{ "id": "nexus-sen-1-0034-292969", "citation": "", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Ratificación de demolición en zona pública marítimo-terrestre pese a absolución por construcción ilegal", "title_en": "Affirmation of demolition order in public maritime zone despite acquittal for illegal construction", "summary_es": "El Tribunal de Casación Penal rechaza el recurso del imputado contra una sentencia que, aunque lo absolvió del delito de construcción ilegal en la zona marítimo terrestre por insuficiencia probatoria sobre su autoría directa, ordenó la demolición del rancho construido en los primeros 50 metros de la zona pública. El tribunal consideró que la construcción se levantó después de la entrada en vigencia de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (1977), sin permiso alguno, en área de uso público donde toda ocupación está prohibida. La concesión municipal previa no autorizaba edificar y la demolición es una consecuencia legal necesaria para restituir el disfrute público de los bienes demaniales, con independencia de la responsabilidad penal del acusado. Se descartan violaciones a la sana crítica y al principio in dubio pro reo, al estar acreditada la ilegalidad de la obra.", "summary_en": "The Criminal Court of Cassation rejects the defendant's appeal against a judgment that, while acquitting him of illegal construction in the maritime terrestrial zone due to insufficient evidence of his direct authorship, ordered the demolition of the ranch built within the first 50 meters of the public zone. The court found that the construction was erected after the Maritime Terrestrial Zone Law (1977) came into force, without any permit, in a public-use area where any occupation is prohibited. The prior municipal concession did not authorize building, and demolition is a necessary legal consequence to restore public enjoyment of public domain assets, independent of the defendant's criminal liability. Alleged violations of the rules of sound criticism and the in dubio pro reo principle are dismissed, as the illegality of the construction was established.", "court_or_agency": "", "date": "", "year": "", "topic_ids": [ "property-and-titling" ], "primary_topic_id": "property-and-titling", "es_concept_hints": [ "Zona Marítimo Terrestre", "Ley 6043", "zona pública", "demanial", "imprescriptibilidad", "pleamar", "concesión municipal", "demolición" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 1", "law": "Ley 6043" }, { "article": "Art. 10", "law": "Ley 6043" }, { "article": "Art. 13", "law": "Ley 6043" }, { "article": "Art. 20", "law": "Ley 6043" }, { "article": "Art. 62", "law": "Ley 6043" } ], "keywords_es": [ "Zona Marítimo Terrestre", "demolición", "construcción ilegal", "absolución penal", "casación", "zona pública", "inalienable", "imprescriptible", "demanial", "concesión municipal", "in dubio pro reo" ], "keywords_en": [ "maritime terrestrial zone", "demolition", "illegal construction", "criminal acquittal", "cassation", "public zone", "inalienable", "imprescriptible", "public domain", "municipal concession", "in dubio pro reo" ], "excerpt_es": "Tal como lo ha sostenido en reiterados fallos este Tribunal: \"Es importante tomar en cuenta, por otra parte, que la zona marítimo terrestre, según lo define el artículo primero de la ley correspondiente, es inalienable e imprescriptible; es decir, que ningún particular adquiere derechos sobre esa zona. Las acciones que define el artículo 62 de la L.Z.M.T., no se desvanecen con el paso del tiempo, siempre y cuando sus efectos se mantengan, tal como ocurre en el caso en examen. La inalterabilidad de los actos de posesión ejercidos sobre bien inalienable, mantiene la imprescriptibilidad de la acción penal. La naturaleza pública de los bienes, el interés público que se protege en la zona marítimo terrestre, le da un efecto continuo a las acciones que pretenden usurpar o desnaturalizar la zona marítimo terrestre.\"\n\nConcomitante con ese criterio derivado de la misma ley, si se ha construido en la zona pública debe demolerse la obra para permitir el libre disfrute de las playas a todas las personas.", "excerpt_en": "As this Court has held in repeated rulings: \"It is important to consider, moreover, that the maritime terrestrial zone, as defined by the first article of the corresponding law, is inalienable and imprescriptible; that is, no private individual acquires rights over that zone. The actions defined by Article 62 of the L.Z.M.T. do not fade with the passage of time, as long as their effects persist, as in the case under review. The unalterable nature of possession acts exercised over inalienable property preserves the imprescriptibility of criminal action. 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Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las nueve horas\nsiete minutos del veinticinco de noviembre de dos mil cuatro.-\n\nRECURSO DE CASACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1], mayor, portador de la\ncédula de identidad número CED1, por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRES\nen su Modalidad de Construcción Ilegal, en perjuicio del ESTADO. Intervienen en la decisión del\nrecurso de casación, los Jueces Jorge Luis Morales García, [Nombre2] y Javier Llobet Rodríguez . Se\napersonaron en casación el Licenciado [Nombre3], Defensor Público del Imputado, la Licenciada\n[Nombre4], Fiscal y el Procurador [Nombre5].