{ "id": "nexus-sen-1-0034-524144", "citation": "", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Concesión en zona marítimo terrestre denegada por ser área de parque según plan regulador", "title_en": "Concession in maritime-terrestrial zone denied as park area under regulatory plan", "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo, actuando como jerarca impropio, confirmó la resolución del Alcalde de la Municipalidad de Carrillo que ordenó el archivo de la solicitud de concesión presentada por Campos S.A. en Playa Hermosa y el desalojo del terreno. La empresa alegó tener la condición de 'poblador' conforme al artículo 70 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, pero el Tribunal determinó que dicha figura solo aplica a personas físicas, no a personas jurídicas. Además, el Plan Regulador costero clasifica el terreno solicitado como zona verde o facilidades comunales con previsión de un kiosko, destino que no puede ser modificado ni siquiera por ley. El interés público de preservar los espacios públicos prevalece sobre el interés particular de la concesión, por lo que la denegatoria se ajusta a derecho. Se agota la vía administrativa.", "summary_en": "The Administrative and Civil Treasury Tribunal, acting as hierarchical authority, upheld the Carrillo Municipality Mayor's resolution ordering the closure of concession application by Campos S.A. at Playa Hermosa and the eviction of the land. The company claimed status as 'poblador' under Article 70 of the Maritime-Terrestrial Zone Law, but the Tribunal found that figure applies only to individuals, not legal entities. Moreover, the Coastal Regulatory Plan designates the area as green zone or community facilities with a planned kiosk, a purpose unalterable even by law. Public interest in preserving public spaces prevails over private concession interest, making the denial lawful. Administrative remedies are exhausted.", "court_or_agency": "", "date": "29/07/2011", "year": "2011", "topic_ids": [ "subdivision-fraccionamiento" ], "primary_topic_id": "subdivision-fraccionamiento", "es_concept_hints": [ "zona marítimo terrestre", "plan regulador", "poblador", "concesión", "dominio público", "facilidades comunales" ], "article_citations": [], "keywords_es": [ "zona marítimo terrestre", "concesión", "plan regulador", "poblador", "Municipalidad de Carrillo", "Playa Hermosa", "zona verde", "facilidades comunales", "dominio público", "interés público" ], "keywords_en": [ "maritime-terrestrial zone", "concession", "regulatory plan", "poblador", "Municipality of Carrillo", "Playa Hermosa", "green zone", "community facilities", "public domain", "public interest" ], "excerpt_es": "Tenemos como debidamente acreditado: ... la resolución de las diez horas del siete de mayo del dos mil diez, dictada por el Alcalde de la Municipalidad de Carrillo, dispone ordenar el archivo del expediente número 094-80, que versa en una solicitud de concesión en la zona marítimo terrestre formulada por la firma Campos S.A. así como el desalojo del terreno, por cuanto el terreno solicitado en concesión, se encuentra afectado por el Plan Regulador de Playa Hermosa, ya que corresponde a un área reservada a zona de parque... Es evidente que la sociedad anónima recurrente no reúne las condiciones de poblador, toda vez que la disposición normativa se refiere a personas físicas y no jurídicas, amén de encontrarnos ante otro obstáculo, y de mayor envergadura, cual es, el Plan Regulador costero de la zona. Este cuerpo normativo establece que el terreno pretendido por la firma Campos S.A. corresponde a una zona verde o de facilidades comunales, donde se preve el establecimiento de un kiosko, por lo que conviene precisar que al tenor del artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana y jurisprudencia de la Sala Constitucional, tal destino no es modificable ni siquiera por ley. 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This regulatory body establishes that the land sought by Campos S.A. is a green zone or community facilities, where a kiosk is envisioned; it must be clarified that under Article 40 of the Urban Planning Law and Constitutional Court jurisprudence, such designation is not modifiable even by law. In any case, the appellant's claim for a concession in the requested area conflicts with public interest reasons prevailing over private interest.