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  "id": "nexus-sen-1-0034-276017",
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  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Recalificación de tala en propiedad privada no en zona protectora",
  "title_en": "Reclassification of logging on private property not in protected zone",
  "summary_es": "El Tribunal de Casación Penal revisa la condena impuesta a dos imputados por el delito de tala y aprovechamiento ilegal en zona protectora. El juez de primera instancia había calificado los hechos bajo el artículo 118 inciso b) de la Ley Forestal 7174, que sanciona la tala en terrenos del patrimonio forestal del Estado. Sin embargo, el tribunal determina que los hechos ocurrieron en una propiedad privada donde se había aprobado un plan de manejo forestal, y que la tala se realizó en zona protectora. La conducta originalmente imputada había sido despenalizada por la Sala Constitucional, por lo que no podía ser sancionada bajo ese tipo penal. El tribunal recalifica los hechos como el delito de tala y aprovechamiento de productos forestales en propiedad privada, previsto en el artículo 122 inciso a) de la misma ley, por cortar árboles no autorizados en el plan de manejo. Aplica una pena de un año de prisión a cada imputado, considerando la gravedad del daño ecológico, la afectación de quebradas y suelos, y la condición profesional del regente forestal implicado.",
  "summary_en": "The Criminal Cassation Court reviewed the conviction of two defendants for illegal logging in a protected zone. The trial judge had classified the acts under Article 118(b) of Forestry Law 7174, which punishes logging on state forest lands. The court determined that the events occurred on private property where a forest management plan had been approved, and that the logging took place in a protected zone. Because the constitutional chamber had struck down the provision under which the conduct would have been charged, the trial classification was erroneous. The court reclassified the acts as the crime of logging and harvesting forest products on private property under Article 122(a), for cutting trees not authorized in the management plan. It imposed a one-year prison sentence on each defendant, considering the severity of the ecological damage, the impact on streams and soils, and the defendant's status as the professional forestry regent responsible for executing the plan.",
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    "criminal-environmental",
    "forestry-law-7575"
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    "tala y aprovechamiento ilegal",
    "regente forestal",
    "patrimonio forestal del Estado",
    "plan de manejo",
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    "tala ilegal",
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    "plan de manejo forestal",
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    "Ley Forestal 7174",
    "artículo 122 inciso a",
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  "keywords_en": [
    "illegal logging",
    "private property",
    "forest management plan",
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    "Forestry Law 7174",
    "article 122(a)",
    "criminal cassation",
    "forestry regent",
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    "environmental crime"
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  "excerpt_es": "Ciertamente el juzgador ubica erróneamente la conducta que tiene por acreditada, en el tipo previsto por el artículo 118 inciso b) de la Ley 7174 del 28 de junio de 1990, que se refiere a la sanción de la tala o aprovechamiento de recursos forestales en terrenos del patrimonio forestal del Estado. Conforme con los hechos probados, la tala a la que se refieren los mismos, así como las afectaciones a los recursos forestales ocurrieron en una propiedad privada, a la que se le había aprobado un plan de manejo forestal, y no en terrenos del patrimonio forestal del Estado, que son los que refiere el artículo 32 de la misma Ley, en los que no están comprendidos los terrenos de propiedad privada. [...] Por ello, debe recalificarse los hechos tenidos por acreditados, los que configuran el delito previsto por el artículo 122 inciso a) de la ley Forestal 7174, de Tala y Aprovechamiento de Productos Forestales en Propiedad Privada, y no el de Tala y Aprovechamiento Ilegal en Zona Protectora, como erróneamente lo calificó el a quo, y tampoco el previsto por el inciso b) del artículo 118 de la misma ley, como equivocadamente lo ubicó el señor juez.",
  "excerpt_en": "Certainly the judge incorrectly placed the proven conduct under the type provided in Article 118(b) of Law 7174 of June 28, 1990, which punishes logging or harvesting of forest resources on state forest lands. According to the proven facts, the logging and the damage to forest resources occurred on private property, for which a forest management plan had been approved, and not on state forest lands, as referred to in Article 32 of the same Law, which does not include private property. [...] Therefore, the proven facts must be reclassified; they constitute the offense under Article 122(a) of Forestry Law 7174, of Logging and Harvesting of Forest Products on Private Property, and not Illegal Logging in a Protected Zone, as the lower court erroneously classified it, nor under Article 118(b) of the same law, as the judge mistakenly placed it.",
  "outcome": {
    "label_en": "Partially granted",
    "label_es": "Parcialmente con lugar",
    "summary_en": "The acts are reclassified from logging in a protected zone to logging on private property under article 122(a), and the sentence is reduced to one year of imprisonment.",
    "summary_es": "Se recalifican los hechos de tala en zona protectora a tala en propiedad privada según artículo 122 inciso a) y se reduce la pena a un año de prisión."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando VI",
      "quote_en": "... both defendants ordered and allowed the cutting of trees not authorized in the forest management plan on the property of Mr. [Name13], timber trees that constituted a harvesting by the accused, affecting the legally protected interest, the forest resources...",
      "quote_es": "... ambos acusados, ordenaron y permitieron la corta de árboles, no autorizada en el plan de manejo forestal en la finca del señor [Nombre13], árboles maderables que implican un aprovechamiento de parte de los encausados, con afectación del bien jurídico tutelado, los recursos forestales..."
    },
    {
      "context": "Considerando VI",
      "quote_en": "According to the classification and placement of the proven conduct, the penalty provided by article 122(a) ranges from six months to two years of imprisonment, or from one hundred to three hundred sixty days fine, which is less than the penalty imposed by the judge...",
      "quote_es": "Conforme con la calificación y ubicación de la conducta tenida por demostrada, la sanción prevista por el inciso a) del artículo 122 va de seis meses a dos años de prisión, o de cien a trescientos sesenta días multa, lo que resulta inferior a la pena impuesta por el señor juez..."