\n\nRESULTANDO:\n\nI.- Que mediante sentencia número 98-P-04 de las trece horas con treinta minutos del doce de marzo\nde dos mil cuatro, el Tribunal de Juicio de Puntarenas, resolvió: “POR TANTO: Razones dichas, reglas\nde la sana crítica racional y artículos 39 y 41 de la Constitución Polític, 1, 360 a 363 y 366 todos\ndel Código Procesal Penal, 1, 30, 31, 45, 50, 71 inciso a) a d) del Código Penal, 1, 9, 10, 12 y 13\nde la Ley Número 6043 del 2 de marzo de 1977, Ley de la Zona Marítimo Terrestre, al resolver el\npresente asunto se acuerda: se ABSUELVE DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD al imputado [Nombre1] por el\ndelito de INFRACCIÓN A LA LEY DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRES en su Modalidad de Construcción Ilegal,\nen perjuicio del ESTADO. Lo anterior en aplicación del beneficio de la duda. Se resuelve el aspecto\nlegal sin especial condenatoria en costas. De conformidad con el artículo 13 de la Ley de la Zona\nMarítimo Terrestre se dispone: a-) Se ordena las demoliciones del rancho de paja con un área de\nconstrucción de siete metros treinta de ancho por dieciséis metros ochenta de largo, con seis postes\ntipo horcón de madera quebracho. Así como de la construcción de cuatro metros setenta por cinco\nmetros veinte, el piso es de cemento, la base de la misma es de piedra y sobre esta se monta una\nestructura de madera que tiene una ventana de setenta centímetros de ancho por un metro de alto que\nda al salón del rancho antes descrito. Deberá el imputado proceder a las demoliciones ordenadas\ndentro del plazo de quince días a partir de la firmeza de este fallo, bajo el apercibimiento de que\nen caso de omisión la demolición deberá ser practicada por la autoridad administrativa competente.\nb-) Se le condena a cancelar además el monto de la demolición ordenada en autos. Lic. [Nombre6].\nJUEZ.-\n\nII.- Que contra el anterior pronunciamiento interpuso recurso de casación el Licenciado [Nombre3],\nDefensor Público del Imputado.\n\n III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 450\ndel Código de Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de\ncasación.-\n\nIV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\nRedacta el juez de casación [Nombre7] y,\n\nCONSIDERANDO\n\nI. El licenciado Esteban Amador Garita, defensor público del imputado [Nombre8], formula recurso de\ncasación en contra de la sentencia 98-P-04 de las 16:30 horas del 19 de marzo de 2004, dictada por\nel Tribunal de Juicio de Puntarenas, que absolvió al imputado pero ordenó el derribo de una\nconstrucción en la Zona Marítimo Terrestre.-\n\nII. En el primer motivo de casación por la forma reclama violación de las reglas de la sana crítica\nen la valoración de la prueba, en violación de los artículos 2, 142, 184 y 363 del Código Procesal y\nsus equivalentes de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de\nDerechos Humanos. También se alegan como infringido los artículos 13, 20, 68 y 70 de la Ley de la\nZona Marítimo Terrestre. A criterio del impugnante hay errores in procedendo, porque el Tribunal\nordenó la demolición de la construcción en la zona marítima, partiendo que la misma fue realizada a\ninicios de la década de 1990, sin examinar si el encartado tenía la calidad de ocupante o poblador\nque establecen los artículos 68 y 70 de la ley de zona marítimo terrestre. Afirma que su cliente\ntiene la calidad de ocupante y poblador que refiere la ley, pues en 1985 el imputado le hizo pagos a\nla Municipalidad de Cóbano de Puntarenas por el uso de ese terreno. Tampoco hay prueba que el rancho\nse hubiera construido en la vigencia de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre. Invoca tres elementos\nde prueba valorados erróneamente: que la prueba documental nunca señaló la existencia del rancho, la\ndeclaración de [Nombre9] que ubica la construcción en los años 1990-1994, el imputado dijo que en\n1992 el Ministerio de Salud le obligó a reparar el piso de la cocina del lugar. Sostiene la parte\nque de esas pruebas no se podía derivar que el rancho fuera construido luego de la entrada en\nvigencia de esta legislación, lo cual causa un gravamen irreparable al ordenar bajo esa premisa la\ndemolición del inmueble. Solicita se case el fallo y se anule ese extremo de la sentencia y se\nordene el reenvío Sin lugar el motivo alegado. En la causa se absolvió al imputado por el delito de\nconstrucción ilegal en la zona marítimo terrestre, al no poderse acreditar que personalmente o por\nmedio de otros edificara un rancho en esa área pública. La sentencia, sin embargo, ordena que por\nestar construido dicho rancho en zona pública y no existir permiso alguno debe demolerse lo\nconstruido. El fallo cuestionado, analiza con detalle el alegato de la parte en el sentido que el\nrancho fue construido antes de la entrada en vigencia de la ley, señalando que: \"En criterio de este\nTribunal ese aspecto no ha sido demostrado en el presente asunto. En realidad, la defensa técnica\nbasa su argumentación en un supuesto sin base para sustentarlo; basta con remitirnos a los propios\nautos para desvirtuar el dicho del estimado Defensor Público. En punto a ello, a páginas 64 a 108\nvuelto, sea a las copias certificadas del Expediente Administrativo