{
  "id": "nexus-sen-1-0034-462729",
  "citation": "",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Nulidad de traspaso del Parque Recreativo del Norte por inconstitucionalidad de norma presupuestaria",
  "title_en": "Annulment of North Recreational Park transfer due to unconstitutionality of budget norm",
  "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo resolvió una demanda de la Contraloría General de la República contra el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte. La sentencia declaró que el inmueble conocido como Parque Recreativo del Norte es un bien de dominio público (demanial) afectado al uso público de parque, con las características de inalienable, imprescriptible e inembargable. Se anuló el acuerdo de la Junta Directiva del IDA que autorizó el traspaso, la escritura de segregación y donación, y la inscripción registral a favor de la Asociación, por basarse en una norma presupuestaria (art. 16 inciso 22 de la Ley 7097) declarada inconstitucional por la Sala Constitucional. El Tribunal determinó que la asociación incurrió en un uso indebido y privativo del terreno, arrendándolo a una iglesia y a un vivero, contrario a su destino público. Se ordenó el desalojo de los ocupantes privados, el traspaso del inmueble a la Municipalidad de Moravia para su administración, y la cancelación de la inscripción registral. Además, se declaró la omisión del IDA en recuperar el bien y se le ordenó iniciar procedimientos internos para establecer responsabilidades. Las excepciones de prescripción y falta de legitimación fueron rechazadas, y se condenó en costas a los demandados.",
  "summary_en": "The Contentious Administrative Court ruled in favor of the Comptroller General of the Republic against the Agrarian Development Institute (IDA) and the Association Pro Construction of the North Recreational Park. The court declared that the property known as the North Recreational Park is a public domain asset (demanial) destined for public use as a park, with the characteristics of inalienability, imprescriptibility, and immunity from seizure. It annulled the IDA Board of Directors' agreement authorizing the transfer, the deed of segregation and donation, and the registration in favor of the Association, as they were based on a budget provision (Art. 16(22) of Law 7097) declared unconstitutional. The court found that the association engaged in improper and exclusive use of the land, renting it to a church and a nursery, contrary to its public purpose. It ordered the eviction of private occupants, the transfer of the property to the Municipality of Moravia for administration, and the cancellation of the registration. It also declared the IDA's omission in recovering the asset and ordered it to initiate internal proceedings to establish responsibilities. The defenses of prescription and lack of standing were rejected, and costs were imposed on the defendants.",
  "court_or_agency": "",
  "date": "27/01/2010",
  "year": "2010",
  "topic_ids": [
    "property-and-titling"
  ],
  "primary_topic_id": "property-and-titling",
  "es_concept_hints": [
    "bien demanial",
    "dominio público",
    "inmatriculación",
    "lesividad",
    "nulidad absoluta",
    "norma atípica presupuestaria",
    "principio de inalienabilidad",
    "Ley 7097"
  ],
  "article_citations": [],
  "keywords_es": [
    "bien demanial",
    "parque recreativo",
    "dominio público",
    "inconstitucionalidad",
    "nulidad absoluta",
    "lesividad",
    "IDA",
    "Contraloría General de la República",
    "Municipalidad de Moravia",
    "traspaso",
    "desalojo",
    "uso público",
    "inalienable",
    "imprescriptible",
    "inembargable"
  ],
  "keywords_en": [
    "public domain asset",
    "recreational park",
    "public domain",
    "unconstitutionality",
    "absolute nullity",
    "lesividad",
    "Agrarian Development Institute",
    "Comptroller General",
    "Municipality of Moravia",
    "transfer",
    "eviction",
    "public use",
    "inalienable",
    "imprescriptible",
    "unattachable"
  ],
  "excerpt_es": "VIo.- SOBRE LA NATURALEZA DEMANIAL DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. Este Tribunal considera que el inmueble con plano catastrado número Placa28295, ubicado en el Dirección1832 , del Cantón 14 Moravia, de la Provincia de San José, que se denomina Parque Recreativo del Norte y que actualmente se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo matrícula de folio real número Placa28291 del Partido de San José, a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte (ver folios 102, 103 y 106 del expediente judicial; 3, 6, 7, 8 y 11 del legajo de prueba de la CGR), constituye un bien demanial afectado al uso público de parque, por las siguientes razones: 1) Desde la perspectiva de su relación con la finca madre número 267183-000 del Partido de San José. El Parque Recreativo del Norte constituye un lote de 25.000,06 metros cuadrados, con plano catastrado número SJ-770593-88, que fue segregado de la finca número 267183-000 del Partido de San José, con base en lo dispuesto por el inciso 22 del artículo 16 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097 (ver folios 3 a 11 del legajo de prueba de la CGR; 11 a 14 del expediente administrativo del IDA).\n\nIXo.- SOBRE LOS ALCANCES DE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL INCISO 22 DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 7097 Y SU INCIDENCIA EN LOS ACTOS DE TRASPASO E INSCRIPCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por sentencia número 2008-00056 de las catorce horas cuarenta y siete minutos del nueve de enero del dos mil ocho, declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad tramitada en expediente número 07-13901-0007-CO, pues consideró que “...la autorización introducida en el artículo 16 inciso 22) de la Ley de Presupuesto Extraordinario, Ley No. 7097 de 18 de agosto de 1988, en cuanto permitió al Instituto de Desarrollo Agrario segregar y donar a una Asociación un terreno de veinticinco mil metros cuadrados seis decímetros de su propiedad, es inconstitucional por el procedimiento legislativo que se siguió. Se trata de una norma atípica ajena al contenido presupuestario, a través de la cual se dispone que una propiedad de un ente autónomo del Estado, por lo que resulta contraria al Derecho de la Constitución. Por lo anterior, es claro que la norma que aquí se analiza resulta inconstitucional, y en consecuencia, debe anularse, advirtiendo que será en la vía ordinaria donde se determine la existencia de derechos adquiridos, o la necesidad de pagar o no mejoras sobre la propiedad cuyo traspaso se está anulando con la norma en cuestión...”\n\nXIIIo.- COROLARIO. Por todas las razones expuestas en esta resolución procede declarar con lugar la demanda, en los siguientes términos: 1) Se declara que el inmueble... constituye un bien demanial afectado al uso público de parque, que resulta inembargable, imprescriptible, inalienable y está fuera del comercio de los hombres. Asimismo que el ente competente para ejercer su administración es la Municipalidad de Moravia. 2) Se declara la nulidad absoluta de los siguientes actos: i) el acuerdo número 4 de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario... ii) la escritura número 1... iii) La inscripción en el Registro Público de la Propiedad...",
  "excerpt_en": "VI.- ON THE PUBLIC DOMAIN NATURE OF THE NORTH RECREATIONAL PARK. This Court considers that the property with cadastral plan number ... known as the North Recreational Park ... constitutes a public domain asset affected to the public use of a park, for the following reasons: 1) From the perspective of its relationship with the parent property number 267183-000... The North Recreational Park constitutes a lot of 25,000.06 square meters... which was segregated from property number 267183-000... based on section 22 of article 16 of the Extraordinary Budget Law number 7097...\n\nIX.- ON THE SCOPE OF THE DECLARATION OF UNCONSTITUTIONALITY OF SECTION 22 OF ARTICLE 16 OF LAW 7097 AND ITS IMPACT ON THE TRANSFER AND REGISTRATION ACTS OF THE NORTH RECREATIONAL PARK. The Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, by judgment number 2008-00056... declared the unconstitutionality action filed under case number 07-13901-0007-CO to be with merit, considering that “...the authorization introduced in article 16, section 22) of the Extraordinary Budget Law, Law No. 7097 of August 18, 1988, insofar as it allowed the Agrarian Development Institute to segregate and donate to an Association a plot of twenty-five thousand square meters and six decimeters of its property, is unconstitutional due to the legislative procedure followed. It is an atypical norm foreign to budget content... which is contrary to the Law of the Constitution. Therefore, it is clear that the norm analyzed herein is unconstitutional, and consequently, must be annulled, warning that it will be in the ordinary courts where the existence of acquired rights or the need to pay or not improvements on the property whose transfer is being annulled with the norm in question will be determined...”\n\nXIII.- COROLLARY. For all the reasons stated in this resolution, it is appropriate to grant the claim, in the following terms: 1) It is declared that the property... constitutes a public domain asset affected to the public use of a park, which is unattachable, imprescriptible, inalienable and outside the commerce of men. Likewise, the entity competent to exercise its administration is the Municipality of Moravia. 2) The absolute nullity of the following acts is declared: i) agreement number 4 of the Board of Directors of the Agrarian Development Institute... ii) deed number 1... iii) The registration in the Public Registry of Property...",
  "outcome": {
    "label_en": "Partially granted",
    "label_es": "Parcialmente con lugar",
    "summary_en": "The Comptroller General's claim is partially granted; the transfer and registration acts of the North Recreational Park are annulled as based on an unconstitutional norm; its transfer to the Municipality of Moravia and eviction of private occupants are ordered.",
    "summary_es": "Se declara parcialmente con lugar la demanda de la Contraloría General de la República, se anulan los actos de traspaso e inscripción del Parque Recreativo del Norte por basarse en una norma inconstitucional, se ordena su traspaso a la Municipalidad de Moravia y el desalojo de ocupantes privados."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando IV (citando art. 261 Código Civil)",
      "quote_en": "Public things are those which, by law, are permanently destined for any service of general utility, and those which everyone may use because they are delivered to public use.",
      "quote_es": "Son cosas públicas las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas de que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público."
    },
    {
      "context": "Considerando VI, punto 4.a",
      "quote_en": "Against the public domain, private detentions, however prolonged in time and even if protected by entries in the Property Registry, do not have the virtue of generating subjective rights over property affected to a public service or use.",
      "quote_es": "Frente al dominio público, las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad, no tienen la virtud de generar derechos subjetivos sobre el inmueble afectado a un servicio o uso público."
    },
    {
      "context": "Considerando VIII, punto a",
      "quote_en": "For the exercise of actions tending to their recovery and protection, no prescription or expiration periods run, as the means available to Public Administrations for their effective recovery are imprescriptible.",
      "quote_es": "Para el ejercicio de las acciones tendentes a su recuperación y tutela, no corren plazos de prescripción ni caducidad, siendo que los medios con los que cuentan las Administraciones Públicas para su efectiva recuperación son imprescriptibles."
    },
    {
      "context": "Por Tanto, apartado 1",
      "quote_en": "It is declared that the property... constitutes a public domain asset affected to the public use of a park, which is unattachable, imprescriptible, inalienable and outside the commerce of men. Likewise, the entity competent to exercise its administration is the Municipality of Moravia.",
      "quote_es": "Se declara que el inmueble... constituye un bien demanial afectado al uso público de parque, que resulta inembargable, imprescriptible, inalienable y está fuera del comercio de los hombres. Asimismo que el ente competente para ejercer su administración es la Municipalidad de Moravia."
    }
  ],
  "cites": [
    {
      "id": "norm-5967",
      "citation": "Ley 7097",
      "title_en": "Extraordinary Budget Law No. 7097",
      "title_es": "Ley de Presupuesto Extraordinario N° 7097",
      "doc_type": "law",
      "date": "18/08/1988",
      "year": "1988"
    },
    {
      "id": "norm-35669",
      "citation": "Ley 4240",
      "title_en": "Urban Planning Law",
      "title_es": "Ley de Planificación Urbana",
      "doc_type": "law",
      "date": "15/11/1968",
      "year": "1968"
    },
    {
      "id": "norm-36307",
      "citation": "Ley 833",
      "title_en": "Construction Law",
      "title_es": "Ley de Construcciones",
      "doc_type": "law",
      "date": "02/11/1949",
      "year": "1949"
    },
    {
      "id": "norm-41661",
      "citation": "Ley 7575",
      "title_en": "Forestry Law",
      "title_es": "Ley Forestal",
      "doc_type": "law",
      "date": "13/02/1996",
      "year": "1996"
    },
    {
      "id": "norm-47258",
      "citation": "Ley 8131",
      "title_en": "Financial Administration and Public Budgets",
      "title_es": "Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos",
      "doc_type": "law",
      "date": "18/09/2001",
      "year": "2001"
    },
    {
      "id": "norm-49185",
      "citation": "Ley 8292",
      "title_en": "General Law on Internal Control",
      "title_es": "Ley General de Control Interno",
      "doc_type": "law",
      "date": "31/07/2002",
      "year": "2002"
    }
  ],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [
      {
        "target_id": "norm-5967",
        "kind": "concept_anchor",
        "label": "Ley 7097  Art. 16 inciso 22"
      }
    ],
    "external": [
      {
        "ref_id": "nexus-sen-1-0034-491672",
        "url": "",
        "kind": "related_voto",
        "label": "",
        "nexus_id": "sen-1-0034-491672"
      },
      {
        "ref_id": "nexus-sen-1-0034-497769",
        "url": "",
        "kind": "related_voto",
        "label": "",
        "nexus_id": "sen-1-0034-497769"
      },
      {
        "ref_id": "nexus-sen-1-0034-590024",
        "url": "",
        "kind": "related_voto",
        "label": "",
        "nexus_id": "sen-1-0034-590024"
      }
    ]
  },
  "source_url": "",
  "tier": 2,
  "is_environmental": true,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "amendments_by_article": null,
  "dictamen_by_article": null,
  "concordancias_by_article": null,
  "afectaciones_by_article": null,
  "resoluciones_by_article": null,
  "cited_by_votos": [],
  "cited_norms": [],
  "cited_norms_inverted": [
    {
      "doc_id": "norm-35669",
      "norm_num": "4240",
      "norm_name": "Ley de Planificación Urbana",
      "tipo_norma": "Ley",
      "norm_fecha": "15/11/1968"
    },
    {
      "doc_id": "norm-36307",
      "norm_num": "833",
      "norm_name": "Ley de Construcciones",
      "tipo_norma": "Ley",
      "norm_fecha": "02/11/1949"
    },
    {
      "doc_id": "norm-41661",
      "norm_num": "7575",
      "norm_name": "Ley Forestal",
      "tipo_norma": "Ley",
      "norm_fecha": "13/02/1996"
    },
    {
      "doc_id": "norm-47258",
      "norm_num": "8131",
      "norm_name": "Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos",
      "tipo_norma": "Ley",
      "norm_fecha": "18/09/2001"
    },
    {
      "doc_id": "norm-49185",
      "norm_num": "8292",
      "norm_name": "Ley General de Control Interno",
      "tipo_norma": "Ley",
      "norm_fecha": "31/07/2002"
    }
  ],
  "sentencias_relacionadas": [
    "sen-1-0034-491672",
    "sen-1-0034-497769",
    "sen-1-0034-590024"
  ],
  "temas_y_subtemas": [],
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "Tribunal Contencioso Administrativo, \n\nII Circuito Judicial de San José, Dirección04 \n\nCentral 2545-00-03 Fax 2545-00-33 \n\n Correo Electrónico ...01\n\n______________________________________________________________________\n\n \n\nEXPEDIENTE: 09-000076-1027-CA\n\nPROCESO DE CONOCIMIENTO DECLARADO DE TRÁMITE PREFERENTE\n\nACTOR: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA\n\nDEMANDADOS: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL\nNORTE\n\n \n\nNº 235-2010\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEXTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A.\nGoicoechea, a las siete horas treinta minutos del veintisiete de enero del dos mil diez.-\n\n \n\n Proceso de conocimiento declarado de trámite preferente, interpuesto por Nombre71822 , mayor,\ncasada, Licenciada en Derecho y Administración de Negocios, vecina de San José, cédula de identidad\nnúmero CED29778, en su carácter de CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR), contra el INSTITUTO DE\nDESARROLLO AGRARIO (IDA), representado por Nombre34867 , mayor, casado, abogado, vecino de San Ramón\nde Alajuela, cédula de identidad número CED112349, en su condición de apoderado general judicial de\nesa entidad; la ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE, cédula jurídica número\nCED112350, representada por Nombre143067 , cédula de identidad número CED112351, en carácter\nPresidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de esa asociación. Como\ntercera interesada figura la ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO DE EXCELENCIA, cédula jurídica número\nCED112352, representada por Nombre143068 , mayor, casado, empresario, vecino de San José, cédula de\nidentidad número CED112353, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo\nsin límite de suma de esa asociación.\n\n \n\n RESULTANDO:\n\n1.- Que por resolución número 392-2009 de las quince horas del diez de marzo del dos mil nueve\n(folios 42 a 47 del expediente judicial), el Juez Tramitador resolvió: “Se acoge la medida cautelar\nde anotación de demanda sobre el inmueble del partido de San José, inscrita bajo el Sistema de Folio\nReal matrícula trescientos setenta mil cuatrocientos cuarenta submatrícula cero cero cero\n(Placa28287) solicitada por la Contraloría General de la República, ordenándose mantener la\nanotación acordada mediante resolución de las ocho horas del cuatro de febrero del año dos mil\nnueve. Se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas...”.\n\n \n\n2.- Las pretensiones de la parte actora –una vez ajustadas durante la audiencia única celebrada a\nlas ocho horas diez minutos del siete de enero del dos mil diez-, son para que en sentencia se\ndeclare: “1) La nulidad de las siguientes actuaciones: - El acuerdo número 4 de la Junta Directiva\ndel Instituto de Desarrollo Agrario, adoptado en la sesión número 21-89 de fecha 14 de marzo del año\n1989, por medio del cual se autorizó al Departamento Legal del IDA a confeccionar la escritura de\ntraspaso de la propiedad N° 370440, a la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del\nNorte. - La escritura número 1, visible al folio 1 frente del tomo 10 de las 16:00 horas del 14 de\nnoviembre del año 1989, del protocolo del Notario Julio Sánchez Carvajal, por medio de la cual se\nprocedió al traspaso del terreno N° 370440 a la Asociación Pro Construcción del parque Recreativo\ndel Norte, con una medida de 23.461,41 metros cuadrados. –Inscripción en el registro Público de la\nPropiedad del Partido de San José N° 370440 (citas de presentación 376-14871-01) a nombre de la\nAsociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte. 2) Se ordene por parte del Juez el\ndesalojo inmediato de la Asociación y de los sujetos de derecho privado que se encuentran\nactualmente en posesión ilegítima del Parque Recreativo del Norte. 3) Se ordene al Registro Nacional\nde la Propiedad cancelar la inscripción registral de la propiedad inscrita bajo el Sistema de Folio\nReal de la Provincia de San José No. 1-370440. Asimismo, que el terreno del Parque Recreativo del\nNorte, recupere la inscripción registral como parte integrante de la finca No. 1-267183. 4) Se\nordene al Instituto de Desarrollo Agrario –de forma inmediata- adoptar todas las acciones necesarias\na fin de trasladar la titularidad del terreno ocupado por el Parque Recreativo del Norte a un órgano\no ente público que, conforme sus competencias legales y técnicas, reúnas las condiciones para\nadministrar parques recreativos de naturaleza pública. 5) Mientras se ejecuta la pretensión descrita\nen el punto anterior, se ordene al Instituto de Desarrollo Agrario, adoptar todas las medidas\nnecesarias y pertinentes, tendientes a la conservación y mantenimiento del Parque Recreativo del\nNorte, para que permanezca abierto a la comunidad en general, en condiciones idóneas para el\nejercicio de actividades recreativas. 6) Se ordene al Instituto de Desarrollo Agrario abstenerse de\nadoptar o ejecutar cualquier conducta administrativa que pueda por acción u omisión de alguna forma\nlesionar o comprometer los terrenos del Parque Recreativo del Norte para un fin distinto de su\nnaturaleza demanial. 7) Se declare la disconformidad con el ordenamiento jurídico de la conducta\nprivada desarrollada por parte de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte,\nespecíficamente las conductas tendientes a dar este bien inmueble un fin privativo al que le fue\nencomendado por parte del legislador en la ley que permitió su traspaso. 8) Se declare disconforme\ncon el ordenamiento jurídico la conducta omisa del Instituto de Desarrollo Agrario para con el deber\nde recuperación de los terrenos correspondientes al Parque Recreativo del Norte. 9) Se condene a los\ndemandados al pago de las costas de la presente acción”.\n\n \n\n 3.- Que por auto de las once horas del primero de junio del dos mil nueve (folio 113 a 117 del\nexpediente judicial), el Juez Tramitador de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1) del\nartículo 60 del Código Procesal Contencioso Administrativo, ordenó remitir este proceso a la Sección\nSexta del Tribunal, para que decidiera si le daba o no trámite preferente, pues consideró que “...el\npresente asunto es de gran trascendencia para el interés público, no sólo porque en principio se\nestá “usufructuando de un bien demanial” sino porque tal circunstancia afecta en forma directa,\ninmediata y continua el derecho fundamental a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente\nequilibrado...”.\n\n \n\n 4.- Que por resolución de las dieciséis horas treinta minutos del veinticuatro de junio dos mil\nnueve (folios 120 a 121 del expediente judicial), este Tribunal resolvió: a) Darle trámite\npreferente a este proceso; b) Integrar de manera oficiosa la litis consorcio pasivo necesario\nrespecto del Centro de Excelencia Internacional y el Vivero La Sultana, a fin de participen en el\nproceso como terceros interesados en lo que el Tribunal resuelva en sentencia; c) Conforme a lo\ndispuesto en el artículo 58.1.g del Código Procesal Contencioso Administrativo, conceder a la\nContraloría General de la República, el plazo de dos días hábiles, para que indicara el lugar en que\npodían ser habidos para efectos de notificación, los representantes legales del Centro de Excelencia\nInternacional y el Vivero La Sultana, a quienes se les tuvo como terceros interesados.\n\n \n\n5.- Que por resolución de las ocho horas treinta minutos del siete de julio del dos mil nueve\n(folios 148 a 150 del expediente judicial), este Tribunal dispuso: a) Revocar parcialmente lo\nresuelto en el auto de las dieciséis horas treinta minutos del veinticuatro de junio del dos mil\nnueve y excluir a Vivero La Sultana como tercero interesado en este proceso y mantener únicamente en\nesa condición al Centro de Excelencia Internacional; b) De conformidad con lo dispuesto en el\nartículo 35.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, otorgar al Presidente Ejecutivo del\nInstituto de Desarrollo Agrario, el plazo de tres días hábiles, para que cesara la inactividad\nacusada; c) Dar traslado de la demanda por el plazo de cinco días hábiles, al Instituto de\nDesarrollo Agrario, a la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte y al tercero\ninteresado Centro de Excelencia Internacional.\n\n \n\n6.- El representante del INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO contestó negativamente la demanda e\ninterpuso la excepción de falta de integración de la litis consorcio pasivo necesario. Solicitó que\nen sentencia se declare sin lugar la demanda; se ordene en sentencia la cancelación de la\ninscripción registral del inmueble matrícula de folio real número Placa28288; se le exima del pago\nde costas (folios 161 a 169 del expediente judicial). Por su parte, el representante de la\nASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE, contestó negativamente la demanda e\ninterpuso las excepciones de prescripción, falta de legitimación activa y pasiva, y falta de\nderecho. Solicitó que en sentencia se declare sin lugar la demanda en todos sus extremos (folios 170\na 174 del expediente judicial). Por último, el representante de la ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO DE\nEXCELENCIA, manifestó que “... existe entre mi representada y la Asociación de Pro Construcción del\nParque Recreativo del Norte una relación contractual, establecida mediante el arrendamiento de parte\nde la propiedad objeto de este litigio; siendo que al día de hoy dicha relación contractual se\nencuentra vigente y bajo los parámetros y al amparo del ordenamiento jurídico costarricense. Por la\nrazón expuesta solicito se me tenga como parte interesada en el presente proceso y se me notifique\ntodo lo actuado por esta autoridad y las partes involucradas...” (folios 175 a 176 del expediente\njudicial).\n\n \n\n7.- Por auto de las dieciséis horas treinta minutos del diecisiete de agosto del dos mil nueve\n(folios 178 y 179 del expediente judicial), este Tribunal dispuso: a) Conforme a lo dispuesto en los\nartículos 61.2 y 64 del Código Procesal Contencioso Administrativo, otorgar el plazo de tres días\nhábiles a los representantes legales de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del\nNorte y de la Asociación Centro Cristiano de Excelencia, para que subsanaran los escritos de\ncontestación de la demanda en los términos allí expuestos; b) Otorgar audiencia a todas las partes,\npara que en el mismo plazo de tres días, se manifestaran sobre la solicitud para que se integre al\nEstado como parte demandada, que plantea el Instituto de Desarrollo Agrario.\n\n \n\n8.- Que por resolución número 1913-2009 de las once horas del nueve de septiembre del dos mil nueve\n(folio 193 a 195 del expediente judicial), este Tribunal rechazó la excepción de litis consorcio\npasivo necesario interpuesta por el Instituto de Desarrollo Agrario. Asimismo por auto de las\ncatorce horas treinta minutos del nueve de septiembre del dos mil nueve, se resolvió: a) Que es a la\nAsociación Centro Cristiano de Excelencia, a quién se le tiene como tercera interesada en este\nproceso y la cual se ha tenido por notificada de las resoluciones que se han dictado; b) Que de\nconformidad con lo dispuesto en el artículo 64 inciso 3 del Código Procesal Contencioso\nAdministrativo, y dado que la Asociación Centro Cristiano de Excelencia –a quién se le tiene como\ntercero interesado- no corrigió en el plazo conferido los defectos en la contestación de la demanda,\nque se le previnieron en auto de las dieciséis horas treinta minutos del diecisiete de agosto del\ndos mil nueve, se tuvieron por admitidos los hechos por parte de esa asociación; c) Se tuvo por\ncontestada en tiempo y en forma la demanda y, se dio audiencia por dos días hábiles a la parte\nactora, para que se refiriera a las oposiciones, expediente administrativo, prueba y excepciones\nformuladas, pudiendo ofrecer su contraprueba; d) Se señalaron las ocho horas treinta minutos del\ndieciséis de septiembre del dos mil nueve, para realizar un reconocimiento judicial en los terrenos\nobjeto de este proceso.\n\n \n\n9.- Que por resolución de las once horas treinta minutos del seis de octubre del dos mil nueve\n(folio 239 del expediente judicial), se convocó a las partes a una audiencia de conciliación, a\ncelebrarse a las ocho horas del dieciséis de octubre del dos mil nueve. Que por resolución de las\nocho horas del dieciséis de octubre del dos mil nueve (folio 248 del expediente judicial), la Jueza\nConciliadora tuvo por fracasada dicha etapa, dado que la Contraloría General de la República en\nescrito visible a folio 244 del expediente judicial, manifestó no estar dispuesta a conciliar. Que\npor auto de las siete horas treinta minutos del veinticinco de noviembre del dos mil nueve (folio\n257 del expediente judicial), este Tribunal citó a las partes a las audiencia única prevista en el\nartículo 60 inciso 3) del Código Procesal Contencioso Administrativo, a celebrarse los días 7 y 8 de\nenero del dos mil diez, a partir de las ocho horas.\n\n \n\n10.- La audiencia única se celebró a las ocho horas diez minutos del siete de enero del dos mil\ndiez, en la cual, únicamente se entró a conocer y resolver los extremos a que alude el artículo 90 y\nsiguientes del Código Procesal Contencioso Administrativo, en consecuencia: a) se reservó para\nsentencia la resolución de la defensa de prescripción interpuesta por la Asociación Pro Construcción\ndel Parque Recreativo del Norte; b) se ajustaron las pretensiones planteadas por la parte actora, en\nlos términos indicados en el resultado segundo de esta sentencia; c) se establecieron los hechos\ncontrovertidos y no controvertidos, trascendentales para el caso y por ende, objeto de prueba; d) se\nadmitió la prueba documental pertinente; e) como no había prueba testimonial ni pericial por evacuar\ny conforme a lo dispuesto en el artículo 98.2 del mismo Código, se escucharon las conclusiones\nformuladas de manera oral por todas las partes y se declaró el proceso como de trámite complejo. Que\ndicha audiencia fue grabada en el sistema audiovisual correspondiente, grabación que corre agregada\nal expediente en un legajo especial.\n\n \n\n 11.- En los procedimientos ante este Tribunal no se han observado nulidades que deban ser\nsubsanadas o que generen indefensión y la sentencia se dicta y se notifica dentro del término\nestablecido en los artículos 60 inciso 6) y 111 inciso 1) del Código Procesal Contencioso\nAdministrativo, en relación con el inciso 3) del artículo 82 del Reglamento Autónomo de Organización\ny Servicio de esta Jurisdicción.-\n\n \n\nRedacta la jueza Álvarez Molina, con el voto afirmativo de los jueces Garita Navarro y González\nVílchez; y,\n\n \n\nC O N S I DE R A N D O:\n\n Io.- HECHOS PROBADOS: Se tienen como debidamente acreditados los siguientes hechos que resultan\nrelevantes para este proceso: 1) Que en el Alcance número 32 al Diario Oficial La Gaceta número 43\ndel primero de marzo de mil novecientos setenta y ocho, se publicó el Decreto Ejecutivo número\n8005-G, en cuyo considerando primero se indica: “...con el objeto de realizar la construcción de\nbodegas para la venta y distribución de productos de los asentamientos campesinos, así como las\ninstalaciones y edificio del Instituto de Tierras y Colonización y evitar así los altos pagos por\nconcepto de alquileres, es necesaria la adquisición de la finca, propiedad de la sociedad La\nCornelia Limitada, inscrita en el Partido de San José del Registro de la Propiedad, tomo mil\nquinientos seis, folio cuatrocientos treinta y siete, número ciento treinta y cinco mil novecientos\nnoventa y seis, asiento dos, que es denominado Finca Venegas, hoy cultivado de café y potrero con\ncasa en él ubicada de madera...”. Que en razón de lo anterior, el artículo 1 de ese mismo Decreto\nEjecutivo dispone que: “...Con fundamento en la ley número 36 del veintiséis de junio de mil\nochocientos noventa y seis adicionada por Decreto Legislativo número 78 de veinticuatro de junio de\nmil novecientos treinta y ocho, exprópiase la finca propiedad de Sociedad La Cornelia, descrita en\nel considerando uno de este decreto...” (ver el Alcance número 32 a La Gaceta número 43 del primero\nde marzo de mil novecientos setenta y ocho); 2) Que en el Diario Oficial La Gaceta número 48 del\nocho de marzo de mil novecientos setenta y ocho, se publicó el Decreto Ejecutivo número 8059-G, en\nel cual, se dispone reformar lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo número\n8005-G-, pues se consideró que “...en vista de que para la construcción de bodegas para la venta y\ndistribución de productos de los asentamientos campesinos y que para la construcción del edificio\ndel Instituto de Tierras y Colonización, no es necesario adquirir la totalidad de la finca número\nciento y cinco mil novecientos noventa y seis, propiedad de Sociedad “La Cornelia Limitada”, toda\nvez que de conformidad con los planos que para tales efectos se tienen el área que se necesita es\nmenor, resulta consecuentemente de poca conveniencia expropiar todo el inmueble. 2.- Que siendo la\nsuperficie que se necesita de diez hectáreas dos mil ochocientos ochenta y cinco metros noventa y\ncinco decímetros cuadrados, lo que procede es reformar el Decreto Ejecutivo que ordenó la\nexpropiación de la mencionada finca...” (ver La Gaceta número 48 del ocho de marzo de mil\nnovecientos setenta y ocho); 3) Que por escritura número 20 otorgada a las quince horas quince\nminutos del dieciséis de marzo de mil novecientos setenta y ocho, ante el Notario Público Eduardo\nChing Murillo, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos Ejecutivos número 8005-G y 8059-G,\nla sociedad “La Cornelia Limitada” le vendió al Estado, el lote A descrito como terreno cultivado de\ncafé y potrero con una casa de habitación de madera en él ubicada, con una medida de diez hectáreas\ndos mil ochocientos ochenta y cinco metros, noventa y cinco decímetros cuadrados, que forma parte de\nla finca madre inscrita en el Registro Público, Sección de Propiedad, Partido de San José, tomo mil\nquinientos seis, folio cuatrocientos treinta y siete, número ciento treinta y cinco mil novecientos\nnoventa y seis, asiento dos, que es denominado finca Venegas, situado en los Dirección17411 de San\nJosé. Que el representante del Estado “...debidamente autorizado por los Decretos Ejecutivos antes\nrelacionados y por oficio del ministerio de Gobernación de esta fecha traspasa al Instituto de\nTierras y Colonización en este acto la propiedad del lote que por esta misma escritura adquiere el\nEstado, a fin de que ese Instituto la destine a los fines que se indican en los Decretos Ejecutivos\nde repetida cita...” (ver folios 29 a 34 del expediente administrativo del Instituto de Desarrollo\nAgrario); 4) Que el inmueble que fue traspasado al Instituto de Tierras y Colonización, mediante\nescritura número 20 otorgada a las quince horas quince minutos del dieciséis de marzo de mil\nnovecientos setenta y ocho, ante el Notario Público Eduardo Ching Murillo, fue inscrito en el\nRegistro Público, al tomo 2652, folios 13-15, asiento 1, matrícula de folio real número Placa28289,\ndel Partido de San José, cuya naturaleza se describe como terreno para construir (ver folios 02 del\nlegajo de prueba de la Contraloría General de la República y 33 del expediente administrativo del\nInstituto de Desarrollo Agrario); 5) Que por escritura número 112 otorgada a las veinte horas del\nquince de octubre de mil novecientos ochenta y seis, ante el Notario Público Ciro Casas Zamora, se\nconstituyó la Asociación Pro Construcción Parque Recreativo del Norte, cuyos objetivos principales,\nconforme a lo dispuesto en el artículo 3 de sus estatutos, constituyen: “...fomentar el ideal de\nservicio como base de toda empresa digna y en particular estimular y fomentar la construcción de un\nparque recreativo y natural para el esparcimiento de los vecinos de los cantones del norte de San\nJosé, y los ciudadanos en general. El fomento de la actividad mediante la construcción de mejoras\npara el esparcimiento y práctica deportiva y de la contemplación de la naturaleza, y recaudación de\nfondos para el desarrollo del mismo a travez (sic) de sesiones periódicas, asesorías profesionales,\nactividades de servicio a la comunidad, conferencias, programas de divulgación y demás medios\nafines...”. Que dicha asociación, fue inscrita en el Registro de Asociaciones bajo el expediente\nnúmero 2394, folios 1 al 12, tomo 1, asiento 21 (ver folios 91 y 92,, 99 a 109 del legajo de prueba\nde la Contraloría General de la República); 6) Que en el Alcance número 25 al Diario Oficial La\nGaceta número 166 del primero de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, se publicó la Ley de\nPresupuesto Extraordinario número 7097 del dieciocho de agosto de ese mismo año, en cuyo artículo 16\ninciso 22 disponía: “...Autorízase al Instituto de Desarrollo Agrario para que segregue y le done a\nla Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, un lote de hasta 25.000,06 metros\ncuadrados (veinticinco mil metros cuadrados seis decímetros cuadrados), que colinda al norte con\ncalle pública, al este con urbanización Los Colegios, al sur con el Instituto de Desarrollo Agrario\ny al oeste con la Sucesión Nombre143359 . Esta finca está inscrita en el partido de San José, tomo\n2652, folio 13, N° 267183, asiento 1, situada en los distritos Anselmo Llorente y San Vicente de los\ncantones de Tibás y Moravia. Ese terreno se utilizará exclusivamente en la construcción del proyecto\ndenominado Parque Recreativo del Norte...” (ver el Alcance número 25 al Diario Oficial La Gaceta\nnúmero 166 del primero de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho; y los folios 11 a 14 del\nexpediente administrativo del Instituto de Desarrollo Agrario y 01 del legajo de prueba de la\nContraloría General de la República); 7) Que el siete de diciembre de mil novecientos ochenta y\nocho, se inscribió en el Catastro Nacional el plano número SJ-770593-88, correspondiente a un\ninmueble propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, con un área de 2 hectáreas 3461, 41 metros\ncuadrados, ubicado en el Distrito San Vicente, del Cantón de Moravia de la Provincia de San José,\nque forma parte de la finca inscrita en el Registro Público al tomo 2652, folio 13, asiento 1,\nnúmero Placa28290 (ver folio 11 del legajo de prueba de la Contraloría General de la República); 8)\nQue por acuerdo número IV adoptado en la sesión número 21-89 celebrada el catorce de marzo de mil\nnovecientos ochenta y nueve, la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, dispuso: “...1.\nSe autoriza al Departamento Legal, confeccionar la respectiva escritura de traspaso y donación, de\nconformidad con lo establecido en la norma de presupuesto, Ley No. 7097 publicada en el Alcance No.\n25 de La Gaceta No. 166 del 1° de setiembre de 1988, de un lote con un área de 2 HA.3461,41m2.,\nsegún plano catastrado SJ-770.593-88, que se ha de segregar de la finca ubicada en los Cantones de\nTibás y Moravia, propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, a favor de la Asociación Pro-\nConstrucción del Parque Recreativo del Norte (...) 3. Se consigna el voto negativo del Licenciado\nAlexis Gómez Guillén, Director, en razón de que en su condición de abogado, considera que la\nautorización del traspaso de ese lote, se basa en una norma presupuestaria, que a criterio suyo es\ninconstitucional. Asimismo quiere dejar constancia que es partidario de que se construyan centros\ncomo ese y se financien por cuenta del Estado, pero dentro del ordenamiento legal vigente...” (ver\nfolios 102 y 103 del expediente judicial); 9) Que por escritura número 1, tomo 10, otorgada a las\ndieciséis horas del catorce de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, ante el Notario Público\nJulio Sánchez Carvajal, y en cumplimiento de lo dispuesto en la norma de presupuesto, Ley número\nsiete mil noventa y siete publicada en el Alcance número 25 de La Gaceta número 166 del primero de\nseptiembre de mil novecientos ochenta y ocho, y conforme a lo dispuesto por la Junta Directiva del\nInstituto de Desarrollo Agrario en número IV adoptado en la sesión número 21-89 celebrada el catorce\nde marzo de mil novecientos ochenta y nueve, el Instituto de Desarrollo Agrario le segregó y donó a\nla Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, el lote descrito como “...terreno\nhoy para construir el Parque Recreativo del Norte, sito en el Dirección17412 , ...”, que mide 2\nHA.3461,41m2. según plano inscrito en el Catastro Nacional bajo el número SJ-770593-88 con fecha\nsiete de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, que forma parte de la finca madre inscrita en\nel Registro Público, Sección de Propiedad, Partido de San José, tomo 2652, folio 13, número 267183,\nasiento 1, situado en los Dirección17413 , que se describe como “...terreno parte cultivado de café,\nun edificio en construcción, un taller mecánico, y oficina administrativa...” y que una vez hecha la\nsegregación del lote donado a la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, tiene\nuna cabida de siete hectáreas, nueve mil cuatrocientos veinticuatro metros, cincuenta y cuatro\ndecímetros cuadrados (hecho no controvertido, ver folios 06 a 10 del legajo de prueba de la\nContraloría General de la República y respaldo audiovisual de la audiencia preliminar); 10) Que la\ndonación del inmueble descrito, se hizo con base en las siguientes limitaciones, que fueron\naceptadas por la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, a saber: “...D) Que el\ncomprador o los compradores no podrá traspasar el dominio de su predio, ni gravarlo, arrendarlo, o\nsubdividirlo sin la autorización previa del Instituto vendedor, excepto que hayan transcurrido\nquince años contados a partir de esta fecha (...) Transcurridos los quince años dichos, cualquier\nenajenación de la o de las parcelas que a juicio del Instituto vendedor pueda producir una\nconcentración o subdivisión excesiva de la propiedad dará derecho a éste para adquirir la o las\nparcelas que se ofrezcan en venta (...) F) Que el incumplimiento por parte de los compradores o de\nlas personas a quienes estos hayan transmitido sobre las parcelas aquí adquiridas de cualesquiera de\nlas obligaciones que señala la Ley de Tierras y Colonización número dos mil ochocientos veinticinco\nde catorce de octubre de mil novecientos sesenta y uno y sus reformas, dará derecho al Instituto\nvendedor para revocar administrativamente la adjudicación o nulidad y para solicitar al Registro\nPúblico que la parcela o lote sea inscrito nuevamente a nombre del Instituto vendedor, quién pagará\na quien en el Registro aparezca como dueño al momento de la revocatoria el precio original de compra\ny el valor de las mejoras que se hubieran introducido en el inmueble de conformidad con el avalúo\nque al respecto realizará un perito de la Institución vendedora...” (ver folios 08 a 10 del legajo\nde prueba de la Contraloría General de la República); 11) Que el inmueble traspasado a la Asociación\nPro Construcción del Parque Recreativo del Norte, mediante escritura número 1, tomo 10, otorgada a\nlas dieciséis horas del catorce de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, ante el Notario\nPúblico Julio Sánchez Carvajal, fue inscrito en el Registro Público el diecinueve de enero de mil\nnovecientos noventa, bajo el Sistema de Folio Real, Provincia de San José, matrícula número\nPlaca28291, cuya naturaleza se describe como terreno para construir parque recreativo (hecho no\ncontrovertido, ver folios 03 y 04 del legajo de prueba de la Contraloría General de la República y\nrespaldo audiovisual de la audiencia única); 12) Que el inmueble inscrito bajo matrícula de folio\nreal número Placa28291, se encuentra ubicado en el Dirección17414 , , de la Provincia de San José\n(hecho no controvertido, ver folios 02 y 11 del legajo de prueba de la Contraloría General de la\nRepública y respaldo audiovisual de la audiencia única); 13) Que en las Leyes de Presupuesto\ndictadas por la Asamblea Legislativa durante el período comprendido entre los años 1987 a 1992, se\nincorporaron a favor de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, las\nsubpartidas presupuestarias destinadas a la construcción, obras o servicios de mantenimiento del\nparque, que se desglosan de la siguiente forma: a) año 1988, Ley 7089, código presupuestario número\n13090270245712413010, para Construcción del Parque, monto ¢6.000.000 (seis millones de colones); b)\naño 1989, ley número 7111, código presupuestario 13090270278212413010, para Construcción del Parque,\nmonto ¢10.000.000 (diez millones de colones); c) año 1989, ley 7111, código presupuestario\n1177657020124145230, para construcción del parque, monto ¢10.000.000 (diez millones de colones); d)\naño 1990, ley número 7141, código presupuestario 1177657020113145630, para construcción del parque,\nmonto ¢6.000.000 (seis millones de colones); e) año 1990, ley número 7216, código presupuestario\n13090270256512413010, para obras en el parque, monto ¢225.000 (doscientos veinticinco mil colones);\nf) año 1990, ley número 7216, código presupuestario 13090263756811313010, para servicios de\nmantenimiento en el parque, monto ¢15.000 (quince mil colones); g) año 1992, ley número 7272, código\npresupuestario 13090270250827241284, para obras en el Parque Recreativo del Norte, monto ¢500.000\n(quinientos mil colones) (ver folios 13 a 15 del legajo de prueba de la Contraloría General de la\nRepública; 17 y 18 del expediente administrativo del IDA); 14) Que por oficio número DAJ-403-2006\ndel dieciséis de abril del dos mil seis, la Dirección de Asuntos Jurídicos del IDA rindió un informe\nal Presidente Ejecutivo de esa misma entidad, sobre el Parque Recreativo del Norte, en el que entre\notros aspectos, indica que: “...4- El terreno quedó debidamente inscrito a favor de la citada\nasociación y generó el Folio Real de San José, número 370.440-000, quedando con limitaciones de la\nLey de Tierras y Colonización por un espacio de 15 años, por lo que las mismas vencieron el 14 de\nnoviembre del año 2004...” (folio 95 del expediente administrativo del IDA); 15) Que por oficio\nnúmero DAMM 675-04-06 del veinticinco de abril del dos mil seis, el Alcalde Municipal de Moravia,\npuso en conocimiento del Instituto de Desarrollo Agrario “...algunas irregularidades que se han\nvenido produciendo con el tiempo, con relación a un inmueble que hoy es conocido como Parque\nRecreativo del Norte, a efecto de que se interpongan los buenos oficios y darle una solución\ndefinitiva a los mismos (...) Adicionamos, como los miembros de la Junta Directiva de la Asociación\nhan variado la naturaleza del inmueble, convirtiendo el gimnasio deportivo que se ubica en él, en un\ncentro de supuesta convención, pero lo cierto es, que su nuevo rumbo es el de una iglesia...” (ver\nfolios 80 a 89 del expediente administrativo del Instituto de Desarrollo Agrario; y respaldo\naudiovisual del reconocimiento judicial del dieciséis de septiembre del dos mil nueve); 16) Que por\noficio número DAJ-409 del dieciséis de mayo del dos mil seis, la Dirección de Asuntos Jurídicos del\nIDA, rindió ante la Junta Directiva de esa misma entidad, un informe relacionado con los hechos\npuestos en conocimiento por el Alcalde Municipal de Moravia, mediante oficio DAMM 675-04-06 del\nveinticinco de abril del dos mil seis, en cuyas conclusiones indica: “...De conformidad con lo\nexpuesto, la única posibilidad que tiene el Instituto es la de recurrir a una acción de\nInconstitucionalidad de la norma atípica y como consecuencia pedir la nulidad de la escritura de\ntraspaso, pues en todos los demás casos nuestros derechos están prescritos o caducos. Se hace la\nobservación que de acoger la Sala nuestra tesis, eventualmente tendríamos que reconocer a la\nAsociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, las mejoras introducidas por ellos en\nel terreno, pues no podemos afectar derechos adquiridos de buena fe. De acogerse la recomendación de\nla Dirección de Asuntos Jurídicos sería conveniente que la Junta tome un acuerdo en ese sentido y\nautorice al señor Presidente Ejecutivo a plantear la respectiva acción. No comparte esta Dirección\nla posición del señor Alcalde Municipal en el sentido de que solo el Instituto tiene legitimación\npara accionar puesto que como se explicó al no estar en presencia de una lesión directa o\nindividual, de ahí que la acción la puede presentar cualquier persona...” (ver folios 75 a 79 del\nexpediente administrativo del IDA); 17) Que por acuerdo número 33 adoptado en la sesión número\n018-06 celebrada el veintidós de mayo del dos mil seis, la Junta Directiva del IDA de conformidad\ncon el oficio número DAJ-409-06 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa misma entidad, acordó:\n“...1. Dar audiencia al Alcalde Municipal de Moravia; 2. Comisionar a la Presidencia Ejecutiva, a\nefecto de formular una consulta, tanto a la Procuraduría General de la República, como a la\nAuditoría Interna del Instituto, sobre el fondo de este asunto tomando en cuenta el propio criterio\nvertido por la Asesoría Legal del Instituto...” (folio 74 del expediente administrativo del IDA);\n18) Que por oficio número FOE-DDJ-3035 del veintiuno de septiembre del dos mil seis, la Contraloría\nGeneral de la República, trasladó al Instituto de Desarrollo Agrario una denuncia contra la\nAsociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte y su Presidente, “...por supuestas\nirregularidades en el manejo de fondos y bienes donados por el Estado para la construcción de ese\nparque, partidas específicas y lote del IDA y por el cierre de este inmueble al público...”