{ "id": "nexus-sen-1-0034-245299", "citation": "", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Revisión de sentencia por infracción a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre", "title_en": "Review of conviction for violation of the Maritime Terrestrial Zone Law", "summary_es": "El Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José rechaza una acción de revisión de sentencia interpuesta por una condenada por el delito de infracción a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. La recurrente argumentó que nuevas pruebas demostraban que su propiedad no se encontraba dentro de la zona restringida y que la Municipalidad de Santa Cruz había reconocido que no requería concesión. El tribunal determina que las pruebas aportadas no desvirtúan el fallo condenatorio: un peritaje topográfico y un informe del Instituto Geográfico Nacional confirmaron que la construcción se ubica en zona restringida. Además, la inscripción registral del inmueble no excluye las limitaciones legales de la ZMT. La declaración municipal posterior a los hechos no tiene efecto retroactivo, y aunque lo tuviera, no modifica el régimen legal aplicable. El tribunal reafirma que el tipo penal del artículo 62 de la ZMT no exige construir sin permiso municipal, sino construir en la zona marítimo terrestre, y que las limitaciones legales prevalecen sobre interpretaciones administrativas.", "summary_en": "The Criminal Cassation Court of the Second Judicial Circuit of San José denies a review of a conviction for violating the Maritime Terrestrial Zone Law. The convicted defendant argued new evidence showed her property was not within the restricted zone and that the Municipality of Santa Cruz acknowledged no concession was needed. The court finds the evidence does not undermine the conviction: a topographic survey and a report from the National Geographic Institute confirmed the construction is in the restricted zone. Furthermore, registration of the property does not exempt it from ZMT legal restrictions. The municipality's subsequent statement has no retroactive effect and, even if it did, it does not alter the applicable legal regime. The court reaffirms that the criminal offense under Article 62 ZMT does not require building without municipal permission, but simply building within the maritime terrestrial zone, and that legal restrictions prevail over administrative interpretations.", "court_or_agency": "", "date": "", "year": "", "topic_ids": [ "criminal-environmental", "_off-topic" ], "primary_topic_id": "criminal-environmental", "es_concept_hints": [ "zona marítimo terrestre", "milla marítimo terrestre", "artículo 62 ZMT", "concesión municipal", "revisión de sentencia", "cosa juzgada", "dominio público", "inscripción registral" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 62", "law": "Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre" }, { "article": "Art. 41", "law": "Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre" }, { "article": "Art. 9", "law": "Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre" }, { "article": "Art. 408 inciso e", "law": "Código Procesal Penal" } ], "keywords_es": [ "revisión de sentencia", "zona marítimo terrestre", "artículo 62 ZMT", "construcción en zona restringida", "concesión municipal", "inscripción registral", "cosa juzgada", "retroactividad", "prueba nueva", "interés público", "ICT" ], "keywords_en": [ "sentence review", "maritime terrestrial zone", "Article 62 ZMT", "construction in restricted zone", "municipal concession", "property registration", "res judicata", "retroactivity", "new evidence", "public interest", "ICT" ], "excerpt_es": "El tipo penal aplicado, en este caso, el artículo 62 de la ZMT, no define el ilícito como la acción de construir sin autorización municipal, sino que la caracteriza como la construcción o la ejecución de cualquier tipo de desarrollo en la zona marítimo terrestre, sin hacer distinciones entre la zona pública y la restringida. La accionante asume, erróneamente, que fue condenada por el incumplimiento de un requisito, ignorando que este es sólo uno de los elementos del hecho juzgado y que la esencia del ilícito penal es la construcción dentro de la zona marítimo terrestre…", "excerpt_en": "The applied criminal offense, in this case, Article 62 of the ZMT, does not define the unlawful act as constructing without municipal authorization, but characterizes it as the construction or execution of any type of development in the maritime terrestrial zone, without distinguishing between the public and restricted zones. The applicant erroneously assumes she was convicted for failure to comply with a requirement, ignoring that this is only one element of the judged fact and that the essence of the criminal offense is construction within the maritime terrestrial zone…", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The