Municipal de Cóbano de\nPuntarenas, copias que en lo conducente nos indica que este expediente es el número 171-85, sobre\nocupación de la zona marítimo terrestre del señor [Nombre8], es así como a folio 65 se plasma que la\nsolicitud de concesión es de fecha 22 de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, para el lugar\nconocido como Montezuma de Cóbano, provincia de Puntarenas. Rola de páginas 66 a 69, 77, 78, 79, 81,\n84, 86, 88, 89, 91, 93, 94, 98, 103, recibos por dinero entregado por el aquí acusado en concepto de\ncanon que daba a la Municipalidad de Cóbano de Puntarenas, ante la \"concesión\" que posee en el\nsector de Montezuma de Cóbano. Ahora, resulta importante los folios 105 y 106 frente donde consta\nlas también copias certificadas sobre la llamada Sección de Concesiones, de fecha 22 de agosto de\n1985, en donde aparece el nombre del solicitante de esta cesión, precisamente el aquí imputado\n[Nombre1], siendo que los linderos que da son los siguientes: Norte: [Nombre10], Sur: [Nombre11],\nEste: Playa Pública y Calle Pública, Oeste: [Nombre12]. Siendo que a página 106 en el ítem sobre\nMejoras, encontramos la siguiente razón: \"He realizado las siguientes mejoras: Siembra de árboles\nfrutales tales como: Mangos, Aguacates, Naranjas, pipas, caimitos, guanábanas, limón dulce\". No\nindicándose la existencia de un rancho en el sitio. Por lo que en atención a la misma referencia que\ndiera el acusado, el referido rancho para el año 1985 no estaba aún. Y lo anterior se entrelaza a su\nvez con lo declarado por el denunciante en este caso, el caballero [Nombre9], constando a página 1\nfrente y vuelto de la denuncia interpuesta por él, a las ocho horas con diez minutos del treinta de\nabril de mil novecientos noventa y ocho, denuncia en la que expresó: \"Muy respetuosamente me\npresento ante este despacho a denuncia una construcción ilegal de un rancho grande de palma, el cual\nes para fines comerciales en la zona pública en Montezuma, por el momento está empalmado\naproximadamente son unos setenta metros de construcción este mismo obstruye el abceso (sic) a la\nplaya por la parte central el paso ha estado por años abierto al público, el señor que está\nconstruyendo el rancho se llama [Nombre13], vecino de Montezuma, este señor tienen varias\nconstrucciones realizadas pero ninguna dificulta el camino a la playa, únicamente la construcción de\nahora es la que no da paso a la playa, únicamente la construcción de ahora es la que no da paso a la\nplaya, si no me equivoco (sic) con respecto a las otras construcciones creo que ya fueron acusadas y\nese rancho había sido construido hace ocho años al inicio de la administración de [Nombre14] […]\" (\nLa negrita es suplida). Obsérvese que con respecto a la denuncia se logra desprender de la misma que\nla susodicha construcción si bien tiene varios años de estar levantada en el lugar, en la zona\npública, tan bien (sic) es lo cierto que el denunciante y testigo [Nombre9] la ubica temporalmente a\npartir de la administración del expresidente de la República, [Nombre15], como bien es sabido el\nmismo desarrolló su gestión presidencial gravitó del período 1990 - 1994, de manera que si el\ntestigo en cuestión alude que la construcción se dio a inicios de ese período presidencial ello nos\npermite ubicar temporalmente que la construcción se levantó a principios de los años 90, máxime,\ncomo repito, cuando en la solicitud original de \"concesión\" en el año 1985, el sindicado [Nombre16]\nno hizo alusión alguna a su existencia, lo que es entendible en el tanto la misma para 1985 aún no\nestaba levantada, por lo que no es cierto lo que dijo el acusado al tratar de hacernos creer que ese\nrancho siempre ha estado ahí, que él lo conoce - al rancho- desde que estaba chiquillo. Por lo\ntanto, es claro que su posesión sobre el terreno ubicado en la zona pública se produjo cuando ya se\nencontraba en vigencia la Ley de la Zona Marítimo Terrestre vigente.\" (f. 333-334) Como se desprende\nde lo transcrito, el fallo analiza cada uno de los elementos de prueba aportados al expediente para\nllegar a determinar que la construcción del rancho en la zona marítima fue iniciada muy posterior a\nla entrada en vigencia de la ley. Destaca el juzgador que la denuncia planteada por el señor\n[Nombre17] es muy clara en señalar el período en que fue construido en el lugar, concretamente el\nperíodo de gobierno de [Nombre15], de manera tal que, hechas las verificaciones por el Juez, le\nresulta claro que es posterior a la creación de la ley que regula esa zona. Luego, también alude a\nque el encartado no tenía permiso de construcción y que cuando pidió una concesión señaló como\nmejoras la siembra de árboles, sin incluir ninguna construcción, lo que evidencia que fue levantada\ncon posterioridad. No observa este tribunal ningún vicio en el razonamiento vertido por el Tribunal\nde Juicio en la sentencia, ni respecto del valor asignado a los elementos de prueba que se le\naportaron, muy por el contrario, analiza en forma detallada la prueba y llega a determinar que la\nconstrucción del rancho fue posterior a la vigencia de la ley y al no estar autorizada debe\nordenarse la demolición de la misma, descartando también la existencia de cualquier derecho en la\ncategoría de poblador como se alega. Es muy claro el fallo además cuando