{ "id": "nexus-sen-1-0034-279408", "citation": "", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Invasión de zona de protección mediante botadero de basura a cielo abierto", "title_en": "Invasion of a protection zone through an open-air dump", "summary_es": "El Tribunal de Casación Penal confirmó una sentencia condenatoria por infracción a la Ley Forestal, en la que se declaró al imputado autor responsable del delito de invasión de un área de protección de una naciente, al permitir y promover la operación de un botadero de basura a cielo abierto en su propiedad, en perjuicio de los recursos naturales. La defensa alegó múltiples vicios procesales y de fondo, incluyendo la supuesta atipicidad de la conducta, argumentando que el tipo penal de 'invadir' exige una ocupación personal y directa, y no la mera omisión de impedir que terceros depositen desechos. El Tribunal de Casación rechazó todos los reclamos. Reafirmó que el delito previsto en el artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal no se limita al despojo o ingreso a dominio ajeno, sino que 'invadir' un área de protección consiste en realizar sobre ella cualquier acto no permitido, pudiendo ser cometido tanto por el propietario del inmueble como por un tercero, ya que estas áreas están sujetas a un régimen de tutela estatal que obliga a mantenerlas intactas. La sentencia impuso un año de prisión, con beneficio de ejecución condicional, y la condena civil a reparar el daño ambiental.", "summary_en": "The Criminal Appeals Court upheld a conviction for violating the Forestry Law, finding the defendant criminally responsible for invading a spring's protection zone by allowing and promoting an open-air garbage dump on his property, harming natural resources. The defense alleged multiple procedural and substantive defects, including that the conduct was not criminal because 'invading' requires personal and direct occupation, not merely failing to prevent third parties from dumping waste. The Appeals Court rejected all claims. It reaffirmed that the offense under Article 58(a) of the Forestry Law is not limited to dispossession or trespassing on another's land; rather, 'invading' a protection area means performing any prohibited act on it, which can be committed by either the property owner or a third party, since such areas are subject to state stewardship requiring them to be kept intact. The sentence imposed one year of imprisonment (conditionally suspended) and ordered civil compensation for environmental damage.", "court_or_agency": "", "date": "", "year": "", "topic_ids": [ "criminal-environmental", "water-law" ], "primary_topic_id": "criminal-environmental", "es_concept_hints": [ "invasión zona de protección", "Ley Forestal 7575", "vertido de desechos", "tutela estatal", "irreductibilidad", "acción civil resarcitoria", "prueba para mejor resolver", "querella" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 33", "law": "Ley Forestal" }, { "article": "Art. 58 inciso a", "law": "Ley Forestal" }, { "article": "Art. 58 inciso c", "law": "Ley Forestal" }, { "article": "Art. 132", "law": "Ley de Conservación de la Fauna Silvestre" }, { "article": "Art. 45", "law": "Código Penal" }, { "article": "Art. 355", "law": "Código Procesal Penal" }, { "article": "Art. 39", "law": "Constitución Política" } ], "keywords_es": [ "Ley Forestal", "invasión zona de protección", "botadero de basura", "casación penal", "tutela estatal", "Art. 58 inciso a", "delito ambiental", "recursos naturales", "principio de intangibilidad", "acción civil resarcitoria" ], "keywords_en": [ "Forestry Law", "invasion of protection zone", "open-air dump", "criminal appeal", "state stewardship", "Art. 58(a)", "environmental crime", "natural resources", "principle of intangibility", "civil reparation action" ], "excerpt_es": "Es cierto que la acción delictiva establecida por el § 58.c de la Ley Forestal consiste en invadir un área de conservación o de protección, pero el contenido del término no es el despojo o ingreso al dominio de otro. Como las áreas de conservación suponen una limitación genérica, a todo propietario de inmuebles por los que corren los ríos de Costa Rica, con la finalidad de preservar el ambiente natural, la salud, la ecología y lo poco que pueda salvarse para el equilibrio del planeta Tierra, tal restricción al dominio es un régimen que obliga a mantener intacta la porción del inmueble bajo la tutela estatal, de donde deriva la posibilidad de realizar en aquella únicamente los actos permitidos por ese régimen. De este modo, invadir el área de protección se traduce en realizar sobre ella cualquier acto no permitido, lo que puede hacer cualquiera ya sea propietario o un tercero.", "excerpt_en": "It is true that the criminal action established by § 58.c of the Forestry Law consists of invading a conservation or protection area, but the content of the term is not dispossession or entry onto another's domain. Since conservation areas impose a generic limitation on every owner of land through which Costa Rica's rivers flow, for the purpose of preserving the natural environment, health, ecology, and whatever can be saved for the planet's balance, such restriction on ownership is a regime that obligates maintaining intact the portion of the property under state stewardship, hence the possibility of performing only those acts permitted by that regime. Thus, invading the protection area translates into performing any non-permitted act on it, which can be done by anyone, whether owner or a third party.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The cassation appeal is denied, upholding the conviction for Forestry Law violation (Art. 58(a)) and the civil liability for environmental damage.", "summary_es": "Se declara sin lugar el recurso de casación, confirmando la condena por infracción a la Ley Forestal (art. 58 inciso a) y la responsabilidad civil resarcitoria por daño ambiental." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando VII", "quote_en": "Invading the protection area translates into performing any non-permitted act on it, which can be done by anyone, whether owner or a third party.", "quote_es": "Invadir el área de protección se traduce en realizar sobre ella cualquier acto no permitido, lo que puede hacer cualquiera ya sea propietario o un tercero." }, { "context": "Considerando VII", "quote_en": "Such restriction on ownership is a regime that obligates maintaining intact the portion of the property under state stewardship.", "quote_es": "Tal restricción al dominio es un régimen que obliga a mantener intacta la porción del inmueble bajo la tutela estatal." }, { "context": "Considerando VII", "quote_en": "The defendant is not only regarded as the person who permits the conduct of third parties, but also in the act of promoting the dumping of waste in the protected area.", "quote_es": "No solamente se tiene al imputado como el sujeto que permite la conducta de terceros, sino en la acción de promover el lanzamiento de los desechos en la zona protegida." