nCONSIDERANDO:\n\n La inculpada [Nombre4] recurre de la sentencia del Juez Penal de Puntarenas que la condena por\nInfringir la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre, alegando vicios de fondo y de forma.\n\n 1. Casación por el fondo.\n\n Considera la recurrente que la condena por infringir los artículos 9, 10, 11, 12 y 62 de la Ley\nSobre Zona Marítimo Terrestre, no corresponde al mérito de la prueba. Alude a una serie de elementos\nconviccionales que le permiten concluir en que los límites territoriales en donde se instaló con una\nedificación, no se encuentran bien demarcados. Critica la recurrente una serie de datos probatorios\nallegados al proceso, y mediante ese análisis pretende que este Tribunal arribe a conclusiones\nfácticas distintas a las establecidas en el fallo. Técnicamente el recurso está mal orientado porque\nni se puede hacer revaloraciones novedosas del material probatorio, ni modificar el relato histórico\ndel fallo. La casación no permite ninguna de esas dos cuestiones porque su tarea exclusiva es\nfiscalizar la legalidad del fallo, y que se cumplan las reglas del proceso debido. También incurre\nen el error la recurrente de ocuparse de aspectos formales para alegar error en la aplicación de la\nley sustantiva, forma indirecta de plantear un agravio, inconducente en esta vía. Por tales razones\nprocede denegar el agravio.\n\n 2. Casación por la forma. \n\n El alegato de la recurrente se orienta a indicar que el fallo es inmotivado por cuanto el Juez no\ntuvo por bien establecido los límites del área en donde se levantó la edificación cuestionada.\nRefiere que al señalarse que existen en el sitio dos mojones y que entre ambos existe una distancia\nde aproximadamente trescientos metros, debió tomarse en cuenta lo apuntado por el Instituto\nGeográfico Nacional (f. 88) en el sentido de que se requiere la colocación de unos seis mojones más\npara fijar la zona pública, y en base a los existentes \"no se pueden tomar como consecutivos para\nningún efecto\". Sin embargo comete el error la recurrente en mezclar los motivos. Luego de expresar\nvicios en la valoración de elementos probatorios, al mismo tiempo hace ver que el juzgador violó la\nley material porque, entonces, al no haber demarcado el territorio de acuerdo a la prueba, el\nilícito no podía surgir a la vida jurídica. Lo anterior bastaría para rechazar el reproche. Pero,\nademás, no demuestra el recurrente en qué tanto la prueba que echa de menos podía hacer variar la\nsituación planteada en el fallo. Ello porque el Juez tuvo por cierto que en un terreno municipal\narrendado a la inculpada [Nombre4] para fines agropecuarios en Cóbano de Puntarenas, levantó, sin\nestar autorizada, una edificación de quince metros cuadrados, a una distancia de veinticinco metros\nde la [Dirección1]. Se apoyó fundamentalmente en la Inspección Ocular practicada por el Alcalde\nMixto de esa jurisdicción y en el croquis que ilustra la diligencia (fs. 14 y 15). Dentro de los\ncriterios de valoración de prueba puede el Juez válidamente seleccionar aquella que resulte\npertinente y útil para la decisión del caso, porque es privativo de su competencia considerar la\neficacia conviccional de las probanzas, en tanto, desde luego, no caiga en la arbitrariedad. Y esto\núltimo no se ha dado en el subjudice, porque dejar de considerar el documento emanado del Instituto\nGeográfico Nacional de folio 88, no altera para nada la conclusión del fallo. De esa pieza sólo\npuede inferirse que es necesario la colocación de más mojones, además de los números 74 y 75,\nexistentes en el área que permitan delimitar la zona pública. La nota del Instituto referido no\nexcluye que la construcción se hubiera hecho fuera de la zona marítimo terrestre, e\nindependientemente de que no existieran suficientes mojones en el lugar, lo cierto es que la\nreferida edificación se hizo a veinticinco metros de la línea de pleamar, es decir, en zona pública\ninalienable, y así lo constató el juzgador. No es necesario el amojonamiento para fijar los\ndoscientos metros de zona marítimo terrestre, bastando, como en este caso, que por una inspección de\nla autoridad a cargo de la investigación, añadida a la prueba testimonial evacuada, se determine que\nla edificación se levantó en área prohibida. La Ley en referencia (Arts. 9 y 10) determina una zona\npública de cincuenta metros de ancho a contar de la pleamar ordinaria y las áreas que quedan al\ndescubierto durante la marea baja, y una zona restringida correspondiente a una franja de ciento\ncincuenta metros restantes. Esos doscientos metros son considerados como parte del patrimonio\nnacional, perteneciente al Estado, inalienable e imprescriptible, según reza el artículo 1 ibídem.