{ "id": "nexus-sen-1-0034-279421", "citation": "", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Absolución por falta de tipicidad en relleno de manglar inscrito antes de la Ley de Zona Marítimo Terrestre", "title_en": "Acquittal due to lack of criminality in mangrove fill on property registered before Maritime Zone Law", "summary_es": "El Tribunal de Casación Penal confirma la absolución de un empresario acusado de infracción a la Ley de Zona Marítimo Terrestre por talar y rellenar un manglar en 1995. La finca había sido inscrita en 1969, antes de la entrada en vigencia de dicha ley en 1977, por lo que el artículo 6 la excluye de su ámbito de aplicación. El tribunal determina que, aunque se demostró la corta del manglar, no se acreditó la existencia de un estero. La Ley de Aguas no protege expresamente los manglares sino los esteros, y no es posible equiparar ambos conceptos sin violar el principio de legalidad penal. En consecuencia, el área de manglar no constituía zona pública al momento de los hechos, y la conducta resulta atípica. Se desestiman los reclamos de la Procuraduría sobre errónea aplicación de los artículos 73 y 11 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, y del 103 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre.", "summary_en": "The Criminal Appeals Chamber upholds the acquittal of a business owner charged with violating the Maritime Zone Law by cutting and filling a mangrove in 1995. The property was registered in 1969, before the law came into force in 1977, so Article 6 excludes it from its scope. The court finds that, although the mangrove cutting was proven, no estuary existed on the site. The Water Law does not expressly protect mangroves but estuaries, and equating both concepts would breach the principle of legality in criminal law. Thus, the mangrove area was not public land at the time of the acts, and the conduct is not criminal. The Attorney General's arguments regarding erroneous application of Articles 73 and 11 of the Maritime Zone Law, and Article 103 of the Wildlife Conservation Law, are dismissed.", "court_or_agency": "", "date": "", "year": "", "topic_ids": [ "criminal-environmental" ], "primary_topic_id": "criminal-environmental", "es_concept_hints": [ "zona marítimo terrestre", "manglar", "estero", "Ley de Aguas", "principio de legalidad penal", "bien demanial", "casación", "tipicidad" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 6", "law": "Ley de Zona Marítimo Terrestre" }, { "article": "Art. 11", "law": "Ley de Zona Marítimo Terrestre" }, { "article": "Art. 61", "law": "Ley de Zona Marítimo Terrestre" }, { "article": null, "law": "Ley de Aguas" } ], "keywords_es": [ "manglar", "zona marítimo terrestre", "relleno de manglar", "principio de legalidad penal", "estero", "Ley de Aguas", "inscripción registral", "dominio público", "tipicidad", "casación penal" ], "keywords_en": [ "mangrove", "maritime zone", "mangrove fill", "principle of legality", "estuary", "water law", "registered property", "public domain", "criminality", "criminal appeal" ], "excerpt_es": "La Ley de Zona Marítimo Terrestre en su artículo 11 declara que “ Zona pública es también, sea cual fuere su extensión, la ocupada por todos los manglares de los litorales continentales e insulares y esteros del territorio nacional”, y por virtud del artículo 12 y 22 prohibe todo tipo de desarrollo en esa zona. Finalmente el artículo 61 declara como delito la explotación de los manglares. Pero resulta que la ley mencionada es de 1977 y el artículo 6 indica que: “Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a las áreas de las ciudades situadas en los litorales, ni a las propiedades inscritas, con sujeción a la ley, a nombre de particulares, ni aquellas cuya legitimidad reconozcan las leyes.” y como lo estableció el tribunal en la sentencia, esa finca donde se cortó el manglar fue inscrita en 1969 ( hecho probado No. 2, f. 1875), unos ocho años antes de la entrada en vigencia de la ley de zona marítima terrestre, la cual no puede venir afectar terrenos privados. Efectivamente, el artículo 11 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre de 2 de marzo de 1977, declara como zona pública