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  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Jurisprudencia sobre prescripción penal en delitos forestales",
  "title_en": "Case law on criminal statute of limitations in forestry offenses",
  "summary_es": "El recurso de casación impugna un sobreseimiento definitivo dictado en favor del imputado por el delito de infracción a la Ley Forestal. El tribunal de casación, siguiendo el criterio de la Sala Tercera (voto 383-02), determina que la prescripción no opera con el solo inicio del procedimiento, sino únicamente cuando concurren los actos interruptores taxativos del artículo 33 del Código Procesal Penal, como la primera imputación formal. En el caso concreto, no ha transcurrido el plazo de prescripción de tres años, pues la declaración del imputado y la sentencia de sobreseimiento interrumpieron el plazo. Sin embargo, el recurso se declara sin lugar por carecer de interés: de los hechos probados se desprende que la tala de un árbol de cedro ocurrió en propiedad privada (entrada de una vivienda conocida como de 'la peruana'), sin afectar bosque, zona protegida o área forestal, por lo que los hechos no se subsumen en la Ley Forestal y, eventualmente, podrían constituir otro ilícito no denunciado.",
  "summary_en": "The appeal challenges a definitive dismissal granted to the defendant for violation of the Forestry Law. The criminal cassation court, following the Third Chamber's precedent (vote 383-02), holds that the statute of limitations is not interrupted nor reduced by the mere initiation of the proceeding, but only upon the occurrence of the exhaustive interrupting acts listed in Article 33 of the Criminal Procedure Code, such as the first formal imputation. In this case, the three‑year limitation period had not expired because the defendant’s statement and the dismissal ruling interrupted it. Nevertheless, the appeal is dismissed as without merit: the proven facts show that the felling of a cedar tree took place on private property (the entrance of a property known as 'the Peruvian woman’s'), without affecting any forest, protected area or forestry land. Thus, the conduct does not fulfill the elements of the Forestry Law offense and could, at most, constitute a different, unreported crime.",
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    "Criminal Procedure Code"
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  "excerpt_es": "De lo anterior se deriva con absoluta claridad que la presunta acción desplegada por el encartado no se realizó en ninguna zona protegida, bosque o área que pueda catalogarse como forestal. Con lo cual no se tipifica el delito de infracción a la ley forestal en su modalidad de aprovechamiento ilegal de madera. (...) Así las cosas, en el presente asunto, el bien jurídico tutelado en la Ley Forestal no ha sufrido ningún peligro, puesto que la corta o tala se dio en una propiedad privada y sin el consentimiento de su propietaria. Hechos que eventualmente podrían tipificar otra figura penal. Sin embargo, ni la ofendida ni sus representantes legales han presentado denuncia alguna.",
  "excerpt_en": "It clearly follows that the alleged action carried out by the accused did not take place in any protected zone, forest or area that could be classified as forestry land. Thus, the offense of violation of the forestry law in its modality of illegal timber harvesting is not established. (...) Consequently, in the present matter, the legal interest protected by the Forestry Law has suffered no danger, since the cutting or felling occurred on private property and without the consent of its owner. These facts could potentially constitute a different criminal offense. However, neither the victim nor her legal representatives have filed any complaint.",
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    "summary_en": "The prosecutor's cassation appeal is denied; although the statute of limitations has not expired, the facts do not constitute a forestry offense because they occurred on non‑forest private property.",
    "summary_es": "Se declara sin lugar el recurso de casación del fiscal; aunque no ha operado la prescripción, los hechos no constituyen delito forestal por ocurrir en propiedad privada no forestal."
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      "quote_es": "el bien jurídico tutelado en la Ley Forestal no ha sufrido ningún peligro, puesto que la corta o tala se dio en una propiedad privada y sin el consentimiento de su propietaria."
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      "quote_en": "it is not correct to understand that the legislature contemplated two different hypotheses, since the provision refers to a single one that has no break in continuity, not even from a grammatical perspective.",
      "quote_es": "no es correcto entender que el legislador contempló dos hipótesis distintas, ya que la norma se refiere a una sola que no tiene solución de continuidad, ni siquiera desde la perspectiva gramatical."