petition for review of the sentence filed by the convicted defendant for the crime of violating the Maritime Terrestrial Zone Law is dismissed.", "summary_es": "Se declara sin lugar la acción de revisión de sentencia interpuesta por la señora condenada por el delito de infracción a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando I", "quote_en": "The applied criminal type, in this case, Article 62 of the ZMT, does not define the unlawful act as constructing without municipal authorization, but characterizes it as the construction or execution of any type of development in the maritime terrestrial zone, without distinguishing between the public and restricted zones.", "quote_es": "El tipo penal aplicado, en este caso, el artículo 62 de la ZMT, no define el ilícito como la acción de construir sin autorización municipal, sino que la caracteriza como la construcción o la ejecución de cualquier tipo de desarrollo en la zona marítimo terrestre, sin hacer distinciones entre la zona pública y la restringida." }, { "context": "Considerando I", "quote_en": "The administration, whether central or municipal, cannot vary the ZMT regime or exclude from such limitations a property located within an area with a clearly defined special regime.", "quote_es": "No puede la administración, ya sea central o municipal, variar el régimen de la ZMT o excluir de tales limitaciones, a un fundo que se encuentra dentro de una zona que un régimen especial claramente definido." }, { "context": "Considerando I", "quote_en": "The registration of the property in the public registry does not exclude the applicability of the property limitation regime provided for by the Maritime Terrestrial Zone law.", "quote_es": "La inscripción en el registro público del inmueble, no excluye la aplicabilidad del régimen de limitaciones a la propiedad que prevé la ley sobre la Zona Marítimo Terrestre." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [ { "doc_id": "norm-32006", "norm_num": "6043", "norm_name": "Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "02/03/1977" } ], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Res: [Telf1]\n\nExp: 96-000909-0008-PE \n\n TRIBUNAL DE CASACION PENAL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE. Goicoechea, a las nueve horas\ncuarenta minutos del treinta de setiembre del dos mil tres.\n\n PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE SENTENCIA interpuesto en la causa penal contra [Nombre1], mayor,\ncasada, de oficios domésticos, vecina de Playa Brasilito, cédula CED1, por el delito de INFRACCION A\nLA LEY SOBRE LA ZONA MARITIMA TERRESTRE, en perjuicio del ESTADO. Intervienen en la decisión del\nProcedimiento de Revisión de Sentencia los jueces Fernando Cruz Castro, Mario Alberto Porras\nVillalta y Ulises Zúñiga Morales. Se apersonaron en casación el Licenciado [Nombre2], en su\ncondición de Defensor Particular de la imputada [Nombre3], el Licenciado [Nombre4], Procurador Penal\ny el Licenciado [Nombre5], Fiscal Adjunto Agrario Ambiental.\n\n RESULTANDO\n\n 1) Mediante sentencia N 146-93, de las quince horas veinte minutos del veintiuno de febrero de mil\nnovecientos noventa y cinco, el Juzgado Penal de Santa Cruz de Guanacaste, resolvió: \"POR TANTO: Lo\nexpuesto y artículos 30 y 41 de la Constitución Política 1, 30, 45, 59 a 63, 71, 74 del Código\nTerrestre No 6043 de 2 de marzo de 1977 y 1, 392, 393, 395, 396, 399, 415 a 421 y 544 del Código de\nProcedimientos Penales, se encuentra a [Nombre1] autora responsable del delito de INFRACCION A LA\nLEY SOBRE LA ZONA MARITIMA TERRESTRE, cometido en perjuicio de EL ESTADO. Por tal ilícito se le\ncondena a la pena de cinco meses de prisión que deberá descontar previo abono de la preventiva\nsufrida en el lugar y forma que lo determinen los respectivos reglamentos carcelarios. Se le condena\nigualmente al pago de ambas costas del proceso. Por un período de tres años se le concede el\nbeneficio de ejecución condicional de la pena, advertida que de cometer nuevo delito doloso\nsancionado con pena superior a los seis meses, este beneficio le podrá ser revocado. Firme esta\nsentencia inscríbase en el Registro Judicial de Delincuentes. Se ordena la demolición de las casas\nconstruídas por la encartada dentro de la zona marítima terrestre en Playa Brasilito, a costa de la\ncondenada. Se ordena igualmente a [Nombre3] ajustarse a la línea de mojones existente en la zona\nmarítimo terrestre. HAGASE SABER. LICDA. [Nombre6] JUEZ.\"\n\n 2) Que contra el anterior pronunciamiento el Licenciado [Nombre7], en su condición de defensor\nparticular de la encartada [Nombre3], interpuso Procedimiento de Revisión de Sentencia.\n\n 3) Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 416\ndel Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el Procedimiento de\nRevisión de Sentencia.