{ "id": "nexus-sen-1-0034-376910", "citation": "", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Invasión de zona de protección de quebrada — construcción sin permiso en área forestal", "title_en": "Invasion of stream protection zone — unpermitted construction in forest area", "summary_es": "El Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Segunda, resolvió un recurso de casación contra una sentencia condenatoria por el delito de infracción a la Ley Forestal en su modalidad de invasión a área de protección. El imputado había sido condenado a un año de prisión, con ejecución condicional, y se ordenó la demolición de la construcción que realizó dentro de los diez metros de la zona de protección de la Quebrada Sucia, en Monteverde. En su recurso, alegó falta de fundamentación, violación de reglas de la sana crítica, inaplicación del in dubio pro reo, errónea aplicación de los tipos penales y prescripción. El Tribunal de Casación rechazó todos los motivos, confirmando que se demostró que el imputado construyó sin permiso y dentro del área de protección, que se trata de un delito de efectos permanentes y que la demolición es una consecuencia legal obligatoria de la condena según el artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal. Se declaró sin lugar el recurso.", "summary_en": "The Criminal Cassation Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, Second Section, ruled on a cassation appeal against a conviction for violating the Forestry Law by invading a protection area. The defendant had been sentenced to one year in prison, conditionally suspended, and ordered to demolish the construction built within ten meters of the Quebrada Sucia protection zone in Monteverde. On appeal, he argued lack of reasoning, violation of sound criticism rules, failure to apply in dubio pro reo, erroneous application of criminal provisions, and prescription. The Cassation Court rejected all grounds, confirming that the evidence proved the defendant built without a permit inside the protection area, that the offense is permanent in nature, and that demolition is a mandatory legal consequence under Article 58(a) of the Forestry Law. The appeal was dismissed.", "court_or_agency": "", "date": "", "year": "", "topic_ids": [ "criminal-environmental" ], "primary_topic_id": "criminal-environmental", "es_concept_hints": [ "zona de protección", "invasión de área protegida", "Ley Forestal 7575", "artículo 58 inciso a", "retiros", "que sucia", "efectos permanentes", "demolición" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 58 inciso a", "law": "Ley Forestal Número 7575" }, { "article": "Art. 33", "law": "Ley Forestal Número 7575" }, { "article": "Art. 367", "law": "Código Procesal Penal" }, { "article": "Art. 32", "law": "Código Procesal Penal" } ], "keywords_es": [ "invasión área de protección", "zona de protección quebrada", "delito forestal", "Ley Forestal 7575", "artículo 58 inciso a", "demolición", "casación penal", "efectos permanentes", "Monteverde", "recurso desestimado" ], "keywords_en": [ "invasion of protected area", "stream protection zone", "forest crime", "Forestry Law 7575", "article 58(a)", "demolition", "criminal cassation", "permanent effects", "Monteverde", "appeal dismissed" ], "excerpt_es": "I.- PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y SEXTO MOTIVOS (forma y \"fondo\"): Cuestionamiento de la prueba, del análisis jurisdiccional, y de los hechos que se tuvieron por probados. En estos cuatro motivos el impugnante plantea varios reclamos afines, todos centrados en su abierta discrepancia y cuestionamiento de la prueba de cargo, así como del análisis que en torno a la misma hiciera el tribunal de instancia, lo que le permite desconocer el hecho que se tuvo por probado, sustituyéndolo por el que personalmente estima que debió tenerse como tal. [...] Hasta aquí el contenido de estos cuatro motivos, ninguno de los cuales podría prosperar. Del contenido de estos cuatro alegatos se advierte que, en lo esencial, el planteamiento de la defensa se sustenta en un nuevo análisis de la prueba evacuada oralmente en debate, a partir del cual se desconoce por completo la relación de hechos que el juez de instancia tuvo por acreditada, la cual es sustituida por la que el impugnante estima como tal, a saber, que en cuanto al sector que da hacia la quebrada, el imputado no levantó ninguna edificación sino más bien se limitó a \"remodelar\" la ya existente, la que en la actualidad se encuentra a corta distancia del cauce de la quebrada a raíz de que cuando se construyó una carretera, el curso de la misma fue alterado. Además, si bien procedió a construir una \"ampliación\" del inmueble, esa parte del mismo se ubica en el sector que da hacia la calle. Esta es la tesis defensiva que, en esencia, el imputado ha venido a esgrimir en esta vía de casación. [...] Como se colige de lo hasta aquí expuesto, mediante una adecuada fundamentación, el Tribunal de mérito llegó a establecer que el imputado en efecto realizó una ampliación (construcción nueva) en la zona de protección (no simplemente \"hacia la calle\", como pretendió hacerlo ver la defensa), sin que para entonces contara con permiso alguno que lo autorizara e irrespetando varias órdenes que le clausuraron los trabajos, extremo que se sustentó no sólo en lo dicho por el inspector del MINAE, sino en los demás elementos ya indicados [...]. Con base en lo anterior, se declaran sin lugar los alegatos del impugnante.\n\nIII.- QUINTO MOTIVO (forma): Indebida fundamentación de la \"acción civil resarcitoria\". [...] Tal y como se ha indicado en los considerandos anteriores, el juez de instancia razonó de modo claro y coherente cómo, a partir de la prueba evacuada en debate, se llegó a tener por demostrado que, en efecto, sin contar con permiso alguno, desde finales del año 2003 el imputado procedió a ampliar el edificio donde se ubica su negocio de pizzería, para lo cual realizó una construcción nueva dentro de la zona de protección de la Quebrada Sucia. También se explicó que si bien el encartado, a posterior, obtuvo un permiso municipal de construcción y remodelación (el que estaba condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos), debido a que el mismo no se ajustaba a los requerimientos del ordenamiento jurídico fue posteriormente revocado por el propio ente municipal. De acuerdo con lo anterior, se comprende que la base fáctica fijada en sentencia conduce necesariamente a que, como una consecuencia natural y lógica al haberse acreditado la efectiva invasión de la zona protegida por parte del acusado, y según lo dispuesto por los artículos 140 y 367 del Código Procesal Penal, deba ordenarse la destrucción o demolición de lo ahí construido, sin que ello deba considerarse siquiera una \"condena\" o \"sanción\" de naturaleza civil. [...] Es claro que si la norma citada expresamente prevé que los autores o partícipes de la acción delictiva (invasión) no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos, se debe colegir que con ello se está haciendo alusión a la necesaria destrucción de la obra, ello con el único propósito de restituir las cosas al estado en que se hallaban antes de dicha invasión. [...] Con base en lo anterior, se declara sin lugar la queja en todos sus extremos.", "excerpt_en": "I.- FIRST, SECOND, THIRD AND SIXTH GROUNDS (form and \"substance\"): Challenge to the evidence, the jurisdictional analysis, and the facts deemed proven. In these four grounds, the appellant raises several related complaints, all centered on his open disagreement and challenge to the prosecution's evidence, as well as the analysis made by the trial court, which allows him to ignore the facts deemed proven, replacing them with those he personally believes should have been deemed so. [...] Up to here the content of these four grounds, none of which could prosper. It is clear from the content of these four arguments that, essentially, the defense's case is based on a new analysis of the evidence produced orally at trial, from which the factual account that the trial judge deemed accredited is completely denied and replaced by the one the appellant considers correct, namely: that regarding the sector facing the stream, the defendant did not erect any building but rather merely \"remodeled\" the existing one, which now sits a short distance from the stream bed because when a road was built, the watercourse was altered. Furthermore, while he did build an \"expansion\" of the property, that part is located in the sector facing the road. This is the defensive thesis that, in essence, the defendant has come to argue in this cassation appeal. [...] As can be gathered from the foregoing, through adequate reasoning, the trial court established that the defendant did in fact carry out an expansion (new construction) in the protection zone (not merely \"toward the road,\" as the defense sought to portray), at a time when he lacked any permit authorizing it and in defiance of several orders that halted the works, a conclusion supported not only by the testimony of the MINAE inspector, but also by the other elements already mentioned [...]. Based on the foregoing, the appellant's arguments are dismissed.\n\nIII.- FIFTH GROUND (form): Inadequate reasoning of the \"civil compensatory action.\" [...] As indicated in the preceding recitals, the trial judge reasoned clearly and coherently how, based on the evidence produced at trial, it was proven that, indeed, without any permit, starting at the end of 2003 the defendant expanded the building housing his pizzeria business, for which he constructed a new building inside the protection zone of the Quebrada Sucia. It was also explained that although the defendant subsequently obtained a municipal construction and remodeling permit (which was conditioned on fulfilling certain requirements), because it did not comply with the requirements of the legal system, it was later revoked by the municipal entity itself. In accordance with the foregoing, it is understood that the factual basis established in the judgment necessarily leads, as a natural and logical consequence of the effective invasion of the protected area by the accused having been accredited, and pursuant to articles 140 and 367 of the Criminal Procedure Code, to ordering the destruction or demolition of what was built there, without this even being considered a \"civil judgment\" or \"sanction.