\nEsa zona se presume existente aún cuando no esté demarcada. Tanto es así que los Artículos 62 y 63\ndel Reglamento a la ley en comentario prohíbe otorgar concesiones en lotes donde no esté demarcada\nla zona pública, debiendo el Instituto Geográfico Nacional publicar un aviso en el Diario Oficial de\ncada porción de la zona en que haya demarcado el segmento de carácter público. Eso significa que\npueden existir áreas de la zona marítimo terrestre que no aparezcan aún demarcadas por el dicho\nInstituto. Lo anterior para decir que el hecho que no estuviere bien demarcada la zona en el sector\ndonde se dio el ilícito en comentario, no excluye que éste hubiere ocurrido, porque dentro de la\nlibertad probatoria que existe en esta materia, es perfectamente permisible que el juzgador recurra\na los elementos para él idóneos a los fines de comprobar las infracciones a la ley.\n\n Por último la circunstancia que no hubiese concurrido la inculpada a la práctica de inspección\njudicial como lo reclama la recurrente, no invalida el acto si se toma en cuenta que había sido\ndebidamente notificada para ello y fue su voluntad no presentarse (cfr. acta de notificación f. 13\nfte.). Tampoco se aprecia falta de fundamentación de la sentencia por el hecho de citarse\ndisposiciones diferentes en la parte considerativa y la dispositiva del fallo. En el contexto de la\nsentencia es claro la aplicación de las normas infringidas por la autora, y sobre ello el Juez es\namplio y claro en las consideraciones. De igual forma resulta intrascendente, para efectos de la\nmotivación, que en algún pasaje de la sentencia se refiera a que lo edificado en la zona prohibida\nfue una \"casa\", y luego se diga \"una pieza\", pues lo que sanciona la ley es \"levantar edificaciones\no instalaciones\" (Art. 12 ib.), y una \"casa\" o una \"pieza\" en los términos contenidos en el fallo,\ntienen el carácter de \"edificación\" o \"instalación\".\n\n Por lo expuesto se impone la denegatoria del reclamo formulado.\n\n POR TANTO:\n\n Se declara SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto. Notifíquese. \n\n \n\n \n\n \n\n Lic. Carlos Luis Redondo Gutiérrez\n\n \n\n \n\n \n\nLicda. Magda Pereira Villalobos Licda. Rosario Fernández Vindas\n\n \n\n \n\n \n\nExp. 1020-1-95 Dig. Edo.", "body_en_text": "280-F-96\n\n SUPERIOR COURT OF CASSATION. San José, at fourteen hours thirty minutes on the seventeenth of May\nof nineteen ninety-six.\n\n APPEAL IN CASSATION filed in the present case brought against [Name1], of legal age, identity card number\nCED1, married, psychologist, native of Heredia on the twenty-eighth of April of nineteen fifty-\nfour, daughter of [Name2] and [Name3], for the crime of VIOLATION OF THE LAW ON THE MARITIME TERRESTRIAL\nZONE, to the detriment of NATURAL RESOURCES. Participating in the decision on the appeal are\nLicenciado Carlos Luis Redondo Gutiérrez; Licenciadas Magda Pereira Villalobos and Rosario\nFernández Vindas. Appearing in cassation are Licenciado Gabriel Zamora Márquez, private defender\nof the accused [Name1], and Licenciado José Pablo González Montero, representing the\nPublic Ministry.\n\nWHEREAS:\n\n 1) That by judgment number 109-95, handed down at sixteen hours ten minutes on the seventh of\nNovember of nineteen ninety-five, the Criminal Court of Puntarenas resolved: \"POR TANTO:\nBy virtue of the foregoing, articles 39 of the Political Constitution, 1, 30, 45, 59, 60, 71 to 74, of the\nCriminal Code, 1, 392, 394, 395, 396, 399 and 544 of the Code of Criminal Procedure, 9, 10, 11, 12 and\n62 of the Law on the Maritime Terrestrial Zone, [Name4] is declared the responsible perpetrator of the crime of\nILLEGAL CONSTRUCTION IN THE MARITIME ZONE and as such is sentenced to serve a penalty of\nTWO MONTHS OF IMPRISONMENT, to be served after crediting the pretrial detention served in the place\nand manner determined by the respective penitentiary regulations. She is also sentenced to pay\nboth costs of the trial and once the judgment is final, its registration in the Judicial Registry is ordered. For\na probation period of THREE YEARS, the convicted person is granted the benefit of Conditional Execution of the\nSentence, warning her in this act that if she commits a new intentional crime punishable by\nimprisonment of more than six months, this Court may revoke the favor now granted to her.