. Que la\nJunta Directiva del IDA por acuerdo número 33 adoptado en la sesión número 033-06 celebrada el dos\nde octubre del dos mil seis, conoció el oficio FOE-DDJ-3035 del veintiuno de septiembre del dos mil\nseis, de la Contraloría General de la República y acordó “...comisionar al Asesor Legal de la Junta\nDirectiva, presentar ante esta Junta Directiva un informe del estado actual del presente caso a\nefecto de informar al interesado...” (ver folios 17, 18, 73 del expediente administrativo del IDA);\n19) Que en la edición digital del Periódico La Nación, correspondiente al lunes veinticinco de\ndiciembre del dos mil seis, salió publicado un artículo que se titula “Fiscalía investiga supuesto\npeculado en parque público”, en el cual, se indica -entre otros aspectos-, que “...Una investigación\nde La Nación reveló, en mayo pasado, que el terreno donado por el IDA para que la comunidad tuviese\nun parque, se encuentra cercado y dividido con mallas de alambre y que el público sólo tiene acceso\nal 15% del espacio. La Asociación alquila el resto de la propiedad, incluido el gimnasio, a un grupo\nreligioso y un vivero, y a actividades comerciales...” (ver folios 17 y 18 del expediente\nadministrativo del IDA, y 126 del legajo de prueba de la CGR); 20) Que por oficio número FOE-\nDDJ-0317 recibido el ocho de marzo del dos mil siete, la Contraloría General de la República,\nsolicitó “...información sobre las acciones tomadas por el IDA en relación con la problemática\npresentada con el uso del denominado Parque Recreativo del Norte...”. Que la Junta Directiva del IDA\npor acuerdo número 9 de la sesión 010-07 celebrada el doce de marzo del dos mil siete, conoció el\noficio número FOE-DDJ-0317 y acordó “...informar a la Contraloría General de la República, de que ya\nestá elaborada la acción de inconstitucionalidad y a su vez peticionar a dicho Órgano para que\ncoadyuve en dicha acción de inconstitucionalidad, la cual se va a presentar en su momento...” (ver\nfolio 71 del expediente administrativo del IDA); 21) Que al dos de julio del dos mil siete, el\nCentro de Excelencia Internacional y el Vivero La Sultana, ocupaban una porción del inmueble\ninscrito bajo matrícula de folio real número Placa28291, que conforme a lo dispuesto en el inciso 22\ndel artículo 16 de la Ley de Presupuesto número 7097, fue destinado a la construcción del Parque\nRecreativo del Norte (ver folios 1, 110, 112 a 122, 126 del legajo de prueba de la CGR y 140 del\nexpediente judicial); 22) Que el dieciséis de octubre del dos mil siete, la Contraloría General de\nla República interpuso acción de inconstitucionalidad contra el artículo 16 inciso 22 de la Ley de\nPresupuesto Extraordinario número 7097 del dieciocho de agosto de mil novecientos ochenta y ocho,\nque había autorizado al IDA a segregar un lote de hasta 25.000,06 metros cuadrados de la finca\nnúmero 267183, inmueble que actualmente se encuentra inscrito bajo matrícula de folio real número\nPlaca28287. Que a dicha acción de inconstitucionalidad se le asignó el número de expediente\n07-013901-0007-CO (hecho no controvertido, ver folios 17 a 26 del legajo de pruebas de la CGR y\nrespaldo audiovisual de la audiencia única); 23) Que por sentencia número 2008-00056 de las catorce\nhoras cuarenta y siete minutos del nueve de enero del dos mil ocho, la Sala Constitucional de la\nCorte Suprema de Justicia, declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad tramitada en\nexpediente número 07-13901-0007-CO, pues consideró que “...la autorización introducida en el\nartículo 16 inciso 22) de la Ley de Presupuesto Extraordinario, Ley No. 7097 de 18 de agosto de\n1988, en cuanto permitió al Instituto de Desarrollo Agrario segregar y donar a una Asociación un\nterreno de veinticinco mil metros cuadrados seis decímetros de su propiedad, es inconstitucional por\nel procedimiento legislativo que se siguió. Se trata de una norma atípica ajena al contenido\npresupuestario, a través de la cual se dispone que una propiedad de un ente autónomo del Estado, por\nlo que resulta contraria al Derecho de la Constitución. Por lo anterior, es claro que la norma que\naquí se analiza resulta inconstitucional, y en consecuencia, debe anularse, advirtiendo que será en\nla vía ordinaria donde se determine la existencia de derechos adquiridos, o la necesidad de pagar o\nno mejoras sobre la propiedad cuyo traspaso se está anulando con la norma en cuestión...”. Que por\nende, el Por Tanto de dicha sentencia, dispone: “Se declara CON LUGAR la acción. En consecuencia, se\nanula por inconstitucional el artículo 16 inciso 22) de la Ley No. 7097 de 18 de agosto de 1988,\npublicada en el Alcance NO. 25 a La Gaceta No. 166 del 1° de septiembre de 1988, que es Ley de\nPresupuesto Extraordinario de la República, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.\nComuníquese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Reséñese este\npronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial.\nNotifíquese” (ver folios 65 a 71 del legajo de pruebas de la CGR; 10 y 70 del expediente\nadministrativo del IDA); 24) Que por oficio número PE-0123-2008 del catorce de enero del dos mil\nocho, el Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario, le solicitó a la Dirección de\nAsuntos Jurídicos de esa misma entidad, que analizara “...el voto de la Sala Constitucional que\nanuló la norma presupuestaria mediante la cual se donó terreno para parque recreativo del norte. De\nconformidad con la información obtenida, esta Presidencia Ejecutiva requiere criterio jurídico sobre\nla situación planteada, posibilidad de recuperación del bien en cuestión, si existen derechos a\nfavor de particulares que puedan afectar o, si existen derechos a favor del IDA que deban ser\ncustodiados...” (ver folio 96 del legajo de prueba de la CGR y 9 del expediente administrativo del\nIDA); 25) Que por oficio número DAJ-048-08 del veintitrés de enero del dos mil ocho, la Dirección de\nAsuntos Jurídicos en contestación al oficio número PE-0123-2008 del catorce de enero del dos mil\nocho suscrito por el Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario, informó que: “...Si\nbien es cierto, la Sala Constitucional anula la norma mediante la cual el IDA traspaso un inmueble a\nla Asociación Parque Recreativo del Norte, de conformidad con el artículo 91 de la Ley de\nJurisdicción Constitucional, esa declaratoria tiene efectos declarativos y retroactivos, así el acto\nadministrativo que autorizó el traspaso se tendría como no existente, regresando las cosas a su\nestado original, es decir, revirtiendo el terreno al patrimonio de la Institución. Sin embargo, no\nse tiene certeza actualmente respecto a, si en el voto la Sala Constitucional anula el traspaso en\nsí mismo y, ordena la cancelación del asiento registral o, si es omisa en ese sentido. En el\nsupuesto de que la Sala Constitucional anule el acto de traspaso y ordene cancelación de asiento\nregistral como consecuencia, dicho acto solamente lo podría ejecutar la Contraloría General de la\nRepública, puesto que fue ésta quien interpuso la acción y, al IDA no se le dio participación dentro\ndel proceso (...)” Ahora bien, el voto se encuentra en este momento en proceso de firmas de los\nseñores Magistrados de la Sala Constitucional, por lo que su conocimiento integral, será una vez\nconcluido (sic) esta etapa procesal, la que nos permitirá conocer con mayor seguridad, lo pertinente\na la nulidad del acto mismo del traspaso, la nulidad del asiento registral como consecuencia\ninmediata y, la reversión del inmueble al patrimonio de la institución...” (folios 97 a 98 del\nlegajo de pruebas de la CGR; 7 a 8 del expediente administrativo del IDA); 26) Que el aviso a que\nhacen referencia los artículos 88 y 90 párrafo 1° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en\ncuanto a la publicación de la parte dispositiva de la sentencia, fue publicado en los Boletines\nJudiciales números 41, 42 y 43, de fechas 27, 28 y 29 de febrero del dos mil ocho, respectivamente\n(hecho no controvertido, ver folios 72, 93 a 95 del legajo de prueba de la CGR y respaldo\naudiovisual de la audiencia única); 27) Que el cinco de abril del dos mil ocho, la Asociación Pro\nConstrucción del Parque Recreativo del Norte, suscribió un contrato de arrendamiento con la\nAsociación Centro Cristiano de Excelencia, sobre una parte del inmueble ubicado en el Dirección1834\n, del Dirección4667 , de la provincia de San José, inscrito a su nombre en el Registro Público de la\nPropiedad, bajo el sistema de folio real matrícula número Placa28291, “...específicamente el terreno\nubicado de las canchas deportivas hacia el oeste, hasta la quebrada (río), terreno con una medida\naproximada de veinte mil metros cuadrados, y que en la actualidad consta de un gimnasio construido y\náreas verdes. TERCERA: Que dicha propiedad, será destinada por el Arrendatario para la realización\nde servicios religiosos o eventos afines, que ayuden al desarrollo integral de (sic) sociedad y los\nindividuos. CUARTA: El plazo de este contrato será de diez años a partir del día ocho de abril del\ndos mil ocho, pudiendo prorrogarse por períodos iguales hasta completar treinta años. Las prórrogas\ncorrespondientes a cada año deberán necesariamente formularse por escrito en un nuevo contrato o\naddendum; no existiendo prórrogas automáticas ni tácita (sic). QUINTA: El precio del arrendamiento\nde la propiedad indicada, será de dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil colones exactos\n(2.462.000,00), y se establece un aumento anual del diez por ciento en el pago por concepto de\narrendamiento de la propiedad...” (ver folios 275 a 278 del expediente judicial); 28) Que por oficio\nnúmero PUMM-100-032006 del doce de junio del dos mil seis, el Dr. Nombre143360 de Planificación\nInstitucional de la Municipalidad de Moravia, indica que “...la propiedad inscrita en el FR n.\n370440, según plano catastrado SJ-770593-88, el uso de suelo correspondiente al Parque del Norte\ncorresponde, según el Reglamento del Plan Regulador en su Art. 10, a la Zona Pública Institucional\nde San Vicente...”. Que dicha información la reitera en oficio número D.P.U.M.M. 705-2008 del\nveintiuno de julio del dos mil ocho, documento en el cual, también indica que “...las zonas de uso\npúblico tienen por objeto el establecimiento de facilidades culturales, educativas, recreativas y\nadministrativas, convenientes para un apropiado desarrollo de la ciudad... (folio 104 a 106 del\nexpediente judicial); 29) Que por oficio número DAP-079-07-2008 del diecisiete de julio del dos mil\nocho, el Director del Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa, le indicó\na la Directora del Departamento de Asesoría Legal de esa misma Asamblea, que con relación a los\nfondos públicos que fueron otorgados a la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del\nNorte, durante el período de 1987 a 1992, “...hemos procedido a revisar las distintas leyes de\npresupuesto, ordinarios y extraordinarios, que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa durante\nel período solicitado y, como resultado de dicha búsqueda, le remito adjunto los datos de las\nsubpartidas presupuestarias incorporadas para dicho ente en los años señalados, aclarando que este\nDepartamento no cuenta con las liquidaciones a dichos egresos, las cuales deberán ser revisados por\nel ente (sic)contralor en los documentos oficiales en su poder...” (ver folio 14 del expediente\njudicial); 30) Que por oficio número Placa28292 del 16 de diciembre del dos mil ocho, la Gerente\nGeneral del IDA le solicitó al Director de Asuntos Jurídicos, que “...a la brevedad posible, me\ninforme de los efectos que tuvo la declaratoria de nulidad del artículo 16, inciso 22, de la Ley N°\n7097 del 18 de agosto del 1988, Ley de Presupuesto Extraordinario de la República, con respecto al\nacto mediante el cual el IDA traspasó el inmueble a la Asociación Parque Recreativo del Norte...”\n(folio 6 del expediente administrativo del IDA); 31) Que por oficio número DAJ-205 del 16 de marzo\ndel dos mil nueve, la Dirección de Asuntos Jurídicos del IDA, le informó a la Gerente General, que\npor sentencia número 00056-2008 de las catorce horas cuarenta y siete minutos del nueve de enero del\ndos mil ocho, se declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Contraloría\nGeneral de la República y en consecuencia, se anuló por inconstitucional el artículo 16 inciso 22)\nde la Ley No. 7097 de 18 de agosto de 1988, publicada en el Alcance No. 25 a La Gaceta No. 166 del\n1° de septiembre de 1988, que es Ley de Presupuesto Extraordinario de la República, sin perjuicio de\nlos derechos adquiridos de buena fe. Asimismo se indicó, que en el expediente número\n09-00076-1027-CA, se tramita proceso contencioso administrativo interpuesto por la Contraloría\nGeneral de la República contra el Instituto de Desarrollo Agrario y la Asociación Pro Construcción\ndel Parque Recreativo del Norte (ver folios 3 y 4 del expediente administrativo del IDA); 32) Que\npor oficio número DAJ-542-09 del diecisiete de junio del dos mil nueve, dirigido al Presidente\nEjecutivo del IDA, la Dirección de Asuntos Jurídicos le adjuntó “...el borrador para solicitar\ninformación al Ministerio de Hacienda sobre las partidas giradas a nombre de la Asociación Pro\nConstrucción del Parque Recreativo del Norte; esto debido a que se necesita en el proceso\ncontencioso administrativo interpuesto por la Contraloría General de la República contra el IDA y la\nAsociación, para demostrar que las obras construidas en dicho parque se ejecutaron con fondos\npúblicos y así en caso de que la Asociación alegue el pago de mejoras introducidas, argumentar que\nlas mismas se realizaron con fondos públicos...” (ver folio 1 del expediente administrativo del\nIDA); 33) Que por oficio número DPMM-110-07-2009 del primero de julio del dos mil nueve, el\nEncargado del Departamento de Patentes de la Municipalidad de Moravia, indicó que en la finca número\nPlaca28293, Mapa 09-239-002, plano catastrado número Placa28294, “...funciona en la actualidad,\núnicamente una entidad de Iglesia Cristiana, misma a la que, legalmente está exenta de exigírsele\ntributo por licencia comercial. Desde el año 2002 y hasta fines del 2007, funcionó un vivero, el\nmismo cerró operaciones en el sitio en el 2007 y persiste la cuenta comercial en estado moroso. De\nesa fecha hasta el presente, no se ha vuelto a tramitar licencia de patente...” (folio 140 del\nexpediente judicial); 34) Que por oficio DAJ-667-09 del veinte de julio del dos mil nueve, la\nDirección de Asuntos Jurídicos del IDA, rindió al Secretario General del Instituto de Desarrollo\nAgrario, un informe sobre el Parque Recreativo del Norte y recomendó “...la autorización del inicio\nde las gestiones, ya sean administrativas o judiciales, a efecto de proceder con la recuperación del\ninmueble matrícula Placa28291 del Partido de San José que se encuentra a nombre de la Asociación\nmencionada y ordenarse la cancelación de la inscripción en el Registro Público, para poder incluir\nel terreno dentro del patrimonio del Instituto...”, las que fueron aprobadas por la Junta Directiva\ndel IDA, mediante acuerdo número 27 de la sesión ordinaria número 026-2009 celebrada el 28 de julio\ndel dos mil nueve (folios 157 a 160, 274 del expediente judicial); 35) Que el dieciséis de\nseptiembre del dos mil nueve, este Tribunal realizó una diligencia de reconocimiento judicial en el\nParque Recreativo del Norte y constató que la zona que está abierta al público, es la\ncorrespondiente a las canchas de basketball y al área de juegos infantiles, la cual, se encuentra\nseparada del área en que se encuentra ubicado el gimnasio que ocupa el Centro de Excelencia\nInternacional, por medio de una malla de alambre. Que el acceso a la zona del gimnasio es\nrestringido, no sólo porque el portón de acceso se encuentra cerrado, sino porque hay un guarda\nubicado en una caseta que vigila el ingreso a esa área. Que el sector en que se encontraba el Vivero\nLa Sultana, también es de ingreso restringido, pues el portón de acceso también se encuentra\ncerrado, aunado a que en dicho lugar viven dos personas que manifestaron dedicarse a cuidar esa área\n(ver respaldo audiovisual del reconocimiento judicial); 36) Que de la finca inscrita a nombre del\nInstituto de Desarrollo Agrario, bajo matrícula de folio real número 267183-000 del Partido de San\nJosé, también se segregó un terreno con una medida de 5.040, 88 m2 a favor de la Orquesta Sinfónica\nNacional; asimismo, se vendió al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal en c.37.223.910,00\n(treinta y siete millones doscientos veintitrés mil novecientos diez colones), un inmueble de 2 Has.\n0679,95 m2 (folio 33 del expediente administrativo del IDA); 37) Que el lindero sur del terreno con\nplano catastrado número Placa28295, ha sufrido una alteración, pues ya no colinda con la finca madre\nnúmero 1-267183 propiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, tal y como se indica en la\ninscripción registral del Partido de San José, matrícula Placa28291 y en el plano catastrado número\nPlaca28295, sino con calle pública (ver folios 3, 11 y 126 del legajo de pruebas de la CGR y\nrespaldo audiovisual del reconocimiento judicial efectuado el 16 de septiembre del dos mil nueve).\n\n \n\nIIo.- HECHOS NO PROBADOS. Se tienen por indemostrados los siguientes hechos que resultan relevantes\npara este proceso: a) Que las instalaciones construidas en el Parque Recreativo del Norte, se hayan\nfinanciado con fondos privados (no se desprende dicha circunstancia de los documentos visibles a\nfolios 14 y 15 del legajo de prueba de la CGR; 9, 17 y 18 del expediente administrativo del IDA); b)\nQue las subpartidas presupuestarias incorporadas en las Leyes de Presupuesto comprendidas en el\nperíodo 1987-1992, no le hayan sido otorgadas a la Asociación Pro Parque Recreativo del Norte, para\nefectos de construcción, obras o servicios de mantenimiento en el parque (no se desprende dicha\ncircunstancia de los documentos visibles a folios 14 y 15 del legajo de prueba de la CGR; 9, 17 y 18\ndel expediente administrativo del IDA); c) Que la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo\ndel Norte, se le haya declarado de utilidad pública por las autoridades competentes (no hay prueba\nen el expediente) .\n\n \n\nIIIo.- OBJETO DEL PROCESO. La parte actora estima que el acuerdo número 4 adoptado por la Junta\nDirectiva del IDA en sesión número 21-89 del catorce de marzo de mil novecientos ochenta y nueve,\npor medio del cual, se autorizó el traspaso del inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88 a\nfavor de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, con base en lo dispuesto\npor el inciso 22 del artículo 16 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097; así como, la\nescritura número 1 otorgada por el Notario Público Julio Sánchez Carvajal a las dieciséis horas del\ncatorce de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, mediante la cual, se procedió al traspaso\ndel inmueble indicado, y por último, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad del\nPartido de San José número Placa28293, citas de presentación 376-14871-01, adolecen de un vicio de\nnulidad absoluta, por las siguientes razones: 1) Porque el traspaso del inmueble con plano\ncatastrado número Placa28295, a favor de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del\nNorte, se basó en el inciso 22 del artículo 16 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097,\nque fue declarado inconstitucional, mediante sentencia número 2008-000056 dictada por la Sala\nConstitucional de la Corte Suprema de Justicia a las catorce horas cuarenta y siete minutos del\nnueve de enero del dos mil ocho, por ser una norma atípica; 2) Que de conformidad con lo dispuesto\nen los artículos 88, 89 y 90 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la declaratoria de\ninconstitucionalidad de la norma citada, provoca por conexidad clara y directa, la nulidad absoluta\nde los actos de autorización del traspaso; de la escritura de segregación y donación del inmueble a\nla asociación demandada y la inscripción a su nombre en el Registro Público bajo matrícula número\nPlaca28293, cuyos efectos se deben retrotraer a la fecha de vigencia de la norma declarada contraria\na la Constitución, a saber: 18 de agosto de 1988; 3) Que independientemente de la declaratoria de\ninconstitucionalidad del inciso 22 del artículo 16 de la Ley número 7097, el inmueble número\nPlaca28293 no perdió su condición de pertenencia al dominio público y por ende, de las garantías de\ninalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, pues en el caso concreto del Parque\nRecreativo del Norte, la afectación a un uso público del inmueble número 370440, no sólo se deriva\nde la voluntad expresada en ese sentido por parte del legislador en el inciso 22 del artículo 16 de\nla Ley 7097, al indicar que el terreno se utilizará exclusivamente en la construcción del proyecto\ndenominado Parque Recreativo del Norte; sino también, de la utilización pública, notoria y\ncontinuada de ese terreno, sin importar que su titularidad registral se encuentre a nombre de un\nsujeto de derecho privado, como lo es, la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del\nNorte, puesto que lo importante, es la naturaleza y uso públicos que presenta el inmueble y sus\ninstalaciones. Que en consecuencia, la presunción de demanialidad no implica que los bienes se\nencuentren inscritos en el Registro Nacional a nombre de una institución pública, conforme al\nprincipio de in-matriculación; 4) Que en todo caso, el terreno segregado que originó la propiedad\nnúmero 370440, pertenecía originalmente a la finca madre número 267183, que fue y sigue siendo\npropiedad del IDA, razón por la cual, desde su origen el terreno ocupado por el parque es público.\nAsimismo, el Plan Regulador del Moravia establece que la propiedad perteneciente al parque\nrecreativo del norte, es zona pública institucional; aunado a que la de conformidad con la\ninformación que consta en el Registro Nacional de la Propiedad Inmueble, la naturaleza de la\npropiedad 370440, se describe como destinada a construir un parque recreativo; 5) Que las partidas\nespecíficas dispuestas en las Leyes de Presupuesto Nacional comprendidas entre los años 1987 a 1992,\na favor de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, son fondos públicos,\ndestinados a cumplir los objetivos y fines de dominio público que fundamentaron la donación del\ninmueble 370440, como lo es, la consecución de beneficios de recreación y esparcimiento para las\ncomunidades del sector norte de la ciudad capital; 6) Que la Asociación Pro Construcción del Parque\nRecreativo del Norte, no sólo ha desconocido los fines para los cuales fue constituida, sino que\ntambién, decidió ignorar la condición en que le fue otorgado el terreno y disponer del mismo para\notros fines privados, que son incompatibles con el destino de uso público al que fue afectado dicho\ninmueble, como lo son: el arrendamiento de una parte del inmueble a favor de una congregación\nreligiosa; 7) Que por ser un bien demanial, la posesión ejercida por la demandada por más de\ndiecinueve años y el título traslativo de dominio que se originó en el inciso 22 del artículo 16 de\nla Ley 7097 que se fue declarado inconstitucional, no le deriva ningún derecho sobre dicho inmueble,\nmás si se toma en cuenta que desde un principio la ley fue clara al establecer que el terreno se\nutilizará exclusivamente para la construcción del denominado Parque Recreativo del Norte; 8) Que la\ncondición de inembargable, inalienable e imprescriptible de ese bien demanial, imposibilitan que se\nde una prescripción adquisitiva a favor de sujetos particulares, sin importar el transcurso del\ntiempo, ya que los parques públicos por las normas de orden público que los rigen, no pueden ser\nobjeto de posesión particular, ni ser sujetos al comercio de los hombres; 9) Que los derechos\nadquiridos se refieren únicamente a beneficios patrimoniales legítimos, sobre negocios o actos\nfísicos y legalmente posibles en ejercicio de un derecho y con base en parámetros de buena fe, que\nhubieran ingresado al patrimonio de la asociación demandada. En ese sentido, existe una clara\nimposibilidad jurídica de que existan derechos adquiridos, a efecto de que la asociación sea la\npropietaria de un bien de dominio público, que se encuentra fuera del comercio de los hombres,\nconforme a lo dispuesto en el artículo 631 del Código Civil, aún y cuando haya existido tolerancia o\ntardanza de la Administración en recuperar el bien. En todo caso, este proceso no es donde procede\ndeterminar si hay o no derechos adquiridos de carácter patrimonial, que efectivamente hubiesen\ningresado al patrimonio de la Asociación; 10) Que la solicitud de reconocimiento de mejoras, no es\nconforme con la posición que como parte demandada ostenta la Asociación en este proceso. Si estima\nque le deben ser reconocidos beneficios como los solicitados, tendrá que acudir a otras figuras\nprocesales, pues el objeto de este proceso, es la recuperación de un bien a su uso público, aunado a\nque la Contraloría General de la República, no ostenta la legitimación pasiva necesaria a efectos de\ndiscutir el reconocimiento o denegación de ese rubro; 11) Que no existe ninguna acción\nadministrativa o jurisdiccional de parte del IDA, que sea relevante a efectos de lograr la efectiva\nrecuperación del inmueble inscrito bajo matrícula Placa28293, a pesar de que el IDA conocía el\ncontenido de la sentencia dictada por la Sala Constitucional, mediante la cual, declaró que inciso\n22 del artículo16 de la Ley 7097 era contrario a la Constitución Política. Por su parte, la\nRepresentante del Instituto de Desarrollo Agrario, alega que: a) Al haber transcurrido más de\ndiecinueve años desde que se hizo efectivo el traspaso del inmueble Placa28293 a favor de la\nAsociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, se consolidó el título traslativo de\ndominio que se generó a favor de aquella, con base en lo dispuesto por la norma presupuestaria, que\nno se sino hasta el año dos mil ocho, que se declaró inconstitucional. Que en consecuencia, sólo con\nuna orden jurisdiccional podía cancelarse la inscripción en el Registro Público del inmueble 370440;\nb) Dado que el IDA procedió a traspasar el inmueble objeto de conflicto con fundamento en una Ley de\nla República, y al tenerse por vencidas las limitaciones impuestas por el plazo de quince años, la\nposibilidad de disposición o recuperación de ese terreno son casi nulas, en virtud de que entró en\nla esfera privada de la asociación a la cual se le donó; c) Que si bien es cierto, la Ley de\nPresupuesto Extraordinario establecía que el inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88 se\ndestinaría a la construcción del Parque Recreativo del Norte; también lo es, que la administración\nde parques no es competencia del IDA, por lo que, no podía atribuirse competencias que no le\ncorrespondían; d) Que en virtud de la naturaleza de bien demanial del parque recreativo del norte,\nno sólo le correspondía al IDA realizar las acciones tendentes a recuperar el inmueble, sino a\ncualquier “institución del Estado, ya que todas las instituciones tienen la obligación de velar por\nel correcto destino de los bienes que pertenecen al Estado...”; d) Que si la condición de parque fue\nconcedida con fundamento en una norma declarada inconstitucional, no existe fundamento legal para\nque en sentencia, se ordene el traspaso del inmueble 370440 a algún otro órgano o ente que pueda\nadministrarlo, ya que con la declaratoria de nulidad del acto de traspaso, de la escritura y de la\ninscripción en el Registro, dicho terreno nuevamente ingresaría al patrimonio del IDA; e) Que por\noficio número DAJ-667-09 del nueve de julio del dos mil nueve, se recomienda a la Junta Directiva\ndel IDA proceder con las acciones tendientes a recuperar el inmueble objeto de disputa. Que en todo\ncaso, mediante acuerdos número 33, sesión 018-06 del veintidós de mayo del dos mil seis; número 9,\nsesión 010-07 del doce de marzo del dos mil siete; la Junta Directiva del IDA se pronunció sobre las\nacciones a seguir a consecuencia de las denuncias interpuestas por la Municipalidad de Moravia y la\nContraloría General de la República, respecto a la situación del Parque Recreativo del Norte. Por su\nparte, el representante de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, indica\nque: a) Que el inmueble que se traspasó a su representada, es un bien sujeto al derecho privado, ya\nque en la escritura de segregación y donación de ese terreno no se hace limitación alguna para\nconsiderar que sea de carácter demanial. Más bien, se indica que el traspaso se hace sin perjuicio\nde terceros, que el IDA no está obligado a evicción o saneamiento, y que para traspasarla a terceros\ndebían transcurrir quince años a partir de la fecha de la escritura, pues previo a esa fecha, se\nrequería autorización del IDA. Aunado a lo anterior, se han cancelado los impuestos sobre bienes\ninmuebles que ha generado ese terreno, los que se originan en una titularidad privada del mismo. Por\núltimo, que la inscripción registral de dicho terreno, no establece limitaciones de orden público\nque impliquen la demanialidad del inmueble; b) Que el bien que les fue traspasado, no cumple con\nninguno de los dos supuestos que establece el artículo 261 del Código Civil, ya que el artículo 16\ninciso 22 no lo define como un bien de dominio público y porque ni antes de ser segregado y donado a\nla asociación, ni en los 19 años que ha estado inscrito a su nombre, el terreno estuvo entregado al\nuso público; c) Que para el momento en que se consolidó a su favor el derecho de inscripción\nregistral sobre el inmueble, a saber: 19 de enero de mil novecientos noventa, la Sala Constitucional\nya había dictado la primera sentencia en que declaraba que las normas atípicas del presupuesto eran\ncontrarias a la Constitución Política. No obstante lo anterior, ni en ese momento, ni durante\ndiecinueve años, persona alguna invocó dicha inconstitucionalidad para limitar los derechos de su\nrepresentada; d) Que la sentencia que declara la inconstitucionalidad del inciso 22 del artículo 16\nde la Ley 7097, indica que se declara con lugar la acción y se anula la norma indicada, sin\nperjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. En ese sentido, su representada ha ejercido el\nderecho de propiedad y posesión por 19 años, de buena fe y a título de propietaria, por ello, no se\npueden limitar sus derechos con el simple argumento de que se trata de un bien de dominio público;\ne) Que el inmueble nunca ha sido ni es de uso público, ya que “...previo al traspaso a mi\nrepresentada el inmueble en cuestión era un tacotal y cafetal, debidamente cercado y sin\nposibilidades de uso público. Posterior al traspaso y durante alrededor de quince años el espacio\ndel inmueble donde se encuentra ubicado el gimnasio se arrendaba exclusivamente por hora a cualquier\ninteresado que lo gestionara, en ese sentido el gimnasio solo se abría cuando había persona que lo\nalquilara. El resto del terreno tenía horario de uso, y otras parte se mantenía cercado y sin\nposibilidades de uso público...”; f) Que es un hecho irrefutable y evidente la existencia de mejoras\nintroducidas en la propiedad, por lo que y en aplicación de lo ordenado por la propia Sala\nConstitucional en sentencia número 2008-000056, dichas mejoras deben ser pagadas a la Asociación; g)\nQue no se demuestra que las partidas específicas contempladas en las Leyes de Presupuesto del\nperíodo 1987 a 1992, fueras giradas a favor de la Asociación demandada. Asimismo que desde 1992\nhasta el 2010, no se ha girado ningún fondo público para el mantenimiento del parque, que se aduce\nque es un bien demanial. Por último, la Asociación Centro Cristiano de Excelencia -en su condición\nde tercero interesado- indica que: a) existe una relación contractual entre ella y la Asociación Pro\nConstrucción del Parque Recreativo del Norte, establecida mediante el arrendamiento de una parte de\nla propiedad objeto de este litigio; b) Que a la fecha, dicho contrato se encuentra vigente y al\namparo de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, dado que conforme al principio de publicidad\nregistral, la Asociación demandada tiene un dominio absoluto sobre el bien, puesto que el inmueble\nno está sujeto a limitaciones; c) Que no ha existido mala fe por parte de la Asociación Centro\nCristiano de Excelencia, pues no se ha pretendido sacar ventaja de la relación inquilinaria que\nmantienen con la accionada, pues más bien, ha invertido para mantener un área de esparcimiento para\nla comunidad de Moravia; d) Que por ende, solicita que se respete la relación contractual que\nmantiene con la Asociación Pro- Construcción del Parque Recreativo del Norte.\n\n \n\nIVo.- SOBRE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. En sentencia\nnúmero 019-2009-SVII dictada a las trece horas treinta minutos del doce de febrero del dos mil\nnueve, la Sección Sétima del Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de\nSan José, consideró respecto al concepto de bienes de dominio público y privado de las\nadministraciones públicas que: \"(...) El Estado y las demás entidades públicas, poseen dos tipos de\nbienes: públicos y privados. El artículo 261 del Código Civil dispone: “Son cosas públicas las que,\npor ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de utilidad general, y aquellas\nde que todos pueden aprovecharse por estar entregadas al uso público. Todas las demás cosas son\nprivadas y objeto de propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado a los Municipios, quienes\npara el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona ”. Lo anterior debe\nrelacionarse con el artículo 121 inciso 4) de la Constitución Política, que establece como\natribución de la Asamblea Legislativa, decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de\nlos bienes propios de la Nación”. Los bienes de dominio público se caracterizan por ser\ninalienables, imprescriptibles e inembargables, en consecuencia fuera del comercio de los hombres.\nSobre el tema, la Sala Constitucional ha expresado: / “II.- EL CONCEPTO DEL DOMINIO PUBLICO Y DE LOS\nMEDIOS JURÍDICOS PARA INTEGRARLO.- Por dominio público se entiende el conjunto de bienes sujeto a un\nrégimen jurídico especial y distinto al que rige el dominio privado, que además de pertenecer o\nestar bajo la administración de personas jurídicas públicas, están afectados o destinados a fines de\nutilidad pública y que se manifiesta en el uso directo o indirecto que toda persona pueda hacer de\nellos. La doctrina reconoce el dominio público bajo diferentes acepciones, como bienes dominicales,\nbienes dominicales, cosas públicas, bienes públicos o bienes demaniales. Sobre este concepto la Sala\nha expresó (sic) en su Sentencia No. 2306-91 de las 14:45 horas del seis de noviembre de mil\nnovecientos noventa y uno lo siguiente: / “El dominio público se encuentra integrado por bienes que\nmanifiestan, por voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al\ninterés público. Son los llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas o\nbienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están destinados a un\nuso público y sometidos a un régimen especial, fuera del comercio de los hombres. Es decir,\nafectados por su propia naturaleza y vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en\nel sentido más amplio del concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es\nesencial en virtud de norma expresa. Notas características de estos bienes, es que son inalienables,\nimprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los\ntérminos del Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el\ndominio...En consecuencia, el régimen patrio de los bienes de dominio público, como las vías de la\nCiudad Capital, sean calles municipales o nacionales, aceras, parques y demás sitios públicos, los\ncoloca fuera del comercio de los hombres...” (ver en sentido similar, la sentencia número\n035-2009-SVII dictada por la Sección Sétima del Tribunal Contencioso Administrativo, a las catorce\nhoras cuarenta minutos del trece de marzo del dos mil nueve). En este punto cabe destacar, que serán\nembargables los bienes de dominio privado de la Administración que no se encuentren afectos a un fin\npúblico (artículo 169.1.a del CPCA). Por el contrario, no serán embargables los bienes de\ntitularidad pública destinados al uso y aprovechamiento común, como tampoco aquellos vinculados\ndirectamente con la presentación de servicios públicos de naturaleza esencial, o bien, que resulten\nindispensables o insustituibles para el cumplimiento de fines o servicios públicos (artículos 261\ndel Código Civil y 170 del CPCA). Ahora bien, en cuanto al medio de afectación al dominio público,\nla Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia consideró en sentencia número 2003-6926 de\nlas catorce horas cuarenta y cinco minutos del quince de julio del dos mil tres, que de conformidad\ncon lo dispuesto en el artículo 261 del Código Civil, “...para considerar un bien como demanial se\nrequiere la existencia de una ley que lo afecte al cumplimiento de un fin público, o bien que la\ncosa en sí misma sea considerada de uso público, como una calle, un puente, un parque entre\notros...”. De conformidad con lo expuesto, se desprende que se requiere de una ley formal y material\npara afectar un bien a una finalidad pública, es decir, a un uso o servicio público. En ese sentido,\ncabe resaltar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 del Código Procesal Contencioso\nAdministrativo, los bienes deberán estar directamente vinculados con la prestación de los servicios\npúblicos a los que están destinados, o bien, deberán ser indispensables o insustituibles para el\ncumplimiento de esos fines o servicios. Ahora bien, existen bienes que en virtud de su naturaleza y\nespeciales características (por ejemplo: las calles –Ley de Caminos Públicos-, los bosques –Ley\nForestal-, los parques –Ley de Planificación Urbana y Ley de Construcciones, entre otros), el\nlegislador los ha entregado o destinado al uso público, a fin de que todos puedan aprovecharse de\nellos. En este sentido, cabe recordar que no todo bien demanial está destinado a un uso público,\npuesto que –como en el caso de la zona marítimo terrestre o la explotación minera, entre otros\nsupuestos-, las Administraciones Públicas otorgan concesiones para un uso privado de bienes que\nconforman el demanio público, dentro de ciertos límites y condiciones. Ahora bien, el principio de\ninmatriculación de los bienes demaniales, constituye uno de los aspectos que caracterizan a los\nbienes de dominio público y conforme al cual, aún y cuando los terrenos no se hayan inscrito en el\nregistro inmobiliario con ese carácter, cuentan con una publicidad material derivada de “...la\naparición de los terrenos en planos oficiales –públicos-, en catastros nacionales o municipales, o\nen archivos, museos o bibliotecas, junto con la prueba fehaciente del uso público efectivo, hace que\nla afectación sea la principal característica...” (sentencia número 1996-3145 dictada por a Sala\nConstitucional de la Corte Suprema de Justicia a las nueve horas veintisiete minutos del veintiocho\nde junio de mil novecientos noventa y seis). En consecuencia, el principio de inmatriculación\nregistral implica que la existencia y publicidad de los bienes de dominio público se de “... con\nautonomía del Registro, sin que sea dable al titular registral alegar desconocimiento como medio\npara desvirtuarlo y contrarrestar la afectación. Los principios de inalienabilidad e\nimprescriptibilidad que caracterizan el dominio público impiden que en su contra pueda esgrimirse la\nfigura del tercero registral para consolidar la propiedad privada ilícitamente sustraída de ese\nrégimen (...) Frente al dominio público, las detentaciones privadas adolecen de valor obstativo, por\nprolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la\nPropiedad. La condición de bien de dominio público y uso público afecta a tercero, aunque tal\ncualidad no resulte del Registro de la Propiedad. Se trata de bienes que, por su naturaleza, no\nnecesitan de la inscripción registral.(...)\" (sentencia número 868-2001 dictada por la Sección\nTercera del Tribunal Contencioso Administrativo, a las diez horas quince minutos del dieciséis de\noctubre del dos mil uno). Por último, a efecto de garantizar que los bienes demaniales cumplan la\nfinalidad pública a la que han sido destinados por afectación expresa o presunta, y como\nconsecuencia de las características de inalienabilidad e imprescriptibilidad que les son inherentes,\nlas Administraciones Públicas tienen la obligación de ejercer las acciones administrativas y\njurisdiccionales previstas por el ordenamiento jurídico, a fin de proteger y conservar los bienes de\ndominio público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 inciso 14 en relación con el\n11 y 50 de la Constitución Política; 261 y 263 del Código Civil; 14 de la Ley Forestal; 7, 8, 9 y 10\nde la Ley de Control Interno; 37 de la Ley de Construcciones; 110 y siguientes de la Ley de la\nAdministración Financiera de la República y Presupuestos Públicos –entre otros-. Por ende, para el\nejercicio de las acciones tendentes a su recuperación y tutela, no corren plazos de prescripción ni\ncaducidad, siendo que los medios con los que cuentan las Administraciones Públicas para su efectiva\nrecuperación son imprescriptibles, tal y como lo establecen los artículos 34 inciso 2 y 40 del\nCódigo Procesal Contencioso Administrativo.\n\n \n\nVo.- SOBRE LOS PARQUES Y SU INCORPORACIÓN AL DOMINIO PÚBLICO COMO UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A UN\nAMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. Un bien público puede ser natural o artificial, según se\ntrate de bienes declarados públicos por el legislador considerándolos en el estado en que la\nnaturaleza los presenta u ofrece (un río por ejemplo), o de bienes declarados públicos por el\nlegislador pero cuya creación o existencia depende de un hecho humano (construcción de una calle o\nun parque público). Ahora bien, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Construcciones, los\nparques, jardines y paseos públicos son de libre acceso a todos los habitantes del país y \"... En\ngeneral, se prohíbe hacer uso de los jardines, prados, etc., diferente de aquél para el que fueron\ncreados)\". En ese sentido, el párrafo 1º del artículo 44 de la Ley de Planificación Urbana,\nestablece que “...el dominio municipal sobre las áreas de calles, plazas, jardines, parques u otros\nespacios abiertos de uso general, se constituye por ese mismo uso y puede prescindirse de su\ninscripción en el Registro de la Propiedad, si consta en el Mapa Oficial...”. Por su parte, el\nartículo 43 de esa misma ley, dispone que “El Mapa Oficial, junto con los planos o el catastro que\nlo complete, constituirá registro especial fehaciente sobre propiedad u afectación a dominio público\nde los terrenos o espacios ya entregados a usos públicos...”. De las normas parcialmente transcritas\ncon anterioridad y de los parámetros establecidos en el artículo 261 del Código Civil, se desprende\nque los parques constituyen bienes de dominio público, cuya finalidad esencial al tenor de lo\ndispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política, es la de otorgar a las personas áreas\nverdes de esparcimiento, como una forma de garantizarles el disfrute de espacios que les permitan\ntener una buena calidad de vida y por ende, desarrollarse plenamente como seres humanos en libertad.\nEn este punto cabe resaltar, que si partimos de que la afectación expresa o presunta a un servicio o\na un uso público, constituye el factor que determina o no la demanialidad de un bien, entonces es\nposible que puedan presentarse supuestos de disociación entre la titularidad y afectación de aquel,\ncomo por ejemplo: cuando existan parques, plazas o jardines, cuyo uso público pueda ser demostrada\nfehacientemente a través de mapas oficiales u otros medios, aún y cuando la titularidad del inmueble\nsea de carácter privado. En dichos supuestos, aunque el terreno no haya sido inscrito en el registro\ncomo un bien de dominio público, se presume conforme al principio de in-matriculación, que\nconstituye un bien de naturaleza demanial en el tanto se compruebe que por sus especiales\ncaracterísticas ha sido destinado por el legislador a un uso y aprovechamiento público.\n\n \n\nVIo.- SOBRE LA NATURALEZA DEMANIAL DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. Este Tribunal considera que el\ninmueble con plano catastrado número Placa28295, ubicado en el Dirección1832 , del Cantón 14\nMoravia, de la Provincia de San José, que se denomina Parque Recreativo del Norte y que actualmente\nse encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo matrícula de folio real número\nPlaca28291 del Partido de San José, a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo\ndel Norte (ver folios 102, 103 y 106 del expediente judicial; 3, 6, 7, 8 y 11 del legajo de prueba\nde la CGR), constituye un bien demanial afectado al uso público de parque, por las siguientes\nrazones: 1) Desde la perspectiva de su relación con la finca madre número 267183-000 del Partido de\nSan José. El Parque Recreativo del Norte constituye un lote de 25.000,06 metros cuadrados, con plano\ncatastrado número SJ-770593-88, que fue segregado de la finca número 267183-000 del Partido de San\nJosé, con base en lo dispuesto por el inciso 22 del artículo 16 de la Ley de Presupuesto\nExtraordinario número 7097 (ver folios 3 a 11 del legajo de prueba de la CGR; 11 a 14 del expediente\nadministrativo del IDA). Ahora bien, si mediante la ley indicada, la Asamblea Legislativa autorizó\nal Instituto de Desarrollo Agrario, a segregar del inmueble 267183-000 un lote con las\ncaracterísticas indicadas a favor de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo –aún y\ncuando no fuera una ley ordinaria promulgada conforme a lo dispuesto en los artículos 121 inciso 1 y\n123 y siguientes de la Constitución Política-, ello implica que al tenor de lo dispuesto en el\ninciso 14 del artículo 121 de la Constitución Política, la finca madre de la cual se segregó el\nterreno que se utilizaría exclusivamente para la construcción del Proyecto denominado Parque\nRecreativo del Norte, es un bien de dominio público, ya que para decretar la enajenación o la\naplicación a usos públicos de los bienes propios de la Nación, se requiere de una ley ordinaria. En\nese sentido, es importante resaltar cuáles fueron los motivos por los cuales, el Estado expropió y\ncon posterioridad traspasó a favor del Instituto de Desarrollo Agrario (antiguo Instituto de Tierras\ny Colonización), el terreno que se inscribiría bajo matrícula de folio real número Placa28289, lo\ncual se desprende de la siguiente cronología de hechos, a saber: 1.a) Que en el Alcance número 32 al\nDiario Oficial La Gaceta número 43 del primero de marzo de mil novecientos setenta y ocho, se\npublicó el Decreto Ejecutivo número 8005-G, en cuyo considerando primero se indica: “...con el\nobjeto de realizar la construcción de bodegas para la venta y distribución de productos de los\nasentamientos campesinos, así como las instalaciones y edificio del Instituto de Tierras y\nColonización y evitar así los altos pagos por concepto de alquileres, es necesaria la adquisición de\nla finca, propiedad de la sociedad La Cornelia Limitada, inscrita en el Partido de San José del\nRegistro de la Propiedad, tomo mil quinientos seis, folio cuatrocientos treinta y siete, número\nPlaca28282 mil novecientos noventa y seis, asiento dos, que es denominado Finca Venegas, hoy\ncultivado de café y potrero con casa en él ubicada de madera...”. Que en razón de lo anterior, el\nartículo 1 de ese mismo Decreto Ejecutivo dispuso que: “...Con fundamento en la ley número 36 del\nveintiséis de junio de mil ochocientos noventa y seis adicionada por Decreto Legislativo número 78\nde veinticuatro de junio de mil novecientos treinta y ocho, exprópiase la finca propiedad de\nSociedad La Cornelia, descrita en el considerando uno de este decreto...” (ver el Alcance número 32\na La Gaceta número 43 del primero de marzo de mil novecientos setenta y ocho); 1.b) En el Diario\nOficial La Gaceta número 48 del ocho de marzo de mil novecientos setenta y ocho, se publicó el\nDecreto Ejecutivo número 8059-G, en el cual, se dispone reformar lo dispuesto en los artículos 1 y 2\ndel Decreto Ejecutivo número 8005-G-, pues se consideró que “...en vista de que para la construcción\nde bodegas para la venta y distribución de productos de los asentamientos campesinos y que para la\nconstrucción del edificio del Instituto de Tierras y Colonización, no es necesario adquirir la\ntotalidad de la finca número ciento y cinco mil novecientos noventa y seis, propiedad de Sociedad\n“La Cornelia Limitada”, toda vez que de conformidad con los planos que para tales efectos se tienen\nel área que se necesita es menor, resulta consecuentemente de poca conveniencia expropiar todo el\ninmueble. 2.- Que siendo la superficie que se necesita de diez hectáreas dos mil ochocientos ochenta\ny cinco metros noventa y cinco decímetros cuadrados, lo que procede es reformar el Decreto Ejecutivo\nque ordenó la expropiación de la mencionada finca...” (ver La Gaceta número 48 del ocho de marzo de\nmil novecientos setenta y ocho); 1.c) Que por escritura número 20 otorgada a las quince horas quince\nminutos del dieciséis de marzo de mil novecientos setenta y ocho, ante el Notario Público Eduardo\nChing Murillo, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos Ejecutivos número 8005-G y 8059-G,\nla sociedad “La Cornelia Limitada” le vendió al Estado, el lote A descrito como terreno cultivado de\ncafé y potrero con una casa de habitación de madera en él ubicada, con una medida de diez hectáreas\ndos mil ochocientos ochenta y cinco metros, noventa y cinco decímetros cuadrados, que forma parte de\nla finca madre inscrita en el Registro Pública, Sección de Propiedad, Partido de San José, tomo mil\nquinientos seis, folio cuatrocientos treinta y siete, número ciento treinta y cinco mil novecientos\nnoventa y seis, asiento dos, que es denominado finca Venegas, situado en los Dirección17415 José.