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        "label": "Ley 7174  Art. 122 inciso a"
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  "body_es_text": "383-F-97:\n\n TRIBUNAL SUPERIOR DE CASACION PENAL. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE. [Nombre1], a las\ncatorce horas, cincuenta minutos del doce de Mayo de mil novecientos noventa y siete.\n\n RECURSO DE CASACION interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre2] de sesenta años de\nedad, costarricense, casado, agricultor, portador de la cédula de identidad número CED1 y vecino de\nPocora Y [Nombre3], de treinta y seis años de edad, costarricense, unión libre, Ingeniero Forestal,\nportador de la cédula de identidad número CED2 y vecino de Siquirres por el delito de TALA Y\nAPROVECHAMIENTO ILEGAL, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del\nrecurso la Licda. [Nombre4] y los licenciados Jorge Alberto Chacón Laurito y Alejandro López Mc\nAdam. Se apersonaron en casación el imputado [Nombre3] y su defensor particular Lic. [Nombre5], así\ncomo el Representante del Ministerio Público, Lic. [Nombre6].\n\nRESULTANDO:\n\n 1) Que mediante sentencia Nº 165-95 dictada a las quince horas, veinticinco minutos del doce de\nagosto de mil novecientos noventa y seis, el Juez Penal de Limón, resolvió: \"POR TANTO: Razones\nexpuestas y artículos 39, 41 constitucionales, 1, 18, 19, 20, 30, 45, 50, 51, 59, 60, 2, 71, 73, 74\ndel Código Penal, 118 inciso b de la Ley Forestal 7174, 1, 9, 10, 11, 91, 92, 93, 105, 106, 939,\n395, 396, 399,400, 401, 421, 511, 524 y 543 del Código de Procedimientos Penales, se declara a\n[Nombre2] y [Nombre7], co-autores responsables del delito de TALA Y APROVECHAMIENTO ILEGAL EN ZONA\nPROTECTORA en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES y como tal se les impone el beneficio de Ejecución\nCondicional de la pena por un período de prueba de cinco años, siempre y cuando durante el mismo no\ncometiere un nuevo delito doloso sancionado con prisión mayor a seis meses. A su vez se ordena el\ncomiso a favor del Estado de la madera secuestrada en la presente causa. Una vez firme esta\nresolución, inscríbase en el Registro Judicial. Son las costas del proceso penal a su cargo. Lic.\n[Nombre8], Juez Penal Limón.\" (Sic).\n\n 2) Que contra el anterior pronunciamiento, el co-imputado [Nombre7] interpuso Recurso de Casación. \n\n 3) Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 481\ndel Código de Procedimientos Penales, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el\nRecurso.\n\n 4) Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\n Redacta la Juez Superior LICDA. [Nombre9] y; \n\nCONSIDERANDO:\n\n I.- Recurre en casación, por el fondo y por la forma, el imputado [Nombre7]. Como motivos de forma,\nque se conocen de primero en razón de su contenido, se indican: PRIMERO: Que el juzgador en el\nConsiderando II, en los tres primeros hechos probados refiere que \"... los coimputados y [Nombre10]\n... ordenaron y permitieron...\" sin que se haga mención al nombre del imputado que recurre. Que\nluego en el Considerando III sí le menciona con nombre y apellidos, pero no se tiene la certeza de\nque el a quo se refiera a él cuando indicó \"los imputados\" en los hechos probados. EL MOTIVO SE\nRECHAZA. Ciertamente, como lo manifiesta el recurrente, en los hechos probados se omitió poner el\nnombre del encartado [Nombre7], lo que evidentemente en este caso obedeció a un error material, pues\nconforme con la acusación, la que el juzgador tuvo por demostrada en el Considerando II, se afirmaba\nque los \"los coimputados [Nombre3] y [Nombre10] ... ordenaron y permitieron...\" (Ver requerimiento\nfolio 143, la negrilla no es del original). Al tener por demostrada la acusación, el a quo copia\ntextualmente esta pieza, en los hechos probados, incurriendo en la omisión del nombre del imputado\n[Nombre11]. Procedimiento que reiteradamente se ha criticado, pues el juzgador debe llegar a\nestablecer el propio elenco de hechos probados, aunque concuerde con los contenidos en el\nrequerimiento fiscal, y ello le demande un mayor esfuerzo intelectual. Pese a ello, el error\nseñalado no tiene la virtud de producir la nulidad de la sentencia, pues claramente se entiende que\nal hablarse de los \"coimputados\" se está comprendiendo al recurrente, máxime si tomamos en cuenta\nque la sentencia debe ser analizada globalmente, lo que permite conocer, en este caso, que es al\nencartado [Nombre7] y a [Nombre10], que se refieren las conductas de haber permitido y ordenado la\ncorta de varios árboles, el trazo de caminos para la explotación forestal poco planificados, la\nextracción de madera por el cauce mismo de las quebradas...., conductas que se detallan en la\nsentencia, claramente referidas al recurrente, al hablarse de los coimputados en el Considerando II,\ny ya específicamente con su nombre, en el Considerando III, por lo que no existe posibilidad de\nconfusión alguna, que afecte la fundamentación de la sentencia o el debido proceso.\n\n II.- Como segundo motivo se alega falta de fundamentación y violación del debido proceso, por\nambigüedad o falta de definición de la conducta atribuida. Expresa el impugnante que el fallo\ncontiene una fundamentación omisa, deficiente y contradictoria, en los tres primeros hechos, al no\nseñalar concretamente cuál fue la conducta realizada por el encartado, y sólo expresa que el otro\nacusado y el impugnante \"ordenamos y permitimos\" que se realizara la tala de árboles. Que ordenar y\npermitir son excluyentes, y que como Regente él no tenía autoridad o atribución para mandar o\npermitir que [Nombre12] o su sobrino realizaran los hechos. EL MOTIVO SE RECHAZA. En los hechos\nprobados se establece claramente en qué consistió la conducta del encartado recurrente, de quien se\nafirma que ordenó y permitió: que se cortaran varios árboles, que se trazaran caminos para la\nextracción forestal poco planificados, afectando el bosque al fomentarse la erosión de los suelos a\ncausa de los fuertes movimientos de tierra en terrenos de pronunciadas pendientes, que se extrajera\nmadera con tractor por el cauce mismo de las quebradas, afectando éstas; todo ello sin seguir los\nlineamientos técnicos recomendado para el plan de manejo forestal, que se había aprobado en la finca\ndel señor [Nombre13]. Hechos que en las consideraciones de fondo son objeto de análisis. Por otro\nlado, en el contexto de los hechos no aparece como contradictorias las acciones de ordenar y\npermitir, pues una precede a la otra, así se ordena el corte de los árboles, y se permite que se\nrealice la misma por otros sujetos. Y la sentencia establece que como Regente el encartado era el\nencargado del plan de manejo forestal, indicándose que \"... fue él quien elaboró el plan de manejo,\nfue él la persona contratada para su ejecución, él decidía cuáles árboles se cortaban, por dónde se\nhacía un camino, incluso su diseño le correspondía a él...