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  "body_es_text": "Exp:\n\nExp: 02-200235-413-PE-2\n\nRes: [Telf1]\n\n TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las ocho horas con\ncincuenta y ocho minutos del veinticinco de mayo de dos mil cinco.\n\nRECURSO DE CASACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1], cédula de identidad\nCED1, 40 años de edad, unión libre, con [Nombre2], costarricense, oficio ocasionas, vecino de Nuevo\nArenal de Tilarán el veintinueve de marzo de 1964, por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL, en\nperjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, los Jueces [Nombre3],\n[Nombre4] y Ulises Zúñiga Morales. Se apersonaron en casación el Licenciado [Nombre5], fiscal y el\nLicenciado [Nombre6], en representación del Estado.\n\nRESULTANDO:\n\nI.- Que mediante sentencia número 58-04 de las dieciséis y treinta horas del ocho de octubre del dos\nmil cuatro, el Tribunal Penal de Guanacasate, sede Cañas, resolvió: “POR TANTO: Por lo expuesto y\nartículos 37, 39, 41 constitucionales 1, 11, 19 del Código Penal, 1, 2, 6, 141, 142, 33, 311 a 312\ndel Código Procesal Penal, se SOBRESEE DEFINITIVAMENTE a [Nombre7] del DELITO DE INFRACCIÓN A LA LEY\nFORESTAL, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Oportunamente archívese el expediente. Sin\nespecial condenatoria en costas. [Nombre8]. Juez”.\n\nII.- Que contra el anterior pronunciamiento interpuso recurso de casación el Licenciado [Nombre5],\nfiscal.\n\n III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 450\ndel Código de Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de\ncasación.\n\nIV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\nRedacta el Juez [Nombre9]; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\n I.- El recurso de casación reúne los requisitos de admisibilidad establecidos por los artículos\n422, 423, 424, 443, 444, 445 del Código Procesal Penal, entrándose a resolver los aspectos\nplanteados.\n\n II.- En el único motivo de casación, el fiscal auxiliar de [Nombre10] alega la incorrecta\naplicación del artículo 33 del Código Procesal Penal. Reclama que el juzgador interpreta que la\nacción penal se encuentra prescrita en el tanto transcurrieron más de dieciocho meses desde la\ninterposición de la denuncia hasta que el imputado fue “indagado”. Tesis que considera equivocada.\nAduce que si bien la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en una primera resolución\nresolvió que bastaba el inicio del procedimiento para reducir los plazos de prescripción a la mitad\n(Voto 368-00 de las 9:15 horas del 7 de abril de 2000), posteriormente, con un mejor estudio del\ntema, determinó que para la reducción de los plazos, además del inicio del procedimiento era\nnecesario que se diera alguna de las causales de interrupción expresamente señaladas en el artículo\n33 del Código Procesal Penal. Solicita se declare con lugar el recurso interpuesto, se anule la\nsentencia de sobreseimiento y se ordene continuar con los procedimientos. SIN LUGAR EL RECURSO.\nAunque lleva razón el señor fiscal cuando afirma que el solo inicio del procedimiento no implica la\nreducción de los plazos a la mitad, pues para que ello ocurra es necesario que también se de alguna\nde las causales expresamente señaladas en el artículo 33 del Código Procesal Penal. Sobre el\nparticular la Sala Tercera ha señalado que:\n\n “… en las causas que se han tramitado íntegramente aplicando el Código de rito de 1996 (excluyendo,\nentonces, las que ya se encontraban en trámite antes del 1 de enero de 1998), no es en sí el\n“inicio” del proceso lo que apareja esos efectos (reductor e interruptor), sino solo cuando se\nproducen los actos que se describen en los incisos correspondientes del artículo 33, a saber: “a) La\nprimera imputación formal de los hechos al encausado, en los delitos de acción pública. b) La\npresentación de la querella, en los delitos de acción privada. c) Cuando la realización del debate\nse suspenda por causas atribuibles a la defensa, con el propósito de obstaculizar el normal\ndesarrollo de aquel, según declaración que efectuará el tribunal en resolución fundada. d) El\ndictado de la sentencia, aunque no se encuentre firme”. En el voto 368-2000 se indicó que asumir que\nel solo inicio del procedimiento tenía como consecuencia reducir los plazos de prescripción -e\ninterrumpirlos, por las razones que recién se explicaron-, resultaba acorde con la regla de\ninterpretación restrictiva que recoge el artículo 2 del Código, por ser la que más favorecía al\nacusado. No obstante, cuando se analiza el punto con mayor detenimiento, se concluye que eso no es\ncierto en todos los casos y, por ende, no puede ser aplicable a ninguno, desde que “interpretación\nrestrictiva” no es sinónimo de “interpretación casuística” y, al contrario, esta última entraña en\nsí notables riesgos que atentan contra principios fundamentales como la seguridad jurídica y la\nigualdad ante la ley. Y es que el criterio que la Sala sostuvo presenta el grave inconveniente de\nadelantar a un momento de por sí impreciso (como lo es, el “inicio del procedimiento”), el efecto de\ninterrumpir la prescripción en curso; de tal manera que en aquellos supuestos de delitos de acción\npública en los que el plazo esté por fenecer, cualquier acto que pueda catalogarse como el referido\n“inicio” (v. gr.: un informe de la policía, una denuncia, o cualquier “señalamiento” policial, según\nlo que desee entenderse), sería capaz de hacer que el término comience un nuevo decurso, sin que su\nreducción a la mitad conlleve ningún beneficio real para el justiciable; sino que más bien haría que\nel plazo (que de otro modo habría expirado) se prolongue y se interrumpa por segunda vez cuando se\nefectúe la primera imputación formal, es decir, cuando el Ministerio Público le informe de los\nhechos que se le atribuyen y de las pruebas que existen en su contra. Pero, además de que lo\nconsiderado en su oportunidad como una vía hermenéutica restrictiva solo lo fue en apariencia, lo\ncierto es que no es preciso acudir a ella cuando el sentido gramatical o literal de la norma es\nclaro y no requiere otro tipo de interpretaciones. El texto del artículo 33 señala con claridad\n“Iniciado el procedimiento, los plazos establecidos en el artículo trasanterior se reducirán a la\nmitad y volverán a correr de nuevo a partir de los siguientes momentos…”. Conforme se aprecia, no es\ncorrecto entender que el legislador contempló dos hipótesis distintas, ya que la norma se refiere a\nuna sola que no tiene solución de continuidad, ni siquiera desde la perspectiva gramatical. El\nprecepto persigue, únicamente, fijar las reglas sobre el cómputo y la interrupción de la\nprescripción, cuando ya el proceso se ha iniciado. Además, como se indicó supra, el criterio que\nantes sostuvo esta Sala significaría que, junto a los actos y situaciones con eficacia interruptora\nque contemplan los incisos a), b), c) y d) del artículo 33, habría que agregar uno más –el “inicio\ndel procedimiento”-, creado por vía jurisprudencial y no legislativa; lo que, de cierto, perjudica\nlos intereses del acusado y atenta contra el principio de taxatividad que rige a plenitud en materia\nde interrupción de la prescripción. Así las cosas, debe enmendarse esa tesis y recalcar ahora que en\nlas causas cuyo trámite tuvo comienzo a partir del 1 de enero de 1998, el “inicio del proceso” ni\ninterrumpe la prescripción ni disminuye los plazos a la mitad, sino que tales efectos solo se\nproducen cuando concurre alguno de los actos o situaciones que taxativamente se establecen en los\nincisos del a) al d) del artículo 33 del Código Procesal Penal. Esto significa que los términos\ncontemplados en el artículo 31 ibídem, seguirán corriendo íntegros, hasta que ocurra alguno de esos\nactos o situaciones descritos en los incisos del artículo 33. Desde luego, la reducción de los\nplazos a la mitad –cuando se produzca en la forma y condiciones expuestas-, operará una única vez;\nes decir, las sucesivas interrupciones que ocurran no aparejarán ningún efecto reductor, sino que\ncomenzará a correr de nuevo el término con la sola reducción hecha en la primera oportunidad.” (Sala\nTercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto 383-02 de las 9:40 hrs del 30 de abril de 2002).