\nQue el representante del Estado “...debidamente autorizado por los Decretos Ejecutivos antes\nrelacionados y por oficio del ministerio de Gobernación de esta fecha traspasa al Instituto de\nTierras y Colonización en este acto la propiedad del lote que por esta misma escritura adquiere el\nEstado, a fin de que ese Instituto la destine a los fines que se indican en los Decretos Ejecutivos\nde repetida cita...” (ver folios 29 a 34 del expediente administrativo del Instituto de Desarrollo\nAgrario); 1.d) Que el inmueble que fue traspasado al Instituto de Tierras y Colonización, mediante\nescritura número 20 otorgada a las quince horas quince minutos del dieciséis de marzo de mil\nnovecientos setenta y ocho, ante el Notario Público Eduardo Ching Murillo, fue inscrito en el\nRegistro Público, al tomo 2652, folios 13-15, asiento 1, matrícula de folio real número Placa28289,\ndel Partido de Nombre10419 , cuya naturaleza se describe como terreno para construir (ver folios 02\ndel legajo de prueba de la Contraloría General de la República y 33 del expediente administrativo\ndel Instituto de Desarrollo Agrario). De todo lo expuesto, este Tribunal concluye que la finca madre\nnúmero Placa28289 de la cual se segregó el terreno que se utilizaría exclusivamente para la\nconstrucción del Parque Recreativo del Norte, constituye un bien de dominio público, que fue\nexpropiada por el Estado y donada al Instituto de Desarrollo Agrario, está afectada a un servicio\npúblico, cuál es la de servir conforme a lo dispuesto en Decretos Ejecutivos 8005-G y 8059-G para\n“...la construcción de bodegas para la venta y distribución de productos de los asentamientos\ncampesinos, así como las instalaciones y edificio del Instituto de Tierras y Colonización...” y es\nen esa condición, que se inscribe en el registro público bajo matrícula de folio real número\nPlaca28289. 2) Desde el punto de vista de su afectación por medio del inciso 22 del artículo 16 de\nla Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097, a un uso público de parque. Que en el Alcance\nnúmero 25 al Diario Oficial La Gaceta número 166 del primero de septiembre de mil novecientos\nochenta y ocho, se publicó la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097 del dieciocho de agosto\nde ese mismo año, en cuyo artículo 16 inciso 22 disponía: “...Autorízase al Instituto de Desarrollo\nAgrario para que segregue y le done a la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del\nNorte, un lote de hasta 25.000,06 metros cuadrados (veinticinco mil metros cuadrados seis decímetros\ncuadrados), que colinda al norte con calle pública, al este con urbanización Los Colegios, al sur\ncon el Instituto de Desarrollo Agrario y al oeste con la Sucesión Nombre143359 . Esta finca está\ninscrita en el partido de San José, tomo 2652, folio 13, N° 267183, asiento 1, situada en los\ndistritos Anselmo Llorente y San Vicente de los cantones de Tibás y Moravia. Ese terreno se\nutilizará exclusivamente en la construcción del proyecto denominado Parque Recreativo del Norte...”\n(ver folios 11 a 14 del expediente administrativo del Instituto de Desarrollo Agrario y 01 del\nlegajo de prueba de la Contraloría General de la República). Tal y como se indicó en el punto 1 de\neste considerando, para decretar la enajenación o la aplicación a usos públicos de los bienes\npropios de la Nación, se requiere de una ley ordinaria, conforme a lo dispuesto en el inciso 14 del\nartículo 121 de la Constitución Política. Cabe resaltar que si bien es cierto, el inciso 22 del\nartículo 16 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097, autorizó donar el inmueble allí\ndescrito a la Asociación pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, ello no implicó una\ndesafectación del terreno que pertenecía al bien de dominio público inscrito bajo matrícula\nPlaca28296, pues aunque el legislador traspasó el terreno segregado a un sujeto de derecho privado,\nlo destinó a un uso público, puesto que claramente dispuso: “...Ese terreno se utilizará\nexclusivamente en la construcción del proyecto denominado Parque Recreativo del Norte...”. Que esa\nfinalidad pública, es conteste a los objetivos principales de la asociación a favor de la cual se\nsegregó y traspasó el inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88, ya que conforme a lo\ndispuesto en el artículo tercero de sus estatutos, sus fines son: “...fomentar el ideal de servicio\ncomo base de toda empresa digna y en particular estimular y fomentar la construcción del un parque\nrecreativo y natural para el esparcimiento de los vecinos de los cantones del norte de San José, y\nlos ciudadanos en general. El fomento de la actividad mediante la construcción de mejoras para el\nesparcimiento y práctica deportiva y de la contemplación de la naturaleza, y recaudación de fondos\npara el desarrollo del mismo a travez (sic) de sesiones periódicas, asesorías profesionales,\nactividades de servicio a la comunidad, conferencias, programas de divulgación y demás medios\nafines...” (folios 91 y 101 del legajo de prueba de la CGR). Aunado a lo anterior, en la escritura\nde segregación y traspaso a favor de la asociación demandada del inmueble indicado, se le describe\ncomo “...terreno hoy para construir el Parque Recreativo del Norte, sito en el Dirección17412 , ...”\n(folio 07 del Legajo de Prueba de la CGR), y se le inscribe en el Registro bajo matrícula de folio\nreal número Placa28291, con la naturaleza de terreno para construir parque recreativo (folio 03 del\nLegajo de Prueba de la CGR). Que por todo lo expuesto, este Tribunal declara aún y cuando mediante\nel inciso 22 del artículo 16 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097, se autorizó la\ndonación del inmueble con plano catastrado número Placa28295, a un sujeto de derecho privado como lo\nes la Asociación demandada, también lo es, que la transmisión del inmueble estuvo condicionada a un\ndestino específico, cual es, la construcción del Parque Recreativo del Norte, lo que evidencia su\ndireccionamiento a un uso público, aún y cuando por medio de la norma presupuestaria atípica el\ninmueble se hubiera traspasado a la Asociación demandada, aunado que dicho destino es conteste a lo\ndispuesto en los artículos 43 y 44 de Planificación Urbana, y 37 de la Ley de Construcciones. 3) De\nlos medios que comprueban la afectación del inmueble con plano catastrado número Placa28295, a un\nuso público efectivo de parque. Si bien es cierto, se ha tenido por demostrado que la Sala\nConstitucional de la Corte Suprema de Justicia, por sentencia número 2008-00056 de las catorce horas\ncuarenta y siete minutos del nueve de enero del dos mil ocho, declaró con lugar la acción de\ninconstitucionalidad tramitada en expediente número 07-13901-0007-CO, pues consideró que “...la\nautorización introducida en el artículo 16 inciso 22) de la Ley de Presupuesto Extraordinario, Ley\nNo. 7097 de 18 de agosto de 1988, en cuanto permitió al Instituto de Desarrollo Agrario segregar y\ndonar a una Asociación un terreno de veinticinco mil metros cuadrados seis decímetros de su\npropiedad, es inconstitucional por el procedimiento legislativo que se siguió. Se trata de una norma\natípica ajena al contenido presupuestario, a través de la cual se dispone que una propiedad de un\nente autónomo del Estado, por lo que resulta contraria al Derecho de la Constitución...” (ver folios\n48 a 54 de legajo de prueba de la CGR); este Tribunal considera que en aplicación de lo dispuesto en\nlos artículos 261 del Código Civil; 43 y 44 párrafo 1º de la Ley de Planificación Urbana; 37 de la\nLey de Construcciones, así como, del principio de in-matriculación de los bienes de dominio público,\nla declaratoria de inconstitucionalidad del inciso 22 del artículo 16 de la Ley de Presupuesto\nExtraordinario número 7097, no tuvo la virtud de desafectar el terreno con plano catastrado número\nSJ-770593-88 actualmente registrado con matrícula Placa28293 del Partido de San José, puesto que hay\nmedios para demostrar la existencia de una afectación de ese inmueble, a un uso público efectivo de\nparque, a saber: 3.a) En el mapa de uso de suelo número 239.2 de la Municipalidad de Moravia, la\nfinca número Placa28293, se describe como Parque Recreativo del Norte; la que a su vez y conforme a\nlo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento al Plan Regulador de la Municipalidad de Moravia, se\nencuentra ubicada en la zona pública institucional de San Vicente, que se define como aquella que\ntiene por objeto, el establecimiento de facilidades culturales, educativas, recreativas,\nadministrativas, convenientes para un adecuado desarrollo de la comunidad (ver folios 104 a 106 y\n140 del expediente judicial). En ese sentido, cabe recordar que de conformidad con lo dispuesto en\nlos artículos 43 y 44 de la Ley de Planificación Urbana, el Mapa Oficial, junto con los planos o el\ncatastro que lo complemente, constituirá registro oficial fehaciente sobre propiedad y afectación a\ndominio público de los terrenos o espacios ya entregados a usos públicos; y que el dominio municipal\nsobre las áreas de calles, plazas, jardines, parques u otros espacios abiertos al uso público en\ngeneral, se constituye por ese mismo uso y puede prescindirse de su inscripción en el Registro de la\nPropiedad, si consta en el Mapa Oficial; 3.b) Que si bien es cierto, la finca número 370440-000 del\nPartido de San José, se encuentra inscrita a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque\nRecreativo del Norte, también lo es, que se le describe como terreno para construir parque\nrecreativo, aunado a que en los estatutos de esa asociación, se define como un parque recreativo y\nnatural para el esparcimiento de los vecinos de los cantones del norte de San José y de los\nciudadanos en general (folio 3 y 101 del Legajo de Prueba de la CGR); 3.c) Que en las Leyes de\nPresupuesto dictadas por la Asamblea Legislativa durante el período comprendido entre los años 1987\na 1992, se incorporaron a favor de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte,\nlas subpartidas presupuestarias destinadas a la construcción, obras o servicios de mantenimiento del\nparque, que se desglosan de la siguiente forma: i) año 1988, Ley 7089, código presupuestario número\n13090270245712413010, para Construcción del Parque, monto ¢6.000.000 (seis millones de colones); ii)\naño 1989, ley número 7111, código presupuestario 13090270278212413010, para Construcción del Parque,\nmonto ¢10.000.000 (diez millones de colones); iii) año 1989, ley 7111, código presupuestario\n1177657020124145230, para construcción del parque, monto ¢10.000.000 (diez millones de colones); iv)\naño 1990, ley número 7141, código presupuestario 1177657020113145630, para construcción del parque,\nmonto ¢6.000.000 (seis millones de colones); v) año 1990, ley número 7216, código presupuestario\n13090270256512413010, para obras en el parque, monto ¢225.000 (doscientos veinticinco mil colones);\nvi) año 1990, ley número 7216, código presupuestario 13090263756811313010, para servicios de\nmantenimiento en el parque, monto ¢15.000 (quince mil colones); vii) año 1992, ley número 7272,\ncódigo presupuestario 13090270250827241284, para obras en el Parque Recreativo del Norte, monto\n¢500.000 (quinientos mil colones) (ver folios 13 a 15 del legajo de prueba de la Contraloría General\nde la República; 17 y 18 del expediente administrativo del IDA); 3.d) Que a la entrada del área en\nque se encuentra ubicado el gimnasio existen dos placas; la primera indica “Placa28283 .\nAdministración Oscar Arias...”; la segunda, en agradecimiento a la ayuda brindada por un ex diputado\nde apellido Nombre14204 (ver folios 123 y 124 del legajo de pruebas de la CGR y respaldo audiovisual\ndel reconocimiento judicial efectuado el dieciséis de septiembre del 2009); 3.e) Que el área en que\nse ubican las canchas de basketball y los juegos infantiles, se encuentran abiertas al uso público\nbajo un horario de ingreso a las mismas. Ahora bien, tal y como se desprende de la fotografía\nsatelital del inmueble visible a folio 126 del legajo de pruebas de la CGR, el área abierta al uso\npúblico representa un quince por ciento de la totalidad del terreno que se destinó exclusivamente a\nla construcción del Parque Recreativo del Norte, tal y como lo informó el periódico La Nación en el\nartículo publicado en la edición digital del veinticinco de diciembre del dos mil seis (ver folios\n110, 114, 115 y 126 del legajo de prueba de la CGR; 10, 17 y 18 del expediente administrativo del\nIDA y respaldo audiovisual del reconocimiento judicial efectuado el dieciséis de septiembre del\n2009); 3.f) Que se construyó un gimnasio para la práctica de actividades deportivas, tal y como se\npudo comprobar al levantar la alfombra –cuando se realizó el reconocimiento judicial- que\nactualmente cubre la cancha de dichas instalaciones, las que están acondicionadas para la\ncelebración de actividades religiosas de la congregación Centro Cristiano de Excelencia. Tan es así,\nque por oficio número DAMM 675-04-06 del veinticinco de abril del dos mil seis, el Alcalde Municipal\nde Moravia denunció ante la Junta Directiva del IDA, que “...los miembros de la Junta Directiva de\nla Asociación han variado la naturaleza del inmueble, convirtiendo el gimnasio deportivo que se\nubica en él, en un centro de supuesta convención, pero lo cierto es, que su nuevo rumbo es el de una\niglesia...” (ver folios 10, 17, 18, 80 a 89 del expediente administrativo del Instituto de\nDesarrollo Agrario y respaldo audiovisual del reconocimiento judicial efectuado el dieciséis de\nseptiembre del 2009); 3.g) Que alrededor del perímetro del área que comprende el gimnasio, las\ncanchas de basketball y los juegos infantiles, se construyó una especie de pista para trotar o\ncaminar, que actualmente se encuentra dividida por las mallas que separaran ambas zonas (ver\nrespaldo audiovisual del reconocimiento judicial efectuado el dieciséis de septiembre del 2009). Que\nen razón de todo lo expuesto, este Tribunal declara que existe una afectación del inmueble con plano\ncatastrado número Placa28295 actualmente inscrito bajo matrícula de folio real número Placa28291, a\nun uso público efectivo de parque, aún y cuando una gran parte del terreno que se destinó\nexclusivamente a la construcción del Parque Recreativo del Norte, se ha destinado por parte de la\nAsociación demandada, a otros usos privativos que no son acordes a la finalidad por la cual le fue\ntraspasado –aspecto que será desarrollado en el considerando VII de esta sentencia-, afectación que\nse mantiene a pesar de dicha circunstancia y de que se declaró inconstitucional el inciso 22 del\nartículo 16 de la Ley número 7097 mediante la cual se afectó dicho inmueble a la construcción del\nParque Recreativo del Norte. 4) Respecto a los argumentos dados por la Asociación Pro Construcción\ndel Parque Recreativo del Norte para sustentar que el bien es de dominio privado. No lleva razón la\nasociación demandada al afirmar que el inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88 es un bien\nprivado, por las siguientes razones: 4.a) Aunque la finca número 370440-000 del Partido de San José\nse encuentra inscrita a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte\nhace más de diecinueve años, lo cierto es, que dicha circunstancia no tuvo la virtud de desafectar\ndicho terreno (que fue segregado de otro bien de dominio público, como lo es, la finca madre número\n267183-000), ya que el legislador únicamente se limitó variar su destino, puesto que lo afectó en\nforma exclusiva a un uso público, cual es, la construcción del Parque Recreativo del Norte. En\nconsecuencia, frente al dominio público, las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el\ntiempo y aunque aparezcan amparados por asientos del Registro de la Propiedad, no tienen la virtud\nde generar derechos subjetivos sobre el inmueble afectado a un servicio o uso público, como sucede\nen este caso; 4.b) En todo caso, como la inscripción del inmueble con plano catastrado número\nPlaca28295 a favor de la Asociación demandada (folio 3 del legajo de pruebas de la CGR), tuvo como\nfundamento lo dispuesto en el artículo 16 inciso 22 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número\n7097 (folios 102 y 103 del expediente judicial; 8 del legajo de prueba de la CGR), al declararse\ninconstitucional dicha norma, la inscripción registral no tendría el efecto de convalidar el título\nde traspaso del inmueble que se sustentó precisamente en el inciso 22 del artículo 16 de la Ley 7097\nque fue declarado contrario a la Constitución Política, tal y como se desprende de lo dispuesto en\nlos artículos 456 y 472 del Código Civil; 4.c) El hecho de que la Asociación demandada sea un sujeto\npasivo del impuesto sobre bienes inmuebles, no tiene el efecto de desvirtuar la afectación a un uso\npúblico del terreno inscrito actualmente bajo matrícula de folio real Placa28291, no sólo porque de\nconformidad con lo dispuesto en el artículo 6 inciso a) de la Ley de Impuesto sobre Bienes\nInmuebles, los propietarios con título inscrito en el Registro Público de la Propiedad, son sujetos\npasivos de ese impuesto; sino porque a contrario sensu y con vista en el inciso a) del artículo 4 de\nesa misma ley, los inmuebles del Estado, las municipalidades, las instituciones autónomas y\nsemiautónomas, no estarán afectos a dicho impuesto, únicamente cuando por ley especial se establezca\nque gozan de exención. Asimismo, cabe resaltar que si bien es cierto, los bienes de uso común\npropiedad de personas jurídicas amparadas a la Ley número 3859 y sus reformas (Asociaciones de\nDesarrollo) estarán exentos del pago de dicho impuesto (artículo 6 inciso k de la misma ley),\ntambién lo es, que la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, no está inscrita\ncomo Asociación de Desarrollo (ver folios 91, 92 y 109 del legajo de prueba de la CGR). Por último,\ntampoco se ha tenido por demostrado que a la asociación demandada se le haya declarado como de\nutilidad pública (punto c del considerando II de esta sentencia), pues dicha circunstancia\nconstituye otro de los supuestos en que los bienes pertenecientes a asociaciones que tengan ese\ncarácter, no están afectos a dicho impuesto (artículo 6 inciso k de la Ley de Impuesto sobre Bienes\nInmuebles); 4.d) El hecho de que en la escritura de traspaso del inmueble con plano catastrado\nnúmero Placa28295, se hayan impuesto las limitaciones por quince años que establece el artículo 67\nde la Ley de Tierras y Colonización, no implica que se esté ante el supuesto que regula la norma\nindicada, cual, es, la titulación de una parcela a favor de un adjudicatario del IDA. Todo lo\ncontrario, ya que se estaba ante un acto de traspaso de un bien demanial, autorizado por el\nlegislador mediante el artículo 16 inciso 22 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097\n(ver folios 101 y 102 del expediente judicial; 1, 08 a 10 del legajo de prueba de la CGR),\nautorización legislativa que con posterioridad fue declarada inconstitucional. Por todo lo expuesto,\neste Tribunal considera que los argumentos dados por asociación demandada a fin de sustentar que el\ninmueble inscrito bajo matrícula Placa28291 es de dominio privado, carecen de sustento; 5) En\nconsecuencia y conforme a todo lo expuesto, este Tribunal declara que de acuerdo a lo dispuesto en\nlos artículos Placa28284 ; ; Placa28285 ; Placa28286 , así como, del principio de in-matriculación\nde los bienes de dominio público, el inmueble con plano catastrado número Placa28295, ubicado en el\nDirección1832 , del Cantón 14 Moravia, de la Provincia de San José, que se denomina Parque\nRecreativo del Norte y que actualmente se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad\nbajo matrícula de folio real número Placa28291 del Partido de San José, a nombre de la Asociación\nPro Construcción del Parque Recreativo del Norte, constituye un bien demanial afectado al uso\npúblico de parque, que resulta inembargable, imprescriptible, inalienable y está fuera del comercio\nde los hombres. Asimismo que el ente competente para ejercer su administración es la Municipalidad\nde Moravia.\n\n \n\nVIIo.- SOBRE LAS CONDUCTAS DISCONFORMES CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO IMPUTABLES A LA ASOCIACIÓN PRO\nCONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE Y LA INEXISTENCIA DE DERECHOS ADQUIRIDOS DE BUENA FE\nSOBRE LA PROPIEDAD DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. Tal y como ya indicó en el considerando VI de\nesta sentencia, frente a los bienes demaniales -que se caracterizan por ser inalienables,\nimprescriptibles e inembargables-, las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el tiempo\ny aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad, no tienen la virtud de\ngenerar derechos subjetivos sobre el inmueble afectado a un servicio o uso público (ver –entre\notras- las sentencias número 2009-1056 y 2009 3113 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de\nJusticia). En el caso concreto, aunque la finca número 370440-000 del Partido de San José se\nencuentra inscrita a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte hace\nmás de diecinueve años, lo cierto es, que dicha circunstancia no implicó la desafectación de ese\nterreno -que fue segregado de otro bien de dominio público, como lo es, la finca madre número\n267183-000-, ya que el legislador mediante el artículo 16 inciso 22 de la Ley número 7097,\núnicamente se limitó variar su destino, puesto que lo afectó en forma exclusiva a un uso público,\ncual es, la construcción del Parque Recreativo del Norte, afectación que no sólo tiene como base el\ntexto expreso de la ley –no sólo de la que fue declarada inconstitucional, sino principalmente de lo\ndispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley de Planificación Urbana, y 37 de la Ley de\nConstrucciones- sino también el uso público y por ende, la condición real de parque que tiene dicho\ninmueble. En consecuencia, resulta improcedente el alegato de la parte demandada en cuanto a que\ntiene un derecho adquirido de buena fe sobre la propiedad del bien de dominio público denominado\nParque Recreativo del Norte, no sólo porque en razón de la naturaleza demanial de ese inmueble y\nconforme a lo dispuesto en los artículos 121 inciso 14 de la Constitución Política y 261 a 263 del\nCódigo Civil, no es posible adquirir un derecho de propiedad sobre un bien afecto a un servicio o a\nun uso público, sino también, porque el término derechos adquiridos hace referencia a “...aquella\ncircunstancia consumada en la que una cosa –material o inmaterial, trátese de un bien previamente\najeno o de un derecho antes inexistente –ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera patrimonial de\nla persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio constatable...” (sentencia número\n1997-2765 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). En la especie, los derechos\nadquiridos a que hace referencia la Asociación demandada se reducirían a un aspecto meramente\npatrimonial, referido a los dineros líquidos que efectivamente ya se encuentren formando parte del\npatrimonio de la Asociación y no a la propiedad sobre el Parque Recreativo del Norte, ni a la\nvigencia en el tiempo de los contratos que actualmente mantiene con un sujeto de derecho privado que\nle permiten disponer del área en que se encuentra el gimnasio. En todo caso y en razón de objeto del\nproceso, no corresponde a este Tribunal determinar si existen o no derechos adquiridos de buena fe,\nen los términos en que se ha expuesto, razón por la cual, si la accionada pretendiera hacer valer\nalgún tipo de derecho sobre el particular, deberá acudir a la vía correspondiente, a fin de que se\nresuelva lo que en derecho corresponda. Ahora bien, este Tribunal considera que la Asociación\ndemandada ha incurrido en una serie de conductas que resultan disconformes con el ordenamiento\njurídico y por ende, contrarias al principio de buena fe, al hacer un uso indebido del inmueble que\nle fue traspasado, que en todo caso, resulta contrario a los propios fines que persigue conforme a\nlo dispuesto en el artículo 3 de sus estatutos. Dicha afirmación se sustenta en las siguientes\nrazones: 1) De conformidad con lo dispuesto en el inciso 22 del artículo 16 de la Ley de Presupuesto\nnúmero 7097, el legislador autorizó a favor de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo\ndel Norte, el traspaso del inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88, ubicado en el\nDirección1832 , del Cantón 14 Moravia, de la Provincia de San José, con la finalidad de que ese\nterreno se utilizara exclusivamente en la construcción del proyecto denominado Parque Recreativo del\nNorte (folios 1 del legajo de pruebas de la CGR; 11 a 14 del expediente administrativo del IDA); 2)\nQue esa finalidad pública, es conteste a los objetivos principales de la asociación a favor de la\ncual se segregó y traspasó el inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88, ya que conforme a\nlo dispuesto en el artículo tercero de sus estatutos, sus fines son: “...fomentar el ideal de\nservicio como base de toda empresa digna y en particular estimular y fomentar la construcción del un\nparque recreativo y natural para el esparcimiento de los vecinos de los cantones del norte de San\nJosé, y los ciudadanos en general. El fomento de la actividad mediante la construcción de mejoras\npara el esparcimiento y práctica deportiva y de la contemplación de la naturaleza, y recaudación de\nfondos para el desarrollo del mismo a travez (sic) de sesiones periódicas, asesorías profesionales,\nactividades de servicio a la comunidad, conferencias, programas de divulgación y demás medios\nafines...” (folios 91 y 101 del legajo de prueba de la CGR); 3) Aunado a lo anterior, en la\nescritura de segregación y traspaso a favor de la asociación demandada del inmueble con plano\ncatastrado número SJ-770593-88, se le describe como “...terreno hoy para construir el Parque\nRecreativo del Norte, sito en el Dirección17412 , ...” (folio 07 del Legajo de Prueba de la CGR), y\nse le inscribe en el registro bajo matrícula de folio real número Placa28291, con la naturaleza de\nterreno para construir parque recreativo (folio 03 del Legajo de Prueba de la CGR); 4) En\nconsecuencia, los fines y objetivos de la Asociación demandada, están ligados a intereses públicos y\nvinculados en forma directa a la existencia del Parque Recreativo del Norte, como el medio lícito\npara cumplir los fines establecidos en su estatuto (ver artículos 3, 4, 5, 7, 13 inciso d), 26, 33,\n34 inciso 3 de la Ley de Asociaciones y 631 del Código Civil), razón por la cual, el uso normal del\ninmueble debió ser conforme a la naturaleza y destino que justificó que se le traspasara ese bien.\nEs menester resaltar, que los parques -tal y como se desarrolló en el considerando V de esta\nsentencia- están destinados al servicio y esparcimiento de las personas en general, a fin de cumplir\nun objetivo superior que es el bienestar de la colectividad, conforme a lo dispuesto en el artículo\n50 de la Constitución Política, motivo por el cual, resulta contrario al ordenamiento jurídico que\nse le haya destinado a un uso distinto y privativo del que motivó su afectación y traspaso a la\nAsociación; 5) En ese sentido, se ha tenido por demostrado que el área en que se ubican las canchas\nde basketball y los juegos infantiles, es la única que se encuentra abierta al uso público, con el\nagravante de que tal y como se desprende de la fotografía satelital del inmueble visible a folio 126\ndel legajo de pruebas de la CGR, dicha área representa un quince por ciento de la totalidad del\nterreno que se destinó exclusivamente a la construcción del Parque Recreativo del Norte (ver folios\n110, 114, 115 y 126 del legajo de prueba de la CGR; 10, 17 y 18 del expediente administrativo del\nIDA y respaldo audiovisual del reconocimiento judicial efectuado el dieciséis de septiembre del\n2009); 6) Que en el área restante, la Asociación autorizó a dos sujetos de derecho privado, a\nrealizar actividades de carácter privado que son contrarias al destino de uso público del Parque\nRecreativo del Norte, a saber: 6.1) Conforme a los registros del Departamento de Patentes de la\nMunicipalidad de Moravia, desde el año 2002 hasta finales del 2007, funcionó un vivero denominado La\nSultana, que cerró operaciones en el año 2007 y que se encuentra moroso en el pago del tributo por\nlicencia comercial (ver folios 140 del expediente judicial; 116 a 118, 126 del legajo de pruebas de\nla CGR y respaldo audiovisual del reconocimiento judicial efectuado el dieciséis de septiembre del\n2009). Aunado a lo anterior, este Tribunal pudo constatar que el área en que funcionaba el vivero,\nes actualmente de acceso restringido, pues el portón de acceso se encuentra cerrado, aunado a que en\ndicho lugar viven dos personas que manifestaron dedicarse a cuidar esa zona (ver respaldo\naudiovisual del reconocimiento judicial efectuado el 16 de septiembre del 2009); 6.2) Que si bien es\ncierto, se construyó un gimnasio para la práctica de actividades deportivas, tal y como se pudo\ncomprobar al levantar la alfombra que actualmente cubre la cancha de dichas instalaciones; también\nlo es, que el gimnasio está acondicionado para la celebración de actividades religiosas de la\ncongregación Centro Cristiano de Excelencia. En este punto, es importante resaltar que desde el\nveinticinco de abril del dos mil seis, el Alcalde Municipal de Moravia denunció ante la Junta\nDirectiva del IDA, mediante oficio número DAMM 675-04-06 que “...los miembros de la Junta Directiva\nde la Asociación han variado la naturaleza del inmueble, convirtiendo el gimnasio deportivo que se\nubica en él, en un centro de supuesta convención, pero lo cierto es, que su nuevo rumbo es el de una\niglesia...” (ver folios 10, 17, 18, 80 a 89 del expediente administrativo del Instituto de\nDesarrollo Agrario y respaldo audiovisual del reconocimiento judicial efectuado el dieciséis de\nseptiembre del 2009); 6.3) Que el cinco de abril del dos mil ocho, la Asociación Pro Construcción\ndel Parque Recreativo del Norte, suscribió un contrato de arrendamiento con la Asociación Centro\nCristiano de Excelencia, sobre una parte del inmueble ubicado en el Dirección1834 , del\nDirección4667 , de la provincia de San José, inscrito a su nombre en el Registro Público de la\nPropiedad, bajo el sistema de folio real matrícula número Placa28291, “...específicamente el terreno\nubicado de las canchas deportivas hacia el oeste, hasta la quebrada (río), terreno con una medida\naproximada de veinte mil metros cuadrados, y que en la actualidad consta de un gimnasio construido y\náreas verdes. TERCERA: Que dicha propiedad, será destinada por el Arrendatario para la realización\nde servicios religiosos o eventos afines, que ayuden al desarrollo integral de (sic) sociedad y los\nindividuos. CUARTA: El plazo de este contrato será de diez años a partir del día ocho de abril del\ndos mil ocho, pudiendo prorrogarse por períodos iguales hasta completar treinta años. Las prórrogas\ncorrespondientes a cada año deberán necesariamente formularse por escrito en un nuevo contrato o\naddendum; no existiendo prórrogas automáticas ni tácita. QUINTA: El precio del arrendamiento de la\npropiedad indicada, será de dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil colones exactos\n(2.462.000,00), y se establece un aumento anual del diez por ciento en el pago por concepto de\narrendamiento de la propiedad...” (ver folios 275 a 278 del expediente judicial); 7) Que de\nconformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 129 de la Constitución Política; 18 inciso 2 de\nla Ley General de la Administración Pública; 18 y 631 inciso 1 del Código Civil; 26 de la Ley de\nAsociaciones y 4 in fine de los Estatutos de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo\ndel Norte, todos los contratos suscritos por la demandada con la finalidad de dar un uso privativo y\ndistinto al uso público al que se encuentra afectado el inmueble denominado Parque Recreativo del\nNorte, son absolutamente nulos, por las siguientes razones: 7.a.) Resultan contrarios al fin lícito\nque persigue la Asociación demandada conforme al artículo 3 de sus estatutos (folios 91 y 101 del\nlegajo de pruebas de la CGR); 7.b) Son contrarios al motivo que sustentó la autorización de traspaso\nde dicho bien, que conforme a lo dispuesto en el inciso 22 del artículo 16 de la ley número 7097,\nera que el terreno se dedicara exclusivamente a la construcción del Parque Recreativo del Norte\n(folios 1 del legajo de prueba de la CGR y 11 a 14 del expediente administrativo del IDA), y por\nende, a la obligación de celebrar contratos y adquirir obligaciones que sean lícitas y posibles\nconforme a los fines que persigue la Asociación y a la naturaleza demanial del bien (artículos 26 de\nla Ley de Asociaciones y 4 in fine de los Estatutos de la Asociación demandada); 7.c) Por último,\nresultan contrarios al uso público efectivo de parque, que se ha dado en un área aproximada al\nquince por ciento de la totalidad del inmueble, que no sólo se destinó, sino que en la realidad ha\ncumplido parcialmente la finalidad de esparcimiento de los vecinos de los cantones del norte de San\nJosé y de la comunidad en general. 8) Que por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal declara\nque: 8.a) En razón de la naturaleza demanial del Parque Recreativo del Norte y conforme a lo\ndispuesto en los artículos 121 inciso 14 de la Constitución Política y 261 a 263 del Código Civil,\nno es posible adquirir un derecho de propiedad sobre un bien afecto a un servicio o a un uso\npúblico; 8.b) Conforme al objeto del proceso, no corresponde a este Tribunal determinar si existen o\nno derechos adquiridos de buena fe de carácter patrimonial a favor de la Asociación demandada, por\nlo que, si la accionada pretendiera hacer valer algún tipo de derecho sobre el particular, deberá\nacudir a la vía correspondiente, a fin de que se resuelva lo que en derecho corresponda; 8.c) De\nconformidad con lo dispuesto en los artículos 121. 14 de la Constitución Política; 261 a 263 del\nCódigo Civil; 3 a 5, 7, 13 inciso d) de la Ley de Asociaciones; 3 del Estatuto de la Asociación Pro\nConstrucción del Parque Recreativo del Norte, la demandada incurrió en un uso indebido y privativo\ndel inmueble con plano catastrado número Placa28295, no sólo porque que resulta contrario a los\npropios fines que persigue conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de sus estatutos, sino también,\na la finalidad que justificó su traspaso, cual era, ser utilizado exclusivamente en la construcción\ndel Parque Recreativo del Norte; 8.d) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 129 de\nla Constitución Política; 18 inciso 2 de la Ley General de la Administración Pública; 18 y 631\ninciso 1 del Código Civil; 26 de la Ley de Asociaciones y 4 in fine de los Estatutos de la\nAsociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, todos los contratos suscritos por la\ndemandada con la finalidad de dar un uso privativo y distinto al uso público al que se encuentra\nafectado el inmueble denominado Parque Recreativo del Norte, son absolutamente nulos.\n\n \n\n \n\nVIIIo.- SOBRE LA INACTIVIDAD DEL INSTITUTO DE DERECHO AGRARIO RELACIONADA CON EL NO EJERCICIO DE LAS\nACCIONES TENDENTES A RECUPERAR EL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. Este Tribunal considera que el\nInstituto de Desarrollo Agrario incurrió en una conducta omisiva contraria al ordenamiento jurídico,\nen cuanto al deber de proteger, custodiar y recuperar el Parque Recreativo del Norte, que le fue\nsegregado de un bien demanial inscrito a su nombre, con base en una norma que con posterioridad fue\ndeclarada contraria al Derecho de la Constitución. Que lo anterior, se sustenta en las siguientes\nrazones: a) A efecto de garantizar que los bienes demaniales cumplan la finalidad pública a la que\nhan sido destinados por afectación expresa o presunta, y como consecuencia de las características de\ninalienabilidad e imprescriptibilidad que les son inherentes, las Administraciones Públicas tienen\nla obligación de ejercer las acciones administrativas y/o jurisdiccionales previstas por el\nordenamiento jurídico, a fin de proteger y conservar los bienes de dominio público, de conformidad\ncon lo dispuesto en los artículos 121 inciso 14 en relación con el 11 y 50 de la Constitución\nPolítica; 261 y 263 del Código Civil; 14 de la Ley Forestal; 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Control\nInterno; 37 de la Ley de Construcciones; 110 y siguientes de la Ley de la Adminstración Financiera\nde la República y Presupuestos Públicos –entre otros-. Por ende, para el ejercicio de las acciones\ntendentes a su recuperación y tutela, no corren plazos de prescripción ni caducidad, siendo que los\nmedios con los que cuentan las Administraciones Públicas para su efectiva recuperación son\nimprescriptibles, tal y como lo establecen los artículos 34 inciso 2 y 40 del Código Procesal\nContencioso Administrativo; b) Ahora bien, este Tribunal ha tenido por demostrado, que las conductas\nen que el IDA sostiene que si ha cumplido el deber que le impone el ordenamiento jurídico de\nrecuperar el inmueble con plano catastrado número SJ-770593-000, han sido las siguientes: b.1) Por\noficio número DAMM 675-04-06 del veinticinco de abril del dos mil seis, el Alcalde Municipal de\nMoravia, puso en conocimiento del Instituto de Desarrollo Agrario “...algunas irregularidades que se\nhan venido produciendo con el tiempo, con relación a un inmueble que hoy es conocido como Parque\nRecreativo del Norte, a efecto de que se interpongan los buenos oficios y darle una solución\ndefinitiva a los mismos (...) Adicionamos, como los miembros de la Junta Directiva de la Asociación\nhan variado la naturaleza del inmueble, convirtiendo el gimnasio deportivo que se ubica en él, en un\ncentro de supuesta convención, pero lo cierto es, que su nuevo rumbo es el de una iglesia...”\n(folios 80 a 89 del expediente administrativo del Instituto de Desarrollo Agrario; y respaldo\naudiovisual del reconocimiento judicial del dieciséis de septiembre del dos mil nueve); b.2) Que por\noficio número DAJ-409 del dieciséis de mayo del dos mil seis, la Dirección de Asuntos Jurídicos del\nIDA, rindió ante la Junta Directiva de esa misma entidad, un informe relacionado con los hechos\npuestos en conocimiento por el Alcalde Municipal de Moravia, mediante oficio DAMM 675-04-06 del\nveinticinco de abril del dos mil seis, en cuyas conclusiones indica: “...De conformidad con lo\nexpuesto, la única posibilidad que tiene el Instituto es la de recurrir a una acción de\nInconstitucionalidad de la norma atípica y como consecuencia pedir la nulidad de la escritura de\ntraspaso, pues en todos los demás casos nuestros derechos están prescritos o caducos. Se hace la\nobservación que de acoger la Sala nuestra tesis, eventualmente tendríamos que reconocer a la\nAsociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, las mejoras introducidas por ellos en\nel terreno, pues no podemos afectar derechos adquiridos de buena fe. De acogerse la recomendación de\nla Dirección de Asuntos Jurídicos sería conveniente que la Junta tome un acuerdo en ese sentido y\nautorice al señor Presidente Ejecutivo a plantear la respectiva acción. No comparte esta Dirección\nla posición del señor Alcalde Municipal en el sentido de que solo el Instituto tiene legitimación\npara accionar puesto que como se explicó al no estar en presencia de una lesión directa o\nindividual, de ahí que la acción la puede presentar cualquier persona...” (ver folios 75 a 79 del\nexpediente administrativo del IDA); b.3) Que por acuerdo número 33 adoptado en la sesión número\n018-06 celebrada el veintidós de mayo del dos mil seis, la Junta Directiva del IDA de conformidad\ncon el oficio número DAJ-409-06 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa misma entidad, acordó:\n“...1. Dar audiencia al Alcalde Municipal de Moravia; 2. Comisionar a la Presidencia Ejecutiva, a\nefecto de formular una consulta, tanto a la Procuraduría General de la República, como a la\nAuditoría Interna del Instituto, sobre el fondo de este asunto tomando en cuenta el propio criterio\nvertido por la Asesoría Legal del Instituto...” (folio 74 del expediente administrativo del IDA);\nb.4) Que por oficio número FOE-DDJ-3035 del veintiuno de septiembre del dos mil seis, la Contraloría\nGeneral de la República, trasladó al Instituto de Desarrollo Agrario una denuncia contra la\nAsociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte y su Presidente, “...por supuestas\nirregularidades en el manejo de fondos y bienes donados por el Estado para la construcción de ese\nparque, partidas específicas y lote del IDA y por el cierre de este inmueble al público...”. Que la\nJunta Directiva del IDA por acuerdo número 33 adoptado en la sesión número 033-06 celebrada el dos\nde octubre del dos mil seis, conoció el oficio FOE-DDJ-3035 del veintiuno de septiembre del dos mil\nseis, de la Contraloría General de la República y acordó “...comisionar al Asesor Legal de la Junta\nDirectiva, presentar ante esta Junta Directiva un informe del estado actual del presente caso a\nefecto de informar al interesado...” (ver folios 17, 18, 73 del expediente administrativo del IDA);\nb.5) Que por oficio número FOE-DDJ-0317 recibido el ocho de marzo del dos mil siete, la Contraloría\nGeneral de la República, solicitó “...información sobre las acciones tomadas por el IDA en relación\ncon la problemática presentada con el uso del denominado Parque Recreativo del Norte...”. Que la\nJunta Directiva del IDA por acuerdo número 9 de la sesión 010-07 celebrada el doce de marzo del dos\nmil siete, conoció el oficio número FOE-DDJ-0317 y acordó “...informar a la Contraloría General de\nla República, de que ya está elaborada la acción de inconstitucionalidad y a su vez peticionar a dio\nÓrgano para que coadyuve en dicha acción de inconstitucionalidad, la cual se va a presentar en su\nmomento...” (ver folio 71 del expediente administrativo del IDA); b.6) Que el dieciséis de octubre\ndel dos mil siete, la Contraloría General de la República interpuso acción de inconstitucionalidad\ncontra el artículo 16 inciso 22 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097 del dieciocho de\nagosto de mil novecientos ochenta y ocho, que había autorizado al IDA a segregar un lote de hasta\n25.000,06 metros cuadrados de la finca número 267183, inmueble que actualmente se encuentra inscrito\nbajo matrícula de folio real número Placa28287. Que a dicha acción de inconstitucionalidad se le\nasignó el número de expediente 07-013901-0007-CO (folios 17 a 26 del legajo de pruebas de la CGR);\nb.7) Que por oficio número PE-0123-2008 del catorce de enero del dos mil ocho, el Presidente\nEjecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario, le solicitó a la Dirección de Asuntos Jurídicos de\nesa misma entidad, que analizara “...el voto de la Sala Constitucional que anuló la norma\npresupuestaria mediante la cual se donó terreno para parque recreativo del norte. De conformidad con\nla información obtenida, esta Presidencia Ejecutiva requiere criterio jurídico sobre la situación\nplanteada, posibilidad de recuperación del bien es cuestión, si existen derechos a favor de\nparticulares que puedan afectar o, si existen derechos a favor del IDA que deban ser custodiados...”\n(ver folio 96 del legajo de prueba de la CGR y 9 del expediente administrativo del IDA); b.8) Que\npor oficio número DAJ-048-08 del veintitrés de enero del dos mil ocho, la Dirección de Asuntos\nJurídicos en contestación al oficio número PE-0123-2008 del catorce de enero del dos mil ocho\nsuscrito por el Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario, informó que: “...Si bien\nes cierto, la Sala Constitucional anula la norma mediante la cual el IDA traspaso un inmueble a la\nAsociación Parque Recreativo del Norte, de conformidad con el artículo 91 de la Ley de Jurisdicción\nConstitucional, esa declaratoria tiene efectos declarativos y retroactivos, así el acto\nadministrativo que autorizó el traspaso se tendría como no existente, regresando las cosas a su\nestado original, es decir, revirtiendo el terreno al patrimonio de la Institución. Sin embargo, no\nse tiene certeza actualmente respecto a, si en el voto la Sala Constitucional anula el traspaso en\nsí mismo y, ordena la cancelación del asiento registral o, si es omisa en ese sentido. En el\nsupuesto de que la Sala Constitucional anule el acto de traspaso y ordene cancelación de asiento\nregistral como consecuencia, dicho acto solamente lo podría ejecutar la Contraloría General de la\nRepública, puesto que fue ésta quien interpuso la acción y, al IDA no se le dio participación dentro\ndel proceso (...)” Ahora bien, el voto se encuentra en este momento en proceso de firmas de los\nseñores Magistrados de la Sala Constitucional, por lo que su conocimiento integral, será una vez\nconcluido (sic) esta etapa procesal, la que nos permitirá conocer con mayor seguridad, lo pertinente\na la nulidad del acto mismo del traspaso, la nulidad del asiento registral como consecuencia\ninmediata y, la reversión del inmueble al patrimonio de la institución...” (folios 97 a 98 del\nlegajo de pruebas de la CGR; 7 a 8 del expediente administrativo del IDA); b.9) Que el aviso a que\nhacen referencia los artículos 88 y 90 párrafo 1° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en\ncuanto a la publicación de la parte dispositiva de la sentencia, fue publicado en los Boletines\nJudiciales números 41, 42 y 43, de fechas 27, 28 y 29 de febrero del dos mil ocho, respectivamente\n(folios 72, 93 a 95 del legajo de prueba de la CGR); b.10) Que por oficio número Placa28292 del 16\nde diciembre del dos mil ocho, la Gerente General del IDA le solicitó al Director de Asuntos\nJurídicos, que “...a la brevedad posible, me informe de los efectos que tuvo la declaratoria de\nnulidad del artículo 16, inciso 22, de la Ley N° 7097 del 18 de agosto del 1988, Ley de Presupuesto\nExtraordinario de la República, con respecto al acto mediante el cual el IDA traspasó el inmueble a\nla Asociación Parque Recreativo del Norte...” (folio 6 del expediente administrativo del IDA); b.11)\nQue por oficio número DAJ-205 del 16 de marzo del dos mil nueve, la Dirección de Asuntos Jurídicos\ndel IDA, le informó a la Gerente General, que por sentencia número 00056-2008 de las catorce horas\ncuarenta y siete minutos del nueve de enero del dos mil ocho, se declaró con lugar la acción de\ninconstitucionalidad interpuesta por la Contraloría General de la República y en consecuencia, se\nanuló por inconstitucional el artículo 16 inciso 22) de la Ley No. 7097 de 18 de agosto de 1988,\npublicada en el Alcance No. 25 a La Gaceta No. 166 del 1° de septiembre de 1988, que es Ley de\nPresupuesto Extraordinario de la República, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.