los manglares, sin embargo, como lo ha señalado la Sala Constitucional en la sentencia 447-91, el artículo 6 excluye de su aplicación a las fincas inscritas antes de su vigencia, de manera tal que, el manglar talado y rellenado en la finca objeto de este proceso, no puede computarse como de dominio público como lo pretende el impugnante y por tal razón no se configura el elemento objetivo del delito acusado.", "excerpt_en": "Article 11 of the Maritime Zone Law declares: 'All mangroves on continental and insular coastlines and estuaries of the national territory are also public zone, regardless of their size,' and by virtue of Articles 12 and 22 it prohibits any development in said zone. Finally, Article 61 criminalizes mangrove exploitation. However, the law is from 1977 and Article 6 states: 'The provisions of this law shall not apply to areas of cities situated on coastlines, nor to properties registered in the name of private individuals in accordance with the law, nor those whose legitimacy is recognized by law.' As the trial court established in the judgment, the property where the mangrove was cut was registered in 1969 (proven fact no. 2, folio 1875), some eight years before the Maritime Zone Law came into force, which cannot affect private land. Indeed, Article 11 of the Maritime Zone Law of March 2, 1977, declares mangroves as public zone; however, as the Constitutional Court stated in ruling 447-91, Article 6 excludes properties registered before its entry into force from its application, so the mangrove cut and filled on the property in question cannot be considered public domain as the appellant claims, and therefore the objective element of the charged crime is not met.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The criminal appeal is denied and the acquittal is upheld because the conduct lacks criminality under the Maritime Zone Law due to the property's registration before 1977.", "summary_es": "Se declara sin lugar el recurso de casación y se confirma la absolución del imputado por falta de tipicidad en el delito de infracción a la Ley de Zona Marítimo Terrestre." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando II", "quote_en": "although the court found proven that in 1995 the mangrove was cut and filled, the act does not constitute a crime due to lack of criminality, so the acquittal is correct", "quote_es": "el tribunal, aunque tuvo por demostrado que en 1995 se taló y rellenó el manglar, la acción no constituye delito por falta de tipicidad, de ahí que la absolutoria sea correcta" }, { "context": "Considerando II", "quote_en": "the mangrove cut and filled on the property in question cannot be considered public domain as the appellant claims, and therefore the objective element of the charged crime is not met", "quote_es": "el manglar talado y rellenado en la finca objeto de este proceso, no puede computarse como de dominio público como lo pretende el impugnante y por tal razón no se configura el elemento objetivo del delito acusado" }, { "context": "Considerando II", "quote_en": "the equation of the concepts of estuary and mangrove that the appellant seeks flagrantly violates the criminal legality principle, and therefore the Water Law cannot be applied to this case", "quote_es": "la equiparación de conceptos entre estero y manglar que pretende el recurrente viola flagrantemente el principio de legalidad criminal y por ello no es posible aplicar a este caso la Ley de Aguas" } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [ { "doc_id": "norm-11950", "norm_num": "276", "norm_name": "Ley de Aguas", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "27/08/1942" }, { "doc_id": "norm-32006", "norm_num": "6043", "norm_name": "Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "02/03/1977" } ], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "RECURSO DE CASACIÓN\n\nExp: 95-200090-390-PE\n\nRes: 0928-2004\n\n TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las diez horas con\ntreinta y cinco minutos del nueve de setiembre de dos mil cuatro.