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  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Recurso de casación por infracción al artículo 132 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre por vertido de aguas negras al mar",
  "title_en": "Cassation appeal for violation of Article 132 of the Wildlife Conservation Law for dumping sewage into the sea",
  "summary_es": "El Tribunal de Casación Penal confirma la condena impuesta a un comerciante por infringir el artículo 132 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, que prohíbe contaminar el hábitat de la fauna silvestre. El acusado vertía aguas negras al mar desde un tanque de su propiedad. La defensa alegó vicios en la valoración de la prueba y errónea aplicación de la ley sustantiva, argumentando que no existía orden específica de un funcionario público como elemento del tipo penal, y que la prueba no demostraba el derrame al mar. El Tribunal desestimó ambos reclamos: respecto al primero, señaló que el tipo penal contiene una prohibición general exigible erga omnes, sin necesidad de una orden individualizada; y que la defensa no identificó reglas de la sana crítica vulneradas. Sobre el segundo, indicó que la errónea aplicación de la norma sustantiva supone la intangibilidad de los hechos probados, y la defensa pretendía discutir la credibilidad de la prueba, lo cual es inadmisible en esta vía. En consecuencia, declaró sin lugar el recurso de casación.",
  "summary_en": "The Criminal Cassation Court upholds the conviction of a merchant for violating Article 132 of the Wildlife Conservation Law, which prohibits contaminating wildlife habitat. The accused was dumping sewage into the sea from a tank on his property. The defense argued errors in the assessment of evidence and misapplication of the substantive law, asserting that there was no specific order from a public official as an element of the offense, and that the evidence did not prove the spill into the sea. The Court dismissed both claims: regarding the first, it held that the criminal provision establishes a general prohibition enforceable erga omnes, without requiring an individualized order; and the defense failed to identify which rules of sound criticism were violated. As for the second, it noted that a claim of misapplication of substantive law requires accepting the proven facts as established, whereas the defense sought to challenge the credibility of the evidence, which is inadmissible in cassation. Consequently, the appeal was dismissed.",
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  "excerpt_es": "Los argumentos del impugnante no son convincentes, especialmente cuando señala que el ilícito que se le atribuye al imputado supone, como elemento objetivo del tipo penal, un mandato específico de un funcionario público, como erróneamente lo asume el representante de la Defensa, por esta razón no puede ser un elemento de prueba determinante la existencia de una orden particular y específica de un funcionario público. El tipo penal define una limitación genérica exigible “erga omnes”, de tal forma que no es necesario, como propone el abogado defensor, que haya existido una orden específica e individualizada que imponga al administrado la obligación de hacer o no hacer. En este caso la prohibición se define muy claramente en la ley y su exigibilidad recae sobre cualquier ciudadano que esté en las circunstancias en que tal obligación sea exigible y que son las que se describen en la relación de hechos probados.",
  "excerpt_en": "The challenger's arguments are not convincing, especially when he claims that the offense attributed to the accused requires, as an objective element of the criminal provision, a specific mandate from a public official, as erroneously assumed by the defense counsel; therefore, the existence of a particular and specific order from a public official cannot be a decisive evidentiary element. The criminal provision establishes a general limitation enforceable 'erga omnes,' so it is not necessary, as defense counsel proposes, that there was a specific and individualized order imposing the obligation to act or refrain from acting on the administered party. In this case, the prohibition is very clearly defined in the law, and its enforceability falls on any citizen who is in the circumstances where such obligation is enforceable, which are those described in the statement of proven facts.",
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      "quote_es": "Los yerros en la apreciación de la prueba deben plantearse como vicios formales que inciden en la fundamentación del fallo, demostrando el recurrente las debilidades en la motivación del fallo o las ilogicidades o inconsistencias en la aplicación de las reglas de la sana crítica."
