{ "id": "nexus-sen-1-0034-50948", "citation": "", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Principio de legalidad e irretroactividad penal en infracción a la Ley de ZMT", "title_en": "Principle of legality and non-retroactivity in ZMT Law violation", "summary_es": "La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia analiza un recurso de casación interpuesto contra una sentencia que condenó a la imputada por ocupación ilegal en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT). El tribunal de primera instancia tuvo por probado que la construcción ilegal ocurrió aproximadamente treinta años antes de la sentencia, es decir, alrededor de 1961. Sin embargo, la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (N° 6043) entró en vigencia hasta 1977. Por tanto, la Sala concluye que el fallo impugnado aplicó retroactivamente la ley penal, sancionando un hecho que al momento de su comisión no estaba tipificado como delito. Ello vulnera el principio de legalidad penal (artículo 1 del Código Penal) y el principio de irretroactividad de la ley (artículo 34 de la Constitución Política). En consecuencia, se casa la sentencia y se absuelve a la imputada de toda pena y responsabilidad. Se declara sin lugar el recurso por la forma por falta de fundamentación.", "summary_en": "The Third Chamber of the Supreme Court examines a cassation appeal against a conviction for illegal occupation in the Maritime-Terrestrial Zone (MTZ). The trial court held that the illegal construction occurred about thirty years before the judgment, i.e., around 1961. However, the Maritime-Terrestrial Zone Law (No. 6043) did not enter into force until 1977. Thus, the Chamber finds the lower court retroactively applied the criminal law to punish conduct that was not criminalized when committed, violating the principle of legality (Art. 1, Criminal Code) and the non-retroactivity principle (Art. 34, Constitution). The conviction is overturned, and the defendant is acquitted. The procedural appeal is dismissed for lack of substantiation.", "court_or_agency": "", "date": "", "year": "", "topic_ids": [ "criminal-environmental" ], "primary_topic_id": "criminal-environmental", "es_concept_hints": [ "Zona Marítimo Terrestre", "plazo de vigencia", "irretroactividad penal", "principio de legalidad", "tipicidad", "principio in dubio pro reo" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 12", "law": "Ley 6043" }, { "article": "Art. 64", "law": "Ley 6043" }, { "article": "Art. 34", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 1", "law": "Código Penal" } ], "keywords_es": [ "Zona Marítimo Terrestre", "irretroactividad", "principio de legalidad", "ocupación ilegal", "casación penal", "absolución", "Ley 6043" ], "keywords_en": [ "Maritime-Terrestrial Zone", "non-retroactivity", "principle of legality", "illegal occupation", "criminal cassation", "acquittal", "Law 6043" ], "excerpt_es": "Ahora bien, la ley citada, que es la número 6043, de 2 de marzo de 1977, fue publicada en el Alcance número 36 a la Gaceta número 52, de 16 de marzo de ese mismo año, fecha a partir de la cual entró en vigencia. 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Intervienen en la decisión del recurso los Magistrados Daniel González\nAlvarez, Presidente; Jesús Alberto Ramírez Quirós; Alfonso Chaves Ramírez; Rodrigo Castro Monge y el\nsuplente Agustín Atmetlla Cruz. Son partes la imputada, su defensor licenciado José Angel Ruíz\nCabalceta. Se apersonó la licenciada Ana Beleira Rojas Zamora como representante del Ministerio\nPúblico.-\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Que el Juzgado Penal de Santa Cruz, en sentencia dictada a las once horas del veintiséis de\nagosto de mil novecientos noventa y uno, resolvió: \"POR TANTO: De conformidad con lo expuesto y los\nartículos uno, cuatro, once, dieciocho, veintinueve, treinta, cuarenta y cinco, cincuenta, cincuenta\ny tres al cincuenta y seis, cincuenta y nueve y sesenta, setenta y uno, setenta y nueve, y ciento\ntres del Código Penal, artículos uno, siete, diez, doce, trece, veinte, veintidós y sesenta y cuatro\nde la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, y uno, trescientos noventa, trescientos noventa y dos,\ntrescientos noventa y tres, trescientos noventa y cinco, trescientos noventa y seis, trescientos\nnoventa y nueve, cuatrocientos veintiuno y quinientos doce, y quinientos cuarenta y dos del Código\nde Procedimientos Penales, se declara a Nombre01, autora responsable del delito de ocupación ilegal\nen la Zona Marítimo Terrestre, en perjuicio de El Estado, imponiéndole la pena de siete meses de\nprisión y se le concede el beneficio de ejecución condicional de la pena por un período de cuatro\naños, y se ordena la demolición de las obras que ocupa, en cumplimiento del artículo trece de la ley\nsobre la zona marítimo terrestre. Son las costas del proceso a cargo de la encardada (sic). Una vez\nfirme esta resolución, inscríbase la misma en el Registro Judicial de Delincuentes. Envíese copia de\nesta resolución a la Municipalidad de Santa Cruz, para que proceda a la demolición ordenada.