{ "id": "nexus-sen-1-0034-503017", "citation": "", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Titulación de inmueble con pozo abandonado — alcance de la información posesoria", "title_en": "Title adjudication for land with abandoned well — scope of possessory information proceedings", "summary_es": "El Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José confirmó la sentencia de primera instancia que aprobó una información posesoria a favor de un ciudadano estadounidense sobre un inmueble de 25 hectáreas en Puntarenas. La Procuraduría General de la República apeló argumentando que no se realizó un estudio del pozo de agua subterránea existente en el predio para determinar si abastecía a alguna población o si debía reservarse, lo que implicaría excluir la zona de protección. El Tribunal sostuvo que la ley de Informaciones Posesorias no exige dicho estudio como requisito para titular, ya que las limitaciones ambientales y de dominio público sobre las aguas (artículos 45, 50 y 69 de la Constitución Política, y 8 de la Ley de Biodiversidad) son inherentes a todo título de propiedad y gravan implícitamente el inmueble inscrito. Distinguió entre un manantial activo que amerita protección futura y un pozo abandonado, señalando que en este caso no había constancia de naciente alguna. La resolución reitera que la propiedad debe cumplir su función ambiental y social, pero dentro del proceso de información posesoria no es exigible un estudio de AyA cuando no se acredita la existencia de un cuerpo de agua que requiera protección especial.", "summary_en": "The Agrarian Tribunal of the Second Judicial Circuit of San José upheld the lower court’s approval of possessory information proceedings for a 25-hectare property in Puntarenas. The Attorney General’s Office appealed, arguing that no study had been conducted on an existing underground well to determine if it supplied water to a community or should be reserved for public use, which would have required excluding a protection zone. The Tribunal held that the Possessory Information Law does not require such a study for titling, because environmental limitations and public ownership of waters (Articles 45, 50, and 69 of the Constitution and Article 8 of the Biodiversity Law) are inherent in all property titles and implicitly encumber the registered land. It distinguished between an active spring warranting future protection and an abandoned well, noting there was no evidence of any spring. The decision reaffirms that property must fulfill its environmental and social function, but within possessory information proceedings, an AyA study is not mandatory when no water body requiring special protection is proven.", "court_or_agency": "", "date": "13/12/2010", "year": "2010", "topic_ids": [ "water-law", "property-and-titling" ], "primary_topic_id": "property-and-titling", "es_concept_hints": [ "información posesoria", "dominio público", "función social y ambiental de la propiedad", "bienes demaniales", "Acueductos y Alcantarillados (AyA)", "zona de protección hídrica" ], "article_citations": [], "keywords_es": [ "información posesoria", "titulación de tierras", "protección de aguas", "dominio público", "función ambiental de la propiedad", "exclusión de zona de protección", "Constitución Política", "Ley de Biodiversidad", "pozo abandonado", "Procuraduría General" ], "keywords_en": [ "possessory information", "land titling", "water protection", "public domain", "environmental function of property", "protection zone exclusion", "Political Constitution", "Biodiversity Law", "abandoned well", "Attorney General" ], "excerpt_es": "El caso que señala la Procuradora Adjunta, de exigir un estudio a Acueductos y Alcantarillados, sobre el pozo que dice existe en la propiedad no es un requisito para corroborar la existencia de los requisitos para ser dueño de un inmueble, ni se desprende del artículo 11 ya citado que deba el Juez solicitarlo. La existencia de una serie de limitaciones de carácter agro ambiental, son parte del bloque de legalidad que asumen todos propietarios en este país, en cumplimiento de la función social, económica y ambiental de la propiedad, derivada de la propia Constitución Política, ( artículos 45,50,59) y de las leyes ordinarias como la Ley de Biodiversidad ( artículo 8 ) y que se encuentran implícitas en todos los títulos