{ "id": "nexus-sen-1-0034-538190", "citation": "Res. 00031-2012 Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Distinción entre fraccionamiento simple y urbanización en el proyecto Villas de Jesús de Atenas", "title_en": "Distinction between simple subdivision and urbanization in the Villas de Jesús de Atenas project", "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV, resolvió un proceso de conocimiento presentado por la desarrolladora del proyecto 'Villas de Jesús de Atenas' contra la Municipalidad de Atenas. La actora solicitó la revalidación de visados de planos y permisos de construcción, así como el reconocimiento de derechos adquiridos y el pago de daños y perjuicios por la paralización de obras. La sentencia determinó que el proyecto, tramitado por las partes como un fraccionamiento simple, en realidad constituía una urbanización debido a la insuficiencia de servicios públicos preexistentes y la magnitud de las obras requeridas. Pese a los vicios en la calificación del proyecto, el Tribunal aplicó el principio de intangibilidad de los actos propios: los visados y permisos otorgados no fueron anulados mediante los procedimientos legales, por lo que mantienen su eficacia. Declaró falta de interés en la mayoría de las pretensiones por ausencia de actos anulatorios vigentes. Respecto a la aprobación del proyecto, ordenó a la Municipalidad un plazo de tres meses para ejecutar el acto o iniciar los procedimientos de revocación o anulación. Reconoció responsabilidad por la paralización ilegal e injustificada de obras, remitiendo la cuantificación de daños materiales a ejecución de sentencia, y rechazó el daño moral y los perjuicios reclamados por falta de prueba.", "summary_en": "The Administrative Appeals Tribunal, Section IV, resolved a declaratory action brought by the developer of 'Villas de Jesús de Atenas' against the Municipality of Atenas. The plaintiff sought validation of subdivision plan endorsements and construction permits, recognition of vested rights, and compensation for damages caused by work stoppages. The court found that although the project had been processed as a simple subdivision, its characteristics—insufficient pre-existing public services and the scale of infrastructure works—made it a full urbanization. Despite flaws in how the project was classified, the court applied the principle of estoppel (intangibilidad de los actos propios): the endorsements and permits had not been annulled through proper legal procedures, so they remained effective. Most claims were dismissed for lack of current interest, as no valid annulment acts existed. Regarding project approval, the court ordered the Municipality to either execute the approval or initiate revocation/annulment proceedings within three months. The court found the work stoppage unlawful and unjustified, granting liability for material damages (quantification deferred to enforcement proceedings) but rejecting moral damages and lost profits for lack of evidence.", "court_or_agency": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV", "date": "22/03/2012", "year": "2012", "topic_ids": [ "subdivision-fraccionamiento" ], "primary_topic_id": "subdivision-fraccionamiento", "es_concept_hints": [ "fraccionamiento simple", "urbanización", "intangibilidad de los actos propios", "silencio positivo", "visado municipal", "principio de legalidad", "lesividad", "debido proceso", "servicios públicos básicos", "Ley de Planificación Urbana 4240" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 1", "law": "Ley de Planificación Urbana" }, { "article": "Art. 40", "law": "Ley de Planificación Urbana" }, { "article": "Art. 74", "law": "Ley de Construcciones" }, { "article": "Art. 330", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Art. 173", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Art. 123", "law": "Código Procesal Contencioso Administrativo" } ], "keywords_es": [ "fraccionamiento simple", "urbanización", "intangibilidad de los actos propios", "silencio positivo", "materia urbanístico-ambiental", "visado municipal", "permiso de construcción", "indemnización", "paralización de obras", "servicios públicos insuficientes", "responsabilidad municipal", "lesividad", "principio de legalidad", "autonomía municipal", "competencia", "seguridad jurídica", "debido proceso" ], "keywords_en": [ "simple subdivision", "urbanization", "estoppel", "administrative silence", "urban-environmental law", "municipal endorsement", "construction permit", "damages", "work stoppage", "insufficient public services", "municipal liability", "lesividad", "principle of legality", "municipal autonomy", "competence", "legal certainty", "due process" ], "excerpt_es": "En esas condiciones nos resulta incuestionable que se trata de una urbanización. [...] lo que llevaría aparejado que el fraccionamiento simple, corresponde a la división de un terreno, al margen de las motivaciones o intereses que se persigan, cuando linda frente a calle pública y está provisto de la totalidad de los servicios públicos propios del área urbana. Cabe reiterar que la integralidad de los servicios públicos básicos (agua, luz, recolección de basura y electricidad cuando menos) es vital en este caso; de suerte que estos tienen que suficientes para suplir la necesidad de la nueva construcción. [...] La existencia de calle pública no basta para considerar un mero fraccionamiento cuando los servicios existentes son insuficientes. [...] Si bien dichos actos fueron otorgados a partir de un proyecto de segregación cuando debieron ser tramitados en una urbanización, lo cierto es que dichos actos no se han anulado, todavía al día de hoy subsisten en el ordenamiento jurídico [...] de suerte que solo mediante los procedimientos administrativos legalmente establecidos es posible destruir la eficacia jurídica de esos actos.", "excerpt_en": "Under these circumstances, it is unquestionable that this is an urbanization. [...] A simple subdivision corresponds to the division of a lot, regardless of motives or interests, when it fronts a public street and is provided with all public services typical of an urban area. It must be stressed that the completeness of basic public services (water, electricity, garbage collection, and at least electricity) is vital; these must be sufficient to meet the needs of the new construction. [...] The mere existence of a public street is not enough to consider it a simple subdivision when existing services are insufficient. [...] Although these acts were granted under a segregation process when they should have been processed as an urbanization, the fact is that they have not been annulled and to this day remain in the legal system [...] such that only through legally established administrative procedures can their legal effectiveness be destroyed.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "Partially granted: the illegal work stoppage is recognized and the municipality is ordered to pay material damages to be determined in enforcement proceedings; remaining claims dismissed for lack of interest or merit, and the municipality must within three months either approve the project or initiate revocation/annulment procedures.", "summary_es": "Se acoge parcialmente: se reconoce la ilegalidad de la paralización de obras y se condena al pago de daños materiales a liquidar en ejecución de sentencia; se rechazan las demás pretensiones por falta de interés o de derecho, y se ordena a la Municipalidad resolver en tres meses la aprobación del proyecto o iniciar procedimientos de revocación/anulación." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando X (análisis de naturaleza del proyecto)", "quote_en": "A simple subdivision corresponds to the division of a lot, regardless of motives or interests, when it fronts a public street and is provided with all public services typical of an urban area. It must be stressed that the completeness of basic public services (water, electricity, garbage collection, and at least electricity) is vital; these must be sufficient to meet the needs of the new construction.", "quote_es": "El fraccionamiento simple, corresponde a la división de un terreno, al margen de las motivaciones o intereses que se persigan, cuando linda frente a calle pública y está provisto de la totalidad de los servicios públicos propios del área urbana. Cabe reiterar que la integralidad de los servicios públicos básicos (agua, luz, recolección de basura y electricidad cuando menos) es vital en este caso; de suerte que estos tienen que suficientes para suplir la necesidad de la nueva construcción." }, { "context": "Considerando X (sobre la aprobación del proyecto)", "quote_en": "The project acceptance has three direct effects: first, acceptance of communal areas under Article 40 of the Urban Planning Law (including the treatment plant); second, acceptance of improvements to public infrastructure and services; and third, endorsement of remaining plans within the project. We face a contradiction in norms, in that accepting the project as it stands would be unlawful, but at the same time denying effectiveness to an act without