\nNOTIFIQUESE\".-\n\n2.- Que contra el anterior pronunciamiento el defensor de la imputada interpuso recurso de casación.\nAlega en cuanto a los extremos admitidos, por la forma, en el cuarto motivo de su recurso (único de\nesta modalidad que fue admitido) la violación del aparte primero del artículo 393 del Código de\nProcedimientos Penales y nulidad de la sentencia de conformidad con los numerales 106 y 400, inciso\n4), ibídem, pues considera que el juzgador quebrantó las reglas de la sana crítica al no tomar en\ncuenta los principios lógicos y de la experiencia que deben reinar en la valoración de la prueba. En\ncuanto al recurso por el fondo como primer reclamo por violación de normas sustantivas, el\nrecurrente aduce quebranto de los artículos 12 y 64 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre y del\nartículo 1 del Código Penal. Estima que el hecho que se tuvo por cierto es atípico, pues a la fecha\nen que ocurrió todavía no se había dictado la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, de modo que esta\nfue aplicada a un hecho acaecido con anterioridad a su vigencia, contrariando el principio de\nlegalidad.-\n\n3.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 481\ndel Código de Procedimientos Penales, la Sala se planteó todas las cuestiones admitidas del\nrecurso.-\n\n4.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.-\n\nRedacta el Magistrado Ramírez; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- Recurso por la Forma.- En el cuarto motivo de su recurso por la forma (único de esta modalidad\nque fue admitido) el impugnante reclama violación del aparte primero del artículo 393 del Código de\nProcedimientos Penales y nulidad de la sentencia de conformidad con los numerales 106 y 400, inciso\n4), ibídem, pues considera que el juzgador quebrantó las reglas de la sana crítica al no tomar en\ncuenta los principios lógicos y de la experiencia que deben reinar en la valoración de la prueba.\nSus argumentos, sin embargo, no alcanzan a demostrar la existencia del vicio mencionado. En efecto,\nlo que el recurrente pretende es cuestionar en forma global la fundamentación del fallo y las\nconclusiones a que arribó el juzgador, sin señalar en concreto cuáles aspectos del razonamiento son\ncontrarios a las reglas de la sana crítica. Es decir, no se indica de qué modo viola la sentencia\nlos principios de la lógica, de la experiencia o de la psicología, que es lo que corresponde\nexaminar a través del motivo que nos ocupa. Por consiguiente, al no estar debidamente sustanciado,\nel reproche debe ser declarado sin lugar.\n\nII.- Recurso por el Fondo.- Primer Motivo.- En el primer reclamo por violación de normas\nsustantivas, el recurrente aduce quebranto de los artículos 12 y 64 de la Ley de la Zona Marítimo\nTerrestre y del artículo 1 del Código Penal. Estima que el hecho que se tuvo por cierto es atípico,\npues a la fecha en que ocurrió todavía no se había dictado la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre,\nde modo que esta fue aplicada a un hecho acaecido con anterioridad a su vigencia, contrariando el\nprincipio de legalidad. El reclamo lleva razón. En lo fundamental el fallo tuvo por demostrado que,\n\"hace aproximadamente treinta años\", la encartada Nombre01 construyó, en forma ilegal, una casa de\nmadera y un rancho \"...dentro de los cincuenta metros correspondientes a la Zona Pública de la Zona\nMarítimo Terrestre de Playa Brasilito\"; (Considerando Primero, folio 110 vuelto). Tal hecho fue\nsancionado de conformidad con los artículos 1, 7, 10, 12, 13, 20, 22 y 64 de la Ley sobre la Zona\nMarítimo Terrestre; (Considerando Tercero, folio 112 vuelto). Ahora bien, la ley citada, que es la\nnúmero 6043, de 2 de marzo de 1977, fue publicada en el Alcance número 36 a la Gaceta número 52, de\n16 de marzo de ese mismo año, fecha a partir de la cual entró en vigencia. Por ello, si el hecho que\nse tuvo por cierto ocurrió hace unos treinta años, (aproximadamente en 1961), en ese momento todavía\nno había sido promulgada la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. Entonces, la aplicación de esa\nnormativa al caso concreto, resulta