\nIn accordance with article 13 of the Law on the Maritime Terrestrial Zone, the demolition\nof the construction in the restricted zone is ordered once the judgment is final. LET IT BE KNOWN. Licda. Teresita\nRodríguez Arroyo. [Name6], Pro-secretary.-\" (sic).-\n\n 2) That against the preceding ruling, the accused [Name1] filed an Appeal in Cassation\non the Merits and on Form.\n\n 3) That once the respective deliberation was carried out in accordance with the provisions of article 481\nof the Code of Criminal Procedure, the Court considered the questions raised in the\nAppeal.\n\n 4) That in the proceedings the pertinent legal requirements have been observed.\n\n Judge Redondo Gutiérrez writes, and;\n\nWHEREAS:\n\n The accused [Name4] appeals the judgment of the Criminal Judge of Puntarenas that convicts her of\nViolating the Law on the Maritime Terrestrial Zone, alleging defects of substance and of form.\n\n 1. Cassation on the merits.\n\n The appellant considers that the conviction for violating articles 9, 10, 11, 12 and 62 of the Law\non the Maritime Terrestrial Zone does not correspond to the weight of the evidence. She alludes to a series of evidentiary\nelements that allow her to conclude that the territorial limits where she settled with a\nstructure are not well demarcated. The appellant criticizes a series of evidentiary data brought to the\nprocess, and through that analysis seeks for this Court to arrive at factual\nconclusions different from those established in the judgment. Technically, the appeal is misdirected because\none can neither make novel re-evaluations of the evidentiary material nor modify the historical account\nof the ruling. Cassation does not permit either of those two issues because its exclusive task is\nto oversee the legality of the ruling and that the rules of due process are observed. The appellant also\ncommits the error of addressing formal aspects to allege error in the application of substantive\nlaw, an indirect way of raising a grievance, which is ineffective in this avenue. For these reasons,\nthe grievance must be denied.\n\n 2. Cassation on form.\n\n The appellant's argument is aimed at indicating that the judgment lacks reasoning (inmotivado) because the Judge did\nnot deem the limits of the area where the questioned structure was erected to be properly established.\nShe refers to the fact that when it is noted that there are two boundary markers (mojones) at the site and that there is a distance\nof approximately three hundred meters between them, what was noted by the National\nGeographic Institute (Instituto Geográfico Nacional) (f. 88) should have been taken into account, in the sense that the placement of some six more boundary markers (mojones) is required\nto fix the public zone, and based on the existing ones \"they cannot be taken as consecutive for\nany purpose.\" However, the appellant commits the error of mixing the grounds. After expressing\ndefects in the evaluation of evidentiary elements, she simultaneously suggests that the judge violated substantive\nlaw because, then, since the territory had not been demarcated according to the evidence, the\nunlawful act could not arise in legal life. The foregoing would suffice to reject the objection. But,\nfurthermore, the appellant does not demonstrate how the evidence she misses could have varied the\nsituation presented in the ruling. This is because the Judge held it as true that on municipal land\nleased to the accused [Name4] for agricultural purposes in Cóbano de Puntarenas, she erected, without\nbeing authorized, a fifteen-square-meter structure, at a distance of twenty-five meters\nfrom [Address1]. He relied fundamentally on the Ocular Inspection carried out by the Mixed\nMayor of that jurisdiction and