\" [...] It is clear that if the cited provision expressly states that the perpetrators or participants in the criminal action (invasion) shall not be entitled to any compensation for any construction or work they have carried out on the invaded lands, it must be inferred that this alludes to the necessary destruction of the work, for the sole purpose of restoring things to the state they were in before said invasion. [...] Based on the foregoing, the complaint is dismissed in its entirety.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The cassation appeal filed by the defendant is denied, upholding the conviction for invasion of a protected area and the demolition order.", "summary_es": "Se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el imputado, confirmando la condena por invasión de área de protección y la orden de demolición." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando II", "quote_en": "This Cassation Court does not see how the trial court could have violated the principle of objectivity by following the jurisprudential criterion ... to the effect that the invasion of a protective zone under Articles 33 and 58(a) of the Forestry Law qualifies as a permanent offense under Article 32 of the Criminal Procedure Code.", "quote_es": "No encuentra este Tribunal de Casación cómo el órgano de mérito pudo violar el principio de objetividad por el hecho de seguir el criterio jurisprudencial ... en el sentido de que la invasión de una zona protectora prevista por los artículos 33 y 58 inciso a) de la Ley Forestal, califica como un delito de efectos permanentes conforme al artículo 32 del Código Procesal Penal." }, { "context": "Considerando III", "quote_en": "It is clear that if the cited provision expressly states that the perpetrators or participants in the criminal action (invasion) shall not be entitled to any compensation for any construction or work they have carried out on the invaded lands, it must be inferred that this alludes to the necessary destruction of the work, for the sole purpose of restoring things to the state they were in before said invasion.", "quote_es": "Es claro que si la norma citada expresamente prevé que los autores o partícipes de la acción delictiva (invasión) no tendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos, se debe colegir que con ello se está haciendo alusión a la necesaria destrucción de la obra, ello con el único propósito de restituir las cosas al estado en que se hallaban antes de dicha invasión." }, { "context": "Considerando I", "quote_en": "The appellant's arguments are dismissed.", "quote_es": "Se declaran sin lugar los alegatos del impugnante." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-41661", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley Forestal Número 7575 Art. 58 inciso a" } ], "external": [] }, "source_url": "", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [ { "doc_id": "norm-41661", "norm_num": "7575", "norm_name": "Ley Forestal", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "13/02/1996" } ], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Exp: 04-201503-0431-PE\n\n? \n\n \n\nExp: 04-201503-0431-PE \n\nRes: 2007-00254 \n\n TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN SEGUNDA. San Ramón, a\nlas diez horas diez minutos del cuatro de mayo de dos mil siete.\n\n RECURSO DE CASACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1] , quien es mayor de\nedad, cédula de identidad número CED1 - , vecino de Santa Elena de Monteverde; por dos delitos de\nVIOLACIÓN DE SELLOS como cometidos en perjuicio de LA AUTORIDAD PÚBLICA y un delito de INFRACCIÓN A\nLA LEY FORESTAL en su Modalidad de Invasión a Area de Protección como cometido en daño de LOS\nRECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces Mario Alberto Porras\nVillalta, Guillermo Sojo Picado y Martín Alfonso Rodríguez Miranda. Se apersonan en casación el\nimputado [Nombre2] , el licenciado [Nombre3] , Fiscal Auxiliar del Ministerio Público de Puntarenas\nquien interpusieron recurso de casación.\n\nRESULTANDO: \n\n 1.- Que mediante sentencia número 55-P-2007 de las dieciséis horas treinta minutos del dieciséis de\nfebrero del dos mil siete, el Tribunal de Juicio de Puntarenas resolvió: \"POR TANTO: De conformidad\ncon lo expuesto reglas de la sana crítica racional y artículos 33, 39, 41 de la Constitución\nPolítica, 1 y siguientes, 30, 45, 50, 51, 59 a 63, 71 incisos a) a d), 96 párrafo segundo del Código\nPenal, ordinales 33 y 58 inciso a) de la Ley Forestal Número 7575, 1 a 15, 31 a 33, 37 a 41, 111 a\n124, 140, 265, 360 a 367 del Código Procesal Penal, artículos 17 y 44 del Decreto de Honorarios de\nAbogado Número 20307-J, al resolver la presente causa el suscrito Juez de Juicio acuerda: DECLARAR A\n[Nombre2] SOBRESEÍDO DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD DE DOS DELITOS DE VIOLACIÓN DE SELLOS como\ncometidos en perjuicio de LA AUTORIDAD PÚBLICA. En lo resuelto, sea concerniente a los delitos\nsobreseídos, se resuelve sin especial condenatoria en costas. Firme el fallo procédase a sacar el\nexpediente del libro general de entradas y archívese el mismo en cuanto a los delitos por los que\nrecayó Sobreseimiento. Asimismo este Tribunal acuerda: Declarar a [Nombre2] AUTOR RESPONSABLE DE UN\nDELITO DE INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL EN SU MODALIDAD DE INVASIÓN A ZONA DE PROTECCIÓN. En razón de\nello, se le impone la pena de UN AÑO DE PRISIÓN, que con abono de la preventiva sufrida, si la\nhubiera, deberá descontar en el lugar y forma que las leyes y reglamentos penitenciarios lo\ndeterminen. Por un período probatorio de TRES AÑOS se le confiere al justiciable el beneficio de la\ncondena de ejecución condicional de la pena, para lo cual se le habrán de formular las advertencias\nlegales de rigor advirtiéndosele que de incurrir en nueva delincuencia sancionada con más de seis\nmeses de prisión durante este periodo (sic) de gracia, se le revocará el beneficio otorgado en este\nacto. Asimismo se condena al imputado al pago de ambas costas del juicio siendo los gastos del\nproceso por cuenta del Estado. Firme esta sentencia inscríbase en el Registro Judicial y\nTestimóniense (sic) piezas para ante el Instituto Nacional de Criminología y el Juzgado de Ejecución\nde la Pena expidiéndose al efecto los oficios, mandamientos y testimonios de estilo. En cuanto a la\nAcción Civil Resarcitoria incoada por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, como parte actora\ncivil, en contra del demandado civil y querellado [Nombre2] , se rechazan las excepciones de Falta\nde Derecho, Falta de Legitimación, y la genérica de sine actione agit interpuestas por la Defensa\nCivil. En consecuencia este Tribunal la declara CON LUGAR LA ACCIÓN CIVIL, ordenándosele al citado\ndemandado civil y querellado a demoler o destruir la construcción levantada dentro de los diez\nmetros de la zona de protección que cubre la Quebrada Sucia. De no cumplir con lo ordenado se le\npodrá iniciar causa penal por el delito de Desobediencia a la Autoridad Pública. Se le condena en lo\ncivil al pago de ambas costas, las que se liquidarán en la vía civil correspondiente. NOTIFÍQUESE\nMEDIANTE LECTURA. Lic. [Nombre4] . . Juez de Juicio\".\n\n 2.- Que contra el anterior pronunciamiento el imputado [Nombre1] interpuso recurso de casación. \n\n 3.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 450\ndel Código de Procesal Penal, el Tribunal procedió a conocer del recurso.\n\n 4.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes. \n\n Redacta el Juez de Casación [Nombre5] ; y, \n\nCONSIDERANDO: \n\nI.- PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y SEXTO MOTIVOS (forma y \"fondo\"): Cuestionamiento de la prueba, del\nanálisis jurisdiccional, y de los hechos que se tuvieron por probados. En estos cuatro motivos el\nimpugnante plantea varios reclamos afines, todos centrados en su abierta discrepancia y\ncuestionamiento de la prueba de cargo, así como del análisis que en torno a la misma hiciera el\ntribunal de instancia, lo que le permite desconocer el hecho que se tuvo por probado, sustituyéndolo\npor el que personalmente estima que debió tenerse como tal. En contenido de estos tres motivos es el\nsiguiente: (1).- PRIMER MOTIVO (forma): Falta de fundamentación. En el primer motivo de su recurso\nde casación, el imputado denuncia el quebranto de los artículos 142, 184, 363, y 369 del Código\nProcesal Penal, por cuanto se incurrió en el vicio de falta de fundamentación debido a que los\nhechos probados no tienen sustento probatorio alguno. El reclamo se desarrolla a partir de los\nsiguientes alegatos: a) El Tribunal pretende respaldar \"lo acontecido\", únicamente en lo que expresó\nel inspector del MINAE [Nombre6] ; b) El recurrente cita y analiza las declaraciones aportadas en\njuicio, tanto por él como por los testigos [Nombre7] (a quien califica de \"objetivo\") y [Nombre8] ,\na partir de lo cual asegura que él no realizó una \"ampliación\" hacia la quebrada, del edificio donde\nse encuentra su pizzería (conforme lo aseguró el inspector del MINAE), sino una remodelación de las\ninstalaciones que ya estaban construidas; que dicha quebrada tenía otro \"cause\", el cual varió\ncuando se construyó el camino, desviándose hacia donde se encuentra ahora la pizzería; que de\nacuerdo al permiso municipal lo que se hizo fue remodelar, siendo que para cualquier remodelación se\nnecesita \"construir\"; que nunca hubo una obra nueva invasiva, pues se remodeló la que ya estaba; que\nla ampliación se hizo hacia la calle, no hacia la quebrada; c) El Tribunal ignora esta prueba, y no\nexplica la razón que tuvo para no creerle a estos dos testigos; d) El testigo del MINAE, quien no es\nde la zona, no fue claro en su deposición, mientras que \"la documental\" no especifica el área sobre\nla cual versa la ampliación o la remodelación; e) El juez acomodó la prueba hacia la condenatoria\ncuando indicó que el testigo [Nombre9] habló de que el imputado realizó una \"remodelación con\nampliación\", pero omite enlazar esta declaración con las rendidas por [Nombre10] , quien aclaró que\ndicha ampliación fue hacia la calle, y por [Nombre11] , quien dijo que la ampliación hacia la calle\nera de treinta metros, siendo que -entonces- la remodelación corresponde al resto; f) El permiso\npara construir sí fue dado por el Concejo Municipal, el cual habilitó formalmente al imputado y le\nllevó a creer que actuaba en estricta aplicación de la ley, siendo que ante tal error no existe dolo\nqué perseguir. Si después se estimó que se otorgó en forma errada, no se debió acudir a la vía penal\nsino a los procedimientos que al respecto contempla el Código Municipal y la Ley General de\nAdministración Pública; g) El Tribunal omite analizar la posibilidad de que el otorgamiento de dicho\npermiso hubiera inducido a error al imputado; h) No es cierto que \"construcción\" y \"remodelación\"\nsean conceptos diferentes, conforme lo indicó el Tribunal. (2).