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The contested resolution is upheld. Concession denied and eviction ordered because the land is a park area under the Regulatory Plan and the status of 'poblador' does not apply to a legal entity.", "summary_es": "Se confirma el acuerdo impugnado. 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Segundo Circuito Judicial\nde San José, Dirección200 . , a las nueve horas treinta minutos del veintinueve de julio del dos mil\nonce.-\n\nConoce este Tribunal, como jerarca impropio, de la apelación interpuesta por la sociedad denominada\nCampos Sociedad Anónima, con la cédula de persona jurídica número CED78308 - , representada por su\napoderado especial, el señor Enrique Salgado Zeledón, divorciado, empresario, vecino de Santa Ana y\nportador de la cédula de identidad número CED78309- - , contra la resolución de las diez horas del\nsiete de mayo del dos mil diez, dictada por el Alcalde de la Municipalidad de Carrillo.\n\nRedacta la Juez Bolaños Salazar, y:\n\nCONSIDERANDO\n\nI.- Hechos probados: Para decidir, se tiene como debidamente acreditado lo siguiente: 1) Que bajo el\nnúmero de expediente 094-80, la Municipalidad de Carrillo conoce la solicitud de concesión en playa\nhermosa, formulada por la firma Campos S.A. (ver folios 01 a 12); 2) Que en el oficio sin número, de\nfecha doce de abril del dos mil cinco, el señor Francisco Canales Canales, se dirige al Alcalde\nmunicipal, e informa en lo que interesa, que en la inspección realizada el día siete de abril del\naño en curso, relacionada con un lote ubicado en la zona marítimo terrestre de Playa Hermosa, se\ndetermina que ese terreno de acuerdo con el Plan Regulador aprobado para la zona, es para el uso de\nzona verde o facilidades comunales como un parque. (Ver folio 27); 3)Que en el oficio FMG-UTZMT-\nME-142-06 de fecha doce de junio del dos mil seis, el señor Jorge Díaz Loría, asesor geógrafo de la\nUnidad Técnica de la Zona Marítimo Terrestre, de la Federación de las Municipalidades de Guanacaste,\ncomunica que en la inspección realizada el día primero de junio del dos mil seis, se pudo constatar\nque el terreno solicitado por Campos S.A. se ubica en un área que de acuerdo al Plan Regulador de\nPlaya Hermosa, corresponde a zonas verdes y de facilidades comunales. Agrega que particularmente el\nárea solicitada se ubica sobre la zonificación de zonas verdes y facilidades comunales e incluso se\nindica el sitio definido para el kiosko (ver folios 58 y 59); 4)Que en fecha veintiocho de junio del\ndos mil cinco, la Municipalidad de Carrillo recibe escrito del señor Enrique Salgado Zeledón, en su\ncondición de apoderado especial de la firma Campos S.A., en el cual solicita se finalice el trámite\nde concesión que se encuentra en expediente número 094-80. (ver folios 45 a 47); 5) Que la\nresolución de las diez horas del siete de mayo del dos mil diez, dictada por el Alcalde de la\nMunicipalidad de Carrillo, dispone ordenar el archivo del expediente número 094-80, que versa en una\nsolicitud de concesión en la zona marítimo terrestre formulada por la firma Campos S.A. así como el\ndesalojo del terreno, por cuanto el terreno solicitado en concesión, se encuentra afectado por el\nPlan Regulador de Playa Hermosa, ya que corresponde a un área reservada a zona de parque. (Ver\nfolios 63 y 65); 6) Que el señor Enrique Salgado Zeledón, en su condición de apoderado especial de\nla firma Campos S.A, interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad\nconcomitante, contra la resolución anterior. (ver folios 65 a 68) y 7) Que el Alcalde de la\nMunicipalidad de Carrillo, en la resolución de las nueve horas del siete de julio del dos mil diez,\ndispone rechazar el recurso de revocatoria interpuesto y admite la apelación ante el superior\njerárquico, sea la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo. (Ver folios 70 a 72).\nII. Alegatos del recurso de apelación interpuesto: Indica en resumen el recurrente, que el señor\nHugo Eduardo Campos Villalobos, Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de\nsuma de Campos S.A, tiene muchísimos años de poblar pública, notoria y pacíficamente la propiedad\nobjeto de este proceso, por lo que la situación se encuentra enmarcada dentro de lo que establece el\nartículo 70 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre. Agrega que el asunto ha sido ampliamente\ndesarrollado por el Juzgado Penal de Santa Cruz en un caso similar al que nos ocupa. Asimismo,\nindica que debe analizarse el asunto de conformidad con los artículos 16 y 132 de la Ley General de\nla Administración Pública, de manera que el acto que dicte la Administración no sea contrario a las\nreglas unívocas de la ciencia, la técnica o a principios elementales de justicia, lógica o\nconveniencia.