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "nexus-sen-1-0034-625160", "kind": "related_voto", "label": "" }, { "target_id": "nexus-sen-1-0034-930261", "kind": "related_voto", "label": "" } ], "external": [] }, "source_url": "", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [ { "doc_id": "norm-41661", "norm_num": "7575", "norm_name": "Ley Forestal", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "13/02/1996" } ], "sentencias_relacionadas": [ "sen-1-0034-625160", "sen-1-0034-930261" ], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Exp\n\nExp. 01-000012-382-PE-5\n\nRes: [Telf1]\n\n \n\nTRIBUNAL DE CASACION PENAL, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE, Goicoechea, a las diez horas\ncincuenta minutos del dos de setiembre del dos mil cuatro.\n\n RECURSO DE CASACION interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1], mayor,\ncostarricense, cédula de identidad número CED1, profesor, casado, nació en Heredia el 27 de junio de\n1947, hijo de [Nombre2] y [Nombre3]; por el delito de INFRACCION A LA LEY DE VIDA SILVESTRE E\nINFRACCION A LA LEY FORESTAL, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del\nrecurso, los jueces Guillermo Sojo Picado, [Nombre4] y Ronald Salazar Murillo. Se apersonaron en\nCasación los Licenciados [Nombre5] y [Nombre6], defensores del encartado, el Licenciado [Nombre7],\nde la Procuraduría General de la República.\n\nRESULTANDO:\n\n 1) Que el Tribunal Penal de Juicio de Heredia, a las ocho horas del dos de setiembre del dos mil\ntres, resolvió: “POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, normas citadas y artículos 39 y 41 de la\nConstitución Política, 8 inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 10 de la\nDeclaración Universal de Derechos Humanos, 9 inciso 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y\nPolíticos, 1048 del Código Civil, 1, 2, 4, 5, 6, 32, 33, 11, 265, 266, 268, 269, 341 a 355, 356 a\n359, 360 a 366 y 370 del Código Procesal Penal; 1, 9, 30, 45, 53, 54, 55, 71, del Código Penal; 33\nincisos a y b y 58 inciso a de la Ley Forestal, 98 de la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre,\nartículos 122 a 138 del Código Penal de 1941 vigente por ley 4891 del 8-11-1971; decreto ejecutivo\n20307-J de abril de 1991, se SOBRESEE a [Nombre1], de haber cometido el delito de INFRACCION A LA\nLEY DE VIDA SILVESTRE, en perjuicio de LA VIDA SILVESTRES. Se declara a [Nombre1], autor responsable\nde haber cometido el delito de INFRACCION A LA LEY FORESTAL, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES\ny como tal se le impone pena de UN AÑO DE PRISION pena que con abono de la preventiva cumplida\ndescontara en el establecimiento carcelario correspondiente a la orden del Instituto Nacional de\nCriminología. Al cumplirse los requisitos se le otorga al condenado el beneficio de ejecución\ncondicional de la pena de prisión impuesta por un período de prueba de tres años el cual se le\nrevocará si dentro de ese período comete delito y es sancionado con prisión superior a los seis\nmeses. Inscríbase en el Registo Judicial, remítanse los testimonios de sentencia correspondientes al\nJuzgado de ejecución de la Pena e Instituto Nacional de Criminología. Son las costas de esta acción\na cargo del condenado. Se declara CON LUGAR LAS ACCION CIVIL RESARCITORIA INTERPUESTA por LA\nPROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA a quien se le tuvo como actora civil en contra de [Nombre1] a\nquien se le tuvo como demandado civil y en tal carácter, en abstracto se le condena a pagar a favor\nde la parte actora los daños causados al ambiente y recursos forestales con su acción. Se le condena\na la reparación del daño causado debiendo dejar las cosas en el sitio del lugar donde se lanzó la\nbasura en el estado que se encontraban antes de ello, todo a su costa. Se ordena mantener la\nanotación sobre la propiedad matricula de folio real de Heredia 15973-001. Se le condena al pago de\nlas costa de esta acción que serán fijadas en ejecución de sentencia. Notifíquese”.\n\n 2) Que contra el anterior pronunciamiento, los Licenciados [Nombre5] y [Nombre6], defensores del\nencartado, interpusieron recurso de Casación.\n\n 3) Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 450\ndel Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el Recurso.\n\n 4) Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\nRedacta el Juez Guillermo Sojo Picado,\n\nCONSIDERANDO\n\nI- Estando presentado en las condiciones de tiempo y forma, y a tenor de los numerales 422,\n423,424,431, 443, 444, y 445 del Código Procesal Penal procede sustancia el recurso que interponen\nlos Licenciados [Nombre6] y [Nombre5] en su condición de defensores del sentenciado [Nombre8].\n\nII- Primer motivo de casación por la forma. Contenido del reclamo. Se alega violación al debido\nproceso por cuanto se dice que se transgredieron los principios de oralidad y publicidad Se afirma\nque el Tribunal omitió la lectura integral del fallo dispuesta para las 16 horas del 9 de setiembre\ndel 2003, lo que ha originado el quebranto de los numerales 39, 1, 12, 159, 164, 175 y siguientes,\n326, 330, 333, 364, y 37º inciso h- del Código Procesal Penal. Se pide la nulidad de lo resuelto\npara nueva sustanciación conforme a derecho. El vicio ha implicado la violación de los principios de\npublicidad y de oralidad, siendo que el caso concreto el juzgador comunicó que la lectura integral\ndel fallo se llevaría a cabo a las 16 horas del martes 9 de setiembre del 2003, acto al que acudió\nel imputado y otras personas. Sin embargo los Tribunales de Heredia se cerraron sin que el acto de\nlectura se verificara, y el juez tampoco se hizo presente a la sala de debate. El reclamo no\nprocede. Cierto es que el Tribunal conforme consta en la parte dispositiva del fallo de las ocho\nhoras del dos de setiembre del dos mil tres, con fundamento en el artículo 364 del Código Procesal\nPenal, decidió diferir la redacción de la sentencia integral para el martes 9 de setiembre a las\ndieciséis horas de ese mismo año. A folio 274 frente del proceso aparece una constancia del auxiliar\njudicial [Nombre9], en que se indica que efectivamente en esa fecha y hora el Tribunal se constituyó\npara la lectura integral pero éste no se llevó a cabo por inasistencia de las partes. En\nconsecuencia, siendo que el recurrente no demuestra el vicio, ni es posible afirmar que el Tribunal\nno se haya constituido para el acto, procede denegar el reclamo.\n\nIII- Segundo motivo de casación por la forma. Violación al debido proceso y los principios de\ndefensa y de igualdad, en cuanto. El Tribunal permitió al inicio del debate la ampliación de la\nacusación por el Ministerio Público. Se aduce la violación de los numerales 33 y 39 de la\nConstitución Política, 1, 2, 12, 175 y siguientes, 179 párrafo segundo, 326, 347, 348 del Código\nProcesal Penal. Se argumenta que en el caso concreto una vez leída la acusación y la querella\npromovida por la Procuraduría General de la República, la defensa del imputado interpuso la\nexcepción de prescripción, la cual fue declarada con lugar con respecto a la acusación de la\nFiscalía. Por lo tanto, se le informa al Fiscal que debe abandonar la sala de debates. En ese\nmomento el Fiscal solicita que se le permita ampliar la acusación, lo que efectivamente hace, y se\nadmite por el Tribunal. De ese modo se introduce de modo irregular una ampliación de la acusación no\nprevista en ninguna de las hipótesis que autoriza el numeral 347 del Código Procesal Penal. Se\nindica que al ser declarada la prescripción de la acusación de