-\n\nRECURSO DE CASACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1], cédula de identidad\nCED1, casado, empresario, vecino de San José, por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY DE ZONA MARÍTIMO\nTERRESTRE, en perjuicio del ESTADO. Intervienen en la decisión del procedimiento de revisión de\nsentencia, los Jueces Ronald Salazar Murillo, [Nombre2] y Jorge Alberto Chacón Laurito. Se\napersonaron en casación el Procurador General de la República Licenciado [Nombre3] y el imputado\n[Nombre4]\n\nRESULTANDO:\n\nI.- Que mediante sentencia número 29-2004, de las veintiuna horas del veinte de abril de dos mil\ncuatro, el Tribunal de Juicio de Guanacaste resolvió: “POR TANTO: De conformidad con los artículos\n39, 41, 50 de la Constitución Política, 1, 2, 18, 30, 31, 45 del Código Penal, 1, 4, 7, 9, 11, 12, y\n62 de la Ley de la Zona Marítima Terrestre y su reglamento, 69 y ss de la Ley de Aguas, 1, 2, 3, 5,\n13, 80, 274, 359, 361, 369, 373, 374, 377, 389, 390, 392, 393, del Código de Procedimientos Penales\n6, 141, 142, 144, 184, 265 a 270, 360, 361, 364, 365 y 366 del Código Procesal Penal, se ABSUELVE DE\nTODA PENA Y RESPONSABILIDAD A [Nombre1] por el delito de INFRACCION A LA LEY DE LA ZONA MARÍTIMO\nTERRESTRE QUE SE LE HA VENIDO ATRIBUYENDO. No ha lugar a la gestión de restitución que hizo la\nProcuraduría General de la República. Son las costas del proceso a cargo del Estado.-\n\nII.- Que contra el anterior pronunciamiento interpuso recurso de casación el Procurador General de\nla República Licenciado [Nombre3]\n\nIII.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 450\ndel Código de Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de\ncasación.-\n\nIV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\n \n\nRedacta el Juez de Casación Penal [Nombre5]; y\n\nCONSIDERANDO\n\n \n\nI.- El licenciado [Nombre3], Procurador General de la República formula recurso de casación en\ncontra de la sentencia No. 29-04 de las 21:00 horas del 20 de abril de 2004, dictada por el Tribunal\nde Juicio de Guanacaste, sede de Nicoya. Dicha sentencia absolvió de toda pena y responsabilidad a\n[Nombre1] por el delito de Infracción a la ley de zona marítimo terrestre. La defensa en su escrito\nde contestación ( f. 1959-1962) alega que el recurso es inadmisible, no obstante ignora que las\nlimitaciones para recurrir que establecía el artículo 473 del Código de Procedimientos Penales\nfueron declaradas inconstitucionales por la Sala Constitucional (sentencia 1193-95 de las 9:18 hrs.\ndel 3 de marzo de 1995). Además, la sentencia de 2 de julio de 2004 de la Corte Interamericana de\nDerechos Humanos en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, estableció que para el ejercicio del\nderecho a la doble instancia debe constituirse un recurso amplio sin requisitos de admisibilidad. En\nconsecuencia, procede entrar a conocer lo planteado.\n\n \n\nII.- En el primer motivo de casación se alega errónea aplicación del artículo 73 de la ley de zona\nmarítimo terrestre. Reclama el impugnante que el a quo cometió un error en virtud de que estimó que\nel artículo 73 de la ley mencionada no se aplica a los manglares, lo cual no dice en la ley, lo que\ndicha norma establece es que no se aplica a las zonas marítimas “…incluidas en los parques\nnacionales y reservas equivalentes, las cuales se regirán por la legislación respectiva…”,\nciertamente la ley de zona marítima indica que los manglares o bosques salados son reservas\nforestales, eso no le quita la condición de ser zonas públicas y tener su régimen de protección.\nConsidera que se aplicó erróneamente el numeral citado por lo que pide se anule la sentencia y se\nordene el reenvío. En el segundo motivo se reclama falsa o errónea interpretación del artículo 103\nde la ley de Conservación de la Vida Silvestre. El tribunal considera en la sentencia que en virtud\nde que el manglar no era un bien protegido antes de la publicación de la ley de zona marítimo\nterrestre que es de 1977, concluye que el manglar no es zona pública. No obstante ello debió aplicar\nla ley de vida silvestre que sí regula a los manglares o humedales como zona protegida. En el tercer\nmotivo se alega errónea aplicación de los artículos 11, 62, de la ley de zona marítimo terrestre y\n72 de la ley de aguas. Se alega que el Estado ha sostenido que el manglar