\n\nIII.- Sobre la zona marítimo terrestre: El régimen dominical de la zona marítimo terrestre comienza\na gestarse desde la época colonial, siendo siempre de interés proteger ese patrimonio que se estima\nun medio de fomento y protección de las actividades pesqueras, marineras y salinas del país. En la\nsentencia número 277-2008, de las quince horas diez minutos del veintiocho de agosto del dos mil\nocho, la Sección Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo, realiza un análisis exhaustivo\nacerca de la regulación histórica de ese bien de dominio público, distinguiéndose la Ley Nº 7 del 31\nde agosto de 1868, que reafirma el carácter irrenunciable de los terrenos de la milla marítima, amén\ndel el Código General de 1841, que se refirió a la dominialidad de la franja de la zona marítimo\nterrestre y la Ley de Aguas, que en su artículo 20, da una regulación tendiente a estipular\nexpresamente su demanialidad, afectación dominical que va a ser confirmada y desarrollada por\nregulaciones posteriores, hasta llegar a la Ley Nº 6043, de 2 de marzo de 1977, normativa que rige\nen la actualidad, la cual en su artículo primero declara el sometimiento de la zona marítimo\nterrestre al dominio público. Para mayor abundamiento, ver la decisión Nº 447-91, de las quince\nhoras treinta minutos del veintiuno de febrero de 1991 dictado por la Sala Constitucional, fallo Nº\n007-93, de las quince horas cinco minutos del 20 de enero de 1993 dictado por la Sala Primera de la\nCorte Suprema de Justicia, resolución Nº 128-2001, de las 08:00 horas del 16 de febrero del 2001,\ndictada por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo). De acuerdo a nuestro\nrégimen de derecho, se desprende con claridad que la zona marítimo terrestre es un bien de dominio\npúblico, por ende no es susceptible de apropiación particular de ninguna forma y su régimen de\naprovechamiento se encuentra circunscrito a lo que establezca la normativa vigente.\n\nIV. Del fondo del asunto: A partir del elenco de hechos probados, se colige que la firma Campos S.A.\npresenta en el año 1980, solicitud de concesión ante la Municipalidad de Carrillo, trámite que ante\nmisiva presentada ante el Gobierno Local en fecha veintiocho de junio del dos mil cinco, se reactiva\ny provoca la emisión del acto impugnado, el cual obedece a la resolución de las diez horas del siete\nde mayo del dos mil diez, dictada por el Alcalde de la Municipalidad de Carrillo, en la cual se\ndispone ordenar el archivo del expediente número Placa16914, que versa en una solicitud de concesión\nen la zona marítimo terrestre formulada por la firma Campos S.A. así como el desalojo del terreno,\npor cuanto el terreno solicitado en concesión, se encuentra afectado por el Plan Regulador de Playa\nHermosa, ya que corresponde a un área reservada a zona de parque. Disconforme con lo anterior, la\nfirma recurrente argumenta que el acto administrativo citado violenta los artículos 16 y 32 de la\nLey General de la Administración Pública, por cuanto la Administración Municipal inobserva su\ncondición de \"poblador\" que de acuerdo al numeral 70 de la la Ley 6043 del 2 de marzo de 1977, aduce\nostentar. Siendo ese el alegato medular de la impugnación, debe precisar este Tribunal que la\ndisposición normativa alegada dispone literalmente lo siguiente: \"Los pobladores de la zona marítimo\nterrestre, costarricenses por nacimiento, con más de diez años de residencia en ella, según\ninformación de la autoridad de la Guardia de Asistencia Rural local o certificación del Registro\nElectoral sobre el domicilio del solicitante, podrán continuar en posesión de sus respectivos lotes\nsiempre que fuere su única propiedad. Sin embargo, deberán sujetarse a la planificación de la zona,\na cuyo efecto podrán ser reubicados e indemnizadas sus mejoras de acuerdo con esta ley. En todo caso\ndeberá respetarse la zona pública.