- SEGUNDO MOTIVO (forma): Violación\nde las reglas de la sana. En su segundo motivo de casación, el imputado argumenta que por\ninobservancia de las reglas de la sana crítica se han quebrantado los numerales 361 y 363 del Código\nProcesal Penal. Su inconformidad se desarrolla a partir de los siguientes reparos: i) El Tribunal le\ncree al inspector del MINAE, quien no conoce la historia de la región, o si la conoce procede a\nocultarla; j) Con base en los planos no es posible establecer la descripción del lugar, conforme lo\nhace el Tribunal, sin una inspección del sitio de la cual se puede inferir \"la situación en que se\ndan los hechos\", máxime cuando hay \"contradicciones tan severas\" como las existentes entre el\nimputado y el testigo del MINAE; k) Sólo se transcribe \"parte\" de las declaraciones de \"los\ntestigos\", omitiendo \"frases y comentarios esenciales\" que definitivamente inclinarían la balanza de\nla justicia en otro rumbo. A partir de lo anterior, el recurrente le hace ver a este Tribunal de\nCasación la necesidad de escuchar las grabaciones del juicio y poder apreciar así \"la veracidad de\nmis afirmaciones\"; l) Se condena con \"elementos de juicio inexistentes\", con fundamento en\n\"testigos\" de dudosa credibilidad, que estaban y están en \"conflictos personales\" con \"los\nimputados\" (sic), e ignorando \"prueba documental\" y la necesidad de una inspección. TERCER MOTIVO\n(forma): Falta de aplicación del in dubio pro reo. En este tercer acápite se citan los artículos 39\ny 41 de la Constitución Política, y 361 del Código Procesal Penal, los que se acusan como\ninobservados, pues se hizo caso omiso al in dubio pro reo. La queja se desarrolla a partir de lo\nsiguiente: n) Para poder condenar el Tribunal tuvo que infringir las reglas de la sana crítica en la\nvaloración de las pruebas, pues de las tesis que se confrontaron en debate no existió una\ndebidamente comprobada, que llevara a la certeza de culpabilidad del imputado, dadas las\ncontradicciones entre sí de \"los testigos\"; ñ) La declaración del imputado no se analizó\n\"objetivamente\", por cuanto éste no presenta antecedentes policiales ni penales; o) Hay \"dudas\" en\ncuanto a las afirmaciones del inspector del MINAE, quien incurrió en contradicción en cuanto al\nposible sitio de la remodelación y de la presunta ampliación. SEXTO MOTIVO (fondo): Errónea\naplicación de los artículos 33 y 58 inciso a) de la Ley Forestal. En su sexto y último motivo, y\ncomo una cuestión de fondo, el impugnante argumenta lo siguiente: p) A pesar de que el juez aseguró\nque el imputado construyó una ampliación de su local de Pizzería dentro de la zona de protección de\nla Quebrada Sucia, en su criterio en el debate se demostró que sí tuvo permiso otorgado por el\nConcejo Municipal, en lo cual fue abundante la \"documental y la misma testimonial\". Además, se\ndemostró que la ampliación fue hacia la zona de la calle y no pasó de 30 metros cuadrados, y la\nremodelación se hizo sobre un área previamente construida (hecha por personas no identificadas hace\nmás de diez años). Hasta aquí el contenido de estos cuatro motivos, ninguno de los cuales podría\nprosperar. Del contenido de estos cuatro alegatos se advierte que, en lo esencial, el planteamiento\nde la defensa se sustenta en un nuevo análisis de la prueba evacuada oralmente en debate, a partir\ndel cual se desconoce por completo la relación de hechos que el juez de instancia tuvo por\nacreditada, la cual es sustituida por la que el impugnante estima como tal, a saber, que en cuanto\nal sector que da hacia la quebrada, el imputado no levantó ninguna edificación sino más bien se\nlimitó a \"remodelar\" la ya existente, la que en la actualidad se encuentra a corta distancia del\ncauce de la quebrada a raíz de que cuando se construyó una carretera, el curso de la misma fue\nalterado. Además, si bien procedió a construir una \"ampliación\" del inmueble, esa parte del mismo se\nubica en el sector que da hacia la calle. Esta es la tesis defensiva que, en esencia, el imputado ha\nvenido a esgrimir en esta vía de casación. Al respecto se aprecia que, contrario a lo anterior, en\nla sentencia se tuvo por acreditado lo siguiente: \"... Así este Tribunal de Justicia con base en el\nelenco probatorio tiene por bien demostrados los siguientes hechos de importancia a saber:\nPrimero.-) Que entre los meses de noviembre del año 2003 y febrero del (sic) 2004, en cerro (sic)\nplano (sic) de monteverde (sic), el aqui (sic) imputado [Nombre12] () , sin poseer permiso por parte\nde las autoridades respectivas, procedio (sic) a construir una ampliacion (sic) del local comercial\nPizzeria [Nombre13], dentro de la zona de proteccion (sic) de la quebrada sucia (sic), finalizando\ndicha construccion (sic) a dos metros del cauce de dicha quebrada, invadiendo de esta manera el area\n(sic) de proteccion (sic) de la misma. Segundo.-) Que en virtud de que dicha construccion (sic) no\ncumplia (sic) con los requisitos establecidos, inspectores municipales procedieron a colocar\n[Placa1] a la construccion (sic) en fecha 11 de febrero del (sic) 2004, debido al incumplimiento por\nparte del encartado, de los requisitos que fueran impuestos en el acuerdo N° 7, de la Sesion (sic)\nOrdinaria N° 156 del 13 de enero del (sic) 2004.- Tercero.-) Que el dia (sic) 12 de febrero del\n2004, debido a que los [Placa1] que fueron puestos en la construccion (sic) ilegitima (sic) que aqui\n(sic) nos ocupa, fueron rotos y quitados del lugar, a efecto de continuarse con la construccion\n(sic) ilegitima (sic) que aqui (sic) nos ocupa, violando asi (sic) los sellos puestos por la\nautoridad municipal en la construccion (sic), debido a lo cual, inspectores de la municipalidad\n(sic) de monteverde (sic), debieron colocarlos por segunda vez.- Cuarto.-) Que el dia (sic) 04 de\nabril del (sic) 2004, pese a los sellos que impedian (sic) la continuacion (sic) de la obra cuya\nconstruccion (sic) ilegal aqui (sic) se acusa, se continuó con las labores de construccion (sic),\nviolando asi (sic) los sellos puestos por la autoridad municipal en la construccion (sic), por lo\nque debio (sic) realizarse por parte de las autoridades municipales, una tercera clausura de la\nconstruccion (sic) en mención, toda vez que el aqui (sic) imputado aun no habia (sic) cumplido con\nlos requisitos que fueran impuestos en el acuerdo N° 7, de la Sesion (sic) Ordinaria N° 156 del 13\nde enero del 2004. Quinto.-) Que el encartado [Nombre1] no reporta condenatorias anteriores (ver\npágina 263 frente).- CUARTO.-) HECHOS NO PROBADOS: Que sí hay hechos de influencia en la decisión de\neste asunto penal que deban tenerse por indemostrados, a saber: Primero.-) Que el enjuiciado\n[Nombre1] haya sido la persona que quitara los sellos de clausura de la construccción que llevaba a\ncabo en su negocio \"Pizzería [Nombre13]\".- ...\" (cfr. folio 346, línea 28 en adelante). Como se\ndesprende de lo transcrito, de manera clara, directa y precisa, el Tribunal de mérito tuvo por\nestablecido que sin contar con el respectivo permiso, el encartado sí realizó la construcción que se\nubica a escasos dos metros del cauce de la Quebrada Sucia, con lo cual invadió una zona de\nprotección. Este cuadro fáctico se tuvo por acreditado a partir de los siguientes argumentos: (i).-\nEn la declaración \"indagatoria\" de folios 156 a 162 (la que se incorporó por lectura al debate a\nsolicitud del propio encartado), éste admitió que llevó a cabo una ampliación del inmueble de su\npropiedad donde se ubica la Pizzería [Nombre13], para lo cual solicitó el respectivo permiso ante el\nConcejo Municipal de Monteverde; (ii).- Los testigos [Nombre14] (inspector municipal) y [Nombre15]\n(inspector del MINAE), declararon haberse presentado a la construcción en \"ciernes\", constatando de\nforma notoria que la misma se hallaba muy cerca de la Quebrada Sucia, esto es a escasos dos metros\ndel cauce; (iii).- El testigo [Nombre14] indicó que en vista de que el imputado no tenía un\ndocumento del MINAE que lo autorizara, le paralizó la construcción, pidiéndole que tramitara los\npermisos, a lo cual hizo caso omiso. Dicho deponente manifestó que la construcción empezó a finales\nde 2003, sin que para ese momento contara con permiso municipal; que si bien en algún momento se le\notorgó un improcedente permiso de construcción (13 de enero de 2004), el mismo sufrió el respectivo\n\"veto\"; (iv).- En el informe que rindió este funcionario al Concejo Municipal del distrito de\nMonteverde, consignó que el imputado empezó su construcción sin el respectivo permiso, haciendo caso\nomiso a una notificación administrativa donde se le invitó a pasar a las oficinas municipales para\nel debido trámite y no continuar la obra; (v).