following legal procedures would also be unlawful.", "quote_es": "La aceptación del proyecto presenta tres efectos directos, el primero de ellos en cuanto a la aceptación de las áreas comunales al amparo del artículo cuarenta de la Ley de Urbanísmo (lo que incluye el tanque de tratamiento), en segundo lugar lo correspondiente a la aceptación de las mejoras en infraestructura pública y servicios y lo correspondiente al visado de los planos faltantes de visar dentro del proyecto. Estamos frente a una antinomia de las normas, en el entendido que aceptar el proyecto en los términos actuales resultaría un acto antijurídico, pero al mismo tiempo negar eficacia a un acto sin el cumplimiento de los requisitos legales, también lo es." }, { "context": "Considerando IX (calificación del proyecto)", "quote_en": "It is not that public services do not literally exist, but that what is pre-existing is insufficient for the concrete reality at hand, and they were requirements to bring the project to completion. [...] Under these circumstances, it is unquestionable that this is an urbanization.", "quote_es": "No es que no existan los servicio públicos en su literalidad, sino que lo preexistente es insuficiente para la realidad en concreto que se presenta; y eran requisitos para poder llevar el proyecto a feliz término. [...] En esas condiciones nos resulta incuestionable que se trata de una urbanización." }, { "context": "Considerando VII (silencio positivo y ambiente)", "quote_en": "Under Article 50 of the Constitution, administrative silence cannot apply when there is an environmental impact [...] Nor can administrative silence apply to any urbanization project, because by its very scale it will always have some impact in this area.", "quote_es": "Al amparo del artículo cincuenta constitucional no resulta posible la aplicación de un silencio positivo cuando se está en presencia de una afectación al medio ambiente [...] En ningún proyecto de urbanización sea posible aplicar el silencio positivo; pues por la magnitud de la actividad siempre tendrá alguna afectacción en esta materia" } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [ { "ref_id": "nexus-sen-1-0034-596845", "url": "", "kind": "related_voto", "label": "", "nexus_id": "sen-1-0034-596845" } ] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-538190", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [ { "doc_id": "norm-35669", "norm_num": "4240", "norm_name": "Ley de Planificación Urbana", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "15/11/1968" }, { "doc_id": "norm-36307", "norm_num": "833", "norm_name": "Ley de Construcciones", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "02/11/1949" } ], "sentencias_relacionadas": [ "sen-1-0034-596845" ], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Contencioso Administrativo Sección IV\n\nResolución Nº 00031 - 2012\n\nFecha de la Resolución: 22 de Marzo del 2012 a las 08:30\n\nExpediente: 09-001089-1027-CA\n\nRedactado por: Ricardo Antonio Madrigal Jiménez\n\nClase de asunto: Proceso de conocimiento\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\nSentencia con Voto Salvado\n\nSentencias Relacionadas\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Derecho Municipal\n\nTema: Municipalidad\n\nSubtemas:\n\nAlcances de su autonomía y control que ejerce respecto del cumplimiento de la normativa urbanística local.\nDistinción entre fraccionamiento simple y permiso urbanístico.\nIndemnización por paralización incorrecta de obras de construcción.\n\nTema: Permiso municipal\n\nSubtemas:\n\nConcepto y distinción con las autorizaciones en materia urbanística.\n\nTema: Administración pública\n\nSubtemas:\n\nAnálisis sobre las autorizaciones y permisos en materia urbanística.\nAplicación del principio de intangibilidad de los actos propios.\nIndemnización municipal por paralización incorrecta de obras de construcción de urbanización.\n\nTema: Fraccionamiento y urbanización\n\nSubtemas:\n\nDistinción entre simples fraccionamientos, fraccionamiento y urbanización.\nVisado municipal otorgado a partir de un proyecto de segregación cuando debieron ser tramitados como una urbanización.\n\nTema: Silencio positivo\n\nSubtemas:\n\nImprocedencia en relación a permisos y autorizaciones relativas a la materia urbano ambiental.\n\nTema: Intangibilidad de los actos propios\n\nSubtemas:\n\nAplicación y fundamento legal.\n\nTema: Indexación\n\nSubtemas:\n\nAnálisis con respecto al pago de indemnización al administrado.\n\n“V.  EL RÉGIMEN MUNICIPAL Y LA REGULACIÓN URBANA: Las municipalidades son entidades locales que gozan de autonomía relativa en el ejercicio de sus funciones, a partir de una descentralización territorial, según se colige del numeral ciento sesenta y ocho de la Constitución Política. Este nivel de independencia lo otorga el precepto ciento sesenta y nueve de la Carta Magna, en el marco de su competencia territorial, integrada por el espacio físico dispuesto para el cantón al cual representa, en tanto señala que corresponde a cada ayuntamiento la: \"administración de los intereses y servicios locales …\"; así la carta fundamental le confiere una serie de funciones o atribuciones en favor de esos gobiernos en razón de \"lo local\", esto es, para administrar los servicios e intereses del ámbito a la que está circunscrita, sea, el cantón. De este modo, es claro que existen intereses cuya salvaguardia corresponde a las Municipalidades y junto a ellos, coexisten otros cuya protección constitucional o legal es atribuida a otros entes públicos, en el entendido que la competencia no es excluyente, máxime cuando existen intereses locales que a la vez son regionales o incluso nacionales, de suerte que los intereses desde el plano local al nacional confluyen, sin perjuicio que en algunos de los casos su afectación se limite al plano más pequeño. La esfera territorial del municipio constituye una competencia originaria de los ayuntamientos y solo mediante ley de nacionalización puede serles desplazada, siempre que esa manifestación legislativa no suponga un quebranto a la autonomía referida o implique vaciar el contenido constitucional del régimen municipal. Por su parte, el artículo cuatro del Código Municipal, Ley no. 7794 del treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho , desarrolla los tipos de autonomía que el legislador ordinario estimó ostentaban estas corporaciones, indicando que poseen la política, administrativa y financiera (ver  Sala Constitucional, votos 5204-2004 y 8928-2004).  Dentro de este dinamismo de los intereses, se ubica el tema urbanístico, donde el interés en esencia es local, pero con trascendencia más allá de la cantonal, llegando a temas nacionales. Así la Ley de Planificación Urbana, establece una coordinación, donde corresponde a cada Municipalidad el aprobar el respectivo Plan Regulador, con una aprobación a cargo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo de cara a la implementación de una política nacional de desarrollo que integre todas las variables técnicas, económicas y sociales que convergen en esta actividad. Situación inversa es con respecto a la materia ambiental (en la medida que los diferentes ecosistemas y los corredores biológicos corren por todo el territorio) donde su interés es nacional, pero su aplicación en concreta  incide de forma directa no en la esfera territorial de cada municipio. La Sala Constitucional en la resolución no. 5445-99 además de desarrollar las bases de la autonomía municipal, fijó la interacción de los intereses y determinó la obligatoria coordinación de lo local, regional y nacional, para satisfacer los diferentes intereses públicos que interactúan. Pese a la autonomía, el principio de legalidad de raigambre constitucional en el canon once, determina que las competencias constitucionales y legales deben ser ejercidas al amparo de las normas jurídicas que las definen, delimitan y precisan su funcionamiento; se trata en efecto de una garantía para el munícipe y sociedad civil en general, de que los actos públicos que emanen de esas entidades locales, son contestes con aquél. Ello incluye por regla de principio, una aplicación debida de las normas, no solamente en su contenido, sino además en el respeto de su nivel jerárquico, de lo que se infiere que son inviables las aplicaciones de medidas infra legales que sean opuestas o contrarias a la ley.  La autonomía municipal, impuesta por la Carta Magna, confiere a las corporaciones locales una competencia especial para la administración de los intereses y servicios de su competencia territorial (artículos 169 y 170), competencia prevalente sobre la de otras instituciones, en el contexto de la localidad.  El numeral quince de la Ley de Planificación Urbana, no. 4240 del quince de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho confiere a los entes locales la competencia base para regular y vigilar todo lo concerniente a la planificación y desarrollo urbano dentro de los límites de su competencia territorial, lo que no es más que el desarrollo del ya señalado artículo ciento sesenta y nueve de la carta fundamental.  