de propiedad. Es claro que cualquier propietario debe asumir que las aguas subterráneas o superficiales son de dominio público, por lo que los títulos que se emiten en informaciones posesorias llevan implícito ese gravamen.", "excerpt_en": "The case pointed out by the Deputy Attorney General, requiring a study by the Water and Sewer Institute on the well said to exist on the property, is not a requirement to verify the existence of the conditions for being an owner, nor does it follow from the cited Article 11 that the judge must request it. The existence of a series of agro-environmental limitations are part of the legal framework that all owners in this country assume, in fulfillment of the social, economic, and environmental function of property, derived from the Political Constitution itself (Articles 45, 50, 59) and from ordinary laws such as the Biodiversity Law (Article 8), and are implicit in all property titles. 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Goicoechea, a las trece horas cero\nminuto s del trece de diciembre de dos mil diez.-\n\n INFORMACIÓN POSESORIA, promovida por [Nombre1] , siendo [Nombre1] su apellido único en razón de su\nnacionalidad, Estadounidense, mayor, soltero, comerciante, vecino de Puntarenas, con pasaporte\nnúmero CED1 . Intervienen en el proceso, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por\nLydiana Rodríguez Paniagua , de calidades desconocidas en autos, en su condición de procuradora\nadjunta, y e l INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, cédula jurídica CED2 - - - , representado por\n[Nombre2] , mayor, divorciada, Master en Administración de Negocios , vecina de San José, cédula de\nidentidad número CED3 - - , en su condición de apoderada genera lísima sin limite de suma .\nTramitada ante el Juzgado Agrario de Puntarenas . Actúa como abogad o director del titulante, el\nlicenciad o Mariano Núñez Olivares , de calidades desconocidas en autos.-\n\nRESULTANDO:\n\n 1.- El promovente plantea proceso de información posesoria con el fin de que se inscriba a su\nnombre en el Registro Público de la Propiedad la finca que describe así: “ Terreno de repasto,\nsituado en San Pedro, [Dirección1] , , Provincia Sexta de Puntarenas, con los siguientes linderos,\nal Norte [Nombre3] y [Nombre4] , al Este con [Dirección2] con un frente a ella de cuatrocientos\nsesenta y un metros con veinticinco centímetros lineales, al Sur con [Nombre1] , y al Oeste con\n[Nombre5] , mide VEINTICINCO HECTÁREAS CON CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO METROS CON CINCUENTA Y\nCINCO DECÍMETROS CUADRADO, según plano catastro número P-UN MILLÓN SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS\nCINCUENTA Y OCHO-DOS MIL SEIS\", (folios 7 a 8).-\n\n2.- La Procuraduría General de la República y e l Instituto de Desarrollo Agrario, se apersonaron al\nproceso en los términos visibles de folios 23 a 25, 59 a 60, 62 a 67, 72 a 77, 118 a 124 y 30 ;\nrespectivamente, sin manifestar ambos su oposición a las presentes diligencias.-\n\n3.- La licenciad a Xinia González Grajales , juez a del Juzgado Agrario de Puntarenas , mediante\nsentencia de las once horas treinta minutos del catorce de junio de dos mil diez , resolvió: “ POR\nTANTO: De acuerdo a lo expuesto y citas de la ley se aprueba las presentes diligencias de\ninformación posesoria a nombre de [Nombre1] . Único apellido en razón de su nacionalidad\nestadounidense, mayor, soltero, comerciante, vecino de Santa Teresa de Cóbano Puntarenas,\n[Dirección3] supermercado Ronny, con pasaporte de su país número CED1 . En consecuencia: Libre de\ngravámenes y cargas reales, sin condueños y sin perjuicio de tercero de mejor derecho, proceda al\nRegistro Público, Sección Propiedad a inscribir a nombre de [Nombre1] . calidades antes dichas, el\nterreno que corresponde al plano catastro número P-1067358-2006.- SIto en San Pedro, [Dirección4] ,\n, de la Provincia de Puntarenas.- Se describe así: terreno de repasto, con los siguientes linderos:\nNORTE: [Nombre3] y [Nombre4] , SUR: otra finca de [Nombre1] . , ESTE: [Dirección5] con un frente de\ncuatrocientos sesenta y un metros lineales veinticinco centímetros lineales y un ancho de vía de\ncatorce metros lineales; OESTE: [Nombre6] . Dicha finca mide veinticinco hectáreas cuatrocientos\ncuarenta y ocho metros con cincuenta y cinco decímetros cuadrados. La causa adquisitiva es por\ndonación, estimada en diez mil colones. Una vez firme esta resolución expídase la certificación\ncorrespondiente autorizada únicamente por un juez del Despacho.