analiza el derecho de\nocupación que tiene el encartado, el cual le concedió la Municipalidad de Cóbano, en donde se señala\nque según el expediente 171-85 de ese municipio, se le autorizó una concesión pero nunca se le ha\notorgado ningún derecho de construir ningún rancho ( f. 323). Por demás, el juzgador es contundente\nal señalar los vicios de la concesión, pues incluso se autoriza en una parte de la zona pública, lo\ncual es absolutamente prohibido, dado que la ley de la Zona Marítimo Terrestre, en sus artículos 10,\n20 y 22 es clara en indicar que en la franja de los 50 metros que se denomina zona pública, está\nprohibido todo tipo de ocupación y bajo ningún título puede ser alegado. En consecuencia, no existe\nvicio alguno, pues si bien el encartado tenía una concesión en la zona, nunca se le autorizó\nlevantar ningún rancho, mucho menos podría serlo en la zona pública que está totalmente vedado por\nley, de ahí que lo resuelto sea correcto y es derivación directa de la prueba y del análisis\njurídico aplicado al caso. Por lo anterior se declara sin lugar el motivo alegado.-\n\nIII. Como segundo motivo de casación por la forma se reclama violación del principio indubio pro\nreo. Alega el impugnante que de la prueba recogida en juicio hay una duda razonable sobre la fecha\nexacta en que se construyó el inmueble en la zona marítima, pues del expediente 171-85 de la\nMunicipalidad de Cóbano en el cual se le dio una concesión al acusado, no hay elementos para\ndescartar que a esa fecha existiera la construcción. La certificación de dicha Municipalidad de 8 de\njunio de 1988 tampoco es suficiente, porque lo que ahí se dice es que ese municipio no ha concedido\npermiso para la construcción del rancho al señor [Nombre1], lo cual es irrelevante, dado que tampoco\nse demostró que él construyó el rancho. El recurrente hace un análisis de la prueba y llega a\ndeterminar que no se ha demostrado la fecha de construcción y que hay duda al respecto que debe\nfavorecer al reo por lo que pide acoger el recurso y anular lo resuelto. No lleva razón el\nrecurrente. Tal como se indicó en el punto anterior, el fallo analiza con detalle los derechos que\nadquirió el imputado con una concesión, que incluso sobrepasan los que autoriza la ley y que el\nrancho fue construido en la administración [Nombre15], que fue posterior al año 1990, cuando ya\nestaba vigente la Ley de la Zona Marítimo Terrestre. Es decir, el rancho en cuestión si fue\nconstruido en la vigencia de la ley y sin permiso, en consecuencia debe sufrir las consecuencias que\nla misma ley indica, cual es la demolición para no limitar a los usuarios de la playa en el\nejercicio de un derecho a disfrutar de esos bienes demaniales. El alegato de in dubio pro reo es\ndesafortunado, dado que se observa que el juzgador en ningún momento tiene duda alguna acerca de la\nsituación jurídica reinante en la zona pública objeto de discusión y no se observan vicios en el\nanálisis de la prueba que lleven a conclusión diferente que la externada en el fallo. Tampoco cobra\nimportancia en el caso quién fue la persona que construyó el rancho de comentario, pues el hecho de\nque no se acreditara que lo hizo el encartado no tiene la virtud de legitimar un acto contrario a la\nley. Si se construyó un rancho en la zona pública, en la cual es prohibido construir o realizar\ncualquier tipo de desarrollo, en consecuencia debe demolerse el bien, tal como lo ordena el fallo y\nprocede por ello desestimar los alegatos de la parte.-\n\nIV. Como único motivo de casación por el fondo el impugnante reclama errónea aplicación de los\nartículo s13 y 20, 68 y 70 de la Ley de la zona marítimo terrestre, toda vez que de la prueba no se\npuede concluir que el imputado no habitara el lugar antes de la entrada en vigencia de la ley de\ncita, es decir, del 2 de marzo de 1977. Solicita se aplique la ley más favorable al acusado y se\ndeclare que la posesión ejercida por el imputado se encuentra amparada a los artículos 68 y 70 de la\nley que regula la materia, por lo que no procede el derribo ordenado. Se declara sin lugar el\nreclamo. Se acreditó en el proceso que el encartado ejerce posesión sobre un bien demanial debido a\nuna concesión otorgada por la Municipalidad de Cóbano y no se tuvo por cierto en ningún momento que\nviniera ejerciendo posesión antes de la vigencia de la ley como para quedar exceptuado de ella. La\nlectura total del fallo permite establecer que se acreditó en el proceso que el encartado viene\nexplotando una construcción levantada al margen de la ley, o sea, en abierta infracción de la Ley de\nZona Marítimo Terrestre, que prohibe todo tipo de ocupación y desarrollo en la zona pública. La zona\nmarítima se compone de doscientos metros desde la pleamar en todo el litoral y se divide en una\nprimera zona de cincuenta metros del mar hacia fuera, en la que es absolutamente prohibo todo tipo\nde ocupación o construcción, porque está destinada al uso público de todos los ciudadanos,\npermitiendo el artículo 29 de la Ley dar concesiones pero sobre los restantes ciento cincuenta\nmetros que son la zona restringida. La parte pretende que en esta sede se le reconozca la condición\nde poblador que otorgó la ley, no obstante no hay prueba que así lo señale, por el contrario, la\nrecibida en juicio y valorada por el juzgador, revela que