Consecuentemente, cada uno de los entes corporativos territoriales debe disponer lo que proceda para implantar un plan regulador, y los reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de extender todos o algunos de sus efectos a otros sectores, en que priven razones calificadas para establecer un determinando régimen contralor. La competencia asignada no se limita a un aspecto de mera planificación, sino que además, incluye las potestades de control del desarrollo urbanístico, lo que supone un grado de vigilancia sustantiva tanto de las obras en ejecución, como de las ya ejecutadas. En concordancia con lo señalado, el artículo primero de la Ley de Construcciones, Decreto Ley no. 833 del cuatro de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve, establece con claridad evidente estas potestades, lo que es retomado por el artículo trece inciso o) del Código Municipal, corresponde al Concejo dictar las normas y medidas atinentes al ordenamiento urbano. Así la realización de toda obra o edificación requiere de una licencia municipal, a la vez que corresponde al ente local la vigilancia sobre aquellas (mandatos 74 y 87 de ese cuerpo legal). Por ende, resulta evidente el papel prevalente que en estos menesteres ostenta la Municipalidad, siendo que le incumbe disponer las medidas concretas sobre el desarrollo y planeamiento urbano, así como el otorgamiento de las \"licencias\" de construcción y el control de esas actividades acorde a las normas que regulan ese campo (ver al respecto  Sala Constitucional, en votos 2153-93 y 4205-96). Advirtiendo que los alcances y efectos del desarrollo y planificación urbana implica, en la gran mayoría de las ocasiones, la existencia de relaciones de coordinación con el demás aparato público, lo que justifica la intervención del Instituto de Vivienda y Urbanismo, del Instituto Costarricense de Electricidad o del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, siempre en el ámbito de sus competencias.  No se puede olvidar que un proyecto urbanístico convergen diferentes aspectos que trascienden el mero aspecto urbano. En cuestiones de naturaleza urbanística, en particular, la de construcción de urbanizaciones o residenciales, la Ley de Construcciones y la Ley de Planificación Urbana, en sus artículos quince y treinta y dos respectivamente, remiten la concreción de los aspectos que deben ser cubiertos por los urbanizadores, a un reglamento, a saber el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones (3991 del 13 de diciembre de 1982) y en materia  constructiva, se encuentra el denominado Reglamento de Construcciones (del 22 de marzo de 1983). De conformidad con lo estatu í do por los cánones quince y setenta y cuatro de la Ley de Construcciones, todo fraccionamiento y urbanización, así como toda obra relacionada con la construcción deberá contar con un acto autorizatorio emitido por la Municipalidad correspondiente.  Los aspectos de seguridad, salubridad y ornato, se encuentran también regulados en el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, norma que sería aplicable al efecto, en cuanto se trata de un instrumento jurídico de naturaleza preeminentemente técnica, que contiene en aspecto de urbanizaciones, regulaciones variadas en aspectos tales como accesos, vialidad, lotificación, áreas verdes y públicas, drenajes, acueductos, cloacas, infraestructura y acabados, entre otros. Naturalmente, la fiscalización recae en los gobiernos locales, norma que potencia de manera uniforme las competencias municipales. Desde este plano, el papel de los municipios se da en dos instancias, sea, preventiva y fiscalizadora. En el marco preventivo, la \"licencia\" se otorga si cumple con todas las exigencias y en ese cotejo (cualitativo y cuantitativo) se concreta tal ejercicio. En la fiscalización, verifica que lo que se realiza en la realidad, sea conteste con lo autorizado, y no son más que manifestaciones de un poder público derivado de competencias otorgadas por el orden constitucional y legal en este campo, que justifica el apoderamiento de la Administración.   Igualmente, la fiscalización se presenta en la medida que resulta posible que dentro de un proyecto concreto aún siendo cumplido en los estrictos márgenes de lo aprobado, se presentan afectaciones no consideradas; como podría ser el tema arqueológico, ecológico o ambiental, entre otros; que determinarían la paralización de la obra y el replanteamiento de la misma para ajustarla a la nueva realidad no considerada. Le permiten por tanto el despliegue de una serie de atribuciones inherentes y necesarias para el ejercicio de una sana administración. Estas le facultan incluso suspender una determinada obra cuando no cumpla con las condiciones debidas, o bien, dentro de su arista preventiva y previsora, rechazar el pedimento de edificación cuando no se hayan satisfecho los requerimientos jurídicos y técnicos que las disposiciones aplicables imponen. Se trata de manifestaciones concretas del poder público que permiten la tutela de principios jurídicos, entre otros, el de seguridad , medio ambiente y de salud. Constituye por ende una labor de inspección sobre los aspectos constructivos de las estructuras que se erijan en el espacio territorial del municipio, a efectos de determinar que cumplan con las exigencias que dispone esa legislación, así como demás regulaciones asociadas a la actividad. Estas facultades y potestades, dentro de su orientación teleológica, se ponen al servicio de los intereses públicos o colectivos, que a fin de cuentas, son el objeto que legitima su incursión en el control y fiscalización de la actividad urbanística. Al ser competencias fijadas por el Ordenamiento (como derivación directa de sus competencias constitucionales que le fueron confiadas) y que se asocian con la tutela de intereses públicos, la acción del ente local debe ponderar no solamente una labor de revisión superficial (formal) de las solicitudes de permiso de construcción, sino, una valoración integral y a fondo del acatamiento de las exigencias jurídicas y técnicas que impone el Ordenamiento.\n\nVI.- SOBRE LAS AUTORIZACIONES Y PERMISOS EN MATERIA URBANISTICA: Contrario de lo que sucede en las concesiones administrativas, en las cuales la Administración transfiere ciertas potestades  públicas en un particular, sea persona física o jurídica, en las autorizaciones, la Administración,  hace un \"levantamiento de barreras\" para el ejercicio de un derecho que ya se tiene, pero que aún administrativamente no se declara a favor del solicitante y cumplidor con los requisitos que impone el ordenamiento jurídico como un todo. De allí que, siguiendo a Manrique Jiménez (JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA, 1º edición, San José, Imprenta y Litografía Mundo Gráfico, 1997), la Administración que autoriza no delega potestades ni constituye derechos, simplemente los declara, pues los derechos ya existen antes de la respectiva declaración, en razón del cumplimiento del ordenamiento jurídico confirmado por quien solicita, en buen derecho, la autorización misma. Hay entonces, de parte de la Administración autorizante, una declaración de voluntad a favor de aquella persona pública o privada que haya cumplido con todos y cada uno de los requisitos normados, limitándose la Administración a ponderar la legalidad de lo solicitado en el ámbito del interés público que la misma Administración debe tutelar. Se trata en el mejor sentido de la palabra, de un acto constatativo una vez verificados una serie de requerimientos legales. Se sostiene, en principio, que frente al ejercicio de un derecho subjetivo, urgido para su realización de un acto de habilitación de la Administración, no cabe la discrecionalidad administrativa, toda vez que la Administración autorizante está jurídicamente obligada a dictarla, cuando el solicitante haya previamente cumplido con los requisitos normativos, por lo que, encontramos en la autorización, dos dimensiones de actos reglados: los relacionados con el contenido de la autorización y el acto de su declaración que debe ser congruente con los motivos y fines que la justifiquen. Sin embargo, la Administración no pierde por ello, una vez dictado el acto autorizante, las potestades de tutela y control en el uso y disfrute del permiso, de la licencia o autorización. Su prerrogativa originaria como Administración que debe satisfacer y velar por los intereses públicos no desaparece con la simple declaratoria, expresa o implícita de la autorización. En esencia, entonces, no desaparece de la Administración su potestad de revocar o anular licencias o aprobaciones, ante licencias sujetas a condición o licencias ilegalmente otorgadas; claro está, siempre que con ello se haya cumplido el procedimiento legal, que garantice la plena participación del interesado y en especial el derecho de defensa y el debido proceso en general. En efecto, el derecho subjetivo del solicitante de la autorización nace con el cumplimiento cabal del ordenamiento jurídico, sin que la Administración pueda rebatir o desconocer su declaratoria; pero tampoco es válido del solicitante pretender la aplicación individual de una declaratoria de su derecho cuando no haya cumplido con los requisitos normados para la generalidad. De las diversas manifestaciones de autorizaciones administrativas, encontramos en las licencias, una de sus ejemplos clásicos, y dentro de ellas, los mal denominados \"permisos de construcción\", que debe extender las municipalidades dentro de su territorio, de acuerdo con la Ley de Construcciones.  