era bien demanial, sin\nembargo la sentencia sostiene lo contrario porque estaba inscrito antes de la vigencia de la ley de\nla zona marítimo terrestre, por lo que el manglar no es zona pública. En consecuencia, si la ley de\naguas consideraba al manglar como objeto de protección desde el año 1941, entonces cuando se\ninscribe la finca ya estaba sujeta a tal restricción. Insiste el juzgador en que lo que tutela la\nley de aguas era los esteros y no el manglar, incurriendo en grave error, que le lleva a desaplicar\nesa restricción. Solicita se case el fallo y se anule la sentencia. Por la naturaleza de los\nplanteamientos este Tribunal entra a conocer en forma conjunta los motivos y declara sin lugar cada\nuno de los alegatos formulados. La sentencia tiene por acreditados tres aspectos esenciales: que la\nempresa que dirige el imputado en el año 1995 rellenó una extensión de aproximadamente tres\nhectáreas de terreno en donde había un manglar; que la finca en donde se hizo tal actividad fue\ninscrita en el año 1969 y que esa área no es parte del dominio público, porque la afectación de esas\nzonas se dio posterior a su inscripción y nunca se expropió dichos terrenos ( fs. 1874-1875).\n\nEl fallo delimita muy bien que el objeto a decidir en el reenvío es si el relleno de un área de\nmanglar constituye una infracción de la zona marítimo terrestre, aclarando que la acusación no\nseñala que antes existiera un estero en ese manglar (f. [Nombre6]). Se indica que con la prueba\nrecibida en juicio, no se logró demostrar, que en la zona en donde se hace el relleno existiera un\nestero, sino solamente un manglar. Al respecto el fallo señala: “ Al tribunal no le alcanza ninguna\nduda, y la totalidad de la prueba, en mayor o menor medida ubica el manglar en el lugar de los\nhechos y antes de que el sector fuera un potrero sin mayor vegetación, según pudo constatar el\ntribunal en el reconocimiento que hizo en el sitio dentro del desarrollo del debate. Todos los\ntestigos ubican el manglar en el sitio; las diferencias estriban en la cantidad de área de manglar y\nen la calidad del mismo…” (f. 1921). Demostrada la corta del manglar y el relleno posterior, el\njuzgador se aboca a determinar si el concepto de manglar como zona pública se encuentra protegida\npor la Ley de Aguas o la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (f. 1925). En el fallo se indica que es\nmuy claro que se cortó y arrasó totalmente con un manglar, pero que el concepto manglar no puede\nequipararse con estero, como pretende interpretarlo el recurrente. Para tal efecto se analiza que la\nLey de Aguas no incluye a los manglares como objeto de protección y la Ley de Zona Marítimo\nTerrestre en su artículo 73 señala que dicha ley no se aplica a los manglares. Hace ver con detalle\nque la inclusión de los manglares como zona de dominio del Estado no está contenida en dicha\nnormativa y que la Procuraduría ha pretendido equiparar los manglares con los esteros para poder\nsancionar la corta de un manglar, para lo cual citan al autor [Nombre7] quien comentando la Ley de\nZona Marítimo Terrestre y su reglamento señala: “…Ahora bien, no se vaya a creer que los manglares\ndisfrutan de un régimen de dominio público hasta una fecha muy reciente. En realidad, los artículos\n1º. Y 3º. de la Ley de Aguas, No. 276 de 27 de agosto de 1942, ya les daba esa connotación pero de\nmanera implícita….” ( Ley Sobre la Zona Marítimo Terrestre y su reglamento, anotados y concordados.\nSan José, Guilá Imprenta, 1997, p. 246); sea que la regulación no es expresa, y nace de una\ninterpretación que como se indicó asimila los conceptos manglar y estero, lo cual no es correcto,\npues bien claro es que la ley de la Zona Marítimo Terrestre los define en la ley como conceptos\ndistintos. Aquí es importante detenerse a revisar que es un estero y qué es un manglar; el artículo\ndos del reglamento a la ley de zona marítimo terrestre, define estero, como “…terreno inmediato a la\norilla de una ría por el cual se extienden las aguas de las mareas”, define ría como “ parte del río\npróxima a su entrada en el mar y hasta donde llegan las mareas”, por su parte tenemos que [Nombre8],\nen el diccionario