- Se advierte que la presente\ntitulación queda afectada a las limitaciones y reservas que establece la Ley de Informaciones\nPosesorias en sus artículos 16 y 19. Asimismo, para la eliminación de árboles se debe contar con el\npermiso respectivo (artículo 27 de la Ley Forestal), se recomienda prácticas encaminadas a favorecer\nel equilibrio óptimo y preservación de los recursos naturales y el aprovechamiento sostenible del\nmedio ambiente\", (folios 125 a 131).-\n\n4.- La licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, en su condición de Procuradora Adjunta, formuló\nrecurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del\nJuzgado de instancia, (folios 135 a 146 ).-\n\n5. En la substanciación del proceso no se han observado las prescripciones legales, y se notan la\nexistencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.\n\n Redacta el Juez Bolaños Céspedes,y;\n\nCONSIDERANDO\n\n I. Se prohijan los hechos probados por estar ajustados al mérito de los autos. De la misma\ncategoría se agrega siguiente: 9. En el inmueble existe un pozo de agua pero se encuentra abandonado\n( declaración de [Nombre7] a folio 51)\n\n II. La Procuradora Adjunta Licenciada Lydiana Rodríguez Paniagua, Procuradora Adjunta de la\nRepública presenta recurso de apelación y nulidad concomitante contra el auto sentencia número\n23-2010 de las once horas y treinta minutos del catorce de junio del dos mil diez. Indica como\nmotivo de inconformidad ya planteado en la audiencia final que la sentencia que aqui se impugna fue\ndictada sin haber requerido un informe al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados,\ncon el fin de constatar si el pozo de aguas subterráneas ubicado en el inmueble a titular según\nprueba testimonial recibida, surte de agua a alguna población o si convenía reservarlo para tal fin,\nya que de ser así tenía que haberse excluido los doscientos o trescientos metros contiguos al\nmanantial , según la configuración del inmueble y la misma sentencia es omisa en ese punto. Pide la\nnulidad de la sentencia.( folio 135)\n\n III. Es importante, previamente a resolver el presente asunto recordar, que el trámite de\ninformación posesoria, es una actividad judicial no contenciosa que tiene como propósito autorizar a\nun propietario con un bien con un título no inscrito a inscribir su predio en el Registro Público.\nLo que hace el juzgador o la juzgadora es corroborar la existencia de los requisitos que le han dado\nsu condición de poseedor ad usucapionem. Ellos son los que se encuentran plasmados en la Ley de\nInformaciones Posesorias, tanto de carácter sustantivo como procesal. En lo sustantivo debe probar\nla condición de dueño, conforme lo exige el artículo 856; debe contar con plano catastrado, y\ndemostrar su posesión con tres testigos, salvo que su título sea superior a los diez años de\nadquisición, lo cual pueda probar con documento público no inscribible. Para el caso de terrenos con\nbosque debe acreditar la posesión ecológica, y en las situaciones de terrenos que actualmente formen\nparte del patrimonio natural debe probar la adquisición, con 10 años al menos de posesión previo a\nla declaratoria de la misma. En lo procesal debe, declararse con cáracter de declaración jurada la\ncondición de ser un poseedor sin título inscrito, recibirse los atestados de colindantes, que\nmanifiesten su conformidad, debe contarse con un edicto para efecto de terceros, otorgando las\naudiencias a las entidades de ley, que en este caso son el Instituto de Desarrollo Agrario y la\nProcuraduría General de la República, a fin de garantizar no se titulen propiedades de dominio\npúblico o agrícola del Estado; realizarse un reconocimiento judicial en los casos en que la ley lo\nexige y finalmente a fin de demostrarse el uso conforme del suelo se exige un certificado de un\nprofesional en la materia. El límite para inscribir por este medio es de trescientas hectáreas. En\nresumen esos son los requisitos que se exige por parte de las leyes vigentes. Por su parte el Juez,\ncuando lo crea conveniente, podrá ordenar todas aquellas diligencias que estime necesarias para\ncomprobar la