on the sketch illustrating the proceeding (fs. 14 and 15). Within the\ncriteria for evidentiary evaluation, the Judge may validly select that evidence which proves\npertinent and useful for deciding the case, because it is within his exclusive competence to consider\nthe convincing effectiveness of the proofs, provided, of course, he does not fall into arbitrariness. And this\nlatter did not occur in the case at hand, because failing to consider the document issued by the National\nGeographic Institute on folio 88 does not alter the conclusion of the ruling at all. From that document, it can only\nbe inferred that it is necessary to place more boundary markers (mojones), in addition to numbers 74 and 75,\nexisting in the area, to allow delimitation of the public zone. The note from the referred Institute does\nnot exclude that the construction was made outside the maritime terrestrial zone, and\nregardless of whether there were insufficient boundary markers (mojones) at the site, the truth is that the\nreferred structure was built twenty-five meters from the high-water line (línea de pleamar), that is, on inalienable public land,\nand the judge so verified. Demarcation with boundary markers (amojonamiento) is not necessary to fix the\ntwo hundred meters of the maritime terrestrial zone; it suffices, as in this case, that by an inspection by\nthe authority in charge of the investigation, added to the testimonial evidence presented, it is determined that\nthe structure was erected in a prohibited area. The Law in reference (Arts. 9 and 10) determines a public\nzone fifty meters wide from the ordinary high-water line (pleamar ordinaria) and the areas left\nuncovered during low tide, and a restricted zone corresponding to a strip of the remaining one hundred\nfifty meters. Those two hundred meters are considered part of the national heritage,\nbelonging to the State, inalienable and imprescriptible, as stated in article 1 ibid.\nThat zone is presumed to exist even when it is not demarcated. So much so that Articles 62 and 63\nof the Regulation to the law in question prohibit granting concessions on lots where the public\nzone is not demarcated, and the National Geographic Institute must publish a notice in the Official Gazette of\neach portion of the zone in which the public segment has been demarcated. That means that\nthere may be areas of the maritime terrestrial zone that are not yet demarcated by the said\nInstitute. The foregoing is to say that the fact that the zone in the sector\nwhere the unlawful act in question occurred was not well demarcated does not exclude that it occurred,\nbecause within the freedom of proof that exists in this matter, it is perfectly permissible\nfor the judge to resort to the elements he deems suitable for the purpose of verifying\nviolations of the law.\n\n Finally, the circumstance that the accused did not attend the judicial\ninspection as claimed by the appellant does not invalidate the act, taking into account that she had been\nduly notified for it and it was her will not to appear (cf. notification record f. 13\nfront). Likewise, no lack of reasoning (fundamentación) of the judgment is appreciated due to citing\ndifferent provisions in the reasoning (considerativa) and operative (dispositiva) parts of the ruling. In the context of the\njudgment, the application of the norms violated by the perpetrator is clear, and the Judge is\nbroad and clear on that in the considerations. In the same way, it is irrelevant, for the purposes\nof the reasoning (motivación), that in some passage of the judgment it is referred to that what was built in the prohibited zone\nwas a \"house\" (casa), and later it is said \"a room\" (una pieza), for what the law penalizes is \"erecting\nbuildings or installations\" (Art. 12 ib.), and a \"house\" (casa) or a \"room\" (pieza) in the terms contained in the ruling,\nhave the character of \"building\" (edificación) or \"installation\" (instalación).\n\n Based on the foregoing, the denial of the formulated claim is appropriate.\n\n POR TANTO:\n\n The appeal in cassation filed is DECLARED WITHOUT MERIT. Let it be notified.\n\n Lic. Carlos Luis Redondo Gutiérrez\n\n Licda. Magda Pereira Villalobos Licda. Rosario Fernández Vindas\n\n File 1020-1-95 Dig. Edo." }