Didáctico de Ecología, define manglar, como: “comunidad boscosa, de tierras\nanegadas o humedales, con plantas y árboles cuyo habitat espacial es la ciénaga pantanosa de agua\nlimosa y banco arenoso, localizada en forma particular en las bocas de los ríos”, es claro que no\ncoinciden los conceptos manglar y estero…” (f. 1927). Este tribunal concuerda con las apreciaciones\nexternadas en el fallo, acerca del contenido de la Ley de Aguas, pues examinados los artículos 1 al\n5 no incluye a los manglares como objeto de protección, dado que precisamente se orienta a la tutela\nde las aguas que entran dentro del dominio público y privado. Señala con tino la sentencia, que la\nequiparación de conceptos entre estero y manglar que pretende el recurrente viola flagrantemente el\nprincipio de legalidad criminal y por ello no es posible aplicar a este caso la Ley de Aguas. Véase\nque el fallo que la Ley de Aguas no dice nada acerca de los manglares y como lo rellenado fue un\nmanglar, entonces no le es aplicable, sino la ley de zona marítimo terrestre. La Ley de Zona\nMarítimo Terrestre en su artículo 11 declara que “ Zona pública es también, sea cual fuere su\nextensión, la ocupada por todos los manglares de los litorales continentales e insulares y esteros\ndel territorio nacional”, y por virtud del artículo 12 y 22 prohibe todo tipo de desarrollo en esa\nzona. Finalmente el artículo 61 declara como delito la explotación de los manglares. Pero resulta\nque la ley mencionada es de 1977 y el artículo 6 indica que: “Las disposiciones de esta ley no se\naplicarán a las áreas de las ciudades situadas en los litorales, ni a las propiedades inscritas, con\nsujeción a la ley, a nombre de particulares, ni aquellas cuya legitimidad reconozcan las leyes.” y\ncomo lo estableció el tribunal en la sentencia, esa finca donde se cortó el manglar fue inscrita en\n1969 ( hecho probado No. 2, f. 1875), unos ocho años antes de la entrada en vigencia de la ley de\nzona marítima terrestre, la cual no puede venir afectar terrenos privados. Efectivamente, el\nartículo 11 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre de 2 de marzo de 1977, declara como zona pública\nlos manglares, sin embargo, como lo ha señalado la Sala Constitucional en la sentencia 447-91, el\nartículo 6 excluye de su aplicación a las fincas inscritas antes de su vigencia, de manera tal que,\nel manglar talado y rellenado en la finca objeto de este proceso, no puede computarse como de\ndominio público como lo pretende el impugnante y por tal razón no se configura el elemento objetivo\ndel delito acusado, a saber, que el terreno sobre el cual se rellena el manglar sea zona pública en\nlos términos que lo exigen los artículos 11 y 61 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre. Por ello el\ntribunal, aunque tuvo por demostrado que en 1995 se taló y rellenó el manglar, la acción no\nconstituye delito por falta de tipicidad, de ahí que la absolutoria sea correcta. Es importante\nhacer notar también, que la sentencia establece que en el lugar nunca existió un estero, aunque\nadmite cierta influencia de agua salada en el lugar, lo que en realidad ocurría es que en esa zona\nse depositaban aguas negras u pluviales que provocaron una gran contaminación y crianza de mosquitos\ny zancudos en la zona que atentaba contra la salud pública. En relación a ese punto, aunque el\nTribunal no lo considera trascendente, sí deja ver que por la contaminación que se producía en el\nlugar el Ministerio de Salud giró una orden de rellenar ese manglar para combatir ese problema de\nsalud pública (f. 1933), lo cual, eventualmente serviría como eximente de responsabilidad en el\nrelleno mismo. En consecuencia se declaran sin lugar los reclamos formulados.\n\nPOR TANTO\n\nSe declara sin lugar el recurso de casación planteado por la Procuraduría General de la República.-\nNotifíquese.\n\n \n\n \n\n \n\nRonald Salazar Murillo\n\n \n\n[Nombre2] Jorge Alberto Chacón Laurito\n\nJueces de Casación Penal", "body_en_text": "CASSATION APPEAL\n\nCase: 95-200090-390-PE\n\nRuling: 0928-2004\n\nCRIMINAL CASSATION COURT. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at ten hours and thirty-five minutes on the ninth of September, two thousand four.