violatoria del artículo 34 de la Constitución Política, que\nestablece el principio de irretroactividad de la ley, como también del artículo 1 del Código Penal,\nque consagra el principio de legalidad. En efecto, el fallo aplica retroactivamente los numerales 12\ny 64 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, para sancionar un hecho que, al momento en que se\nprodujo, no se hallaba tipificado por ninguna norma penal. En esa tesitura, lo que procede es acoger\neste primer motivo de la impugnación por el fondo, casar la sentencia recurrida y absolver de toda\npena y responsabilidad a la encartada Nombre01, conocida como Nombre02, por el delito de Infracción\na la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre que se le ha venido atribuyendo en perjuicio del Estado.-\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara sin lugar el motivo cuarto (único subsistente) del recurso por la forma. Se acoge el\nprimer motivo del recurso por el fondo. Se casa la sentencia recurrida y se absuelve de toda pena y\nresponsabilidad a la encartada Nombre01, conocida como Nombre02, por el delito de Infracción a la\nLey sobre la Zona Marítimo Terrestre que se le ha venido atribuyendo en perjuicio del Estado.-\n\nDaniel González A.\n\nJesús Alb. Ramírez Q. Alfonso Chaves R.\n\nRodrigo Castro M. Agustín Atmetlla C.\n\nMag. Suplente \n\nLic. Ricardo Salas P.\n\nSecretario a.í.\n\nImp-Dig Laav\n\nExp-714-91\n\nVoto No V=52-F-92", "body_en_text": "00052\n\nRuling 052-F-92\n\nTHIRD CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE\n\nSan José, at fourteen hours and fifteen minutes on the twenty-ninth of January of nineteen ninety-two.-\n\nCassation appeal filed in the present case against Nombre01, of legal age, widow, resident of Guanacaste, identity card CED01, for the crime of ILLEGAL OCCUPATION IN THE MARITIME TERRESTRIAL ZONE to the detriment of THE STATE. The following Magistrates participate in the decision on the appeal: Daniel González Alvarez, Presiding Judge; Jesús Alberto Ramírez Quirós; Alfonso Chaves Ramírez; Rodrigo Castro Monge and the substitute Agustín Atmetlla Cruz. The parties are the accused, her defense attorney licensed José Angel Ruíz Cabalceta. The licensed Ana Beleira Rojas Zamora appeared as representative of the Public Prosecutor's Office.-\n\nWHEREAS:\n\n1.- That the Criminal Trial Court of Santa Cruz, in a sentence issued at eleven hours on the twenty-sixth of August of nineteen ninety-one, resolved: \"THEREFORE: In accordance with the foregoing and articles one, four, eleven, eighteen, twenty-nine, thirty, forty-five, fifty, fifty-three to fifty-six, fifty-nine and sixty, seventy-one, seventy-nine, and one hundred three of the Penal Code, articles one, seven, ten, twelve, thirteen, twenty, twenty-two and sixty-four of the Law on the Maritime Terrestrial Zone, and one, three hundred ninety, three hundred ninety-two, three hundred ninety-three, three hundred ninety-five, three hundred ninety-six, three hundred ninety-nine, four hundred twenty-one and five hundred twelve, and five hundred forty-two of the Code of Criminal Procedure, Nombre01 is declared to be the responsible perpetrator of the crime of illegal occupation in the Maritime Terrestrial Zone, to the detriment of The State, imposing upon her the penalty of seven months of imprisonment and granting her the benefit of conditional execution of the sentence for a period of four years, and the demolition of the structures she occupies is ordered, in compliance with article thirteen of the law on the maritime terrestrial zone. The costs of the proceedings are to be borne by the accused (sic). Once this resolution is final, register it in the Judicial Registry of Offenders. Send a copy of this resolution to the Municipality of Santa Cruz, so that it may proceed with the ordered demolition. NOTIFY\".-\n\n2.- That against the preceding pronouncement, the defendant's defense attorney filed a cassation appeal. Regarding the admitted grounds, on procedural grounds, in the fourth ground of his appeal (the only one of this type that was admitted), he alleges a violation of the first subsection of article 393 of the Code of Criminal Procedure and nullity of the sentence in accordance with numerals 106 and 400, subsection 4), ibidem, as he considers that the judge breached the rules of sound criticism by failing to take into account the logical principles and those of experience that must prevail in the evaluation of evidence. As for the appeal on the merits, as a first claim for violation of substantive norms, the appellant alleges a breach of articles 12 and 64 of the Law on the Maritime Terrestrial Zone and of article 1 of the Penal Code. He considers that the fact held as true is atypical, since on the date it occurred the Law on the Maritime Terrestrial Zone had not yet been enacted, so it was applied to a fact that occurred prior to its entry into force, contrary to the principle of legality.