la Fiscalía, estaba imposibilitada\npara seguir en el debate, y más bien lo que hizo fue una rectificación permitida por el Juez. Dice\nel recurrente que a partir de ese momento en Juez incurrió en un \" desastre procesal\", por cuanto,\nprimero dijo que era procedente la ampliación de la acusación, luego señaló que era inaceptable\nporque implicaba una sorpresa en contra del acusado. Señaló luego que el auto de apertura a juicio\nno había hecho pronunciamiento sobre los hechos de la querella por lo que procedió a anularlo, pero\nante los recursos de revocatoria de la defensa que alegó que eso era devolver el proceso a etapas ya\nprecluídas, variando el criterio pese a que ya se había resuelto el punto a favor de la gestión de\nla defensa. Lo anterior causa una violación al principio de no reforma en perjuicio. El reclamo no\nprocede. Con respecto a la ampliación de la acusación por parte del Ministerio Público, se estima\nque no se ha incurrido en vicio alguno que afecte el derecho de defensa en juicio. Considérese que\nla diferencia entre la acusación presentada por el Ministerio Público y la querella de la\nProcuraduría General estriba en que, el primero de esos órganos calificó los hechos como\nconstitutivos del delito de infracción al artículo 32 de la Ley de Fauna Silvestre número 7317,\nmientras que la Procuraduría en la querella respectiva plantea una calificación principal y una\nsubsidiaria, la primera por Infracción a la Ley Forestal artículo 33 inciso a- y 58 inciso a- (\nInvasión de Zona de Protección de Naciente) e igualmente en la subsidiaria califica los hechos como\nconstitutivos de Vertido de desechos contaminantes en una naciente o quebrada, previsto por el\nnumeral 132 de la Ley de Fauna Silvestre. De modo que, sí bien inicialmente el Ministerio Publico,\npor errores en la calificación legal, debió agregar mediante ampliación en el debate, que el\nvertedero de basura y desechos afectó la naciente de la zona de protección del [Dirección1] Pacayas,\nse trata de un hecho que en todo caso estaba contemplado en la querella ejercida por la Procuraduría\nGeneral de la República, sin que por esa razón se afecte el derecho de defensa. Se trata de un\naspecto que era de conocimiento del encartado pues estaba precisamente contenido en la querella. El\nhecho que el Tribunal inicialmente considerara que los hechos de la querella no habían sido\nadmitidos en el auto de apertura a juicio, lo que implicaba la devolución del proceso a la etapa\nintermedia, resolución que posteriormente fue modificada ante el recurso de revocatoria, no afecta\nel principio de no reforma en perjuicio como se alega. El Tribunal lo que hizo fue advertir el error\nen que se estaba incurriendo y procedió a considerar que la querella si había sido admitida, pues el\nauto de apertura a juicio, aún cuando es parco, si señala que admite la acusación del Ministerio\nPúblico y se tiene como querellante y actor civil al Estado representado por la Procuraduría General\nde la República.\n\nIV- Tercer motivo por vicios de forma. Se aduce que el Tribunal procedió a vulnerar el principio del\ndebido proceso, por cuanto se dictó sentencia sobre la base de unos hechos que no habían sido\nadmitidos en el auto de apertura a juicio. Se aduce la violación de los numerales 1, 2,12, 175 y\nsiguientes, 361, 363, inciso c-, 365 y 369 inciso b- del Código Procesal Penal. Se dice que el auto\nde apertura a juicio únicamente admitió los hechos acusados por el Ministerio Publico como\nconstitutivos de Infracción a la Ley de Fauna Silvestre, pero no se indicó nada respecto de los\nhechos de la querella, ni calificación por ella asignada de Infracción a la Ley Forestal. El motivo\nse rechaza. De previo a entrar a resolver el punto objeto de discusión conviene pronunciarse sobre\nla participación del Juzgado Penal de San Joaquín de Flores de Heredia. Como se observa del auto de\napertura a juicio de las once horas del diez de setiembre del dos mil dos dictado por ese despacho,\nindica: “…se admite la acusación que formula el Ministerio Público tal y como está, no limitándose\nen forma alguna por cumplir con todos y cada uno de los requisitos del numeral 303 del Código\nProcesal Penal… , para acto seguido admitir la prueba que habrá de ser recibida en el\ncontradictorio. Con respecto a la acción civil y la querella, se indica expresamente: “ SOBRE LA\nACCIÓN CIVIL Y LA QUERELLA. La acción civil fue formulada oportunamente y cumplidos los requisitos\nprocesales. Igualmente se formularon pretensiones las cuales se estiman el legajo respectivo. Se\ntiene entonces como actor civil a la Procuraduría General de la República en representación del\nEstado y demandado civil al imputado [Nombre1]. Igualmente se tienen como querellante al Estado y\nquerellado al imputado”. Lo anterior permite considerar que la querella si fue debidamente admitida\nal igual que lo fue la acción civil. Tal y como se ha pronunciado la Sala Tercera en el Voto\n00570-99 de las 10:50 horas del 14/5/ 1999, la admisibilidad de la querella en delitos de acción\npública, en aplicación de los numerales 310 y siguientes del Código Procesal Penal, compete al Juez\nde la Etapa Intermedia, en el caso concreto el auto de apertura a juicio si tuvo al Estado como\nquerellante y actor civil. En consecuencia se desestima el reclamo.\n\nV- Cuarto motivo por la forma. Se reclama la violación al debido proceso por cuanto se dice que la\nsentencia se basa en prueba introducida ilegalmente al debate. Se aduce la violación de los\nnumerales 39 de la Constitución Política, 1, 2,12,142, 175 y siguientes, 180, 181, 182, 369 inciso\nc- del Código Procesal Penal. El alegato se contrae al indicarse que el Ministerio Público\nsorprendió en el juicio a la defensa al ofrecer al final del debate con carácter de prueba para\nmejor resolver una Hoja Cartográfica de Chagûite, y pese a la oposición de la defensa fue admitida\npor el Tribunal y tenida como base esencial para fundar la sentencia. Se arguye que la prueba para\nmejor resolver tiene carácter de excepcional y solo en los casos previstos en el numeral 355 del\nCódigo Procesal Penal. A partir de ese elemento el juez reconstruye la existencia de una naciente el\nbotadero de basura, dato que se extrae de modo fundamentalmente de ese documento. Lo anterior causa\nperjuicio en cuanto tiene repercusiones sobre la aplicación de la ley sustantiva. El reclamo se\nrechaza. Con respecto a la procedencia de la prueba para mejor resolver con relación al principio de\nbúsqueda de la verdad real ha dicho la jurisprudencia: “TRIBUNAL DE CASACION PENAL. Segundo Circuito\nJudicial San José. Goicoechea, veintitrés de junio del año dos mil.\n\n II.