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  "body_es_text": "Exp\n\nRes: [Telf1]\n\nExp: 96-000526-0420-PE\n\n TRIBUNAL DE CASACION PENAL. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE, GOICOECHEA. A las dieciséis\nhoras treinta minutos del ocho de noviembre de dos mil dos.-\n\n RECURSO DE CASACION interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1], [Nombre2]”, mayor,\nen unión libre, comerciante, nativo de Puntarenas el veinticinco de mayo de mil novecientos\ncincuenta y cuatro, hijo de [Nombre3] y [Nombre4], con cédula de identidad número CED1, por el\ndelito de INFRACCION AL ARTICULO 132 DE LA LEY DE CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE, en perjuicio\nde LA VIDA SILVESTRE. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces Fernando Cruz Castro,\n[Nombre5] y [Nombre6]. Se apersonaron en Casación, el Lic. [Nombre7] en su condición de defensor\nparticular del imputado, el Lic. [Nombre8] como Fiscal Adjunto Ambiental del Ministerio Público y el\nLic. [Nombre9] en representación de la Procuraduría General de la República.\n\nRESULTANDO:\n\n 1) Que mediante sentencia dictada a las dieciséis horas del dos de octubre del dos mil uno, el\nTribunal de Juicio de Puntarenas resolvió: “POR TANTO De conformidad con las reglas de la Sana\nCrítica Racional y artículos 35, 39 y 41 de la Constitución Política, 1, 2, 4, 11, 18 a 20, 30, 31,\n45, 50, 51 a 53, 59 a 63, 71 y sigs., 103 y 420 del Código Penal, 132 de la Ley de Conservación de\nla Vida Silvestre; 1, 5, 9, 13, 17, 105, 106, 392 a 41, 512 y 543 del Código Procesal Penal,\nTransitorio IV de la Ley de Reorganización Judicial; al resolver en definitiva la presente causa,\neste Tribunal Unipersonal DISPONE: Se declara al encartado [Nombre10], único autor responsable del\ndelito de INFRACCION AL ARTICULO 132 DE LA LEY DE CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE cometido en\nperjuicio de LA VIDA SILVESTRE, y por tal hecho se le impone la pena de multa de SETENTA Y CINCO MIL\nCOLONES, que, una vez firme este fallo, deberá depositar a favor del Patronato de Construcción,\nInstalación y Adquisición de Bienes de Adaptación Social. Se le condena además al pago de ambas\ncostas del juicio. No se concede al encartado el Beneficio de Ejecución Condicional de la Pena por\nvirtud de que la sanción impuesta no lo permite. Firme esta sentencia se inscribirá en el Registro\nJudicial y se testimoniarán piezas para ante el Juzgado de Ejecución y el Instituto Nacional de\nCriminología. NOTIFIQUESE MEDIANTE LECTURA. [Nombre11] JUEZ DE JUICIO.\" (sic).-\n\n 2) Que contra el anterior pronunciamiento, el Lic. [Nombre7] interpuso Recurso de Casación.\n\n 3) Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 450\ndel Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el Recurso.\n\n 4) Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\nRedacta el Juez de Casación [Nombre12]; y, \n\nCONSIDERANDO:\n\n El Juez Penal del Circuito Judicial de Puntarenas, Luis F. Calderón Ugarte, le impuso a [Nombre10]\nuna pena de multa de setenta y cinco mil colones por infracción al artículo 132 de la Ley de\nConservación de la Vida Silvestre. El defensor del encausado, Lic. [Nombre7], interpuso recurso de\nCasación, acusando en el fallo yerros de forma y de fondo. El Tribunal analizó los argumentos\nplanteados por el recurrente, resolviendo sus pretensiones conforme a los argumentos que se\nexpondrán:\n\n I- Reclamo. En su primer reclamo por yerros de forma, el abogado defensor acusa la inobservancia\ndel artículo 400, inciso cuarto, del código de procedimientos penales de 1973. Según expone, no\nexiste prueba alguna que el negocio mencionado en la relación de hechos probados, sea propiedad del\nencausado. Estima el abogado defensor que no existe prueba que acredite el mandato que recibió el\nencausado. No hay documento que acredite la orden de autoridad que sustenta el ilícito penal por el\nque se condenó al acusado. Destaca, además, algunas paradojas y contradicciones que contiene la\nprueba que sustenta el fallo condenatorio y que contravienen las reglas de la sana crítica. El Juez,\nsegún expone el abogado defensor, desconoce que al imputado se le dio un plazo de dos meses para\ncorregir las deficiencias que presentaba el tanque que recogía las aguas negras y los