\nAsimismo se indicó, que en el expediente número 09-00076-1027-CA, se tramita proceso contencioso\nadministrativo interpuesto por la Contraloría General de la República contra el Instituto de\nDesarrollo Agrario y la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte (ver folios 3 y\n4 del expediente administrativo del IDA); b.12) Que por oficio DAJ-667-09 del veinte de julio del\ndos mil nueve, la Dirección de Asuntos Jurídicos del IDA, rindió al Secretario General del Instituto\nde Desarrollo Agrario, un informe sobre el Parque Recreativo del Norte y recomendó “...la\nautorización del inicio de las gestiones, ya sean administrativas o judiciales, a efecto de proceder\ncon la recuperación del inmueble matrícula Placa28291 del Partido de San José que se encuentra a\nnombre de la Asociación mencionada y ordenarse la cancelación de la inscripción en el Registro\nPúblico, para poder incluir el terreno dentro del patrimonio del Instituto...”, las que fueron\naprobadas por la Junta Directiva del IDA, mediante acuerdo número 27 d la sesión ordinaria número\n026-2009 celebrada el 28 de julio del dos mil nueve (folios 157 a 160, 274 del expediente judicial);\nc) De lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera que no existe ninguna acción administrativa\no jurisdiccional de parte del IDA, que sea relevante a efectos de lograr la recuperación efectiva\ndel inmueble con plano catastrado número Placa28295. En ese sentido cabe destacar, que no obstante a\nla entidad demandada se le puso en conocimiento desde el año dos mil seis, sobre las irregularidades\nque tanto la Municipalidad de Moravia como la Contraloría General de la República le imputaron a la\nAsociación demandada, (folios 73, 80 a 89 del expediente administrativo del Instituto de Desarrollo\nAgrario), no es sino hasta por acuerdo número 9 de la sesión 010-07 del doce de marzo del dos mil\nsiete y a consecuencia de que la CGR por oficio número FOE-DDJ-0317-07 le pidió información acerca\nde las acciones relacionadas con el Parque Recreativo del Norte, que resolvió interponer en su\nmomento la acción de inconstitucionalidad contra lo dispuesto en el inciso 22 del artículo 16 d la\nLey número 7097, que autorizó el traspaso del inmueble a la Asociación demandada (folio 71 del\nexpediente administrativo del IDA). Sin embargo, la acción de inconstitucionalidad no fue\ninterpuesta por el Instituto de Desarrollo Agrario, sino por la Contraloría General de la República,\na pesar de que el IDA estaba legitimado para interponer la acción de inconstitucionalidad conforme a\nlo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional; d) Por otra parte, cabe\ndestacar que el IDA tuvo conocimiento de la declaratoria de inconstitucionalidad del inciso 22 del\nartículo 16 de la Ley 7097, incluso antes de que el veintisiete, veintiocho y veintinueve de febrero\ndel dos mil ocho, se publicara el aviso con la parte dispositiva de la sentencia, al que hace\nreferencia el artículo 90 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (ver folios 7 a 9 del\nexpediente administrativo del IDA; 55, 93 a 95 del Legajo de prueba de la CGR). Si bien es cierto,\nse adujo por oficio número DAJ-048-08 del veintitrés de enero del dos mil ocho, que debían esperar\nla publicación íntegra de la sentencia para “...conocer con mayor seguridad, lo pertinente a la\nnulidad del acto mismo de traspaso, la nulidad del asiento registral como consecuencia inmediata y,\nla reversión del inmueble al patrimonio de la institución...” (folio 8 del expediente administrativo\ndel IDA); también lo es, que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 88\nde la Ley de la Jurisdicción Constitucional, desde la primera vez que se publique el aviso a que se\nrefiere el artículo 90 de esa misma, entrará a regir la eliminación de ordenamiento jurídico de la\nnorma declarada contraria a la Constitución Política. Aunado a lo anterior, cabe destacar que no\nobstante la publicación íntegra de la sentencia se dio en el Boletín Judicial número 103 del\nveintinueve de mayo del dos mil ocho (folios 82 a 85 del legajo de pruebas de la CGR), no es sino\nhasta que por oficio número Placa28292 de dieciséis de diciembre del dos mil ocho, la Gerente\nGeneral del IDA solicitó que le informaran la mayor brevedad sobre “...los efectos que tuvo la\ndeclaratoria de nulidad del artículo 16, inciso 22, de la Ley N° 7097 del 18 de agosto del 1988, Ley\nde Presupuesto Extraordinario de la República, con respecto al acto mediante el cual el IDA traspasó\nel inmueble a la Asociación Parque Recreativo del Norte...” (folio 6 del expediente administrativo\ndel IDA); e) Por último, que no es sino hasta el veinte de julio del dos mil nueve, que por oficio\nnúmero DAJ-667-09 y a consecuencia del plazo de tres días hábiles otorgado por este Tribunal en auto\nde las ocho horas treinta minutos del siete de julio del dos mil nueve y conforme a lo dispuesto en\nel artículo 35.2 del CPCA (folios 148 a 150 del expediente judicial), que la Dirección de Asuntos\nJurídicos recomendó “...la autorización del inicio de las gestiones, ya sean administrativas o\njudiciales, a efecto de proceder con la recuperación del inmueble matrícula Placa28291 del Partido\nde San José que se encuentra a nombre de la Asociación mencionada y ordenarse la cancelación de la\ninscripción en el Registro Público, para poder incluir el terreno dentro del patrimonio del\nInstituto...”, las que fueron aprobadas por la Junta Directiva del IDA, mediante acuerdo número 27 d\nla sesión ordinaria número 026-2009 celebrada el 28 de julio del dos mil nueve (folios 157 a 160,\n274 del expediente judicial); f) En consecuencia, la entidad demandada no ejerció las acciones\ntendentes a proteger, conservar y recuperar los bienes de dominio público, a pesar de que: f.1)\nDebía recuperar el inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88, pues éste se segregó de la\nfinca madre número 267183-000, terreno que de conformidad con lo dispuesto en los Decretos\nEjecutivos número 8005-G y 8059-G, fue expropiado y adquirido por el Estado e inscrito a nombre del\nIDA, con la finalidad de destinarlo al servicio público que presta; f.2) Tenía conocimiento de que\nla norma presupuestaria que había autorizado esa segregación y traspaso, adolecía de un vicio de\ninconstitucionalidad. En ese sentido, valga destacar que en el acuerdo número 4 de la sesión 21-89\ndel catorce de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, mediante el cual, se acordó confeccionar la\nescritura de traspaso y donación del Parque Recreativo del Norte a favor de la Asociación demandada,\nuno de los miembros de la Junta Directiva, se opuso al traspaso puesto que “...en razón de que en su\ncondición de abogado, considera que la autorización del traspaso de ese lote, se basa en una norma\npresupuestaria, que a criterio suyo es inconstitucional. Asimismo quiere dejar constancia que es\npartidario de que se construyan centros como ese y se financien por cuenta del Estado, pero dentro\ndel ordenamiento legal vigente...” (ver folios 102 y 103 del expediente judicial); f.3) Una vez\ndeclarada la inconstitucionalidad del inciso 22 del artículo 16 de la Ley 7097 y publicados tanto\nlos avisos de la parte dispositiva, como la sentencia íntegra dictada por la Sala Constitucional, no\nes sino con ocasión del traslado de la demanda que da base a este proceso, que se recomendó y\nautorizó el inicio de las gestiones, ya sean administrativas o judiciales, a efecto de proceder con\nla recuperación del inmueble matrícula Placa28291 del Partido de San José que se encuentra a nombre\nde la Asociación mencionada y ordenarse la cancelación de la inscripción en el Registro Público,\npara poder incluir el terreno dentro del patrimonio del Instituto; g) Por todo lo expuesto, este\nTribunal declara que el Instituto de Desarrollo Agrario, incurrió en una conducta omisiva contraria\na lo dispuesto en los artículos los artículos 121 inciso 14 en relación con el 11 y 50 de la\nConstitución Política; 261 y 263 del Código Civil; 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Control Interno; 37 de\nla Ley de Construcciones; 110 y siguientes de la Ley de Control Interno; 34 del Código Procesal\nContencioso Administrativo, pues no ejerció las acciones jurisdiccionales o administrativas\nnecesarias para proteger, conservar y recuperar el bien de dominio público denominado Parque\nRecreativo del Norte. Es por ello que, de conformidad con los artículos 192, 199, 200, 210, 211y 213\nde la Ley General de la Administración Pública; 8 de la Ley de Control Interno; 110 incisos b), e),\np) y r) de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, se ordena al\njerarca del IDA iniciar de manera inmediata los procedimientos internos de mérito a fin de\nestablecer la responsabilidad pecuniaria y/o disciplinaria de los funcionarios que participaron en\nlas acciones u omisiones que provocaron las conductas contrarias que se declararon en esta\nsentencia. Sobre lo actuado, deberá rendir informe a la Jueza Ejecutora de este Tribunal, en el\nplazo de tres meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia.\n\n \n\nIXo.- SOBRE LOS ALCANCES DE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL INCISO 22 DEL ARTÍCULO 16 DE\nLA LEY 7097 Y SU INCIDENCIA EN LOS ACTOS DE TRASPASO E INSCRIPCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE.\nLa Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por sentencia número 2008-00056 de las\ncatorce horas cuarenta y siete minutos del nueve de enero del dos mil ocho, declaró con lugar la\nacción de inconstitucionalidad tramitada en expediente número 07-13901-0007-CO, pues consideró que\n“...la autorización introducida en el artículo 16 inciso 22) de la Ley de Presupuesto\nExtraordinario, Ley No. 7097 de 18 de agosto de 1988, en cuanto permitió al Instituto de Desarrollo\nAgrario segregar y donar a una Asociación un terreno de veinticinco mil metros cuadrados seis\ndecímetros de su propiedad, es inconstitucional por el procedimiento legislativo que se siguió. Se\ntrata de una norma atípica ajena al contenido presupuestario, a través de la cual se dispone que una\npropiedad de un ente autónomo del Estado, por lo que resulta contraria al Derecho de la\nConstitución. Por lo anterior, es claro que la norma que aquí se analiza resulta inconstitucional, y\nen consecuencia, debe anularse, advirtiendo que será en la vía ordinaria donde se determine la\nexistencia de derechos adquiridos, o la necesidad de pagar o no mejoras sobre la propiedad cuyo\ntraspaso se está anulando con la norma en cuestión...” (folios 65 a 71 del legajo de prueba de la\nCGR). En este punto, resulta necesario aclarar, cuáles son los efectos que producen las sentencias\nestimatorias de inconstitucionalidad, conforme a lo dispuesto en los artículos 88, 89 y 91 de la Ley\nde la Jurisdicción Constitucional. En primer término, la sentencia que declare la\ninconstitucionalidad y pronuncie la anulación consecuente de la norma o los actos impugnados,\nproducirá cosa juzgada y eliminará la norma o acto del ordenamiento jurídico, eliminación que regirá\na partir de la primera vez que se publique el aviso con la parte dispositiva a que se refiere el\nartículo 90 de la misma ley. En segundo término, la sentencia que declare la inconstitucionalidad de\nuna norma o ley o disposición general, declarará también la de los demás preceptos de ella, o de\ncualquier otra ley o disposición cuya anulación resulte evidentemente necesaria por conexión o\nconsecuencia, así como la de los actos de aplicación cuestionados. Por último, la declaratoria de\ninconstitucionalidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia del acto, todo\nsin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. No obstante lo anterior, la sentencia\nconstitucional de anulación, podrá graduar y dimensionar en el espacio, el tiempo o la materia su\nefecto retroactivo, y dictará las reglas necesarias para evitar que produzca graves dislocaciones a\nla seguridad, la justicia y la paz sociales. Con base en las reglas antes expuestas, este Tribunal\ndeterminará cuáles son en el caso concreto, los alcances que tiene la declaratoria de\ninconstitucionalidad del inciso 22 del artículo 16 de Presupuesto Extraordinario número 7097,\nextremo que resulta trascendente, dado que dicha norma constituyó el título que sirvió de base para\nla autorización del traspaso del inmueble con plano catastrado número Placa28295, a favor de la\nAsociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte. En ese sentido, este Tribunal considera\nque: 1) Respecto a la declaratoria de nulidad absoluta de los actos conexos relativos al acuerdo de\ntraspaso, la escritura de traspaso y la inscripción registral bajo matrícula Placa28291. Si el\nartículo 16 inciso 22 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097, constituía la base en que\nse sustentó la autorización para segregar y donar a la Asociación Pro Construcción del Parque\nRecreativo del Norte, de la finca número 267183, tomo 2652, folio13, asiento 1, un lote de hasta\n25.000,02 metros cuadrados, con plano catastrado número Placa28295, que colinda al norte con calle\npública, al este con Urbanización Los Colegios, al sur con el Instituto de Desarrollo Agrario y al\noeste con la Dirección17416 (folio 01 del legajo de prueba de la CGR), en consecuencia, tal y como\nlo solicitó la Contraloría General de la República en el escrito inicial de la acción de\ninconstitucionalidad (folios 25 y 26 del legajo de pruebas de la CGR), resultaba procedente que al\ntenor de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley número 7135, que la Sala Constitucional de la\nCorte Suprema de Justicia, anulara el traspaso del inmueble indicado junto con la norma que dio\nsustento a ese acto, tal y como así lo dispuso en el último párrafo del considerando III de la\nsentencia número 2008-000056 (ver folio 70 del legajo de prueba de la CGR). Si bien es cierto, que\nen la parte dispositiva de la sentencia indicada, no se hace referencia a la anulación del traspaso\nde la propiedad cuya segregación y donación, autorizó la norma declarada inconstitucional (ver\nfolios 71, 72, 85, 93, 94, 95 de legajo de pruebas de la CGR), también lo es, que las sentencias\ndictadas en materia constitucional tienen la particularidad de que no sólo son vinculantes respecto\na los aspectos que contemple su parte dispositiva, sino también, respecto a aquellos que consten en\nla parte considerativa, aún y cuando no consten en el Por Tanto de las mismas. No obstante lo\nanterior, y dado que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no especificó cuáles\neran los actos de traspaso que anulaba junto con la norma declarada inconstitucional, este Tribunal\nen aplicación del principio de seguridad jurídica y de lo dispuesto en los artículos 456 y 472 del\nCódigo Civil; artículos 128, 132, 133, 158 incisos 1 y 2, 166, 167 y 171 de la Ley General de la\nAdministración Pública; declara que por adolecer de un vicio de nulidad absoluta, ya que fueron\ndictados con sustento en una norma que se declaró inconstitucional, se anulan los siguientes actos:\na) El acuerdo número 4 de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, adoptado en la\nsesión número 21-89 de fecha 14 de marzo del año 1989, por medio del cual se autorizó al\nDepartamento Legal del IDA a confeccionar la escritura de traspaso y donación, de conformidad con lo\nestablecido en la norma de presupuesto, Ley No. 7097 publicada en el Alcance No. 25 de La Gaceta No.\n166 del 1° de setiembre de 1988, de un lote con un área de 2 HA.3461,41m2., según plano catastrado\nSJ-770.593-88, que se ha de segregar de la finca ubicada en los Cantones de Tibás y Moravia,\npropiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, a favor de la Asociación Pro-Construcción del Parque\nRecreativo del Norte; b) La escritura número 1, visible al folio 1 frente del tomo 10 de las 16:00\nhoras del 14 de noviembre del año 1989, del protocolo del Notario Julio Sánchez Carvajal, por medio\nde la cual se procedió a la segregación y donación a favor de la Asociación Pro Construcción del\nParque Recreativo del Norte, de un lote que mide 2 HA.3461,41m2. según plano inscrito en el Catastro\nNacional bajo el número SJ-770593-88 con fecha siete de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho.\nEllo implica, que deberá comunicarse al Archivo Nacional y al Registro Nacional la anulación del\ninstrumento notarial referido, a efecto de las anotaciones marginales en la matriz del protocolo\nrespectivo y los testimonios que se hubieran presentado al Registro Nacional; c) La inscripción en\nel Registro Público de la Propiedad Inmueble del Partido de San José N° 370440 (citas de\npresentación 376-14871-01) a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del\nNorte, por lo que, se ordena al Registro Público de la Propiedad Inmueble cancelar dicha inscripción\nregistral; 2) En cuanto a la determinación de los derechos adquiridos de buena fe o la procedencia\ndel pago de mejoras. La sentencia número 2008-000056 dictada por la Sala Constitucional de la Corte\nSuprema de Justicia, declaró inconstitucional lo dispuesto en el inciso 22 del artículo 16 de la Ley\nde Presupuesto Extraordinario número 7097, “...advirtiendo que será en la vía ordinaria donde se\ndetermine la existencia de derechos adquiridos, o la necesidad de pagar o no mejoras sobre la\npropiedad cuyo traspaso se está anulando con la norma en cuestión...” (folios 65 a 71 del legajo de\nprueba de la CGR). En ese sentido, cabe indicar que tal y como se desprende de lo dispuesto en los\nartículos 456 y 472 del Código Civil, en relación con los artículos 128, 132, 133, 158 incisos 1 y\n2, 166, 167 y 171 de la Ley General de la Administración Pública, la inscripción registral del\nterreno con plano catastrado número SJ-770593-88 a favor de la Asociación demandada, no tendría el\nefecto de convalidar el título de traspaso del inmueble que se sustentó precisamente en el inciso 22\ndel artículo 16 de la Ley 7097 que fue declarado contrario a la Constitución Política, más aún que\nel inmueble se trata de un bien demanial afecto a un uso público de parque. En consecuencia, resulta\nimprocedente el alegato de la parte demandada en cuanto a que tiene un derecho adquirido de buena fe\nsobre la propiedad del bien de dominio público denominado Parque Recreativo del Norte, y por ende,\nla declaratoria de inconstitucionalidad de la norma presupuestaria atípica no le puede causar\nperjuicio, ya que en razón de la naturaleza demanial de ese inmueble y conforme a lo dispuesto en\nlos artículos 121 inciso 14 de la Constitución Política y 261 a 263 del Código Civil, no es posible\nadquirir un derecho de propiedad sobre un bien afecto a un servicio o a un uso público. En\nconsecuencia, los derechos adquiridos a que hace referencia la Asociación demandada se reducirían a\nun aspecto meramente patrimonial, referido a los dineros líquidos que efectivamente ya se encuentren\nformando parte del patrimonio de la Asociación y no a la propiedad sobre el Parque Recreativo del\nNorte, ni a la vigencia en el tiempo de los contratos que actualmente mantiene con un sujeto de\nderecho privado que le permiten disponer del área en que se encuentra el gimnasio. En todo caso y en\nrazón de objeto del proceso, no corresponde a este Tribunal determinar si existen o no derechos\nadquiridos de buena fe de carácter patrimonial, razón por la cual, si la accionada pretendiera hacer\nvaler algún tipo de derecho sobre el particular, deberá acudir a la vía correspondiente, a fin de\nque se resuelva lo que en derecho corresponda. En cuanto al pago de mejoras que plantea la\nAsociación demandada, constituye un aspecto que también resulta ajeno al objeto de este proceso,\nrazón por la cual y de conformidad con lo dispuesto por la propia Sala Constitucional de la Corte\nSuprema de Justicia al dictar la sentencia número 2008-00056, si la Asociación Pro Construcción del\nParque Recreativo del Norte considera que tiene derecho a que se le paguen mejoras, deberá plantear\nla demanda respectiva junto con la prueba de rigor, a efecto de que se resuelva lo que en derecho\ncorresponda; 3) Respecto a que la declaratoria de inconstitucionalidad del inciso 22 del artículo 16\nde la Ley 7097 y la anulación de los actos conexos, no tienen la virtud de desafectar el inmueble\ndestinado al uso público de parque. En aplicación de lo dispuesto en los artículos 261 del Código\nCivil; 43 y 44 párrafo 1º de la Ley de Planificación Urbana; 37 de la Ley de Construcciones, así\ncomo, del principio de in-matriculación de los bienes de dominio público, la declaratoria de\ninconstitucionalidad del inciso 22 del artículo 16 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número\n7097 y la consecuente declaratoria de nulidad absoluta del acuerdo número 4 de la Junta Directiva\ndel Instituto de Desarrollo Agrario, adoptado en la sesión número 21-89 de fecha 14 de marzo del año\n1989; de la escritura número 1, visible al folio 1 frente del tomo 10 de las 16:00 horas del 14 de\nnoviembre del año 1989, del protocolo del Notario Julio Sánchez Carvajal y de la inscripción en el\nRegistro Público de la Propiedad del Partido de San José N° 370440 (citas de presentación\n376-14871-01) a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, no tienen\nla virtud de desafectar el terreno con plano catastrado número SJ-770593-88, puesto que tal y como\nquedó demostrado en el punto 3 del considerando VI de esta sentencia, existe una afectación de ese\ninmueble, a un uso público efectivo de parque, razón por la cual, prevalece la condición real del\nbien frente a la condición formal del mismo en el Registro Público. 4) Por todo lo expuesto, este\nTribunal dispone que la sentencia número 2008-000056 dictada por la Sala Constitucional de la Corte\nSuprema de Justicia, tiene los siguientes alcances para el caso concreto: 4.a) De conformidad con\nlos artículos 456 y 472 del Código Civil; 128, 132, 133, 158 incisos 1 y 2, 166, 167 y 171 de la Ley\nGeneral de la Administración Pública, y el principio de seguridad jurídica, se declara la nulidad\nabsoluta de los siguientes actos: i) el acuerdo número 4 de la Junta Directiva del Instituto de\nDesarrollo Agrario, adoptado en la sesión número 21-89 de fecha 14 de marzo del año 1989; ii) la\nescritura número 1, visible al folio 1 frente del tomo 10 de las 16:00 horas del 14 de noviembre del\naño 1989, del protocolo del Notario Julio Sánchez Carvajal. Lo que implica, que deberá comunicarse\nal Archivo Nacional y al Registro Nacional la anulación del instrumento notarial referido, a efecto\nde las anotaciones marginales en la matriz del protocolo respectivo y los testimonios que se\nhubieran presentado al Registro Nacional; iii) La inscripción en el Registro Público de la Propiedad\ndel Partido de San José N° 370440 (citas de presentación 376-14871-01) a nombre de la Asociación Pro\nConstrucción del Parque Recreativo del Norte, por lo que, se ordena al Registro Nacional cancelar\ndicha inscripción registral; 4.b) Que en razón de que no constituye parte del objeto del proceso,\ndado que no fue pedido por la Asociación demandada -tal y como se precisó durante la audiencia única\ncelebrada el siete de enero del dos mil diez-, no corresponde a este Tribunal determinar si existen\no no derechos adquiridos de buena fe de carácter patrimonial o, la necesidad de pagar o no mejoras a\nfavor de la Asociación demandada, razón por la cual, si aquella pretendiera hacer valer algún tipo\nde derecho sobre el particular, deberá acudir a la vía correspondiente, a fin de que se resuelva lo\nque en derecho corresponda; 4.c) Que en aplicación de los artículos 261 del Código Civil; 43 y 44\npárrafo 1º de la Ley de Planificación Urbana; 37 de la Ley de Construcciones, y del principio de in-\nmatriculación de los bienes de dominio público, la declaratoria de inconstitucionalidad del inciso\n22 del artículo 16 de la Ley de Presupuesto Extraordinario número 7097 y la consecuente declaratoria\nde nulidad absoluta de los actos conexos indicados, no tienen la virtud de desafectar el terreno con\nplano catastrado número SJ-770593-88, pues existe una afectación de ese inmueble, a un uso público\nefectivo de parque, razón por la cual, prevalece la condición real del bien frente a la condición\nformal del mismo en el Registro Público.\n\n \n\nXo.- SOBRE LAS PRETENSIONES RELATIVAS A QUE EL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE RECUPERE LA INSCRIPCIÓN\nREGISTRAL COMO PARTE DE LA FINCA NÚMERO 1-267183 Y A QUE EL I.D.A. TRASPASE EL PARQUE A UN ÓRGANO O\nENTE QUE LE CORRESPONDA ADMINISTRAR PARQUES PÚBLICOS. Si bien es cierto, la declaración de nulidad\nabsoluta tendrá efectos puramente declarativos y retroactivos a la fecha del acto (artículo 171 de\nla Ley General de la Administración Pública), lo cual implicaría –en principio- restablecer las\ncosas al estado en que se encontraban al momento en que se dictó el acto declarado absolutamente\nnulo, también lo es, que dicho restablecimiento se dará cuando fuera posible hacerlo y las\ncircunstancias actuales así lo permitan. En ese sentido, este Tribunal considera que no es posible\nque el terreno con plano catastrado número SJ-770593-88 denominado Parque Recreativo del Norte,\nrecupere la inscripción registral como parte integrante de la finca número 1-267183, de la cual, fue\nsegregado. Ello por las siguientes razones: a) Aunque la finca madre número 1-267183, constituye un\nbien demanial, su destino no es conteste con la finalidad de uso público de parque al que está\nafecto el Parque Recreativo del Norte (inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88), pues tal\ny como se desprende de los Decretos Ejecutivos de expropiación número 8005-G y 8059-G, la finca\nmadre de la cual fue segregado, está destinada al servicio público que presta el Instituto de\nDesarrollo Agrario (ver hechos probados 1 y 2 del considerando I de esta sentencia). En ese sentido,\neste Tribunal estima que el terreno destinado al Parque Recreativo del Norte, no podría volver a ser\nparte integrante de la finca 1-267183, pues actualmente está afecto de manera a un uso público de\nparque (ver punto 3 del considerando VI de esta sentencia), que es incompatible, con la finalidad de\nservicio público al que aquella está destinada; b) En ese sentido, cabe recordar que en el mapa de\nuso de suelo número 239.2 de la Municipalidad de Moravia, la finca número 370440, con plano\ncatastrado número S-770593-88, se describe como Parque Recreativo del Norte; la que a su vez y\nconforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento al Plan Regulador de la Municipalidad de\nMoravia, se encuentra ubicada en la zona pública institucional de San Vicente, que se define como\naquella que tiene por objeto, el establecimiento de facilidades culturales, educativas, recreativas,\nadministrativas, convenientes para un adecuado desarrollo de la comunidad (ver folios 104 a 106 y\n140 del expediente judicial); c) Que el lindero sur del terreno con plano catastrado número\nSJ-770593-88, ha sufrido una alteración, pues ya no colinda con la finca madre número 1-267183\npropiedad del Instituto de Desarrollo Agrario, tal y como se indica en la inscripción registral del\nPartido de San José, matrícula Placa28291 y en el plano catastrado número SJ-770593-88 (ver folios 3\ny 11 del legajo de pruebas de la CGR), sino con calle pública, tal y como este Tribunal pudo\nconstatar al practicar la diligencia de reconocimiento judicial efectuada el dieciséis de septiembre\ndel dos mil nueve, así como también, de la fotografía satelital visible a folio 126 del legajo de\npruebas de la CGR. Aunado a lo anterior, del documento visible a folio 33 del expediente\nadministrativo del IDA, se desprende que de la finca madre inscrita a nombre del Instituto de\nDesarrollo Agrario, bajo matrícula de folio real número Placa28289, también se segregó un terreno\ncon una medida de 5.040, 88 m2 a favor de la Orquesta Sinfónica Nacional, que se ubica exactamente\ndespués de la calle pública con la que colinda al sur el Parque Recreativo del Norte (ver respaldo\naudiovisual del reconocimiento judicial y la fotografía satelital a folio 126 del legajo de pruebas\nde la CGR). Asimismo, que de esa misma finca madre se vendió al Instituto de Fomento y Asesoría\nMunicipal en ¢37.223.910,00 de colones (treinta y siete millones doscientos veintitrés mil\nnovecientos diez colones sin céntimos), un inmueble de 2 Has. 0679,95 m2 (folio 33 del expediente\nadministrativo del IDA). Todo lo anterior implica, que la situación actual de los linderos y del\nárea de la finca madre número 267183, no es la misma, que se consignó en la escritura número uno,\ndel tomo diez del Protocolo del Notario Público Julio Sánchez Carvajal, otorgada en el año mil\nnovecientos ochenta y nueve (ver folios 6 a 8 del del legajo de pruebas de la CGR); d) Que de los\nartículos 1, 15, 16 y 30 de la Ley del Instituto de Tierras y Colonización, se desprende que la\nadministración y conservación de parques, no es competencia del Instituto de Desarrollo Agrario, tal\ny como la propia representante de la entidad demandada, plantea como argumento de defensa al tiempo\nde contestar la demanda (folios 166 y 167 del expediente judicial); e) Que de conformidad con lo\ndispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley de Planificación Urbana, el Mapa Oficial, junto con los\nplanos o el catastro que lo complemente, constituirá registro oficial fehaciente sobre propiedad y\nafectación a dominio público de los terrenos o espacios ya entregados a usos públicos; y que el\ndominio municipal sobre las áreas de calles, plazas, jardines, parques u otros espacios abiertos al\nuso público en general, se constituye por ese mismo uso y puede prescindirse de su inscripción en el\nRegistro de la Propiedad, si consta en el Mapa Oficial; f) Que tal y como se declaró en el\nconsiderando VI de esta sentencia y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 121 inciso 14; 261 a\n263 del Código Civil; 43 y 44 párrafo 1º de la Ley de Planificación Urbana; 37 de la Ley de\nConstrucciones, así como, al principio de in-matriculación de los bienes de dominio público, el\ninmueble con plano catastrado número Placa28295, ubicado en el Dirección1832 , del Cantón 14\nMoravia, de la Provincia de San José, que se denomina Parque Recreativo del Norte, constituye un\nbien demanial afecto al uso público de parque. Por todo lo expuesto y de conformidad con lo\ndispuesto en el artículo 122 inciso c) y g) del Código Procesal Contencioso Administrativo, 121\ninciso 14 de la Constitución Política, 261 del Código Civil, 43 y 44 de la Ley de Planificación\nUrbana, 37 de la Ley de Construcciones, 48 del Reglamento del Registro Público (Decreto Ejecutivo\nnúmero 26771-J) y 10 del Reglamento al Plan Regulador de la Municipalidad de Moravia, este Tribunal\nordena al Instituto de Desarrollo Agrario: i) Confeccionar por medio de los Notarios de la Dirección\nde Asuntos Jurídicos de esa entidad, la escritura de traspaso a nombre de la Municipalidad de\nMoravia, del inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88, ubicado en el Dirección1832 , del\nCantón 14 Moravia, de la Provincia de San José; que mide 25.000,06 metros cuadrados; que actualmente\ncolinda al norte con calle pública, al sur con calle pública, al este con calle pública y otros, al\noeste con la Sucesión de José Rivera y Quebrada, y cuya naturaleza es de parque público denominado\nParque Recreativo del Norte; ii) Realizar todas las gestiones pertinentes para inscribir la\npropiedad con el plano catastrado SJ-770593-88 antes descrita, a nombre de la Municipalidad de\nMoravia en el Registro Público de la Propiedad Inmueble; 3) De lo anterior, deberán informar a la\nJueza Ejecutora del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en un plazo de dos\nmeses contados a partir de la firmeza de esa sentencia.\n\n \n\nXIo.- SOBRE LA DISCONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SUSCRITO\nENTRE LA ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO DE EXCELENCIA Y LA ASOCIACIÓN DEMANDADA. Este Tribunal ha\ntenido por demostrado que el cinco de abril del dos mil ocho, la Asociación Pro Construcción del\nParque Recreativo del Norte, suscribió un contrato de arrendamiento con la Asociación Centro\nCristiano de Excelencia –quién figura en este proceso como tercero interesado-, sobre una parte del\ninmueble ubicado en el Dirección1834 , del cantón 14 Moravia, de la provincia de San José, inscrito\na su nombre en el Registro Público de la Propiedad, bajo el sistema de folio real matrícula número\nPlaca28291, “...específicamente el terreno ubicado de las canchas deportivas hacia el oeste, hasta\nla quebrada (río), terreno con una medida aproximada de veinte mil metros cuadrados, y que en la\nactualidad consta de un gimnasio construido y áreas verdes. TERCERA: Que dicha propiedad, será\ndestinada por el Arrendatario para la realización de servicios religiosos o eventos afines, que\nayuden al desarrollo integral de (sic) sociedad y los individuos. CUARTA: El plazo de este contrato\nserá de diez años a partir del día ocho de abril del dos mil ocho, pudiendo prorrogarse por períodos\niguales hasta completar treinta años. Las prórrogas correspondientes a cada año deberán\nnecesariamente formularse por escrito en un nuevo contrato o addendum; no existiendo prórrogas\nautomáticas ni tácita. QUINTA: El precio del arrendamiento de la propiedad indicada, será de dos\nmillones cuatrocientos sesenta y dos mil colones exactos (Placa28297), y se establece un aumento\nanual del diez por ciento en el pago por concepto de arrendamiento de la propiedad...” (ver folios\n275 a 278 del expediente judicial). En ese sentido y a contrario de lo que sostiene el representante\ndel tercero interesado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 129 de la Constitución\nPolítica; 18 inciso 2 de la Ley General de la Administración Pública; 18 y 631 inciso 1 del Código\nCivil; 26 de la Ley de Asociaciones y 4 in fine de los Estatutos de la Asociación Pro Construcción\ndel Parque Recreativo del Norte, el contrato de arrendamiento que suscribió con la demandada, a\nefecto de dar un uso privativo y distinto al uso público al que se encuentra afectado el inmueble\ndenominado Parque Recreativo del Norte, resulta disconforme con el ordenamiento jurídico, por las\nsiguientes razones: a) Resulta contrario al fin lícito que persigue la Asociación demandada conforme\nal artículo 3 de sus estatutos (folios 91 y 101 del legajo de pruebas de la CGR); b) Es contrario al\nmotivo que sustentó la autorización de traspaso de dicho bien, que conforme a lo dispuesto en el\ninciso 22 del artículo 16 de la ley número 7097, era que el terreno se dedicara exclusivamente a la\nconstrucción del Parque Recreativo del Norte (folios 1 del legajo de prueba de la CGR y 11 a 14 del\nexpediente administrativo del IDA), y por ende, a la obligación de celebrar contratos y adquirir\nobligaciones que sean lícitas y posibles conforme a los fines que persigue la Asociación y a la\nnaturaleza demanial del bien (artículos 26 de la Ley de Asociaciones y 4 in fine de los Estatutos de\nla Asociación demandada); c) Resulta contrario al uso público efectivo de parque, que se ha dado en\nun área aproximada al quince por ciento de la totalidad del inmueble, que no sólo se destinó, sino\nque en la realidad ha cumplido parcialmente la finalidad de esparcimiento de los vecinos de los\ncantones del norte de San José y de la comunidad en general; d) En virtud de la naturaleza demanial\ndel Parque Recreativo del Norte y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 262 y 631 del\nCódigo Civil, son contrarias a derecho las obligaciones que tengan por objeto una cosa que fuera\nlegalmente imposible, como en este caso, en que por el uso público de parque, al que está destinado\nel inmueble con plano catastrado Placa28298, se encuentra fuera del comercio de los hombres. En\nrazón de lo anterior, resulta improcedente la solicitud planteada por el representante del tercero\ninteresado, en el sentido de que se mantenga la vigencia del contrato de arrendamiento por el plazo\nde diez años establecido en la cláusula cuarta de dicho convenio, toda vez que de conformidad con la\nnaturaleza demanial del Parque Recreativo del Norte, su uso no puede ser privativo, sino conforme al\nuso público al que está afectado. En consecuencia y por todo lo expuesto, este Tribunal declara que\nel contrato de arrendamiento que suscribieron la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo\ndel Norte con la Asociación Centro Cristiano de Excelencia, a efecto de dar un uso privativo y\ndistinto al uso público al que se encuentra afecto el inmueble denominado Parque Recreativo del\nNorte, resulta disconforme con el ordenamiento jurídico. Que en razón de lo anterior y de lo\nexpuesto en los considerandos VII y IX de esta sentencia, se ordena que en el plazo de diez días\nhábiles contados a partir de la firmeza de esta sentencia, se proceda al desalojo tanto de la\nAsociación demandada, como de la Asociación Centro Cristiano de Excelencia y de cualquier sujeto de\nderecho privado que se encuentre en el inmueble que ocupa el Parque Recreativo del Norte y se\nproceda poner en posesión provisional del inmueble al Instituto de Desarrollo Agrario, hasta tanto\nno se haga efectivo la inscripción registral del traspaso de dicho inmueble a favor de la\nMunicipalidad de Moravia. Que la diligencia de desalojo y puesta en posesión provisional del\ninmueble, estará a cargo de la Jueza Ejecutora del Tribunal Contencioso Administrativo, quién la\nejecutará con la ayuda de la Fuerza Pública, si fuera necesario (artículo 153 in fine de la\nConstitución Política).\n\n \n\nXIIo.- SOBRE LAS EXCEPCIONES INTERPUESTAS. El Instituto de Desarrollo Agrario únicamente opuso la\nexcepción de falta de integración de la litis consorcio pasivo necesaria, la cual fue rechazada por\neste Tribunal, por resolución número 1913-2009 de las once horas del nueve de septiembre del dos mil\nnueve. Por su parte, la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, interpuso las\nexcepciones de prescripción, falta de legitimación ad causam activa y pasiva, y falta de derecho. En\nrelación con la defensa de prescripción, habiéndose acreditado la naturaleza demanial del inmueble\nobjeto del proceso, se impone necesariamente su rechazo. Debe tenerse presente que, tratándose de la\nrecuperación y tutela de bienes de dominio público, no corren plazos de prescripción ni caducidad,\nsiendo que las acciones con las que cuenta el Estado para su efectiva recuperación son\nimprescriptibles. Ello es así por las características particulares de este tipo de bienes. Así lo\nestablece expresamente el artículo 34 inciso 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo.\nAsimismo, en el tanto los actos absolutamente nulos estén surtiendo efectos, es posible su\nanulación, según se desprende del ordinal 40 del mismo Código Procesal y el canon 175 de la Ley\nGeneral de la Administración Pública. Debe tener presente la representación del codemandado de\nderecho privado que frente a este tipo de pretensiones anulatorias debe privar el principio de que\nlos actos viciados de nulidad absoluta no pueden convalidarse ni por el tiempo ni por acto jurídico,\nni tampoco pueden sanearse, según lo preceptúa el artículo 172 de la Ley General de la\nAdministración Pública. En el caso concreto es indispensable considerar estos principios: se\nimpugnan conductas relacionadas con la tutela de bienes de dominio público y además, a la fecha\nsurten efectos: el inmueble está inscrito a nombre de un particular, pese a ser un parque destinado\nal esparcimiento de los vecinos de los cantones del Norte de San José y del público en general, y su\nnaturaleza demanial. Por lo expuesto, y en virtud de que las pretensiones de la parte actora se\ndestinan a requerir la nulidad absoluta de conductas administrativas que afectan bienes de dominio\npúblico y que a la fecha, siguen surtiendo efectos, siendo además que este Tribunal constató tal\npatología y declaró nulidad absoluta de las conductas formales impugnadas, debe rechazarse la\ndefensa de prescripción alegada. En lo que toca a la falta de legitimación en su doble modalidad,\nconsidera este Tribunal que debe ser rechazada. Lo anterior por cuanto, analizado este presupuesto,\nse llega a la conclusión que, en primer lugar, la actora cuenta con suficiente legitimación activa\npara participar en este proceso a la luz del artículo 10 inciso 3) del Código Procesal Contencioso\nAdministrativo. Ello por cuanto se trata de la defensa y tutela de bienes que componen la Hacienda\nPública, según lo disponen los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la\nRepública, ya que estamos en presencia de la recuperación y tutela de un bien de dominio público.\nAdemás, la acción se dirige correctamente contra el Instituto de Desarrollo Agrario, tal y como lo\ndispone el artículo 12 inciso 1) del citado Código Procesal, como autor tanto de conductas formales\nimpugnadas y anuladas en este fallo, como de conductas omisivas que resultan contrarias al\nordenamiento jurídico. También, la acción se dirige correctamente contra la Asociación Pro\nConstrucción del Parque Recreativo del Norte, tal y como lo exige el ordinal 12 ya citado en su\ninciso 3) no sólo porque con base en una norma presupuestaria atípica que fue declarada\ninconstitucional, se inscribió a su nombre un bien destinado al uso público de parque, que por ende,\ndebe retornar al dominio público, sino porque realizó un uso privativo de ese inmueble contrario al\nfin público al que estaba destinado. En lo que atañe a la excepción de falta de derecho, también se\nimpone parcialmente su rechazo, por las razones que ya han sido ampliamente desarrolladas en los\nconsiderandos anteriores. En consecuencia, se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho,\núnicamente en cuanto a que no es posible que el terreno con plano catastrado número Placa28295\ndenominado Parque Recreativo del Norte, recupere la inscripción registral como parte integrante de\nla finca número 1-267183, de la cual, fue segregado, conforme a lo indicado en el considerando X de\nesta sentencia.\n\n \n\nXIIIo.- COROLARIO. Por todas las razones expuestas en esta resolución procede declarar con lugar la\ndemanda, en los siguientes términos: 1) Se declara que el inmueble con plano catastrado número\nPlaca28295, ubicado en el Dirección1832 , del Cantón 14 Moravia, de la Provincia de San José, que se\ndenomina Parque Recreativo del Norte y que actualmente se encuentra inscrito en el Registro Público\nde la Propiedad bajo matrícula de folio real número Placa28291 del Partido de San José, a nombre de\nla Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, constituye un bien demanial afectado\nal uso público de parque, que resulta inembargable, imprescriptible, inalienable y está fuera del\ncomercio de los hombres. Asimismo que el ente competente para ejercer su administración es la\nMunicipalidad de Moravia. 2) Se declara la nulidad absoluta de los siguientes actos: i) el acuerdo\nnúmero 4 de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, adoptado en la sesión número\n21-89 de fecha 14 de marzo del año 1989; ii) la escritura número 1, visible al folio 1 frente del\ntomo 10 de las 16:00 horas del 14 de noviembre del año 1989, del protocolo del Notario Julio Sánchez\nCarvajal. iii) La inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Partido de San José N°\n370440 (citas de presentación 376-14871-01) a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque\nRecreativo del Norte; 3) Se declara que la inconstitucionalidad del inciso 22 del artículo 16 de la\nLey de Presupuesto Extraordinario número 7097 y la consecuente declaratoria de nulidad absoluta de\nlos actos conexos indicados, no tienen la virtud de desafectar el terreno con plano catastrado\nnúmero SJ-770593-88, pues prevalece la condición real de ese bien, en el tanto, se encuentra\nafectado a un uso público de parque; 4) Se declara que el Instituto de Desarrollo Agrario, incurrió\nen una conducta omisiva contraria al ordenamiento jurídico, pues no ejerció las acciones\njurisdiccionales o administrativas necesarias para proteger, conservar y recuperar el bien de\ndominio público denominado Parque Recreativo del Norte; 5) Se declara que en razón de la naturaleza\ndemanial del Parque Recreativo del Norte, no es posible que la Asociación demandada adquiriera un\nderecho de propiedad sobre un bien afecto a un servicio o a un uso público; 6) Se declara que en\nrazón de objeto del proceso, no corresponde a este Tribunal determinar si existen o no derechos\nadquiridos de buena fe de carácter patrimonial o, la necesidad de pagar o no mejoras a favor de la\nAsociación demandada, razón por la cual, si aquella pretendiera hacer valer algún tipo de derecho\nsobre el particular, deberá acudir a la vía correspondiente, a fin de que se resuelva lo que en\nderecho corresponda; 7) Se declara que la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del\nNorte, incurrió en un uso indebido y privativo del inmueble con plano catastrado número Placa28295,\nno sólo porque que resulta contrario a los propios fines que persigue conforme a lo dispuesto en el\nartículo 3 de sus estatutos, sino también, a la finalidad que justificó su traspaso, cual era, ser\nutilizado exclusivamente en la construcción del Parque Recreativo del Norte; 8) Se declara que todos\nlos actos y los contratos suscritos por la Asociación demandada con la finalidad de dar un uso\nprivativo y distinto al uso público al que se encuentra afectado el inmueble denominado Parque\nRecreativo del Norte, son absolutamente nulos; 9) Se declara que el contrato de arrendamiento que\nsuscribieron la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte con la Asociación Centro\nCristiano de Excelencia, a efecto de dar un uso privativo y distinto al uso público al que se\nencuentra afecto el inmueble denominado Parque Recreativo del Norte, resulta disconforme con el\nordenamiento jurídico; 10) Se ordena comunicar al Archivo Nacional y al Registro Nacional, la\nanulación de la escritura número 1, visible al folio 1 frente del tomo 10 de las 16:00 horas del 14\nde noviembre del año 1989, del protocolo del Notario Julio Sánchez Carvajal, a efecto de las\nanotaciones marginales en la matriz del protocolo respectivo y los testimonios que se hubieran\npresentado al Registro Nacional; 11) Se ordena al Registro Público de la Propiedad Inmueble,\ncancelar la inscripción registral del Partido de San José N° 370440 (citas de presentación\n376-14871-01) a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte; 12) Se\nordena al Instituto de Desarrollo Agrario confeccionar por medio de los Notarios de la Dirección de\nAsuntos Jurídicos de esa entidad, la escritura de traspaso a nombre de la Municipalidad de Moravia,\ndel inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88, ubicado en el Dirección1832 , del\nDirección4667 , de la Provincia de San José; que mide 25.000,06 metros cuadrados; que actualmente\ncolinda al norte con calle pública, al sur con calle pública, al este con calle pública y otros, al\noeste con la Sucesión de José Rivera y Quebrada, y cuya naturaleza es de parque público denominado\nParque Recreativo del Norte; 13) Se ordena al Instituto de Desarrollo Agrario, realizar todas las\ngestiones pertinentes para inscribir la propiedad con el plano catastrado Placa28295 antes descrita,\na nombre de la Municipalidad de Moravia en el Registro Público de la Propiedad Inmueble. De lo\nanterior, deberá informar a la Jueza Ejecutora del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de\nHacienda, en un plazo de dos meses contados a partir de la firmeza de esa sentencia; 14) Se ordena\nal jerarca del IDA iniciar de manera inmediata los procedimientos internos de mérito a fin de\nestablecer la responsabilidad pecuniaria y/o disciplinaria de los funcionarios que participaron en\nlas acciones u omisiones que provocaron las conductas contrarias que se declararon en esta\nsentencia. De lo anterior, deberán informar a la Jueza Ejecutora del Tribunal Contencioso\nAdministrativo y Civil de Hacienda, en un plazo de dos meses contados a partir de la firmeza de esa\nsentencia. 15) Se ordena que en el plazo de diez días hábiles contados a partir de la firmeza de\nesta sentencia, se proceda al desalojo tanto de la Asociación demandada, como de la Asociación\nCentro Cristiano de Excelencia y de cualquier sujeto de derecho privado que se encuentre en el\ninmueble que ocupa el Parque Recreativo del Norte y se proceda poner en posesión provisional del\ninmueble al Instituto de Desarrollo Agrario, hasta tanto no se haga efectivo la inscripción\nregistral del traspaso de dicho inmueble a favor de la Municipalidad de Moravia. Que la diligencia\nde desalojo y puesta en posesión provisional del inmueble, estará a cargo de la Jueza Ejecutora del\nTribunal Contencioso Administrativo, quién la ejecutará con la ayuda de la Fuerza Pública, si fuera\nnecesario.\n\n \n\nXIV.- SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR ADOPTADA EN RESOLUCIÓN NÚMERO 392-2009 DE LAS\n15:00 HORAS DEL 10-03-2009. Con la finalidad de proteger el objeto de este proceso mientras esta\nresolución adquiere firmeza, se ordena mantener las medidas cautelares dictadas por el Juez\nTramitador de este Tribunal, mediante resolución No. 392-2009, de las 15 horas del 10 de marzo de\n2009, y en la cual se dispuso: “Se acoge la medida cautelar de anotación de demanda sobre el\ninmueble del partido de San José, inscrita bajo el Sistema de Folio Real matrícula trescientos\nsetenta mil cuatrocientos cuarenta submatrícula cero cero cero (Placa28287) solicitada por la\nContraloría General de la República, ordenándose mantener la anotación acordada mediante resolución\nde las ocho horas del cuatro de febrero del año dos mil nueve. Se resuelve este asunto sin especial\ncondenatoria en costas...”.\n\n \n\nXV.- SOBRE COSTAS. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo,\nlas costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el\nhecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal,\nmotivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya\nexistencia desconociera la parte contraria. En la especie, no encuentra este órgano colegiado motivo\npara aplicar las excepciones que fija la normativa aplicable y quebrar el postulado de condena al\nvencido. Por ende, se imponen ambas costas al Instituto de Desarrollo Agrario y a la Asociación Pro\nConstrucción del Parque Recreativo del Norte. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los\nartículos 15 y 196 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la Asociación Centro Cristiano de\nExcelencia, en su condición de tercero interesado, no devengará ni pagará costas.\n\n \n\nPOR TANTO.\n\nSe rechazan las excepciones de prescripción, falta de legitimación activa y pasiva opuestas por la\nAsociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte. Se acoge parcialmente la excepción de\nfalta de derecho opuesta por la Asociación demandada únicamente en cuanto a que no es posible que el\nterreno con plano catastrado número SJ-770593-88 denominado Parque Recreativo del Norte, recupere la\ninscripción registral como parte integrante de la finca número 1-267183, de la cual, fue segregado.\nEn lo demás se rechaza. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar la presente demanda, en\nlos siguientes términos, entendiéndose denegada en lo no concedido expresamente. En consecuencia:.\n1) Se declara que el inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88, ubicado en el Dirección1832\n, del Cantón 14 Moravia, de la Provincia de San José, que se denomina Parque Recreativo del Norte y\nque actualmente se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo matrícula de folio\nreal número 370440-000 del Partido de San José, a nombre de la Asociación Pro Construcción del\nParque Recreativo del Norte, constituye un bien demanial afectado al uso público de parque, que\nresulta inembargable, imprescriptible, inalienable y está fuera del comercio de los hombres.\nAsimismo que el ente competente para ejercer su administración es la Municipalidad de Moravia. 