\" (Considerando III, punto b), folio 186\nvuelto). Por lo que no se da el vicio alegado.\n\n III.- Como tercer motivo por la forma se indica falta de fundamentación de la sentencia y violación\ndel debido proceso, por carecer la parte dispositiva de la indicación de la pena que se impone. EL\nMOTIVO SE RECHAZA. Resulta evidente que se dio un error material al transcribir la sentencia, al\nomitirse en la parte dispositiva lo expresado y por lo tanto decidido por el juzgador, en las\nconsideraciones de fondo, sobre la pena que se impone, que en este caso fue de DOS AÑOS Y SEIS MESES\nDE PRISION a cada uno de los imputados. Claramente se observa que al momento de copiarse en el POR\nTANTO, lo ya decidido en relación a la pena, se omitió las expresiones \"a ambos el tanto de DOS AÑOS\nY SEIS MESES DE PRISION. Se les concede\", lo que se expresa en el Considerando V relativo a la\ntipicidad y a la fundamentación de la pena, pero en el Por Tanto, se pasa de la frase \"se les\nimpone\" a la frase \"el beneficio de Ejecución Condicional...\", lo que evidencia un error material, y\nno de decisión, por lo que conforme con los artículos 109 y 484 del Código de Procedimientos\nPenales, lo que procede es su corrección, para que se contenga en el Por Tanto de la resolución, las\nexpresiones antes expresadas como omitidas. Por ello no se da el vicio alegado.\n\n IV.- Como cuarto motivo por la forma se indica falta de fundamentación y violación del debido\nproceso. Expresa el recurrente que tanto en el Considerando V como en el Por Tanto, el juzgador\ncomete el error de considerarlos a él y a [Nombre10] como coautores, cuando las acciones de ambos\nfueron diferentes. EL MOTIVO SE RECHAZA. No sólo no expresa el recurrente en qué puede afectarle que\nse le considere \"coautor\" en lugar de autor, lo que sería una discusión por el fondo y no por la\nforma, sino que, además, conforme con los hechos probados, se tuvo por acreditado que ambos acusados\nordenaron y permitieron la corta de árboles y otras acciones alejadas del plan de manejo forestal\naprobado para la finca del señor [Nombre14], por lo que realizaron acciones en conjunto en la\nafectación del bien jurídico tutelado. Lo que fue objeto de análisis en las consideraciones de\nfondo. De modo que la coautoría a que se refiere la sentencia está fundamentada, y no se da el vicio\nalegado.\n\n V.- Como quinto y último motivo por la forma, se alega falta de fundamentación e inobservancia del\ndebido proceso, por carecer la sentencia de la debida fundamentación en relación con la pena que se\nimpone. EL MOTIVO SE RECHAZA. En el Considerando V. TIPICIDAD Y FUNDAMENTACION DE LA PENA, a partir\ndel folio 189 vuelto parte final y hasta el folio 190 vuelto, parte inicial, el juzgador expresa los\nmotivos por los cuales aplica la pena de dos años y seis meses de prisión a cada uno de los\nimputados, haciendo referencia tanto a los aspectos objetivos, como a la gravedad de la afectación\ndel bien jurídico tutelado, como a los aspectos subjetivos del actuar de cada uno de los acusados,\nasí como las condiciones personales de los mismos, por lo que la pena sí está fundamentada. Por todo\nello se declara sin lugar el recurso de casación por la forma.\n\n VI.- En cuanto al fondo, como primer motivo se aduce errónea aplicación de los artículos 1, 18, 19,\n20, 30, 45, 51 y 71 y siguientes del Código Penal, y 118 inciso b) de la Ley Forestal [Placa1]7174\ndel 28 de junio de 1990, en relación con el 39 y 41 de la Constitución Política. Refiere el\nimpugnante, que se tiene por acreditado, que los imputados ordenaron y permitieron que se cortaran\ndos árboles de pilón, un árbol de sura y otros de diferentes especies que se encontraban dentro de\nla zona protectora de la quebrada situada en la finca del señor [Nombre14], considerándoseles\ncoautores del delito de Tala y Aprovechamiento Ilegal en Zona Protectora, en perjuicio de los\nrecursos naturales, por considerar el a quo que infringieron el artículo 118 inciso b) de la Ley\nForestal [Placa1]7174. Lo que constituye un error, dado que dicho artículo sanciona la tala o\naprovechamiento de recursos forestales en terrenos del patrimonio forestal del Estado, sin la\nautorización respectiva, o sin cumplir las cláusulas del contrato suscrito en la autorización.\nConducta que se encontraba prevista en el artículo 119 de la mencionada ley, y que fue declarada\ninconstitucional, por el Voto [Placa1][Placa2] de la Sala Constitucional, de modo que a la fecha\ndel hecho la conducta por la que se condena había dejado de ser delito, no estando tipificada como\ntal. Que además, según se tuvo por acreditado, los hechos tuvieron lugar en una propiedad privada,\npropiedad del señor [Nombre13], y conforme con el artículo 32 de la citada ley, no forma parte del\npatrimonio forestal del Estado. EL MOTIVO SE ACOGE EN PARTE. Ciertamente el juzgador ubica\nerróneamente la conducta que tiene por acreditada, en el tipo previsto por el artículo 118 inciso b)\nde la Ley [Placa1]7174 del 28 de junio de 1990, que se refiere a la sanción de la tala o\naprovechamiento de recursos forestales en terrenos del patrimonio forestal del Estado. Conforme con\nlos hechos probados, la tala a la que se refieren los mismos, así como las afectaciones a los\nrecursos forestales ocurrieron en una propiedad privada, a la que se le había aprobado un plan de\nmanejo forestal, y no en terrenos del