\n\n 4) Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\n \n\n Redacta el Juez de Casación [Nombre8]; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\n Mediante sentencia dictada el veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y cinco, la Licda.\n[Nombre9], jueza del Juzgado Penal de Santa Cruz, condenó a [Nombre3] por el delito de Infracción a\nla Ley sobre la zona marítimo terrestre, imponiéndole una pena de cinco meses de prisión. Contra\nesta decisión se interpuso recurso de Casación, el cual fue declarado sin lugar por esta Cámara,\nsegún sentencia del veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y siete. Contra el fallo de\nprimera instancia, la señora [Nombre10] plantea, por segunda vez, una acción de revisión, pues\nestima que existen pruebas decisivas que modifican el contenido del fallo condenatorio dictado en su\ncontra. El Tribunal examinó los argumentos planteados por la accionante, resolviendo sobre sus\npretensiones conforme a los motivos que se expondrán:\n\n I- Según refiere la actora, existen circunstancias probatorias nuevas que demuestran que no es\nautora responsable del delito por el que fue condenada. El elemento central para establecer su\nsupuesta responsabilidad penal, gravita sobre la omisión de solicitar permiso a la autoridad\nmunicipal para la explotación de la porción de terreno ubicada dentro de la milla marítimo\nterrestre. Esta solicitud la planteó desde el año 1993 y en virtud del silencio de la administración\nmunicipal, interpuso contra ésta un recurso de amparo, en el que según lo señaló el representante\ndel municipio, no podía otorgarse la concesión, porque el terreno de su propiedad no se encuentra\ndentro de la zona marítimo terrestre. Es decir, que la Municipalidad de Santa Cruz reconoce con los\nelementos de prueba aportados, que se inobservaron las limitaciones de la milla marítimo terrestre,\nno se encuentra dentro de dicha zona restringida. Además de este reconocimiento, la accionante\naporta nota en la que los personeros de la Municipalidad reconocen que por tratarse de un fundo\ninscrito, no es necesario otorgar ninguna concesión. La prueba mencionada demuestra que la\nconstrucción realizada por la actora, no se encuentra de la zona bajo control municipal y en tal\nsupuesto, queda sin sustento probatorio el fallo condenatorio que ahora objeta. Considera la\nenjuiciada, que por tratarse de un bien de dominio privado, no pueden imponerse las limitaciones que\ncorresponden a la milla marítimo terrestre. En estas condiciones, es aplicable el inciso e- del\nartículo 408 del c.p.p., pues nuevos elementos de prueba demuestran que el delito no le era\nimputable, pues se trata de una conducta atípica, pues la construcción no se levanta sobre la zona\nde administración municipal, sino sobre un terreno privado. La acción de revisión planteada, no es\nadmisible. Los elementos de prueba que aporta el accionante no demuestran, de ninguna manera, que\nlas pruebas que sustentan el fallo condenatorio o que la estructura fáctica de la decisión objetada,\nhaya perdido vigencia. Debe destacarse que las pruebas aportadas no desnaturalizan un elemento de\nprueba que se analizó muy claramente en el proceso, tal como ya lo expresó esta Cámara al resolver\nel recurso de Casación planteado por la recurrente, al señalar que en la sentencia se establece muy\nclaramente “que conforme al plano realizado por un perito topógrafo que contrató la encausada, se\ndeterminó que parte del fundo adquirido por la imputada, se encuentra dentro de la zona marítimo\nterrestre. (ver folio 204, líneas siete y siguiente)” (ver folio doscientos treinta y seis). Esta\ndeterminación fáctica la confirma el informe del Instituto Geográfico Nacional, al señalar a folio\n142, que la construcción en [Dirección1] de Santa Cruz, perteneciente a [Nombre3], se encuentra en\nla zona restringida. Es decir, que salvo que haya existido un fenómeno natural excepcional, el fundo\nse ubica en el mismo punto que lo determinó el perito a folio ciento ochenta y uno y siguientes, lo\nque significa que se encuentra dentro de la zona restringida. El tipo penal aplicado, en este caso,\nel artículo 62 de la ZMT, no define el ilícito como la acción de construir sin autorización\nmunicipal, sino que la caracteriza como la construcción o la ejecución de cualquier tipo de\ndesarrollo en la zona marítimo terrestre, sin hacer distinciones entre la zona pública y la\nrestringida. La accionante asume, erróneamente, que fue condenada por el incumplimiento de un\nrequisito, ignorando que este es sólo uno de los elementos del hecho juzgado y que la esencia del\nilícito penal es la construcción dentro de la zona marítimo terrestre, sin que sea trascendental que\ndespués de que los hechos se han juzgado y que han sido sometidos a diversos recursos y acciones, se\nmencione, según lo estima la autoridad municipal, que es un fundo que no requiere concesión; esta\ndeterminación, a pesar de sus limitaciones, como se expondrán, aún teniendo alguna trascendencia\nsobre los hechos juzgados, es una acción posterior a la ejecución de los hechos, que no puede tener\nun efecto retroactivo sobre el ilícito que se juzgó. Un hecho posterior a las acciones que\ndeterminaron el ilícito penal, no tiene ninguna incidencia sobre la existencia de la acción criminal\nque se definió en sentencia.