{ "id": "nexus-sen-1-0034-518312", "citation": "", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Comiso de vehículo en delito de caza ilegal es imperativo bajo la Ley de Vida Silvestre", "title_en": "Vehicle forfeiture for illegal hunting crime is mandatory under the Wildlife Law", "summary_es": "El Tribunal de Casación Penal de Cartago confirma la sentencia condenatoria por caza ilegal y rechaza el recurso de casación. Los imputados fueron condenados por cazar tepezcuintles y un pizote dentro de una reserva protegida, utilizando perros y un vehículo. La defensa argumentó que el comiso del vehículo era desproporcionado frente a la pena de trabajo comunitario, pero el tribunal sostiene que el comiso es una consecuencia accesoria sui generis regida por el principio de proporcionalidad, no por el de culpabilidad. Sin embargo, al existir una norma imperativa (art. 94 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre) que ordena el comiso de los vehículos utilizados para la caza, el tribunal está obligado a decretarlo, independientemente de la proporcionalidad en el caso concreto. Se rechazan también los agravios sobre fundamentación, debido proceso y correlación entre acusación y sentencia.", "summary_en": "The Criminal Appeals Court of Cartago upholds the conviction for illegal hunting and dismisses the appeal. The defendants were convicted of hunting pacas and a coati inside a protected reserve, using dogs and a vehicle. The defense argued that the forfeiture of the vehicle was disproportionate compared to the community service penalty, but the court holds that forfeiture is a sui generis accessory consequence governed by the principle of proportionality, not culpability. However, since there is a mandatory provision (Art. 94 of the Wildlife Conservation Law) ordering the forfeiture of vehicles used for hunting, the court is obligated to decree it regardless of proportionality in the specific case. The other grievances regarding reasoning, due process, and correlation between accusation and sentence are also rejected.", "court_or_agency": "", "date": "", "year": "", "topic_ids": [ "wildlife-law-7317" ], "primary_topic_id": "wildlife-law-7317", "es_concept_hints": [ "comiso", "caza ilegal", "Ley de Conservación de la Vida Silvestre", "proporcionalidad", "tepezcuintle", "pizote", "tipo penal" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 94", "law": "Ley de Conservación de la Vida Silvestre" }, { "article": "Art. 88", "law": "Ley 7530" }, { "article": "Art. 184", "law": "Código Procesal Penal" }, { "article": "Art. 50", "law": "Código Penal" }, { "article": "Art. 110", "law": "Código Penal" } ], "keywords_es": [ "comiso de vehículo", "caza ilegal", "Ley de Vida Silvestre", "proporcionalidad", "cacería furtiva", "artículo 94", "tepezcuintle", "pizote", "reserva protegida", "recurso de casación", "tenencia ilegal de arma" ], "keywords_en": [ "vehicle forfeiture", "illegal hunting", "Wildlife Law", "proportionality", "poaching", "Article 94", "paca", "coati", "protected reserve", "cassation appeal", "illegal possession of firearm" ], "excerpt_es": "Ese es el caso de la Ley 7317 ( Ley de Conservación de la Vida Silvestre) vigente al momento de los hechos aquí acusados que disponía en su artículo 94 (tipo penal aplicado en este proceso) el comiso del equipo utilizado y de las piezas que constituyan el producto de la infracción, en este caso de la cacería ilegal dentro de una zona protegida. En igual forma, establece dicha norma que: “Las armas pasarán a poder del Ministerio de Seguridad Pública para ser usadas o, en su defecto, destruirlas. Las trampas cogedoras y demás utencilios de caza al igual que los vehículos utilizados pasarán a ser propiedad de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de la presente ley”. Por ello, estima ésta Cámara que en el caso del delito contemplado en el artículo 94 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre resulta imperativo imponer el comiso de los vehículos que se hayan utilizado para realizar la cacería [...] Así mismo pretendían salir de la reserva con sus presas y los perros en el mismo vehículo citado cuando fueron detenidos por los oficiales de policía y del Minaet. Por lo anterior, se rechaza el motivo.", "excerpt_en": "This is the case of Law 7317 (Wildlife Conservation Law) in force at the time of the events charged, which provided in its Article 94 (criminal provision applied in this process) for the forfeiture of the equipment used and the pieces that constitute the product of the infraction, in this case of illegal hunting within a protected area. Likewise, said regulation establishes that: \"The weapons shall be transferred to the Ministry of Public Security to be used or, failing that, destroyed. The catching traps and other hunting utensils as well as the vehicles used shall become the property of the General Directorate of Wildlife of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines, in accordance with the provisions of the Regulations of this law.\" Therefore, this Chamber considers that in the case of the crime contemplated in Article 94 of the Wildlife Conservation Law, it is mandatory to impose the forfeiture of the vehicles that have been used to carry out the hunting [...] Likewise, they intended to leave the reserve with their prey and the dogs in the same vehicle mentioned when they were detained by police officers and Minaet officials. Therefore, the ground is dismissed.", "outcome": { "label_en": "Appeal dismissed", "label_es": "Sin lugar el recurso", "summary_en": "The cassation appeal is dismissed, upholding the convictions for illegal hunting and illegal possession of a firearm, and the mandatory forfeiture of the vehicle under Article 94 of the Wildlife Conservation Law.", "summary_es": "Se declara sin lugar el recurso de casación, confirmando las condenas por caza ilegal y tenencia ilícita de arma, y el comiso obligatorio del vehículo según el artículo 94 