patrimonio forestal del Estado, que son los que refiere el\nartículo 32 de la misma Ley, en los que no están comprendidos los terrenos de propiedad privada. Por\notro lado, se tuvo por acreditado que la tala y la afectación de los recursos forestales se dio en\nzona protectora, artículo 68, lo que, como indica el recurrente, haría que los hechos pudieran\nhaberse ubicado en el numeral 119, de la mencionada ley, de no haber sido porque dicha disposición\nfue anulada por la Sala Constitucional. Sin embargo, ello no implica que los hechos tenidos por\nprobados por el a quo no encuadren en otro tipo penal, tal y como lo señala el señor fiscal al\ncontestar la audiencia concedida. Si observamos el artículo 122 inciso a) de la ley que nos ocupa,\nasí como el 123, notamos que los hechos tenidos por demostrados por el juzgador, consistentes en\nque: la Oficina Regional Forestal Huetar Atlántica, aprobó un plan de manejo forestal en la finca\ndel señor [Nombre13], especificándose claramente las cláusulas y términos del permiso, y la\nobligación de respetar la legislación forestal. Los imputados, [Nombre7], profesional responsable de\nla ejecución del proyecto, y [Nombre10], maderero, \"ordenaron y permitieron que se cortara dos\nárboles de pilón, un árbol de sura, un árbol de laurel y un árbol de caobilla que se encontraban\ndentro de la zona protectora de las quebradas... ordenaron y permitieron que se trazaran caminos\npara la extracción forestal poco o nada planificados, actividad que afectó fuertemente el bosque, ya\nque se fomentó fuertemente la erosión de los suelos debido a los fuertes movimientos de tierra en\nterrenos con altas pendientes... ordenaron y permitieron que se extrajera madera con tractor por el\ncauce mismo de las quebradas, lo que afectó fuertemente las zonas protectoras utilizando incluso\nmaquinaria inadecuada y sin seguir los lineamientos técnicos recomendados para cumplir con un\naprovechamiento técnico mejorado\". Que se decomisó la madera correspondiente a los árboles talados\nilícitamente. Hechos que encuadran en la figura prevista por el artículo 122 inciso a) que sanciona\ncon prisión de seis meses a dos años, o de cien a trescientos sesenta días multa, a quien: \"Corte\nárboles o aproveche productos forestales en propiedad privada sin contar con la autorización de la\nDirección General Forestal, o que, aunque cuente con dicha autorización, lo haga en cantidad\nsuperior a la convenida o marcada.\". También la conducta de los imputados encuadra, aparentemente,\nen lo dispuesto por el inciso a) del artículo 123, de la misma ley, que sanciona con sesenta a\nciento ochenta días multa a quien \"Incumpla, parcial o totalmente, las especificaciones del\nrespectivo plan de manejo forestal, siempre que su acción no constituya el delito a que se refiere\nel artículo 122, inciso a) de esta ley.\". Pero al estar esta disposición subordinada a la figura del\ninciso a) del artículo 122 citado, conforme con el artículo 23 del Código Penal, resulta como\naplicable únicamente la figura del inciso a) del artículo 122 de la Ley Forestal [Placa1]7174 del\n28 de junio de 1990, pues claramente se tuvo por probado que ambos acusados, ordenaron y permitieron\nla corta de árboles, no autorizada en el plan de manejo forestal en la finca del señor [Nombre13],\nárboles maderables que implican un aprovechamiento de parte de los encausados, con afectación del\nbien jurídico tutelado, los recursos forestales, por lo que independientemente de que dicha acción\nse realizara en zona protectora, lo que se tomaba en cuenta a efectos de una sanción específica en\nel artículo 119 que fue anulado, lo cierto es que la conducta desplegada por los encartados, ante la\ncarencia de ese tipo, encuadra en el inciso a) del artículo 122 de la ley que nos ocupa, que se\nrefiere a la tala o aprovechamiento de productos forestales en propiedad privada, lo que\nefectivamente se tuvo por probado, de árboles que no estaban autorizados, ni marcados, para su corta\no aprovechamiento. Por ello, debe recalificarse los hechos tenidos por acreditados, los que\nconfiguran el delito previsto por el artículo 122 inciso a) de la ley Forestal [Placa1]7174, de\nTala y Aprovechamiento de Productos Forestales en Propiedad Privada, y no el de Tala y\nAprovechamiento Ilegal en Zona Protectora, como erróneamente lo calificó el a quo, y tampoco el\nprevisto por el inciso b) del artículo 118 de la misma ley, como equivocadamente lo ubicó el señor\njuez. Conforme con la calificación y ubicación de la conducta tenida por demostrada, la sanción\nprevista por el inciso a) del artículo 122 va de seis meses a dos años de prisión, o de cien a\ntrescientos sesenta días multa, lo que resulta inferior a la pena impuesta por el señor juez,\nconforme con el tipo del artículo 118 inciso b). Por lo que, tomando en cuenta los mismos aspectos\nque consideró el a quo para establecer el monto de la pena, a ambos imputados, que se expresa en el\nConsiderando V de la sentencia, y la nueva calificación que se hace del delito, de Tala y\nAprovechamiento de Productos Forestales en Propiedad Privada, calificación que beneficia también al\nimputado [Nombre10], no recurrente, se les impone a ambos encartados, o sea a [Nombre7] y a\n[Nombre10], la pena de UN AÑO DE PRISION A CADA UNO, por considerar el Tribunal que los hechos\ntenidos por demostrados revisten suma gravedad, al haberse producido un gran daño a los recursos\nforestales, al extremo de que, conforme con las consideraciones de la sentencia, se afectaron las\nquebradas, el terreno y el bosque, y por ende el equilibrio ecológico de la zona. Razón por la que\nen este caso, no se considera adecuada la aplicación de la pena de multa, que también prevé el\nmencionado numeral, sino la de la pena de prisión, por la gravedad de la conducta tenida por\nacreditada, y también, por la consideración de que ambos encartados se relacionaban estrechamente\ncon los productos forestales, siendo el recurrente precisamente el Regente, o sea un profesional,\ncon conocimiento sobre los aspectos forestales, a quien le correspondía ejecutar correctamente el\nplan de manejo forestal aprobado en este caso; y el otro imputado, el señor [Nombre15], un\nagricultor y maderero, que como tal tiene conocimiento de cómo se deben manejar los recursos\nforestales, y específicamente, cómo debía hacerse en este caso, según lo autorizado. En el sentido\nexpuesto se acoge parcialmente el motivo, haciéndose ello extensivo al imputado [Nombre10].