\n\nTampoco puede desconocerse, como ya lo expresó esta Cámara al resolver el recurso de Casación, que\n“… la inscripción en el registro público del inmueble, no excluye la aplicabilidad del régimen de\nlimitaciones a la propiedad que prevé la ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. La inscripción en el\nregistro público no determina la creación de un régimen jurídico especial para tales propiedades\nfrente a una ley de interés público como la Zona Marítimo Terrestre….” (ver folio doscientos treinta\ny siete). En realidad la objeción planteada no se refiere, exclusivamente, al tema probatorio, sino\nque tiene íntima relación con la interpretación de la norma sustantiva, asumiendo, como ya lo\nexpresó esta Cámara, que la inscripción del fundo en el registro oficial, no excluye las\nlimitaciones que impone la milla marítimo terrestre, tanto en la zona pública como en la\nrestringida. El mismo tema se planteó, nuevamente, en el primer recurso de revisión, rechazándolo\nesta Cámara, considerando que “en la causa se han venido alegando dos puntos en concreto: la\nausencia de restricciones a la propiedad, por ser privada, y la falta de dolo en el actuar de la\nimputada. Si bien la propiedad que la imputada adquirió lo fue mediante venta, es lo cierto que los\nderechos sobre la propiedad no son irrestrictos. Por ley, puede ser sometida a ciertas limitaciones\npara la protección de intereses superiores. Tal sucede con la corta de árboles, por ejemplo, “… el\nartículo siete de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre impide las informaciones posesorias y la\napropiación y legalización a su nombre por parte de particulares de terrenos situados en esa zona.\nSi por cualquier circunstancia se desatendió esta prohibición y se legalizó la propiedad a nombre de\nla señora [Nombre11], ello no quiere decir que su derecho sobre la propiedad sea ilimitado. Debe\natenerse a las limitaciones que en aras del interés público se regulan por ley. …” (ver folio 282\nvuelto)\n\nLa prueba presentada en esta acción, se refiere a una solicitud de concesión que plantea una persona\nque no tiene la misma identidad que la accionante, (ver folio 331) y que es planteada mucho tiempo\ndespués que los hechos fueron juzgados. Es evidente que cuando tales actos fueron juzgados, la\npetición de la enjuiciada no había sido planteada, razón por la que no se le puede dar efecto\nretroactivo a una prueba que no tiene ninguna relación con los supuestos fácticos que fueron\nexaminados, en su momento, por las autoridades judiciales competentes. No se trata, por tanto, de\nuna prueba que tenga una incidencia determinante en los hechos que se juzgaron al emitir el fallo\ncondenatorio. Las manifestaciones que hizo la autoridad municipal en el año 98, siguen demostrando\nque al ocurrir los hechos, entre los años mil novecientos ochenta y siete y mil novecientos ochenta\ny ocho (ver folio ciento noventa y siete), la acusada realizó una construcción en una zona en la que\nexiste una clara limitación legal.\n\nEl hecho que las autoridades municipales afirmen que se trata de un fundo privado sobre el que no\npuede otorgarse concesión, es una declaración que no se produjo cuando la acusada ejecutó la acción\ndelictiva y aunque se admitiese su efecto, el fundo, a pesar de estar inscrito, sigue estando sujeto\na las limitaciones que impone la ley de la zona marítimo terrestre.\n\nLa nota que envía el I.C.T. (ver folio 368), brinda información muy importante: Brasilito de Santa\nCruz es una zona turística sobre la que existen limitaciones a partir del año 1987, situación que\nsignifica, conforme a lo que establece el artículo 41 de la ley ZMT, que cualquier concesión\nrequiere la aprobación del I.C.T. Es decir, que en este caso, surge otro elemento de juicio muy\nimportante que debilita la determinación del Municipio: se requiere la intervención del I.C.T.,\nsituación que ignora la accionante. No obstante que las autoridades del gobierno local señalan que\nel fundo de la enjuiciada no requiere concesión, no puede ignorarse que en este caso debe intervenir\nel instituto de turismo, circunstancia que le resta trascendencia e incidencia a lo que asevera el\nConsejo Municipal a folio 327 y 328.