- Si bien la Defensa Particular ha pretendido\n\"justificar\" el actuar del acusado (construir dentro de la zona de protección), amparándose en tal\nsentido en el cuestionado permiso municipal de construcción que algún momento obtuvo, el juzgador\nexplica que si bien el mismo en efecto le fue otorgado, no sólo es posterior al momento en que se\nrealizó la construcción (conforme se indicó supra), sino que además estaba condicionado a ciertos\nrequisitos, los cuales nunca cumplió. Al respecto el imputado interpretó, de forma inaceptable, que\ndicho permiso se concedió con \"plena liberación\", cuando el mismo siempre estuvo condicionado al\ncumplimiento de requisitos: \"... en el mismo acuerdo se preceptúan como condiciones, las siguientes\n\"Que tramite (sic) el permiso de construcción cumpliendo con los requisitos solicitados por este\nConcejo Municipal, incluyendo los respectivos planos sellados por el Colegio de Ingenieros y el\nMinisterio de Salud. Elabore plano y los ejecute para el buen funcionamiento de las aguas\nresiduales. Mejorar el tratamiento que se da a las aguas con las trampas de grasa. Liberar al\nConcejo Municipal de toda responsabilidad si por causa de un fenómeno natural se afecta la\nconstrucción\", ésta (sic) última condición que se plasma en el acuerdo, ha sido indebidamente\ninterpretada por el acusado como una plena \"liberación\" ante el permiso otorgado por aquél (sic)\nConcejo Municipal, pero no, se trata de una condición supeditada a algún evento natural que pudiera\na la postre afectar la construcción en ciernes y no como se indicó en la declaración-indagatoria al\nexpresarse en lo que interesa que \"...yo me presenté a la Municipalidad de Monteverde a solicitar un\npermiso para la construcción y remodelación en la Pizzería de [Nombre13] en ese momento se me indicó\nque debía presentar un croquis para la aprobación del permiso de construcción dado que era un area\n(sic) para bodegas que estaba en ese momento en funcionamiento, posteriormente se me clausuró la\nconstrucción y en enero del dos mil cuatro se me otorgó un permiso de construcción por parte del\nConcejo Municipal de Monteverde ... una carta exonerando a la Municipalidad por cuanto la obra\nestaba cerca de una quebrada ...\", nótese que el acusado al momento de rendir su indagatoria\npretendió justificarse aduciendo que la Municipalidad de Monteverde, entre las condiciones que le\nimpuso, fue el de otorgar una carta exonerándola de responsabilidad por cuanto la obra estaba cerca\nde la quebrada; tal argumento merece no sólo desvirtuarlo con la copia de folio 13 antes señalada,\nsino además de la misma se logra hilvanar una vez más, la aceptación por parte del acriminado, que\nla obra estaba cerca de la quebrada ...\" (cfr. folio 352, línea 35 en adelante). Nótese cómo, según\nse extrae del contenido del fallo, al rendir por escrito durante la fase preparatoria su declaración\ndefensiva, el acusado admitió que la clausura de su construcción se dio antes de que contara con el\npermiso municipal (el cual se le otorgó -condicionado- en enero de 2004), y pretendió hacer creer\nque la Municipalidad se exoneraba de responsabilidad por el hecho de que aquella se encontraba cerca\nde una quebrada. De lo anterior se comprende que, conforme se acusó por parte del Ministerio Público\n(y se tuvo por demostrado en la sentencia), el imputado sí realizó una construcción dentro del área\nde protección de la quebrada, la cual inició mucho antes de contar con algún permiso: \"... con\natención al permiso que obra a página 13, en donde se constata que el mismo se dio en data trece de\nenero de dos mil cuatro, ello nos lleva a establecer con razón suficiente que el acusado inició la\nconstrucción y remodelación de su negocio \"Pizzería [Nombre13]\" mucho antes de que se le diera el\nsusodicho permiso, en otras palabras, lo hizo al margen de la ley, sea sin contar con permiso\nalguno, puesto que este viene a posteriori; en suma, no puede haber bona fides en una persona que\nactuó sin amparo legal, con menosprecio no sólo a la normativa municipal, sino en la misma ley\nforestal que tiene por cometido proteger los recursos forestales del país entero ...\" (cfr. folio\n353, línea 19 en adelante); (vi).- Según lo explicó el testigo [Nombre8] , el imputado (a sabiendas\nde que para entonces sólo contaba con un acuerdo municipal que condicionaba el respectivo permiso a\nque se cumpliera con una serie de requisitos) aprovechó la época de Semana Santa, en la cual el\npersonal de la Municipalidad gozó de vacaciones, para terminar \"a prisa y a toda costa\" la\nconstrucción (cfr. folio 354, línea 30 en adelante), y a pesar de que había sido clausurada varias\nveces (cfr. folio 355, línea 32 en adelante); (vii) El inspector del MINAE, señor [Nombre15] (a\nquien se le reconoció plena credibilidad, al calificarse su dicho como fluido, diáfano, sin ambages\ny directo), fue muy preciso y directo al declarar que la pizzería ya existía ahí, siendo que la\nconstrucción se hizo del lugar \"antiguo\" hacia la quebrada, explicando que la ampliación se estaba\niniciando con las chorreas de cemento en la parte de abajo, y que la quebrada nunca ha cambiado de\ncauce (cfr. folio 354, línea 21 en adelante; folio 356, línea 34 en adelante); (viii).- De acuerdo\nal informe de folios 190 a 194, rendido por oficiales del OIJ, a simple vista se constató que la\nconstrucción realizada para ampliar la pizzería, está a muy pocos metros de la Quebrada Sucia (cfr.\nfolio 356, línea 1 en adelante); (ix).- Si bien en la resolución dictada por el Tribunal Ambiental\nAdministrativa (cfr. folio 315) se concluyó que en los año 90 la citada quebrada tenía un cauce\ndiferente al actual (lo que también se derivó del plano de folio 4, que se visó en diciembre de\n1990), el testigo de descargo [Nombre7] indicó que él laboró en la pizzería desde 1998, siendo que\ndesde que llegó ahí la quebrada ha permanecido en el mismo lugar, sin sufrir modificaciones (cfr.\nfolio 358, línea 34 en adelante); (x).- Si bien mediante resolución del Tribunal Ambiental\nAdministrativo vertida a las ocho horas con trece minutos del día ocho de enero de dos mil siete se\nacordó desestimar en forma provisional la causa ambiental que ante dicha dependencia se siguió en\ncontra del señor [Nombre16] , el juez de instancia razonó acertadamente que dicha decisión es de\ncarácter administrativo, no judicial, es decir, no fue emitida por un Tribunal Jurisdiccional como\nlo es el que conoce de la presente litis, siendo que además se trata de una resolución como bien se\ndice en la misma, es de carácter \"provisional\", de manera que lo resuelto en la misma no es\nvinculante. Aunado a ello, la competencia de dicho órgano es diversa, pues se centra en determinar\nel impacto ambiental, no la eventual infracción penal que se pudiera estar cometiendo (cfr. folio\n359, línea 29 en adelante). Por otra parte, del contenido de dicha resolución administrativa se\nconstató que los funcionarios de dicha dependencia realizaron una inspección en el lugar, de la cual\nse determinó que la construcción invade la zona de protección; (xi).- Por último, no obstante que en\nsesión del 23 de marzo de 2004 el Concejo Municipal del distrito de Monteverde le concedió un\npermiso de construcción y remodelación al imputado (es decir, en fecha posterior a que la misma se\nhubiera realizado), debido a su improcedencia fue más tarde vetado (cfr. folio 360, línea 24 en\nadelante). Hasta aquí las razones que mencionó el juzgador en sustento de su fallo condenatorio.\nComo se colige de lo hasta aquí expuesto, mediante una adecuada fundamentación, el Tribunal de\nmérito llegó a establecer que el imputado en efecto realizó una ampliación (construcción nueva) en\nla zona de protección (no simplemente \"hacia la calle\", como pretendió hacerlo ver la defensa), sin\nque para entonces contara con permiso alguno que lo autorizara e irrespetando varias órdenes que le\nclausuraron los trabajos, extremo que se sustentó no sólo en lo dicho por el inspector del MINAE\n[Nombre15] , sino en los demás elementos ya indicados (entre los cuales aparece el testimonio del\nentonces inspector municipal [Nombre14] ), de los cuales se pudo hacer derivar la infracción en la\nque aquel incurrió. Asimismo, de lo anterior se logra comprender que de la simple lectura del fallo\nno existe un solo elemento que hiciera suponer que el otorgamiento del permiso municipal pudiera\nhaber inducido a error al encartado, pues -se insiste- el mismo no sólo es posterior a la\nconstrucción invasiva, sino que debido a su improcedencia más adelante fue revocado por el propio\nConcejo Municipal. El recurrente tampoco logra demostrar que al cumplir con la fundamentación\ndescriptiva, el Tribunal hubiera mutilado o distorsionado el contenido de la prueba oralmente\nevacuada en debate, como para considerar que de modo tendencioso obtuvo conclusiones divorciadas de\nla prueba, de donde no podría derivarse vicio alguno en cuanto a dicho extremo. Por último, de los\ntérminos en los cuales aparece redactada la sentencia se logra comprender que el propio testigo\n[Nombre7] (quien es calificado por el recurrente como \"objetivo\"), admitió que la parte del edificio\nque da hacia la quebrada era donde se guardaba la leña, la cual \"se corrió\", ampliándose en unos\ntreinta metros: \"... La parte de la quebrada ya estaba construida donde se guardaba la leña ...\nDesde que llegué la quebrada está en el mismo lugar, no ha sufrido modificaciones. La quebrada queda\ncerca pero ignoro el nombre. La quebrada de la construcción, ignoro su distancia precisa, está muy\ncerca, perfectamente puede estar a dos metros. El edificio en su mayoría es madera y concreto; el\ntecho se alzó al hacer la remodelación. La parte de atrás es donde está la quebrada. La bodega se\nubicaba cerca de la quebrada, se corrió la bodega de leña, y la bodega de vinos está cerca de la\ncalle. La construcción ya tenía su techo y se alzó para tener un segundo piso. El edificio antes\ncarecía de una estructura fuerte, se hiceron (sic) nuevas paredes, en la parte trasera sobre la\nlínea de la galera. Una vez remodelada la Pizzería se aumentó un espacio de treinta metros ...\"\n(cfr. folio 343, línea 14 en adelante). Con base en lo anterior, se declaran sin lugar los alegatos\ndel impugnante.\n\nII.