\n\n VII.- Como segundo motivo del recurso por el fondo, nuevamente se alega violación de las\ndisposiciones legales enunciadas en el primer motivo, y se expresa que conforme con el artículo 30\ndel Código Penal, sólo se sanciona a quien actúa con dolo..., y el 31 expresa lo que se entiende por\ndolo. Que en el hecho enumerado 2 del Considerando primero respecto a la conducta que se tiene por\nacreditada, se hace referencia a \"los coimputados\", pero no se menciona el nombre del recurrente, lo\nque tampoco se hace en los hechos primero ni tercero, no apareciendo el nombre del impugnante ni en\nla relación que se hace del requerimiento ni en la relación de hechos probados de la sentencia. Y\nque es en las consideraciones de fondo donde el juzgador se refiere a él, como Regente al que le\ncorrespondía fiscalizar los árboles que no se podía talar, por lo que considera que la conducta\nomisa que le atribuye el juzgador a lo más que podría llegar es a negligencia o impericia pero no a\nuna conducta dolosa. EL MOTIVO SE RECHAZA, como se expresó al conocer el primer motivo del recurso\npor la forma, a lo que se remite, en los hechos tenidos por probados, claramente se afirma que el\nencartado [Nombre11], entre otras acciones, realizó las de ordenar y permitir la corta de varios\nárboles, no autorizada en el plan de manejo forestal aprobado para la finca del señor [Nombre14], y\nque tenía a su cargo la ejecución del proyecto de manejo dicho. Por lo que no es una conducta\nomisiva, de negligencia o impericia, la que se tiene por demostrada, como lo pretende el impugnante,\nsino verdaderas acciones dolosas, con conocimiento y voluntad de realización del tipo penal, de\ncortar y aprovechar árboles no autorizados para ello, en contra de lo dispuesto en el plan de manejo\nforestal, con afectación de los recursos forestales. Por lo que no se dan las violaciones que se\nalegan.\n\nPOR TANTO\n\n Se declara sin lugar el recurso de casación por la forma. Se acoge parcialmente el recurso por el\nfondo, se recalifican los hechos como constitutivos del delito de TALA Y APROVECHAMIENTO DE\nPRODUCTOS FORESTALES EN PROPIEDAD PRIVADA, en perjuicio de los RECURSOS FORESTALES, previsto por el\nartículo 122 inciso a) de la Ley Forestal [Placa1]7174. Se modifica la pena impuesta, y en su lugar\nse establece el monto de la misma en UN AÑO DE PRISION, para cada uno de los imputados: [Nombre7] y\n[Nombre2]. En lo demás la sentencia permanece incólume, incluido lo relativo a la condena de\nejecución condicional de la pena, que no sufre modificación alguna. NOTIFIQUESE.\n\n (Exp. Nº 96-000475-463-PE-2 por Inf. a la Ley Forestal contra [Nombre2] y [Nombre16] [Nombre17]).\n\n \n\n LICDA. [Nombre18]\n\n \n\nLIC. [Nombre19]. [Nombre20] LIC. [Nombre21]\n\n \n\ndig/Luz. \n\nconf/Vinicio.",
  "body_en_text": "383-F-97:\n\n SUPERIOR CRIMINAL CASSATION COURT. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSE. [Name1], at\nfourteen hours, fifty minutes on the twelfth of May, nineteen ninety-seven.\n\n CASSATION APPEAL filed in the present case against [Name2], sixty years of\nage, Costa Rican, married, farmer, bearer of identity card number CED1 and resident of\nPocora, AND [Name3], thirty-six years of age, Costa Rican, common-law marriage, Forestry Engineer,\nbearer of identity card number CED2 and resident of Siquirres, for the crime of ILLEGAL LOGGING AND\nEXPLOITATION (TALA Y APROVECHAMIENTO ILEGAL), to the detriment of NATURAL RESOURCES. Participating in the decision on the\nappeal are Attorney [Name4] and attorneys Jorge Alberto Chacón Laurito and Alejandro López Mc\nAdam. Appearing in cassation are the accused [Name3] and his private defense attorney [Name5], as well\nas the Representative of the Public Prosecutor's Office, Attorney [Name6].\n\nWHEREAS:\n\n 1) That by judgment No. 165-95 delivered at fifteen hours, twenty-five minutes on the twelfth of\nAugust, nineteen ninety-six, the Criminal Judge of Limón resolved: \"THEREFORE (POR TANTO): Reasons\nstated and articles 39, 41 of the Constitution, 1, 18, 19, 20, 30, 45, 50, 51, 59, 60, 2, 71, 73, 74\nof the Criminal Code, 118 subsection b of the Forest Law (Ley Forestal) 7174, 1, 9, 10, 11, 91, 92, 93, 105, 106, 939,\n395, 396, 399, 400, 401, 421, 511, 524 and 543 of the Code of Criminal Procedure, [Name2] and [Name7] are declared\nco-perpetrators responsible for the crime of ILLEGAL LOGGING AND EXPLOITATION IN A PROTECTED ZONE\n(TALA Y APROVECHAMIENTO ILEGAL EN ZONA PROTECTORA) to the detriment of NATURAL RESOURCES and as such they are granted the benefit of Conditional\nExecution of the Sentence (Ejecución Condicional de la pena) for a probation period of five years, provided that during the same period they\ndo not commit a new intentional crime punishable by more than six months in prison. In turn, the\nconfiscation (comiso) in favor of the State of the lumber seized in the present case is ordered. Once this\nresolution is final, register it in the Judicial Registry. The costs of the criminal proceedings are\nat their expense. Attorney [Name8], Criminal Judge of Limón.\" (Sic).\n\n 2) That against the preceding pronouncement, the co-accused [Name7] filed a Cassation Appeal.\n\n 3) That having conducted the respective deliberation in accordance with the provisions of article 481\nof the Code of Criminal Procedure, the Court considered the questions raised in the\nAppeal.\n\n 4) That in the proceedings the relevant legal prescriptions have been observed.\n\n Drafted by Superior Judge ATTORNEY [Name9] and;\n\nCONSIDERING (CONSIDERANDO):\n\n I.- The accused [Name7] appeals in cassation, on the merits and on the form. As grounds of form,\nwhich are heard first due to their content, the following are indicated: FIRST: That the judge in\nConsidering II, in the first three proven facts states that \"... the co-accused and [Name10] ...\nordered and permitted...