desechos. Los\nargumentos planteados por el abogado defensor, no demuestran yerros esenciales que incidan en la\nmotivación del fallo. La argumentación expuesta por el abogado defensor, contiene un yerro formal\nesencial: enuncia la posible violación de las reglas de la sana crítica, pero en ningún momento\nidentifica la regla que estima inobservada, particularizando tal yerro en el contenido particular\ndel fallo, especialmente en el razonamiento expresado por el a-quo. Sus objeciones no desacreditan\nel razonamiento del juzgador, sino que refiere, genéricamente, que se inobservaron las reglas de la\nsana crítica, sin deslegitimar el razonamiento expuesto por el a-quo. Esta omisión constituye un\nyerro formal esencial que incide en la fundamentación del reclamo y en su admisibilidad.\n\nSobre otros extremos, los argumentos del impugnante no son convincentes, especialmente cuando señala\nque el ilícito que se le atribuye al imputado supone, como elemento objetivo del tipo penal, un\nmandato específico de un funcionario público, como erróneamente lo asume el representante de la\nDefensa, por esta razón no puede ser un elemento de prueba determinante la existencia de una orden\nparticular y específica de un funcionario público. El tipo penal define una limitación genérica\nexigible “erga omnes”, de tal forma que no es necesario, como propone el abogado defensor, que haya\nexistido una orden específica e individualizada que imponga al administrado la obligación de hacer o\nno hacer. En este caso la prohibición se define muy claramente en la ley y su exigibilidad recae\nsobre cualquier ciudadano que esté en las circunstancias en que tal obligación sea exigible y que\nson las que se describen en la relación de hechos probados. Todas las objeciones que plantea el\nrecurrente respecto del mandato, resultan inadmisibles y tampoco demuestran un vicio esencial en la\napreciación de la prueba. El dato sobre la posibilidad que algunos canes pudiesen llegar a comer\ndesechos, es un detalle que no demuestra ningún vicio de fundamentación o la inobservancia de las\nreglas que orientan el razonamiento judicial. Igual comentario puede hacerse sobre el acceso que\npodrían tener las aves de rapiña, porque tal posibilidad no desacredita la credibilidad de los\ntestigos, sin que demuestre, por otra parte, yerros esenciales de motivación.\n\nSobre la declaración indagatoria que rindió el encausado, el a-quo sí examinó su contenido,\nrechazando cada una de las justificaciones que el acusado brindó al rendir su declaración\nindagatoria, tal como se aprecia a folio 143 y siguientes de la sentencia. En cuanto al plazo de dos\nmeses que se le brindó al acusado para que corrigiera el problema, debe mencionarse, en primer\ntérmino, que su otorgamiento no incide en la aplicación del tipo penal; se trata de una\ncircunstancia que no modifica, de ningún modo, la fundamentación jurídica de la decisión. De todas\nmaneras, la circunstancia citada la examinó el juzgador, exponiendo a folio 143 que tal extremo es\ndesmentido por la prueba testimonial y por la inspección ocular visible a folio cuatro, actuación\nque confirma que aún después de interpuesta la denuncia, se mantenía la fuente de contaminación en\nlos términos que lo establece el artículo 132 de la L.C.V.S. El juzgador examinó cada uno de los\nargumentos expuestos por el acusado; el impugnante no demuestra los vicios específicos que podrían\napreciarse en tal valoración y por este motivo su reclamo es infundado y no se ajusta al mérito de\nlos autos.\n\n II- Reclamo. Estima el abogado defensor que el fallo contiene una errónea aplicación del artículo\n132 de la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre. El fallo se sustenta en hechos que no se\ninfieren de la prueba testimonial, porque ninguna persona declaró que el encausado arrojara las\naguas negras al mar. Destaca que hasta la inspección ocular no se ajusta a la verdad de los hechos,\nporque nunca determinó que las aguas del tanque se derramaran en el mar y lo contaminaran. Refiere\nel recurrente, que algunos de los testimonios mencionan hechos manifiestamente falsos; a pesar de\nesas debilidades de la prueba, se admitió, como hecho probado, la existencia del ilícito que\nsanciona la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre. La