2) Se\ndeclara la nulidad absoluta de los siguientes actos: i) el acuerdo número 4 de la Junta Directiva\ndel Instituto de Desarrollo Agrario, adoptado en la sesión número 21-89 de fecha 14 de marzo del año\n1989; ii) la escritura número 1, visible al folio 1 frente del tomo 10 de las 16:00 horas del 14 de\nnoviembre del año 1989, del protocolo del Notario Julio Sánchez Carvajal. iii) La inscripción en el\nRegistro Público de la Propiedad del Partido de San José N° 370440 (citas de presentación\n376-14871-01) a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte; 3) Se\ndeclara que la inconstitucionalidad del inciso 22 del artículo 16 de la Ley de Presupuesto\nExtraordinario número 7097 y la consecuente declaratoria de nulidad absoluta de los actos conexos\nindicados, no tienen la virtud de desafectar el terreno con plano catastrado número SJ-770593-88,\npues prevalece la condición real de ese bien, en el tanto, se encuentra afectado a un uso público de\nparque; 4) Se declara que el Instituto de Desarrollo Agrario, incurrió en una conducta omisiva\ncontraria al ordenamiento jurídico, pues no ejerció las acciones jurisdiccionales o administrativas\nnecesarias para proteger, conservar y recuperar el bien de dominio público denominado Parque\nRecreativo del Norte; 5) Se declara que en razón de la naturaleza demanial del Parque Recreativo del\nNorte, no es posible que la Asociación demandada adquiriera un derecho de propiedad sobre un bien\nafecto a un servicio o a un uso público; 6) Se declara que en razón de objeto del proceso, no\ncorresponde a este Tribunal determinar si existen o no derechos adquiridos de buena fe de carácter\npatrimonial o, la necesidad de pagar o no mejoras a favor de la Asociación demandada, razón por la\ncual, si aquella pretendiera hacer valer algún tipo de derecho sobre el particular, deberá acudir a\nla vía correspondiente, a fin de que se resuelva lo que en derecho corresponda; 7) Se declara que la\nAsociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, en un uso indebido y privativo del\ninmueble con plano catastrado número Placa28295, no sólo porque que resulta contrario a los propios\nfines que persigue conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de sus estatutos, sino también, a la\nfinalidad que justificó su traspaso, cual era, ser utilizado exclusivamente en la construcción del\nParque Recreativo del Norte; 8) Se declara que todos los actos y los contratos suscritos por la\nAsociación demandada con la finalidad de dar un uso privativo y distinto al uso público al que se\nencuentra afectado el inmueble denominado Parque Recreativo del Norte, son absolutamente nulos; 9)\nSe declara que el contrato de arrendamiento que suscribieron la Asociación Pro Construcción del\nParque Recreativo del Norte con la Asociación Centro Cristiano de Excelencia, a efecto de dar un uso\nprivativo y distinto al uso público al que se encuentra afecto el inmueble denominado Parque\nRecreativo del Norte, resulta disconforme con el ordenamiento jurídico; 10) Se ordena comunicar al\nArchivo Nacional y al Registro Nacional, la anulación de la escritura número 1, visible al folio 1\nfrente del tomo 10 de las 16:00 horas del 14 de noviembre del año 1989, del protocolo del Notario\nJulio Sánchez Carvajal, a efecto de las anotaciones marginales en la matriz del protocolo respectivo\ny los testimonios que se hubieran presentado al Registro Nacional; 11) Se ordena al Registro Público\nde la Propiedad Inmueble, cancelar la inscripción registral del Partido de San José N° 370440 (citas\nde presentación 376-14871-01) a nombre de la Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del\nNorte; 12) Se ordena al Instituto de Desarrollo Agrario confeccionar por medio de los Notarios de la\nDirección de Asuntos Jurídicos de esa entidad, la escritura de traspaso a nombre de la Municipalidad\nde Moravia, del inmueble con plano catastrado número SJ-770593-88, ubicado en el Dirección1832 , del\nCantón 14 Moravia, de la Provincia de San José; que mide 25.000,06 metros cuadrados; que actualmente\ncolinda al norte con calle pública, al sur con calle pública, al este con calle pública y otros, al\noeste con la Dirección17417 , y cuya naturaleza es de parque público denominado Parque Recreativo\ndel Norte. De lo anterior, deberá informar a la Jueza Ejecutora del Tribunal Contencioso\nAdministrativo y Civil de Hacienda, en un plazo de dos meses contados a partir de la firmeza de esa\nsentencia; 13) Se ordena al Instituto de Desarrollo Agrario, realizar todas las gestiones\npertinentes para inscribir la propiedad con el plano catastrado SJ-770593-88 antes descrita, a\nnombre de la Municipalidad de Moravia en el Registro Público de la Propiedad Inmueble. De lo\nanterior, deberá informar a la Jueza Ejecutora del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de\nHacienda, en un plazo de dos meses contados a partir de la firmeza de esa sentencia; 14) Se ordena\nal jerarca del IDA iniciar de manera inmediata los procedimientos internos de mérito a fin de\nestablecer la responsabilidad pecuniaria y/o disciplinaria de los funcionarios que participaron en\nlas acciones u omisiones que provocaron las conductas contrarias que se declararon en esta\nsentencia. Sobre lo actuado, deberá rendir informe a la Jueza Ejecutora de este Tribunal, en el\nplazo de tres meses contados a partir de la firmeza de esta sentencia. 15) Se ordena que en el plazo\nde diez días hábiles contados a partir de la firmeza de esta sentencia, se proceda al desalojo tanto\nde la Asociación demandada, como de la Asociación Centro Cristiano de Excelencia y de cualquier\nsujeto de derecho privado que se encuentre en el inmueble que ocupa el Parque Recreativo del Norte y\nse proceda poner en posesión provisional del inmueble al Instituto de Desarrollo Agrario, hasta\ntanto no se haga efectivo la inscripción registral del traspaso de dicho inmueble a favor de la\nMunicipalidad de Moravia. La diligencia de desalojo y puesta en posesión provisional del inmueble,\nestará a cargo de la Jueza Ejecutora del Tribunal Contencioso Administrativo, quién la ejecutará con\nla ayuda de la Fuerza Pública, si fuera necesario; 16) Se ordena mantener las medidas cautelares\ndictadas por el Juez Tramitador de este Tribunal, mediante resolución No. 392-2009, de las 15 horas\ndel 10 de marzo de 2009; 17) Se condena al IDA y a la Asociación Pro Construcción del Parque\nRecreativo del Norte, al pago de las costas procesales y personales de este proceso. La Asociación\nCentro Cristiano de Excelencia, en su condición de tercero interesado no pagará ni devengará costas;\n18) Expídanse los mandamientos respectivos, al Registro Nacional y al Archivo Nacional.\n\nMarianella Álvarez Molina\n\n \n\n \n\nJosé Roberto Garita Navarro Otto González Vílchez\n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE: 09-000076-1027-CA\n\nPROCESO DE CONOCIMIENTO DECLARADO DE TRÁMITE PREFERENTE\n\nACTOR: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA\n\nDEMANDADOS: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL\nNORTE\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n Tribunal Contencioso Administrativo, \n\nII Circuito Judicial de San José, Dirección04 \n\nCentral 2545-00-03 Fax 2545-00-33 \n\n Correo Electrónico ...01\n\n________________________________________________________________________\n\nEXPEDIENTE: 09-000076-1027-CA\n\nPROCESO DE CONOCIMIENTO DECLARADO DE TRÁMITE PREFERENTE\n\nACTOR: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA\n\nDEMANDADOS: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL\nNORTE\n\n \n\nNº 235-2010-Bis\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEXTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A.\nGoicoechea, a las ocho horas quince minutos del cuatro de febrero del dos mil diez.-\n\n \n\n Proceso de conocimiento declarado de trámite preferente, interpuesto por Nombre71822 , mayor,\ncasada, Licenciada en Derecho y Administración de Negocios, vecina de San José, cédula de identidad\nnúmero CED29778, en su carácter de CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR), contra el INSTITUTO DE\nDESARROLLO AGRARIO (IDA), representado por Nombre34867 , mayor, casado, abogado, vecino de San Ramón\nde Alajuela, cédula de identidad número CED112349, en su condición de apoderado general judicial de\nesa entidad; la ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE, cédula jurídica número\nCED112350, representada por Nombre143067 , cédula de identidad número CED112351, en carácter\nPresidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de esa asociación. Como\ntercera interesada figura la ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO DE EXCELENCIA, cédula jurídica número\nCED112352, representada por Nombre143068 , mayor, casado, empresario, vecino de San José, cédula de\nidentidad número CED112353, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo\nsin límite de suma de esa asociación.\n\n \n\n \n\nRedacta la jueza Álvarez Molina, con el voto afirmativo de los jueces Garita Navarro y González\nVílchez; y,\n\n \n\nCONSIDERANDO.\n\n \n\n UNICO: Cabe indicar al gestionante, que las adiciones y aclaraciones de una sentencia proceden,\núnicamente, para complementarla en caso, de que alguno de los puntos debatidos, no hubiere sido\nfallado, o para explicar los alcances de lo que, en el fallo, pudiera haber quedado confuso -en su\ncaso-, con el fin de darle cumplimiento efectivo. Por esa razón, no se le tiene como un recurso sino\ncomo una mera gestión, que no tiene el efecto de provocar una variación de la parte dispositiva de\nla resolución, sino solo su adición y aclaración. La gestión presentada por Nombre143067 , en su\ncondición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de la Asociación\nPro Construcción del Parque Recreativo del Norte (ver folio 360 del expediente judicial), resulta\nimprocedente, porque en el fondo, lo que pretende es impugnar la parte considerativa de la sentencia\nnúmero 235-2010 de las siete horas treinta minutos del veintisiete de enero del dos mil diez,\nespecíficamente lo resuelto en los considerandos número VI, VII, X, y XI, en los que precisamente se\ndesarrollan los aspectos a que hace referencia la parte demandada y que dieron origen a los\napartados 1, 5, 7 y 9 del Por Tanto de la sentencia 235-2010; y no aclarar o adicionar dicha\nsentencia en su parte dispositiva, que tal y como ya se indicó, encuentra sustento en el análisis\ncontenido en dichos considerandos. Por todo lo expuesto, la gestión se declara improcedente y así\ndebe declararse.\n\n \n\nPOR TANTO.\n\n \n\n Se rechaza la solicitud de adición y aclaración planteada por la parte demandada, Asociación Pro\nConstrucción del Parque Recreativo del Norte.\n\n \n\n \n\nMarianella Alvarez Molina \n\n \n\n \n\n \n\nJosé Roberto Garita Navarro Otto González Vílchez\n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE: 09-000076-1027-CA\n\nPROCESO DE CONOCIMIENTO DECLARADO DE TRÁMITE PREFERENTE\n\nACTOR: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA\n\nDEMANDADOS: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL\nNORTE",
  "body_en_text": "Tribunal Contencioso Administrativo,\n\nII Circuito Judicial de San José, Dirección04\n\nCentral 2545-00-03 Fax 2545-00-33\n\n Correo Electrónico ...01\n\n______________________________________________________________________\n\n\n\nFILE: 09-000076-1027-CA\n\nORDINARY PROCEEDING DECLARED OF PREFERENTIAL PROCESSING\n\nPLAINTIFF: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA\n\nDEFENDANTS: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL\nNORTE\n\n\n\nNo. 235-2010\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN SEXTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANEXO A.\nGoicoechea, at seven thirty hours on the twenty-seventh of January, two thousand ten.-\n\n\n\nOrdinary proceeding declared of preferential processing, filed by Nombre71822, of legal age, married, Licenciada in Law and Business Administration, resident of San José, identity card number CED29778, in her capacity as CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR), against the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA), represented by Nombre34867, of legal age, married, attorney, resident of San Ramón de Alajuela, identity card number CED112349, in his capacity as general judicial attorney-in-fact of that entity; the ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE, legal identification number CED112350, represented by Nombre143067, identity card number CED112351, in his capacity as President with powers of general attorney-in-fact without limit of sum of that association. Appearing as an interested third party is the ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO DE EXCELENCIA, legal identification number CED112352, represented by Nombre143068, of legal age, married, businessperson, resident of San José, identity card number CED112353, in his capacity as President with powers of general attorney-in-fact without limit of sum of that association.\n\n\n\nWHEREAS:\n\n1.- That by resolution number 392-2009 of the fifteen hours on the tenth of March, two thousand nine (folios 42 to 47 of the judicial file), the Processing Judge resolved: “The precautionary measure of annotation of the complaint (anotación de demanda) on the property of the San José district, registered under the Folio Real System registration number three hundred seventy thousand four hundred forty sub-registration zero zero zero (Placa28287) requested by the Contraloría General de la República is granted, ordering the maintenance of the annotation agreed upon by resolution of the eight hours on the fourth of February, two thousand nine. This matter is resolved without special award of costs...”.\n\n\n\n2.- The claims of the plaintiff —once adjusted during the sole hearing (audiencia única) held at eight hours ten minutes on the seventh of January, two thousand ten—, are for the judgment to declare: “1) The nullity of the following actions: - Agreement number 4 of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, adopted in session number 21-89 dated the 14th of March, 1989, by means of which the IDA Legal Department was authorized to prepare the deed of transfer of property No. 370440, to the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte. - Deed number 1, visible on folio 1 front of volume 10 at 16:00 hours on the 14th of November, 1989, from the protocol of Notary Julio Sánchez Carvajal, by means of which the transfer of land No. 370440 to the Asociación Pro Construcción del parque Recreativo del Norte was carried out, with an area of 23,461.41 square meters. –Registration in the Public Property Registry of the San José District No. 370440 (presentation entries 376-14871-01) in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte. 2) That the Judge order the immediate eviction of the Association and the private law subjects who are currently in illegitimate possession of the Parque Recreativo del Norte. 3) That the National Property Registry be ordered to cancel the registry inscription of the property registered under the Folio Real System of the Province of San José No. 1-370440. Likewise, that the land of the Parque Recreativo del Norte recover its registry inscription as an integral part of farm No. 1-267183. 4) That the Instituto de Desarrollo Agrario be ordered —immediately— to adopt all necessary actions in order to transfer the ownership of the land occupied by the Parque Recreativo del Norte to a public body or entity that, according to its legal and technical competences, meets the conditions to administer public recreational parks. 5) While the claim described in the previous point is executed, that the Instituto de Desarrollo Agrario be ordered to adopt all necessary and pertinent measures aimed at the conservation and maintenance of the Parque Recreativo del Norte, so that it remains open to the community in general, under suitable conditions for the exercise of recreational activities. 6) That the Instituto de Desarrollo Agrario be ordered to refrain from adopting or executing any administrative conduct that could, by action or omission, in any way harm or compromise the lands of the Parque Recreativo del Norte for a purpose other than their public domain nature (naturaleza demanial). 7) That the non-conformity with the legal system of the private conduct carried out by the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte be declared, specifically the conduct aimed at giving this real property a private purpose different from that entrusted to it by the legislator in the law that allowed its transfer. 8) That the omissive conduct of the Instituto de Desarrollo Agrario regarding the duty to recover the lands corresponding to the Parque Recreativo del Norte be declared non-conforming with the legal system. 9) That the defendants be ordered to pay the costs of this action”.\n\n\n\n3.- That by order (auto) of the eleven hours on the first of June, two thousand nine (folio 113 to 117 of the judicial file), the Processing Judge, in accordance with the provisions of subsection 1) of article 60 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, ordered the referral of this process to the Sección Sexta of the Tribunal, so that it could decide whether or not to grant it preferential processing, since it considered that “...the present matter is of great importance for the public interest, not only because in principle a public domain asset (bien demanial) is being ‘usufructed’ but because such circumstance directly, immediately, and continuously affects the fundamental right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment...”.\n\n\n\n4.- That by resolution of the sixteen hours thirty minutes on the twenty-fourth of June, two thousand nine (folios 120 to 121 of the judicial file), this Tribunal resolved: a) To grant preferential processing to this process; b) To sua sponte join the necessary passive joinder of parties (litis consorcio pasivo necesario) with respect to the Centro de Excelencia Internacional and the Vivero La Sultana, in order for them to participate in the process as interested third parties in whatever the Tribunal resolves in the judgment; c) In accordance with the provisions of article 58.1.g of the Código Procesal Contencioso Administrativo, to grant the Contraloría General de la República a period of two business days to indicate the place where the legal representatives of the Centro de Excelencia Internacional and the Vivero La Sultana, who were considered interested third parties, could be located for notification purposes.\n\n\n\n5.- That by resolution of the eight hours thirty minutes on the seventh of July, two thousand nine (folios 148 to 150 of the judicial file), this Tribunal ordered: a) To partially revoke what was resolved in the order (auto) of sixteen hours thirty minutes on the twenty-fourth of June, two thousand nine, and to exclude Vivero La Sultana as an interested third party in this process and to maintain only the Centro de Excelencia Internacional in that condition; b) In accordance with the provisions of article 35.2 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, to grant the Executive President of the Instituto de Desarrollo Agrario a period of three business days to cease the alleged inactivity; c) To transfer the complaint to the Instituto de Desarrollo Agrario, the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, and the interested third party Centro de Excelencia Internacional for a period of five business days.\n\n\n\n6.- The representative of the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO answered the complaint negatively and interposed the defense of lack of joinder of the necessary passive joinder of parties (litis consorcio pasivo necesario). He requested that the judgment declare the complaint without merit; that the judgment order the cancellation of the registry inscription of the property Folio Real registration number Placa28288; and that he be exempted from the payment of costs (folios 161 to 169 of the judicial file). For his part, the representative of the ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE answered the complaint negatively and interposed the defenses of statute of limitations (prescripción), lack of standing (legitimación activa y pasiva), and lack of right. He requested that the judgment declare the complaint without merit in all its aspects (folios 170 to 174 of the judicial file). Finally, the representative of the ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO DE EXCELENCIA stated that “...there exists between my represented party and the Asociación de Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte a contractual relationship, established through the lease of part of the property subject to this litigation; and that to date said contractual relationship is in force and under the parameters and protection of the Costa Rican legal system. For the stated reason, I request to be considered as an interested party in the present process and to be notified of all actions taken by this authority and the involved parties...” (folios 175 to 176 of the judicial file).\n\n\n\n7.- By order (auto) of sixteen hours thirty minutes on the seventeenth of August, two thousand nine (folios 178 and 179 of the judicial file), this Tribunal ordered: a) In accordance with the provisions of articles 61.2 and 64 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, to grant a period of three business days to the legal representatives of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte and the Asociación Centro Cristiano de Excelencia to correct their answer briefs to the complaint in the terms set forth therein; b) To grant a hearing to all parties, so that within the same period of three days, they could state their position on the request for the State to be joined as a defendant party, raised by the Instituto de Desarrollo Agrario.\n\n\n\n8.- That by resolution number 1913-2009 of eleven hours on the ninth of September, two thousand nine (folio 193 to 195 of the judicial file), this Tribunal rejected the defense of necessary passive joinder of parties (litis consorcio pasivo necesario) interposed by the Instituto de Desarrollo Agrario. Likewise, by order (auto) of fourteen hours thirty minutes on the ninth of September, two thousand nine, it was resolved: a) That it is the Asociación Centro Cristiano de Excelencia that is considered as an interested third party in this process and which has been deemed notified of the resolutions that have been issued; b) That in accordance with the provisions of article 64 subsection 3 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, and given that the Asociación Centro Cristiano de Excelencia —which is considered an interested third party— did not correct, within the granted period, the defects in the answer to the complaint that were ordered in the order (auto) of sixteen hours thirty minutes on the seventeenth of August, two thousand nine, the facts were deemed admitted on the part of that association; c) The complaint was deemed answered on time and in proper form, and a hearing was granted for two business days to the plaintiff party to refer to the oppositions, administrative file, evidence, and defenses raised, being able to offer its rebuttal evidence; d) Eight hours thirty minutes on the sixteenth of September, two thousand nine, was set to conduct a judicial inspection (reconocimiento judicial) on the lands subject to this process.\n\n\n\n9.- That by resolution of eleven hours thirty minutes on the sixth of October, two thousand nine (folio 239 of the judicial file), the parties were summoned to a conciliation hearing (audiencia de conciliación), to be held at eight hours on the sixteenth of October, two thousand nine. That by resolution of eight hours on the sixteenth of October, two thousand nine (folio 248 of the judicial file), the Conciliation Judge deemed that stage failed, given that the Contraloría General de la República, in a brief visible at folio 244 of the judicial file, stated it was not willing to conciliate. That by order (auto) of seven hours thirty minutes on the twenty-fifth of November, two thousand nine (folio 257 of the judicial file), this Tribunal summoned the parties to the sole hearing (audiencia única) provided for in article 60 subsection 3) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, to be held on the 7th and 8th of January, two thousand ten, starting at eight hours.\n\n\n\n10.- The sole hearing (audiencia única) was held at eight hours ten minutes on the seventh of January, two thousand ten, in which only the aspects referred to in article 90 and following of the Código Procesal Contencioso Administrativo were addressed and resolved, consequently: a) the resolution of the defense of statute of limitations (prescripción) interposed by the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte was reserved for judgment; b) the claims raised by the plaintiff party were adjusted, in the terms indicated in the second result section of this judgment; c) the disputed and undisputed facts, material to the case and therefore, subject to proof, were established; d) the pertinent documentary evidence was admitted; e) as there was no testimonial or expert evidence to be presented and in accordance with the provisions of article 98.2 of the same Code, the conclusions formulated orally by all parties were heard and the process was declared as complex processing. That said hearing was recorded in the corresponding audiovisual system, a recording that runs attached to the file in a separate folio.\n\n\n\n11.- In the proceedings before this Tribunal, no nullities that must be corrected or that cause defenselessness have been observed, and the judgment is issued and notified within the term established in articles 60 subsection 6) and 111 subsection 1) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, in relation to subsection 3) of article 82 of the Reglamento Autónomo de Organización y Servicio of this Jurisdiction.-\n\n\n\nDrafted by Judge Álvarez Molina, with the affirmative vote of Judges Garita Navarro and González Vílchez; and,\n\n\n\nWHEREAS:\n\nI.- PROVEN FACTS: The following facts are deemed duly accredited as relevant to this proceeding: 1) That in Supplement (Alcance) number 32 to Official Gazette (Diario Oficial La Gaceta) number 43 of March first, nineteen seventy-eight, Executive Decree (Decreto Ejecutivo) number 8005-G was published, in whose first recital (considerando) it is stated: “...for the purpose of carrying out the construction of warehouses for the sale and distribution of products from peasant settlements (asentamientos campesinos), as well as the facilities and building of the Institute of Lands and Colonization (Instituto de Tierras y Colonización) and thus avoiding high rental payments, the acquisition of the property (finca), owned by the company La Cornelia Limitada, registered in the San José Section (Partido de San José) of the Property Registry (Registro de la Propiedad), volume one thousand five hundred six, folio four hundred thirty-seven, number one hundred thirty-five thousand nine hundred ninety-six, entry two, which is called Finca Venegas, today cultivated with coffee and pastureland with a wooden house located on it, is necessary...”. That by reason of the foregoing, article 1 of that same Executive Decree provides that: “...Based on law number 36 of June twenty-sixth, eighteen ninety-six as amended by Legislative Decree (Decreto Legislativo) number 78 of June twenty-fourth, nineteen thirty-eight, the property owned by Sociedad La Cornelia, described in recital one of this decree, is hereby expropriated...” (see Supplement number 32 to La Gaceta number 43 of March first, nineteen seventy-eight); 2) That in Official Gazette La Gaceta number 48 of March eighth, nineteen seventy-eight, Executive Decree number 8059-G was published, in which it is ordered to amend the provisions of articles 1 and 2 of Executive Decree number 8005-G, since it was considered that “...in view of the fact that for the construction of warehouses for the sale and distribution of products from peasant settlements and for the construction of the building of the Institute of Lands and Colonization, it is not necessary to acquire the entirety of property number one hundred and five thousand nine hundred ninety-six, owned by Sociedad “La Cornelia Limitada”, since in accordance with the plans held for such purposes the area needed is smaller, it is consequently of little convenience to expropriate the entire property. 2.- That since the area needed is ten hectares, two thousand eight hundred eighty-five meters, ninety-five square decimeters, the appropriate action is to amend the Executive Decree that ordered the expropriation of the aforementioned property...” (see La Gaceta number 48 of March eighth, nineteen seventy-eight); 3) That by public deed (escritura) number 20 executed at fifteen hours fifteen minutes on March sixteenth, nineteen seventy-eight, before Notary Public Eduardo Ching Murillo, and in compliance with the provisions of Executive Decrees number 8005-G and 8059-G, the company “La Cornelia Limitada” sold to the State, lot A described as land cultivated with coffee and pastureland with a wooden dwelling house located on it, measuring ten hectares, two thousand eight hundred eighty-five meters, ninety-five square decimeters, which forms part of the parent property (finca madre) registered in the Public Registry, Property Section, San José Section, volume one thousand five hundred six, folio four hundred thirty-seven, number one hundred thirty-five thousand nine hundred ninety-six, entry two, which is called Finca Venegas, situated in the Dirección17411 of San José. That the representative of the State “...duly authorized by the Executive Decrees mentioned above and by official letter from the Ministry of the Interior (ministerio de Gobernación) of this date, transfers to the Institute of Lands and Colonization in this act the ownership of the lot that the State acquires by this same deed, so that said Institute may allocate it to the purposes indicated in the repeatedly cited Executive Decrees...” (see folios 29 to 34 of the administrative file of the Agrarian Development Institute (Instituto de Desarrollo Agrario)); 4) That the property that was transferred to the Institute of Lands and Colonization, by public deed number 20 executed at fifteen hours fifteen minutes on March sixteenth, nineteen seventy-eight, before Notary Public Eduardo Ching Murillo, was registered in the Public Registry, at volume 2652, folios 13-15, entry 1, under the real folio system registration number (matrícula de folio real) Placa28289, of the San José Section, whose nature is described as land for construction (see folios 02 of the evidence file of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) and 33 of the administrative file of the Agrarian Development Institute); 5) That by public deed number 112 executed at twenty hours on October fifteenth, nineteen eighty-six, before Notary Public Ciro Casas Zamora, the Association Pro Construction North Recreational Park (Asociación Pro Construcción Parque Recreativo del Norte) was constituted, whose main objectives, according to the provisions of article 3 of its bylaws, are: “...to promote the ideal of service as the basis of every worthy endeavor and in particular to stimulate and promote the construction of a recreational and natural park for the recreation of the residents of the northern cantons of San José, and citizens in general. The promotion of activity through the construction of improvements for recreation and sports practice and the contemplation of nature, and fundraising for its development through periodic sessions, professional advice, community service activities, conferences, outreach programs and other related means...”. That said association was registered in the Registry of Associations under file (expediente) number 2394, folios 1 to 12, volume 1, entry 21 (see folios 91 and 92, 99 to 109 of the evidence file of the Comptroller General of the Republic); 6) That in Supplement number 25 to Official Gazette La Gaceta number 166 of September first, nineteen eighty-eight, the Extraordinary Budget Law (Ley de Presupuesto Extraordinario) number 7097 of August eighteenth of that same year was published, whose article 16 subsection 22 provided: “...The Agrarian Development Institute is authorized to segregate and donate to the Association Pro Construction of the North Recreational Park, a lot of up to 25,000.06 square meters (twenty-five thousand square meters six square decimeters), which borders to the north with a public street, to the east with Los Colegios urbanization, to the south with the Agrarian Development Institute and to the west with the Succession Nombre143359. This property is registered in the San José section, volume 2652, folio 13, N° 267183, entry 1, situated in the Anselmo Llorente and San Vicente districts of the cantons of Tibás and Moravia. That land shall be used exclusively for the construction of the project called North Recreational Park...” (see Supplement number 25 to Official Gazette La Gaceta number 166 of September first, nineteen eighty-eight; and folios 11 to 14 of the administrative file of the Agrarian Development Institute and 01 of the evidence file of the Comptroller General of the Republic); 7) That on December seventh, nineteen eighty-eight, plan number SJ-770593-88 was registered in the National Cadastre (Catastro Nacional), corresponding to a property owned by the Agrarian Development Institute, with an area of 2 hectares 3461.41 square meters, located in the San Vicente District, of the Canton of Moravia of the Province of San José, which forms part of the property registered in the Public Registry at volume 2652, folio 13, entry 1, number Placa28290 (see folio 11 of the evidence file of the Comptroller General of the Republic); 8) That by agreement number IV adopted in session number 21-89 held on March fourteenth, nineteen eighty-nine, the Board of Directors (Junta Directiva) of the Agrarian Development Institute, ordered: “...1. The Legal Department is authorized to prepare the respective transfer and donation deed, in accordance with the provisions of the budget norm, Law No. 7097 published in Supplement No. 25 to La Gaceta No. 166 of September 1, 1988, of a lot with an area of 2 HA.3461.41m2., according to cadastral plan SJ-770.593-88, to be segregated from the property located in the Cantons of Tibás and Moravia, owned by the Agrarian Development Institute, in favor of the Association Pro-Construction of the North Recreational Park (...) 3. The negative vote of Mr. Alexis Gómez Guillén, Director, is recorded, on the grounds that in his capacity as lawyer, he considers that the authorization for the transfer of that lot is based on a budgetary norm, which in his opinion is unconstitutional. He also wishes to state for the record that he is in favor of building centers like that one and having them financed by the State, but within the existing legal framework...” (see folios 102 and 103 of the judicial file); 9) That by public deed number 1, volume 10, executed at sixteen hours on November fourteenth, nineteen eighty-nine, before Notary Public Julio Sánchez Carvajal, and in compliance with the provisions of the budget norm, Law number seven thousand ninety-seven published in Supplement number 25 to La Gaceta number 166 of September first, nineteen eighty-eight, and in accordance with the provisions of the Board of Directors of the Agrarian Development Institute in agreement number IV adopted in session number 21-89 held on March fourteenth, nineteen eighty-nine, the Agrarian Development Institute segregated and donated to the Association Pro Construction of the North Recreational Park, the lot described as “...land now for the construction of the North Recreational Park, located in the Dirección17412, ...”, measuring 2 HA.3461.41m2. according to plan registered in the National Cadastre under number SJ-770593-88 dated December seventh, nineteen eighty-eight, which forms part of the parent property registered in the Public Registry, Property Section, San José Section, volume 2652, folio 13, number 267183, entry 1, situated in the Dirección17413, described as “...land partly cultivated with coffee, a building under construction, a mechanical workshop, and administrative office...” and that once the segregation of the lot donated to the Association Pro Construction of the North Recreational Park is completed, it has an area of seven hectares, nine thousand four hundred twenty-four meters, fifty-four square decimeters (uncontested fact, see folios 06 to 10 of the evidence file of the Comptroller General of the Republic and audiovisual record of the preliminary hearing); 10) That the donation of the described property was made based on the following limitations, which were accepted by the Association Pro Construction of the North Recreational Park, namely: “...D) That the buyer or buyers may not transfer the ownership of their plot, nor encumber it, lease it, or subdivide it without the prior authorization of the selling Institute, except if fifteen years have elapsed counted from this date (...) Once the said fifteen years have elapsed, any alienation of the parcel or parcels that in the judgment of the selling Institute may produce an excessive concentration or subdivision of the property shall give the latter the right to acquire the parcel or parcels offered for sale (...) F) That noncompliance by the buyers or the persons to whom they have transmitted rights over the parcels here acquired with any of the obligations set forth in the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización) number two thousand eight hundred twenty-five of October fourteenth, nineteen sixty-one and its amendments, shall give the selling Institute the right to administratively revoke the adjudication or nullity and to request the Public Registry that the parcel or lot be registered again in the name of the selling Institute, who shall pay whoever appears in the Registry as owner at the time of revocation the original purchase price and the value of the improvements that have been introduced to the property in accordance with the appraisal to be carried out for that purpose by an expert of the selling Institution...” (see folios 08 to 10 of the evidence file of the Comptroller General of the Republic); 11) That the property transferred to the Association Pro Construction of the North Recreational Park, by public deed number 1, volume 10, executed at sixteen hours on November fourteenth, nineteen eighty-nine, before Notary Public Julio Sánchez Carvajal, was registered in the Public Registry on January nineteenth, nineteen ninety, under the Real Folio System, Province of San José, registration number Placa28291, whose nature is described as land for the construction of a recreational park (uncontested fact, see folios 03 and 04 of the evidence file of the Comptroller General of the Republic and audiovisual record of the single hearing); 12) That the property registered under real folio registration number Placa28291, is located in the Dirección17414, Province of San José (uncontested fact, see folios 02 and 11 of the evidence file of the Comptroller General of the Republic and audiovisual record of the single hearing); 13) That in the Budget Laws enacted by the Legislative Assembly during the period between the years 1987 and 1992, the following budget sub-items allocated to the construction, works or maintenance services of the park were incorporated in favor of the Association Pro Construction of the North Recreational Park, broken down as follows: a) year 1988, Law 7089, budget code number 13090270245712413010, for Park Construction, amount ¢6,000,000 (six million colones); b) year 1989, law number 7111, budget code 13090270278212413010, for Park Construction, amount ¢10,000,000 (ten million colones); c) year 1989, law 7111, budget code 1177657020124145230, for park construction, amount ¢10,000,000 (ten million colones); d) year 1990, law number 7141, budget code 1177657020113145630, for park construction, amount ¢6,000,000 (six million colones); e) year 1990, law number 7216, budget code 13090270256512413010, for works in the park, amount ¢225,000 (two hundred twenty-five thousand colones); f) year 1990, law number 7216, budget code 13090263756811313010, for maintenance services in the park, amount ¢15,000 (fifteen thousand colones); g) year 1992, law number 7272, budget code 13090270250827241284, for works in the North Recreational Park, amount ¢500,000 (five hundred thousand colones) (see folios 13 to 15 of the evidence file of the Comptroller General of the Republic; 17 and 18 of the administrative file of the IDA); 14) That by official letter number DAJ-403-2006 of April sixteenth, two thousand six, the Directorate of Legal Affairs (Dirección de Asuntos Jurídicos) of the IDA issued a report to the Executive President of that same entity, regarding the North Recreational Park, in which, among other aspects, it indicates: “...4- The land was duly registered in favor of the cited association and generated Real Folio of San José, number 370.440-000, remaining with limitations under the Land and Colonization Law for a period of 15 years, therefore these expired on November 14, 2004...” (folio 95 of the administrative file of the IDA); 15) That by official letter number DAMM 675-04-06 of April twenty-fifth, two thousand six, the Municipal Mayor (Alcalde Municipal) of Moravia, informed the Agrarian Development Institute of “...some irregularities that have been occurring over time, in relation to a property that today is known as North Recreational Park, in order for good offices to be interposed and a definitive solution provided for them (...) We add, how the members of the Board of Directors of the Association have changed the nature of the property, converting the sports gymnasium located on it, into a supposed convention center, but the truth is, that its new direction is that of a church...” (see folios 80 to 89 of the administrative file of the Agrarian Development Institute; and audiovisual record of the judicial inspection of September sixteenth, two thousand nine); 16) That by official letter number DAJ-409 of May sixteenth, two thousand six, the Directorate of Legal Affairs of the IDA, issued a report before the Board of Directors of that same entity, related to the facts made known by the Municipal Mayor of Moravia, by official letter DAMM 675-04-06 of April twenty-fifth, two thousand six, in whose conclusions it indicates: “...In accordance with the foregoing, the only possibility available to the Institute is to resort to an action of Unconstitutionality against the atypical norm and as a consequence request the nullity of the transfer deed, since in all other cases our rights are time-barred or lapsed. The observation is made that if the Chamber were to accept our thesis, we would eventually have to recognize to the Association Pro Construction of the North Recreational Park, the improvements introduced by them on the land, as we cannot affect rights acquired in good faith. If the recommendation of the Directorate of Legal Affairs is accepted, it would be advisable for the Board to adopt an agreement in that regard and authorize the Executive President to file the respective action. This Directorate does not share the position of the Municipal Mayor in the sense that only the Institute has standing to sue, since as explained, this not being a case of direct or individual injury, hence the action can be filed by any person...” (see folios 75 to 79 of the administrative file of the IDA); 17) That by agreement number 33 adopted in session number 018-06 held on May twenty-second, two thousand six, the Board of Directors of the IDA, in accordance with official letter number DAJ-409-06 from the Directorate of Legal Affairs of that same entity, agreed: “...1. To grant a hearing to the Municipal Mayor of Moravia; 2. To commission the Executive Presidency, for the purpose of formulating a consultation, both to the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), and to the Internal Audit Office of the Institute, on the merits of this matter taking into account the own criteria expressed by the Legal Advisory Office of the Institute...” (folio 74 of the administrative file of the IDA); 18) That by official letter number FOE-DDJ-3035 of September twenty-first, two thousand six, the Comptroller General of the Republic, forwarded to the Agrarian Development Institute a complaint against the Association Pro Construction of the North Recreational Park and its President, “...for alleged irregularities in the management of funds and assets donated by the State for the construction of that park, specific budget items and IDA lot and for the closure of this property to the public...”. That the Board of Directors of the IDA by agreement number 33 adopted in session number 033-06 held on October second, two thousand six, took cognizance of official letter FOE-DDJ-3035 of September twenty-first, two thousand six, from the Comptroller General of the Republic and agreed “...to commission the Legal Advisor to the Board of Directors, to present before this Board of Directors a report on the current status of the present case in order to inform the interested party...” (see folios 17, 18, 73 of the administrative file of the IDA); 19) That in the digital edition of the Newspaper La Nación, corresponding to Monday, December twenty-fifth, two thousand six, an article was published titled “Prosecutor's Office investigates alleged embezzlement in public park”, in which it is indicated -among other aspects-, that “...An investigation by La Nación revealed, last May, that the land donated by the IDA so that the community could have a park, is fenced and divided with wire mesh and that the public only has access to 15% of the space. The Association rents the rest of the property, including the gymnasium, to a religious group and a nursery, and for commercial activities...” (see folios 17 and 18 of the administrative file of the IDA, and 126 of the evidence file of the CGR); 20) That by official letter number FOE-DDJ-0317 received on March eighth, two thousand seven, the Comptroller General of the Republic, requested “...information on the actions taken by the IDA in relation to the problems presented with the use of the so-called North Recreational Park...”. That the Board of Directors of the IDA by agreement number 9 of session 010-07 held on March twelfth, two thousand seven, took cognizance of official letter number FOE-DDJ-0317 and agreed “...to inform the Comptroller General of the Republic, that the unconstitutionality action has already been drafted and in turn to petition said Body to assist in said unconstitutionality action, which will be filed in due course...” (see folio 71 of the administrative file of the IDA); 21) That as of July second, two thousand seven, the International Excellence Center and Vivero La Sultana, occupied a portion of the property registered under real folio registration number Placa28291, which in accordance with the provisions of subsection 22 of article 16 of the Budget Law number 7097, was destined for the construction of the North Recreational Park (see folios 1, 110, 112 to 122, 126 of the evidence file of the CGR and 140 of the judicial file); 22) That on October sixteenth, two thousand seven, the Comptroller General of the Republic filed an unconstitutionality action against article 16 subsection 22 of the Extraordinary Budget Law number 7097 of August eighteenth, nineteen eighty-eight, which had authorized the IDA to segregate a lot of up to 25,000.06 square meters from property number 267183, a property that is currently registered under real folio registration number Placa28287. That said unconstitutionality action was assigned file number 07-013901-0007-CO (uncontested fact, see folios 17 to 26 of the evidence file of the CGR and audiovisual record of the single hearing); 23) That by judgment number 2008-00056 of fourteen hours forty-seven minutes on January ninth, two thousand eight, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice, declared the unconstitutionality action processed in file number 07-13901-0007-CO with merit, as it considered that “...the authorization introduced in article 16 subsection 22) of the Extraordinary Budget Law, Law No. 7097 of August 18, 1988, insofar as it allowed the Agrarian Development Institute to segregate and donate to an Association a piece of land measuring twenty-five thousand six square decimeters of its property, is unconstitutional due to the legislative procedure that was followed. It is an atypical norm foreign to the budgetary content, through which a property of an autonomous entity of the State is disposed of, thus being contrary to the Law of the Constitution. Therefore, it is clear that the norm analyzed herein is unconstitutional, and consequently, it must be annulled, noting that it will be in the ordinary jurisdiction where the existence of acquired rights, or the need to pay or not for improvements on the property whose transfer is being annulled by the norm in question, is determined...”. That therefore, the Operative Part (Por Tanto) of said judgment, provides: “The action is declared WITH MERIT. Consequently, article 16 subsection 22) of Law No. 7097 of August 18, 1988, published in Supplement NO. 25 to La Gaceta No. 166 of September 1, 1988, which is the Extraordinary Budget Law of the Republic, is annulled as unconstitutional, without prejudice to rights acquired in good faith. Let this ruling be communicated to the Legislative, Executive and Judicial Branches. Let this ruling be summarized in the Official Gazette La Gaceta and published in full in the Judicial Bulletin. Let it be notified” (see folios 65 to 71 of the evidence file of the CGR; 10 and 70 of the administrative file of the IDA); 24) That by official letter number PE-0123-2008 of January fourteenth, two thousand eight, the Executive President of the Agrarian Development Institute, requested the Directorate of Legal Affairs of that same entity, to analyze “...the decision of the Constitutional Chamber that annulled the budget norm by which land was donated for the north recreational park. In accordance with the information obtained, this Executive Presidency requires a legal opinion on the situation raised, the possibility of recovering the asset in question, whether there are rights in favor of private parties that could affect or, whether there are rights in favor of the IDA that should be safeguarded...” (see folio 96 of the evidence file of the CGR and 9 of the administrative file of the IDA); 25) That by official letter number DAJ-048-08 of January twenty-third, two thousand eight, the Directorate of Legal Affairs in response to official letter number PE-0123-2008 of January fourteenth, two thousand eight signed by the Executive President of the Agrarian Development Institute, reported that: “...Although it is true, the Constitutional Chamber annuls the norm by which the IDA transferred a property to the Association North Recreational Park, in accordance with article 91 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de Jurisdicción Constitucional), said declaration has declarative and retroactive effects, thus the administrative act that authorized the transfer would be considered as non-existent, returning things to their original state, that is, reverting the land to the Institution's patrimony. However, there is currently no certainty regarding whether in the decision the Constitutional Chamber annuls the transfer itself and, orders the cancellation of the registry entry or, if it is silent in that regard. In the event that the Constitutional Chamber annuls the transfer act and orders cancellation of the registry entry as a consequence, said act could only be executed by the Comptroller General of the Republic, since it was this body that filed the action and, the IDA was not given participation within the proceeding (...)” Now then, the decision is currently in the process of being signed by the Magistrates of the Constitutional Chamber, so its full knowledge will be once this procedural stage is concluded, which will allow us to know with greater certainty, what is pertinent to the nullity of the transfer act itself, the nullity of the registry entry as an immediate consequence, and the reversion of the property to the institution's patrimony...” (folios 97 to 98 of the evidence file of the CGR; 7 to 8 of the administrative file of the IDA); 26) That the notice referred to in articles 88 and 90 paragraph 1 of the Law of Constitutional Jurisdiction, regarding the publication of the operative part of the judgment, was published in Judicial Bulletins numbers 41, 42 and 43, dated February 27, 28 and 29, two thousand eight, respectively (uncontested fact, see folios 72, 93 to 95 of the evidence file of the CGR and audiovisual record of the single hearing); 27) That on April fifth, two thousand eight, the Association Pro Construction of the North Recreational Park, entered into a lease agreement with the Asociación Centro Cristiano de Excelencia, over a part of the property located at Dirección1834, of the Dirección4667, of the province of San José, registered in its name in the Public Property Registry, under the real folio system registration number Placa28291, “...specifically the land located from the sports courts westward, up to the creek (river), land measuring approximately twenty thousand square meters, and which currently consists of a built gymnasium and green areas. THIRD: That said property, will be used by the Lessee for the holding of religious services or related events, that contribute to the integral development of society and individuals. FOURTH: The term of this contract shall be ten years starting from April eighth, two thousand eight, being renewable for equal periods up to a total of thirty years. The corresponding renewals for each year must necessarily be formulated in writing in a new contract or addendum; there being no automatic or tacit renewals. FIFTH: The lease price for the indicated property, shall be two million four hundred sixty-two thousand exact colones (2,462,000.00), and an annual increase of ten percent in the payment for the lease of the property is established...” (see folios 275 to 278 of the judicial file); 28) That by official letter number PUMM-100-032006 of June twelfth, two thousand six, Dr. Nombre143360 of Institutional Planning of the Municipality of Moravia, indicates that “...the property registered under FR n. 370440, according to cadastral plan SJ-770593-88, the corresponding land use (uso de suelo) for the North Park corresponds, according to the Regulating Plan Regulation (Reglamento del Plan Regulador) in its Art. 10, to the San Vicente Institutional Public Zone...”