\" without mentioning the name of the accused who is appealing. That later in\nConsidering III, he does mention him by name and surname, but there is no certainty that the a quo\nrefers to him when it indicated \"the accused\" in the proven facts. THE GROUND IS REJECTED. Certainly,\nas the appellant states, in the proven facts the name of the defendant [Name7] was omitted, which\nevidently in this case was due to a material error, since according to the accusation, which the judge\ndeemed proven in Considering II, it was affirmed that \"the co-accused [Name3] and [Name10] ...\nordered and permitted...\" (See petition folio 143, the bold is not from the original). By deeming the\naccusation proven, the a quo copies this piece textually in the proven facts, incurring in the\nomission of the name of the accused [Name11]. A procedure that has repeatedly been criticized, because\nthe judge must arrive at establishing his own list of proven facts, even if it agrees with those\ncontained in the prosecutorial petition, and even if this demands a greater intellectual effort.\nDespite this, the error noted does not have the power to produce the nullity of the judgment, because\nit is clearly understood that when speaking of the \"co-accused\", the appellant is being included,\nespecially if we consider that the judgment must be analyzed globally, which allows us to know, in\nthis case, that it is the defendant [Name7] and [Name10] to whom the conducts of having permitted and\nordered the cutting of several trees, the tracing of poorly planned roads for forestry exploitation,\nthe extraction of lumber through the very beds of the streams... refer, conducts that are detailed in\nthe judgment, clearly referring to the appellant, when speaking of the co-accused in Considering II,\nand already specifically by his name, in Considering III, so there is no possibility of any\nconfusion, that affects the reasoning of the judgment or due process.\n\n II.- As a second ground, lack of reasoning and violation of due process is alleged, due to\nambiguity or lack of definition of the attributed conduct. The appellant states that the ruling\ncontains an omitted, deficient, and contradictory reasoning, in the first three facts, by not\nconcretely stating what the conduct performed by the defendant was, and only states that the other\naccused and the appellant \"ordered and permitted\" the logging of trees. That ordering and permitting\nare mutually exclusive, and that as Regent (Regente) he had no authority or attribution to command or\npermit that [Name12] or his nephew carry out the acts. THE GROUND IS REJECTED. In the proven facts,\nit is clearly established what the conduct of the appellant defendant consisted of, about whom it is\naffirmed that he ordered and permitted: that several trees be cut, that poorly planned roads for\nforestry extraction be traced, affecting the forest by promoting soil erosion due to heavy\nearthworks (movimientos de tierra) on steeply sloping terrain, that lumber be extracted by tractor through the very beds\nof the streams, affecting them; all this without following the technical guidelines recommended for\nthe forest management plan (plan de manejo forestal) that had been approved on the property of Mr. [Name13]. Facts that are\nthe object of analysis in the considerations on the merits. On the other hand, in the context of the\nfacts, the actions of ordering and permitting do not appear contradictory, because one precedes the\nother, thus the cutting of the trees is ordered, and the execution of it by other subjects is\npermitted. And the judgment establishes that as Regent, the defendant was the person in charge of the\nforest management plan, indicating that \"... it was he who drafted the management plan, he was the\nperson contracted for its execution, he decided which trees were cut, where a road was made, even its\ndesign corresponded to him...\" (Considering III, point b), folio 186 verso). Therefore, the alleged\ndefect does not occur.\n\n III.- As a third ground on the form, lack of reasoning of the judgment and violation of due\nprocess is indicated, because the operative part lacks the indication of the penalty imposed. THE\nGROUND IS REJECTED. It is evident that a material error occurred when transcribing the judgment, by\nomitting in the operative part what was expressed and therefore decided by the judge, in the\nconsiderations on the merits, about the penalty imposed, which in this case was TWO YEARS AND SIX\nMONTHS OF PRISON for each of the accused. It is clearly observed that at the moment of copying in the\nTHEREFORE, what had already been decided in relation to the penalty, the expressions \"to both the\namount of TWO YEARS AND SIX MONTHS OF PRISON. They are granted\" were omitted, which is expressed in\nConsidering V regarding the classification of the offense and the reasoning of the penalty, but in\nthe Therefore, it jumps from the phrase \"they are granted\" to the phrase \"the benefit of Conditional\nExecution...\", which evidences a material error, and not a decision error, so in accordance with\narticles 109 and 484 of the Code of Criminal Procedure, what is appropriate is its correction, so\nthat the expressions previously expressed as omitted are contained in the Therefore of the\nresolution. Therefore, the alleged defect does not occur.\n\n IV.- As a fourth ground on the form, lack of reasoning and violation of due process is\nindicated. The appellant states that in both Considering V and the Therefore, the judge makes the\nerror of considering him and [Name10] as co-perpetrators, when the actions of both were different.\nTHE GROUND IS REJECTED. Not only does the appellant not express how it can affect him to be considered\n\"co-perpetrator\" instead of perpetrator, which would be a discussion on the merits and not on the\nform, but also, in accordance with the proven facts, it was deemed accredited that both accused\nordered and permitted the cutting of trees and other actions deviating from the forest management plan\napproved for the property of Mr. [Name14], so they performed joint actions in the affectation of the\nprotected legal interest. Which was the object of analysis in the considerations on the merits. So\nthe co-perpetration referred to in the judgment is reasoned, and the alleged defect does not occur.