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando III", "quote_en": "Therefore, this Chamber considers that in the case of the crime contemplated in Article 94 of the Wildlife Conservation Law, it is mandatory to impose the forfeiture of the vehicles that have been used to carry out the hunting.", "quote_es": "Por ello, estima ésta Cámara que en el caso del delito contemplado en el artículo 94 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre resulta imperativo imponer el comiso de los vehículos que se hayan utilizado para realizar la cacería." }, { "context": "Considerando III", "quote_en": "Starting then from the fact that it is an accessory consequence of a sui generis type, we consider that it must be governed by the principle of proportionality and not by that of culpability.", "quote_es": "Partiendo entonces del hecho de que es una consecuencia accesoria de tipo sui generis, estimamos que la misma debe regirse por el principio de proporcionalidad y no por el de culpabilidad." }, { "context": "Considerando III (cita Ley 7317)", "quote_en": "The weapons shall be transferred to the Ministry of Public Security to be used or, failing that, destroyed. The catching traps and other hunting utensils as well as the vehicles used shall become the property of the General Directorate of Wildlife.", "quote_es": "Las armas pasarán a poder del Ministerio de Seguridad Pública para ser usadas o, en su defecto, destruirlas. Las trampas cogedoras y demás utencilios de caza al igual que los vehículos utilizados pasarán a ser propiedad de la Dirección General de Vida Silvestre." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [ { "ref_id": "nexus-sen-1-0034-518312", "url": "", "kind": "related_voto", "label": "", "nexus_id": "sen-1-0034-518312" }, { "ref_id": "nexus-sen-1-0034-544139", "url": "", "kind": "related_voto", "label": "", "nexus_id": "sen-1-0034-544139" } ] }, "source_url": "", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [ { "doc_id": "norm-12648", "norm_num": "7317", "norm_name": "Ley de Conservación de la Vida Silvestre", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "30/10/1992" } ], "sentencias_relacionadas": [ "sen-1-0034-518312", "sen-1-0034-544139" ], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Res: 2011-198\n\nExp: 08-000413-0636-PE \n\n Tribunal de Casación Penal de Cartago. A las once horas y cuarenta minutos del treinta de junio de\ndos mil once.\n\n Recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra C., […], B., […], y C., […],\npor el delito de Infracción a la Ley de Vida Silvestre en perjuicio de La Vida Silvestre.\nIntervienen en la decisión del recurso, los jueces Ronald Cortés Coto, Guillermo Sojo Picado y\n[Nombre5] . Se apersonaron en casación, los licenciados [Nombre6] , en calidad de defensor\nparticular de los encausados y [Nombre7] representante del Ministerio Público.\n\nResultando:\n\n 1. Que mediante sentencia No.187-2010 de las trece horas del veintiséis de noviembre del dos mil\ndiez, el Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de la Zona Sur, resolvió: \"POR TANTO: De\nconformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 1, 30, 45, 71, 110 del\nCódigo Penal; 94, 104 de la Ley 7317 o Ley de Conservación de la Vida Silvestre; 88 de la Ley 7530\nde Armas y Explosivos; 1, 7, 9, 142, 360, 361, 363, 364, 365 367 del Código Procesal Penal, se\nDECLARA A C. autor responsable de un delito de CAZA ILEGAL y un DELITO DE TENENCIA ILICITA DE ARMA\nPERMITIDA, cometidos en perjuicio de LA VIDA SILVESTRE y LA SEGURIDAD PUBLICA, en concurso ideal y\nen carácter se le impone como sanción el tanto de DOS MESES DE PRESTACION DE SERVICIO DE UTILIDAD\nPUBLICA, a favor y en la forma que se determine una vez firme el fallo. Se declara a C. y B.,\ncoautores responsables del delito de CAZA ILEGAL en perjuicio de LA VIDA SILVESTRE, en tal carácter\nse les impone como sanción el tanto de CIEN MIL COLONES DE MULTA a cada uno de ellos, dinero que\ndeberán depositar a favor de la Dirección General de Vida Silvestre, quince días después de la\nfirmeza del fallo. Se ordena el comiso a favor del Estado, de: CINCO perros de cacería, cuatro\nhembras y un macho; una carabina marca Rugen,modelo 10-22, serie 290-08132; un vehículo Marca Toyota\nEstilo Hilux, [Placa1] Se ordena como medida cautelar la anotación de la existencia de este proceso\nal margen de inscripción del automotor placas [Placa2]. Se rechaza la medida cautelar de depósito\nprovisional a favor del Santuario Caña Blanca de Puerto Jiménez de cinco perros de cacería. Son los\ngastos del proceso a cargo del Estado. Quedan las partes informadas de la totalidad del fallo, por\nser oral. Eduardo Rojas Sáenz Juez de Juicio.\" (sic)\n\n 2. Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado [Nombre6] interpuso el recurso de\ncasación.\n\n 3. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465\ndel Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.\n\n 4. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\n Redacta el Juez Cortés Coto, y;\n\nConsiderando:\n\n I- El recurso de casación reúne los requisitos establecidos por los numerales 437, 458, 460 a 462\ndel Código Procesal Penal por lo que se entra a conocer de sus motivos.\n\n II- En su primer motivo del recurso, el defensor particular de los imputados, Licenciado [Nombre9]\n, alega violación al principio de fundamentación, debido proceso, derecho de defensa, principio de\noralidad por vicio absoluto. Estima que las violaciones citadas existen en tanto ni el debate ni la\nsentencia se pueden escuchar, lo que hace que no pueda apreciar la defensa todos y cada uno de los\npuntos previstos en la sentencia de marras. Indica que tal aspecto atenta contra el debido proceso\npor no poder accesar a lo debatido en juicio y poder preveer o advertir defectos o declaraciones tan\nnecesarias en la realización de cualquier reclamo. Sin lugar el reclamo. Esta Cámara ha procedido a\nescuchar y ver el DVD que contiene tanto el debate como la sentencia oral objeto de impugnación,\npudiendo constatar que tanto las actuaciones como la sentencia son perfectamente audibles. Si bien,\nel audio no tiene el volumen deseado, basta con utilizar los parlantes del equipo de cómputo para\npoder escuchar perfectamente todo lo dicho por el juzgador en su sentencia oral. De manera que el\nreclamo de la defensa no es de recibo. Cabe agregar que no consta tampoco que el recurrente\nreclamara ante el Tribunal de Juicio que el DVD que se le entregó tuviera problemas de audio, como\npara que dicho despacho le solucionara el problema y de ser necesario le repusiera el término para\nrecurrir en casación. Por lo expuesto, no se han producido los vicios alegados.