Dispone el artículo 1º de dicho cuerpo normativo: \"Las Municipalidades de la República son las encargadas de que las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad, y belleza en sus vías públicas y en los edificios y construcciones que en terrenos de las mismas se levanten sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materias a otros órganos administrativos.\"  Añade el artículo 2º: \"Alcance de esta Ley. Esta ley rige en toda la República. Ningún edificio, estructura o elemento de los mismos será construido, adaptado o reparado, en lo futuro si no es con las condiciones que los Reglamentos respectivos señalen. Tampoco deberán hacerse demoliciones o excavaciones en propiedad particular, ni ocupar la vía pública, ni hacer obras en ellas, sin sujetarse a las prevenciones de dichos Reglamentos.\" A su vez, dispone el artículo 74 de la Ley de Construcciones: \"Licencias. Toda obra relacionada con la construcción, que se ejecute en las poblaciones de la República, sea de carácter permanente o provisional, deberá ejecutarse con licencia de la Municipalidad correspondiente.\" El artículo 78 establece el impuesto sobre las construcciones al disponer que: \"Derechos de Licencia. Todas las licencias causarán derechos, que serán fijados de acuerdo con las tarifas en vigor, las que tomarán en cuenta la cantidad de obras por ejecutar o de ocupación de vía pública, así como su duración.\" De fundamental importancia para el asunto que nos ocupa, establece el artículo 79, siempre de la Ley de Construcciones: \"Pago. Para que una licencia surta sus efectos, es indispensable que haya sido pagado el importe de los derechos correspondientes.\" En materia de sanciones, la Ley de comentario dispone: \"Facultades. La Municipalidad puede imponer sanciones por las infracciones a las reglas de este Ordenamiento. Las sanciones serán las que se han especificado en el cuerpo de esta Ley y su Reglamento (multas, clausuras, desocupación, destrucción de la obra, etc.) y los que señala este Capítulo.\" Finalmente conviene reproducir lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Construcciones: \"Multas. El importe de la multa en ningún caso será superior a la lesión económica que implique para la Municipalidad la falta de percepción del derecho de la licencia correspondiente al concepto violado.\"  Si conviene reiterar que el otorgamiento de cualquier  permiso de construcción está condicionado a que el proyecto en cuestión resulte conforme con la ordenación urbanística aplicable; lo cual supone un control previo de habilitación o \"permiso\" , acompañado de la actividad de fiscalización en la ejecución de la actividad autorizada, a fin de que se realice conforme a la licencia o permiso concedido y a las regulaciones que rigen la actividad.  Si bien hasta aquí hemos utilizado los conceptos a manera de símiles, conviene realizar algunas distinciones.  Por autorización se tiene como un acto de \"habilitación o permisión\", entendiéndose como el \"acto administrativo por el cual  la administración pública le concede al administrado  la potestad de ejercer derechos preexistentes después, de una apreciación discrecional de su oportunidad y utilidad respecto del interés general,  La autorización, en tal supuesto,  obedece a una petición  expresa del administrado  pero que, generalmente,  es discrecional  en cuanto a motivo y contenido.   La diferencia entre este tipo de autorización y licencia,  en sentido estricto,  radica en que la última tiene un efecto similar a la autorización pero normado,  esto es, su contenido es reglado.\" (JINESTA LOBO, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I. Biblioteca Jurídica Diké. pág.  449)   Por su parte, el permiso se entiende con  aquel \"acto  que autoriza a una persona -administrado- para el ejercicio de un derecho, en principio, prohibido por el propio ordenamiento jurídico.  Es una exención especial  respecto de una prohibición general en beneficio de quien lo solicita.   Con el permiso se tolera o permite  realizar algo muy específico  y determinado.  Su naturaleza  consiste en remover  un obstáculo legal  para el ejercicio de un poder preexistente, se dice que es una concesión de alcance restringido, puesto que, otorga derechos de menor intensidad y de mayor precariedad\"  y que además \"siempre se otorga un derecho debilitado nuevo  que supone  una excepción a una prohibición de orden público\" (JINESTA LOBO, Op Cit, págs.  456 y 457).  En términos generales ambos vocablos  suelen confundirse, mas lo s dos coinciden en que debe mediar  un derecho preexistente.  Ahora bien, la Ley de Planificación Urbana (Ley 4240) en su artículo primero define el Fraccionamiento como: \n\n\"Fraccionamiento, es la división de cualquier predio con el fin de vender, traspasar, negociar, repartir, explotar o utilizar en forma separada, las parcelas resultantes; incluye tanto particiones de adjudicación judicial o extrajudicial, localizaciones de derechos indivisos y meras segregaciones en cabeza del mismo dueño, como las situadas en urbanizaciones o construcciones nuevas que interesen al control de la formación y uso urbano de los bienes inmuebles.\"\n\nEl fraccionamiento, es la división de un predio con la finalidad de introducirlo al comercio de los hombres, lo que supone, tal y como lo debe constatar cada gobierno local al otorgar el visado correspondiente, que el mismo se ajuste, en cuanto a tamaño y características, a las disposiciones urbanísticas vigentes, en especial, al Plan Regulador del suelo local –si lo hubiere- así como a la normativa de desarrollo y demás leyes especiales de orden público. A partir de dicho concepto, reiterado en diversas normas, es posible ubicar dos conceptos que si bien se interactúan entre sí, no son idénticos, a saber el fraccionamiento simple y por otro lado, el proyecto complejo o la urbanización. La misma norma definir Urbanizar de la siguiente forma:\n\n\"Urbanización, es el fraccionamiento y habilitación de un terreno para fines urbanos, mediante apertura de calles y provisión de servicios.\"\n\n \n\nLo que lleva aparejado que el fraccionamiento simple, corresponde a la división de un terreno, al margen de las motivaciones o intereses que se persigan, cuando linda frente a calle pública y está provisto de la totalidad de los servicios públicos propios del área urbana.   Cabe reiterar que la integralidad de los servicios públicos básicos (agua, luz, recolección de basura y electricidad cuando menos) es vital en este caso; de suerte que estos tienen que suficientes para suplir la necesidad de la nueva construcción. El fraccionamiento que la ley denomina como “simple”, no incluye un proceso de habilitación urbana para el uso y disfrute de las parcelas resultantes de ese fraccionamiento y ello es así porque el legislador parte de que en estos, los fundos cuentan con accesos y áreas verdes producto de un desarrollo urbanístico anterior. La lógica es sencilla, el fraccionamiento no representa por sí mayores esfuerzos para la corporación pública o demás dependencias gubernamentales, la red de servicios existe de pre v io y la única actividad que debe desarrollarse es la conexión a la misma. Se trata de un mero permiso en los términos más propios del concepto lo referente al visado, pues es una simple constatación de requisitos formales y técnicos; posteriormente el permiso de construcción es una consecuencia lógica y necesaria, en tanto lo generado no constituya a una urbanización . En el caso de la urbanización se trata de un proyecto más complejo, donde si bien el desarrollador tiene el legitimo interés del ejercicio de esa actividad económica, la dotación o extensión de los servicios públicos, determina una serie de previsiones que deben considerarse, así como la revisión de requisitos se torna más minuciosa, sin perjuicio de corresponder a un acto complejo donde ordinariamente interactúan varias dependencias públicas extrañas a la corporación pública; lo que lleva a la necesaria conclusión que estamos en presencia de una autorización de todo el proyecto, siendo que una vez otorgada esta los actos de ejecución de la misma son meros permisos. Se trata de una habilitación urbana, es por este motivo que el artículo cuarenta de la Ley de Planificación Urbana dispone la obligación de ceder terreno para parques, y facilidades urbanas. Cuando una determinada área se encuentra previamente urbanizada, los adquirentes de las parcelas fraccionadas cuentan con acceso a los fundos, parques y facilidades comunales y es que no debe perderse de vista que ello hace parte de su derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 constitucional). Por este motivo –se reitera- el legislador no ha estimado necesario exigir