\n\n V.- As the fifth and final ground on the form, lack of reasoning and non-observance of due\nprocess is alleged, because the judgment lacks the proper reasoning in relation to the penalty\nimposed. THE GROUND IS REJECTED. In Considering V. CRIME CLASSIFICATION AND REASONING OF THE\nPENALTY, from the end part of folio 189 verso to the beginning part of folio 190 verso, the judge\nexpresses the reasons why he applies the penalty of two years and six months of prison to each of the\naccused, referring both to the objective aspects, such as the seriousness of the affectation of the\nprotected legal interest, and to the subjective aspects of the actions of each of the accused, as\nwell as their personal conditions, so the penalty is indeed reasoned. For all this, the cassation\nappeal on the form is declared without merit.\n\n VI.- Regarding the merits, as a first ground, erroneous application of articles 1, 18, 19,\n20, 30, 45, 51 and 71 and following of the Criminal Code, and 118 subsection b) of the Forest Law [Placa1]7174\nof June 28, 1990, in relation to articles 39 and 41 of the Political Constitution is adduced. The\nappellant states that it is deemed accredited that the accused ordered and permitted the cutting of\ntwo pilón trees, one sura tree, and others of different species that were within the protected zone\n(zona protectora) of the stream located on the property of Mr. [Name14], considering them co-perpetrators of the\ncrime of Illegal Logging and Exploitation in a Protected Zone, to the detriment of natural resources,\nbecause the a quo considers that they infringed article 118 subsection b) of the Forest Law [Placa1]7174. This\nconstitutes an error, given that said article penalizes the logging or exploitation of forest\nresources on lands of the State Forest Heritage (patrimonio forestal del Estado), without the respective authorization, or\nwithout complying with the clauses of the contract signed in the authorization. Conduct that was\nprovided for in article 119 of the aforementioned law, and that was declared unconstitutional by Vote\n[Placa1][Placa2] of the Constitutional Chamber, so that at the date of the act, the conduct for which\nhe is convicted had ceased to be a crime, not being classified as such. That furthermore, as was\ndeemed accredited, the acts took place on private property, property of Mr. [Name13], and in\naccordance with article 32 of the cited law, it does not form part of the State Forest Heritage. THE\nGROUND IS PARTIALLY UPHELD. Certainly, the judge errs in locating the conduct that he deems accredited\nin the offense provided for by article 118 subsection b) of Law [Placa1]7174 of June 28, 1990, which refers\nto the sanction of logging or exploitation of forest resources on lands of the State Forest Heritage.\nIn accordance with the proven facts, the logging referred to by them, as well as the affectations to\nthe forest resources, occurred on a private property, for which a forest management plan had been\napproved, and not on lands of the State Forest Heritage, which are those referred to by article 32 of\nthe same Law, in which privately owned lands are not included. On the other hand, it was deemed\naccredited that the logging and the affectation of forest resources occurred in a protected zone,\narticle 68, which, as the appellant indicates, would mean the acts could have been located in\nnumeral 119 of the aforementioned law, had it not been because said provision was annulled by the\nConstitutional Chamber. However, this does not imply that the facts deemed proven by the a quo do not\nfit into another criminal offense, as the prosecuting attorney points out when answering the granted\nhearing. If we observe article 122 subsection a) of the law that concerns us, as well as 123, we note\nthat the facts deemed proven by the judge, consisting of: the Huetar Atlántica Regional Forestry\nOffice approved a forest management plan on the property of Mr. [Name13], clearly specifying the\nclauses and terms of the permit, and the obligation to respect forestry legislation. The accused,\n[Name7], the professional responsible for executing the project, and [Name10], a lumberman (maderero), \"ordered\nand permitted the cutting of two pilón trees, one sura tree, one laurel tree and one caobilla tree\nthat were within the protected zone of the streams... ordered and permitted the tracing of poorly or\nnot at all planned roads for forestry extraction, an activity that heavily affected the forest, since\nit strongly promoted soil erosion due to the heavy earthworks on high slope terrain... ordered and\npermitted the extraction of lumber by tractor through the very beds of the streams, which heavily\naffected the protected zones, even using inadequate machinery and without following the technical\nguidelines recommended to carry out improved technical exploitation.\" That the lumber corresponding\nto the illegally felled trees was seized. Facts that fit the offense provided for by article 122\nsubsection a) which punishes with prison from six months to two years, or from one hundred to three\nhundred sixty days fine, anyone who: \"Cuts trees or exploits forest products on private property\nwithout having the authorization of the General Forestry Directorate, or who, even if having such\nauthorization, does so in a quantity greater than that agreed upon or marked.\" The conduct of the\naccused also apparently fits the provisions of subsection a) of article 123 of the same law, which\npunishes with sixty to one hundred eighty days fine anyone who \"Partially or totally breaches the\nspecifications of the respective forest management plan, provided that his action does not constitute\nthe crime referred to in article 122, subsection a) of this law.