-\n\nCASSATION APPEAL lodged in the present case brought against [Nombre1], identity card number CED1, married, businessman, resident of San José, for the crime of VIOLATION OF THE MARITIME-TERRESTRIAL ZONE LAW, to the detriment of the STATE. Judges Ronald Salazar Murillo, [Nombre2] and Jorge Alberto Chacón Laurito are involved in the decision of the judgment review procedure. Appearing in cassation were the Attorney General of the Republic, Licentiate [Nombre3], and the accused [Nombre4].\n\nWHEREAS:\n\nI.- That by judgment number 29-2004, at twenty-one hours on the twentieth of April, two thousand four, the Trial Court of Guanacaste resolved: “THEREFORE: In accordance with articles 39, 41, 50 of the Political Constitution, 1, 2, 18, 30, 31, 45 of the Penal Code, 1, 4, 7, 9, 11, 12, and 62 of the Maritime-Terrestrial Zone Law and its regulations, 69 et seq. of the Water Law, 1, 2, 3, 5, 13, 80, 274, 359, 361, 369, 373, 374, 377, 389, 390, 392, 393, of the Code of Criminal Procedures 6, 141, 142, 144, 184, 265 to 270, 360, 361, 364, 365 and 366 of the Criminal Procedural Code, [Nombre1] IS ACQUITTED OF ALL PENALTY AND RESPONSIBILITY for the crime of VIOLATION OF THE MARITIME-TERRESTRIAL ZONE LAW THAT HAS BEEN ATTRIBUTED TO HIM. The request for restitution made by the Office of the Attorney General of the Republic is rejected. The costs of the proceeding are to be borne by the State.-\n\nII.- That against the foregoing ruling, the Attorney General of the Republic, Licentiate [Nombre3], lodged a cassation appeal.\n\nIII.- That having conducted the respective deliberation in accordance with the provisions of article 450 of the Criminal Procedural Code, the Court considered the issues raised in the cassation appeal.-\n\nIV.- That the relevant legal requirements have been observed in the proceedings.\n\nDrafted by the Criminal Cassation Judge [Nombre5]; and\n\nWHEREAS\n\nI.- Licentiate [Nombre3], Attorney General of the Republic, lodges a cassation appeal against judgment No. 29-04 of 21:00 hours on April 20, 2004, issued by the Trial Court of Guanacaste, Nicoya seat. Said judgment acquitted [Nombre1] of all penalty and responsibility for the crime of Violation of the maritime-terrestrial zone law. The defense, in its reply brief (f. 1959-1962), alleges that the appeal is inadmissible, however it ignores that the limitations on appealing established by article 473 of the Code of Criminal Procedures were declared unconstitutional by the Constitutional Chamber (judgment 1193-95 of 9:18 hrs. on March 3, 1995). Furthermore, the judgment of July 2, 2004, of the Inter-American Court of Human Rights in the case of Herrera Ulloa vs. Costa Rica, established that for the exercise of the right to a double instance, a broad appeal without admissibility requirements must be established. Consequently, it is appropriate to proceed to address what has been raised.\n\nII.- The first ground of cassation alleges erroneous application of article 73 of the maritime-terrestrial zone law. The appellant claims that the lower court made an error by considering that article 73 of the aforementioned law does not apply to mangroves (manglares), which the law does not state; what said provision establishes is that it does not apply to maritime zones “…included in national parks and equivalent reserves, which shall be governed by the respective legislation…”, certainly the maritime zone law indicates that mangroves or salt forests are forest reserves, this does not remove their status as public zones (zonas públicas) or their protection regime. He considers that the cited numeral was erroneously applied and therefore requests that the judgment be annulled and a retrial ordered. In the second ground, false or erroneous interpretation of article 103 of the Wildlife Conservation Law is claimed. The court considers in the judgment that by virtue of the fact that the mangrove was not a protected asset before the enactment of the maritime-terrestrial zone law, which dates from 1977, it concludes that the mangrove is not a public zone. Nevertheless, it should have applied the wildlife law, which does regulate mangroves or wetlands as a