\" En el caso en estudio, la figura de poblador es la alegada por\nel justiciable como la condición que le ampara para efectos de obtener la concesión pretendida así\ncomo la nulidad del acto de análisis. Teniendo claro lo anterior, es evidente que la sociedad\nanónima recurrente no reúne las condiciones de poblador, toda vez que la disposición normativa se\nrefiere a personas físicas y no jurídicas, amén de encontrarnos ante otro obstáculo, y de mayor\nenvergadura, cual es, el Plan Regulador costero de la zona. Este cuerpo normativo establece que el\nterreno pretendido por la firma Campos S.A. corresponde a una zona verde o de facilidades comunales,\ndonde se preve el establecimiento de un kiosko, por lo que conviene precisar que al tenor del\nartículo 40 de la Ley de Planificación Urbana y jurisprudencia de la Sala Constitucional, tal\ndestino no es modificable ni siquiera por ley. De toda suerte que la pretensión del recurrente en\ncuanto al otorgamiento de una concesión en el área solicitada, riñe con razones de interés público\nque privan sobre el interés particular. En este orden de ideas es importante precisar, que nuestro\nTribunal Constitucional ha señalado de manera clara y precisa, que los planes reguladores, no\nobstante ser regulaciones reglamentarias emanadas de las municipalidades, tienen el rango normativo\nde las leyes en sentido material en razón de su contenido, en tanto determinan el contenido del\nderecho de propiedad y definen la vocación o destino de las áreas públicas municipales. (En tal\nsentido pueden consultarse las sentencias número 2006-13330, de las diecisiete horas treinta y tres\nminutos del seis de diciembre del dos mil seis; 2007-5575; de las quince horas veinticuatro minutos\ndel veinticinco de abril del dos mil siete y 2008-18438, de las diecisiete horas cincuenta y seis\nminutos del once de diciembre del dos mil ocho). Así las cosas, no cabe duda que la conducta\nimpugnada se ajusta a derecho, toda vez que no es legítimo pretender el otorgamiento de una\nconcesión en una zona prevista para espacios públicos, amén de no operar en el caso de análisis, por\nlas razones apuntadas, la condición de poblador a favor de la firma recurrente.\n\nPOR TANTO\n\nSe confirma el acuerdo impugnado. Se da por agotada la vía administrativa. Notifíquese.\n\nNombre66641 \n\n \n\nNombre22563 Claudia Elena Bolaños Salazar", "body_en_text": "Process: Municipal improper hierarchy\n\nAppellant: Campos S.A.\n\nRespondent: Municipality of Carrillo\n\nCase file: 10-002572-1027-CA\n\n \n\nNo. 270-2011\n\n \n\nContentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal, Section Three. Second Judicial Circuit of\nSan José, at nine hours thirty minutes on July twenty-ninth, two thousand eleven.-\n\nThis Tribunal hears, as improper superior, the appeal filed by the company named\nCampos Sociedad Anónima, with legal entity identification number CED78308 - , represented by its\nspecial attorney-in-fact, Mr. Enrique Salgado Zeledón, divorced, businessman, resident of Santa Ana and\nholder of identity card number CED78309- - , against the resolution issued at ten hours on\nMay seventh, two thousand ten, by the Mayor of the Municipality of Carrillo.\n\nJudge Bolaños Salazar writes, and:\n\nCONSIDERING\n\nI.- Proven facts: To decide, the following is deemed duly accredited: 1) That under case file number 094-80, the Municipality of Carrillo hears the request for a concession in playa hermosa, filed by the firm Campos S.A. (see folios 01 through 12); 2) That in the unnumbered official letter dated April twelfth, two thousand five, Mr. Francisco Canales Canales addresses the Municipal Mayor and reports, in what is relevant, that in the inspection carried out on April seventh of the current year, related to a lot located in the maritime-terrestrial zone of Playa Hermosa, it was determined that this land, according to the Regulatory Plan approved for the area, is for use as a green zone or community facilities such as a park. (See folio 27); 3) That in official letter FMG-UTZMT-ME-142-06 dated June twelfth, two thousand six, Mr. Jorge Díaz Loría, geographer advisor of the Technical Unit of the Maritime-Terrestrial Zone of the Federation of Municipalities of Guanacaste, communicates that in the inspection carried out on June first, two thousand six, it was possible to verify that the land requested by Campos S.A. is located in an area that, according to the Regulatory