. That this information is reiterated in official letter number D.P.U.M.M. 705-2008 of July twenty-first, two thousand eight, a document in which, it is also indicated that “...the public use zones are intended for the establishment of cultural, educational, recreational and administrative facilities, convenient for an appropriate development of the city...”\n\n(folios 104 to 106 of the judicial file); 29) That by official letter number DAP-079-07-2008 of July seventeenth, two thousand eight, the Director of the Budget Analysis Department of the Legislative Assembly informed the Director of the Legal Advisory Department of that same Assembly that, regarding the public funds that were granted to the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, during the period from 1987 to 1992, “...we have proceeded to review the different budget laws, ordinary and extraordinary, that were approved by the Legislative Assembly during the requested period and, as a result of that search, I am attaching the data on the budget sub-items incorporated for that entity in the indicated years, clarifying that this Department does not have the settlements for said expenditures, which must be reviewed by the (sic) comptroller entity in the official documents in its possession...” (see folio 14 of the judicial file); 30) That by official letter number Placa28292 of December sixteenth, two thousand eight, the General Manager of the IDA requested the Director of Legal Affairs, “...as soon as possible, inform me of the effects that the declaration of nullity of article 16, subsection 22, of Law No. 7097 of August 18, 1988, the Republic’s Extraordinary Budget Law, had with respect to the act by which the IDA transferred the property to the Asociación Parque Recreativo del Norte...” (folio 6 of the IDA administrative file); 31) That by official letter number DAJ-205 of March sixteenth, two thousand nine, the IDA’s Legal Affairs Directorate informed the General Manager that by judgment number 00056-2008 of two forty-seven p.m. on January ninth, two thousand eight, the unconstitutionality action filed by the Contraloría General de la República was granted and, consequently, article 16 subsection 22) of Law No. 7097 of August 18, 1988, published in Supplement No. 25 to La Gaceta No. 166 of September 1, 1988, which is the Republic’s Extraordinary Budget Law, was annulled as unconstitutional, without prejudice to rights acquired in good faith. It was also indicated that in case file number 09-00076-1027-CA, contentious-administrative proceedings filed by the Contraloría General de la República against the Instituto de Desarrollo Agrario and the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte are being processed (see folios 3 and 4 of the IDA administrative file); 32) That by official letter number DAJ-542-09 of June seventeenth, two thousand nine, addressed to the Executive President of the IDA, the Legal Affairs Directorate attached “...the draft to request information from the Ministry of Finance regarding the items issued in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte; this is necessary in the contentious-administrative proceedings filed by the Contraloría General de la República against the IDA and the Association, to demonstrate that the works built in said park were executed with public funds and thus, in the event that the Association claims payment for improvements made, argue that they were made with public funds...” (see folio 1 of the IDA administrative file); 33) That by official letter number DPMM-110-07-2009 of July first, two thousand nine, the Head of the Patents Department of the Municipalidad de Moravia indicated that on property number Placa28293, Map 09-239-002, cadastral plan number Placa28294, “...currently, only a Christian Church entity operates, which is legally exempt from being required to pay the commercial license tax. From 2002 until late 2007, a nursery (vivero) operated, it closed operations at the site in 2007 and the commercial account persists in a delinquent state. From that date until now, no patent license has been processed again...” (folio 140 of the judicial file); 34) That by official letter DAJ-667-09 of July twentieth, two thousand nine, the IDA’s Legal Affairs Directorate issued a report to the Secretary General of the Instituto de Desarrollo Agrario regarding the Parque Recreativo del Norte and recommended “...the authorization to initiate proceedings, whether administrative or judicial, in order to proceed with the recovery of the property registered under title number Placa28291 of the Partido de San José that is in the name of the aforementioned Association and to order the cancellation of its registration in the Public Registry, so as to include the land in the Institute’s assets...”, which were approved by the IDA’s Board of Directors by agreement number 27 of ordinary session number 026-2009 held on July twenty-eighth, two thousand nine (folios 157 to 160, 274 of the judicial file); 35) That on September sixteenth, two thousand nine, this Court conducted a judicial inspection (reconocimiento judicial) at the Parque Recreativo del Norte and confirmed that the area open to the public corresponds to the basketball courts and the children’s playground, which is separated from the area where the gymnasium occupied by the Centro de Excelencia Internacional is located by a wire mesh fence. That access to the gymnasium area is restricted, not only because the access gate is closed, but because there is a guard stationed in a booth who monitors entry to that area. That the sector where Vivero La Sultana was located is also restricted entry, as the access gate is also closed, in addition to the fact that two people live in that place who stated they are dedicated to caring for that area (see audiovisual record of the judicial inspection); 36) That from the property registered in the name of the Instituto de Desarrollo Agrario, under real folio title number 267183-000 of the Partido de San José, a lot measuring 5,040.88 m2 was also subdivided (segregó) in favor of the Orquesta Sinfónica Nacional; likewise, a property of 2 hectares 0679.95 m2 was sold to the Instituto de Fomento y Asesoría Municipal for ¢37,223,910.00 (thirty-seven million two hundred twenty-three thousand nine hundred ten colones) (folio 33 of the IDA administrative file); 37) That the southern boundary of the land with cadastral plan number Placa28295 has undergone an alteration, as it no longer borders the parent property number 1-267183 owned by the Instituto de Desarrollo Agrario, as indicated in the registral entry of the Partido de San José, title number Placa28291 and in cadastral plan number Placa28295, but rather borders a public street (see folios 3, 11 and 126 of the CGR evidentiary file and audiovisual record of the judicial inspection conducted on September sixteenth, two thousand nine).\n\nII. UNPROVEN FACTS. The following facts that are relevant to this process are deemed undemonstrated: a) That the facilities built in the Parque Recreativo del Norte were financed with private funds (this circumstance cannot be inferred from the documents visible on folios 14 and 15 of the CGR evidence file; 9, 17, and 18 of the IDA administrative file); b) That the specific budget line items incorporated in the Budget Laws for the 1987-1992 period were not granted to the Asociación Pro Parque Recreativo del Norte for construction, works, or maintenance services in the park (this circumstance cannot be inferred from the documents visible on folios 14 and 15 of the CGR evidence file; 9, 17, and 18 of the IDA administrative file); c) That the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte was declared of public utility by the competent authorities (there is no evidence in the case file).\n\nIII. PURPOSE OF THE PROCESS. The plaintiff considers that Agreement number 4 adopted by the Board of Directors of the IDA in session number 21-89 of March fourteenth, nineteen eighty-nine, by which the transfer of the property with cadastral map number SJ-770593-88 was authorized in favor of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, based on the provisions of subsection 22 of Article 16 of the Extraordinary Budget Law number 7097; as well as deed number 1 granted by Notary Public Julio Sánchez Carvajal at four o'clock in the afternoon on November fourteenth, nineteen eighty-nine, by which the transfer of the indicated property was carried out; and finally, the registration in the Public Property Registry of the Partido de San José under title number Placa28293, with presentation entries 376-14871-01, suffer from a defect of absolute nullity, for the following reasons: 1) Because the transfer of the property with cadastral map number Placa28295 to the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte was based on subsection 22 of Article 16 of the Extraordinary Budget Law number 7097, which was declared unconstitutional by judgment number 2008-000056 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at fourteen hours forty-seven minutes on January ninth, two thousand eight, for being an atypical norm; 2) That in accordance with the provisions of Articles 88, 89, and 90 of the Constitutional Jurisdiction Law, the declaration of unconstitutionality of the cited norm causes, by clear and direct connection, the absolute nullity of the transfer authorization acts; the deed of segregation and donation of the property to the defendant association; and the registration in its name in the Public Registry under registration number Placa28293, the effects of which must be rolled back to the effective date of the norm declared contrary to the Constitution, namely: August 18, 1988; 3) That independently of the declaration of unconstitutionality of subsection 22 of Article 16 of Law number 7097, property number Placa28293 did not lose its condition of belonging to the public domain and, therefore, of the guarantees of inalienability, imprescriptibility, and unseizability, because in the specific case of the Parque Recreativo del Norte, the affectation to a public use of property number 370440 derives not only from the will expressed in that sense by the legislator in subsection 22 of Article 16 of Law 7097, by indicating that the land would be used exclusively for the construction of the project called Parque Recreativo del Norte; but also from the public, notorious, and continuous use of said land, regardless of whether its registered ownership is held in the name of a private legal entity, such as the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, since what is important is the public nature and use that the property and its facilities present. Consequently, the presumption of public domain status does not imply that the properties must be registered in the National Registry in the name of a public institution, in accordance with the principle of non-registration; 4) That in any case, the segregated land that originated property number 370440 originally belonged to the parent property number 267183, which was and continues to be the property of the IDA, which is why, from its origin, the land occupied by the park is public. Likewise, the Moravia Regulatory Plan establishes that the property belonging to the northern recreational park is a public institutional zone; in addition to the fact that, in accordance with the information contained in the National Registry of Real Property, the nature of property 370440 is described as destined to build a recreational park; 5) That the specific line items provided in the National Budget Laws between the years 1987 to 1992, in favor of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, are public funds, destined to fulfill the objectives and public domain purposes that grounded the donation of property 370440, such as the attainment of recreational and leisure benefits for the communities of the northern sector of the capital city; 6) That the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte has not only disregarded the purposes for which it was established, but also decided to ignore the condition under which the land was granted to it and to dispose of it for other private purposes, which are incompatible with the public use destination to which said property was affected, such as: the lease of a part of the property to a religious congregation; 7) That because it is a public domain property, the possession exercised by the defendant for more than nineteen years and the title transferring ownership that originated in subsection 22 of Article 16 of Law 7097, which was declared unconstitutional, does not derive any right over said property, especially considering that from the beginning the law was clear in establishing that the land would be used exclusively for the construction of the so-called Parque Recreativo del Norte; 8) That the condition of unseizable, inalienable, and imprescriptible nature of that public domain property makes it impossible for acquisitive prescription to occur in favor of private individuals, regardless of the passage of time, since public parks, by the public order norms that govern them, cannot be the object of private possession, nor be subject to commerce among men; 9) That acquired rights refer only to legitimate patrimonial benefits, over physically and legally possible transactions or acts exercised in the exercise of a right and based on parameters of good faith, which might have entered the assets of the defendant association. In that sense, there is a clear legal impossibility for acquired rights to exist, so that the association could be the owner of a public domain property, which is outside commerce among men, in accordance with the provisions of Article 631 of the Civil Code, even if there had been tolerance or delay on the part of the Administration in recovering the property. In any case, this process is not where it is appropriate to determine whether or not there are acquired rights of a patrimonial nature that effectively entered the Association's assets; 10) That the request for recognition of improvements is not consistent with the position that the Association holds as a defendant in this process. If it believes that benefits such as those requested should be recognized, it will have to resort to other procedural mechanisms, since the purpose of this process is the recovery of a property for its public use, in addition to the fact that the Contraloría General de la República does not hold the necessary passive legal standing for the purpose of discussing the recognition or denial of that item; 11) That there is no administrative or jurisdictional action on the part of the IDA, which would be relevant for achieving the effective recovery of the property registered under registration number Placa28293, despite the fact that the IDA knew the content of the judgment issued by the Constitutional Chamber, by which it declared that subsection 22 of Article 16 of Law 7097 was contrary to the Political Constitution. For its part, the Representative of the Instituto de Desarrollo Agrario alleges that: a) Having elapsed more than nineteen years since the transfer of the property Placa28293 was made effective in favor of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, the title transferring ownership generated in its favor was consolidated, based on the provisions of the budget norm, which was not declared unconstitutional until the year two thousand eight. That consequently, only with a jurisdictional order could the registration in the Public Registry of property 370440 be cancelled; b) Given that the IDA proceeded to transfer the property subject to dispute based on a Law of the Republic, and the limitations imposed by the fifteen-year term being considered expired, the possibility of disposition or recovery of that land are almost null, by virtue of having entered the private sphere of the association to which it was donated; c) That while it is true that the Extraordinary Budget Law established that the property with cadastral map number SJ-770593-88 would be destined for the construction of the Parque Recreativo del Norte; it is also true that the administration of parks is not the competence of the IDA, and therefore, it could not assume powers that did not correspond to it; d) That by virtue of the public domain nature of the northern recreational park, it was not up to the IDA alone to carry out the actions aimed at recovering the property, but to any “State institution, since all institutions have the obligation to ensure the correct destination of properties belonging to the State...”; d) That if the park condition was granted based on a norm declared unconstitutional, there is no legal basis for ordering in a judgment the transfer of property 370440 to some other organ or entity that could administer it, since with the declaration of nullity of the transfer act, the deed, and the registration in the Registry, said land would re-enter the assets of the IDA; e) That by official document number DAJ-667-09 dated July nine, two thousand nine, it was recommended that the Board of Directors of the IDA proceed with the actions aimed at recovering the property in dispute. That in any case, through agreements number 33, session 018-06 of May twenty-second, two thousand six; number 9, session 010-07 of March twelfth, two thousand seven; the Board of Directors of the IDA pronounced itself on the actions to follow as a consequence of the complaints filed by the Municipality of Moravia and the Contraloría General de la República, regarding the situation of the Parque Recreativo del Norte. For its part, the representative of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte indicates that: a) That the property transferred to their represented party is a property subject to private law, since in the deed of segregation and donation of that land no limitation is made to consider it of a public domain character. Rather, it is indicated that the transfer is made without prejudice to third parties, that the IDA is not obliged to eviction or warranty of title, and that to transfer it to third parties fifteen years had to elapse from the date of the deed, as prior to that date, authorization from the IDA was required. In addition to the above, the taxes on real estate generated by that land have been paid, which originate from a private ownership of the same. Finally, that the registry inscription of said land does not establish limitations of public order that imply the public domain nature of the property; b) That the property transferred to them does not meet either of the two assumptions established by Article 261 of the Civil Code, since Article 16 subsection 22 does not define it as a public domain property and because neither before being segregated and donated to the association, nor in the 19 years it has been registered in their name, was the land dedicated to public use; c) That by the time the right of registry inscription over the property was consolidated in their favor, namely: January 19, nineteen hundred ninety, the Constitutional Chamber had already issued the first judgment declaring that atypical budget norms were contrary to the Political Constitution. Notwithstanding the above, neither at that time, nor during nineteen years, did any person invoke said unconstitutionality to limit the rights of their represented party; d) That the judgment declaring the unconstitutionality of subsection 22 of Article 16 of Law 7097 indicates that the action is granted and the indicated norm is annulled, without prejudice to acquired rights in good faith. In that sense, their represented party has exercised the right of ownership and possession for 19 years, in good faith and as owner, therefore, its rights cannot be limited by the simple argument that it is a public domain property; e) That the property has never been nor is of public use, since “...before the transfer to my represented party, the property in question was a thicket (tacotal) and coffee plantation (cafetal), duly fenced and without possibilities of public use. After the transfer and for around fifteen years, the space of the property where the gymnasium is located was rented exclusively by the hour to any interested party who arranged it, in that sense the gymnasium was only opened when there was a person who rented it. The rest of the land had a usage schedule, and another part remained fenced and without possibilities of public use...”; f) That it is an irrefutable and evident fact that improvements were introduced to the property, for which reason, and in application of what was ordered by the Constitutional Chamber itself in judgment number 2008-000056, said improvements must be paid to the Association; g) That it is not demonstrated that the specific line items contemplated in the Budget Laws from the period 1987 to 1992 were issued in favor of the defendant Association. Likewise, that from 1992 until 2010, no public funds have been issued for the maintenance of the park, which is alleged to be a public domain property. Finally, the Asociación Centro Cristiano de Excelencia -in its condition as an interested third party- indicates that: a) there is a contractual relationship between it and the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, established through the lease of a part of the property subject to this litigation; b) That to date, said contract is in force and under the protection of the provisions of the legal system, given that according to the principle of public faith in registry, the defendant Association has absolute ownership over the property, since the property is not subject to limitations; c) That there has been no bad faith on the part of the Asociación Centro Cristiano de Excelencia, as it has not sought to take advantage of the tenancy relationship maintained with the defendant, but rather, has invested to maintain a recreational area for the community of Moravia; d) That therefore, it requests that the contractual relationship it maintains with the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte be respected.\n\nIV. ON PUBLIC AND PRIVATE DOMAIN PROPERTIES OF PUBLIC ADMINISTRATIONS. In judgment number 019-2009-SVII delivered at thirteen hours thirty minutes on February twelfth, two thousand nine, the Seventh Section of the Contentious-Administrative Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José, considered regarding the concept of public and private domain properties of public administrations that: \"(...) The State and other public entities possess two types of properties: public and private. Article 261 of the Civil Code provides: 'Public things (cosas públicas) are those that, by law, are permanently destined for any service of general utility, and those which all can avail themselves of because they are dedicated to public use. All other things are private and the object of particular ownership, even if they belong to the State or the Municipalities, who in this case, as civil persons, are no different from any other person.' The foregoing must be related to Article 121 subsection 4) of the Political Constitution, which establishes as an attribution of the Legislative Assembly, to decree the alienation or the application to public uses of the Nation's own properties. Characteristics of public domain properties are that they are inalienable, imprescriptible, and unseizable, consequently outside commerce among men. On the subject, the Constitutional Chamber has expressed: / 'II.- THE CONCEPT OF PUBLIC DOMAIN AND THE LEGAL MEANS TO INTEGRATE IT.- By public domain is understood the set of properties subject to a special and distinct legal regime from that governing private domain, which in addition to belonging to or being under the administration of public legal entities, are affected or destined to purposes of public utility and which manifests itself in the direct or indirect use that any person can make of them. Doctrine recognizes public domain under different meanings, such as dominical properties (bienes dominicales), demanial properties (bienes demaniales), public things (cosas públicas), public properties (bienes públicos) or public domain properties (bienes demaniales). On this concept, the Chamber expressed in its Judgment No. 2306-91 of 14:45 hours on November sixth, nineteen hundred ninety-one, the following: / 'The public domain is integrated by properties that manifest, by the express will of the legislator, a special destiny to serve the community, the public interest. They are the so-called dominical properties (bienes dominicales), demanial properties (bienes demaniales), public properties or things (bienes o cosas públicas), which do not belong individually to private parties and are destined for public use and subject to a special regime, outside commerce among men. That is, affected by their own nature and vocation. Consequently, these properties belong to the State in the broadest sense of the concept, they are affected to the service they provide and which is invariably essential by virtue of express norm. Characteristic notes of these properties are that they are inalienable, imprescriptible, unseizable, cannot be mortgaged nor be susceptible to liens in terms of Civil Law, and administrative action substitutes for possessory interdicts to recover the domain... Consequently, the national regime of public domain properties, such as the roadways of the Capital City, whether municipal or national streets, sidewalks, parks, and other public places, places them outside commerce among men...' (see in a similar sense, judgment number 035-2009-SVII delivered by the Seventh Section of the Contentious-Administrative Tribunal, at fourteen hours forty minutes on March thirteenth, two thousand nine). At this point, it should be highlighted that private domain properties of the Administration that are not affected to a public purpose are seizable (Article 169.1.a of the CPCA). On the contrary, properties of public ownership destined for common use and enjoyment are not seizable, nor are those directly linked to the provision of public services of an essential nature, or that are indispensable or irreplaceable for the fulfillment of public purposes or services (Articles 261 of the Civil Code and 170 of the CPCA). Now then, regarding the means of affectation to the public domain, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice considered in judgment number 2003-6926 of fourteen hours forty-five minutes on July fifteenth, two thousand three, that in accordance with the provisions of Article 261 of the Civil Code, '...to consider a property as demanial, the existence of a law is required that affects it to the fulfillment of a public purpose, or that the thing itself is considered of public use, such as a street, a bridge, a park among others...'. In accordance with the foregoing, it follows that a formal and material law is required to affect a property to a public purpose, that is, to a public use or service. In that sense, it is worth highlighting that in accordance with the provisions of Article 170 of the Contentious-Administrative Procedure Code, properties must be directly linked to the provision of the public services to which they are destined, or must be indispensable or irreplaceable for the fulfillment of those purposes or services. Now then, there are properties that by virtue of their nature and special characteristics (for example: streets –Public Roads Law-, forests –Forestry Law-, parks –Urban Planning Law and Constructions Law, among others), the legislator has dedicated or destined them for public use, so that everyone can avail themselves of them. In this sense, it is worth remembering that not every demanial property is destined for public use, since –such as in the case of the maritime terrestrial zone or mining exploitation, among other cases-, Public Administrations grant concessions for private use of properties that form part of the public domain, within certain limits and conditions. Now then, the principle of non-registration (inmatriculación) of demanial properties constitutes one of the aspects that characterize public domain properties, according to which, even if the lands have not been registered in the real estate registry with that character, they have material publicity derived from '...the appearance of the lands in official maps –public-, in national or municipal cadastres, or in archives, museums, or libraries, together with the reliable proof of effective public use, makes affectation the principal characteristic...' (judgment number 1996-3145 delivered by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice at nine hours twenty-seven minutes on June twenty-eighth, nineteen hundred ninety-six). Consequently, the principle of registry non-registration implies that the existence and publicity of public domain properties occurs '... with autonomy from the Registry, without it being possible for the registered titleholder to allege ignorance as a means to distort it and counteract the affectation. The principles of inalienability and imprescriptibility that characterize the public domain prevent the figure of the third-party registry holder from being wielded against it to consolidate private property illicitly subtracted from that regime (...) Against the public domain, private detentations suffer from a lack of adverse value, however prolonged they may be in time and even if they appear protected by entries in the Property Registry. The condition of a public domain and public use property affects a third party, even if such quality does not appear from the Property Registry. These are properties that, by their nature, do not need registry inscription.(...)\" (judgment number 868-2001 delivered by the Third Section of the Contentious-Administrative Tribunal, at ten hours fifteen minutes on October sixteenth, two thousand one). Finally, in order to guarantee that demanial properties fulfill the public purpose to which they have been destined by express or presumed affectation, and as a consequence of the characteristics of inalienability and imprescriptibility inherent to them, Public Administrations have the obligation to exercise the administrative and jurisdictional actions provided for by the legal system, in order to protect and conserve public domain properties, in accordance with the provisions of Articles 121 subsection 14 in relation with 11 and 50 of the Political Constitution; 261 and 263 of the Civil Code; 14 of the Forestry Law; 7, 8, 9, and 10 of the Internal Control Law; 37 of the Constructions Law; 110 and following of the Law of the Financial Administration of the Republic and Public Budgets –among others-. Therefore, for the exercise of actions aimed at their recovery and protection, no statutes of limitation or expiration periods run, given that the means available to Public Administrations for their effective recovery are imprescriptible, as established in Articles 34 subsection 2 and 40 of the Contentious-Administrative Procedure Code.\n\nV. ON PARKS AND THEIR INCORPORATION INTO THE PUBLIC DOMAIN AS A MANIFESTATION OF THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. A public property can be natural or artificial, depending on whether it involves properties declared public by the legislator considering them in the state that nature presents or offers them (a river, for example), or properties declared public by the legislator but whose creation or existence depends on a human action (construction of a street or a public park). Now then, in accordance with Article 37 of the Constructions Law, parks, gardens, and public promenades are freely accessible to all the inhabitants of the country and \"... In general, it is forbidden to make use of gardens, lawns, etc., different from that for which they were created)\". In that sense, paragraph 1 of Article 44 of the Urban Planning Law establishes that \"...the municipal domain over areas of streets, plazas, gardens, parks or other open spaces of general use, is constituted by that same use and its inscription in the Property Registry can be dispensed with, if it is recorded in the Official Map...\". For its part, Article 43 of that same law provides that \"The Official Map, together with the plans or the cadastre that complete it, shall constitute a special reliable registry on the ownership or affectation to public domain of the lands or spaces already dedicated to public uses...\". From the norms partially transcribed above and the parameters established in Article 261 of the Civil Code, it follows that parks constitute public domain properties, whose essential purpose, according to the provisions of Article 50 of the Political Constitution, is to grant people green recreational areas, as a way to guarantee them the enjoyment of spaces that allow them to have a good quality of life and therefore, to develop fully as human beings in freedom. At this point, it is worth highlighting that if we start from the premise that the express or presumed affectation to a public service or use constitutes the factor that determines or not the public domain status of a property, then it is possible that cases of dissociation between ownership and affectation of that property may arise, such as for example: when there are parks, plazas, or gardens, whose public use can be reliably demonstrated through official maps or other means, even when the ownership of the real estate is of a private character. In such cases, even if the land has not been registered in the registry as a public domain property, it is presumed, in accordance with the principle of non-registration, that it constitutes a property of a demanial nature insofar as it is proven that, due to its special characteristics, it has been destined by the legislator for public use and enjoyment.\n\nVI.- REGARDING THE PUBLIC DOMAIN NATURE OF THE PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. This Tribunal considers that the\nproperty with cadastral map number Placa28295, located at Dirección1832 , of Canton 14\nMoravia, of the Province of San José, which is called Parque Recreativo del Norte and is currently\nregistered in the Public Property Registry under real folio registration number\nPlaca28291 of the Partido de San José, in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo\ndel Norte (see folios 102, 103, and 106 of the judicial file; 3, 6, 7, 8, and 11 of the evidentiary file\nof the CGR), constitutes a public domain asset (bien demanial) designated for the public use of a park, for the following\nreasons: 1) From the perspective of its relationship with the parent property number 267183-000 of the Partido de\nSan José. The Parque Recreativo del Norte constitutes a lot of 25,000.06 square meters, with cadastral\nmap number SJ-770593-88, which was segregated from property number 267183-000 of the Partido de San\nJosé, based on the provisions of subsection 22 of Article 16 of the Ley de Presupuesto\nExtraordinario number 7097 (see folios 3 to 11 of the evidentiary file of the CGR; 11 to 14 of the administrative\nfile of the IDA). Now then, if through the indicated law, the Legislative Assembly authorized\nthe Instituto de Desarrollo Agrario to segregate a lot with the\nindicated characteristics from property 267183-000 in favor of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo –even\nthough it was not an ordinary law enacted in accordance with the provisions of articles 121 subsection 1 and\n123 and following of the Political Constitution–, this implies that according to the provisions of\nsubsection 14 of Article 121 of the Political Constitution, the parent property from which the\nland that would be used exclusively for the construction of the Project called Parque\nRecreativo del Norte was segregated, is a public domain asset (bien de dominio público), since an ordinary law is required to decree the alienation or the\napplication to public uses of the Nation's own assets. In\nthis sense, it is important to highlight the reasons why the State expropriated and\nsubsequently transferred to the Instituto de Desarrollo Agrario (formerly the Instituto de Tierras\ny Colonización) the land that would be registered under real folio registration number Placa28289, which\ncan be deduced from the following chronology of events, namely: 1.a) That in Supplement number 32 to the\nOfficial Gazette La Gaceta number 43 of March first, nineteen seventy-eight, the\nDecreto Ejecutivo number 8005-G was published, in whose first recital (considerando) it states: “...with the\npurpose of constructing warehouses for the sale and distribution of products from the\npeasant settlements, as well as the facilities and building of the Instituto de Tierras y\nColonización and thus avoiding high rental payments, it is necessary to acquire the\nproperty, owned by the company La Cornelia Limitada, registered in the Partido de San José of the\nProperty Registry, volume one thousand five hundred six, folio four hundred thirty-seven, number\nPlaca28282 thousand nine hundred ninety-six, entry two, which is called Finca Venegas, currently\ncultivated with coffee and pasture with a wooden house located on it...”. That by reason of the foregoing,\nArticle 1 of that same Decreto Ejecutivo provided that: “...Based on law number 36 of\nJune twenty-six, eighteen hundred ninety-six, added by Decreto Legislativo number 78\nof June twenty-four, nineteen hundred thirty-eight, the property owned by\nSociedad La Cornelia, described in recital one of this decree, is hereby expropriated...” (see Supplement number 32\nto La Gaceta number 43 of March first, nineteen seventy-eight); 1.b) In the Official\nGazette La Gaceta number 48 of March eight, nineteen seventy-eight, the\nDecreto Ejecutivo number 8059-G was published, which provides for the amendment of the provisions of Articles 1 and 2\nof Decreto Ejecutivo number 8005-G, as it was considered that “...in view that for the construction\nof warehouses for the sale and distribution of products from the peasant settlements and for the\nconstruction of the building of the Instituto de Tierras y Colonización, it is not necessary to acquire the\nentirety of property number one hundred and five thousand nine hundred ninety-six, owned by Sociedad\n“La Cornelia Limitada”, since according to the plans available for such purposes the\narea needed is smaller, it is consequently of little convenience to expropriate the entire\nproperty. 2.- That given the surface area needed is ten hectares two thousand eighty-\nfive square meters and ninety-five square decimeters, it is appropriate to amend the Decreto Ejecutivo\nthat ordered the expropriation of the aforementioned property...” (see La Gaceta number 48 of March eight of\nnineteen seventy-eight); 1.c) That by public deed number 20 executed at fifteen hours fifteen\nminutes on March sixteen, nineteen seventy-eight, before Notary Public Eduardo\nChing Murillo, and in compliance with the provisions of Decretos Ejecutivos number 8005-G and 8059-G,\nthe company “La Cornelia Limitada” sold to the State, lot A described as land cultivated with\ncoffee and pasture with a wooden dwelling house located on it, measuring ten hectares\ntwo thousand eighty-five meters, ninety-five square decimeters, which forms part of\nthe parent property registered in the Public Registry, Property Section, Partido de San José, volume one thousand\nfive hundred six, folio four hundred thirty-seven, number one hundred thirty-five thousand nine hundred\nninety-six, entry two, which is called finca Venegas, located in Dirección17415 José.\nThat the representative of the State “...duly authorized by the aforementioned Decretos Ejecutivos\nand by official communication from the Ministry of the Interior of this date, transfers to the Instituto de\nTierras y Colonización in this act the ownership of the lot that by this same deed the State\nacquires, so that said Institute may dedicate it to the purposes indicated in the Decretos Ejecutivos\nrepeatedly cited...” (see folios 29 to 34 of the administrative file of the Instituto de Desarrollo\nAgrario); 1.d) That the property that was transferred to the Instituto de Tierras y Colonización, by\npublic deed number 20 executed at fifteen hours fifteen minutes on March sixteen of\nnineteen seventy-eight, before Notary Public Eduardo Ching Murillo, was registered in the\nPublic Registry, at volume 2652, folios 13-15, entry 1, real folio registration number Placa28289,\nof the Partido de Nombre10419 , whose nature is described as land for construction (see folios 02\nof the evidentiary file of the Contraloría General de la República and 33 of the administrative file\nof the Instituto de Desarrollo Agrario). From all the foregoing, this Tribunal concludes that the parent property\nnumber Placa28289 from which the land that would be used exclusively for the\nconstruction of the Parque Recreativo del Norte was segregated, constitutes a public domain asset (bien de dominio público), that\nwas expropriated by the State and donated to the Instituto de Desarrollo Agrario, and is designated for a public\nservice, which is to serve in accordance with the provisions of Decretos Ejecutivos 8005-G and 8059-G for\n“...the construction of warehouses for the sale and distribution of products from the peasant\nsettlements, as well as the facilities and building of the Instituto de Tierras y Colonización...” and it is\nin that condition, that it is registered in the public registry under real folio registration number\nPlaca28289. 2) From the point of view of its designation, by means of subsection 22 of Article 16 of\nthe Ley de Presupuesto Extraordinario number 7097, to a public use as a park. That in Supplement\nnumber 25 to the Official Gazette La Gaceta number 166 of September first, nineteen\neighty-eight, the Ley de Presupuesto Extraordinario number 7097 of August eighteenth of\nthat same year was published, in whose Article 16 subsection 22 provided: “...The Instituto de Desarrollo\nAgrario is hereby authorized to segregate and donate to the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del\nNorte, a lot of up to 25,000.06 square meters (twenty-five thousand square meters six square decimeters),\nwhich borders to the north with a public road, to the east with urbanización Los Colegios, to the south\nwith the Instituto de Desarrollo Agrario and to the west with the Sucesión Nombre143359 . This property is\nregistered in the partido de San José, volume 2652, folio 13, No. 267183, entry 1, located in the\ndistricts Anselmo Llorente and San Vicente of the cantons of Tibás and Moravia. That land will be\nused exclusively for the construction of the project called Parque Recreativo del Norte...”\n(see folios 11 to 14 of the administrative file of the Instituto de Desarrollo Agrario and 01 of the\nevidentiary file of the Contraloría General de la República). As indicated in point 1 of\nthis recital (considerando), an ordinary law is required to decree the alienation or application to public uses of the\nNation's own assets, according to the provisions of subsection 14 of\nArticle 121 of the Political Constitution. It should be noted that although it is true, subsection 22 of\nArticle 16 of the Ley de Presupuesto Extraordinario number 7097 authorized the donation of the property\ndescribed therein to the Asociación pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, this did not imply a\ndeclassification (desafectación) of the land that belonged to the public domain asset (bien de dominio público) registered under registration\nPlaca28296, because although the legislator transferred the segregated land to a private law entity,\nit designated it for a public use, since it clearly provided: “...That land will be used\nexclusively for the construction of the project called Parque Recreativo del Norte...”. That this\npublic purpose is consistent with the main objectives of the association in favor of which the\nproperty with cadastral map number SJ-770593-88 was segregated and transferred, since according to\nthe provisions of article three of its bylaws, its purposes are: “...to promote the ideal of service\nas the basis of all worthy enterprise and in particular to stimulate and foster the construction of a recreational\nand natural park for the recreation of the residents of the northern cantons of San José, and\ncitizens in general. The promotion of activity through the construction of improvements for\nrecreation and sports practice and the contemplation of nature, and fundraising\nfor its development through periodic sessions, professional consultations,\ncommunity service activities, conferences, outreach programs and other related\nmeans...” (folios 91 and 101 of the evidentiary file of the CGR). In addition to the foregoing, in the public deed\nof segregation and transfer in favor of the defendant association of the indicated property, it is described\nas “...land today for constructing the Parque Recreativo del Norte, located at Dirección17412 , ...”\n(folio 07 of the Evidentiary File of the CGR), and it is registered in the Registry under real folio\nregistration number Placa28291, with the nature of land for constructing a recreational park (folio 03 of the\nEvidentiary File of the CGR). That based on all the foregoing, this Tribunal declares, even though through\nsubsection 22 of Article 16 of the Ley de Presupuesto Extraordinario number 7097, the\ndonation of the property with cadastral map number Placa28295 to a private law entity such as\nthe defendant Association was authorized, it is also true that the transfer of the property was conditioned upon a\nspecific purpose, namely, the construction of the Parque Recreativo del Norte, which demonstrates its\ndirection toward a public use, even though through the atypical budget provision the\nproperty was transferred to the defendant Association, in addition to the fact that said purpose is consistent with\nthe provisions of Articles 43 and 44 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), and 37 of the Construction Law (Ley de Construcciones). 