- CUARTO MOTIVO (forma): Indebida aplicación de las normas sobre prescripción. Amparado en lo\ndispuesto por el artículo 32 del Código Procesal Penal, el encartado argumenta lo siguiente: a) El\nTribunal faltó al principio de objetividad cuando resolvió que los hechos investigados no están\nprescritos, para lo cual sostuvo que se está en presencia de un delito de efectos permanentes; b) El\njuzgador tampoco lleva razón al sostener que la conducta del imputado es de efectos permanentes,\npues -en criterio de quien recurre- no se ha demostrado fehacientemente que el imputado ampliara su\npizzería en dirección a la quebrada. Al respecto se tiene que el testigo [Nombre10] fue terminante\nal afirmar que dicha ampliación fue hacia el lado de la calle, y que al lado de la quebrada sólo se\nremodeló sobre un área previamente construida, hacia la cual fue desviado el cauce de aquella desde\nhace muchos años, por lo cual sí ha operado cualquier término de prescripción. La queja no es\natendible. No encuentra este Tribunal de Casación cómo el órgano de mérito pudo violar el principio\nde objetividad por el hecho de seguir el criterio jurisprudencial esbozado por el Tribunal de\nCasación de Goicoechea en el voto que se cita en la sentencia de mérito (Nº 2002.193 de las 9:00\nhoras del 8 de marzo de 2002, donde a su vez se citan otros más), el cual asimismo prohíjan y\ncomparten los suscritos jueces de casación de San Ramón), en el sentido de que la invasión de una\nzona protectora prevista por los artículos 33 y 58 inciso a) de la Ley Forestal, califica como un\ndelito de efectos permanentes conforme al artículo 32 del Código Procesal Penal. Al respecto no\npodría perderse de vista que la construcción ilícita que realizó el encartado aún permanece en el\nlugar, siendo notorio que al seguir poseyendo en la actualidad el citado inmueble (incluida dicha\nedificación), permanece de manera constante y continua perpetrando y actualizando dicha invasión.\nEllo implica que mientras el encartado permanezca en tales condiciones, día a día su conducta\ndelictiva sigue ajustándose al tipo penal aplicado, lesionando el bien jurídico tutelado. Por\núltimo, según se razonó en el anterior considerando, contrario a lo que sostiene el impugnante en la\nsentencia de mérito sí se tuvo por cierto que el imputado realizó una construcción nueva en el área\nprotegida del cauce de la Quebrada Sucia, de donde se cumple con todos los elementos objetivos que\nrequiere el tipo penal aplicado. Con base en lo anterior, se declara sin lugar la queja en todos sus\nextremos.\n\nIII.- QUINTO MOTIVO (forma): Indebida fundamentación de la \"acción civil resarcitoria\". En este\nmotivo el imputado cuestiona la condenatoria civil que dictó el órgano de instancia, con la cual\nhabría violado lo dispuesto por los artículos 142, 148, 363 y 365 del Código Procesal Penal. Hace\nconsistir su reproche en lo siguiente: \"No aceptamos\" que, conforme lo indica el tribunal, el simple\nhecho de construir sobre un área protegida es suficiente para declarar con lugar la acción civil\nresarcitoria, y en virtud de ello ordenar la demolición de lo edificado. Al respecto se omite lo\nreferente a los permisos constructivos que otorgó el Concejo Municipal, con lo que el juez se salta\nlos procedimientos y trámites del Código Municipal, Ley General de Administración Pública y otras\nconexas. El derribo se debe dejar \"para el momento correspondiente\", si la sentencia penal quedara\nfirme. La queja no es atendible. Tal y como se ha indicado en los considerandos anteriores, el juez\nde instancia razonó de modo claro y coherente cómo, a partir de la prueba evacuada en debate, se\nllegó a tener por demostrado que, en efecto, sin contar con permiso alguno, desde finales del año\n2003 el imputado procedió a ampliar el edificio donde se ubica su negocio de pizzería, para lo cual\nrealizó una construcción nueva dentro de la zona de protección de la Quebrada Sucia. También se\nexplicó que si bien el encartado, a posterior, obtuvo un permiso municipal de construcción y\nremodelación (el que estaba condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos), debido a que el\nmismo no se ajustaba a los requerimientos del ordenamiento jurídico fue posteriormente revocado por\nel propio ente municipal. De acuerdo con lo anterior, se comprende que la base fáctica fijada en\nsentencia conduce necesariamente a que, como una consecuencia natural y lógica al haberse acreditado\nla efectiva invasión de la zona protegida por parte del acusado, y según lo dispuesto por los\nartículos 140 y 367 del Código Procesal Penal, deba ordenarse la destrucción o demolición de lo ahí\nconstruido, sin que ello deba considerarse siquiera una \"condena\" o \"sanción\" de naturaleza civil.\nAl respecto se tiene que el párrafo 2º del artículo 367 del Código Procesal Penal expresamente\nindica que, al dictar sentencia condenatoria, el tribunal también deberá decidir sobre el comiso y\nla destrucción, previstos en la ley. Esto último es precisamente lo que se deriva del tipo penal\naplicado en la especie, concretamente el artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal: \"ARTÍCULO 58.-\nPenas. Se impondrá prisión de tres meses a tres años a quien: a) Invada un área de conservación o\nprotección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos\nal régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; independientemente de que se trate de\nterrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de\ndominio particular. Los autores o partícipes del acto no tendrán derecho a indemnización alguna por\ncualquier construcción u obra que hayan realizado en los terrenos invadidos ...\". Es claro que si la\nnorma citada expresamente prevé que los autores o partícipes de la acción delictiva (invasión) no\ntendrán derecho a indemnización alguna por cualquier construcción u obra que hayan realizado en los\nterrenos invadidos, se debe colegir que con ello se está haciendo alusión a la necesaria destrucción\nde la obra, ello con el único propósito de restituir las cosas al estado en que se hallaban antes de\ndicha invasión. Al comentar estas normas, el tratadista [Nombre17] apunta lo siguiente: “... Para\nordenar el restablecimiento de las cosas al estado anterior, no se necesita que se haya ejercido la\nacción civil resarcitoria (Cf. Art. 367 párrafo 3º del C.P.P.), pero sí se necesita solicitud del\nofendido ...”, Llobet Rodríguez (Javier), “PROCESO PENAL COMENTADO”, Editorial Jurídica Continental,\nSan José. 3ª edición, noviembre de 2006, página 257. Por otra parte, la orden de derribo incluida en\nla sentencia de mérito (la que lógicamente sólo abarcará la nueva construcción que afectó la zona\nprotegida del cauce de la Quebrada Sucia), en este caso no se hará efectiva sino hasta la firmeza\ndefinitiva del fallo de mérito, tal y como lo solicita la defensa, pues así fue dispuesto por el\nJuzgador. El presente alegato carece por completo de interés, pues durante la tramitación del\nproceso ni siquiera se optó por la facultad que contempla el artículo 140 del Código Procesal Penal\ncomo medida cautelar o provisional. Con base en lo anterior, se declara sin lugar la queja en todos\nsus extremos.\n\nPOR TANTO: \n\nSe declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el imputado. NOTIFÍQUESE. \n\n \n\nMario Alberto Porras Villalta \n\n \n\n \n\nGuillermo Sojo Picado Martín Alfonso Rodríguez Miranda \n\nJueces de Casación Penal \n\n \n\nCausa por invasión de área protegida \n\nc/ [Nombre1] \n\nof/ Los Recursos Forestales \n\nExped. Nº 04-201503-431-PE \n\nDilig/ lore*", "body_en_text": "Exp: 04-201503-0431-PE\n\n?\n\nExp: 04-201503-0431-PE\nRes: 2007-00254\n\nCRIMINAL CASSATION COURT OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, SECOND SECTION. San Ramón, at ten hours and ten minutes on the fourth of May, two thousand seven.\n\nCASSATION APPEAL filed in the present case against [Name1], who is of legal age, identity card number CED1 -, resident of Santa Elena de Monteverde; for two crimes of BREAKING OF SEALS committed to the detriment of THE PUBLIC AUTHORITY and one crime of INFRACTION TO THE FORESTRY LAW in its Modality of Invasion of a Protected Area committed to the damage of THE NATURAL RESOURCES. The judges Mario Alberto Porras Villalta, Guillermo Sojo Picado, and Martín Alfonso Rodríguez Miranda participate in the decision of the appeal. The accused [Name2] and attorney [Name3], Deputy Prosecutor of the Public Ministry of Puntarenas, appear in cassation, having filed a cassation appeal.\n\nWHEREAS:\n\n1.- That by means of judgment number 55-P-2007 at sixteen hours and thirty minutes on the sixteenth of February, two thousand seven, the Trial Court of Puntarenas resolved: \"THEREFORE: In accordance with the stated rules of sound rational criticism and articles 33, 39, 41 of the Political Constitution, 1 and following, 30, 45, 50, 51, 59 to 63, 71 subsections a) to d), 96 second paragraph of the Penal Code, numerals 33 and 58 subsection a) of the Forestry Law Number 7575, 1 to 15, 31 to 33, 37 to 41, 111 to 124, 140, 265, 360 to 367 of the Code of Criminal Procedure, articles 17 and 44 of the Decree on Attorney Fees Number 20307-J, upon resolving the present case the undersigned Trial Judge resolves: TO DECLARE [Name2] DISMISSED OF ALL PUNISHMENT AND RESPONSIBILITY FOR TWO CRIMES OF BREAKING OF SEALS committed to the detriment of THE PUBLIC AUTHORITY. In what has been resolved, that is, concerning the dismissed crimes, it is resolved without special condemnation in costs. Once the judgment is final, proceed to remove the file from the general register of entries and archive the same regarding the crimes for which Dismissal was entered. Likewise, this Court resolves: To Declare [Name2] CRIMINALLY LIABLE PERPETRATOR OF ONE CRIME OF INFRACTION TO THE FORESTRY LAW IN ITS MODALITY OF INVASION OF A PROTECTION ZONE. By reason thereof, the penalty of ONE YEAR OF IMPRISONMENT is imposed, which, with credit for the pretrial detention suffered, if any, shall be served at the place and in the manner that prison laws and regulations determine. For a probationary period of THREE YEARS, the benefit of conditional suspension of the execution of the sentence is granted to the defendant, for which the strict legal warnings shall be made, warning him that if he incurs in new criminal activity punishable with more than six months of imprisonment during this period (sic) of grace, the benefit granted in this act shall be revoked. Likewise, the accused is condemned to pay both costs of the trial, with the expenses of the process being borne by the State. Once this judgment is final, let it be recorded in the Judicial Register and let certified pieces be issued to the National Institute of Criminology and the Sentence Execution Court, issuing for this purpose the corresponding official letters, orders, and certified copies of record. Regarding the Civil Compensation Action brought by the ATTORNEY GENERAL'S OFFICE OF THE REPUBLIC, as civil plaintiff, against the civil defendant and person against whom the complaint is directed, [Name2], the exceptions of Lack of Right, Lack of Standing, and the generic one of Sine Actione Agit filed by the Civil Defense are rejected. Consequently, this Court declares the CIVIL ACTION GRANTED, ordering the cited civil defendant and person against whom the complaint is directed to demolish or destroy the construction raised within the ten meters of the protection zone that covers the Quebrada Sucia. If he fails to comply with the order, criminal proceedings may be initiated against him for the crime of Disobedience to the Public Authority. He is condemned in the civil sphere to pay both costs, which shall be liquidated in the corresponding civil proceeding. NOTIFY BY READING. Lic. [Name4] . . Trial Judge.