\n\nEn virtud de los argumentos que se han expuesto, esta Cámara estima que las pruebas aportadas por la\naccionante, no inciden en los supuestos fácticos que sustentan el fallo, pues se refiere a una\ndeclaración que se produjo después, que no tiene efecto retroactivo y que aún si lo tuviera, no\nmodifica el régimen legal aplicable al fundo en virtud de las limitaciones que impone el artículo\nnueve y siguientes de la ley de la ZMT. La declaración de la autoridad municipal no modifica las\nlimitaciones que legalmente impone la Ley que regula la ZMT. No puede la administración, ya sea\ncentral o municipal, variar el régimen de la ZMT o excluir de tales limitaciones, a un fundo que se\nencuentra dentro de una zona que un régimen especial claramente definido.\n\nLa prueba que presenta la accionante se refiere a una interpretación de la autoridad municipal, que\nno modifica el sustento probatorio o fáctico de la sentencia objetada.\n\n \n\nPOR TANTO:\n\nSe declara sin lugar la acción de revisión planteada por la señora [Nombre3].\n\n \n\n \n\n \n\nFernando Cruz Castro\n\n \n\nMario Alberto Porras Villalta Ulises Zúñiga Morales\n\n \n\nJueces de Casación Penal\n\n \n\n \n\nDig/ILSI", "body_en_text": "Res: [Telf1]\n\nExp: 96-000909-0008-PE\n\nSECOND CIRCUIT CRIMINAL COURT OF CASSATION, SAN JOSE JUDICIAL CIRCUIT. Goicoechea, at nine hours forty minutes on the thirtieth of September two thousand three.\n\nPROCEEDING FOR REVIEW OF SENTENCE filed in the criminal case against [Nombre1], of legal age, married, a homemaker, resident of Playa Brasilito, identification number CED1, for the crime of VIOLATION OF THE LAW ON THE MARITIME TERRESTRIAL ZONE, to the detriment of the STATE. The judges Fernando Cruz Castro, Mario Alberto Porras Villalta, and Ulises Zúñiga Morales participate in the decision of the Proceeding for Review of Sentence. Appearing in cassation are Licenciado [Nombre2], in his capacity as Private Defender of the accused [Nombre3], Licenciado [Nombre4], Criminal Prosecutor for the State, and Licenciado [Nombre5], Assistant Agricultural Environmental Prosecutor.\n\nWHEREAS:\n\n1) By judgment No. 146-93, of fifteen hours twenty minutes on the twenty-first of February nineteen ninety-five, the Criminal Court of Santa Cruz de Guanacaste, resolved: \"THEREFORE: Based on the foregoing and articles 30 and 41 of the Political Constitution, 1, 30, 45, 59 to 63, 71, 74 of the Land Code No. 6043 of March 2, 1977 and 1, 392, 393, 395, 396, 399, 415 to 421 and 544 of the Code of Criminal Procedure, [Nombre1] is found to be the responsible perpetrator of the crime of VIOLATION OF THE LAW ON THE MARITIME TERRESTRIAL ZONE, committed to the detriment of THE STATE. For this unlawful act, she is sentenced to a penalty of five months of imprisonment, to be served after crediting any pretrial detention suffered, at the place and in the manner determined by the respective prison regulations. She is also sentenced to pay the costs of the proceeding. The benefit of conditional execution of the sentence is granted for a period of three years, with the warning that if she commits a new intentional crime punishable by a sentence exceeding six months, this benefit may be revoked. Once this judgment is final, it shall be recorded in the Judicial Registry of Offenders. The demolition of the houses built by the accused within the maritime terrestrial zone in Playa Brasilito is ordered, at the expense of the convicted party. [Nombre3] is also ordered to adhere to the boundary marker line existing in the maritime terrestrial zone. BE IT KNOWN. LICDA. [Nombre6] JUDGE.\"\n\n2) That against the preceding pronouncement, Licenciado [Nombre7], in his capacity as private defender of the accused [Nombre3], filed a Proceeding for Review of Sentence.\n\n3) That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of article 416 of the Criminal Procedure Code, the Court considered the issues raised in the Proceeding for Review of Sentence.\n\n4) That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.\n\nJudge of Cassation [Nombre8] writes the opinion; and,\n\nCONSIDERING:\n\nBy judgment issued on the twenty-first of February nineteen ninety-five, Licda. [Nombre9], judge of the Criminal Court of Santa Cruz, convicted [Nombre3] for the crime of Violation of the Law on the maritime terrestrial zone, imposing a penalty of five months of imprisonment. A Cassation appeal was filed against this decision, which was declared without merit by this Chamber, according to the judgment of the twenty-sixth of February nineteen ninety-seven. For the second time, Mrs. [Nombre10] brings an action for review against the first-instance ruling, as she believes there is decisive evidence that modifies the content of the condemnatory judgment issued against her. The Court examined the arguments raised by the petitioner, resolving her claims according to the reasons set forth below:\n\nI- As the petitioner states, there are new evidentiary circumstances demonstrating that she is