en el caso del fraccionamiento “simple” con desarrollo urbanístico, mayores dotaciones de tierra por motivos de interés social. El visado para fraccionamientos simples, por su poca trascendencia, suele otorgarse a un funcionario (v.gr. Ingeniero Municipal) diverso de aquél al que se encomiendan los visados “complejos” (v. gr. Concejo Municipal, comisiones de urbanismo, etc.), careciendo el primero de competencia para autorizar un visado diverso; ello en el caso de que las normas urbanísticas hagan tal distinción; lo anterior tiene sentido en el entendido que en el primero de los casos los requisitos se encuentran en su gran mayoría reglados y el margen de discrecionalidad es mínimo. Ahora bien, al fraccionamiento que hace parte del proceso urbanizador y que implica una habilitación de los fundos, por vez primera, para fines urbanos, debe proveérsele de calles, áreas verdes y parques, así como de los servicios necesarios para su uso y disfrute; el fraccionamiento complejo o urbanístico, engloba un acto propio del jerarca institucional, salvo los casos donde exista alguna delegación. En este segundo supuesto, estamos ante un proceso complejo de fraccionamiento y urbanización que introduce limitaciones a la propiedad privada por razón de urbanismo (artículo 22 de la Ley de Planificación Urbana), las que el Tribunal Constitucional ha señalado son totalmente conformes con el Derecho de la Constitución (voto N° 5097-93 de las 10:24 hrs del 15 de octubre de 1993 ). Así las cosas,  en los casos de aprobación de permisos de construcción de urbanizaciones, el Gobierno Local debe corroborar que cumple a cabalidad con la respectiva  dotación de vías públicas, áreas verdes y comunales, y en especial -de relevancia para resolución de este asunto- de la habilitación e implementación, a cargo del urbanizador, de los servicios públicos, tales como el de la luz, telefonía, agua potable y acueductos y alcantarillados, éste último, en caso de que exista la infraestructura para ello. Con lo cual, la no adecuación de los proyectos urbanísticos a los requerimientos establecidos en el ordenamiento urbano, obligan -per se-, al rechazo de las gestiones incoadas, en aplicación del principio de legalidad.  Así como l a misma definición lo señala, en la urbanización, siempre subyace algún margen de discrecionalidad, máxime que aún cuando el desarrollado r habilite los servicios y las calles correspondientes, sin perjuicio de otras obligaciones (como la del artículo 40 de la ley en estudio), el ente público territorial se encuentra llamado a medir sus capacidades para las nuevas exigencias; sin perjuicio que la lista de requerimientos regulada parcialmente en diferentes normas, debe ser ajustada a cada caso en concreto, estudio por demás complejo. Es por esto que reiteramos que el acto habilitante se a l e j a de la figura del permiso para constituirse en una autorización, en los términos dichos.  Por tener estrecha relación con el tema que nos ocupa, conviene que precisemos algunas notas relacionadas con el silencio positivo.\n\nVII.- SOBRE EL SILENCIO POSITIVO EN MATERIA URBANÍSTICA: E s claro que toda administración se encuentra llamada a contestar las diferentes gestiones que se le presenten con la mayor celeridad posible, no solo por imperativo constitucional (artículos 20, 30 y 41 constitucional), sino como manifestación del carácter democrático del Estado y para evitar generar inseguridad en los usuarios.  Por su parte, e l artículo ciento treinta y nueve de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP), establece un principio del derecho administrativo, según el cual: \"El silencio de la Administración no podrá expresar su voluntad salvo ley que disponga lo contrario.\" Significa ello, que la inactividad administrativa, no expresa la voluntad de la Administración, lo que equivale a decir, que el silencio de la Administración no produce efecto jurídico alguno, salvo ley que otorgue un sentido diverso a dicho silencio. La excepción a tal principio es, en consecuencia, otorgar un efecto jurídico ante la inactividad de la Administración Pública, cuando se cumplan determinados supuestos, tales excepciones son los denominados; silencio positivo y el silencio negativo. Esta posibilidad es ante todo una ficción jurídica, pues no se trata de un acto presunto, sino un remedio procedimental ante la inercia de la administración; siendo que la regla en la materia es el carácter negativo, permitiendo al afectado proseguir con el trámite en la instancia ulterior o si es su interés concurrir a la vía jurisdiccional. Resultaría contrario a todo derecho, el dejar de manera indefinida atado al interesado a un a respuesta que no llega, pese a que el ordenamiento estatuye la obligación de responder a la gestión del interesado. En lo que nos incumbe, el silencio positivo, constituye una técnica procedimental por la cual se tiene por otorgado, por parte del ordenamiento jurídico ante el silencio de la Administración, las autorizaciones, licencias o permisos, una vez vencido el plazo para que aquella se pronuncie, previa solicitud del interesado, habiendo cumplido plenariamente los requisitos exigidos para su otorgamiento.   Las  autorizaciones,  o aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio de funciones de fiscalización y tutela refieren a relaciones inter-administrativas  -en donde no hay participación de los administrados-,   mientras que los permisos, licencias   y autorizaciones se refieren a relaciones con los administrados. Es de advertir que, el silencio positivo no constituye un verdadero acto administrativo, sino un efecto ante la ausencia de respuesta, que el ordenamiento otorga frente a la inactividad administrativa.  Véase que lo limitado de los supuestos y lo taxativo no es por si arbitrario, pues como se viene razonando se trata de s ituaciones donde existe una barrera administrativa ante un derecho preexistente y cuya ejecución se encuentra supeditada a la verificación legal del total de los requisitos establecidos al efecto, de suerte que si dentro del tiempo otorgado no es posible ubicar un motivo de rechazo de la solicitud la lógica obliga a admitirla y permitir el ejercicio. Recuérdese que estamos en presencia de actos con margen de discrecionalidad muy limitados, con buena cantidad de aspectos reglados y la discrecionalidad bajo espacios muy reducidos. En nuestro derecho positivo, es precisamente el canon trescientos treinta de la Ley General de la Administración Pública, donde regula en forma genérica la institución del silencio positivo. Como se ha venido indicando estos permisos, autorizaciones o licencias, se constituyen en obstáculos o barreras que el particular debe eliminar o levantar para ejercer una actividad determinada o realizar una obra concreta. Hay de por medio, el ejercicio de una libertad pública, pero que requiere de un acto habilitante de la Administración Pública para ejercitarla como se ha indicado consistentemente. Se produce el silencio positivo cuando ha transcurrido el plazo en que debe pronunciarse la Administración y est a no lo hace, además para que se tenga por otorgado el acto en virtud de silencio positivo, el particular debe de haber cumplido plenamente con la presentación en regla de todos los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la autorización, licencia o permiso. El artículo trescientos treinta y uno de la Ley de referencia, establece que el plazo para que surja el silencio positivo es de un mes a partir de la solicitud del permiso, autorización o licencia acompañados de la presentación de los requisitos legales. Sin embargo, leyes especiales pueden establecer plazos distintos. Continúa manifestando el artículo último citado, que una vez acaecido el silencio positivo, no podrá la Administración dictar un acto denegatorio de la instancia, ni extinguir el acto, sino en aquellos casos y en la forma prevista por la propia ley. Lo que significa, que ante la autorización, la licencia o el permiso otorgado en virtud de silencio positivo, no podría la Administración posteriormente dictar un acto contrario, denegando en forma expresa la solicitud, ante la aplicación del principio de intangibilidad de los actos propios, debiendo concurrir a los procedimientos y mecanismos que el mismo ordenamiento otorga. Nuestra jurisprudencia ha manifestado respecto a esta figura:\n\n\"V.