prueba recibida en la audiencia debió\ndarle sustento a un fallo absolutorio y no a uno condenatorio. El vicio planteado por el abogado\ndefensor, debe desestimarse. El reclamo contiene un vicio formal esencial: pretende demostrar un\nyerro en la aplicación de la norma sustantiva mediante una variación del cuadro fáctico y de la\nprueba que sustenta la sentencia. Este es un vicio formal insalvable que torna inadmisible el\nreclamo, porque los yerros por errónea aplicación de la norma sustantiva suponen la inalterabilidad\nde los hechos. Los yerros en la apreciación de la prueba deben plantearse como vicios formales que\ninciden en la fundamentación del fallo, demostrando el recurrente las debilidades en la motivación\ndel fallo o las ilogicidades o inconsistencias en la aplicación de las reglas de la sana crítica.\nNinguno de estos requisitos se cumplen en el presente reclamo, pues lo que hace el recurrente es\nplantear una serie de observaciones y objeciones sobre la credibilidad de la inspección ocular o\nsobre los testimonios; estos argumentos son inadmisibles, por los motivos expuestos, pues los vicios\nen la aplicación de la norma sustantiva la intangibilidad de los hechos y de las pruebas que los\nsustentan. Aunque esta Cámara asuma una visión más informal y flexible, tampoco son admisibles las\nobjeciones sobre la fundamentación de la prueba, porque el abogado defensor no demuestra vicios\nlógicos o contrarios a las reglas de experiencia en la apreciación de la prueba. Por los motivos\nmencionados, el presente reclamo es inadmisible.\n\n Ninguno de los reclamos planteados por el recurrente justifica la nulidad del fallo y por este\nmotivo se declara sin lugar el recurso de Casación planteado por el impugnante.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara sin lugar el recurso de Casación planteado por el representante de la Defensa, Lic.\n[Nombre7].\n\n \n\n \n\nFernando Cruz Castro\n\n \n\n \n\n[Nombre6] [Nombre5]\n\n \n\n[Nombre13]\n\n \n\n \n\n \n\nExp. 96-000526-0420-PE\n\nC/ [Nombre14] [Nombre15]\n\n[Nombre16].",
  "body_en_text": "Exp\n\nRes: [Telf1]\n\nExp: 96-000526-0420-PE\n\nCRIMINAL CASATION COURT. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSE, GOICOECHEA. At sixteen hours thirty minutes on the eighth of November, two thousand two.\n\nCASSATION APPEAL filed in the present case against [Nombre1], [Nombre2]\", of legal age, in a common-law union, merchant, native of Puntarenas on the twenty-fifth of May, one thousand nine hundred fifty-four, son of [Nombre3] and [Nombre4], with identity card number CED1, for the crime of VIOLATION OF ARTICLE 132 OF THE WILDLIFE CONSERVATION LAW, to the detriment of WILDLIFE. Judges Fernando Cruz Castro, [Nombre5], and [Nombre6] are involved in the decision of the appeal. Appearing in Cassation are Lic. [Nombre7], in his capacity as private defense counsel for the accused; Lic. [Nombre8], as Deputy Environmental Prosecutor of the Public Ministry; and Lic. [Nombre9], representing the Attorney General's Office of the Republic.\n\nWHEREAS:\n\n1) That by judgment handed down at sixteen hours on the second of October, two thousand one, the Trial Court of Puntarenas resolved: \"THEREFORE, in accordance with the rules of Sound Rational Criticism and articles 35, 39 and 41 of the Political Constitution, 1, 2, 4, 11, 18 to 20, 30, 31, 45, 50, 51 to 53, 59 to 63, 71 et seq., 103 and 420 of the Penal Code, 132 of the Wildlife Conservation Law; 1, 5, 9, 13, 17, 105, 106, 392 to 41, 512 and 543 of the Code of Criminal Procedure, Temporary Provision IV of the Judicial Reorganization Law; upon definitively resolving the present case, this Single-Judge Court ORDERS: The defendant [Nombre10] is declared the sole responsible perpetrator of the crime of VIOLATION OF ARTICLE 132 OF THE WILDLIFE CONSERVATION LAW committed to the detriment of WILDLIFE, and for such act is imposed a fine of SEVENTY-FIVE THOUSAND COLONES, which, once this judgment becomes final, must be deposited in favor of the Board for the Construction, Installation and Acquisition of Social Adaptation Assets. He is also sentenced to pay both costs of the trial. The Benefit of Conditional Execution of the Penalty is not granted to the defendant by virtue of the fact that the imposed sanction does not allow it. Once this sentence is final, it will be registered in the Judicial Registry and certified copies will be made for the Enforcement Court and the National Institute of Criminology. NOTIFY BY READING. [Nombre11], TRIAL JUDGE.