\n\n III- En su segundo motivo del recurso, el recurrente alega falta de fundamentación y violación al\nprincipio de proporcionalidad. Indica que el imputado C. fue sancionado con dos meses de trabajo\ncomunitario y a su vez con el comiso del vehículo de su propiedad, siendo que se le sancionó por una\ntenencia ilegítima de arma. Estima que la sanción de comiso resulta mucho más gravosa que la pena\naplicada, por lo que es desproporcionada. La sanción penal no se compara con el daño económico\ncausado al imputado quien está obligado a perder su vehículo que es más valioso que la pena\naplicada. Agrega que el vehículo vale según Tributación Directa un millón quinientos diez mil\ncolones, lo que tiene más valor que dos meses de trabajo comunitario. Sin lugar el reclamo. Esta\nCámara recientemente en relación al comiso, su naturaleza jurídica y su proporcionalidad en un caso\nde conducción temeraria expresó lo siguiente: \"Efectivamente como lo apunta la sentencia 1009-2010\ndel Tribunal de Casación del Segundo Circuito Judicial de San José, el comiso no puede considerarse\nuna pena accesoria en tanto no está contemplada como tal en el artículo 50 del Código Penal, ni se\nrige por el principio de culpabilidad, dado que como se ha resuelto jurisprudencialmente (Vgr Res\n1016-2008 Tribunal de Casación Segundo Circuito Judicial de San José), es aplicable incluso en casos\nen que el autor del hecho no resulte condenado. Es acertada también la posición del Tribunal de\nCasación del Segundo Circuito Judicial de San José, en cuanto a que el comiso es aplicable solamente\na delitos dolosos ( cfr. [Nombre10] y [Nombre11] Lecciones de Derecho Penal. Madrid, Editorial\nTrotta. 1997, pp 244; [Nombre12] Hans Tratado de Derecho Penal. Tomo 2. Barcelona, Bosch. 1978, pp\n1103; [Nombre13] . Manual de Derecho Penal. México. Cárdenas Editores. 1988. pp 745). Sin embargo,\nmantenemos nuestra posición en cuanto a que como consecuencia en este caso accesoria de tipo sui\ngeneris o cuasipenal, responde a criterios de prevención general y a la idea de pérdida de la\npropiedad sobre los instrumentos del delito, incidiendo sobre el reo que puede ser afectado de un\nmodo más riguroso por el comiso que por la pena misma, con lo cual se considera que cumple con\ncriterios de prevención especial al disuadir al autor de reincidir en su conducta. ( Ver. [Nombre12]\nTratado de Derecho Penal. Parte General . pp 1102-1103). Partiendo entonces del hecho de que es una\nconsecuencia accesoria de tipo sui generis, estimamos que la misma debe regirse por el principio de\nproporcionalidad y no por el de culpabilidad. De modo tal que pese a lo dispuesto en el numeral 110\ndel Código Penal, es posible al juzgador valorar la aplicación del comiso, de acuerdo al hecho\nconcreto y la lesión al bien jurídico tutelado, de modo que no resulte cercano a una confiscación.\nEn ese sentido indica [Nombre13]: \"No obstante, dada la amplitud con que nuestra ley prevé el\ndecomiso ( se refiere al comiso) éste debe limitarse en los casos que resulte ser una pena\ntremendamente desproporcionada, cuya crueldad sea irracional, o bien, cuando por su enormidad, se\nacerque a la confiscación\" (ZAFFARONI Manual de Derecho Penal, pp 745). Por su parte [Nombre14]\nexpresa que el comiso no está sometido al principio de culpabilidad sino al de proporcionalidad. El\n74b I prescribe, por tanto no imponer el comiso, siempre que la ley no lo imponga obligatoriamente,\nsi fuera desproporcionado a la importancia del hecho (por ej; no debe imponerse el comiso de un\nautomovil con el que se ha cometido un delito de contrabando de poca importancia\" ( [Nombre12] .\nTratado de Derecho Penal, pp 1103). Para la aplicación del principio de proporcionalidad se dice\n\"que no se trate de las ganancias ni de los instrumentos y efectos del delito de comercio ilícito, y\nque se cumpla alternativamente una de las tres condiciones siguientes: a) que el valor de los bienes\nno guarde proporción con la naturaleza de la infracción penal, b) que el valor no guarde relación\ncon la gravedad del delito, c) que se hayan satisfecho completamente las responsabilidades civiles.\nPara establecer si se dan las condiciones a) o b) debe atenderse la clase de bien jurídico lesionado\no puesto en peligro por la infracción dolosa, la forma de ataque o puesta en peligro del mismo, el\nmayor o menor grado de reproche que se atribuya al autor y los daños materiales y morales producidos\npor el hecho punible...\" [Nombre15] , [Nombre16] . El comiso: análisis sistemático e instrumentación\ncautelar. Editorial Universidad del Rosario, 1ª edición, Bogotá, 2007, págs. 79-80. (Citado por Res\n1009-2010 Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José). Desde ésta\nperspectiva es necesario no solo el análisis de la naturaleza del bien jurídico tutelado por el\ndelito (en este caso la conducción temeraria), sino las circunstancias del hecho concreto, como\nserían el grado de alcohol con el que se conducía, el reproche mayor o menor que se le pueda hacer\nal autor, y las consecuencias de su actuar (si produjo daños materiales o morales) y ponderarse ello\ncon el bien a comisar (valor del automotor) para determinar si la sanción es proporcional o no. En\nese sentido, no concordamos con el recurrente ni con el criterio expuesto en el voto 1009-2010 del\nTribunal de Casación del Segundo Circuito Judicial de San José, en cuanto estima que en todo delito\nde conducción temeraria resulta contrario al principio de proporcionalidad el aplicar el comiso.