-\n\n3.- That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of article 481 of the Code of Criminal Procedure, the Chamber considered all the admitted issues of the appeal.-\n\n4.- That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.-\n\nDrafted by Magistrate Ramírez; and,\n\nWHEREAS:\n\nI.- Appeal on Procedural Grounds.- In the fourth ground of his appeal on procedural grounds (the only one of this type that was admitted), the appellant claims a violation of the first subsection of article 393 of the Code of Criminal Procedure and nullity of the sentence in accordance with numerals 106 and 400, subsection 4), ibidem, as he considers that the judge breached the rules of sound criticism by failing to take into account the logical principles and those of experience that must prevail in the evaluation of evidence. His arguments, however, do not succeed in demonstrating the existence of the mentioned defect. In effect, what the appellant intends is to globally question the reasoning of the judgment and the conclusions reached by the judge, without specifically indicating which aspects of the reasoning are contrary to the rules of sound criticism. That is, it is not indicated in what way the sentence violates the principles of logic, experience, or psychology, which is what should be examined through the ground at hand. Consequently, as it is not properly substantiated, the objection must be declared without merit.\n\nII.- Appeal on the Merits.- First Ground.- In the first claim for violation of substantive norms, the appellant alleges a breach of articles 12 and 64 of the Law on the Maritime Terrestrial Zone and of article 1 of the Penal Code. He considers that the fact held as true is atypical, since on the date it occurred the Law on the Maritime Terrestrial Zone had not yet been enacted, so it was applied to a fact that occurred prior to its entry into force, contrary to the principle of legality. The claim is well-founded. Fundamentally, the judgment held as demonstrated that \"approximately thirty years ago,\" the defendant Nombre01 illegally built a wooden house and a ranch \"...within the fifty meters corresponding to the Public Zone of the Maritime Terrestrial Zone of Playa Brasilito\"; (Considering I, folio 110 verso). Such fact was penalized in accordance with articles 1, 7, 10, 12, 13, 20, 22 and 64 of the Law on the Maritime Terrestrial Zone; (Considering III, folio 112 verso). However, the cited law, which is number 6043, of March 2, 1977, was published in Supplement number 36 to Gazette number 52, of March 16 of that same year, the date from which it entered into force. Therefore, if the fact held as true occurred some thirty years ago (approximately in 1961), at that moment the Law on the Maritime Terrestrial Zone had not yet been enacted. Thus, the application of that regulation to the specific case is in violation of article 34 of the Political Constitution, which establishes the principle of non-retroactivity of the law, as well as article 1 of the Penal Code, which enshrines the principle of legality. In effect, the judgment retroactively applies numerals 12 and 64 of the Law on the Maritime Terrestrial Zone, to penalize a fact that, at the time it occurred, was not typified by any criminal norm. In this context, what is appropriate is to uphold this first ground of the appeal on the merits, overturn the appealed sentence, and acquit the defendant Nombre01, known as Nombre02, of all penalty and responsibility for the crime of Violation of the Law on the Maritime Terrestrial Zone that has been attributed to her to the detriment of the State.-\n\nTHEREFORE:\n\nThe fourth ground (the only remaining one) of the appeal on procedural grounds is declared without merit. The first ground of the appeal on the merits is upheld. The appealed sentence is overturned, and the defendant Nombre01, known as Nombre02, is acquitted of all penalty and responsibility for the crime of Violation of the Law on the Maritime Terrestrial Zone that has been attributed to her to the detriment of the State.-\n\nDaniel González A.\n\nJesús Alb. Ramírez Q. Alfonso Chaves R.\n\nRodrigo Castro M. Agustín Atmetlla C.\n\nSubstitute Magistrate\n\nLic. Ricardo Salas P.\n\nActing Secretary\n\nImp-Dig Laav\n\nExp-714-91\n\nVote No. V=52-F-92" }