\n\n \n\n De acuerdo con lo anterior, en el caso que nos ocupa no ha operado la prescripción de la acción\npenal, pues el hecho aparentemente ocurrió el 20 de agosto de 2002 (Cfr. Acusación de folio 37) y al\nimputado se le tomó la declaración el dos de abril de dos mil cuatro (folio 26), fecha para la cual\nno había transcurrido los tres años completos de prescripción. A partir de ese momento el plazo se\ninterrumpe y empieza a correr de nuevo, pero reducido a la mitad. En fecha 15 de julio de dos cuatro\nse convoca a las partes a la audiencia preliminar (folio 43) y en fecha 8 de octubre de dos mil\ncuatro (folio 77) se dicta la sentencia de sobreseimiento que aquí se cuestiona, con lo cual se\ninterrumpe la prescripción y corre de nuevo reducida a la mitad. Así las cosas, en la presente causa\nno ha transcurrido la prescripción. No obstante lo anterior, el recurso debe declararse sin lugar\npues el mismo carece de interés. En efecto, de acuerdo con la propia sentencia recurrida, al\nimputado se le acusa de que “El día 20 de agosto del año 2002, en la localidad de San Antonio de\nArenal, el imputado [Nombre7], sin contar con los permisos respectivos procedió a talar y aprovechar\nilegalmente un árbol de cedro con un diámetro de setenta centímetros, muy cerca de la entrada de la\npropiedad de una extranjera que en dicha localidad se le conoce como la “peruana” (folio 78). Como\nse observa de lo transcrito, la acusación es sumamente escueta, no específica el lugar donde se\nprocedió a talar el referido árbol, si era un bosque, una zona protegida o una propiedad privada. No\nobstante esa limitación, del estudio del expediente se colige que dicha acción se realizó en el\n[Dirección1], a la entrada de una propiedad privada. En efecto, el informe del Ministerio de\nAmbiente y Energía de folio 1 indica que recibieron una llamada telefónica denunciando la corta y\nhurto de un árbol de cedro. El acta de inspección ocular de folio 7 ubica el sitio en el Caserío de\nSan Antonio de Arenal, Tilarán, donde “…se observa un árbol de la especie cedro, talado y\naprobechado con diámetro 70 cm en el tocón dicho tocon se encuentra en la Entrada hacia la propiedad\nde la Peruana…”([Nombre11]). De lo anterior se deriva con absoluta claridad que la presunta acción\ndesplegada por el encartado no se realizó en ninguna zona protegida, bosque o área que pueda\ncatalogarse como forestal. Con lo cual no se tipifica el delito de infracción a la ley forestal en\nsu modalidad de aprovechamiento ilegal de madera. En efecto, de acuerdo con el artículo 1 de la ley\nForestal, la misma tiene “…como función esencial y prioritaria del Estado, velar por la\nconservación, protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el\naprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país destinados a\nese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales\nrenovables. Además, velará por la generación de empleo y el incremento del nivel de vida de la\npoblación rural, mediante su efectiva incorporación a las actividades silviculturales”. Ahora bien,\nconforme al artículo 3 inciso d) de la misma ley, se define al bosque como: “Ecosistema nativo o\nautóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales, que ocupa\nuna superficie de dos o mas hectáreas, caracterizada por la presencia de árboles maduros de\ndiferentes edades, especies y porte variado, con uno o más doseles que cubran más del setenta por\nciento (70%) de esa superficie y donde existan más de sesenta árboles por hectárea de quince o más\ncentímetros de diámetro medido a la altura del pecho (DAP)”. Finalmente, el mismo artículo 3 citado,\nconceptualiza lo que debe entenderse por plantación forestal, señalando que es “Terreno de una o mas\nhectáreas, cultivado de una o más especies forestales cuyo objetivo principal, pero no único, será\nla producción de madera”. Así las cosas, en el presente asunto, el bien jurídico tutelado en la Ley\nForestal no ha sufrido ningún peligro, puesto que la corta o tala se dio en una propiedad privada y\nsin el consentimiento de su propietaria. Hechos que eventualmente podrían tipificar otra figura\npenal. Sin embargo, ni la ofendida ni sus representantes legales han presentado denuncia alguna. Con\nlo cual no procede ningún pronunciamiento al respecto. En consecuencia, se declara sin lugar el\nrecurso interpuesto.\n\nPOR TANTO:\n\n Se declara sin lugar el recurso interpuesto.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n[Nombre3]\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUlises Zúñiga Morales [Nombre4]\n\nJueces de Casación Penal\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nCAUSA NO. 02-200235-413\n\nCONTRA: [Nombre1]\n\nPOR: INFRACCION LEY FORESTAL\n\nOFENDIDO: RECURSOS NATURALES\n\nKPA",