\"\n\n2.- That against the preceding pronouncement, the accused [Name1] filed a cassation appeal.\n\n3.- That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of article 450 of the Code of Criminal Procedure, the Court proceeded to hear the appeal.\n\n4.- That in the proceedings, the pertinent legal prescriptions have been observed.\n\nDrafted by Cassation Judge [Name5]; and,\n\nCONSIDERING:\n\nI.- FIRST, SECOND, THIRD, AND SIXTH GROUNDS (form and \"substance\"): Challenge to the evidence, the jurisdictional analysis, and the facts that were held as proven. In these four grounds, the appellant raises several related claims, all centered on his open disagreement with and challenge to the incriminating evidence, as well as the analysis thereof made by the trial court, which allows him to disregard the fact that was held as proven, substituting it with the one he personally believes should have been held as such. The content of these three grounds is the following: (1).- FIRST GROUND (form): Lack of reasoning. In the first ground of his cassation appeal, the accused denounces the violation of articles 142, 184, 363, and 369 of the Code of Criminal Procedure, in that the defect of lack of reasoning was incurred because the proven facts have no evidentiary support whatsoever. The claim is developed based on the following arguments: a) The Court attempts to support \"what happened\" solely on what the MINAE inspector [Name6] stated; b) The appellant cites and analyzes the statements provided at trial, both by him and by witnesses [Name7] (whom he qualifies as \"objective\") and [Name8], from which he asserts that he did not carry out an \"expansion\" towards the creek of the building where his pizzeria is located (as the MINAE inspector stated), but rather a renovation (remodelación) of the facilities that were already built; that said creek had another \"course (cause)\", which changed when the road was constructed, diverting to where the pizzeria is now; that according to the municipal permit, what was done was to renovate (remodelar), it being that for any renovation (remodelación) it is necessary to \"build\"; that there was never a new invasive work, since the one that was already there was renovated (remodeló); that the expansion was made towards the street, not towards the creek; c) The Court ignores this evidence and does not explain the reason it had for not believing these two witnesses; d) The MINAE witness, who is not from the area, was not clear in his testimony, while \"the documentary evidence\" does not specify the area to which the expansion or renovation (remodelación) pertains; e) The judge accommodated the evidence towards a conviction when he indicated that witness [Name9] spoke of the accused having carried out a \"renovation (remodelación) with expansion\", but omits linking this statement with those given by [Name10], who clarified that said expansion was towards the street, and by [Name11], who said that the expansion towards the street was of thirty meters, it being -then- that the renovation (remodelación) corresponds to the rest; f) The construction permit was indeed granted by the Municipal Council (Concejo Municipal), which formally enabled the accused and led him to believe he was acting in strict application of the law, it being that in the face of such error, there is no criminal intent (dolo) to pursue. If it was later deemed that it was granted erroneously, recourse should not have been made to the criminal avenue but to the procedures that the Municipal Code and the General Law of Public Administration contemplate in this regard; g) The Court omits analyzing the possibility that the granting of said permit could have induced the accused into error; h) It is not true that \"construction\" and \"renovation (remodelación)\" are different concepts, as the Court indicated. (2).- SECOND GROUND (form): Violation of the rules of sound criticism. In his second cassation ground, the accused argues that due to non-observance of the rules of sound criticism, numerals 361 and 363 of the Code of Criminal Procedure have been breached. His disagreement is developed from the following objections: i) The Court believes the MINAE inspector, who does not know the history of the region, or if he knows it, proceeds to conceal it; j) Based on the plans, it is not possible to establish the description of the place, as the Court does, without an inspection of the site from which one can infer \"the situation in which the events occur\", even more so when there are \"such severe contradictions\" as those existing between the accused and the MINAE witness; k) Only \"part\" of the statements of \"the witnesses\" is transcribed, omitting \"essential phrases and comments\" that would definitively tip the scales of justice in another direction. Based on the foregoing, the appellant points out to this Cassation Court the need to listen to the recordings of the trial and thus be able to appreciate \"the veracity of my affirmations\"; l) He is condemned with \"non-existent elements of judgment\", based on \"witnesses\" of dubious credibility, who were and are in \"personal conflicts\" with \"the accused\" (sic), and ignoring \"documentary evidence\" and the need for an inspection. THIRD GROUND (form): Failure to apply the in dubio pro reo. In this third section, articles 39 and 41 of the Political Constitution and 361 of the Code of Criminal Procedure are cited, which are accused as being unobserved, since the in dubio pro reo was ignored. The complaint is developed from the following: n) In order to convict, the Court had to infringe the rules of sound criticism in the assessment of the evidence, since of the theses that were confronted in debate, none was duly verified, leading to the certainty of the accused's guilt, given the contradictions among \"the witnesses\"; ñ) The statement of the accused was not analyzed \"objectively\", since he has no police or criminal record; o) There are \"doubts\" regarding the affirmations of the MINAE inspector, who incurred in contradiction regarding the possible site of the renovation (remodelación) and the alleged expansion. SIXTH GROUND (substance): Erroneous application of articles 33 and 58 subsection a) of the Forestry Law. In his sixth and final ground, and as a matter of substance, the appellant argues the following: p) Despite the judge stating that the accused built an expansion of his Pizzeria premises within the protection zone of the Quebrada Sucia, in his view, it was demonstrated in the debate that he did have a permit granted by the Municipal Council (Concejo Municipal), regarding which the \"documentary and the testimonial evidence itself\" were abundant. Furthermore, it was demonstrated that the expansion was towards the area of the street and did not exceed 30 square meters, and the renovation (remodelación) was carried out on a previously constructed area (made by unidentified persons more than ten years ago). So far the content of these four grounds, none of which could prosper. From the content of these four arguments, it is noted that, in essence, the defense's presentation is based on a new analysis of the evidence presented orally in debate, from which the account of facts that the trial judge held as accredited is completely disregarded and substituted with the one the appellant considers as such, namely, that regarding the sector facing the creek, the accused did not erect any building but rather merely \"renovated (remodelar)\" the existing one, which is currently located a short distance from the creek bed as a result of the fact that when a road was built, the course thereof was altered. Furthermore, while he did proceed to build an \"expansion\" of the property, that part of it is located in the sector facing the street. This is the defensive thesis that, in essence, the accused has come to assert in this cassation proceeding. In this regard, it is observed that, contrary to the foregoing, the judgment held the following as accredited: \"... Thus, this Court of Justice, based on the body of evidence, holds the following important facts as duly proven, to wit: First.-) That between the months of November of the year 2003 and February of (sic) 2004, in cerro (sic) plano (sic) of monteverde (sic), the accused here (sic) [Name12] (), without having a permit from the respective authorities, proceeded to build an expansion of the commercial premises Pizzeria [Name13], within the protection zone of the quebrada sucia (sic), finalizing said construction at two meters from the bed of said creek, thus invading the protection area of the same. Second.-) That by virtue of the fact that said construction did not comply with the established requirements, municipal inspectors proceeded to place [Placa1] on the construction on the date of February 11 (sic) 2004, due to non-compliance by the defendant with the requirements that were imposed in agreement No. 7, of Ordinary Session No. 156 of January 13 (sic) 2004.- Third.-) That on the day (sic) February 12, 2004, because the [Placa1] that were placed on the illegitimate construction that occupies us here (sic) were broken and removed from the place, in order to continue with the illegitimate construction that occupies us here (sic), thus violating the seals placed by the municipal authority on the construction, due to which, inspectors of the municipality of monteverde (sic) had to place them for a second time.- Fourth.