\" But since this provision is\nsubordinate to the offense of subsection a) of the cited article 122, in accordance with article 23\nof the Criminal Code, only the offense of subsection a) of article 122 of the Forest Law [Placa1]7174 of\nJune 28, 1990 is applicable, because it was clearly proven that both accused ordered and permitted\nthe cutting of trees not authorized in the forest management plan on the property of Mr. [Name13],\ntimber trees that imply exploitation (aprovechamiento) by the defendants, with affectation of the protected legal\ninterest, the forest resources, so regardless of the fact that said action was carried out in a\nprotected zone, which was taken into account for a specific sanction in article 119 that was\nannulled, the truth is that the conduct carried out by the defendants, given the lack of that offense,\nfits into subsection a) of article 122 of the law that concerns us, which refers to the logging or\nexploitation of forest products on private property, which was effectively proven, of trees that were\nnot authorized or marked for their cutting or exploitation. Therefore, the facts deemed accredited\nmust be reclassified, as they constitute the crime provided for by article 122 subsection a) of\nForest Law [Placa1]7174, of Logging and Exploitation of Forest Products on Private Property, and not\nthat of Illegal Logging and Exploitation in a Protected Zone, as the a quo erroneously classified it,\nnor the one provided for by subsection b) of article 118 of the same law, as the judge mistakenly\nlocated it. In accordance with the classification and location of the conduct deemed proven, the\nsanction provided for by subsection a) of article 122 ranges from six months to two years of prison,\nor from one hundred to three hundred sixty days fine, which is less than the penalty imposed by the\njudge, according to the offense of article 118 subsection b). Therefore, taking into account the same\naspects that the a quo considered to establish the amount of the penalty for both accused, which is\nexpressed in Considering V of the judgment, and the new classification made of the crime, of Logging\nand Exploitation of Forest Products on Private Property, a classification that also benefits the\naccused [Name10], a non-appellant, both defendants are hereby sentenced, that is, [Name7] and\n[Name10], to the penalty of ONE YEAR OF PRISON EACH, because the Court considers that the facts\ndeemed proven are extremely serious, as great damage was caused to the forest resources, to the\nextent that, according to the considerations of the judgment, the streams, the land, and the forest\nwere affected, and therefore the ecological balance of the zone. Reason for which in this case, the\napplication of the fine penalty, also provided for by the aforementioned numeral, is not considered\nappropriate, but rather the prison penalty, due to the seriousness of the conduct deemed accredited,\nand also, because of the consideration that both defendants were closely related to forest products,\nthe appellant being precisely the Regent, that is, a professional with knowledge about forestry\naspects, whose responsibility it was to correctly execute the forest management plan approved in this\ncase; and the other accused, Mr. [Name15], a farmer and lumberman, who as such has knowledge of how\nforest resources should be managed, and specifically, how it should have been done in this case,\naccording to what was authorized. In the stated sense, the ground is partially upheld, making this\nextensive to the accused [Name10].\n\n VII.- As a second ground of the appeal on the merits, violation of the legal provisions\nstated in the first ground is again alleged, and it is expressed that in accordance with article 30\nof the Criminal Code, only those who act with intent (dolo) are punished..., and article 31 expresses what is\nunderstood by intent. That in fact numbered 2 of Considering I, regarding the conduct that is deemed\naccredited, reference is made to \"the co-accused\", but the name of the appellant is not mentioned,\nwhich is also not done in the first or third facts, the name of the appellant not appearing in the\nsummary of the petition or in the summary of proven facts of the judgment. And that it is in the\nconsiderations on the merits where the judge refers to him, as the Regent whose responsibility it was\nto supervise the trees that could not be felled, for which reason he considers that the omission\nconduct attributed to him by the judge could at most amount to negligence or lack of expertise but\nnot to intentional conduct. THE GROUND IS REJECTED, as expressed when hearing the first ground of the\nappeal on the form, to which it is referred, in the facts deemed proven, it is clearly affirmed that\nthe defendant [Name11], among other actions, performed those of ordering and permitting the cutting of\nseveral trees, not authorized in the forest management plan approved for the property of Mr.\n[Name14], and that he was in charge of the execution of said management project. So it is not an\nomission conduct, of negligence or lack of expertise, that is deemed proven, as the appellant claims,\nbut rather true intentional actions, with knowledge and will to carry out the criminal offense, of\ncutting and exploiting trees not authorized for that purpose, contrary to the provisions of the\nforest management plan, with affectation of the forest resources. Therefore, the violations alleged\ndo not occur.\n\nTHEREFORE (POR TANTO)\n\n The cassation appeal on the form is declared without merit. The appeal on the merits is partially\nupheld, the facts are reclassified as constituting the crime of LOGGING AND EXPLOITATION OF FOREST\nPRODUCTS ON PRIVATE PROPERTY, to the detriment of FOREST RESOURCES, provided for by\narticle 122 subsection a) of the Forest Law [Placa1]7174. The penalty imposed is modified, and in its place\nthe amount thereof is established at ONE YEAR OF PRISON, for each of the accused: [Name7] and\n[Name2]. In all other respects, the judgment remains unaltered, including what relates to the\nconditional execution of the sentence, which does not undergo any modification. NOTIFY.\n\n (File No. 96-000475-463-PE-2 for Inf. to the Forest Law against [Name2] and [Name16] [Name17]).\n\n \n\n ATTORNEY [Name18]\n\n \n\nATTORNEY [Name19]. [Name20] ATTORNEY [Name21]\n\n \n\ndig/Luz. \n\nconf/Vinicio."
}