\nEllo no puede ser así, dado que el bien jurídico tutelado que es la Seguridad Común, reviste suma\nimportancia, por cuanto se trata de proteger la integridad física y la vida de las personas que\ntransitan por nuestras calles, la buena disciplina en la conducción de los vehículos, lo cual\ndisminuye los riesgos que ésta actividad produce. La vida y la salud de las personas se ve expuesta\na un enorme peligro cuando una persona conduce un vehículo en estado de ebriedad\" (Res 2011-176\nTribunal de Casación Penal de Cartago). Lo anterior, resulta aplicable siempre y cuando no exista\nuna norma que obligatoriamente imponga el comiso de los instrumentos con los que se cometió el\ndelito, pues en esos casos resulta imperativo para el Tribunal decretar el mismo precisamente por\ncuanto el legislador ha considerado necesario que así sea por el especial carácter del bien jurídico\ntutelado. Ese es el caso de la Ley 7317 ( Ley de Conservación de la Vida Silvestre) vigente al\nmomento de los hechos aquí acusados que disponía en su artículo 94 (tipo penal aplicado en este\nproceso) el comiso del equipo utilizado y de las piezas que constituyan el producto de la\ninfracción, en este caso de la cacería ilegal dentro de una zona protegida. En igual forma,\nestablece dicha norma que: \"Las armas pasarán a poder del Ministerio de Seguridad Pública para ser\nusadas o, en su defecto, destruirlas. Las trampas cogedoras y demás utencilios de caza al igual que\nlos vehículos utilizados pasarán a ser propiedad de la Dirección General de Vida Silvestre del\nMinisterio de Recursos Naturales, Energía y Minas, de conformidad con lo que establezca el\nReglamento de la presente ley\". Por ello, estima ésta Cámara que en el caso del delito contemplado\nen el artículo 94 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre resulta imperativo imponer el comiso\nde los vehículos que se hayan utilizado para realizar la cacería, lo cual ocurrió con el automotor\nmarca Toyota Hilux [Placa1] propiedad del encartado, pues en él se transportaron los imputados hasta\nla entrada de la propiedad en cuestión, y en él transportaron los perros que utilizaron para poder\ncazar los tres tepezcuintles y el pizote. Así mismo pretendían salir de la reserva con sus presas y\nlos perros en el mismo vehículo citado cuando fueron detenidos por los oficiales de policía y del\nMinaet. Por lo anterior, se rechaza el motivo.\n\n IV- En su tercer motivo, la defensa alega violación al debido proceso y al derecho de defensa.\nAduce que la práctica realizada por la Policía del Minaet se llevó a cabo sin contar con testigo\najeno a la investigación que hubiese advertido sobre la legalidad del acto realizado. Invoca el\nartículo 184 del Código Procesal Penal que indica que la advertencia o inspección se realizará en\npresencia de un testigo que no deberá tener vinculación con la policía. Sin lugar el reclamo. El\nreclamo es confuso, no explica el recurrente en qué consiste la alegada violación al derecho de\ndefensa y el debido proceso. En todo caso, se desprende del fallo oral y del propio informe policial\nde folio 1, que en la investigación no solo participaron funcionarios del Minaet, sino también de la\nFuerza Pública, y particulares vinculados con la Finca Las Alturas del Bosque Verde, siendo que\nentre todos desarrollan un operativo conjunto que duró cerca de 36 horas y con el cual logran\ncapturar a los imputados cuando se apersonan al vehículo en que se habían transportado hasta la\nentrada de la finca, introduciendo los endilgados los perros y los animales silvestres cazados\nilegalmente en el cajón del citado automotor. De tal forma que no existe vicio alguno que decretar.\n\n V- En su cuarto motivo del recurso, el defensor de los imputados alega violación del principio de\ncorrelación entre acusación y sentencia. Indica que la sentencia sanciona al imputado C. del delito\nde tenencia ilegal de arma, dado que en el debate no se logra demostrar el hecho acusado de\nportación de arma. Al ser una tenencia, no encaja dentro del cuadro teórico o tesis del Ministerio\nPúblico, pues el delito de tenencia es distinto al de portación, con acciones y sanciones distintas.\nPor ello, estima violentado el principio señalado. Sin lugar el reclamo. La acusación del Ministerio\nPúblico visible a folio 102 en relación al delito de portación ilegal de arma permitida describe en\nsus hechos que \"el imputado C. al momento de salir de la propiedad invadida portaba una carabina\nmarca Rugen, modelo 10/22 serie 290-08132 con 7 tiros magnum, sin contar con permiso de portación de\narmas y sin que el arma estuviera inscrita\". De la escucha de la sentencia oral dictada por el\nTribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, se desprende que el juzgador tuvo\npor demostrado que el encartado C. tenía en su poder una carabina marca Rugen, modelo 10-22 serie\n290-08132 sin contar con la inscripción correspondiente. De la fundamentación que da el señor Juez\nen su sentencia para establecer la responsabilidad del imputado C., éste es más específico e indica\nque el arma se encontraba dentro del vehículo propiedad del imputado, en donde se transportaron\nhasta la finca Las Alturas de Coto Brus y cazaron los animales, razón por la cual a su juicio lo que\nse demostró fue una tenencia ilegal de arma permitida y no un delito de portación, imponiéndole al\nacusado la pena de trabajo comunal que resulta más favorable que la establecida para el delito de\nportación ilegal de arma permitida. No se ha producido la violación al principio alegada, pues como\npuede notarse, el imputado es condenado en esencia por la misma acción, cual es mantener en su poder\nun arma permitida sin estar debidamente inscrita, y