3) Of\nthe means that prove the designation of the property with cadastral map number Placa28295, to an\neffective public use as a park. While it is true, it has been proven that the Sala\nConstitucional of the Corte Suprema de Justicia, by judgment number 2008-00056 at fourteen hours\nforty-seven minutes on January nine, two thousand eight, upheld the action of\nunconstitutionality processed in file number 07-13901-0007-CO, as it considered that “...the\nauthorization introduced in Article 16 subsection 22) of the Ley de Presupuesto Extraordinario, Law\nNo. 7097 of August 18, 1988, insofar as it allowed the Instituto de Desarrollo Agrario to segregate and\ndonate to an Association a plot of land measuring twenty-five thousand square meters six decimeters from its\nproperty, is unconstitutional due to the legislative procedure followed. It involves an\natypical provision unrelated to the budgetary content, through which it disposes of a property of an\nautonomous entity of the State, rendering it contrary to the Constitution...” (see folios\n48 to 54 of the evidentiary file of the CGR); this Tribunal considers that in application of the provisions of\nArticles 261 of the Civil Code (Código Civil); 43 and 44 paragraph 1 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana); 37 of the\nConstruction Law (Ley de Construcciones), as well as the principle of the initial registration (in-matriculación) of public domain assets (bienes de dominio público),\nthe declaration of unconstitutionality of subsection 22 of Article 16 of the Ley de Presupuesto\nExtraordinario number 7097 did not have the effect of declassifying the land with cadastral map number\nSJ-770593-88 currently registered under registration Placa28293 of the Partido de San José, since there are\nmeans to demonstrate the existence of a designation of that property to an effective public use as\na park, namely: 3.a) In the land use map number 239.2 of the Municipalidad de Moravia, the\nproperty number Placa28293 is described as Parque Recreativo del Norte; which in turn and according to\nthe provisions of Article 10 of the Regulation to the Regulatory Plan of the Municipalidad de Moravia, is\nlocated in the institutional public zone (zona pública institucional) of San Vicente, which is defined as that which\nhas the objective of establishing cultural, educational, recreational, and\nadministrative facilities, convenient for an adequate development of the community (see folios 104 to 106 and\n140 of the judicial file). In this sense, it should be recalled that in accordance with the provisions of\nArticles 43 and 44 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), the Official Map (Mapa Oficial), together with the plans or the\ncadastre that complement it, will constitute an official and reliable record on ownership and designation for\npublic domain of the lands or spaces already given over to public uses; and that the municipal domain\nover the areas of streets, plazas, gardens, parks or other spaces open to public use\nin general is constituted by that same use and its registration in the Property Registry may be dispensed with\nif it is recorded in the Official Map; 3.b) That while it is true, property number 370440-000 of the\nPartido de San José is registered in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque\nRecreativo del Norte, it is also true that it is described as land for constructing a recreational\npark, added to the fact that in the bylaws of that association, it is defined as a recreational and\nnatural park for the recreation of the residents of the northern cantons of San José and\ncitizens in general (folio 3 and 101 of the Evidentiary File of the CGR); 3.c) That in the Budget Laws (Leyes de\nPresupuesto) enacted by the Legislative Assembly during the period between the years 1987\nand 1992, the following budgetary sub-items allocated for the construction, works, or maintenance services of the\npark were incorporated in favor of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, which are broken down\nas follows: i) year 1988, Law 7089, budget code number\n13090270245712413010, for Park Construction, amount ¢6,000,000 (six million colones); ii)\nyear 1989, law number 7111, budget code 13090270278212413010, for Park Construction,\namount ¢10,000,000 (ten million colones); iii) year 1989, law 7111, budget code\n1177657020124145230, for park construction, amount ¢10,000,000 (ten million colones); iv)\nyear 1990, law number 7141, budget code 1177657020113145630, for park construction,\namount ¢6,000,000 (six million colones); v) year 1990, law number 7216, budget code\n13090270256512413010, for works in the park, amount ¢225,000 (two hundred twenty-five thousand colones);\nvi) year 1990, law number 7216, budget code 13090263756811313010, for maintenance\nservices in the park, amount ¢15,000 (fifteen thousand colones); vii) year 1992, law number 7272,\nbudget code 13090270250827241284, for works in the Parque Recreativo del Norte, amount\n¢500,000 (five hundred thousand colones) (see folios 13 to 15 of the evidentiary file of the Contraloría General\nde la República; 17 and 18 of the administrative file of the IDA); 3.d) That at the entrance of the area\nwhere the gymnasium is located, there are two plaques; the first indicates “Placa28283 .\nAdministración Oscar Arias...”; the second, in gratitude for the help provided by a former deputy\nwith the surname Nombre14204 (see folios 123 and 124 of the evidentiary file of the CGR and audiovisual record\nof the judicial inspection carried out on September sixteenth, 2009); 3.e) That the area where\nthe basketball courts and children's playgrounds are located are open to public use\nunder an access schedule. Now then, as can be deduced from the satellite\nphotograph of the property visible on folio 126 of the evidentiary file of the CGR, the area open to public\nuse represents fifteen percent of the total land that was designated exclusively for\nthe construction of the Parque Recreativo del Norte, as reported by the newspaper La Nación in the\narticle published in the digital edition of December twenty-fifth, two thousand six (see folios\n110, 114, 115, and 126 of the evidentiary file of the CGR; 10, 17, and 18 of the administrative file of the\nIDA and audiovisual record of the judicial inspection carried out on September sixteenth,\n2009); 3.f) That a gymnasium was built for the practice of sports activities, as was\nverified when lifting the carpet –when the judicial inspection was carried out– currently\ncovering the court of said facilities, which are adapted for the\nholding of religious activities of the congregation Centro Cristiano de Excelencia. So much so,\nthat by official communication number DAMM 675-04-06 of April twenty-fifth, two thousand six, the Municipal Mayor\nof Moravia reported to the Board of Directors of the IDA that “...the members of the Board of Directors of\nthe Association have changed the nature of the property, converting the sports gymnasium that is\nlocated on it into a supposed convention center, but the truth is that its new direction is that of a\nchurch...” (see folios 10, 17, 18, 80 to 89 of the administrative file of the Instituto de\nDesarrollo Agrario and audiovisual record of the judicial inspection carried out on the sixteenth of\nSeptember, 2009); 3.g) That around the perimeter of the area comprising the gymnasium, the\nbasketball courts, and the children's playgrounds, a type of jogging or\nwalking track was built, which is currently divided by the fences that separate both zones (see\naudiovisual record of the judicial inspection carried out on September sixteenth, 2009). That\nby reason of all the foregoing, this Tribunal declares that there exists a designation of the property with\ncadastral map number Placa28295 currently registered under real folio registration number Placa28291, to\nan effective public use as a park, even though a large part of the land that was designated\nexclusively for the construction of the Parque Recreativo del Norte has been used by the\ndefendant Association for other private uses that are not consistent with the purpose for which it was\ntransferred –an aspect that will be developed in recital (considerando) VII of this judgment–, a designation that\npersists despite that circumstance and despite the fact that subsection 22 of\nArticle 16 of Law number 7097, through which said property was designated for the construction of the\nParque Recreativo del Norte, was declared unconstitutional. 4) Regarding the arguments provided by the Asociación Pro Construcción\ndel Parque Recreativo del Norte to support that the asset is private domain property. The defendant\nassociation is not correct in asserting that the property with cadastral map number SJ-770593-88 is a private\nasset, for the following reasons: 4.a) Although property number 370440-000 of the Partido de San José\nhas been registered in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte\nfor more than nineteen years, the truth is that this circumstance did not have the effect of declassifying\nsaid land (which was segregated from another public domain asset (bien de dominio público), such as the parent property number\n267183-000), since the legislator merely limited itself to changing its destination, because it designated it\nexclusively for a public use, namely, the construction of the Parque Recreativo del Norte. In\nconsequence, against public domain, private possessions, however prolonged they may be\nin time and even if they appear protected by entries in the Property Registry, do not have the effect\nof generating subjective rights over the property designated for a public service or use, as happens\nin this case; 4.b) In any case, since the registration of the property with cadastral map number\nPlaca28295 in favor of the defendant Association (folio 3 of the evidentiary file of the CGR) was based\non the provisions of Article 16 subsection 22 of the Ley de Presupuesto Extraordinario number\n7097 (folios 102 and 103 of the judicial file; 8 of the evidentiary file of the CGR), upon the declaration\nof unconstitutionality of that provision, the registry registration would not have the effect of validating the\ntransfer title of the property that was based precisely on subsection 22 of Article 16 of Law 7097\nwhich was declared contrary to the Political Constitution, as can be deduced from the provisions of\nArticles 456 and 472 of the Civil Code (Código Civil); 4.c) The fact that the defendant Association is a taxable\nentity (sujeto pasivo) of the real estate tax (impuesto sobre bienes inmuebles) does not have the effect of distorting the designation for a public\nuse of the land currently registered under real folio registration Placa28291, not only because in\naccordance with the provisions of Article 6 subsection a) of the Real Estate Tax Law (Ley de Impuesto sobre Bienes\nInmuebles), owners with a title registered in the Public Property Registry are taxable\nentities of that tax; but also because, conversely, and in view of subsection a) of Article 4 of\nthat same law, the properties of the State, municipalities, and autonomous and\nsemi-autonomous institutions will not be subject to said tax only when a special law establishes\nthat they enjoy an exemption. Likewise, it should be noted that while it is true, the common use assets\nowned by legal entities covered by Law number 3859 and its amendments (Community Development Associations (Asociaciones de\nDesarrollo)) will be exempt from the payment of said tax (Article 6 subsection k of the same law),\nit is also true that the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte is not registered\nas a Community Development Association (Asociación de Desarrollo) (see folios 91, 92, and 109 of the evidentiary file of the CGR). Finally,\nit has also not been proven that the defendant association has been declared of\npublic utility (point c of recital (considerando) II of this judgment), as said circumstance\nconstitutes another of the scenarios in which the assets belonging to associations having that\nstatus are not subject to said tax (Article 6 subsection k of the Real Estate Tax Law (Ley de Impuesto sobre Bienes\nInmuebles)); 4.d) The fact that in the transfer deed of the property with cadastral map\nnumber Placa28295, the fifteen-year limitations established by Article 67\nof the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización) were imposed does not imply that the scenario regulated by the indicated\nprovision is applicable, which is the titling of a parcel in favor of an IDA allottee. Quite the\ncontrary, since this was an act of transfer of a public domain asset (bien demanial), authorized by the\nlegislator through Article 16 subsection 22 of the Ley de Presupuesto Extraordinario number 7097\n(see folios 101 and 102 of the judicial file; 1, 08 to 10 of the evidentiary file of the CGR),\na legislative authorization that was subsequently declared unconstitutional. For all the\nforegoing, this Tribunal considers that the arguments provided by the defendant association to support that the\nproperty registered under registration Placa28291 is private domain, lack merit; 5) In\nconsequence and in accordance with all the foregoing, this Tribunal declares that pursuant to the provisions of\nArticles Placa28284 ; ; Placa28285 ; Placa28286 , as well as the principle of initial registration (in-matriculación)\nof public domain assets (bienes de dominio público), the property with cadastral map number Placa28295, located at\nDirección1832 , of Canton 14 Moravia, of the Province of San José, which is called Parque\nRecreativo del Norte and which is currently registered in the Public Property Registry\nunder real folio registration number Placa28291 of the Partido de San José, in the name of the Asociación\nPro Construcción del Parque Recreativo del Norte, constitutes a public domain asset (bien demanial) designated for the public\nuse of a park, which is unseizable, imprescriptible, inalienable, and outside\ncommerce. Furthermore, the competent entity to exercise its administration is the Municipalidad\nde Moravia.\n\nVII.- REGARDING CONDUCT INCONSISTENT WITH THE LEGAL SYSTEM ATTRIBUTABLE TO THE ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE AND THE NON-EXISTENCE OF GOOD-FAITH ACQUIRED RIGHTS OVER THE PROPERTY OF THE PARQUE RECREATIVO DEL NORTE. As already indicated in considerando VI of this judgment, regarding public domain assets (bienes demaniales)—which are characterized by being inalienable, imprescriptible, and unattachable—private occupations, no matter how prolonged in time and even if they appear protected by entries in the Property Registry, do not have the power to generate subjective rights over the real property affected to a public service or use (see, among others, judgments number 2009-1056 and 2009-3113 of the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). In the specific case, although real property number 370440-000 of the Partido de San José has been registered in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte for more than nineteen years, the truth is that this circumstance did not imply the removal of the affectation (desafectación) of that land—which was segregated from another public domain asset, namely, the parent property number 267183-000—since the legislator, through Article 16, subsection 22 of Law number 7097, merely limited itself to varying its purpose, given that it affected it exclusively to a public use, which is, the construction of the Parque Recreativo del Norte, an affectation that is based not only on the express text of the law—not only the one that was declared unconstitutional, but mainly on the provisions of Articles 43 and 44 of the Ley de Planificación Urbana, and 37 of the Ley de Construcciones—but also on the public use and, therefore, the real condition of a park that said real property holds. Consequently, the defendant's argument that it has a good-faith acquired right over the property of the public domain asset called Parque Recreativo del Norte is inadmissible, not only because, by reason of the public domain nature (naturaleza demanial) of that real property and in accordance with the provisions of Articles 121, subsection 14 of the Constitución Política and 261 to 263 of the Código Civil, it is not possible to acquire a property right over an asset affected to a public service or use, but also because the term acquired rights refers to \"...that consummated circumstance in which a thing—material or immaterial, be it a previously unowned good or a previously non-existent right—has entered into (or had an impact on) the patrimonial sphere of the person, such that the latter experiences a verifiable advantage or benefit...\" (judgment number 1997-2765 of the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). In this case, the acquired rights to which the defendant Association refers would be reduced to a purely patrimonial aspect, related to the liquid funds that are indeed already forming part of the Association's patrimony and not to the ownership of the Parque Recreativo del Norte, nor to the temporal validity of the contracts it currently maintains with a private legal entity that allow it to dispose of the area where the gymnasium (gimnasio) is located. In any case and by reason of the object of the proceeding, it is not for this Court to determine whether or not good-faith acquired rights exist, in the terms set forth, for which reason, if the defendant were to seek to assert any type of right on this matter, it must resort to the corresponding legal avenue, so that what is legally appropriate may be resolved. Now then, this Court considers that the defendant Association has incurred in a series of conducts that are inconsistent with the legal system and, therefore, contrary to the principle of good faith, by making improper use of the real property that was transferred to it, which, in any case, is contrary to the very purposes it pursues in accordance with the provisions of Article 3 of its bylaws. Said assertion is supported by the following reasons: 1) In accordance with the provisions of subsection 22 of Article 16 of the Ley de Presupuesto number 7097, the legislator authorized, in favor of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, the transfer of the real property with surveyed plan number SJ-770593-88, located at Dirección1832, Cantón 14 Moravia, Provincia de San José, with the purpose that said land be used exclusively for the construction of the project called Parque Recreativo del Norte (folios 1 of the CGR evidence file; 11 to 14 of the IDA administrative file); 2) That this public purpose is consistent with the main objectives of the association in favor of which the real property with surveyed plan number SJ-770593-88 was segregated and transferred, since in accordance with the provisions of the third article of its bylaws, its purposes are: \"...to promote the ideal of service as the basis of all worthy enterprise and in particular to stimulate and promote the construction of a recreational and natural park for the recreation of the residents of the northern cantons of San José, and citizens in general. The promotion of activity through the construction of improvements for recreation and sports practice and the contemplation of nature, and fundraising for its development through periodic sessions, professional advice, community service activities, conferences, outreach programs and other related means...\" (folios 91 and 101 of the CGR evidence file); 3) In addition to the above, in the deed of segregation and transfer to the defendant association of the real property with surveyed plan number SJ-770593-88, it is described as \"...land today for building the Parque Recreativo del Norte, located at Dirección17412, ...\" (folio 07 of the CGR Evidence File), and it is registered in the registry under registered title folio number Placa28291, with the nature of land for building a recreational park (folio 03 of the CGR Evidence File); 4) Consequently, the purposes and objectives of the defendant Association are linked to public interests and directly connected to the existence of the Parque Recreativo del Norte, as the lawful means to fulfill the purposes established in its bylaws (see Articles 3, 4, 5, 7, 13 subsection d), 26, 33, 34 subsection 3 of the Ley de Asociaciones and 631 of the Código Civil), for which reason, the normal use of the real property should have been in accordance with the nature and purpose that justified the transfer of that asset. It is necessary to emphasize that parks—as developed in considerando V of this judgment—are destined for the service and recreation of people in general, in order to fulfill a higher objective which is the well-being of the community, in accordance with the provisions of Article 50 of the Constitución Política, for which reason, it is contrary to the legal system that it has been destined for a use different and exclusive to that which motivated its affectation and transfer to the Association; 5) In that sense, it has been proven that the area where the basketball courts and children's playgrounds are located is the only one open to public use, with the aggravating factor that, as can be seen from the satellite photograph of the real property visible at folio 126 of the CGR evidence file, said area represents fifteen percent of the total land that was destined exclusively for the construction of the Parque Recreativo del Norte (see folios 110, 114, 115 and 126 of the CGR evidence file; 10, 17 and 18 of the IDA administrative file and audiovisual backup of the judicial inspection carried out on September sixteenth, two thousand nine); 6) That in the remaining area, the Association authorized two private legal entities to carry out activities of a private nature that are contrary to the public use purpose of the Parque Recreativo del Norte, namely: 6.1) According to the records of the Patents Department of the Municipalidad de Moravia, from the year 2002 until the end of 2007, a nursery called La Sultana operated, which closed operations in the year 2007 and is delinquent in the payment of the business license tax (ver folios 140 of the judicial file; 116 to 118, 126 of the CGR evidence file and audiovisual backup of the judicial inspection carried out on September sixteenth, two thousand nine). In addition to the above, this Court was able to verify that the area where the nursery operated is currently access-restricted, since the access gate is closed, coupled with the fact that two people live in said place who stated they were dedicated to watching over that area (see audiovisual backup of the judicial inspection carried out on September 16, 2009); 6.2) That although it is true, a gymnasium was built for the practice of sports activities, as could be verified by lifting the carpet that currently covers the court of said facilities; it is also true, that the gymnasium is conditioned for holding religious activities of the Centro Cristiano de Excelencia congregation. On this point, it is important to highlight that since April twenty-fifth, two thousand six, the Mayor of Moravia denounced before the Board of Directors of the IDA, through official communication number DAMM 675-04-06 that “...the members of the Board of Directors of the Association have changed the nature of the real property, converting the sports gymnasium located therein, into a supposed convention center, but the truth is, that its new direction is that of a church...” (see folios 10, 17, 18, 80 to 89 of the administrative file of the Instituto de Desarrollo Agrario and audiovisual backup of the judicial inspection carried out on September sixteenth, two thousand nine); 6.3) That on April fifth, two thousand eight, the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte signed a lease agreement with the Asociación Centro Cristiano de Excelencia, over a part of the real property located at Dirección1834, of the Dirección4667, of the provincia de San José, registered in its name in the Public Property Registry, under the registered title system, registration number Placa28291, “...specifically the land located from the sports courts westward, up to the stream (river), land with an approximate measurement of twenty thousand square meters, and which currently consists of a built gymnasium and green areas. THIRD: That said property shall be used by the Lessee for holding religious services or related events, that help the integral development of (sic) society and individuals. FOURTH: The term of this contract shall be ten years starting from April eighth, two thousand eight, and may be extended for equal periods up to a total of thirty years. The extensions corresponding to each year must necessarily be formulated in writing in a new contract or addendum; there shall be no automatic or tacit extensions. FIFTH: The rental price for the indicated property shall be exactly two million four hundred sixty-two thousand colones (2,462,000.00), and an annual increase of ten percent is established in the payment for the lease of the property...” (see folios 275 to 278 of the judicial file); 7) That in accordance with the provisions of Articles 28 and 129 of the Constitución Política; 18 subsection 2 of the Ley General de la Administración Pública; 18 and 631 subsection 1 of the Código Civil; 26 of the Ley de Asociaciones and 4 in fine of the Bylaws of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, all contracts signed by the defendant with the purpose of giving an exclusive use different from the public use to which the real property called Parque Recreativo del Norte is affected, are absolutely null, for the following reasons: 7.a.) They are contrary to the lawful purpose pursued by the defendant Association according to Article 3 of its bylaws (folios 91 and 101 of the CGR evidence file); 7.b) They are contrary to the reason that supported the authorization for the transfer of said asset, which, in accordance with the provisions of subsection 22 of Article 16 of Law number 7097, was that the land be dedicated exclusively to the construction of the Parque Recreativo del Norte (folios 1 of the CGR evidence file and 11 to 14 of the IDA administrative file), and therefore, to the obligation to enter into contracts and acquire obligations that are lawful and possible according to the purposes pursued by the Association and the public domain nature (naturaleza demanial) of the asset (Articles 26 of the Ley de Asociaciones and 4 in fine of the Bylaws of the defendant Association); 7.c) Finally, they are contrary to the effective public use as a park, which has taken place in an area approximating fifteen percent of the total real property, which was not only destined, but has actually partially fulfilled the purpose of recreation for the residents of the northern cantons of San José and the community in general. 8) That for all the foregoing, this Court declares that: 8.a) By reason of the public domain nature (naturaleza demanial) of the Parque Recreativo del Norte and in accordance with the provisions of Articles 121 subsection 14 of the Constitución Política and 261 to 263 of the Código Civil, it is not possible to acquire a property right over an asset affected to a public service or use; 8.b) In accordance with the object of the proceeding, it is not for this Court to determine whether or not there are good-faith acquired rights of a patrimonial nature in favor of the defendant Association, therefore, if the defendant were to seek to assert any type of right on this matter, it must resort to the corresponding legal avenue, so that what is legally appropriate may be resolved; 8.c) In accordance with the provisions of Articles 121.14 of the Constitución Política; 261 to 263 of the Código Civil; 3 to 5, 7, 13 subsection d) of the Ley de Asociaciones; 3 of the Bylaws of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, the defendant incurred in an improper and exclusive use of the real property with surveyed plan number Placa28295, not only because it is contrary to the very purposes it pursues according to the provisions of Article 3 of its bylaws, but also, to the purpose that justified its transfer, which was, to be used exclusively for the construction of the Parque Recreativo del Norte; 8.d) In accordance with the provisions of Articles 28 and 129 of the Constitución Política; 18 subsection 2 of the Ley General de la Administración Pública; 18 and 631 subsection 1 of the Código Civil; 26 of the Ley de Asociaciones and 4 in fine of the Bylaws of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, all contracts signed by the defendant with the purpose of giving an exclusive use different from the public use to which the real property called Parque Recreativo del Norte is affected, are absolutely null.\n\nVIII. ON THE INACTIVITY OF THE AGRARIAN DEVELOPMENT INSTITUTE (IDA) RELATED TO THE FAILURE TO EXERCISE\nACTIONS TO RECOVER THE NORTHERN RECREATIONAL PARK. This Court finds that the\nAgrarian Development Institute (Instituto de Desarrollo Agrario) engaged in an omissive conduct contrary to the legal order,\nregarding the duty to protect, safeguard, and recover the Northern Recreational Park (Parque Recreativo del Norte), which was\nsevered from a public domain property registered in its name, based on a rule that was subsequently\ndeclared contrary to Constitutional Law. The foregoing is based on the following\nreasons: a) In order to guarantee that public domain assets fulfill the public purpose for which\nthey have been designated by express or presumed affectation, and as a consequence of the inherent characteristics of\ninalienability and imprescriptibility, Public Administrations have\nthe obligation to exercise the administrative and/or jurisdictional actions provided for by the\nlegal order, in order to protect and conserve public domain assets, in accordance\nwith the provisions of articles 121 subsection 14 in relation to 11 and 50 of the Political Constitution\n(Constitución Política); 261 and 263 of the Civil Code (Código Civil); 14 of the Forestry Law (Ley Forestal); 7, 8, 9 and 10 of the Internal Control Law (Ley de Control Interno); 37 of the Construction Law (Ley de Construcciones); 110 and following of the Financial Administration Law of the Republic and Public Budgets (Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos)—among others—. Therefore, for the exercise of actions\naimed at their recovery and protection, no statutes of limitations (prescripción) or expiry (caducidad) periods run, and the\nmeans available to Public Administrations for their effective recovery are\nimprescriptible, as established by articles 34 subsection 2 and 40 of the Contentious-Administrative Procedure Code\n(Código Procesal Contencioso Administrativo); b) Now, this Court has deemed it proven that the conduct\nin which the IDA maintains that it has fulfilled the duty imposed by the legal order to\nrecover the property with cadastral plan (plano catastrado) number SJ-770593-000, has been the following: b.1) By\nofficial letter number DAMM 675-04-06 of April twenty-fifth, two thousand six, the Municipal Mayor of\nMoravia, brought to the attention of the Agrarian Development Institute \"...some irregularities that have\nbeen occurring over time, in relation to a property now known as the Northern\nRecreational Park (Parque Recreativo del Norte), so that good offices may be interposed to give a definitive\nsolution to them (...) We add, that the members of the Board of Directors of the Association\nhave changed the nature of the property, turning the sports gymnasium located therein into a\nsupposed convention center, but the truth is, its new direction is that of a church...\"\n(folios 80 to 89 of the administrative file of the Agrarian Development Institute; and audiovisual backup\nof the judicial inspection (reconocimiento judicial) of September sixteenth, two thousand nine); b.2) That by\nofficial letter number DAJ-409 of May sixteenth, two thousand six, the Directorate of Legal Affairs of the\nIDA, submitted to the Board of Directors of that same entity, a report related to the facts\nbrought to its attention by the Municipal Mayor of Moravia, by official letter DAMM 675-04-06 of\nApril twenty-fifth, two thousand six, in whose conclusions it indicates: \"...Pursuant to what has been\nstated, the only possibility the Institute has is to resort to an action of\nUnconstitutionality against the atypical norm and consequently request the nullity of the transfer\ndeed, since in all other cases our rights are time-barred (prescritos) or expired (caducos). The\nobservation is made that if the Chamber accepts our thesis, we would eventually have to recognize for the\nAssociation Pro Construction of the Northern Recreational Park (Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte), the improvements introduced by them on\nthe land, as we cannot affect good faith acquired rights. If the recommendation of\nthe Directorate of Legal Affairs is accepted, it would be advisable for the Board to take an agreement in that sense and\nauthorize the Executive President to file the respective action. This Directorate does not share\nthe position of the Municipal Mayor in the sense that only the Institute has standing\nto take action since, as explained, we are not in the presence of a direct or\nindividual injury, hence the action can be filed by any person...\" (see folios 75 to 79 of the\nadministrative file of the IDA); b.3) That by agreement number 33 adopted in session number\n018-06 held on May twenty-second, two thousand six, the Board of Directors of the IDA, in accordance\nwith official letter number DAJ-409-06 from the Directorate of Legal Affairs of that same entity, agreed:\n\"...1. To grant a hearing to the Municipal Mayor of Moravia; 2. To commission the Executive Presidency, in\norder to formulate a consultation, both to the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República), and to the\nInternal Audit Office of the Institute, on the merits of this matter taking into account the criteria\nexpressed by the Legal Advisory Office of the Institute...\" (folio 74 of the administrative file of the IDA);\nb.4) That by official letter number FOE-DDJ-3035 of September twenty-first, two thousand six, the Comptroller General's Office (Contraloría General de la República), forwarded to the Agrarian Development Institute a complaint against the\nAssociation Pro Construction of the Northern Recreational Park and its President, \"...for alleged\nirregularities in the handling of funds and assets donated by the State for the construction of that\npark, specific budget items and lot from the IDA and for the closure of this property to the public...\". That the\nBoard of Directors of the IDA by agreement number 33 adopted in session number 033-06 held on October\nsecond, two thousand six, took cognizance of official letter FOE-DDJ-3035 of September twenty-first, two thousand\nsix, from the Comptroller General's Office and agreed \"...to commission the Legal Advisor of the Board\nof Directors, to present to this Board of Directors a report on the current status of this case in\norder to inform the interested party...\" (see folios 17, 18, 73 of the administrative file of the IDA);\nb.5) That by official letter number FOE-DDJ-0317 received on March eighth, two thousand seven, the Comptroller General's Office, requested \"...information on the actions taken by the IDA in relation\nto the problems presented with the use of the so-called Northern Recreational Park...\". That the\nBoard of Directors of the IDA by agreement number 9 of session 010-07 held on March twelfth, two thousand\nseven, took cognizance of official letter number FOE-DDJ-0317 and agreed \"...to inform the Comptroller General’s Office, that the unconstitutionality action has already been drafted and in turn to petition that\nBody to cooperate in said unconstitutionality action, which is going to be filed in due\ncourse...\" (see folio 71 of the administrative file of the IDA); b.6) That on October sixteenth,\ntwo thousand seven, the Comptroller General’s Office filed an unconstitutionality action\nagainst article 16 subsection 22 of the Extraordinary Budget Law number 7097 of August eighteenth, nineteen hundred eighty-eight, which had authorized the IDA to segregate a lot of up to\n25,000.06 square meters from farm number 267183, a property currently registered\nunder real folio registration number Placa28287. That said unconstitutionality action was\nassigned file number 07-013901-0007-CO (folios 17 to 26 of the evidence bundle of the CGR);\nb.7) That by official letter number PE-0123-2008 of January fourteenth, two thousand eight, the Executive President of the Agrarian Development Institute, requested the Directorate of Legal Affairs of\nthat same entity, to analyze \"...the ruling of the Constitutional Chamber that annulled the\nbudgetary norm by which land was donated for the northern recreational park. In accordance with\nthe information obtained, this Executive Presidency requires a legal opinion on the\nsituation raised, the possibility of recovering the asset in question, if there are rights in favor of\nprivate parties that could affect it or, if there are rights in favor of the IDA that must be safeguarded...\"\n(see folio 96 of the evidence bundle of the CGR and 9 of the administrative file of the IDA); b.8) That\nby official letter number DAJ-048-08 of January twenty-third, two thousand eight, the Directorate of Legal\nAffairs, in response to official letter number PE-0123-2008 of January fourteenth, two thousand eight\nsigned by the Executive President of the Agrarian Development Institute, reported that: \"...Although\nit is true, the Constitutional Chamber annuls the norm by which the IDA transferred a property to the\nNorthern Recreational Park Association (Asociación Parque Recreativo del Norte), in accordance with article 91 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional),\nthis declaration has declarative and retroactive effects, thus the administrative\nact that authorized the transfer would be considered as non-existent, returning things to their\noriginal state, that is, reverting the land to the Institution's patrimony. However,\nthere is currently no certainty regarding whether, in the ruling, the Constitutional Chamber annuls the transfer\nin and of itself and orders the cancellation of the registry entry or, if it is silent in that sense. In\nthe event that the Constitutional Chamber annuls the transfer act and orders the cancellation of the registry\nentry as a consequence, said act could only be executed by the Comptroller General's Office,\nsince it was that entity that filed the action and, the IDA was not given participation within\nthe process (...)\" Now, the ruling is currently in the process of signatures by the\nMagistrates of the Constitutional Chamber, so its comprehensive knowledge will be once\nthis procedural stage is concluded (sic), which will allow us to know with greater certainty what is pertinent\nregarding the nullity of the transfer act itself, the nullity of the registry entry as an immediate\nconsequence and, the reversion of the property to the institution's patrimony...\" (folios 97 to 98 of the\nevidence bundle of the CGR; 7 to 8 of the administrative file of the IDA); b.9) That the notice referred to\nby articles 88 and 90 paragraph 1 of the Constitutional Jurisdiction Law, regarding the publication of the operative part of the judgment, was published in the Judicial Bulletins\n(Boletines Judiciales) numbers 41, 42 and 43, dated 27, 28 and 29 February two thousand eight, respectively\n(folios 72, 93 to 95 of the evidence bundle of the CGR); b.10) That by official letter number Placa28292 of December\n16, two thousand eight, the General Manager of the IDA requested the Director of Legal\nAffairs, to \"...as soon as possible, inform me of the effects that the declaration of\nnullity of article 16, subsection 22, of Law No. 7097 of August 18, 1988, Extraordinary Budget Law of the Republic, had with respect to the act by which the IDA transferred the property to\nthe Northern Recreational Park Association...\" (folio 6 of the administrative file of the IDA); b.11)\nThat by official letter number DAJ-205 of March 16, two thousand nine, the Directorate of Legal Affairs\nof the IDA, informed the General Manager, that by judgment number 00056-2008 of fourteen hours\nforty-seven minutes on January ninth, two thousand eight, the unconstitutionality action filed\nby the Comptroller General’s Office was declared with merit and consequently,\narticle 16 subsection 22) of Law No. 7097 of August 18, 1988, published in Alcance No. 25 to La Gaceta No. 166 of September 1, 1988, which is the Extraordinary Budget Law of the Republic, was annulled for being unconstitutional, without prejudice to good faith acquired rights.\nLikewise, it was indicated that in file number 09-00076-1027-CA, a contentious-administrative\nprocess is being processed, filed by the Comptroller General’s Office against the Agrarian\nDevelopment Institute and the Association Pro Construction of the Northern Recreational Park (see folios 3 and\n4 of the administrative file of the IDA); b.12) That by official letter DAJ-667-09 of July twentieth,\ntwo thousand nine, the Directorate of Legal Affairs of the IDA, submitted to the Secretary General of the Institute\nof Agrarian Development, a report on the Northern Recreational Park and recommended \"...the\nauthorization of the initiation of proceedings, whether administrative or judicial, in order to proceed\nwith the recovery of the property registration Placa28291 of the San José District (Partido de San José) that is in\nthe name of the mentioned Association and to order the cancellation of the registration in the Public\nRegistry, to be able to include the land within the Institute's patrimony...\", which were\napproved by the Board of Directors of the IDA, by agreement number 27 of ordinary session number\n026-2009 held on July 28, two thousand nine (folios 157 to 160, 274 of the judicial file);\nc) From the foregoing, this Court considers that there is no administrative\nor jurisdictional action on the part of the IDA, that is relevant for achieving the effective recovery\nof the property with cadastral plan number Placa28295. In this sense, it should be noted that even though the\ndefendant entity was made aware since the year two thousand six, of the irregularities\nthat both the Municipality of Moravia and the Comptroller General’s Office imputed to the\ndefendant Association, (folios 73, 80 to 89 of the administrative file of the Agrarian Development\nInstitute), it was not until by agreement number 9 of session 010-07 of March twelfth, two thousand\nseven and as a result of the CGR by official letter number FOE-DDJ-0317-07 requesting information\nabout the actions related to the Northern Recreational Park, that it resolved to file in due\ncourse the unconstitutionality action against the provisions in subsection 22 of article 16 of\nLaw number 7097, which authorized the transfer of the property to the defendant Association (folio 71 of the\nadministrative file of the IDA). However, the unconstitutionality action was not\nfiled by the Agrarian Development Institute, but by the Comptroller General's Office,\neven though the IDA had standing to file the unconstitutionality action in accordance with\nthe provisions of article 75 of the Constitutional Jurisdiction Law; d) On the other hand, it should be highlighted that the IDA had knowledge of the declaration of unconstitutionality of subsection 22 of article 16 of Law 7097, even before on the twenty-seventh, twenty-eighth, and twenty-ninth of February\ntwo thousand eight, the notice with the operative part of the judgment, referred to\nby article 90 of the Constitutional Jurisdiction Law, was published (see folios 7 to 9 of the\nadministrative file of the IDA; 55, 93 to 95 of the Evidence Bundle of the CGR). Although it is\ntrue, it was argued by official letter number DAJ-048-08 of January twenty-third, two thousand eight, that they should wait\nfor the full publication of the judgment to \"...know with greater certainty, what is pertinent regarding the\nnullity of the transfer act itself, the nullity of the registry entry as an immediate consequence and,\nthe reversion of the property to the institution's patrimony...\" (folio 8 of the administrative file\nof the IDA); it is also true, that in accordance with the provisions in the second paragraph of article 88\nof the Constitutional Jurisdiction Law, from the first time the notice referred to\nin article 90 of the same law is published, the elimination from the legal order of\nthe norm declared contrary to the Political Constitution shall take effect. Added to the above, it should be highlighted that despite the full publication of the judgment occurring in Judicial Bulletin number 103 of\nMay twenty-ninth, two thousand eight (folios 82 to 85 of the evidence bundle of the CGR), it was not\nuntil that by official letter number Placa28292 of December sixteenth, two thousand eight, the General\nManager of the IDA requested to be informed as quickly as possible about \"...the effects that the\ndeclaration of nullity of article 16, subsection 22, of Law No. 7097 of August 18, 1988, Extraordinary Budget Law of the Republic, had with respect to the act by which the IDA transferred\nthe property to the Northern Recreational Park Association...\" (folio 6 of the administrative file\nof the IDA); e) Finally, it was not until July twentieth, two thousand nine, that by official letter\nnumber DAJ-667-09 and as a result of the period of three business days granted by this Court in a decree of the eight hours thirty minutes of July seventh, two thousand nine and in accordance with the provisions of\narticle 35.2 of the CPCA (folios 148 to 150 of the judicial file), the Directorate of Legal\nAffairs recommended \"...the authorization of the initiation of proceedings, whether administrative or\njudicial, in order to proceed with the recovery of the property registration Placa28291 of the San José District that is in the name of the mentioned Association and to order the cancellation of the\nregistration in the Public Registry, to be able to include the land within the\nInstitute's patrimony...\", which were approved by the Board of Directors of the IDA, by agreement number 27 of\nordinary session number 026-2009 held on July 28, two thousand nine (folios 157 to 160,\n274 of the judicial file); f) Consequently, the defendant entity did not exercise the\nactions aimed at protecting, conserving, and recovering public domain assets, despite the fact that: f.1)\nIt had to recover the property with cadastral plan number SJ-770593-88, as this was segregated from the\nparent farm (finca madre) number 267183-000, land that in accordance with the provisions of Executive Decrees (Decretos Ejecutivos) number 8005-G and 8059-G, was expropriated and acquired by the State and registered in the name of the\nIDA, with the purpose of allocating it to the public service it provides; f.2) It had knowledge that\nthe budgetary norm that had authorized that segregation and transfer, suffered from a vice of\nunconstitutionality. In that sense, it is worth noting that in agreement number 4 of session 21-89\nof March fourteenth, nineteen hundred eighty-nine, by which, it was agreed to prepare the\ndeed of transfer and donation of the Northern Recreational Park in favor of the defendant Association,\none of the members of the Board of Directors, opposed the transfer since \"...because in his\ncapacity as a lawyer, he considers that the authorization for the transfer of that lot is based on a\nbudgetary norm, which in his opinion is unconstitutional. Likewise, he wants to place on record that he\nis in favor of building centers like this and financing them at the State's expense, but within\nthe current legal order...\" (see folios 102 and 103 of the judicial file); f.3) Once\nthe unconstitutionality of subsection 22 of article 16 of Law 7097 was declared and both\nthe notices of the operative part, and the full judgment issued by the Constitutional Chamber were published, it was\nnot until the occasion of the transfer of the lawsuit that forms the basis of this process, that the initiation of proceedings, whether administrative or judicial, was recommended and\nauthorized, in order to proceed with the recovery of the property registration Placa28291 of the San José District that is in the name of the mentioned Association and to order the cancellation of the registration in the Public Registry, to be able to include the land within the Institute's patrimony; g) For all the foregoing, this\nCourt declares that the Agrarian Development Institute, engaged in an omissive conduct contrary\nto the provisions of articles 121 subsection 14 in relation to 11 and 50 of the\nPolitical Constitution; 261 and 263 of the Civil Code; 7, 8, 9 and 10 of the Internal Control Law; 37 of\nthe Construction Law; 110 and following of the Internal Control Law; 34 of the Contentious-Administrative Procedure Code, since it did not\nexercise the jurisdictional or administrative actions necessary to protect, conserve,\nand recover the public domain asset known as Northern Recreational Park. Therefore,\nin accordance with articles 192, 199, 200, 210, 211 and 213\nof the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública); 8 of the Internal Control Law; 110 subsections b), e),\np) and r) of the Financial Administration Law of the Republic and Public Budgets, the\nhead of the IDA is ordered to immediately initiate the internal proceedings on the merits in order\nto establish the pecuniary and/or disciplinary responsibility of the officials who participated in\nthe actions or omissions that caused the contrary conducts declared in this\njudgment. On the actions taken, a report must be rendered to the Executing Judge of this Court, within a\nperiod of three months counted from the finality of this judgment.\n\nIX.- ON THE SCOPE OF THE DECLARATION OF UNCONSTITUTIONALITY OF SUBSECTION 22 OF ARTICLE 16 OF LAW 7097 AND ITS INCIDENCE ON THE ACTS OF TRANSFER AND REGISTRATION OF THE PARQUE RECREATIVO DEL NORTE.