protected zone. In the third ground, erroneous application of articles 11, 62 of the maritime-terrestrial zone law and 72 of the Water Law is alleged. It is alleged that the State has maintained that the mangrove was a public domain asset (bien demanial), however the judgment holds the contrary because it was registered before the maritime-terrestrial zone law came into force, therefore the mangrove is not a public zone. Consequently, if the Water Law considered the mangrove as an object of protection since 1941, then when the property was registered it was already subject to such a restriction. The judge insists that what the Water Law protects were estuaries (esteros) and not the mangrove, incurring a serious error, which leads him to disregard that restriction. They request that the ruling be quashed and the judgment annulled. Given the nature of the arguments, this Court proceeds to address the grounds jointly and declares each of the allegations made without merit. The judgment establishes three essential aspects as proven: that the company directed by the accused filled in an area of approximately three hectares of land where there was a mangrove in 1995; that the property where such activity occurred was registered in 1969; and that this area is not part of the public domain, because the designation (afectación) of those zones occurred after its registration and said lands were never expropriated (fs. 1874-1875).\n\nThe ruling clearly delimits that the object to be decided in the retrial is whether the filling in (relleno) of a mangrove area constitutes a violation of the maritime-terrestrial zone, clarifying that the accusation does not indicate that an estuary previously existed in that mangrove (f. [Nombre6]). It is indicated that with the evidence received at trial, it was not possible to demonstrate that an estuary existed in the area where the fill was made, but only a mangrove. In this regard, the ruling states: “The court has no doubt whatsoever, and the totality of the evidence, to a greater or lesser extent, locates the mangrove at the scene of the events and before the sector was a pastureland without significant vegetation, as the court was able to verify in the site visit (reconocimiento) conducted during the course of the hearing. All witnesses locate the mangrove at the site; the differences lie in the extent of the mangrove area and its quality…” (f. 1921). Having demonstrated the clearing (corta) of the mangrove and the subsequent fill, the judge turns to determining whether the concept of mangrove as a public zone is protected by the Water Law or the Maritime-Terrestrial Zone Law (f. 1925). The ruling indicates that it is very clear that a mangrove was entirely cleared and razed, but that the concept of mangrove cannot be equated with estuary, as the appellant intends to interpret it. For this purpose, it is analyzed that the Water Law does not include mangroves as an object of protection, and the Maritime-Terrestrial Zone Law, in its article 73, indicates that said law does not apply to mangroves. It points out in detail that the inclusion of mangroves as a State domain zone is not contained in said regulations and that the Office of the Attorney General has attempted to equate mangroves with estuaries in order to sanction the clearing of a mangrove, for which they cite the author [Nombre7], who, commenting on the Maritime-Terrestrial Zone Law and its regulations, states: “…Now, one should not think that mangroves enjoy a public domain regime only until a very recent date. In reality, articles 1 and 3 of the Water Law, No. 276 of August 27, 1942, already gave them that connotation but implicitly…” (Law on the Maritime-Terrestrial Zone and its regulations, annotated and concorded. San José, Guilá Imprenta, 1997, p. 246); meaning that the regulation is not express, and arises from an interpretation that, as indicated, assimilates the concepts of mangrove and estuary, which is not correct, since it is quite clear that the Maritime-Terrestrial Zone Law defines them as distinct concepts. Here it is important to pause and review what an estuary is and what a mangrove is; article two of the regulations to the