veracidad de los hechos a que se refiere la información. Rechazará la misma si llegare\na constatar que se pretende titular indebidamente baldíos nacionales o terrenos pertenecientes a\ncualquier institución del Estado, lo mismo que reservas forestales, parques nacionales o reservas\nbiológicas. ( artículo 11 de la ley de Informaciones Posesorias). El caso que señala la Procuradora\nAdjunta, de exigir un estudio a Acueductos y Alcantarillados, sobre el pozo que dice existe en la\npropiedad no es un requisito para corroborar la existencia de los requisitos para ser dueño de un\ninmueble, ni se desprende del artículo 11 ya citado que deba el Juez solicitarlo. La existencia de\nuna serie de limitaciones de carácter agro ambiental, son parte del bloque de legalidad que asumen\ntodos propietarios en este país, en cumplimiento de la función social, económica y ambiental de la\npropiedad, derivada de la propia Constitución Política, ( artículos 45,50,59) y de las leyes\nordinarias como la Ley de Biodiversidad ( artículo 8 ) y que se encuentran implícitas en todos los\ntítulos de propiedad. Es claro que cualquier propietario debe asumir que las aguas subterráneas o\nsuperficiales son de dominio público, por lo que los títulos que se emiten en informaciones\nposesorias llevan implícito ese gravamen. Lo que en otras oportunidades han solicitado los juzgados\nagrarios a la vista de nacientes, es un estudio para determinar si esa naciente debe ser preservada\npara necesidades públicas en el futuro, pero no es del caso solicitar ese estudio en el presente\nproceso, pues no se tiene constancia de ninguna naciente, y la única referencia de un testigo acerca\nde un pozo, es que el mismo está abandonado con fundamento en los artículos 31 de la Ley de Aguas y\n7 de la Ley de Tierras y Colonización. Sí queremos aclarar, que lo afirmado anteriormente no\nsignifica que los propietarios en general no deban cumplir con los requisitos propios de la\nconservación de las aguas, como parte de las limitaciones a su derecho de propiedad; lo que se\nafirma es que para realizar los presentes trámites, en este caso concreto no es indispensable ni\nexigible. Por tal razón, en lo que ha sido objeto de apelación se confirma la sentencia en este\nextremo.\n\nPOR TANTO. \n\n Se confirma la sentencia. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n[Nombre8] \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n[Nombre9] [Nombre10] \n\n \n\n \n\nINFORMACIÓN POSESORIA\n\nEXP: EXPN1\n\nPROMOVENTE: [Nombre1] \n\nCPE", "body_en_text": "VOTE No. 1172 -F-10\n\nAGRARIAN TRIBUNAL OF THE SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. Goicoechea, at thirteen hours zero minutes on the thirteenth of December of two thousand ten.-\n\nPOSSESSORY INFORMATION, promoted by [Nombre1], being [Nombre1] his only surname due to his nationality, American, of legal age, single, merchant, resident of Puntarenas, with passport number CED1. Appearing in the proceedings are the OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC (PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA), represented by Lydiana Rodríguez Paniagua, whose qualifications are unknown in the case file, in her capacity as deputy attorney general, and the AGRARIAN DEVELOPMENT INSTITUTE (INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO), legal identification number CED2 ----, represented by [Nombre2], of legal age, divorced, Master in Business Administration, resident of San José, identity card number CED3 --, in her capacity as general representative without limit of sum. Processed before the Agrarian Court of Puntarenas. Acting as directing attorney for the applicant is licensed attorney Mariano Núñez Olivares, whose qualifications are unknown in the case file.-\n\nWHEREAS:\n\n1.- The applicant files a possessory information proceeding for the purpose of registering in his name in the Public Property Registry the property described as follows: \"Pasture land, situated in San Pedro, [Dirección1], , Sixth Province of Puntarenas, with the following boundaries, to the North [Nombre3] and [Nombre4], to the East with [Dirección2] with a frontage on it of four hundred sixty-one linear meters and twenty-five centimeters, to the South with [Nombre1], and to the West with [Nombre5], measuring TWENTY-FIVE HECTARES AND FOUR HUNDRED FORTY-EIGHT SQUARE METERS AND FIFTY-FIVE SQUARE DECIMETERS, according to cadastral map number P-UN MILLÓN SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO-DOS MIL SEIS\", (folios 7 to 8).