- Por constituir el silencio positivo un acto administrativo equivalente a la autorización, licencia o permiso solicitado, dispone el artículo 331, inciso 1, citado, que la solicitud que se presente debe contener los requisitos de ley. Es decir, para que opere el silencio positivo, debe el particular haber cumplido en su gestión con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la norma, pues lo contrario implicaría la ausencia de presupuestos esenciales para la existencia del acto, no pudiendo operar el silencio cuando se omita alguno de ellos, aunque el órgano o funcionario encargado no realice la respectiva prevención. Lo contrario implicaría aceptar la existencia de un acto administrativo que no reúne los presupuestos esenciales para su validez, no pudiendo en el caso concreto subsanarse el vicio. Sobre este tópico, y en un caso similar, la Corte Interina, en sesión extraordinaria de las 10,00 horas del 7 de febrero de 1985, conociendo del recurso de amparo interpuesto por M.C.W. contra el Gobernador de San José, consideró que \"el problema realmente decisivo es el de precisar el contenido concreto de la aprobación o autorización obtenida por silencio positivo en aquellos supuestos en que la pretensión ejercitada por el particular o ente público que promueve el procedimiento no es conforme a Derecho. Tres son las soluciones posibles en principio: la primera y más radical consiste en considerar autorizado o aprobado en sus propios términos el proyecto presentado; la segunda solución, postula en favor de limitar los efectos autorizatorios o aprobatorios del silencio positivo a lo que, según la Ley, es posible autorizar a aprobar; la tercera remite a una modulación de los efectos del silencio positivo en función de la clase de defectos del proyecto base. Pero la verdad es que después de analizar en doctrina esas tres posibles soluciones, cabe considerar que en todas y cada una de ellas no es posible entender adquiridas por silencio positivo facultades en contra de las prescripciones de la ley, porque no puede admitirse que el silencio positivo prospere cuando lo que resulta concedido no puede autorizarse con arreglo a la ley. En resumen, el silencio positivo suple al acto expreso, pero sólo dentro de los límites autorizados por la ley\". La falta de requisitos formales o de fondo en la solicitud presentada por el administrado, aún y cuando los mismos no hayan sido advertidos oportunamente por la Administración, impide que opere el silencio positivo. Cabe señalar, a mayor abundamiento, que lo contrario podría llevar a permitir una colusión entre el administrado y la Administración, autorizando vía silencio la emisión de actos contrarios a la legislación o incluso a la moral.\" (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 88-94 de las quince horas cinco minutos del diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y cuatro)\n\nHasta este momento hemos considerado el total de la actividad constructiva como una unidad conceptual dentro de la figura de los permisos, en tanto el propietario de un bien inmueble por sí y en ejercicio de su derecho de propiedad presenta l a facultad de utilizarlo de la mejor manera que tenga a bien, lo que determina que la licencia constructiva no es más que eso, un levantamiento de una barrera administrativa para permitir el ejercicio concreto que se presenta frente al caso, pero y frente a la sub júdice se hace imperativo realizar una diferencia importante, con respecto al fraccionamiento simple y e l permiso urbanístico y analizarlo frente a la figura del silencio positivo. Un primer aspecto a señalar es que al amparo del artículo cincuenta constitucional no resulta posible la aplicación de un silencio positivo cuando se está en presencia de una afectación al medio ambiente (Sala Constitucional votos 2001-05737 y 2003-03656, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia  voto 000507-F-04 y el Decreto Ejecutivo N. 32565-MEIC), lo que llevaría aparejado de manera implícita que el total de los requisitos presentados no se encontraban presentes desde el inicio o que la información ha sido falsedad, por el interesado para aparentar lo contrario.   Esa aseveración lleva como consecuencia que en ningún proyecto de urbanización sea posible aplicar el silencio positivo; pues por la magnitud de la actividad siempre tendrá alguna afectacción en esta materia; pero tampoco quiere decir que algunos proyectos de fraccionamiento y de construcción no se encuentren afectos a esa máxima (considérese a manera de ejemplo un centro comercial, un taller industrial, entre otros), pero al menos sería la excepción y no la regla. Frente a la actividad de fraccionamiento, y en concreto en lo que al tema que nos ocupa corresponde, es posible sostener que en lo tocante al fraccionamiento simple resulta de aplicación el silencio positivo, con la salvedad de los temas ambientales ya indicados, pero en lo correspondiente al fraccionamiento complejo o urbanístico, por sus afectaciones no puede considerarse como una mera autorización y afecta al silencio positivo, debiendo entenderse que no se encuentra cubierta por ese instituto sino por el contrario. Máxime cuando como se ha señalado, en el caso de la urbanización subsiste siempre algún elemento discrecional en el acto, que impediría aplicar sin mayores consideraciones la figura del silencio positivo. Comprende este Tribunal que la figura del silencio en su modalidad positiva presenta su origen en las autorizaciones y permisos municipales y que dentro del régimen se utiliza la figura de manera indiscriminada; pero la transversalidad de ciertos temas de interés nacional determinan que hoy no sea posible mantener esa posición; por lo que en buena lógica es una mala aplicación del derecho pretender un efecto positivo cuando debería ser negativo.\n\nVII I .- SOBRE LA INTANGIBILIDAD DE LOS ACTOS PROPIOS:  El principio de intangibilidad de los actos propios, al que esta Sala Constitucional le ha conferido rango constitucional por derivar del ordinal treinta y cuatro constitucional (Ver votos 2753-93, 4596-93, 585-94, 2186-94, 2187-94 y 899-95), parte de la regla que la A dministración P ública respectiva no puede anular un acto que de alguna forma resulte favorable para el administrado, siendo las excepciones la anulación o revisión de oficio y la revocación. Para ese efecto, la administración pública, como principio general, debe acudir, en el primer caso (así como en los supuestos de nulidad evidente y manifiesta en los términos del artículo ciento setenta y tres de la Ley General de la Administración Pública) al procedimiento administrativo establecido al efecto, reguladas en los artículos ciento cincuenta y cuatro, ciento cincuenta y cinco y ciento setenta y tres de la Ley General de la Administración Pública; y en el segundo supuesto en calidad de parte actora y previa declaratoria de lesividad del acto a los intereses públicos, económicos o de otra índole, al proceso de lesividad, el cual se ha entendido, tradicionalmente, como una garantía para los administrados. Se trata de una aplicación del principio constitucional de irretroactividad de la ley y con mayor razón de los actos (en especial los declarativos de derechos) en inmodificable para la Administración, salvo que utilice las vías previstas por el ordenamiento jurídico le establece. Sobre este particular, este Tribunal Constitucional en el Voto No. 897-98 del 11 de febrero de 1998 señaló lo siguiente:\n\n“... a la Administración le está vedado suprimir por su propia acción aquellos actos que haya emitido ..... Así, los derechos ... constituyen un límite respecto de las potestades de revocación (o modificación) de los actos administrativos, con el fin de poder exigir mayores garantías procedimentales. La Administración, al emitir un acto y con posterioridad al emanar otro contrario al primero, en menoscabo de derechos subjetivos, está desconociendo estos derechos, que a través del primer acto había concedido, sea por error o por cualquier otro motivo. Ello implica que la única vía que el Estado tiene para eliminar un acto suyo del ordenamiento es el proceso de jurisdiccional de lesividad, pues este proceso está concebido como una garantía procesal a favor del administrado, o bien, en nuestro ordenamiento existe la posibilidad de ir contra los actos propios en la vía administrativa, en la hipótesis de nulidades absolutas, evidentes y manifiestas, previo dictamen de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la República (como una garantía más a favor del administrado) y de conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. En consecuencia, si la Administración ha inobservado las reglas de estos procedimientos, o bien, las ha omitido del todo o en parte... el principio de los actos propios determina como efecto de dicha irregularidad la invalidez del acto.”\n\nLa doctrina normalmente, analiza el instituto a partir de los actos declarativos de derechos, pero existen otros actos, también favorables para el administrado que la constituyen , situaciones jurídicas sobre los cuales debe guardarse el correspondiente respeto, los que a criterio de esta Cámara presentan igual respaldo en el principio que nos ocupa.  No puede dejar de señalarse que si bien los permisos y autorizaciones en términos técnicos no son actos declarativos de derechos, en cuanto no declaran derecho alguno pues como se indicó el derecho es preexistente (a construir y aprovechar un bien inmueble según los intereses del actor), por lo que el acto administrativo se limita a levantar barreras administrativas, si a criterio de la Cámara generan un beneficio para el interesado, que le permite proseguir con su interés.  