explota una construcción levantada para la\ncual no se obtuvo el permiso respectivo, que además no se le hubiera autorizado por estar en la zona\npública. Tal como lo ha sostenido en reiterados fallos este Tribunal:\n\n\"Es importante tomar en cuenta, por otra parte, que la zona marítimo terrestre, según lo define el\nartículo primero de la ley correspondiente, es inalienable e imprescriptible; es decir, que ningún\nparticular adquiere derechos sobre esa zona. Las acciones que define el artículo 62 de la L.Z.M.T.,\nno se desvanecen con el paso del tiempo, siempre y cuando sus efectos se mantengan, tal como ocurre\nen el caso en examen. La inalterabilidad de los actos de posesión ejercidos sobre bien inalienable,\nmantiene la imprescriptibilidad de la acción penal. La naturaleza pública de los bienes, el interés\npúblico que se protege en la zona marítimo terrestre, le da un efecto continuo a las acciones que\npretenden usurpar o desnaturalizar la zona marítimo terrestre. \" (Sentencia del Tribunal de Casación\nPenal No. 2002-0298 10:20 hrs. del 19 de abril de 2002).\n\n \n\nConcomitante con ese criterio derivado de la misma ley, si se ha construido en la zona pública debe\ndemolerse la obra para permitir el libre disfrute de las playas a todas las personas. No existiendo\nelementos de juicio para determinar ningún derecho del encartado sobre esa zona, como alega la\nparte, lo procedente es declarar sin lugar el motivo alegado y el recurso de casación planteado.\n\nPOR TANTO\n\nSe declara sin lugar el recurso de casación planteado por [Nombre8]. Notifíquese.-\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nJorge Luis Morales García\n\n \n\n \n\n \n\n[Nombre2] Javier Llobet Rodríguez\n\nJueces de Casación Penal\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nExp. 98-000034-591-PE\n\nImputado: [Nombre1]\n\nPor: Infracción a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre\n\nOfendido: El Estado\n\nKPA", "body_en_text": "CASSATION APPEAL\n\nCase: 98-000034-591-PE-8\n\nRes: [Telf1]\n\n CRIMINAL CASSATION COURT. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at nine hours\nseven minutes on the twenty-fifth of November of two thousand four.-\n\nCASSATION APPEAL filed in the present case against [Nombre1], of legal age, holder of\nidentity card number CED1, for the crime of VIOLATION OF THE MARITIME-TERRESTRIAL ZONE LAW\nin the form of Illegal Construction, to the detriment of the STATE. Judges Jorge Luis Morales García, [Nombre2], and Javier Llobet Rodríguez participate in the decision on the\ncassation appeal. Appearing in cassation were Licenciado [Nombre3], Public Defender of the Accused, Licenciada\n[Nombre4], Prosecutor, and the Procurador [Nombre5].\n\nWHEREAS:\n\nI.- That by judgment number 98-P-04 of thirteen hours and thirty minutes on the twelfth of March\nof two thousand four, the Trial Court of Puntarenas, resolved: “THEREFORE: For the reasons stated, rules\nof rational sound criticism (reglas de la sana crítica racional) and articles 39 and 41 of the Political Constitution, 1, 360 to 363 and 366 all\nof the Code of Criminal Procedure, 1, 30, 31, 45, 50, 71 subsections a) to d) of the Criminal Code, 1, 9, 10, 12 and 13\nof Law Number 6043 of March 2, 1977, Ley de la Zona Marítimo Terrestre, in resolving the\npresent matter it is agreed: the accused [Nombre1] is ACQUITTED OF ALL PUNISHMENT AND RESPONSIBILITY for the\ncrime of VIOLATION OF THE LEY DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRES in the form of Illegal Construction,\nto the detriment of the STATE. The foregoing in application of the benefit of the doubt. The legal aspect is resolved\nwithout special order as to costs. In accordance with article 13 of the Ley de la Zona\nMarítimo Terrestre it is ordered: a-) The demolition is ordered of the thatched-roof rancho with a construction\narea of seven meters thirty wide by sixteen meters eighty long, with six\nforked posts of quebracho wood. As well as the construction of four meters seventy by five\nmeters twenty, the floor is of cement, the base is of stone and on this is mounted a\nwooden structure that has a window seventy centimeters wide by one meter high that\nopens into the main room of the rancho described above. The accused must proceed with the demolitions ordered\nwithin a period of fifteen days from the finality of this judgment, under warning that\nin case of omission the demolition must be carried out by the competent administrative authority.\nb-) He is also sentenced to pay the cost of the demolition ordered in these proceedings. Lic. [Nombre6].\nJUDGE.-\n\nII.- That against the preceding ruling Licenciado [Nombre3],\nPublic Defender of the Accused, filed a cassation appeal.\n\n III.- That upon verification of the respective deliberation in accordance with the provisions of article 450\nof the Code of Criminal Procedure, the Court considered the issues raised in the cassation\nappeal.-\n\nIV.- That in the proceedings the pertinent legal requirements have been observed.\n\nJudge of Cassation [Nombre7] writes this, and,\n\nCONSIDERING\n\nI. Licenciado Esteban Amador Garita, public defender of the accused [Nombre8], files a cassation\nappeal against judgment 98-P-04 of 16:30 hours on March 19, 2004, handed down by\nthe Trial Court of Puntarenas, which acquitted the accused but ordered the demolition of a\nconstruction in the Zona Marítimo Terrestre.