\" (sic).-\n\n2) That against the preceding pronouncement, Lic. [Nombre7] filed a Cassation Appeal.\n\n3) That having verified the respective deliberation in conformity with the provisions of article 450 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the questions formulated in the Appeal.\n\n4) That in the proceedings, the pertinent legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Judge of Cassation [Nombre12]; and,\n\nCONSIDERING:\n\nThe Criminal Judge of the Judicial Circuit of Puntarenas, Luis F. Calderón Ugarte, imposed on [Nombre10] a fine of seventy-five thousand colones for violation of article 132 of the Wildlife Conservation Law. The defense counsel for the accused, Lic. [Nombre7], filed an appeal in Cassation, alleging errors of form and of substance in the judgment. The Court analyzed the arguments raised by the appellant, resolving his claims in accordance with the arguments that will be set forth:\n\nI- Claim. In his first claim for errors of form, the defense attorney alleges the disregard of article 400, subsection four, of the Code of Criminal Procedure of 1973. As he states, there is no evidence whatsoever that the business mentioned in the statement of proven facts is the property of the accused. The defense attorney believes there is no evidence to prove the mandate the accused received. There is no document proving the order from an authority that supports the criminal offense for which the accused was convicted. He also highlights some paradoxes and contradictions contained in the evidence supporting the conviction and which contravene the rules of sound rational criticism. The Judge, according to the defense attorney, disregards that the accused was given a period of two months to correct the deficiencies presented by the tank that collected the sewage (aguas negras) and waste. The arguments raised by the defense attorney do not demonstrate essential errors that affect the reasoning (motivación) of the judgment. The argumentation set forth by the defense attorney contains an essential formal error: he states the possible violation of the rules of sound rational criticism, but at no point identifies the rule he considers disregarded, particularizing such error in the specific content of the judgment, especially in the reasoning expressed by the lower court (a-quo). His objections do not discredit the judge's reasoning, but rather he generically states that the rules of sound rational criticism were disregarded, without delegitimizing the reasoning set forth by the lower court (a-quo). This omission constitutes an essential formal error that affects the substantiation of the claim and its admissibility.\n\nRegarding other points, the challenger's arguments are not convincing, especially when he indicates that the offense attributed to the accused presupposes, as an objective element of the statutory definition (tipo penal), a specific mandate from a public official, as the Defense representative erroneously assumes. For this reason, the existence of a particular and specific order from a public official cannot be a determining evidentiary element. The statutory definition establishes a generic limitation enforceable \"erga omnes,\" such that it is not necessary, as the defense attorney proposes, that a specific and individualized order existed imposing on the administered party the obligation to act or refrain from acting. In this case, the prohibition is very clearly defined in the law and its enforceability falls on any citizen who finds themselves in the circumstances where such obligation is enforceable, which are those described in the statement of proven facts. All the objections raised by the appellant regarding the mandate are inadmissible and do not demonstrate an essential defect in the appreciation of the evidence. The information about the possibility that some dogs might eat waste is a detail that does not demonstrate any defect in the reasoning (fundamentación) or the disregard of the rules guiding judicial reasoning. The same comment can be made about the access that birds of prey might have, because such a possibility does not discredit the credibility of the witnesses, nor does it demonstrate, on the other hand, essential errors in the reasoning (motivación).