De manera que el retrotraer el efecto de forma intempestiva e injustificada genera una lesión antijurídica contrario al ordenamiento; es claro que el procedimiento administrativo no es un fin en si mismo sino el medio mediante el cual la voluntad administrativa se conforma en sus diferentes elementos, lo que lleva aparejado que solo los vicios sustanciales (aquellos que generan indefensión o cambien el contenido del acto) procuden como regla de principio la nulidad del acto administrativo (bajo el aforismo de la inexistencia de la nulidad por la nulidad misma), más la ausencia de procedimiento es por sí una manifestación de un acto arbitrario que produce irremediablemente la nulidad de la actuación en concreto, en la medida que los elementos del acto se generaron por medio ilícito. Retomando las vías para la revocatoria o la nulidad, e n cuanto al primer supuesto, resulta de manifiesto a partir del artículo ciento cincuenta y seis, que lo faculta adoptado por el jerarca, previo procedimiento administrativo levantado y con dictamen de la Contraloría General de la República.  Agrega la norma la necesaria obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados.  Como es conocido la figura de la revocación presupone un cambio en las condiciones fácticas o jurídicas, que determinan la improcedencia del acto originalmente dictado; sin cuestionarse los motivos y condiciones de este , que se presumen dictadas conforme a derecho . Es decir la actuación de la administración se dictó conforme a derecho originalmente y se revoca por variación de la situación actual, por vicios en la determinación administrativa.  En lo que refiere a la nulidad, el numeral ciento setenta y tres de la Ley General de la Administración Pública, prevé que un ente u órgano público bien puede anular en vía administrativa un acto declaratorio de derechos para el administrado pero lesivo para los intereses públicos o patrimoniales de la primera, sin necesidad de recurrir al proceso contencioso administrativo de lesividad cuando el mismo est é viciado de una nulidad absoluta evidente y manifiesta. La nulidad absoluta evidente y manifiesta debe ser dictaminada, previa y favorablemente, por la Procuraduría o la Contraloría Generales de la República —acto preparatorio del acto anulatorio final—. Le corresponderá a la Contraloría cuando la nulidad verse sobre actos administrativos relacionados directamente con el proceso presupuestario o la contratación administrativa (Hacienda Pública). Se trata de un dictamen de carácter vinculante —del que no puede apartarse el órgano o ente consultante—, puesto que, el ordinal 2° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que es de acatamiento obligatorio, a través del cual se ejerce una suerte de control previo o preventivo de legalidad, en cuanto debe anteceder el acto final del procedimiento ordinario incoado para decretar la anulación oficiosa, ante la gravedad de los hechos en consideración y el carácter técnico jurídico del mismo. En los supuestos en que el dictamen debe ser vertido por la Contraloría General de la República, también, tiene naturaleza vinculante en virtud de lo dispuesto en la ley de la materia.   No cualquier grado de invalidez o nulidad autoriza a un ente u órgano público para decretar la anulación oficiosa de un acto administrativo declaratorio de derechos para un administrado, dado que, el ordenamiento jurídico administrativo exige que concurran ciertas características o connotaciones específicas y agravadas que la califiquen, a saber “evidente y manifiesta”. Lo evidente y manifiesto es lo que resulta patente, notorio, ostensible, palpable, claro, cierto y que no ofrece ningún margen de duda o que no requiere de un proceso o esfuerzo dialéctico o lógico de verificación para descubrirlo, precisamente, por su índole grosera y grave. En tal sentido, basta confrontar el acto administrativo con la norma legal o reglamentaria que le dan cobertura para arribar a tal conclusión, sin necesidad de hermenéutica o exégesis ninguna.  La administración pública respectiva —autora del acto que se pretende anular o revisar—, de previo a la declaratoria de nulidad, debe abrir un procedimiento administrativo ordinario en el que se deben observar los principios y las garantías del debido proceso y de la defensa (artículo 173, párrafo 3°, de la Ley General de la Administración Pública), la justificación de observar ese procedimiento está en que el acto final puede suprimir un derecho subjetivo del administrado (artículo 308 ibídem). A final del procedimiento ordinario, resulta indispensable recabar el dictamen de la Procuraduría o de la Contraloría siendo un acto de trámite del mismo. Cuando el dictamen de la Procuraduría o de la Contraloría Generales de la República es desfavorable, la respectiva administración pública se verá impedida, legalmente, para anular el acto en vía administrativa y tendrá que acudir, irremisiblemente, al proceso ordinario contencioso administrativo de lesividad.\n\nI X .- SOBRE EL PROYECTO DE VILLAS DE JESÚS DE ATENAS : Previo a considerar las pretensiones deducidas, se hace imperativo entrar a analizar cual es la naturaleza jurídica del proyecto Villas de Jesús desarrollado por la actora, a saber si corresponde a un \"fraccionamiento simple\" o si por el contrario estamos en presencia de una \"urbanización\". De la prueba recibida, específicamente el ingeniero municipal y el topógrafo, lo que es ratificado por el Instituto de Vivienda y Urbanismo en alguna de la prueba documental, es claro que para ellos se trata del primero de los supuestos, en el entendido que el proyecto se desarrolla frente a calle pública y una zona donde existen los servicios públicos correspondientes, criterio que en principio podría compartir la Cámara si se tratara de algunos pocos visados (e incluso permisos de construcción) en cabeza propia; pero esa no es la situación. Por el contrario es posible constatar como los servicios existentes eran insuficientes para el proyecto desarrollado, lo que motivó que la interesada fuera de manera consistente dotando de estos, no de manera conjunta sino disgregada (uno por uno).  El mejor ejemplo es la planta de tratamiento, donde no consta dentro del elenco de hechos probados que fuera prevenida por la corporación de derecho público sino que la interesada quien conocedora de la limitación al respecto la promueve por su propia iniciativa, situación semejante ocurre con el suministro de agua, en donde es posible ver como lo presentado es para uso doméstico, lo que resultaría insuficiente para cubrir las necesidades reales de la actividad económica como un todo; muestra clara de ello es posible constatar como para requerir los visados de los planos faltantes la misma actora reconoce haber eximido al ayuntamiento del suministro de agua a partir de una autorización para construir un nuevo pozo que supuestamente vendría a cubrir las necesidades del proyecto, sobre este último pozo no existe prueba de haberse realizado a la fecha, lo que evidencia la ausencia de seguridad en cuanto a la solución del problema de agua en el proyecto. Por el mismo sentido es posible ubicar lo referente a las mejoras en la vía pública, el cordón, el caño y la evacuación de aguas pluviales.   No es que no existan los servicio públicos en su literalidad, sino que lo preexistente es insuficiente para la realidad en concreto que se presenta; y eran requisitos para poder llevar el proyecto a feliz término.  Por si esas situciones no fueran suficientes, no puede olvidarse que cuarenta y ocho nuevas familias en una zona urbana no solo demandan muchos servicios, sino también presentan afectacciones de orden ambiental que deben valorarse, considerarse y minimizarse.  En esas condiciones nos resulta incuestionable que se trata de una urbanización.  Suma a lo antes dicho que se hizo ver en su oportunidad un problema de competencia para aceptar las obras, lo cierto es que no se demostró que existiera un órgano diferente del Concejo Municipal para conocer del tema, lo que haría pensar que cualquier acto adoptado por el Alcalde o alguno de sus subordinados en la materia presentarían un vicio en dicho elemento formal (competencia), si antes el proyecto no ha sido aceptado por el órgano jerárquico de grado superior (el Concejo Municipal). Si debemos reiterar de manera enfática que no basta la existencia de calle pública para considerar la existencia de un mero fraccionamiento, al deberse ver el tema como una integridad, así la existencia de la vía pública hace presumir la presencia de los servicios públicos básicos, pero no necesariamente existe una relación de causa efecto.  Este caso es un claro ejemplo de esta situación, donde es indudable la existencia de los servicios básicos, pero por el volumen de lotes que componen el proyecto los mismos se tornan insuficientes, resultando imperativo dotar y mejorar estos. Incluso, frente a los usuarios finales, el desarrollador es conciente de las limitaciones, pues de manera consistente ha procurado dotar de los servicios faltantes, pero posiblemente en virtud de que el ente público lo calificó en algún momento como mero fraccionamiento se ha acogido a dicho procedimiento por resultarle menor engorroso. Como ya se indicó la idea del fraccionamiento simple es que el interesado solo tiene que conectar su necesidad a una red preexistente que tiene capacidad para incluirlo, lo que en este caso no se da, reiteramos por la cantidad de lotes suministrados.  