-\n\n2.- The Office of the Attorney General of the Republic and the Agrarian Development Institute appeared in the proceedings under the terms visible in folios 23 to 25, 59 to 60, 62 to 67, 72 to 77, 118 to 124 and 30; respectively, neither of them expressing opposition to these proceedings.-\n\n3.- Licensed attorney Xinia González Grajales, judge of the Agrarian Court of Puntarenas, by means of judgment issued at eleven hours thirty minutes on the fourteenth of June of two thousand ten, resolved: \"THEREFORE: In accordance with the foregoing and legal citations, these possessory information proceedings are approved in the name of [Nombre1]. Only surname due to his American nationality, of legal age, single, merchant, resident of Santa Teresa de Cóbano Puntarenas, [Dirección3] Ronny supermarket, with passport from his country number CED1. Consequently: Free from liens (gravámenes) and real encumbrances (cargas reales), without co-owners and without prejudice to a third party with superior right, proceed to the Public Registry, Property Section to register in the name of [Nombre1], with the aforementioned qualifications, the land corresponding to cadastral map number P-1067358-2006.-- Located in San Pedro, [Dirección4], , of the Province of Puntarenas.-- It is described as follows: pasture land, with the following boundaries: NORTH: [Nombre3] and [Nombre4], SOUTH: another property of [Nombre1]., EAST: [Dirección5] with a frontage of four hundred sixty-one linear meters and twenty-five linear centimeters and a road width of fourteen linear meters; WEST: [Nombre6]. Said property measures twenty-five hectares, four hundred forty-eight meters and fifty-five square decimeters. The acquisitive cause is by donation, valued at ten thousand colones. Once this resolution is final, issue the corresponding certification authorized only by a judge of the Court.-- It is warned that this title is affected by the limitations and reservations established by the Law of Possessory Information in its articles 16 and 19. Likewise, for the felling of trees, the respective permit must be obtained (article 27 of the Forest Law (Ley Forestal)), practices aimed at favoring the optimal balance and preservation of natural resources and the sustainable use of the environment are recommended\", (folios 125 to 131).-\n\n4.- Licensed attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, in her capacity as Deputy Attorney General, filed an appeal with express indication of the reasons for which she refutes the thesis of the Court of first instance, (folios 135 to 146).-\n\n5. In the substantiation of the proceeding, the legal requirements have not been observed, and the existence of errors or omissions in the judgment capable of causing its nullity is noted.\n\nDrafted by Judge Bolaños Céspedes, and;\n\nWHEREAS\n\nI. The proven facts are adopted as they conform to the merits of the case file. The following is added to the same category: 9. On the property, there is a water well but it is abandoned (declaration of [Nombre7] at folio 51)\n\nII. Deputy Attorney General Licensed attorney Lydiana Rodríguez Paniagua, Deputy Attorney General of the Republic, files an appeal and concomitant motion for nullity against the judgment order number 23-2010 of eleven hours and thirty minutes of the fourteenth of June of two thousand ten. She indicates as a reason for disagreement, already raised at the final hearing, that the judgment challenged herein was rendered without having required a report from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), in order to verify whether the groundwater well located on the property to be titled, according to testimonial evidence received, supplies water to any population or whether it was advisable to reserve it for such purpose, since if that were the case, the two hundred or three hundred meters adjacent to the spring (manantial) had to have been excluded, depending on the configuration of the property, and the judgment itself is silent on this point. She requests the nullity of the judgment. (folio 135)\n\nIII. It is important, before resolving this matter, to recall that the possessory information