en este caso, más bien la interpretación del\njuzgador en el sentido de que el tener el arma dentro del vehículo y no en sus manos, configura el\ndelito de tenencia ilegal de arma permitida le resultó más favorable al imputado dado que dicha\ndelincuencia tiene una pena de Prestación de Servicios de Utilidad Pública y no de prisión como se\ncontempla para el delito de portación ilegal de arma permitida. En el caso de marras y de acuerdo a\nlo que se tuvo por demostrado en la sentencia, más bien debió calificarse la conducta como portación\nilegal de arma permitida, no obstante, ésta Cámara respetando el principio de no reforma en\nperjuicio, mantiene la calificación legal y la pena impuesta al endilgado. Con respecto a la\ndistinción entre tenencia ilegal y portación ilegal de arma permitida, se ha indicado lo siguiente:\n\"... La jurisprudencia de este Tribunal de Casación ha distinguido los contornos de la tenencia y la\nportación de armas permitidas, pero, no en el sentido que pretende darle la recurrente es así como\nse ha dicho a este respecto: \"Esta Cámara en varias oportunidades anteriores ha señalado la\ndistinción entre el concepto de posesión o tenencia del arma y portación de la misma, por la\nrelevancia que dicha distinción tiene a la luz de determinar el diverso contenido injusto de las\nprevisiones típicas del artículo 88 de la Ley de Armas, reformado según Ley número 7957 del 17 de\ndiciembre de 1999, es así como, claramente, se ha expresado: “Las armas de fuego son bienes muebles\ny por ello susceptibles de tenencia, que conlleva el ejercicio de los atributos de la posesión sobre\nel bien y que puede ostentarse bajo diversos títulos (poseedor, propietario, depositario etc,) de\nesa forma quien tiene una arma en la vivienda, finca u oficina, sin la autorización respectiva,\nincurre en la figura de tenencia que establece el párrafo primero del artículo 88 citado; mientras\nque si el sujeto activo lleva, trae o transporta el arma en lugares públicos se trata de una\nportación. De lo dicho se deduce que la tenencia y la portación tienen una relación de género a\nespecie, ergo, se puede ejercer la tenencia sin la portación, pero no a la inversa, y ambas son\nacciones diferentes a las cuales la ley ha establecido distinción porque afectan en forma diferente\nel bien jurídico tutelado” Tribunal de Casación Penal, resolución número 243-2003 10:00 horas del 20\nde marzo de 2003, en similar sentido ver las resoluciones números 526-2003 de las 16:30 horas del 11\nde junio de 2003 y 158-99 del 7 de mayo de 1999.\" (Resolución 2004-00245 del 12 de marzo de 2004).\nEn el presente caso, no sólo como se refirió en el considerando precedente, hay elementos de prueba\nconcretos que determinan un uso efectivo del arma, sino que, la mera portación se establece en la\ncircunstancia de que el imputado transportaba el arma a lo interno de su vehículo. Dada la\nnaturaleza móvil del automotor esto de por sí enmarcaría en los extremos del tipo penal de la\nportación, excluyendo la posibilidad del encuadre en una mera tenencia. Por ello, no lleva razón la\nrecurrente en su pretensión ...\" (Tribunal de Casación Penal de Goicoechea, voto Nº [Telf1], de las\n10:20 horas del 12 de octubre de 2007). Por lo expuesto, se declara sin lugar el motivo.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara sin lugar el recurso de casación presentado por el defensor de los imputados.\nNOTIFIQUESE.\n\n \n\n \n\n \n\nRonald Cortés Coto\n\n \n\n \n\n \n\n[Nombre5] Guillermo Sojo Picado \n\n \n\nJueces del Tribunal de Casación Penal \n\n \n\nExp. 08-000413-0636-PE\n\nC/: C. y otros\n\nOf/: La Vida Silvestre\n\nD/: Infracción a la Ley de Vida Silvestre\n\nschaves", "body_en_text": "Res: 2011-198\n\nExp: 08-000413-0636-PE\n\nCriminal Cassation Court of Cartago. At eleven hours and forty minutes on the thirtieth of June, two thousand eleven.\n\nCassation appeal filed in the present case against C., […], B., […], and C., […], for the crime of Violation of the Wildlife Law (Infracción a la Ley de Vida Silvestre) to the detriment of Wildlife (La Vida Silvestre). The judges Ronald Cortés Coto, Guillermo Sojo Picado, and [Nombre5] participate in the decision of the appeal. The attorneys [Nombre6], as private defense counsel for the defendants, and [Nombre7], representative of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), appeared in cassation.\n\nConsidering:\n\n1. That by judgment No. 187-2010 at thirteen hours on the twenty-sixth of November, two thousand ten, the Trial Court (Tribunal de Juicio) of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone (II Circuito Judicial de la Zona Sur) resolved: \"THEREFORE (POR TANTO): In accordance with the foregoing, Articles 39 and 41 of the Political Constitution; 1, 30, 45, 71, 110 of the Penal Code; 94, 104 of Law 7317 or Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre); 88 of Law 7530 on Arms and Explosives (Ley de Armas y Explosivos); 1, 7, 9, 142, 360, 361, 363, 364, 365, 367 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), C. IS DECLARED responsible perpetrator of a crime of ILLEGAL HUNTING (CAZA ILEGAL) and a CRIME OF ILLEGAL POSSESSION OF A PERMITTED WEAPON (TENENCIA ILICITA DE ARMA PERMITIDA), committed to the detriment of WILDLIFE (LA VIDA SILVESTRE) and PUBLIC SAFETY (LA SEGURIDAD PUBLICA), in an ideal concurrence (concurso ideal) and in such capacity, the sanction of TWO MONTHS OF DELIVERY OF COMMUNITY SERVICE (PRESTACION DE SERVICIO DE UTILIDAD PUBLICA) is imposed, for the benefit of and in the manner to be determined once the judgment is final. C. and B. are declared co-perpetrators responsible for the crime of ILLEGAL HUNTING (CAZA ILEGAL) to the detriment of WILDLIFE (LA VIDA SILVESTRE), and in such capacity, the sanction of ONE HUNDRED THOUSAND COLONES FINE (CIEN MIL COLONES DE MULTA) is imposed on each of them, money which they must deposit for the benefit of the General Directorate of Wildlife (Dirección General de Vida Silvestre), fifteen days after the finality of the judgment. Confiscation (comiso) is ordered for the benefit of the State, of: FIVE hunting dogs, four females and one male; a carbine brand Rugen, model 10-22, series 290-08132; a vehicle Make Toyota Style Hilux, [Placa1]. As a precautionary measure, the annotation of the existence of this process is ordered in the margin of the vehicle registration plates [Placa2]. The precautionary measure of provisional deposit in favor of the Caña Blanca Sanctuary of Puerto Jiménez of five hunting dogs is rejected. The costs of the process are borne by the State. The parties are informed of the entirety of the ruling, as it is oral. Eduardo Rojas Sáenz Trial Judge.