Plan of Playa Hermosa, corresponds to green zones and community facilities. He adds that particularly the requested area is located within the zoning of green zones and community facilities and the site defined for the kiosk is even indicated (see folios 58 and 59); 4) That on June twenty-eighth, two thousand five, the Municipality of Carrillo receives a writ from Mr. Enrique Salgado Zeledón, in his capacity as special attorney-in-fact of the firm Campos S.A., in which he requests the finalization of the concession proceeding found in case file number 094-80. (see folios 45 through 47); 5) That the resolution issued at ten hours on May seventh, two thousand ten, by the Mayor of the Municipality of Carrillo, orders the archiving of case file number 094-80, which concerns a request for a concession in the maritime-terrestrial zone filed by the firm Campos S.A. as well as the eviction from the land, inasmuch as the land requested in concession is affected by the Regulatory Plan of Playa Hermosa, since it corresponds to an area reserved for a park zone. (See folios 63 and 65); 6) That Mr. Enrique Salgado Zeledón, in his capacity as special attorney-in-fact of the firm Campos S.A., files a motion for reversal with subsidiary appeal and concomitant nullity against the preceding resolution. (see folios 65 through 68) and 7) That the Mayor of the Municipality of Carrillo, in the resolution issued at nine hours on July seventh, two thousand ten, denies the motion for reversal filed and admits the appeal before the hierarchical superior, namely Section Three of the Contentious-Administrative Tribunal. (See folios 70 through 72).\nII. Arguments of the appeal filed: The appellant indicates in summary that Mr. Hugo Eduardo Campos Villalobos, President with powers of unlimited general attorney-in-fact of Campos S.A., has been publicly, notoriously, and peacefully populating the property that is the subject of this proceeding for very many years, so the situation is framed within what is established by Article 70 of the Maritime-Terrestrial Zone Law. He adds that the matter has been extensively developed by the Criminal Court of Santa Cruz in a case similar to the one at hand. Likewise, he indicates that the matter must be analyzed in accordance with Articles 16 and 132 of the General Law of Public Administration, so that the act issued by the Administration is not contrary to the unequivocal rules of science, technique, or elementary principles of justice, logic, or convenience.\n\nIII.- Regarding the maritime-terrestrial zone: The ownership regime of the maritime-terrestrial zone began to develop from the colonial era, with the interest always being to protect that heritage which is considered a means of promoting and protecting the country's fishing, marine, and salt activities. In judgment number 277-2008, issued at fifteen hours ten minutes on August twenty-eighth, two thousand eight, Section Two of the Contentious-Administrative Tribunal conducts an exhaustive analysis of the historical regulation of that public domain asset, distinguishing Law No. 7 of August 31, 1868, which reaffirms the inalienable character of the maritime mile lands, in addition to the General Code of 1841, which referred to the public ownership of the maritime-terrestrial zone strip, and the Water Law, which in its Article 20, provides a regulation tending to expressly stipulate its public domain status (demanialidad), a public ownership designation that will be confirmed and developed by subsequent regulations, up to Law No. 6043 of March 2, 1977, the legislation currently in force, which in its first article declares the submission of the maritime-terrestrial zone to public domain. For further elaboration, see decision No. 447-91, issued at fifteen hours thirty minutes on February twenty-first, 1991, by the Constitutional Chamber, ruling No. 007-93, issued at fifteen hours five minutes on January 20, 1993, by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, resolution No. 128-2001, issued at 08:00 hours on February 16, 2001, by Section Three of the Contentious-Administrative Tribunal). According to our legal regime, it emerges with clarity that the maritime-terrestrial zone is a public domain asset, therefore it is not susceptible to private appropriation in any form, and its use regime is circumscribed to what the legislation in force establishes.