\n\nRegarding the investigatory statement (declaración indagatoria) given by the accused, the lower court (a-quo) did examine its content, rejecting each of the justifications that the accused provided when giving his investigatory statement, as can be seen at folio 143 and following of the judgment. Regarding the two-month period given to the accused to correct the problem, it must be mentioned, in the first place, that its granting does not affect the application of the statutory definition; it is a circumstance that in no way modifies the legal basis (fundamentación jurídica) of the decision. In any case, the cited circumstance was examined by the judge, stating at folio 143 that such point is belied by the testimonial evidence and by the ocular inspection (inspección ocular) visible at folio four, a proceeding that confirms that even after the accusation was filed, the source of contamination was maintained in the terms established by article 132 of the Wildlife Conservation Law (L.C.V.S.). The judge examined each of the arguments put forth by the accused; the challenger does not demonstrate the specific defects that could be appreciated in such assessment, and for this reason his claim is unfounded and does not conform to the merits of the case file.\n\nII- Claim. The defense attorney believes the judgment contains an erroneous application of article 132 of the Wildlife Conservation Law. The judgment is based on facts that are not inferred from the testimonial evidence, because no person testified that the accused dumped the sewage (aguas negras) into the sea. He highlights that even the ocular inspection (inspección ocular) does not conform to the truth of the facts, because it never determined that the waters from the tank spilled into the sea and contaminated it. The appellant states that some of the testimonies mention manifestly false facts; despite these weaknesses in the evidence, the existence of the offense sanctioned by the Wildlife Conservation Law was admitted as a proven fact. The evidence received at the hearing should have supported an acquittal and not a conviction. The defect raised by the defense attorney must be dismissed. The claim contains an essential formal defect: it seeks to demonstrate an error in the application of the substantive rule (norma sustantiva) by altering the factual picture and the evidence supporting the judgment. This is an insurmountable formal defect that renders the claim inadmissible, because errors due to erroneous application of the substantive rule presuppose the unalterability of the facts. Errors in the appreciation of evidence must be raised as formal defects that affect the reasoning (fundamentación) of the judgment, with the appellant demonstrating the weaknesses in the reasoning (motivación) of the judgment or the illogicalities or inconsistencies in the application of the rules of sound rational criticism. None of these requirements are met in the present claim, since what the appellant does is raise a series of observations and objections about the credibility of the ocular inspection or about the testimonies; these arguments are inadmissible, for the reasons stated, since defects in the application of the substantive rule require the intangibility of the facts and the evidence supporting them. Even if this Chamber assumes a more informal and flexible view, the objections regarding the substantiation of the evidence are also not admissible, because the defense attorney does not demonstrate logical defects or defects contrary to the rules of experience in the appreciation of the evidence. For the reasons mentioned, the present claim is inadmissible.\n\nNone of the claims raised by the appellant justifies the nullification of the judgment, and for this reason, the Cassation Appeal filed by the challenger is dismissed.\n\nTHEREFORE:\n\nThe Cassation Appeal filed by the Defense representative, Lic. [Nombre7], is dismissed.\n\nFernando Cruz Castro\n\n[Nombre6] [Nombre5]\n\n[Nombre13]\n\nExp. 96-000526-0420-PE\n\nC/ [Nombre14] [Nombre15]\n\n[Nombre16]."
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