- De acuerdo con la nueva normativa procesal penal en la audiencia oral y pública se recibe la\nprueba que ha sido admitida por el Juzgado Penal en el auto de apertura a juicio, (artículo 320 del\nCódigo Procesal Penal). No obstante lo anterior también es posible evacuar prueba extraordinaria,\npara lo cual incluso se permite suspender el debate (artículo 336 inciso f) Ibídem). Hay tres\nopciones al respecto: a) la prueba para mejor resolver, que puede ordenar el Tribunal de oficio o a\npetición de parte, cuando en la audiencia surgen hechos o circunstancias nuevas que requieran su\nesclarecimiento (artículo 355). También se incluye dentro de ésta aquella que ha sido rechazada por\nel Juzgado Penal y sobre la cual puede insistirse en la audiencia oral y pública (artículo 320\npárrafo segundo). b) La prueba que ordene recibir el Tribunal a través de la reapertura del debate\n(artículo 362). Finalmente, por medio de la jurisprudencia constitucional y de las salas de casación\npenal, se ha establecido lo que se conoce como el principio de apertura de prueba. Implica que, aún\ny cuando haya sido ofrecida en forma extemporánea o irregular, debe recibirse toda aquella prueba\nque resulta útil y pertinente para averiguar la verdad real o material. Lo anterior encuentra apoyo\nen lo establecido por el artículo 180 del Código Procesal Penal y se ha acogido, entre otros, en los\nsiguientes fallos: 1739-92; 2172-98; 3374-99; 9802-99; 151-2000, todos de la Sala Constitucional de\nla Corte Suprema de Justicia; 390-F-92; 272-F-92 y 572-F-97 de la Sala Tercera de la Corte Suprema\nde Justicia.\n\nEn el caso concreto, según consta en la continuación del debate en fecha 2 de setiembre del 2003, se\naportó `por la Fiscalía la Hoja Cartográfica de Chagúite, prueba que el Tribunal procedió a admitir.\nEl aspecto que pretendía demostrar ese documento no es propiamente un dato nuevo, sino un punto que\nya venía siendo objeto de discusión en el juicio, pues estaba contenido en la misma acusación, cual\nera precisamente la existencia de un botadero de basura a cielo abierto, esto en el inmueble folio\nreal 115973- 001 ubicado en Santo Domingo de Santa Barbara de Heredia, propiamente en la localidad\nde Chaguites frente a la Iglesia Católica del lugar, lo que venía afectando a los vecinos y la una\nzona de protección ahí existente. De modo que el ofrecimiento de esa prueba es relevante para el\nesclarecimiento de la verdad real. En todo caso – tal y como el mismo recurrente lo reconoce – la\nsentencia no tiene su fundamento exclusivo en esa Hoja Cartográfica - pues como se razona en el\nfallo impugnado: “ La naciente chaguites existe, la quebrada también existe, ello se demuestra no\nsolo con la hoja cartográfica Chagûites aportada por el Ministerio Público, y que señala la\nexistencia de la quebrada chaguites y señala su nacimiento en la propiedad del encartado, pues este\nvive cerca de la plaza del lugar. Los testigos [Nombre10], [Nombre11], vecinas del lugar, y quienes\nhan presentado denuncias, contra el encartado por botar basura en el lugar, la Licenciada\n[Nombre12], quien ha realizado inspecciones en el lugar, saben de la existencia de la quebrada” (\ncf. Folio 267 del fallo). Es decir, existen otros medios de prueba, mediante los que la sentencia\nhace deducir la existencia de la quebrada y de la zona de protección. Ello obliga al rechazo del\nalegato.\n\nVI- Quinto motivo de casación por la forma. Se reclama que el Tribunal sentenciador omitió\ninjustificadamente la valoración y apreciación de un elemento probatorio esencial. Se aduce la\nviolación de los numerales 39 de la Constitución Política, 1, 2,12, 142, 175 y siguientes, 180,181,\n182, 361, 363, 369 inciso d- del Código Procesal Penal. Se dice que el Tribunal sin justificación\nalguna omite la apreciación y valoración de la inspección de folio 5 y siguientes, documento que fue\ndebidamente incorporado por lectura, utilizada por las partes el interrogatorio y al momento de\nemitir conclusiones. Dicho documento no permite concluir que en el lugar exista una naciente de\nagua, pues únicamente consigna que “ En el fondo se observa un estanque de agua el cual está a solo\ndos metros del borde de la llegada de la basura”. Decir un “ estanque de agua” es muy diferente a\nindicar “ una naciente de agua”. El reclamo no procede. La existencia de una naciente de agua, y la\ncircunstancia de la contaminación de la zona de protección del [Dirección1] Pacayas, es un extremo\nque el Tribunal tuvo debidamente probado mediante diversos elementos de prueba, entre ellos los\ndiversos testigos que así lo indicaron, todo lo cual se examina a folio 266 a 268 del fallo de\nmérito. Igualmente acude el Tribunal a fundamentar la existencia de la naciente en las prevenciones\nque en ese sentido ha sido objeto el encartado por parte del Tribunal Ambiental, por lo que procede\nel rechazo del reclamo.\n\nVI- Primer motivo de casación por violación de ley sustantiva. Se señala que el marco fáctico\nacusado no encuadra en tipo penal alguno. Se aduce la aplicación errónea de los numerales 33 y 58\ninciso a- de la Ley Forestal y 45 del Código Penal, y se pide la absolutoria del imputado de toda\npena y responsabilidad. Se argumenta que el Tribunal de instancia tiene por cierto que el imputado\ninvadió una zona protegida al permitir por mucho tiempo el lanzamiento de basura por terceras\npersonas. En el caso concreto la acción del imputado consiste en permitir el lanzamiento, de modo\nque se le está sancionado por omitir una acción que impidiera el lanzamiento de basura, cuando lo\ncierto que punible es la acción del tercero que hace el lanzamiento, y no la acción del imputado al\nno impedir el vertedero de los desechos. En suma, el imputado no es responsable de una acción\nrealizada por otros. El reclamo se rechaza. Debe indicarse que el concepto de “invasión” que\ncontempla el numeral 58 inciso a- de la Ley Forestal, ha ocupada la jurisprudencia de este Tribunal.\nEn este sentido se ha dicho que la acción delictiva establecida por el numeral 58.a- de la Ley\nForestal consiste en invadir un área de conservación o de protección, pero el contenido del término\nno es el despojo o ingreso al dominio de otro. Como las áreas de conservación suponen una limitación\ngenérica a todo propietario de inmuebles por los que corren los ríos de Costa Rica, invadir el área\nde protección se traduce en realizar sobre ella cualquier acto no permitido, lo que puede hacer\ncualquiera ya sea propietario o un tercero. En este sentido ha dicho el TRIBUNAL DE CASACION PENAL,\nVoto No. 751 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del diecinueve de setiembre de dos:\n\n“V.- El quinto motivo invoca los §§ 30 y 31 del C.p., 33 y 58 del la Ley forestal. Señala el\nrecurrente que los hechos acreditados en la sentencia de mérito son atípicos. La acción típica del §\n58.a de la Ley forestal es invadir, lo que no hizo el imputado pues solamente sustituyó zacate y\nmonte por lirios de su propiedad, en su posesión; no invadió el inmueble de otro. De acuerdo a lo\nanterior solicita la revocatoria de la sentencia impugnada y el dictado de una sentencia\nabsolutoria. Se declara sin lugar el reclamo. Es cierto que la acción delictiva establecida por el §\n58.c de la Ley Forestal consiste en invadir un área de conservación o de protección, pero el\ncontenido del término no es el despojo o ingreso al dominio de otro. Como las áreas de conservación\nsuponen una limitación genérica, a todo propietario de inmuebles por los que corren los ríos de\nCosta Rica, con la finalidad de preservar el ambiente natural, la salud, la ecología y lo poco que\npueda salvarse para el equilibrio del planeta Tierra, tal restricción al dominio es un régimen que\nobliga a mantener intacta la porción del inmueble bajo la tutela estatal, de donde deriva la\nposibilidad de realizar en aquella únicamente los actos permitidos por ese régimen. De este modo,\ninvadir el área de protección se traduce en realizar sobre ella cualquier acto no permitido, lo que\npuede hacer cualquiera ya sea propietario o un tercero. Por ello no lleva razón el recurrente cuando\nafirma que su patrocinado, por ser titular del derecho de propiedad del inmueble, limitado en una\nparte que es área de protección, no pudo invadir porque el objeto de la acción no es ajeno; antes\npor el contrario, cometió el hecho el imputado [Nombre13] y lo puede cometer cualquiera otra\npersona. Por lo expuesto se declara sin lugar el reclamo….”