-\n\nII. In the first ground of cassation on procedural grounds, he claims violation of the rules of sound criticism (reglas de la sana crítica)\nin the assessment of evidence, in violation of articles 2, 142, 184, and 363 of the Procedural Code and\ntheir equivalents in the American Convention on Human Rights and the Universal Declaration of\nHuman Rights. Articles 13, 20, 68, and 70 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre are also alleged as infringed. In the challenger’s opinion, there are procedural errors (errores in procedendo), because the Court\nordered the demolition of the construction in the maritime zone, starting from the premise that it was built\nat the beginning of the 1990s, without examining whether the accused had the status of occupant (ocupante) or settler (poblador)\nestablished by articles 68 and 70 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre. He affirms that his client\nhas the status of occupant (ocupante) and settler (poblador) referred to in the law, since in 1985 the accused made payments to\nthe Municipality of Cóbano de Puntarenas for the use of that land. Nor is there proof that the rancho\nwas built during the term of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre. He invokes three elements\nof evidence that were erroneously assessed: that the documentary evidence never indicated the existence of the rancho, the\nstatement of [Nombre9] that places the construction in the years 1990-1994, and the accused said that in\n1992 the Ministry of Health forced him to repair the kitchen floor of the place. The party maintains\nthat from this evidence it could not be derived that the rancho was built after the entry\ninto force of this legislation, which causes irreparable harm by ordering under that premise the\ndemolition of the property. He requests that the judgment be quashed and that this part of the sentence be annulled and\na retrial ordered. The ground alleged is without merit. In the case, the accused was acquitted of the crime of\nillegal construction in the zona marítimo terrestre, as it could not be proven that he personally or through\nothers built a rancho in that public area. The judgment, however, orders that because said rancho is built\nin a public zone and no permit whatsoever exists, the built structure must be demolished. The questioned ruling analyzes in detail the party's allegation that\nthe rancho was built before the law came into force, pointing out that: \"In this\nCourt's opinion, that aspect has not been demonstrated in the present matter. In reality, the technical defense\nbases its argument on an unfounded assumption; it suffices to refer to the case file\nitself to refute the esteemed Public Defender's claim. On this point, on pages 64 to 108\nverso, that is, the certified copies of the Municipal Administrative File of Cóbano de\nPuntarenas, copies which, as pertinent, indicate to us that this file is number 171-85, regarding\noccupation of the zona marítimo terrestre by Mr. [Nombre8], thus on folio 65 it is recorded that the\nrequest for a concession (concesión) is dated August 22, nineteen hundred and eighty-five, for the place\nknown as Montezuma de Cóbano, province of Puntarenas. On pages 66 to 69, 77, 78, 79, 81,\n84, 86, 88, 89, 91, 93, 94, 98, 103, there are receipts for money delivered by the accused here as\na fee (canon) paid to the Municipality of Cóbano de Puntarenas, for the 'concession (concesión)' he holds in the\nsector of Montezuma de Cóbano. Now, folios 105 and 106 front are important, where there are\nalso the certified copies regarding the so-called Concessions Section (Sección de Concesiones), dated August 22,\n1985, where the name of the applicant for this grant appears, precisely the accused here\n[Nombre1], and the boundaries given are the following: North: [Nombre10], South: [Nombre11],\nEast: Public Beach and Public Street, West: [Nombre12]. And on page 106 in the item about\nImprovements (Mejoras), we find the following entry: 'I have made the following improvements: Planting of fruit\ntrees such as: Mangoes, Avocados, Oranges, Coconuts, Star Apples, Soursops, Sweet Lemon.' The existence of a rancho on the site was\nnot indicated. Therefore, in view of the same reference given by the accused, the referred rancho did not yet exist in 1985. And the foregoing is intertwined\nin turn with the statement of the complainant in this case, the gentleman [Nombre9], recorded on page 1\nfront and verso of the complaint filed by him, at eight hours and ten minutes on the thirtieth of\nApril of nineteen hundred and ninety-eight, a complaint in which he expressed: 'Very respectfully I\ncome before this office to report an illegal construction of a large palm rancho, which\nis for commercial purposes in the public zone in Montezuma, at the moment it is connected\napproximately seventy meters of construction that obstructs the access (sic) to the\nbeach through the central part, the passage has been open to the public for years, the man who is\nbuilding the rancho is named [Nombre13], a resident of Montezuma, this man has several\nbuildings constructed but none obstructs the path to the beach, only the construction\nnow being built is what does not allow passage to the beach, only the construction now