\n\nIV. On the merits of the matter: From the list of proven facts, it is inferred that the firm Campos S.A. filed a concession request before the Municipality of Carrillo in 1980, a proceeding that, upon a missive filed before the Local Government on June twenty-eighth, two thousand five, was reactivated and caused the issuance of the challenged act, which corresponds to the resolution issued at ten hours on May seventh, two thousand ten, by the Mayor of the Municipality of Carrillo, in which it orders the archiving of case file number Placa16914, which concerns a request for a concession in the maritime-terrestrial zone filed by the firm Campos S.A., as well as the eviction from the land, inasmuch as the land requested in concession is affected by the Regulatory Plan of Playa Hermosa, since it corresponds to an area reserved for a park zone. Disagreeing with the foregoing, the appellant firm argues that the cited administrative act violates Articles 16 and 32 of the General Law of Public Administration, inasmuch as the Municipal Administration disregards its condition as a \"settler (poblador)\" which, according to numeral 70 of Law 6043 of March 2, 1977, it claims to hold. That being the core argument of the challenge, this Tribunal must specify that the alleged regulatory provision literally states the following: \"The settlers of the maritime-terrestrial zone, Costa Ricans by birth, with more than ten years of residence therein, according to information from the authority of the local Rural Assistance Guard or certification from the Electoral Registry regarding the applicant's domicile, may continue in possession of their respective lots as long as it is their only property. However, they must comply with the zoning plan (planificación de la zona), for which purpose they may be relocated and their improvements compensated in accordance with this law. In all cases, the public zone must be respected.\" In the case under study, the figure of the settler (poblador) is the one alleged by the litigant as the condition that protects him for the purposes of obtaining the concession sought as well as the invalidity of the act under analysis. Having clear the foregoing, it is evident that the appellant corporation (sociedad anónima) does not meet the conditions of a settler (poblador), given that the regulatory provision refers to natural persons and not legal entities, besides encountering another obstacle, and one of greater magnitude, which is the coastal Regulatory Plan of the area. This regulatory body establishes that the land sought by the firm Campos S.A. corresponds to a green zone or community facilities area, where the establishment of a kiosk is planned, so it is pertinent to specify that, pursuant to Article 40 of the Urban Planning Law and the jurisprudence of the Constitutional Chamber, such purpose is not modifiable even by law. In any case, the appellant's claim regarding the granting of a concession in the requested area conflicts with reasons of public interest that prevail over private interest. In this vein, it is important to specify that our Constitutional Tribunal has clearly and precisely indicated that regulatory plans (planes reguladores), despite being regulatory provisions emanating from the municipalities, have the normative rank of laws in a material sense by reason of their content, insofar as they determine the content of the property right and define the vocation or purpose of the municipal public areas. (In that regard, judgments number 2006-13330, issued at seventeen hours thirty-three minutes on December sixth, two thousand six; 2007-5575; issued at fifteen hours twenty-four minutes on April twenty-fifth, two thousand seven; and 2008-18438, issued at seventeen hours fifty-six minutes on December eleventh, two thousand eight, may be consulted). Thus, there is no doubt that the challenged conduct is in accordance with law, given that it is not legitimate to seek the granting of a concession in an area designated for public spaces, besides the fact that the condition of settler (poblador) does not operate in favor of the appellant firm in the case under analysis, for the reasons noted.\n\nTHEREFORE\n\nThe challenged decision is confirmed. The administrative path is deemed exhausted. Notify.\n\nName66641 \n\n \n\nName22563 Claudia Elena Bolaños Salazar" }