proceeding is a non-contentious judicial activity whose purpose is to authorize an owner of a property with an unregistered title to register their property in the Public Registry. What the judge does is to corroborate the existence of the requirements that have given them their status as a possessor ad usucapionem. These are those set forth in the Law of Possessory Information, both of a substantive and procedural nature. In the substantive aspect, they must prove their condition as owner, as required by article 856; they must have a cadastral map, and demonstrate their possession with three witnesses, unless their title is older than ten years of acquisition, which they can prove with a non-registrable public document. For the case of lands with forest, ecological possession must be accredited, and in the situations of lands that currently form part of the natural heritage, they must prove acquisition, with at least 10 years of possession prior to its declaration. In the procedural aspect, they must declare under oath their condition as a possessor without a registered title, receive the attestations of adjoining landowners who express their conformity, there must be an edict for the purposes of third parties, granting hearings to the legally designated entities, which in this case are the Agrarian Development Institute and the Office of the Attorney General of the Republic, in order to guarantee that properties of the public domain or state agricultural domain are not titled; a judicial inspection must be carried out in cases where the law requires it, and finally, in order to demonstrate the compliant land use, a certificate from a professional in the field is required. The limit for registration by this means is three hundred hectares. In summary, these are the requirements demanded by current laws. For their part, the Judge, when they deem it convenient, may order any proceedings they consider necessary to verify the truthfulness of the facts referred to in the information. They shall reject it if they confirm that there is an attempt to improperly title national vacant lands (baldíos nacionales) or lands belonging to any State institution, as well as forest reserves, national parks, or biological reserves. (article 11 of the Law of Possessory Information). The case pointed out by the Deputy Attorney General, of requiring a study from the Institute of Aqueducts and Sewers regarding the well said to exist on the property, is not a requirement to corroborate the existence of the requirements to be the owner of a property, nor does it follow from article 11 already cited that the Judge must request it. The existence of a series of agro-environmental limitations are part of the body of law assumed by all owners in this country, in fulfillment of the social, economic, and environmental function of property, derived from the Political Constitution itself (articles 45, 50, 59) and from ordinary laws such as the Biodiversity Law (article 8), and they are implicit in all property titles. It is clear that any owner must assume that groundwater or surface water is of public domain, so the titles issued in possessory information proceedings carry that encumbrance implicitly. What agrarian courts have requested on other occasions upon the sight of springs (nacientes) is a study to determine if that spring must be preserved for public needs in the future, but it is not appropriate to request that study in the present proceeding, since there is no record of any spring, and the only reference from a witness about a well is that it is abandoned, based on articles 31 of the Water Law (Ley de Aguas) and 7 of the Land and Colonization Law (Ley de Tierras y Colonización). We do want to clarify that the foregoing statement does not mean that owners in general do not have to comply with the requirements specific to water conservation as part of the limitations on their property right; what is affirmed is that to carry out these proceedings, in this specific case it is neither indispensable nor demandable. For this reason, regarding what has been the subject of the appeal, the judgment is confirmed on this point.\n\nTHEREFORE.\n\nThe judgment is confirmed.\n\n[Nombre8]\n\n[Nombre9] [Nombre10]\n\nPOSSESSORY INFORMATION PROCEEDING (INFORMACIÓN POSESORIA)\n\nFILE: EXPN1\n\nAPPLICANT: [Nombre1]\n\nCPE" }