being built is what does not allow passage to the\nbeach, if I am not mistaken (sic) regarding the other constructions I believe they have already been reported and\nthat rancho had been built eight years ago at the beginning of the administration of [Nombre14] [...]' (\nThe bold text is supplied). Observe that with respect to the complaint, it can be deduced from it that\nthe aforementioned construction, although it has been standing for several years at the place, in the public\nzone, it is also (sic) true that the complainant and witness [Nombre9] places it temporally\nstarting from the administration of the former President of the Republic, [Nombre15], as is well known,\nhis presidential term ran from the 1990 - 1994 period, so that if the\nwitness in question alludes that the construction took place at the beginning of that presidential term, this allows\nus to locate temporally that the construction was built in the early 90s, especially,\nas I repeat, when in the original application for 'concession (concesión)' in the year 1985, the accused [Nombre16]\nmade no reference whatsoever to its existence, which is understandable insofar as it had not yet been built in 1985,\nso what the accused said in trying to make us believe that this\nrancho has always been there, that he has known it - the rancho - since he was a little boy, is not true. Therefore,\nit is clear that his possession of the land located in the public zone occurred when the\ncurrent Ley de la Zona Marítimo Terrestre was already in force.\" (f. 333-334) As can be deduced\nfrom the transcribed text, the ruling analyzes each one of the elements of evidence provided to the file to\narrive at the determination that the construction of the rancho in the maritime zone began well after\nthe entry into force of the law. The judge highlights that the complaint filed by Mr.\n[Nombre17] is very clear in indicating the period in which it was built at the site, specifically the\ngovernment period of [Nombre15], so that, the verifications having been made by the Judge,\nit is clear to him that it was after the creation of the law that regulates that zone. Subsequently, he also alludes\nto the fact that the accused had no construction permit and that when he requested a concession (concesión) he indicated as\nimprovements the planting of trees, without including any construction, which shows that it was built\nsubsequently. This court observes no flaw in the reasoning delivered by the Trial\nCourt in the judgment, nor regarding the value assigned to the elements of evidence provided to it;\nquite the contrary, it analyzes in detail the evidence and arrives at the determination that the\nconstruction of the rancho was after the law was in force, and not being authorized,\nits demolition must be ordered, also discarding the existence of any right in the category of settler (poblador) as alleged. The ruling is also very clear when analyzing the right of\noccupation that the accused has, which was granted to him by the Municipality of Cóbano, wherein it is noted\nthat according to file 171-85 of that municipality, he was authorized a concession (concesión) but he was never\ngranted any right to build any rancho (f. 323). Furthermore, the judge is emphatic\nin pointing out the flaws of the concession (concesión), since it is even authorized in a part of the public zone, which\nis absolutely prohibited, given that the Ley de la Zona Marítimo Terrestre, in its articles 10,\n20, and 22, is clear in indicating that in the strip of 50 meters called the public zone (zona pública), all\ntypes of occupation are prohibited and under no title can it be claimed. Consequently, there is no\nflaw whatsoever, because although the accused had a concession (concesión) in the zone, he was never authorized to\nbuild any rancho, much less could it be in the public zone (zona pública) which is completely prohibited by\nlaw, hence what was resolved is correct and is a direct derivation of the evidence and the legal\nanalysis applied to the case. Therefore, the ground alleged is declared without merit.-\n\nIII. As a second ground of cassation on procedural grounds, violation of the principle of in dubio pro\nreo is claimed. The challenger alleges that from the evidence gathered at trial there is reasonable doubt about the exact\ndate on which the property was built in the maritime zone, since from file 171-85 of the\nMunicipality of Cóbano in which the accused was given a concession (concesión), there are no elements to\ndiscard that the construction existed at that date. The certification from said Municipality of June 8,\n1988 is also not sufficient, because what is stated there is that the municipality has not granted\na permit for the construction of the rancho to Mr. [Nombre1], which is irrelevant, given that it was also\nnot demonstrated that he built the rancho. The appellant makes an analysis of the evidence and arrives at\nthe conclusion that the date of construction has not been demonstrated and that there is doubt in this regard that must\nfavor the accused (reo), so he requests that the appeal be upheld and the resolved matter be annulled. The appellant’s argument does not hold water. As indicated in the previous point, the ruling analyzes in detail the rights\nacquired by the accused with a concession (concesión), which