not the responsible perpetrator of the crime for which she was convicted. The central element establishing her alleged criminal liability revolves around the omission to request permission from the municipal authority for the exploitation of the portion of land located within the maritime terrestrial mile. She made this request in 1993, and by virtue of the municipal administration's silence, she filed an amparo action (recurso de amparo) against it, in which, as stated by the municipality's representative, the concession could not be granted because the land she owns is not within the maritime terrestrial zone. That is, the Municipality of Santa Cruz acknowledges, with the evidentiary elements provided, that the limitations of the maritime terrestrial mile were disregarded, and that she is not within said restricted zone. In addition to this acknowledgement, the petitioner provides a note in which the municipality's agents recognize that, as it is a registered property (fundo inscrito), it is not necessary to grant any concession. The evidence mentioned demonstrates that the construction carried out by the petitioner is not within the zone under municipal control and, in such a scenario, the condemnatory judgment she now objects to is left without evidentiary support. The person on trial considers that, as it is a privately owned property, the limitations corresponding to the maritime terrestrial mile cannot be imposed. Under these conditions, subsection e- of article 408 of the C.P.P. is applicable, as new evidentiary elements demonstrate that the crime was not attributable to her, as it involves atypical conduct, since the construction is not erected on the zone of municipal administration, but rather on private land. The action for review filed is not admissible. The evidentiary elements provided by the petitioner do not demonstrate, in any way, that the evidence supporting the condemnatory judgment or that the factual structure of the objected decision has lost validity. It must be noted that the evidence provided does not denature an evidentiary element that was analyzed very clearly in the proceeding, as this Chamber already stated when resolving the Cassation appeal filed by the appellant, noting that the judgment very clearly establishes “that according to a plan prepared by a surveyor (perito topógrafo) hired by the accused, it was determined that part of the property (fundo) acquired by the accused is located within the maritime terrestrial zone. (see folio 204, lines seven and following)” (see folio two hundred thirty-six). This factual determination is confirmed by the report of the National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional), noting on folio 142 that the construction at [Dirección1] in Santa Cruz, belonging to [Nombre3], is located in the restricted zone. That is, unless an exceptional natural phenomenon has occurred, the property (fundo) is located at the same point that the surveyor determined on folios one hundred eighty-one and following, meaning that it is located within the restricted zone. The criminal type applied, in this case, article 62 of the ZMT Law, does not define the unlawful act as the action of building without municipal authorization, but rather characterizes it as the construction or execution of any type of development in the maritime terrestrial zone, without making distinctions between the public zone and the restricted one. The petitioner assumes, erroneously, that she was convicted for the failure to meet a requirement, ignoring that this is only one of the elements of the judged act and that the essence of the criminal offense is the construction within the maritime terrestrial zone, without it being transcendental that, after the acts have been judged and have been subjected to various appeals and actions, it is mentioned, according to the municipal authority's estimation, that it is a property (fundo) that does not require a concession; this determination, despite its limitations, as will be explained, even if it had some significance regarding the judged acts, is an action subsequent to the execution of the acts, which cannot have a retroactive effect on the unlawful act that was judged. A fact subsequent to the actions that determined the criminal offense has no incidence on the existence of the criminal action that was defined in the judgment.