\" (sic)\n\n2. That against the previous pronouncement, attorney [Nombre6] filed the cassation appeal.\n\n3. That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the questions raised in the appeal.\n\n4. That in the proceedings, the pertinent legal prescriptions have been observed.\n\nWritten by Judge Cortés Coto, and;\n\nConsidering:\n\nI- The cassation appeal meets the requirements established by numerals 437, 458, 460 to 462 of the Code of Criminal Procedure, and therefore its grounds are admitted for consideration.\n\nII- In his first ground of appeal, the private defense counsel of the accused, Attorney [Nombre9], alleges violation of the principle of legal reasoning, due process, right of defense, principle of orality due to an absolute defect. He believes that the cited violations exist insofar as neither the debate nor the sentence can be heard, which means the defense cannot appreciate each and every one of the points provided in the judgment in question. He indicates that this aspect violates due process by not being able to access what was debated at trial and being able to foresee or warn of defects or statements so necessary for making any claim. The claim is dismissed. This Chamber has proceeded to listen to and view the DVD containing both the debate and the oral sentence under appeal, and has been able to verify that both the proceedings and the sentence are perfectly audible. Although the audio does not have the desired volume, it is sufficient to use the computer equipment speakers to perfectly hear everything said by the judge in his oral sentence. Therefore, the defense's claim is not admissible. It should be added that it is also not recorded that the appellant claimed before the Trial Court that the DVD given to him had audio problems, so that said office could solve the problem and, if necessary, re-establish the term to appeal in cassation. For the foregoing, the alleged defects have not occurred.\n\nIII- In his second ground of appeal, the appellant alleges lack of legal reasoning and violation of the principle of proportionality. He indicates that the defendant C. was sanctioned with two months of community work and simultaneously with the confiscation (comiso) of his vehicle, given that he was sanctioned for an illegal possession of a weapon. He believes that the confiscation sanction is much more burdensome than the penalty applied, making it disproportionate. The criminal penalty is not comparable to the economic harm caused to the accused, who is forced to lose his vehicle, which is more valuable than the penalty applied. He adds that the vehicle is worth, according to Direct Taxation, one million five hundred ten thousand colones, which has more value than two months of community work. The claim is dismissed. This Chamber recently, in relation to confiscation, its legal nature, and its proportionality in a case of reckless driving, expressed the following: \"Indeed, as noted in judgment 1009-2010 of the Cassation Court of the Second Judicial Circuit of San José, confiscation cannot be considered an accessory penalty insofar as it is not contemplated as such in Article 50 of the Penal Code, nor is it governed by the principle of culpability, given that, as has been resolved jurisprudentially (See Res 1016-2008 Cassation Court Second Judicial Circuit of San José), it is applicable even in cases where the perpetrator of the act is not convicted. The position of the Cassation Court of the Second Judicial Circuit of San José is also correct, insofar as confiscation is applicable only to intentional crimes (cfr. [Nombre10] and [Nombre11] Lecciones de Derecho Penal. Madrid, Editorial Trotta. 1997, pp 244; [Nombre12] Hans Tratado de Derecho Penal. Tomo 2. Barcelona, Bosch. 1978, pp 1103; [Nombre13]. Manual de Derecho Penal. México. Cárdenas Editores. 1988. pp 745). However, we maintain our position that as a consequence, in this case, an accessory measure of a sui generis or quasi-criminal nature, it responds to criteria of general prevention and to the idea of loss of ownership over the instruments of the crime, affecting the offender who can be impacted in a more rigorous way by confiscation than by the penalty itself, whereby it is considered to fulfill criteria of special prevention by dissuading the perpetrator from recidivating in their conduct. (See. [Nombre12] Tratado de Derecho Penal. Parte General. pp 1102-1103). Starting then from the fact that it is an accessory consequence of a sui generis type, we believe that it must be governed by the principle of proportionality and not by that of culpability. So that, despite the provisions of numeral 110 of the Penal Code, it is possible for the judge to assess the application of confiscation, according to the specific act and the injury to the protected legal interest, so that it does not become similar to a confiscation of all assets (confiscación). In this sense, [Nombre13] indicates: 'However, given the breadth with which our law provides for forfeiture' (he refers to confiscation) 'it must be limited in cases where it turns out to be a tremendously disproportionate penalty, whose cruelty is irrational, or when, due to its enormity, it approaches the confiscation of all assets' (ZAFFARONI Manual de Derecho Penal, pp 745). For his part, [Nombre14] expresses that confiscation is not subject to the principle of culpability but to that of proportionality. 