even surpass those authorized by law, and that the\nrancho was built during the [Nombre15] administration, which was after 1990, when\nthe Ley de la Zona Marítimo Terrestre was already in force. That is, the rancho in question was indeed\nbuilt while the law was in force and without a permit; consequently, it must suffer the consequences that\nthe law itself indicates, which is demolition so as not to limit the users of the beach in\nthe exercise of their right to enjoy those public domain assets (bienes demaniales). The allegation of in dubio pro reo is\nunfortunate, given that it is observed that the judge at no time has any doubt about the\nprevailing legal situation in the public zone (zona pública) under discussion, and no flaws are observed in\nthe analysis of the evidence that would lead to a different conclusion from the one expressed in the ruling. Nor does\nit have any importance in the case who the person was who built the rancho in question, because the fact\nthat it was not proven that the accused did it does not have the power to legitimize an act contrary to the\nlaw. If a rancho was built in the public zone (zona pública), in which it is prohibited to build or carry out\nany type of development, consequently the property must be demolished, as the ruling orders, and\nit is therefore appropriate to dismiss the party’s allegations.-\n\nIV. As the sole ground of cassation on the merits, the challenger claims erroneous application of\narticles 13, 20, 68, and 70 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre, since from the evidence it cannot\nbe concluded that the accused did not inhabit the place before the entry into force of the cited law,\nthat is, before March 2, 1977. He requests that the most favorable law to the accused be applied and\nthat it be declared that the possession exercised by the accused is protected by articles 68 and 70 of the\nlaw that regulates the matter, so the ordered demolition does not proceed. The claim is declared without\nmerit. It was proven in the proceedings that the accused exercises possession over a public domain asset (bien demanial) due to\na concession (concesión) granted by the Municipality of Cóbano, and it was never held as certain that\nhe had been exercising possession before the law was in force so as to be excepted from it. A\ncomplete reading of the ruling allows us to establish that it was proven in the proceedings that the accused has been\noperating a construction built outside the law, that is, in open violation of the Ley de\nZona Marítimo Terrestre, which prohibits all types of occupation and development in the public zone (zona pública). The zona\nmarítima is composed of two hundred meters from the high tide line (pleamar) along the entire coastline and is divided into a\nfirst zone of fifty meters from the sea outward, in which all types\nof occupation or construction are absolutely prohibited, because it is intended for the public use of all\ncitizens, article 29 of the Law allowing concessions (concesiones) but on the remaining one hundred and fifty\nmeters that are the restricted zone (zona restringida). The party seeks that in this venue he be recognized with the condition\nof settler (poblador) that the law granted; however, there is no evidence that indicates this; on the contrary, the\nevidence received at trial and assessed by the judge reveals that he operates a construction built for\nwhich the respective permit was not obtained, and which would not have been authorized to him because it is in the public\nzone (zona pública). As this Court has held in repeated judgments:\n\n\"It is important to bear in mind, moreover, that the zona marítimo terrestre, as defined in article\none of the corresponding law, is inalienable and imprescriptible; that is, no\nindividual acquires rights over that zone. The actions defined by article 62 of the L.Z.M.T.,\ndo not vanish with the passage of time, as long as their effects continue, as occurs in the case\nunder review. The unalterability of the acts of possession exercised over an inalienable asset,\nmaintains the imprescriptibility of the criminal action. The public nature of the assets, the public\ninterest protected in the zona marítimo terrestre, gives a continuous effect to actions that\nseek to usurp or denature the zona marítimo terrestre.\" (Judgment of the Criminal Cassation Court\nNo. 2002-0298 10:20 hrs. on April 19, 2002).\n\n \n\nConcomitant with this criterion derived from the law itself, if construction has been carried out in the public zone (zona pública), the\nwork must be demolished to allow the free enjoyment of the beaches by all persons. There being no\ngrounds for judgment to determine any right of the accused over that zone, as the\nparty alleges, the appropriate course is to declare the alleged ground and the filed cassation appeal\nwithout merit.\n\nTHEREFORE\n\nThe cassation appeal filed by [Nombre8] is declared without merit. Notify.-\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nJorge Luis Morales García\n\n \n\n \n\n \n\n[Nombre2] Javier Llobet Rodríguez\n\nJudges of Criminal Cassation\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nCase: 98-000034-591-PE\n\nAccused: [Nombre1]\n\nFor: Violation of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre\n\nVictim: The State\n\nKPA" }