  "body_en_text": "Exp: 02-200235-413-PE-2\n\nRes: [Telf1]\n\n CRIMINAL CASSATION COURT. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at eight hours and fifty-eight minutes on the twenty-fifth of May, two thousand five.\n\nCASSATION APPEAL filed in the present case against [Nombre1], identity card number CED1, 40 years of age, common-law union with [Nombre2], Costa Rican, homemaker, resident of Nuevo Arenal de Tilarán on the twenty-ninth of March, 1964, for the crime of VIOLATION OF THE FORESTRY LAW (INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL), to the detriment of NATURAL RESOURCES. The Judges [Nombre3], [Nombre4], and Ulises Zúñiga Morales participate in the decision on the appeal. Appearing in cassation were Licentiate [Nombre5], prosecutor, and Licentiate [Nombre6], representing the State.\n\nWHEREAS:\n\nI.- That by judgment number 58-04 at sixteen thirty hours on the eighth of October, two thousand four, the Criminal Trial Court of Guanacaste, Cañas seat, resolved: “THEREFORE: Based on the foregoing and Articles 37, 39, and 41 of the Constitution, 1, 11, and 19 of the Penal Code, 1, 2, 6, 141, 142, 33, 311 to 312 of the Code of Criminal Procedure, the case against [Nombre7] for the CRIME OF VIOLATION OF THE FORESTRY LAW, to the detriment of NATURAL RESOURCES, is DEFINITIVELY DISMISSED. In due course, archive the file. No special ruling on costs. [Nombre8]. Judge.”\n\nII.- That against the preceding ruling, Licentiate [Nombre5], prosecutor, filed a cassation appeal.\n\nIII.- That having conducted the respective deliberation in accordance with Article 450 of the Code of Criminal Procedure, the Court addressed the issues raised in the cassation appeal.\n\nIV.- That the pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.\n\nDrafted by Judge [Nombre9]; and,\n\nWHEREAS:\n\nI.- The cassation appeal meets the admissibility requirements established by Articles 422, 423, 424, 443, 444, and 445 of the Code of Criminal Procedure, and the Court proceeds to resolve the issues raised.\n\nII.- In the sole ground for cassation, the assistant prosecutor of [Nombre10] alleges the incorrect application of Article 33 of the Code of Criminal Procedure. He claims that the adjudicator interpreted that the criminal action is time-barred (prescrita) because more than eighteen months elapsed from the filing of the complaint until the accused was “questioned”. A thesis that he considers erroneous. He argues that although the Third Chamber (Sala Tercera) of the Supreme Court of Justice, in an initial ruling, decided that the commencement (inicio) of the proceeding was sufficient to reduce the statute of limitations (plazos de prescripción) by half (Voto 368-00 at 9:15 a.m. on April 7, 2000), subsequently, with a better study of the issue, it determined that for the reduction of the time periods, in addition to the commencement of the proceeding, it was necessary for one of the interrupting causes (causales de interrupción) expressly indicated in Article 33 of the Code of Criminal Procedure to occur. He requests that the filed appeal be granted, the dismissal judgment be annulled, and the proceedings be ordered to continue. APPEAL DENIED. Although the prosecutor is correct in stating that the mere commencement of the proceeding does not imply the reduction of the time periods by half, since for that to occur, one of the interrupting causes expressly indicated in Article 33 of the Code of Criminal Procedure must also occur. On this point, the Third Chamber has stated that:\n\n “… in cases that have been processed entirely applying the Procedural Code of 1996 (thus excluding those already in progress before January 1, 1998), it is not the ‘commencement’ (inicio) of the process itself that brings about those effects (reducing and interrupting), but only when the acts described in the corresponding subsections of Article 33 occur, namely: ‘a) The first formal imputation of the facts to the accused, in public prosecution crimes. b) The filing of the complaint, in private prosecution crimes. c) When the trial is suspended for reasons attributable to the defense, with the purpose of obstructing its normal course, according to a declaration the court will make in a reasoned resolution. d) The issuance of the judgment, even if it is not final.’ In Voto 368-2000, it was indicated that assuming that the mere commencement of the proceeding had the consequence of reducing the statute of limitations periods—and interrupting them, for the reasons just explained—was consistent with the rule of restrictive interpretation contained in Article 2 of the Code, as it was the one that most favored the accused. However, when the point is analyzed more thoroughly, it is concluded that this is not true in all cases and, therefore, cannot be applicable to any, since ‘restrictive interpretation’ is not synonymous with ‘casuistic interpretation’ and, on the contrary, the latter entails significant risks that undermine fundamental principles such as legal certainty and equality before the law. The criterion that the Chamber held presents the serious drawback of advancing, to a moment that is itself imprecise (such as the ‘commencement of the proceeding’), the effect of interrupting the ongoing statute of limitations; such that in those cases of public prosecution crimes where the time period is about to expire, any act that can be classified as the aforementioned ‘commencement’ (e.g., a police report, a complaint, or any police ‘indication’, depending on what is understood), would be capable of causing the term to begin a new course, without its reduction by half entailing any real benefit for the accused; rather, it would cause the time period (which would have otherwise expired) to be extended and interrupted a second time when the first formal imputation is made, that is, when the Public Prosecutor’s Office informs him of the facts attributed to him and the evidence against him. But, in addition to the fact that what was considered in due course as a restrictive hermeneutic path was only so in appearance, the truth is that it is not necessary to resort to it when the grammatical or literal meaning of the norm is clear and does not require other types of interpretations. The text of Article 33 clearly states, ‘Once the proceeding has commenced, the time periods established in the article prior to the preceding one shall be reduced by half and shall begin to run anew from the following moments…’. As can be seen, it is not correct to understand that the legislator contemplated two different hypotheses, since the norm refers to a single one that has no solution of continuity, not even from the grammatical perspective. The precept seeks, solely, to set the rules on the computation and interruption of the statute of limitations, once the process has already commenced. Furthermore, as indicated supra, the criterion that this Chamber previously held would mean that, alongside the interrupting acts and situations contemplated in subsections a), b), c), and d) of Article 33, one more would have to be added—the ‘commencement of the proceeding’—, created by jurisprudential and not legislative means; which, certainly, harms the interests of the accused and violates the principle of taxativity that fully governs in matters of interruption of the statute of limitations. Thus, this thesis must be amended and it must now be emphasized that in cases whose processing began from January 1, 1998, the ‘commencement of the process’ neither interrupts the statute of limitations nor reduces the time periods by half, but rather such effects only occur when one of the acts or situations taxatively established in subsections a) through d) of Article 33 of the Code of Criminal Procedure occurs. This means that the terms contemplated in Article 31 of the same code will continue to run in full, until one of those acts or situations described in the subsections of Article 33 occurs. Of course, the reduction of the time periods by half—when it occurs in the manner and conditions set forth—will operate only once; that is, successive interruptions that occur will not entail any reducing effect, but the term will begin to run anew with the single reduction made on the first occasion.” (Third Chamber of the Supreme Court of Justice. Voto 383-02 at 9:40 a.m. on April 30, 2002).