maritime-terrestrial zone law defines estuary, as “…land immediately next to the bank of a ria through which tidal waters extend”, defines ria as “the part of a river near its entrance to the sea and up to where the tides reach”, on the other hand, [Nombre8], in the Didactic Dictionary of Ecology, defines mangrove, as: “forested community, of flooded lands or wetlands, with plants and trees whose spatial habitat is the swampy marsh of silty water and sandy bank, located particularly at the mouths of rivers”, it is clear that the concepts of mangrove and estuary do not coincide…” (f. 1927). This court agrees with the assessments expressed in the ruling, regarding the content of the Water Law, since upon examination, articles 1 to 5 do not include mangroves as an object of protection, given that it is precisely aimed at the protection of waters that fall within the public and private domain. The judgment correctly points out that the equation of concepts between estuary and mangrove that the appellant seeks flagrantly violates the principle of criminal legality and, therefore, it is not possible to apply the Water Law to this case. Note that the ruling indicates that the Water Law says nothing about mangroves, and since what was filled was a mangrove, then it is not applicable, but rather the maritime-terrestrial zone law. The Maritime-Terrestrial Zone Law, in its article 11, declares that “The area occupied by all the mangroves of the continental and insular coastlines and estuaries of the national territory is also public zone, whatever its extent”, and by virtue of articles 12 and 22, it prohibits all types of development in that zone. Finally, article 61 declares the exploitation of mangroves a crime. But it turns out that the aforementioned law dates from 1977 and article 6 indicates that: “The provisions of this law shall not apply to the areas of cities located on the coastlines, nor to properties registered, in accordance with the law, in the name of private individuals, nor to those whose legitimacy is recognized by the laws.” and as the court established in the judgment, that property where the mangrove was cleared was registered in 1969 (proven fact No. 2, f. 1875), some eight years before the entry into force of the maritime-terrestrial zone law, which cannot come to affect private lands. Indeed, article 11 of the Maritime-Terrestrial Zone Law of March 2, 1977, declares mangroves to be a public zone, however, as the Constitutional Chamber has indicated in judgment 447-91, article 6 excludes from its application properties registered before its entry into force, in such a way that the mangrove cut down and filled on the property subject to this proceeding cannot be considered as public domain, as the appellant intends, and for that reason, the objective element of the charged crime is not configured, namely, that the land on which the mangrove is filled is a public zone under the terms required by articles 11 and 61 of the Maritime-Terrestrial Zone Law. Therefore, the court, although it established that the mangrove was cut down and filled in 1995, the action does not constitute a crime due to lack of typification (tipicidad), hence the acquittal is correct. It is also important to note that the judgment establishes that an estuary never existed at the site, although it admits some influence of saltwater in the area; what actually occurred is that blackwater or rainwater accumulated in that zone, causing significant contamination and the breeding of mosquitoes and gnats that threatened public health. Regarding this point, although the Court does not consider it transcendental, it does reveal that due to the contamination produced at the site, the Ministry of Health issued an order to fill in that mangrove to combat this public health problem (f. 1933), which could eventually serve as an exemption from responsibility for the fill itself. Consequently, the claims made are declared without merit.\n\nTHEREFORE\n\nThe cassation appeal lodged by the Office of the Attorney General of the Republic is declared without merit.- Notify.\n\nRonald Salazar Murillo\n\n[Nombre2] Jorge Alberto Chacón Laurito\n\nJudges of Criminal Cassation" }