\n\nSegún el marco fáctico fijado en sentencia –y en lo que interesa para la resolución de estos dos\nmotivos de fondo –se tuvo por cierto que: “B- Que desde el mes de diciembre del año dos mil y hasta\nla fecha, el imputado ha hecho del inmueble un botadero de basura “ a cielo abierto “, al permitir y\npromover que personas no determinadas depositen en el inmueble desechos de basura como son cartones,\nescombros, metales, partes de vehículos, lavadoras, madera, chatarra, llantas, electrodomésticos,\nmaleza y otros objetos residuales”, de modo que no solamente se tiene al imputado como el sujeto que\npermite la conducta de terceros, sino en la acción de promover el lanzamiento de los desechos en la\nzona protegida. Por lo tanto, se rechaza el motivo.\n\n VIII- Segundo y tercer motivo por violación de ley sustantiva. En el segundo motivo se aduce la\naplicación errónea de los numerales 33 y 58 inciso a- de la Ley Forestal y en el tercer se dice que\nla acción corresponde la establecida en el numeral 132 de la Ley de Conservación de la Fauna\nSilvestre, pero que la acción penal por esta figura esta prescrita tal y como lo resolvió el\nTribunal de mérito. Siendo dos alegatos de fondo, y encontrándose relacionados, este Tribunal\nprocede a resolverlos de modo conjunto. En el segundo reclamo de fondo, se argumenta que en el caso\nconcreto no era posible la aplicación del numeral 58 inciso a- de la Ley Forestal pues la conducta\nque se castiga es la invasión que hace el sujeto activo de una área protegida. Invasión debe ser\nentendida como ocupación, es decir, se invade situándose en el área protegida y adquiriendo el\ncontrol de la misma. Es algo similar a la usurpación. Insiste el recurrente que no es posible\ninvadir por medio de desechos, y la única forma de desplegar la conducta y que esta se adecue al\ntipo penal consiste en ocupar directa y de modo personal el área protegida. En el tercer motivo de\ncasación por la forma, se argumenta que el Tribunal dejó de aplicar el numeral 132 de la Ley de\nFauna Silvestre, norma que prevé precisamente la acción de arrojar desechos o cualquier sustancia\ncontaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o lagos. Siendo una acción que ya\nse encuentra prescrita deberá y así se pide dictarse el sobreseimiento. Los reclamos no proceden.\nPor las razones expuestas en el Considerando anterior, y las que nos remitimos, se estima que la\nacción por la que se declaró al imputado autor responsable si encaja en el numeral 58 inciso a- de\nla Ley Forestal tal y como lo estimó el Tribunal de mérito. En consecuencia, y por esa misma razón\nexpuesta supra deben denegarse los reclamos segundo y tercero de fondo, respecto de la errónea\naplicación del numeral 132 de la Ley de Fauna Silvestre.\n\nPOR TANTO\n\nSe declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por los defensores del imputado.\nNotifíquese.\n\n \n\n \n\nGuillermo Sojo Picado\n\n \n\n \n\n[Nombre4] Ronald Salazar Murillo\n\nJueces de Casación\n\n \n\n \n\n \n\nContra: [Nombre1]\n\nPor: INFRACCIÓN DE LEY FORESTAL\n\nPba", "body_en_text": "Case File 01-000012-382-PE-5\n\nRuling: [Telf1]\n\nCRIMINAL CASSATION COURT, SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSE, Goicoechea, at ten hours fifty minutes on September second, two thousand four.\n\nCASSATION APPEAL filed in the present case against [Nombre1], of legal age, Costa Rican, identity card number CED1, teacher, married, born in Heredia on June 27, 1947, son of [Nombre2] and [Nombre3]; for the crime of VIOLATION OF THE WILDLIFE LAW AND VIOLATION OF THE FORESTRY LAW, to the detriment of NATURAL RESOURCES. Judges Guillermo Sojo Picado, [Nombre4], and Ronald Salazar Murillo participate in the decision of the appeal. Attorneys [Nombre5] and [Nombre6], defense counsel for the accused, and Attorney [Nombre7], of the Procuraduría General de la República, appeared in the Cassation proceedings.\n\nWHEREAS:\n\n1) That the Criminal Trial Court of Heredia, at eight hours on September second, two thousand three, resolved: “THEREFORE: In accordance with the foregoing, cited norms, and Articles 39 and 41 of the Political Constitution, 8(1) of the American Convention on Human Rights, 10 of the Universal Declaration of Human Rights, 9(2) of the International Covenant on Civil and Political Rights, 1048 of the Civil Code, 1, 2, 4, 5, 6, 32, 33, 11, 265, 266, 268, 269, 341 to 355, 356 to 359, 360 to 366, and 370 of the Code of Criminal Procedure; 1, 9, 30, 45, 53, 54, 55, 71, of the Penal Code; 33(a) and (b) and 58(a) of the Forestry Law, 98 of the Wildlife Conservation Law, Articles 122 to 138 of the 1941 Penal Code in force by Law 4891 of 8-11-1971; Executive Decree 20307-J of April 1991, [Nombre1] is DISMISSED from having committed the crime of VIOLATION OF THE WILDLIFE LAW, to the detriment of WILDLIFE. [Nombre1] is declared the responsible perpetrator of having committed the crime of VIOLATION OF THE FORESTRY LAW, to the detriment of NATURAL RESOURCES, and as such is sentenced to ONE YEAR OF PRISON, a sentence which, with credit for preventive detention served, shall be served in the penal institution designated by the order of the Instituto Nacional de Criminología. Upon meeting the requirements, the convicted person is granted the benefit of conditional execution of the imposed prison sentence for a probation period of three years, which shall be revoked if during that period he commits a crime and is sanctioned with imprisonment exceeding six months. Register with the Judicial Register, forward the corresponding certified copies of the judgment to the Sentence Execution Court and the Instituto Nacional de Criminología. The costs of this action are borne by the convicted person. THE CIVIL ACTION FOR DAMAGES FILED BY THE PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, which was constituted as civil plaintiff, against [Nombre1], who was constituted as civil defendant, is DECLARED WITH MERIT, and in such capacity, in the abstract, he is ordered to pay in favor of the plaintiff the damages caused to the environment and forest resources (recursos forestales) by his action. He is ordered to repair the damage caused, having to restore the site where the garbage was dumped to the condition it was in before, all at his cost. It is ordered to maintain the annotation on the property registered under real estate folio number of Heredia 15973-001. He is ordered to pay the costs of this action, which shall be determined in the execution of sentence phase. Notify.”\n\n2) That against the preceding pronouncement, Attorneys [Nombre5] and [Nombre6], defense counsel for the accused, filed a Cassation Appeal.\n\n3) That having carried out the respective deliberation in accordance with Article 450 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the issues raised in the Appeal.