'Section 74b I therefore prescribes not imposing confiscation, provided the law does not mandatorily impose it, if it were disproportionate to the importance of the act (e.g., confiscation of an automobile with which a minor contraband offense has been committed should not be imposed)' ([Nombre12]. Tratado de Derecho Penal, pp 1103). For the application of the principle of proportionality, it is stated 'that it does not involve the proceeds nor the instruments and effects of the crime of illicit trade, and that one of the following three conditions is met alternatively: a) that the value of the goods is not proportionate to the nature of the criminal offense, b) that the value does not relate to the gravity of the crime, c) that civil liabilities have been completely satisfied. To establish whether conditions a) or b) are met, one must consider the type of legal interest injured or endangered by the intentional offense, the form of attack or endangerment of the same, the greater or lesser degree of reproach attributed to the perpetrator, and the material and moral damages produced by the punishable act...' [Nombre15], [Nombre16]. El comiso: análisis sistemático e instrumentación cautelar. Editorial Universidad del Rosario, 1st edition, Bogotá, 2007, pp. 79-80. (Cited by Res 1009-2010 Criminal Cassation Court of the Second Judicial Circuit of San José). From this perspective, it is necessary not only to analyze the nature of the legal interest protected by the crime (in this case reckless driving), but also the circumstances of the specific act, such as the level of alcohol with which one was driving, the greater or lesser reproach that can be made to the perpetrator, and the consequences of their actions (whether material or moral damages occurred), and to weigh this against the good to be confiscated (value of the motor vehicle) to determine whether the sanction is proportional or not. In this sense, we do not agree with the appellant or with the criterion expressed in vote 1009-2010 of the Cassation Court of the Second Judicial Circuit of San José, insofar as it believes that in every crime of reckless driving, applying confiscation is contrary to the principle of proportionality. This cannot be so, given that the protected legal interest, which is Common Safety, is of utmost importance, as it involves protecting the physical integrity and the lives of people who travel on our streets, and good discipline in driving vehicles, which reduces the risks that this activity produces. The life and health of people are exposed to enormous danger when a person drives a vehicle while intoxicated\" (Res 2011-176 Criminal Cassation Court of Cartago). The foregoing is applicable provided there is no norm that mandatorily imposes the confiscation of the instruments with which the crime was committed, since in those cases it is imperative for the Court to decree it precisely because the legislator has considered it necessary due to the special character of the protected legal interest. That is the case of Law 7317 (Wildlife Conservation Law) in force at the time of the acts charged here, which provided in its Article 94 (the criminal type applied in this process) the confiscation of the equipment used and the pieces that constitute the product of the infraction, in this case, of illegal hunting within a protected area. Similarly, said norm establishes that: \"The weapons shall pass into the hands of the Ministry of Public Security (Ministerio de Seguridad Pública) to be used or, failing that, destroyed. Catching traps and other hunting utensils, as well as the vehicles used, shall become the property of the General Directorate of Wildlife (Dirección General de Vida Silvestre) of the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines (Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas), in accordance with the provisions of the Regulations of this law.\" Therefore, this Chamber believes that in the case of the crime contemplated in Article 94 of the Wildlife Conservation Law, it is imperative to impose the confiscation of the vehicles that were used to carry out the hunting, which occurred with the motor vehicle make Toyota Hilux [Placa1] owned by the defendant, since the accused were transported in it to the entrance of the property in question, and in it they transported the dogs they used to hunt the three tepezcuintles and the pizote. Likewise, they intended to leave the reserve with their prey and the dogs in the same cited vehicle when they were detained by police officers and Minaet officers. For the foregoing, the ground is rejected.\n\nIV- In his third ground, the defense alleges violation of due process and the right of defense. He argues that the procedure carried out by the Minaet Police was carried out without a witness unconnected to the investigation who could have advised on the legality of the act performed. He invokes Article 184 of the Code of Criminal Procedure, which indicates that the warning or inspection shall be carried out in the presence of a witness who must not have any connection with the police. The claim is dismissed. The claim is confusing; the appellant does not explain what the alleged violation of the right of defense and due process consists of. In any case, it is clear from the oral ruling and from the police report itself on folio 1, that not only Minaet officials participated in the investigation, but also those from the Public Force (Fuerza Pública), and private individuals connected with the Las Alturas del Bosque Verde Farm, all of them developing a joint operation that lasted about 36 hours, and with which they managed to capture the accused when they appeared at the vehicle in which they had been transported to the entrance of the farm, the defendants putting the dogs and the illegally hunted wild animals into the bed of the cited motor vehicle. Therefore, there is no defect to decree.