\nThe Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, by judgment number 2008-00056 of fourteen hours forty-seven minutes on January ninth, two thousand eight, declared the unconstitutionality action filed in expediente number 07-13901-0007-CO to have merit, considering that “...the authorization introduced in Article 16 subsection 22) of the Ley de Presupuesto Extraordinario, Law No. 7097 of August 18, 1988, insofar as it allowed the Instituto de Desarrollo Agrario to segregate and donate to an Association a plot of land measuring twenty-five thousand square meters and six tenths of its property, is unconstitutional due to the legislative procedure that was followed. It is an atypical norm outside the budgetary content, through which a property of an autonomous state entity is disposed of, making it contrary to the Law of the Constitution. Therefore, it is clear that the norm analyzed here is unconstitutional, and consequently, must be annulled, noting that it will be in the ordinary jurisdiction where the existence of acquired rights, or the need to pay or not for improvements on the property whose transfer is being annulled by the norm in question, will be determined...” (folios 65 to 71 of the evidentiary file of the CGR). At this point, it is necessary to clarify the effects produced by judgments upholding unconstitutionality, in accordance with the provisions of Articles 88, 89, and 91 of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional). First, the judgment declaring the unconstitutionality and pronouncing the consequent annulment of the challenged norm or acts shall produce res judicata and eliminate the norm or act from the legal system, an elimination that shall take effect from the first time the notice with the operative part referred to in Article 90 of the same law is published. Second, the judgment declaring the unconstitutionality of a norm or law or general provision shall also declare the unconstitutionality of the other precepts thereof, or of any other law or provision whose annulment is evidently necessary by connection or consequence, as well as that of the challenged application acts. Lastly, the declaration of unconstitutionality shall have a declaratory and retroactive effect to the date the act came into force, all without prejudice to good faith acquired rights. Notwithstanding the foregoing, the constitutional judgment of annulment may graduate and dimension its retroactive effect in space, time, or matter, and shall dictate the necessary rules to prevent it from producing serious dislocations to social security, justice, and peace. Based on the rules set forth above, this Tribunal shall determine what the specific effects of the declaration of unconstitutionality of subsection 22 of Article 16 of the Ley de Presupuesto Extraordinario number 7097 are in this specific case, a point that is transcendental, given that said norm constituted the title that served as the basis for the authorization of the transfer of the property with cadastral plan number Placa28295, in favor of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte. In this sense, this Tribunal considers that: 1) Regarding the declaration of absolute nullity of the related acts concerning the transfer agreement, the transfer deed, and the registration entry under registration number Placa28291. If Article 16 subsection 22 of the Ley de Presupuesto Extraordinario number 7097, constituted the basis upon which the authorization to segregate and donate to the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, from farm number 267183, volume 2652, folio 13, entry 1, a lot of up to 25,000.02 square meters, with cadastral plan number Placa28295, bounded on the north by a public street, on the east by Urbanización Los Colegios, on the south by the Instituto de Desarrollo Agrario, and on the west by Dirección17416 (folio 01 of the evidentiary file of the CGR), consequently, as requested by the Contraloría General de la República in the initial filing of the unconstitutionality action (folios 25 and 26 of the evidentiary file of the CGR), it was appropriate that, pursuant to the provisions of Article 89 of Law number 7135, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice annul the transfer of the indicated property together with the norm that supported that act, just as it so ordered in the last paragraph of Considerando III of judgment number 2008-000056 (see folio 70 of the evidentiary file of the CGR). While it is true that the operative part of the indicated judgment does not make reference to the annulment of the transfer of the property whose segregation and donation was authorized by the norm declared unconstitutional (see folios 71, 72, 85, 93, 94, 95 of the evidentiary file of the CGR), it is also true that judgments issued in constitutional matters have the particularity of being binding not only regarding the aspects contemplated in their operative part, but also regarding those contained in the recital part, even if they do not appear in the Por tanto of the same. Notwithstanding the foregoing, and given that the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice did not specify which transfer acts it was annulling along with the norm declared unconstitutional, this Tribunal, in application of the principle of legal certainty and the provisions of Articles 456 and 472 of the Civil Code (Código Civil); Articles 128, 132, 133, 158 subsections 1 and 2, 166, 167, and 171 of the Ley General de la Administración Pública; declares that for suffering from a defect of absolute nullity, since they were issued based on a norm that was declared unconstitutional, the following acts are annulled: a) Agreement number 4 of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, adopted in session number 21-89 dated March 14, 1989, by means of which the Legal Department of the IDA was authorized to prepare the transfer and donation deed, in accordance with the provisions of the budget norm, Law No. 7097 published in Alcance No. 25 of La Gaceta No. 166 of September 1, 1988, of a lot with an area of 2 HA.3461.41m2, according to cadastral plan SJ-770.593-88, to be segregated from the farm located in the Cantons of Tibás and Moravia, property of the Instituto de Desarrollo Agrario, in favor of the Asociación Pro-Construcción del Parque Recreativo del Norte; b) Deed number 1, visible on folio 1 front of volume 10 at 16:00 hours on November 14, 1989, of the protocol of Notary Julio Sánchez Carvajal, by means of which the segregation and donation was made in favor of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, of a lot measuring 2 HA.3461,41m2. according to the plan registered in the Catastro Nacional under number SJ-770593-88 dated December seven, nineteen eighty-eight. This implies that the Archivo Nacional and the Registro Nacional must be notified of the annulment of the referenced notarial instrument, for the purposes of marginal annotations in the matrix of the respective protocol and the certified copies that may have been presented to the Registro Nacional; c) The registration in the Registro Público de la Propiedad Inmueble of the Partido de San José N° 370440 (presentation citations 376-14871-01) in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, therefore, the Registro Público de la Propiedad Inmueble is ordered to cancel said registration entry; 2) Regarding the determination of good faith acquired rights or the appropriateness of payment for improvements. Judgment number 2008-000056 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice declared unconstitutional the provisions of subsection 22 of Article 16 of the Ley de Presupuesto Extraordinario number 7097, “...noting that it will be in the ordinary jurisdiction where the existence of acquired rights, or the need to pay or not for improvements on the property whose transfer is being annulled by the norm in question, will be determined...” (folios 65 to 71 of the evidentiary file of the CGR). In this sense, it should be noted that, as can be deduced from the provisions of Articles 456 and 472 of the Civil Code, in relation to Articles 128, 132, 133, 158 subsections 1 and 2, 166, 167, and 171 of the Ley General de la Administración Pública, the registration entry of the land with cadastral plan number SJ-770593-88 in favor of the defendant Association would not have the effect of validating the title for the transfer of the property that was supported precisely by subsection 22 of Article 16 of Law 7097, which was declared contrary to the Political Constitution, even more so given that the property is a public domain asset (bien demanial) designated for a public use as a park. Consequently, the argument of the defendant party regarding having a good faith acquired right over the property of the public domain asset called Parque Recreativo del Norte, and therefore, that the declaration of unconstitutionality of the atypical budget norm cannot cause it harm, is inappropriate, since by reason of the public domain nature of that property and in accordance with the provisions of Articles 121 subsection 14 of the Political Constitution and 261 to 263 of the Civil Code, it is not possible to acquire a property right over an asset designated for a public service or use. Consequently, the acquired rights referred to by the defendant Association would be reduced to a purely patrimonial aspect, referring to the liquid funds that are already effectively part of the Association's patrimony and not to the property over the Parque Recreativo del Norte, nor to the validity over time of the contracts it currently maintains with a private law subject that allow it to dispose of the area where the gymnasium is located. In any case, and by reason of the object of the proceeding, it is not for this Tribunal to determine whether or not good faith acquired rights of a patrimonial nature exist, which is why, if the plaintiff intended to assert any type of right on this matter, it must resort to the corresponding judicial avenue, so that what is appropriate under the law may be resolved. As for the payment for improvements raised by the defendant Association, this is an aspect that is also foreign to the object of this proceeding, which is why, and in accordance with the provisions of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice itself when issuing judgment number 2008-00056, if the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte considers it has the right to be paid for improvements, it must file the respective lawsuit together with the necessary evidence, so that what is appropriate under the law may be resolved; 3) Regarding that the declaration of unconstitutionality of subsection 22 of Article 16 of Law 7097 and the annulment of the related acts do not have the power to de-designate (desafectar) the property destined for the public use as a park. In application of the provisions of Articles 261 of the Civil Code; 43 and 44 paragraph 1 of the Ley de Planificación Urbana; 37 of the Ley de Construcciones, as well as the principle of non-registration (in-matriculación) of public domain assets, the declaration of unconstitutionality of subsection 22 of Article 16 of the Ley de Presupuesto Extraordinario number 7097 and the consequent declaration of absolute nullity of agreement number 4 of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, adopted in session number 21-89 dated March 14, 1989; of deed number 1, visible on folio 1 front of volume 10 at 16:00 hours on November 14, 1989, of the protocol of Notary Julio Sánchez Carvajal; and of the registration in the Registro Público de la Propiedad of the Partido de San José N° 370440 (presentation citations 376-14871-01) in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, do not have the power to de-designate the land with cadastral plan number SJ-770593-88, since, as was demonstrated in point 3 of considerando VI of this judgment, there is a designation (afectación) of that property to an effective public use as a park, which is why the real condition of the asset prevails over its formal condition in the Registro Público. 4) For all the foregoing reasons, this Tribunal rules that judgment number 2008-000056 issued by the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice has the following scope in this specific case: 4.a) In accordance with Articles 456 and 472 of the Civil Code; 128, 132, 133, 158 subsections 1 and 2, 166, 167, and 171 of the Ley General de la Administración Pública, and the principle of legal certainty, the absolute nullity of the following acts is declared: i) agreement number 4 of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, adopted in session number 21-89 dated March 14, 1989; ii) deed number 1, visible on folio 1 front of volume 10 at 16:00 hours on November 14, 1989, of the protocol of Notary Julio Sánchez Carvajal. This implies that the Archivo Nacional and the Registro Nacional must be notified of the annulment of the referenced notarial instrument, for the purposes of marginal annotations in the matrix of the respective protocol and the certified copies that may have been presented to the Registro Nacional; iii) The registration in the Registro Público de la Propiedad of the Partido de San José N° 370440 (presentation citations 376-14871-01) in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, therefore, the Registro Nacional is ordered to cancel said registration entry; 4.b) That because it does not form part of the object of the proceeding, given that it was not requested by the defendant Association – as was specified during the sole hearing held on January seven, two thousand ten – it is not for this Tribunal to determine whether or not good faith acquired rights of a patrimonial nature exist, or the need to pay or not for improvements in favor of the defendant Association, which is why, if the latter intended to assert any type of right on this matter, it must resort to the corresponding judicial avenue, so that what is appropriate under the law may be resolved; 4.c) That in application of Articles 261 of the Civil Code; 43 and 44 paragraph 1 of the Ley de Planificación Urbana; 37 of the Ley de Construcciones, and the principle of non-registration of public domain assets, the declaration of unconstitutionality of subsection 22 of Article 16 of the Ley de Presupuesto Extraordinario number 7097 and the consequent declaration of absolute nullity of the indicated related acts, do not have the power to de-designate the land with cadastral plan number SJ-770593-88, since there exists a designation of that property to an effective public use as a park, which is why the real condition of the asset prevails over its formal condition in the Registro Público.\n\n \n\nX.- ON THE PRETENSIONS RELATING TO THE PARQUE RECREATIVO DEL NORTE RECOVERING THE REGISTRATION ENTRY AS PART OF FARM NUMBER 1-267183 AND TO THE I.D.A. TRANSFERRING THE PARK TO AN ORGAN OR ENTITY RESPONSIBLE FOR ADMINISTERING PUBLIC PARKS. While it is true that the declaration of absolute nullity shall have purely declaratory and retroactive effects to the date of the act (Article 171 of the Ley General de la Administración Pública), which would imply – in principle – restoring things to the state they were in at the time the act declared absolutely null was issued, it is also true that such restoration shall occur when it is possible to do so and current circumstances so allow. In this sense, this Tribunal considers that it is not possible for the land with cadastral plan number SJ-770593-88 called Parque Recreativo del Norte to recover its registration entry as an integral part of farm number 1-267183, from which it was segregated. This for the following reasons: a) Although the parent farm number 1-267183 constitutes a public domain asset, its purpose is not consistent with the public use purpose of a park to which the Parque Recreativo del Norte (property with cadastral plan number SJ-770593-88) is designated, since, as can be deduced from Decretos Ejecutivos of expropriation number 8005-G and 8059-G, the parent farm from which it was segregated is destined for the public service provided by the Instituto de Desarrollo Agrario (see proven facts 1 and 2 of considerando I of this judgment). In this sense, this Tribunal considers that the land destined for the Parque Recreativo del Norte could not once again become an integral part of farm 1-267183, as it is currently effectively designated for a public use as a park (see point 3 of considerando VI of this judgment), which is incompatible with the public service purpose to which that farm is destined; b) In this sense, it is worth recalling that in the land-use map (mapa de uso de suelo) number 239.2 of the Municipalidad de Moravia, farm number 370440, with cadastral plan number S-770593-88, is described as Parque Recreativo del Norte; which in turn, and in accordance with the provisions of Article 10 of the Reglamento al Plan Regulador of the Municipalidad de Moravia, is located in the public institutional zone of San Vicente, which is defined as that whose object is the establishment of cultural, educational, recreational, administrative facilities, convenient for an adequate development of the community (see folios 104 to 106 and 140 of the judicial file); c) That the southern boundary of the land with cadastral plan number SJ-770593-88 has suffered an alteration, as it no longer borders the parent farm number 1-267183 owned by the Instituto de Desarrollo Agrario, as indicated in the registration entry of the Partido de San José, registration number Placa28291, and in cadastral plan number SJ-770593-88 (see folios 3 and 11 of the evidentiary file of the CGR), but rather borders a public street, as this Tribunal was able to verify when conducting the judicial inspection (reconocimiento judicial) carried out on September sixteen, two thousand nine, as well as from the satellite photograph visible on folio 126 of the evidentiary file of the CGR. In addition to the above, from the document visible on folio 33 of the administrative file of the IDA, it appears that from the parent farm registered in the name of the Instituto de Desarrollo Agrario, under real folio registration number Placa28289, a plot of land measuring 5,040.88 m2 was also segregated in favor of the Orquesta Sinfónica Nacional, which is located exactly behind the public street bordering the Parque Recreativo del Norte to the south (see audiovisual record of the judicial inspection and the satellite photograph on folio 126 of the evidentiary file of the CGR). Likewise, that from that same parent farm, a property of 2 Has. 0679.95 m2 was sold to the Instituto de Fomento y Asesoría Municipal for ¢37,223,910.00 colones (thirty-seven million two hundred twenty-three thousand nine hundred ten colones without céntimos) (folio 33 of the administrative file of the IDA). All of the above implies that the current situation of the boundaries and the area of the parent farm number 267183 is not the same as that which was recorded in deed number one, of volume ten of the Protocol of Notary Public Julio Sánchez Carvajal, granted in the year nineteen eighty-nine (see folios 6 to 8 of the evidentiary file of the CGR); d) That from Articles 1, 15, 16, and 30 of the Law of the Instituto de Tierras y Colonización, it follows that the administration and conservation of parks is not the competence of the Instituto de Desarrollo Agrario, as the representative of the defendant entity herself raises as a defense argument when answering the lawsuit (folios 166 and 167 of the judicial file); e) That in accordance with the provisions of Articles 43 and 44 of the Ley de Planificación Urbana, the Mapa Oficial, together with the plans or the cadastre that complement it, shall constitute a reliable official registry regarding property and designation to public domain of the lands or spaces already given over to public uses; and that municipal ownership over the areas of streets, squares, gardens, parks, or other spaces open to public use in general, is constituted by that same use and its registration in the Registro de la Propiedad can be dispensed with if it appears on the Mapa Oficial; f) That as declared in considerando VI of this judgment and in accordance with the provisions of Articles 121 subsection 14; 261 to 263 of the Civil Code; 43 and 44 paragraph 1 of the Ley de Planificación Urbana; 37 of the Ley de Construcciones, as well as the principle of non-registration of public domain assets, the property with cadastral plan number Placa28295, located at Dirección1832, of Canton 14 Moravia, of the Province of San José, which is called Parque Recreativo del Norte, constitutes a public domain asset designated for the public use of a park. For all the foregoing and in accordance with the provisions of Article 122 subsections c) and g) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, 121 subsection 14 of the Political Constitution, 261 of the Civil Code, 43 and 44 of the Ley de Planificación Urbana, 37 of the Ley de Construcciones, 48 of the Reglamento del Registro Público (Decreto Ejecutivo number 26771-J), and 10 of the Reglamento al Plan Regulador of the Municipalidad de Moravia, this Tribunal orders the Instituto de Desarrollo Agrario: i) To prepare, through the Notaries of the Dirección de Asuntos Jurídicos of that entity, the transfer deed in the name of the Municipalidad de Moravia, for the property with cadastral plan number SJ-770593-88, located at Dirección1832, of Canton 14 Moravia, of the Province of San José; measuring 25,000.06 square meters; currently bounded on the north by a public street, on the south by a public street, on the east by a public street and others, on the west by the Sucesión de José Rivera and Quebrada, and whose nature is that of a public park called Parque Recreativo del Norte; ii) To carry out all pertinent steps to register the property with cadastral plan SJ-770593-88 described above, in the name of the Municipalidad de Moravia in the Registro Público de la Propiedad Inmueble; 3) Regarding the above, they must inform the Jueza Ejecutora of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda within a period of two months counted from the finality of this judgment.\n\n \n\nXI.- ON THE NON-CONFORMITY WITH THE LEGAL SYSTEM OF THE LEASE AGREEMENT ENTERED INTO BETWEEN THE ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO DE EXCELENCIA AND THE DEFENDANT ASSOCIATION. This Tribunal has established it as proven that on April fifth, two thousand eight, the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte entered into a lease agreement with the Asociación Centro Cristiano de Excelencia – which appears in this proceeding as an interested third party – over a part of the property located at Dirección1834, of canton 14 Moravia, of the province of San José, registered in its name in the Registro Público de la Propiedad, under the real folio system registration number Placa28291, “...specifically the land located from the sports fields westward, up to the stream (river), land with an approximate measurement of twenty thousand square meters, and which currently consists of a built gymnasium and green areas. THIRD: That said property shall be used by the Lessee for the holding of religious services or related events, which help the integral development of (sic) society and individuals. FOURTH: The term of this contract shall be ten years starting from April eight, two thousand eight, and may be extended for equal periods up to a total of thirty years. The extensions corresponding to each year must necessarily be formulated in writing in a new contract or addendum; there are no automatic or tacit extensions. FIFTH: The lease price for the indicated property shall be two million four hundred sixty-two thousand exact colones (Placa28297), and an annual ten percent increase is established in the payment for the lease of the property...” (see folios 275 to 278 of the judicial file). In this sense, and contrary to what the representative of the interested third party maintains, in accordance with the provisions of Articles 28 and 129 of the Political Constitution; 18 subsection 2 of the Ley General de la Administración Pública; 18 and 631 subsection 1 of the Civil Code; 26 of the Ley de Asociaciones; and 4 in fine of the Estatutos of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, the lease agreement entered into with the defendant, for the purpose of giving a private use that is different from the public use to which the property called Parque Recreativo del Norte is designated, is non-conforming with the legal system, for the following reasons: a) It is contrary to the lawful purpose pursued by the defendant Association according to Article 3 of its bylaws (estatutos) (folios 91 and 101 of the evidentiary file of the CGR); b) It is contrary to the reason that supported the authorization for the transfer of said asset, which, in accordance with the provisions of subsection 22 of Article 16 of law number 7097, was that the land be dedicated exclusively to the construction of the Parque Recreativo del Norte (folios 1 of the evidentiary file of the CGR and 11 to 14 of the administrative file of the IDA), and therefore, contrary to the obligation to enter into contracts and acquire obligations that are lawful and possible in accordance with the purposes pursued by the Association and the public domain nature of the asset (Articles 26 of the Ley de Asociaciones and 4 in fine of the Estatutos of the defendant Association); c) It is contrary to the effective public use as a park, which has been realized in an area of approximately fifteen percent of the total property, that not only was destined for, but in reality has partially fulfilled the purpose of recreation for the residents of the northern cantons of San José and the community in general; d) By virtue of the public domain nature of the Parque Recreativo del Norte and in accordance with the provisions of Articles 262 and 631 of the Civil Code, obligations whose object is a thing that is legally impossible are contrary to law, as in this case, where due to the public use as a park to which the property with cadastral plan Placa28298 is destined, it is removed from commerce (fuera del comercio de los hombres). Because of the foregoing, the request made by the representative of the interested third party, to the effect that the lease agreement remain in force for the term of ten years established in the fourth clause of said agreement, is inappropriate, since in accordance with the public domain nature of the Parque Recreativo del Norte, its use cannot be private, but must conform to the public use to which it is designated. Consequently, and for all the foregoing, this Tribunal declares that the lease agreement entered into by the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte and the Asociación Centro Cristiano de Excelencia, for the purpose of giving a private use that is different from the public use to which the property called Parque Recreativo del Norte is designated, is non-conforming with the legal system. That by reason of the above and what is set forth in considerandos VII and IX of this judgment, it is ordered that within a period of ten working days counted from the finality of this judgment, the eviction (desalojo) shall proceed both of the defendant Association and of the Asociación Centro Cristiano de Excelencia, and of any private law subject found on the property occupied by the Parque Recreativo del Norte, and the provisional possession of the property shall be granted to the Instituto de Desarrollo Agrario, until the registral entry of the transfer of said property in favor of the Municipalidad de Moravia is made effective. That the eviction and provisional possession proceeding for the property shall be the responsibility of the Jueza Ejecutora of the Tribunal Contencioso Administrativo, who shall execute it with the assistance of the Fuerza Pública, if necessary (Article 153 in fine of the Political Constitution).\n\nXII.- ON THE EXCEPTIONS FILED. The Instituto de Desarrollo Agrario only raised the exception of failure to join a necessary passive litis consortium, which was rejected by this Tribunal, by resolution number 1913-2009 of eleven hours on September ninth, two thousand nine. For its part, the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte raised the exceptions of statute of limitations (prescripción), lack of active and passive standing (legitimación ad causam activa y pasiva), and lack of right (falta de derecho). Regarding the defense of statute of limitations, having accredited the public domain nature (naturaleza demanial) of the property subject to the process, its rejection is necessarily required. It must be borne in mind that, in the case of the recovery and protection of public domain assets (bienes de dominio público), periods of statute of limitations or expiry do not run, given that the actions available to the State for their effective recovery are imprescriptible. This is so due to the particular characteristics of this type of assets. This is expressly established in Article 34, subsection 2 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Likewise, as long as absolutely null acts are producing effects, their annulment is possible, as derived from Article 40 of the same Procedural Code and Article 175 of the Ley General de la Administración Pública. The representative of the private law co-defendant must bear in mind that, against this type of annulment claims, the principle that acts vitiated by absolute nullity cannot be validated by time or by legal act, nor can they be cured, must prevail, as provided in Article 172 of the Ley General de la Administración Pública. In this specific case, it is essential to consider these principles: conduct related to the protection of public domain assets is being challenged, and furthermore, they are producing effects to date: the property is registered in the name of a private individual, despite being a park destined for the recreation of the residents of the northern cantons of San José and the general public, and its public domain nature. For the foregoing reasons, and by virtue of the fact that the plaintiff's claims are aimed at seeking the absolute nullity of administrative conduct affecting public domain assets that, to date, continue to produce effects, and also considering that this Tribunal verified such defect and declared the absolute nullity of the challenged formal conduct, the defense of statute of limitations alleged must be rejected. Regarding the lack of standing in its dual modality, this Tribunal considers that it must be rejected. The foregoing because, having analyzed this requirement, the conclusion is reached that, firstly, the plaintiff has sufficient active standing to participate in this process in light of Article 10, subsection 3) of the Código Procesal Contencioso Administrativo. This is because it concerns the defense and protection of assets that make up the Public Treasury (Hacienda Pública), as provided in Articles 8 and 9 of the Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, given that we are dealing with the recovery and protection of a public domain asset. Furthermore, the action is correctly directed against the Instituto de Desarrollo Agrario, as provided in Article 12, subsection 1) of the cited Procedural Code, as the author of both the formal conduct challenged and annulled in this judgment, and of omitted conduct that is contrary to the legal order. Also, the action is correctly directed against the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, as required by Article 12 already cited in its subsection 3), not only because, based on an atypical budgetary norm that was declared unconstitutional, an asset destined for public park use was registered in its name, which must therefore return to the public domain, but also because it made a private use of that property contrary to the public purpose for which it was destined. As regards the exception of lack of right, its rejection is also partially required, for the reasons that have already been extensively developed in the preceding recitals (considerandos). Consequently, the exception of lack of right is partially upheld, only insofar as it is not possible for the land with cadastral map number Placa28295 called Parque Recreativo del Norte to recover its registry inscription as an integral part of property number 1-267183, from which it was segregated, as indicated in recital X of this judgment.\n\nXIII.- COROLLARY. For all the reasons set forth in this resolution, it is appropriate to declare the claim partially upheld (con lugar), in the following terms: 1) It is declared that the property with cadastral map number Placa28295, located at Dirección1832, Cantón 14 Moravia, of the Province of San José, which is called Parque Recreativo del Norte and is currently registered in the Public Property Registry (Registro Público de la Propiedad) under real folio registration number Placa28291 of the Partido de San José, in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, constitutes a public domain asset (bien demanial) designated for public park use, which is unattachable (inembargable), imprescriptible, inalienable, and outside the commerce of men. Likewise, that the competent entity to exercise its administration is the Municipalidad de Moravia. 2) The absolute nullity of the following acts is declared: i) agreement number 4 of the Board of Directors (Junta Directiva) of the Instituto de Desarrollo Agrario, adopted in session number 21-89 dated March 14, 1989; ii) deed number 1, visible on folio 1 front of volume 10 at 16:00 hours on November 14, 1989, from the protocol of Notary Julio Sánchez Carvajal. iii) The inscription in the Public Property Registry of the Partido de San José N° 370440 (presentation citations 376-14871-01) in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte; 3) It is declared that the unconstitutionality of subsection 22 of Article 16 of the Ley de Presupuesto Extraordinario number 7097 and the consequent declaration of absolute nullity of the indicated connected acts, do not have the virtue of removing the designation (desafectar) of the land with cadastral map number SJ-770593-88, as the real condition of that asset prevails, insofar as it is designated for a public park use; 4) It is declared that the Instituto de Desarrollo Agrario incurred in omitted conduct contrary to the legal order, as it did not exercise the necessary jurisdictional or administrative actions to protect, conserve, and recover the public domain asset called Parque Recreativo del Norte; 5) It is declared that, by reason of the public domain nature of the Parque Recreativo del Norte, it is not possible for the defendant Association to have acquired a property right over an asset designated for a public service or use; 6) It is declared that, by reason of the subject matter of the process, it is not for this Tribunal to determine whether or not there are rights acquired in good faith of a patrimonial nature, or the need to pay or not for improvements (mejoras) in favor of the defendant Association, which is why, if it intends to assert any type of right in this regard, it must resort to the corresponding legal avenue, so that what is legally appropriate may be resolved; 7) It is declared that the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte incurred in an improper and private use of the property with cadastral map number Placa28295, not only because it is contrary to the very purposes it pursues as provided in Article 3 of its bylaws, but also to the purpose that justified its transfer, which was to be used exclusively for the construction of the Parque Recreativo del Norte; 8) It is declared that all acts and contracts signed by the defendant Association with the purpose of giving a private and different use from the public use to which the property called Parque Recreativo del Norte is designated, are absolutely null; 9) It is declared that the lease agreement signed by the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte with the Asociación Centro Cristiano de Excelencia, for the purpose of giving a private and different use from the public use to which the property called Parque Recreativo del Norte is designated, is contrary to the legal order; 10) It is ordered to notify the Archivo Nacional and the Registro Nacional of the annulment of deed number 1, visible on folio 1 front of volume 10 at 16:00 hours on November 14, 1989, from the protocol of Notary Julio Sánchez Carvajal, for the purposes of marginal annotations in the matrix of the respective protocol and the certified copies that may have been presented to the Registro Nacional; 11) The Public Property Registry is ordered to cancel the registry inscription of the Partido de San José N° 370440 (presentation citations 376-14871-01) in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte; 12) The Instituto de Desarrollo Agrario is ordered to prepare, through the Notaries of the Legal Affairs Directorate of that entity, the deed of transfer in the name of the Municipalidad de Moravia, for the property with cadastral map number SJ-770593-88, located at Dirección1832, Dirección4667, of the Province of San José; measuring 25,000.06 square meters; currently bordering to the north with a public street, to the south with a public street, to the east with a public street and others, to the west with the Sucesión de José Rivera y Quebrada, and whose nature is a public park called Parque Recreativo del Norte; 13) The Instituto de Desarrollo Agrario is ordered to take all pertinent steps to register the property with cadastral map Placa28295 described above, in the name of the Municipalidad de Moravia in the Public Property Registry. It must report on the foregoing to the Enforcement Judge (Jueza Ejecutora) of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, within a period of two months counted from the date this judgment becomes final (firmeza); 14) The head of the IDA is ordered to immediately initiate the relevant internal procedures to establish the pecuniary and/or disciplinary liability of the officials who participated in the actions or omissions that caused the contrary conduct declared in this judgment. They must report on the foregoing to the Enforcement Judge of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, within a period of two months counted from the date this judgment becomes final. 15) It is ordered that, within a period of ten business days counted from the date this judgment becomes final, the eviction (desalojo) of both the defendant Association and the Asociación Centro Cristiano de Excelencia, and any private law subject found on the property occupied by the Parque Recreativo del Norte, be carried out, and the property be placed in provisional possession of the Instituto de Desarrollo Agrario, until the registry inscription of the transfer of said property in favor of the Municipalidad de Moravia becomes effective. The eviction proceeding and placement in provisional possession of the property shall be the responsibility of the Enforcement Judge of the Tribunal Contencioso Administrativo, who shall execute it with the help of the Public Force (Fuerza Pública), if necessary.\n\nXIV.- ON THE MAINTENANCE OF THE PRECAUTIONARY MEASURE ADOPTED IN RESOLUTION NUMBER 392-2009 OF 15:00 HOURS ON 10-03-2009. In order to protect the subject matter of this process while this resolution becomes final, it is ordered to maintain the precautionary measures ordered by the Processing Judge (Juez Tramitador) of this Tribunal, through resolution No. 392-2009, of 15 hours on March 10, 2009, and in which it was ordered: \"The precautionary measure of annotation of claim (anotación de demanda) on the property of the partido de San José, registered under the Real Folio System registration number three hundred seventy thousand four hundred forty sub-registration zero zero zero (Placa28287) requested by the Contraloría General de la República, is granted, ordering the annotation agreed upon through the resolution of eight hours on February fourth, two thousand nine, to be maintained. This matter is resolved without special condemnation in costs...\".\n\nXV.- ON COSTS. In accordance with Article 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being so. The exemption from this condemnation is only viable when, in the judgment of the Tribunal, there is sufficient reason to litigate or when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In this case, this collegiate body finds no reason to apply the exceptions established by the applicable regulations and break the principle of condemning the losing party. Therefore, both costs are imposed on the Instituto de Desarrollo Agrario and the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte. Now, in accordance with articles 15 and 196 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, the Asociación Centro Cristiano de Excelencia, in its capacity as an interested third party (tercero interesado), shall not earn or pay costs.\n\nTHEREFORE (POR TANTO).\n\nThe exceptions of statute of limitations, lack of active and passive standing raised by the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte are rejected. The exception of lack of right raised by the defendant Association is partially upheld, only insofar as it is not possible for the land with cadastral map number SJ-770593-88 called Parque Recreativo del Norte to recover its registry inscription as an integral part of property number 1-267183, from which it was segregated. In all other respects, it is rejected. Consequently, the present claim is declared partially upheld, in the following terms, it being understood that it is denied in what is not expressly granted. Consequently: 1) It is declared that the property with cadastral map number SJ-770593-88, located at Dirección1832, Cantón 14 Moravia, of the Province of San José, which is called Parque Recreativo del Norte and is currently registered in the Public Property Registry under real folio registration number 370440-000 of the Partido de San José, in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, constitutes a public domain asset designated for public park use, which is unattachable, imprescriptible, inalienable, and outside the commerce of men. Likewise, that the competent entity to exercise its administration is the Municipalidad de Moravia. 2) The absolute nullity of the following acts is declared: i) agreement number 4 of the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario, adopted in session number 21-89 dated March 14, 1989; ii) deed number 1, visible on folio 1 front of volume 10 at 16:00 hours on November 14, 1989, from the protocol of Notary Julio Sánchez Carvajal. iii) The inscription in the Public Property Registry of the Partido de San José N° 370440 (presentation citations 376-14871-01) in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte; 3) It is declared that the unconstitutionality of subsection 22 of Article 16 of the Ley de Presupuesto Extraordinario number 7097 and the consequent declaration of absolute nullity of the indicated connected acts, do not have the virtue of removing the designation of the land with cadastral map number SJ-770593-88, as the real condition of that asset prevails, insofar as it is designated for a public park use; 4) It is declared that the Instituto de Desarrollo Agrario incurred in omitted conduct contrary to the legal order, as it did not exercise the necessary jurisdictional or administrative actions to protect, conserve, and recover the public domain asset called Parque Recreativo del Norte; 5) It is declared that, by reason of the public domain nature of the Parque Recreativo del Norte, it is not possible for the defendant Association to have acquired a property right over an asset designated for a public service or use; 6) It is declared that, by reason of the subject matter of the process, it is not for this Tribunal to determine whether or not there are rights acquired in good faith of a patrimonial nature, or the need to pay or not for improvements in favor of the defendant Association, which is why, if it intends to assert any type of right in this regard, it must resort to the corresponding legal avenue, so that what is legally appropriate may be resolved; 7) It is declared that the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte incurred in an improper and private use of the property with cadastral map number Placa28295, not only because it is contrary to the very purposes it pursues as provided in Article 3 of its bylaws, but also to the purpose that justified its transfer, which was to be used exclusively for the construction of the Parque Recreativo del Norte; 8) It is declared that all acts and contracts signed by the defendant Association with the purpose of giving a private and different use from the public use to which the property called Parque Recreativo del Norte is designated, are absolutely null; 9) It is declared that the lease agreement signed by the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte with the Asociación Centro Cristiano de Excelencia, for the purpose of giving a private and different use from the public use to which the property called Parque Recreativo del Norte is designated, is contrary to the legal order; 10) It is ordered to notify the Archivo Nacional and the Registro Nacional of the annulment of deed number 1, visible on folio 1 front of volume 10 at 16:00 hours on November 14, 1989, from the protocol of Notary Julio Sánchez Carvajal, for the purposes of marginal annotations in the matrix of the respective protocol and the certified copies that may have been presented to the Registro Nacional; 11) The Public Property Registry is ordered to cancel the registry inscription of the Partido de San José N° 370440 (presentation citations 376-14871-01) in the name of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte; 12) The Instituto de Desarrollo Agrario is ordered to prepare, through the Notaries of the Legal Affairs Directorate of that entity, the deed of transfer in the name of the Municipalidad de Moravia, for the property with cadastral map number SJ-770593-88, located at Dirección1832, Cantón 14 Moravia, of the Province of San José; measuring 25,000.06 square meters; currently bordering to the north with a public street, to the south with a public street, to the east with a public street and others, to the west with Dirección17417, and whose nature is a public park called Parque Recreativo del Norte. It must report on the foregoing to the Enforcement Judge of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, within a period of two months counted from the date this judgment becomes final; 13) The Instituto de Desarrollo Agrario is ordered to take all pertinent steps to register the property with cadastral map SJ-770593-88 described above, in the name of the Municipalidad de Moravia in the Public Property Registry. It must report on the foregoing to the Enforcement Judge of the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, within a period of two months counted from the date this judgment becomes final; 14) The head of the IDA is ordered to immediately initiate the relevant internal procedures to establish the pecuniary and/or disciplinary liability of the officials who participated in the actions or omissions that caused the contrary conduct declared in this judgment. On the actions taken, they must render a report to the Enforcement Judge of this Tribunal, within a period of three months counted from the date this judgment becomes final. 15) It is ordered that, within a period of ten business days counted from the date this judgment becomes final, the eviction of both the defendant Association and the Asociación Centro Cristiano de Excelencia, and any private law subject found on the property occupied by the Parque Recreativo del Norte, be carried out, and the property be placed in provisional possession of the Instituto de Desarrollo Agrario, until the registry inscription of the transfer of said property in favor of the Municipalidad de Moravia becomes effective. The eviction proceeding and placement in provisional possession of the property shall be the responsibility of the Enforcement Judge of the Tribunal Contencioso Administrativo, who shall execute it with the help of the Public Force, if necessary; 16) It is ordered to maintain the precautionary measures ordered by the Processing Judge of this Tribunal, through resolution No. 392-2009, of 15 hours on March 10, 2009; 17) The IDA and the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte are condemned to pay the procedural and personal costs of this process. The Asociación Centro Cristiano de Excelencia, in its capacity as an interested third party, shall not pay or earn costs; 18) Let the respective orders be issued to the Registro Nacional and the Archivo Nacional.\n\nMarianella Álvarez Molina\n\nJosé Roberto Garita Navarro Otto González Vílchez\n\nFILE: 09-000076-1027-CA\n\nORDINARY PROCEEDING DECLARED OF PREFERENTIAL PROCESSING\n\nPLAINTIFF: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA\n\nDEFENDANTS: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE\n\nTribunal Contencioso Administrativo,\nII Circuito Judicial de San José, Dirección04\nCentral 2545-00-03 Fax 2545-00-33\nEmail ...01\n\n________________________________________________________________________\n\nFILE: 09-000076-1027-CA\n\nORDINARY PROCEEDING DECLARED OF PREFERENTIAL PROCESSING\n\nPLAINTIFF: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA\n\nDEFENDANTS: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE\n\nNº 235-2010-Bis\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SIXTH SECTION. SECOND CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. ANNEX A. Goicoechea, at eight hours fifteen minutes on February fourth, two thousand ten.-\n\nOrdinary proceeding declared of preferential processing, filed by Nombre71822, of legal age, married, Attorney at Law and Business Administrator, resident of San José, identity card number CED29778, in her capacity as CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR), against the INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA), represented by Nombre34867, of legal age, married, attorney, resident of San Ramón de Alajuela, identity card number CED112349, in his capacity as general judicial attorney-in-fact of that entity; the ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE, legal entity ID number CED112350, represented by Nombre143067, identity card number CED112351, in his capacity as President with powers of general unlimited attorney-in-fact of that association. The ASOCIACIÓN CENTRO CRISTIANO DE EXCELENCIA, legal entity ID number CED112352, represented by Nombre143068, of legal age, married, businessman, resident of San José, identity card number CED112353, appears as an interested third party, in his capacity as President with powers of general unlimited attorney-in-fact of that association.\n\nDrafted by Judge Álvarez Molina, with the affirmative vote of Judges Garita Navarro and González Vílchez; and,\n\nRECITALS (CONSIDERANDO).\n\nONLY: It is appropriate to inform the petitioner that additions and clarifications (adiciones y aclaraciones) of a judgment are only appropriate to complement it in the event that any of the debated points has not been decided, or to explain the scope of what, in the ruling, might have been confusing - where applicable - in order to give it effective compliance. For this reason, it is not considered an appeal but a mere petition, which does not have the effect of causing a variation in the operative part (parte dispositiva) of the resolution, but only its addition and clarification. The petition presented by Nombre143067, in his capacity as President with Powers of General Unlimited Attorney-in-Fact of the Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte (see folio 360 of the judicial file), is inadmissible, because in essence, it seeks to challenge the recital part (parte considerativa) of judgment number 235-2010 of seven hours thirty minutes on January twenty-seventh, two thousand ten, specifically what was resolved in recitals number VI, VII, X, and XI, in which the aspects referred to by the defendant party and that gave rise to sections 1, 5, 7, and 9 of the Therefore (Por Tanto) of judgment 235-2010 are precisely developed; and not to clarify or add to said judgment in its operative part, which, as already indicated, finds support in the analysis contained in said recitals. For all the foregoing, the petition is declared inadmissible and must be so declared.\n\nTHEREFORE (POR TANTO).\n\nThe request for addition and clarification raised by the defendant party, Asociación Pro Construcción del Parque Recreativo del Norte, is rejected.\n\nMarianella Alvarez Molina\n\nJosé Roberto Garita Navarro Otto González Vílchez\n\nFILE: 09-000076-1027-CA\n\nORDINARY PROCEEDING DECLARED OF PREFERENTIAL PROCESSING\n\nPLAINTIFF: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA\n\nDEFENDANTS: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, ASOCIACIÓN PRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DEL NORTE"
}