\n\n \n\n In accordance with the foregoing, in the case before us, the statute of limitations for the criminal action has not elapsed, since the act apparently occurred on August 20, 2002 (Cf. Accusation on folio 37) and the accused gave his statement on April second, two thousand four (folio 26), a date by which the full three years of the statute of limitations had not elapsed. From that moment, the time period is interrupted and begins to run anew, but reduced by half. On July 15, two thousand four, the parties are summoned to the preliminary hearing (folio 43) and on October 8, two thousand four (folio 77), the dismissal judgment challenged here is issued, thereby interrupting the statute of limitations and running anew, reduced by half. Thus, in the present case, the statute of limitations has not elapsed. Notwithstanding the foregoing, the appeal must be denied because it lacks merit. In effect, according to the appealed judgment itself, the accused is charged with: “On August 20, 2002, in the locality of San Antonio de Arenal, the accused [Nombre7], without having the respective permits, proceeded to fell and illegally harvest a cedar tree with a diameter of seventy centimeters, very close to the entrance of the property of a foreign woman known in said locality as ‘the Peruvian’ (la peruana)” (folio 78). As observed from the transcribed text, the accusation is extremely brief; it does not specify the place where the aforementioned tree was felled, whether it was a forest, a protected area, or a private property. Despite this limitation, a study of the file infers that said action was carried out at [Dirección1], at the entrance to a private property. In effect, the report from the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía) on folio 1 indicates they received a telephone call denouncing the felling and theft of a cedar tree. The ocular inspection report on folio 7 locates the site in the hamlet (Caserío) of San Antonio de Arenal, Tilarán, where “…a tree of the cedar species, felled and harvested with a 70 cm diameter stump, said stump is found at the Entrance to the property of the Peruvian ([Nombre11])”. From the foregoing, it is derived with absolute clarity that the alleged action carried out by the defendant was not performed in any protected area, forest, or area that can be classified as forestry. Therefore, the crime of violation of the forestry law in its modality of illegal timber harvesting is not typified. In effect, according to Article 1 of the Forestry Law (Ley Forestal), its “…essential and priority function of the State is to ensure the conservation, protection, and management of natural forests and the production, harvesting, industrialization, and promotion of the country’s forest resources destined for that purpose, in accordance with the principle of adequate and sustainable use of renewable natural resources. Furthermore, it shall ensure the generation of employment and the increase in the standard of living of the rural population, through their effective incorporation into silvicultural activities.” Now, pursuant to Article 3, subsection d) of the same law, a forest is defined as: “Native or autochthonous ecosystem, intervened or not, regenerated by natural succession or other forestry techniques, that occupies an area of two or more hectares, characterized by the presence of mature trees of different ages, species, and varied size, with one or more canopies that cover more than seventy percent (70%) of that area and where there are more than sixty trees per hectare of fifteen or more centimeters in diameter measured at breast height (DBH).” Finally, the same cited Article 3 conceptualizes what should be understood as a forest plantation, stating that it is “Land of one or more hectares, cultivated with one or more forest species whose main, but not sole, objective is the production of timber.” Thus, in the present matter, the legal right protected by the Forestry Law has suffered no danger, since the felling or cutting occurred on a private property and without the consent of its owner. Facts that could eventually typify another criminal figure. However, neither the victim nor her legal representatives have filed any complaint. Hence, no ruling in this regard is appropriate. Consequently, the filed appeal is denied.\n\nTHEREFORE:\n\nThe filed appeal is denied.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n[Nombre3]\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nUlises Zúñiga Morales [Nombre4]\n\nJudges of the Criminal Cassation Court\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nCASE NO. 02-200235-413\n\nAGAINST: [Nombre1]\n\nFOR: VIOLATION OF THE FORESTRY LAW\n\nVICTIM: NATURAL RESOURCES\n\nKPA"
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