-) That on the day (sic) April 4 (sic) 2004, despite the seals that prevented the continuation of the work whose illegal construction is accused here (sic), construction tasks continued, thus violating the seals placed by the municipal authority on the construction, for which reason a third closure of the construction in mention had to be carried out by the municipal authorities, since the accused here (sic) had still not complied with the requirements that were imposed in agreement No. 7, of Ordinary Session No. 156 of January 13, 2004. Fifth.-) That the defendant [Name1] does not report prior convictions (see page 263 front).- FOURTH.-) FACTS NOT PROVEN: That there are facts influencing the decision of this criminal matter that must be held as unproven, to wit: First.-) That the prosecuted person [Name1] was the person who removed the closure seals from the construction he was carrying out in his business \"Pizzeria [Name13]\".- ...\" (cf. folio 346, line 28 onwards). As is evident from what has been transcribed, clearly, directly, and precisely, the Trial Court held as established that without having the respective permit, the defendant did carry out the construction that is located barely two meters from the bed of the Quebrada Sucia, with which he invaded a protection zone. This factual picture was held as accredited based on the following arguments: (i).- In the \"investigative statement (indagatoria)\" on folios 156 to 162 (which was incorporated by reading into the debate at the request of the defendant himself), he admitted that he carried out an expansion of the property of his ownership where the Pizzeria [Name13] is located, for which purpose he requested the respective permit from the Municipal Council of Monteverde (Concejo Municipal de Monteverde); (ii).- Witnesses [Name14] (municipal inspector) and [Name15] (MINAE inspector), declared that they appeared at the construction \"in progress (en ciernes)\", clearly noting that it was located very close to the Quebrada Sucia, that is, barely two meters from the bed; (iii).- Witness [Name14] indicated that given that the accused did not have a document from MINAE authorizing him, he halted the construction, asking him to process the permits, which he ignored. Said deponent stated that the construction began at the end of 2003, without having a municipal permit at that time; that while at some point an improper construction permit was granted to him (January 13, 2004), it suffered the respective \"veto\"; (iv).- In the report that this official rendered to the Municipal Council (Concejo Municipal) of the district of Monteverde, he stated that the accused began his construction without the respective permit, ignoring an administrative notification inviting him to come to the municipal offices for the proper procedure and not to continue the work; (v).- Although the Private Defense has attempted to \"justify\" the accused's actions (building within the protection zone), relying in that sense on the questioned municipal construction permit that he obtained at some point, the judge explains that even though it was indeed granted to him, it is not only after the time when the construction was carried out (as indicated supra), but also was conditioned on certain requirements, which he never fulfilled. In this regard, the accused interpreted, in an unacceptable manner, that said permit was granted with \"full release\", when it was always conditioned on compliance with requirements: \"... in the same agreement, the following are prescribed as conditions: 'That he process (sic) the construction permit complying with the requirements requested by this Municipal Council (Concejo Municipal), including the respective plans sealed by the College of Engineers and the Ministry of Health. Prepare a plan and execute it for the proper functioning of the wastewater. Improve the treatment given to the waters with grease traps. Release the Municipal Council (Concejo Municipal) from all responsibility if due to a natural phenomenon the construction is affected,' this (sic) last condition that is set out in the agreement has been improperly interpreted by the accused as a full 'release' before the permit granted by that (sic) Municipal Council (Concejo Municipal), but no, it is a condition subject to some natural event that could ultimately affect the construction in progress (en ciernes) and not as indicated in the investigative statement (indagatoria) when expressing, in what is relevant, that '...I appeared before the Municipality of Monteverde to request a permit for the construction and renovation (remodelación) at the Pizzeria of [Name13] at that time I was told that I had to submit a sketch for the approval of the construction permit given that it was an area for warehouses that was functioning at that time, subsequently the construction was closed and in January two thousand four I was granted a construction permit by the Municipal Council of Monteverde (Concejo Municipal de Monteverde) ... a letter exonerating the Municipality because the work was near a creek ...', note that the accused, at the time of giving his investigative statement (indagatoria), attempted to justify himself by alleging that the Municipality of Monteverde, among the conditions it imposed, was to grant a letter exonerating it from responsibility because the work was near the creek; such an argument deserves not only to be refuted with the copy on folio 13 indicated above, but also from it, it is possible to weave together once more the acceptance by the accused that the work was near the creek ...\" (cf. folio 352, line 35 onwards). Note how, according to what is extracted from the content of the ruling, when giving his defensive statement in writing during the preparatory phase, the accused admitted that the closure of his construction occurred before he had the municipal permit (which was granted to him -conditionally- in January 2004), and attempted to make believe that the Municipality was exonerated from responsibility because it was located near a creek. From the foregoing, it is understood that, as was accused by the Public Ministry (and was held as proven in the judgment), the accused did carry out a construction within the protection area of the creek, which began long before having any permit: \"... with attention to the permit found on page 13, where it is verified that the same was granted on the date of January thirteenth, two thousand four, this leads us to establish with sufficient reason that the accused began the construction and renovation (remodelación) of his business 'Pizzeria [Name13]' long before the aforementioned permit was granted to him, in other words, he did it outside the law, that is, without having any permit, since this comes a posteriori; in short, there can be no good faith (bona fides) in a person who acted without legal protection, with disregard not only for municipal regulations but also for the forestry law itself, which has as its purpose to protect the forestry resources of the entire country ...\" (cf. folio 353, line 19 onwards); (vi).- As explained by witness [Name8], the accused (knowing that at that time he only had a municipal agreement that conditioned the respective permit on compliance with a series of requirements) took advantage of the Easter Week season, during which the Municipality staff was on vacation, to finish \"in a hurry and at all costs\" the construction (cf. folio 354, line 30 onwards), and despite the fact that it had been closed several times (cf. folio 355, line 32 onwards); (vii) The MINAE inspector, Mr. [Name15] (to whom full credibility was recognized, his testimony being qualified as fluid, clear, without ambages, and direct), was very precise and direct in declaring that the pizzeria already existed there, it being that the construction was made from the \"old\" place towards the creek, explaining that the expansion was starting with the concrete seepage in the lower part, and that the creek has never changed course (cause) (cf. folio 354, line 21 onwards; folio 356, line 34 onwards); (viii).- According to the report on folios 190 to 194, issued by OIJ officers, it was plainly verified that the construction carried out to expand the pizzeria is very few meters from the Quebrada Sucia (cf. folio 356, line 1 onwards); (ix).- Although in the resolution issued by the Administrative Environmental Tribunal (cf. folio 315) it was concluded that in the 90s the cited creek had a different course (cause) than the current one (which was also derived from the plan on folio 4, which was approved in December 1990), the defense witness (testigo de descargo) [Name7] testified that he worked at the pizzeria since 1998, it being that since he arrived there, the creek has remained in the same place, without undergoing modifications (cf. folio 358, line 34 onwards); (x).- Although by means of a resolution of the Administrative Environmental Tribunal issued at eight hours and thirteen minutes on the eighth day of January, two thousand seven, it was agreed to provisionally dismiss the environmental case that was being pursued before said office against Mr. [Name16], the trial judge correctly reasoned that said decision is of an administrative, not judicial, nature, that is, it was not issued by a Jurisdictional Court such as the one hearing the present litigation, it being additionally the case that it is a resolution that, as is well stated therein, is of a \"provisional\" nature, so what was resolved therein is not binding. In addition to this, the competence of said body is diverse, as it focuses on determining the environmental impact (impacto ambiental), not the potential criminal infraction that might be being committed (cf. folio 359, line 29 onwards). Furthermore, from the content of said administrative resolution, it was verified that the officials of said office carried out an inspection of the place, from which it was determined that the construction invades the protection zone; (xi).