\n\nNor can it be ignored, as this Chamber already stated when resolving the Cassation appeal, that “… the registration of the real estate in the public registry does not exclude the applicability of the regime of property limitations provided for by the law on the Maritime Terrestrial Zone. Registration in the public registry does not determine the creation of a special legal regime for such properties in the face of a law of public interest such as the Maritime Terrestrial Zone….” (see folio two hundred thirty-seven). In reality, the objection raised does not refer exclusively to the evidentiary matter but is closely related to the interpretation of the substantive norm, assuming, as this Chamber already stated, that the property's (fundo) registration in the official registry does not exclude the limitations imposed by the maritime terrestrial mile, both in the public zone and in the restricted one. The same issue was raised again in the first appeal for review, and this Chamber rejected it, considering that “in the case, two specific points have been argued: the absence of restrictions on the property, because it is private, and the lack of intent (dolo) in the accused's actions. While it is true that the property the accused acquired was through a sale, it is also true that property rights are not unrestricted. By law, property can be subject to certain limitations for the protection of superior interests. This occurs with the felling of trees, for example, ‘… article seven of the Law on the Maritime Terrestrial Zone prevents possessory information claims (informaciones posesorias) and the appropriation and legalization in one's name by individuals of lands located in that zone. If for any circumstance this prohibition was disregarded and ownership was legalized in the name of Mrs. [Nombre11], that does not mean her right over the property is unlimited. She must adhere to the limitations that, in the interest of the public good, are regulated by law. …’ (see folio 282 verso)\n\nThe evidence presented in this action refers to a concession request made by a person who does not have the same identity as the petitioner (see folio 331) and which is made long after the acts were judged. It is evident that when such acts were judged, the petition of the person on trial had not been made, which is why a retroactive effect cannot be given to evidence that has no relationship with the factual scenarios that were examined, in their time, by the competent judicial authorities. It is not, therefore, evidence that has a determining incidence on the acts that were judged when issuing the condemnatory judgment. The statements made by the municipal authority in 1998 continue to demonstrate that when the events occurred, between the years nineteen eighty-seven and nineteen eighty-eight (see folio one hundred ninety-seven), the accused carried out a construction in a zone where a clear legal limitation exists.\n\nThe fact that the municipal authorities assert that it is a private property (fundo) over which a concession cannot be granted is a statement that was not produced when the accused carried out the criminal action, and even if its effect were admitted, the property (fundo), despite being registered, remains subject to the limitations imposed by the maritime terrestrial zone law.\n\nThe note sent by the I.C.T. (see folio 368) provides very important information: Brasilito de Santa Cruz is a tourist zone over which limitations have existed since 1987, a situation which means, in accordance with the provisions of article 41 of the ZMT law, that any concession requires the I.C.T.'s approval. That is to say, in this case, another very important element of judgment arises that weakens the Municipality's determination: the intervention of the I.C.T. is required, a situation the petitioner ignores. Notwithstanding that local government authorities indicate that the property (fundo) of the person on trial does not require a concession, it cannot be ignored that, in this case, the tourism institute must intervene, a circumstance that detracts from the significance and incidence of what the Municipal Council asserts on folios 327 and 328.\n\nBy virtue of the arguments set forth, this Chamber considers that the evidence provided by the petitioner does not affect the factual scenarios supporting the judgment, as it refers to a statement made afterwards, which has no retroactive effect and which, even if it did, does not modify the legal regime applicable to the property (fundo) by virtue of the limitations imposed by article nine and following articles of the ZMT law. The municipal authority's statement does not modify the limitations legally imposed by the Law regulating the ZMT. The administration, whether central or municipal, cannot vary the ZMT regime or exclude from such limitations a property (fundo) that is located within a zone with a clearly defined special regime.\n\nThe evidence presented by the petitioner refers to an interpretation by the municipal authority, which does not modify the evidentiary or factual basis of the objected judgment.\n\nTHEREFORE:\n\nThe action for review filed by Mrs. [Nombre3] is declared without merit.\n\nFernando Cruz Castro\n\nMario Alberto Porras Villalta Ulises Zúñiga Morales\n\nJudges of Criminal Cassation\n\nDig/ILSI" }