\n\nV- In his fourth ground of appeal, the defense counsel for the accused alleges violation of the principle of correlation between accusation and sentence. He indicates that the sentence sanctions the defendant C. for the crime of illegal possession of a weapon, given that the accused act of carrying a weapon was not proven at trial. Being a possession, it does not fit within the theoretical framework or thesis of the Public Prosecutor's Office, since the crime of possession is different from that of carrying, with different actions and penalties. Therefore, he considers the indicated principle violated. The claim is dismissed. The accusation of the Public Prosecutor's Office, visible on folio 102, in relation to the crime of illegal carrying of a permitted weapon, describes in its facts that \"the defendant C., upon leaving the invaded property, was carrying a carbine brand Rugen, model 10/22 series 290-08132 with 7 magnum rounds, without having a permit to carry weapons and without the weapon being registered.\" From listening to the oral sentence delivered by the Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Southern Zone, it is clear that the judge found it proven that the defendant C. had in his possession a carbine brand Rugen, model 10-22 series 290-08132 without the corresponding registration. From the legal reasoning given by the Judge in his sentence to establish the responsibility of the defendant C., he is more specific and indicates that the weapon was inside the vehicle owned by the defendant, in which they transported themselves to the Las Alturas de Coto Brus farm and hunted the animals, which is why, in his view, what was proven was an illegal possession of a permitted weapon and not a crime of carrying, imposing on the accused the penalty of community work, which is more favorable than that established for the crime of illegal carrying of a permitted weapon. The violation of the alleged principle has not occurred, because as can be noted, the defendant is condemned essentially for the same action, which is keeping a permitted weapon in his power without being duly registered, and in this case, rather, the judge's interpretation that having the weapon inside the vehicle and not in his hands constitutes the crime of illegal possession of a permitted weapon was more favorable to the defendant, given that this criminal offense carries a penalty of Delivery of Community Service and not imprisonment as contemplated for the crime of illegal carrying of a permitted weapon. In the case in question and according to what was proven in the sentence, the conduct should rather have been classified as illegal carrying of a permitted weapon; however, this Chamber, respecting the principle of no reformatio in peius (non reform in detriment), maintains the legal classification and the penalty imposed on the defendant. Regarding the distinction between illegal possession and illegal carrying of a permitted weapon, the following has been indicated: \"... The jurisprudence of this Cassation Court has distinguished the contours of the possession and the carrying of permitted weapons, but not in the sense that the appellant intends to give it, as it has been said in this regard: 'This Chamber on several previous occasions has pointed out the distinction between the concept of possession or holding (tenencia) of the weapon and carrying (portación) of the same, due to the relevance that this distinction has in light of determining the diverse wrongful content of the standard provisions of Article 88 of the Arms Law (Ley de Armas), reformed according to Law number 7957 of December 17, 1999, thus, it has been clearly expressed: “Firearms are movable goods and therefore susceptible to possession, which entails the exercise of the attributes of possession over the good and which can be held under various titles (possessor, owner, depositary, etc.). Thus, whoever has a weapon in a dwelling, farm, or office, without the respective authorization, incurs in the figure of possession established in the first paragraph of the cited Article 88; whereas if the active subject carries, brings, or transports the weapon in public places, it constitutes carrying. From what has been said, it follows that possession and carrying have a genus-to-species relationship, ergo, possession can be exercised without carrying, but not the inverse, and both are different actions for which the law has established a distinction because they affect the protected legal interest differently.” Criminal Cassation Court, resolution number 243-2003 10:00 hours of March 20, 2003, in a similar sense see resolutions numbers 526-2003 at 16:30 hours of June 11, 2003, and 158-99 of May 7, 1999.\" (Resolution 2004-00245 of March 12, 2004). In the present case, not only, as referred to in the preceding considering clause, are there specific elements of proof that determine an effective use of the weapon, but also that the mere carrying is established in the circumstance that the defendant was transporting the weapon inside his vehicle. Given the mobile nature of the motor vehicle, this in itself would fit within the extremes of the criminal type of carrying, excluding the possibility of fitting it into mere possession. Therefore, the appellant is not right in her claim ...\" (Criminal Cassation Court of Goicoechea, vote No. [Telf1], at 10:20 hours on October 12, 2007). For the foregoing, the ground is declared dismissed.\n\nTHEREFORE (POR TANTO):\n\nThe cassation appeal filed by the defense counsel for the accused is declared dismissed. NOTIFY.\n\n\n\n\n\nRonald Cortés Coto\n\n\n\n\n\n[Nombre5] Guillermo Sojo Picado\n\n\n\nJudges of the Criminal Cassation Court\n\n\n\nExp. 08-000413-0636-PE\n\nC/: C. and others\n\nOf/: Wildlife (La Vida Silvestre)\n\nD/: Violation of the Wildlife Law (Infracción a la Ley de Vida Silvestre)\n\nschaves" }