\n\n4) That the pertinent legal provisions have been observed in the proceedings.\n\nDrafted by Judge Guillermo Sojo Picado,\n\nWHEREAS\n\nI- Being presented under the conditions of time and form, and pursuant to numerals 422, 423, 424, 431, 443, 444, and 445 of the Code of Criminal Procedure, it is appropriate to proceed with the appeal filed by Attorneys [Nombre6] and [Nombre5] in their capacity as defense counsel for the sentenced individual, [Nombre8].\n\nII- First ground for cassation on procedural grounds. Content of the claim. A violation of due process is alleged, claiming that the principles of orality and publicity were transgressed. It is affirmed that the Court omitted the full reading of the decision scheduled for 16:00 hours on September 9, 2003, which has caused the violation of numerals 39, 1, 12, 159, 164, 175 and following, 326, 330, 333, 364, and 37º(h) of the Code of Criminal Procedure. The nullity of the ruling is requested for a new proceeding according to law. The defect allegedly implied the violation of the principles of publicity and orality, given that in the specific case, the court communicated that the full reading of the decision would take place at 16:00 hours on Tuesday, September 9, 2003, an act attended by the accused and other persons. However, the Courts of Heredia were closed without the reading act taking place, and the judge did not appear in the hearing room either. The claim is without merit. It is true that the Court, as stated in the operative part of the ruling of eight hours on September second, two thousand three, based on Article 364 of the Code of Criminal Procedure, decided to defer the drafting of the full judgment to Tuesday, September 9, at sixteen hours of that same year. At folio 274 front of the file, there is a record from judicial assistant [Nombre9], indicating that, indeed, on that date and time, the Court was constituted for the full reading, but it did not take place due to the non-appearance of the parties. Consequently, since the appellant does not demonstrate the defect, nor is it possible to affirm that the Court was not constituted for the act, the claim is denied.\n\nIII- Second ground for cassation on procedural grounds. Violation of due process and the principles of defense and equality, in that the Court permitted the prosecution (Ministerio Público) to expand the accusation at the start of the hearing. The violation of numerals 33 and 39 of the Political Constitution, 1, 2, 12, 175 and following, 179 second paragraph, 326, 347, 348 of the Code of Criminal Procedure is alleged. It is argued that in the specific case, once the accusation and the complaint (querella) filed by the Procuraduría General de la República were read, the defense of the accused raised the exception of statute of limitations (prescripción), which was declared with merit with respect to the Prosecutor's accusation. Therefore, the Prosecutor is informed that he must leave the hearing room. At that moment, the Prosecutor requests permission to expand the accusation, which he indeed does, and it is admitted by the Court. In this way, an expansion of the accusation not provided for in any of the hypotheses authorized by numeral 347 of the Code of Criminal Procedure is irregularly introduced. It is indicated that, having declared the statute of limitations for the Prosecutor's accusation, he was unable to continue in the hearing, and rather, what he did was a rectification permitted by the Judge. The appellant states that from that moment on, the Judge incurred a \"procedural disaster\" (desastre procesal), in that he first said the expansion of the accusation was admissible, then pointed out it was unacceptable because it implied a surprise against the accused. He then pointed out that the order to open trial (auto de apertura a juicio) had not made a pronouncement on the facts of the complaint (querella), so he proceeded to annul it, but upon the defense's motions for revocation (recursos de revocatoria), which alleged that this was returning the process to stages already precluded, he changed the criterion despite having already resolved the point in favor of the defense's request. The foregoing causes a violation of the principle of no reformatio in peius (no reforma en perjuicio). The claim is without merit. Regarding the expansion of the accusation by the Prosecutor's Office, it is considered that no defect was incurred that affects the right of defense in trial. Consider that the difference between the accusation presented by the Prosecutor's Office and the complaint (querella) of the Procuraduría General lies in that the first of those bodies classified the facts as constituting the crime of violation of Article 32 of the Wildlife Law number 7317, while the Procuraduría, in the respective complaint (querella), raises a principal classification and a subsidiary one, the first for Violation of the Forestry Law Article 33(a) and 58(a) (Invasion of a Spring Protection Zone) and likewise, in the subsidiary, classifies the facts as constituting the Discharge of polluting waste into a spring (naciente) or stream, provided for by numeral 132 of the Wildlife Law. Thus, even though initially the Prosecutor's Office, due to errors in the legal classification, had to add through expansion in the hearing that the garbage and waste dump affected the spring (naciente) in the protection zone of [Dirección1] Pacayas, it involves a fact that was, in any case, contemplated in the complaint (querella) filed by the Procuraduría General de la República, without the right of defense being affected for that reason. It is an aspect that was known to the accused as it was precisely contained in the complaint. The fact that the Court initially considered that the facts of the complaint had not been admitted in the order to open trial (auto de apertura a juicio), which implied returning the process to the intermediate stage, a decision that was subsequently modified upon the motion for revocation (recurso de revocatoria), does not affect the principle of no reformatio in peius as alleged. What the Court did was to notice the error it was incurring and proceeded to consider that the complaint (querella) had indeed been admitted, since the order to open trial, even though it is sparse, does state that it admits the accusation of the Prosecutor's Office and constitutes the State, represented by the Procuraduría General de la República, as complainant (querellante) and civil plaintiff (actor civil).