- Finally, despite the fact that in the session of March 23, 2004, the Municipal Council (Concejo Municipal) of the district of Monteverde granted a construction and renovation (remodelación) permit to the accused (that is, on a date after the same had been carried out), due to its impropriety it was later vetoed (cf. folio 360, line 24 onwards). So far the reasons mentioned by the judge in support of his conviction. As can be inferred from what has been presented so far, through an adequate reasoning, the Trial Court came to establish that the accused indeed carried out an expansion (new construction) in the protection zone (not simply \"towards the street\", as the defense attempted to portray), without having any permit that authorized him at that time and disrespecting several orders that shut down the works, an extreme that was supported not only by what was said by the MINAE inspector [Name15], but also by the other elements already indicated (among which appears the testimony of the then municipal inspector [Name14]), from which the infraction that he incurred could be derived. Likewise, from the foregoing, it is possible to understand that from a simple reading of the ruling, there is not a single element that would suggest that the granting of the municipal permit could have induced the defendant into error, since -it is insisted- the same is not only subsequent to the invasive construction, but also, due to its impropriety, it was later revoked by the Municipal Council (Concejo Municipal) itself. The appellant also fails to demonstrate that in complying with the descriptive reasoning, the Court had mutilated or distorted the content of the evidence orally presented in debate, so as to consider that it tendentiously obtained conclusions divorced from the evidence, from which no defect whatsoever could be derived regarding that extreme. Finally, from the terms in which the judgment is drafted, it is possible to understand that the defense witness (testigo de descargo) [Name7] himself (who is qualified by the appellant as \"objective\"), admitted that the part of the building facing the creek was where the firewood was stored, which \"was moved forward (se corrió)\", expanding by about thirty meters: \"... The part by the creek was already built where the firewood was kept ... Since I arrived, the creek has been in the same place, it has not undergone modifications. The creek is close by but I am unaware of its name. The creek from the construction, I am unaware of its precise distance, it is very close, it can perfectly be two meters away. The building is mostly wood and concrete; the roof was raised when the renovation (remodelación) was done. The back part is where the creek is. The storage shed was located near the creek, the firewood shed was moved forward (se corrió), and the wine cellar is near the street. The construction already had its roof and it was raised to have a second floor. The building previously lacked a strong structure, new walls were made, in the back part over the line of the shed roof. Once the Pizzeria was renovated (remodelada), a space of thirty meters was added ...\" (cf. folio 343, line 14 onwards). Based on the foregoing, the appellant's arguments are dismissed.\n\nII.- FOURTH GROUND (form): Improper application of the rules on the statute of limitations (prescripción). Covered by the provisions of article 32 of the Code of Criminal Procedure, the defendant argues the following: a) The Court failed in the principle of objectivity when it resolved that the acts under investigation are not time-barred (prescritos), for which it held that we are in the presence of a crime of permanent effects; b) The judge is also not correct in holding that the accused's conduct is of permanent effects, since -in the view of the appellant- it has not been reliably proven that the accused expanded his pizzeria in the direction of the creek. In this regard, witness [Name10] was conclusive in affirming that said expansion was towards the side of the street, and that on the creek side, only renovation (remodeló) was done on a previously constructed area, towards which the course (cause) of the former was diverted many years ago, therefore any term of the statute of limitations (prescripción) has indeed elapsed. The complaint is not admissible. This Cassation Court does not find how the trial court could violate the principle of objectivity by following the jurisprudential criterion outlined by the Cassation Court of Goicoechea in the opinion cited in the trial judgment (No. 2002.193 at 9:00 a.m. on March 8, 2002, where others are also cited), which the undersigned cassation judges of San Ramón also endorse and share, in the sense that the invasion of a protective zone provided for by articles 33 and 58 subsection a) of the Forestry Law qualifies as a crime of permanent effects according to article 32 of the Code of Criminal Procedure. In this regard, one cannot lose sight of the fact that the illicit construction carried out by the defendant still remains in the place, it being notorious that by currently continuing to possess the cited property (including said building), he remains constantly and continuously perpetrating and updating said invasion. This implies that as long as the defendant remains in such conditions, day after day his criminal conduct continues to fit the applied criminal type, harming the protected legal interest. Finally, as reasoned in the previous considering, contrary to what the appellant maintains, the trial judgment did hold it as certain that the accused carried out a new construction in the protected area of the bed of the Quebrada Sucia, from which all the objective elements required by the applied criminal type are met. Based on the foregoing, the complaint is dismissed in all its extremes.\n\nIII.- FIFTH GROUND (procedural): Inadequate reasoning of the \"acción civil resarcitoria\" (civil action for damages). In this ground, the defendant challenges the civil judgment issued by the trial court, which he claims violated the provisions of articles 142, 148, 363, and 365 of the Código Procesal Penal. He bases his objection on the following: \"We do not accept\" that, as the court indicates, the mere fact of building on a protected area is sufficient to grant the acción civil resarcitoria (civil action for damages) and, by virtue thereof, to order the demolition of what was built. In this regard, the matter of the construction permits granted by the Municipal Council is omitted, whereby the judge bypasses the procedures and formalities of the Código Municipal, the Ley General de Administración Pública, and other related laws. The demolition should be left \"for the appropriate moment,\" if the criminal sentence becomes final. The complaint is not admissible. As stated in the preceding recitals, the trial judge reasoned in a clear and coherent manner how, based on the evidence presented at trial, it was proven that, in fact, without any permit whatsoever, from the end of 2003 the defendant proceeded to expand the building where his pizzeria business is located, for which purpose he carried out new construction within the protection zone of the Quebrada Sucia. It was also explained that although the defendant subsequently obtained a municipal construction and remodeling permit (which was conditional on compliance with certain requirements), because it did not conform to the requirements of the legal system, it was later revoked by the municipal entity itself. In accordance with the foregoing, it is understood that the factual basis established in the judgment necessarily leads to the conclusion that, as a natural and logical consequence of the effective invasion of the protected zone by the accused having been proven, and pursuant to the provisions of articles 140 and 367 of the Código Procesal Penal, the destruction or demolition of what was built there must be ordered, without this even needing to be considered a \"civil\" judgment or sanction. In this regard, paragraph 2 of article 367 of the Código Procesal Penal expressly states that, when issuing a conviction, the court shall also decide on the confiscation (comiso) and destruction provided for by law. This latter point is precisely what derives from the criminal offense applied in this case, specifically article 58 subsection a) of the Ley Forestal: \"ARTICLE 58.- Penalties. Imprisonment of three months to three years shall be imposed on anyone who: a) Invades a conservation or protection area, whatever its management category, or other forest areas or lands subject to the forestry regime, regardless of the area occupied; regardless of whether it involves private lands of the State or other bodies of the Public Administration or privately owned lands. The perpetrators or participants in the act shall have no right to any compensation for any construction or work they have carried out on the invaded lands ...\". It is clear that if the cited provision expressly stipulates that the perpetrators or participants in the criminal action (invasion) shall have no right to any compensation for any construction or work they have carried out on the invaded lands, it must be inferred that this alludes to the necessary destruction of the work, for the sole purpose of restoring things to the condition they were in before said invasion. In commenting on these provisions, the legal scholar [Name17] notes the following: “... To order the restoration of things to their prior state, it is not necessary for the acción civil resarcitoria (civil action for damages) to have been filed (Cf. Art. 367 paragraph 3 of the C.P.P.), but a request from the victim is necessary ...”, Llobet Rodríguez (Javier), “PROCESO PENAL COMENTADO”, Editorial Jurídica Continental, San José. 3rd edition, November 2006, page 257. Moreover, the demolition order included in the judgment on the merits (which logically will only cover the new construction that affected the protected zone of the Quebrada Sucia riverbed), in this case, will not be carried out until the definitive finality of the judgment on the merits, just as the defense requests, because it was so ordered by the Judge. The present argument completely lacks merit, since during the processing of the case, the option contemplated in article 140 of the Código Procesal Penal was not even utilized as a precautionary or provisional measure. Based on the foregoing, the complaint is dismissed in all its aspects.\n\nPOR TANTO:\n\nThe appeal on cassation (recurso de casación) filed by the defendant is dismissed. NOTIFÍQUESE.\n\n \n\nMario Alberto Porras Villalta\n\n \n\n \n\nGuillermo Sojo Picado Martín Alfonso Rodríguez Miranda\n\nJueces de Casación Penal\n\n \n\nCausa por invasión de área protegida\n\nc/ [Name1]\n\nof/ Los Recursos Forestales\n\nExped. Nº 04-201503-431-PE\n\nDilig/ lore*" }