\n\nIV- Third ground for procedural defects. It is alleged that the Court proceeded to violate the principle of due process, in that judgment was handed down based on facts that had not been admitted in the order to open trial (auto de apertura a juicio). The violation of numerals 1, 2, 12, 175 and following, 361, 363(c), 365, and 369(b) of the Code of Criminal Procedure is alleged. It is said that the order to open trial only admitted the facts accused by the Prosecutor's Office as constituting a Violation of the Wildlife Law, but nothing was indicated regarding the facts of the complaint (querella), nor the classification assigned by it of Violation of the Forestry Law. The ground is rejected. Before proceeding to resolve the point under discussion, it is pertinent to rule on the participation of the Criminal Court of San Joaquín de Flores de Heredia. As observed from the order to open trial of eleven hours on September tenth, two thousand two, issued by that office, it indicates: “…the accusation formulated by the Prosecutor's Office is admitted as it is, not limited in any way, for complying with each and every one of the requirements of numeral 303 of the Code of Criminal Procedure…, to then immediately admit the evidence that shall be received in the adversarial hearing. Regarding the civil action and the complaint (querella), it is expressly indicated: “REGARDING THE CIVIL ACTION AND THE COMPLAINT (QUERELLA). The civil action was filed in a timely manner and met the procedural requirements. Likewise, claims were formulated, which are estimated in the respective file. The Procuraduría General de la República, representing the State, is therefore constituted as civil plaintiff (actor civil), and the accused [Nombre1] as civil defendant (demandado civil). Likewise, the State is constituted as complainant (querellante) and the accused as respondent (querellado).” The foregoing allows considering that the complaint (querella) was duly admitted, as was the civil action. As has been pronounced by the Third Chamber in Ruling 00570-99 of 10:50 hours on 14/5/1999, the admissibility of the complaint (querella) in crimes of public action, in application of numerals 310 and following of the Code of Criminal Procedure, is the responsibility of the Judge of the Intermediate Stage; in the specific case, the order to open trial (auto de apertura a juicio) did constitute the State as complainant (querellante) and civil plaintiff (actor civil). Consequently, the claim is dismissed.\n\nV- Fourth ground on procedural grounds. A violation of due process is claimed, alleging that the judgment is based on evidence introduced illegally into the hearing. The violation of numerals 39 of the Political Constitution, 1, 2, 12, 142, 175 and following, 180, 181, 182, 369(c) of the Code of Criminal Procedure is alleged. The argument is limited to indicating that the Prosecutor's Office surprised the defense at trial by offering, at the end of the hearing, as evidence for a more informed ruling (prueba para mejor resolver), a Cartographic Sheet of Chagûite, and despite the defense's opposition, it was admitted by the Court and taken as an essential basis for founding the judgment. It is argued that evidence for a more informed ruling is exceptional and only in the cases provided for in numeral 355 of the Code of Criminal Procedure. Based on that element, the judge reconstructs the existence of a spring (naciente) in the garbage dump, a fact fundamentally extracted from that document. The foregoing causes harm as it has repercussions on the application of substantive law. The claim is rejected. Regarding the admissibility of evidence for a more informed ruling (prueba para mejor resolver) in relation to the principle of searching for the real truth, the jurisprudence has stated: “CRIMINAL CASSATION COURT. Second Judicial Circuit San José. Goicoechea, June twenty-third, year two thousand.\n\n II.- In accordance with the new criminal procedural regulations, in the oral and public hearing, evidence that has been admitted by the Criminal Court in the order to open trial (auto de apertura a juicio) is received (Article 320 of the Code of Criminal Procedure). Notwithstanding the foregoing, it is also possible to present extraordinary evidence, for which it is even permitted to suspend the hearing (Article 336(f) Ibidem). There are three options in this regard: a) evidence for a more informed ruling (prueba para mejor resolver), which the Court may order ex officio or at the request of a party, when facts or new circumstances arise in the hearing that require clarification (Article 355). Also included within this is evidence that has been rejected by the Criminal Court and upon which insistence may be made in the oral and public hearing (Article 320 second paragraph). b) Evidence that the Court orders to receive through the reopening of the hearing (Article 362). Finally, through constitutional jurisprudence and that of the criminal cassation chambers, what is known as the principle of openness of evidence has been established. It implies that, even if it has been offered extemporaneously or irregularly, all evidence that is useful and pertinent to ascertain the real or material truth must be received. The foregoing finds support in Article 180 of the Code of Criminal Procedure and has been accepted, among others, in the following rulings: 1739-92; 2172-98; 3374-99; 9802-99; 151-2000, all from the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice; 390-F-92; 272-F-92 and 572-F-97 from the Third Chamber of the Supreme Court of Justice.\n\nIn the specific case, as recorded in the continuation of the hearing on September 2, 2003, the Cartographic Sheet of Chagúite was provided 'by the Prosecutor's Office, evidence which the Court proceeded to admit. The aspect that this document sought to demonstrate is not properly a new fact, but a point that was already the subject of discussion in the trial, as it was contained in the accusation itself, which was precisely the existence of an open-air garbage dump, this on the property with real estate folio number 115973-001 located in Santo Domingo de Santa Barbara de Heredia, specifically in the locality of Chaguites in front of the Catholic Church of the place, which was affecting the neighbors and the existing protection zone there. Thus, the offering of this evidence is relevant for the clarification of the real truth. In any case – as the appellant himself recognizes – the judgment does not have its exclusive basis in that Cartographic Sheet - as reasoned in the appealed ruling: “The Chaguites spring (naciente) exists, the stream also exists; this is demonstrated not only by the Chagûites cartographic sheet provided by the Prosecutor's Office, which indicates the existence of the Chaguites stream and indicates its source on the property of the accused, since he lives near the town square. The witnesses [Nombre10], [Nombre11], residents of the place, who have filed complaints against the accused for dumping garbage in the place, and Attorney [Nombre12], who has conducted inspections in the place, know of the existence of the stream” (cf. Folio 267 of the ruling). That is, there exist other means of evidence, through which the judgment deduces the existence of the stream and the protection zone. This obliges the rejection of the argument.\n\nVI- Fifth ground for cassation on procedural grounds. It is claimed that the sentencing court unjustifiably omitted the assessment and appreciation of an essential evidentiary element. The violation of numerals 39 of the Political Constitution, 1, 2, 12, 142, 175 and following, 180, 181, 182, 361, 363, 369(d) of the Code of Criminal Procedure is alleged. It is said that the Court, without any justification, omits the appreciation and assessment of the inspection on folio 5 and following, a document that was duly incorporated by reading, used by the parties in the questioning and at the time of issuing conclusions. Said document does not allow concluding that a water spring (naciente) exists in the place, as it only records that “At the bottom, a pool of water is observed, which is only two meters from the edge of where the garbage reaches.” To say “a pool of water” is very different from indicating “a water spring (naciente).” The claim is without merit. The existence of a water spring (naciente), and the circumstance of the contamination of the protection zone of [Dirección1] Pacayas, is an extreme that the Court had duly proven through various evidentiary elements, among them the various witnesses who so indicated, all of which is examined on folios 266 to 268 of the ruling on the merits. Likewise, the Court relies to substantiate the existence of the spring (naciente) on the warnings that the accused has been subjected to in that sense by the Environmental Tribunal, so the rejection of the claim is appropriate.\n\nVI- First ground for cassation for violation of substantive law. It is indicated that the accused factual framework does not fit any criminal type. The erroneous application of numerals 33 and 58(a) of the Forestry Law and 45 of the Penal Code is alleged, and the acquittal of the accused of all penalty and responsibility is requested. It is argued that the trial court holds it as true that the accused invaded a protected zone by allowing, for a long time, the dumping of garbage by third parties. In the specific case, the action of the accused consists of allowing the dumping, so he is being sanctioned for omitting an action that would have prevented the dumping, when the truth is that what is punishable is the action of the third party who does the dumping, and not the action of the accused in not preventing the waste dump. In sum, the accused is not responsible for an action performed by others. The claim is rejected. It must be indicated that the concept of “invasion” contemplated by numeral 58(a) of the Forestry Law has been addressed by the jurisprudence of this Court. In this sense, it has been said that the criminal action established by numeral 58.a of the Forestry Law consists of invading a conservation or protection area, but the content of the term is not dispossession or entry onto another's domain. As conservation areas imply a generic limitation on all owners of properties through which the rivers of Costa Rica run, invading the protection area translates into performing on it any act not permitted, which anyone, whether the owner or a third party, can do. In this sense, the CRIMINAL CASSATION COURT has stated, Ruling No. 751 of ten hours forty-five minutes on September nineteenth, two: \n\n“V.- The fifth ground invokes §§ 30 and 31 of the Penal Code, 33 and 58 of the Forestry Law. The appellant indicates that the facts accredited in the ruling on the merits are atypical. The typical action of § 58.a of the Forestry Law is to invade, which the accused did not do, as he only substituted grass and weeds for lilies of his own property, in his possession; he did not invade the property of another. According to the foregoing, he requests the revocation of the appealed judgment and the issuance of an acquittal judgment. The claim is declared without merit. It is true that the criminal action established by § 58.c of the Forestry Law consists of invading a conservation or protection area, but the content of the term is not dispossession or entry onto another's domain. As conservation areas imply a generic limitation, on all owners of properties through which the rivers of Costa Rica run, for the purpose of preserving the natural environment, health, ecology, and what little can be saved for the balance of planet Earth, such restriction on ownership is a regime that obliges keeping intact the portion of the property under state guardianship, from which derives the possibility of performing on it only the acts permitted by that regime. In this way, invading the protection area translates into performing on it any act not permitted, which anyone, whether the owner or a third party, can do. Therefore, the appellant is not correct when he affirms that his client, being the holder of the property right of the real estate, limited in a part that is a protection area, could not invade because the object of the action is not another's; on the contrary, the accused [Nombre13] committed the act, and any other person can commit it. For the foregoing, the claim is declared without merit….”\n\nAccording to the factual framework established in the judgment – and in what is relevant for the resolution of these two grounds on the merits – it was held as true that: “B- That from the month of December of the year two thousand to date, the accused has made the property an ‘open-air’ garbage dump, by allowing and promoting that unidentified persons deposit waste materials such as cardboard, debris, metals, vehicle parts, washing machines, wood, scrap, tires, household appliances, weeds, and other residual objects onto the property,” so that the accused is not only held as the subject who permits the conduct of third parties, but also in the action of promoting the dumping of waste in the protected zone. Therefore, the ground is rejected.\n\nVIII- Second and third grounds for violation of substantive law. In the second ground, the erroneous application of numerals 33 and 58(a) of the Forestry Law is alleged, and in the third, it is said that the action corresponds to that established in numeral 132 of the Wildlife Conservation Law, but that the criminal action for this figure is time-barred (prescrita), as resolved by the trial court. Being two arguments on the merits, and being related, this Court proceeds to resolve them jointly. In the second claim on the merits, it is argued that in the specific case, the application of numeral 58(a) of the Forestry Law was not possible because the punished conduct is the invasion made by the active subject of a protected area. Invasion must be understood as occupation, that is, one invades by situating oneself in the protected area and acquiring control of it. It is something similar to usurpation (usurpación). The appellant insists that it is not possible to invade by means of waste, and the only way to deploy the conduct so that it conforms to the criminal type consists of occupying the protected area directly and personally. In the third ground for cassation on procedural grounds, it is argued that the Court failed to apply numeral 132 of the Wildlife Law, a norm that precisely provides for the action of throwing waste or any contaminating substance into springs (manantiales), rivers, streams, permanent creeks, or lakes. Being an action that is already time-barred (prescrita), it will be, and the dismissal (sobreseimiento) is thus requested. The claims are without merit. For the reasons set forth in the preceding Consideration, to which we refer, it is considered that the action for which the accused was declared the responsible perpetrator does fit within numeral 58(a) of the Forestry Law, as the trial court considered. Consequently, and for that same reason set forth supra, the second and third claims on the merits, regarding the erroneous application of numeral 132 of the Wildlife Law, must be denied.\n\nTHEREFORE\n\nThe cassation appeal filed by the defense counsel of the accused is declared without merit. Notify." }