Este aspecto básico y medular genera pleno nivel de convicción en este órgano colegiado sobre la naturaleza del proyecto en concreto. Ahora bien, consideramos que existen una serie de afectaciones específicas que repercuten en el conflicto que se analiza. Conforme con el hecho probado catorce  el ayuntamiento visó veintiocho planos para segregar lotes a partir de la finca que nos ocupa, así mismo autorizó dos permisos de construcción (hecho probado número 41) y en aplicación de un silencio positivo declaró la aceptación del proyecto y de la planta de tratamiento de aguas residuales. Como se ha venido señalando si bien no es posible considerar cada uno de estos actos como declarativo de derechos en el sentido técnico del término (por tratarse de autorizaciones y permisos), si generan una situación favorable a la actora, que como tal no podría destruirse o desconocerse sin cumplir para tal efecto los procedimientos legales y constitucionales al efecto. Aceptar lo contrario sería generar un estado de inseguridad jurídica que no resulta propia en un Estado democrático, liberal y de derecho que se profesa. Tampoco es posible tenerlos como inexistentes por presentar algún posible vicio, pues nuevamente estaríamos ante una inseguridad jurídica insostenible en el Estado costarricense. No se trata de una especie de convalidación de un acto que presenta serias deficiencias de lo que se conoció en el juicio oral y público y de la prueba vertida, sino de la imposibilidad de desconocer un acto emanado por una dependencia pública y sobre el cual no se han emitido actuación en contrario; en pocas palabras no existe procedimiento administrativo para negarle los efectos jurídicos que presenta a la fecha.  Es discutible si desde el plano material algunos requisitos legales que en su momento no se presentaban al día de hoy no esten satisfechos, pues es posible constatar como actualmente se cuenta con el estudio de impacto ambiental y como se han realizado obras para suplir los servicios faltantes, pero faltan elementos de convicción para saber si la totalidad de las necesidades están satisfechas al momento, el ejemplo más notorio es lo referente al tema del agua, donde la prueba es inexistente; todo sin perjuicio del tema de la competencia sobre el órgano facultado para recibir el proyecto, en los términos ya apuntados. En dicho marco, toda actuación material o formal adoptada en contra del ordenamiento jurídico se torna ilegal o anormal según corresponda y es generadora de responsabilidad, lo que lleva aparejado la imposibilidad de no reconocer los actos favorables a la interesada. Si bien es cierto, comprende la Cámara que en un visado de un plano sus efectos se materializan en el mismo documento, y consecuentemente, los actos que se puedan haber dictado o las actuaciones adoptadas a nivel interno del régimen municipal, no afectan el permiso en la medida que su utilidad es poderlo presentar o dar fe de él frente al Registro Nacional al momento de la escritura de segregación, ello no impide que sea una actuación ilícita el pretender no reconocer la existencia del acto favorable.  Situación semejante ocurre con los permisos de construcción, una vez construída la obra, donde el acto carece de interés; en todo caso, conviene realizar el análisis más exhaustivo pero frente a la pretensión en concreto.\n\nX .- SOBRE LAS PRETENSIONES PRINCIPALES DECLARATIVAS : Previo a entrar en la pretensión en concreto, debe advertir el Tribunal que la articulación pretendida no presenta un formato con plena claridad en cuanto se mezclan consistentemente reconocimiento y juicios declarativos de derecho; empero se procurará su análisis de la manera más comprensible posible, siempre teniendo como norte el principio de tutela judicial efectiva. A) Dejando de lado la primera pretensión principal, consistente en la declaratoria con lugar del proceso, en cuanto no es una pretensión en sí misma, sino una comprensible de las demás, la primera solicitud (numerada como dos) de la sociedad actora requiere que se revaliden los veintiocho planos visados en su oportunidad por el ayuntamiento, en virtud de corresponder a un mero fraccionamiento.  El término revalidar es entiendo por el Tribunal como aquel supuesto  donde se emite un acto administrativo, posteriormente es anulado, y consecuentemente se solicita el otorgamiento de la eficacia jurídica nuevamente.  En lo que al caso corresponde, los planos que resultan ser visibles a hecho probado número catorce nunca han sido anulados y consecuentemente no pueden ser revalidados, pese a esto, al amparo del artículo ciento veintidós del Código Procesal Contencioso Administrativo entiende la Cámara que lo pretendido es la nulidad de cualquier acto formal o material que lesione la actuación administrativa favorable en consideración.  También es pertinente aclarar que la parte actora sostiene de manera implícita la manutención de dichos actos constatativos en virtud de corresponder a fraccionamientos simples, lo que como se viene indicando es incorrecto, pues son parte de una urbanización. Así no es posible asegurar en los términos que la sociedad actora requiere de que el proyecto es un mero fraccionamiento, cuando de la relación de hechos probados quedó claramente indicado las limitaciones en servicios públicos los cuales fueron asumidos por el urbanizador como requisitos necesarios para su proyecto, de suerte que la existencia de calles públicas y servicios públicos limitados no resultan ser suficientes para otorgar lo pedido. En todo caso, nos inclinamos a encontrar sentido a la pretensión en los términos indicados, no por ser meros fraccionamientos, sino por que cualquier lesión a un acto favorable al administrado es una vulneración al principio de intangibilidad de los actos propios, de suerte que solo mediante los procedimientos administrativos legalmente establecidos es posible destruir la eficacia jurídica de esos actos, procedimientos que frente al caso en concreto no existe prueba alguna de haberse dado. Cotejado la totalidad de las actuaciones frente a esos actos, el único momento donde es posible ubicar un intento para restarle efecto a esos actos se ubica en el hecho probado sesenta y uno por parte del jerarca impropio, donde llega a señalar que dichos actos deben tenerse por inexistentes.  Un primer aspecto que debe señalarse es que el acto frente al cual se conocía el recurso de apelación era el acta de la sesión doscientos veinte, del dieciséis de marzo de dos mil nueve del Concejo Municipal correspondiente, referente a la negativa del aval al silencio positivo otorgado por el ayuntamiento, motivo por el cual este órgano jurisdiccional entiende que corresponde a un Obiter dictum, es decir un análisis tangencial realizado por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo sin que fuera la parte medular de su análisis pues no era ese el motivo del recurso. Entiende así esta Sección del Tribunal como el acto favorable al administrado ya estaba otorgado con anterioridad según es posible ubicar en el elenco de hechos probados bajo el número treinta y ocho, correspondiente al oficio MAT-WA-14-09 del diecisiete de febrero de dos mil nueve.  De suerte que una vez otorgado el acto en consideración, resulta irrelevante si es o no avalado por el Concejo Municipal e incluso si esta posición es compartida o discrepada por el jerarca impropio, en la medida en la cual el acto ya estaba generado. Cabe advertir sobre el particular la inexistencia de elementos de convicción sobre los cuales pudiera pensarse una mala fe de la sociedad actora, máxime cuando los funcionarios municipales estaban en la convicción de tratarse de un mero fraccionamiento, posición incluso compartida por los funcionarios del Instituto de Vivienda y Urbanismo. Valoración de los funcionarios administrativos aún cuando respetable no compartida por este Tribunal en cuanto no lograron comprender que lo buscado con la norma era la mera unión a una red de servicios públicos preexistentes, lo que en el caso no era así.  Pese al error en la aplicación de las normas lo cierto es la existencia del acto favorable a los intereses del administrado, de imposible desconocimiento.  De manera que lo sostenido por el jerarca impropio al amparo del numeral ciento setenta y tres de la Constitución Política, además de no ser un acto jurisdiccional propiamente dicho que genere cosa juzgada frente a esta órgano judicial, tampoco es la base central de su razonamiento.  Todo sin perjuicio que de manera posterior, es el mismo Concejo Municipal quien aclara su acuerdo, haciendo alusión que no debía entenderse un acto contrario a los intereses de la sociedad actora en este proceso, sino una mera posición del órgano colegiado; muestra claro de lo dicho es que a partir de este segundo acuerdo se levanta la suspensión del proyecto que se había generado.  Así al momento que el jerarca impropio conoció del recurso de apelación administrativo había una manifiesta falta de interés, al haber revertido el jerarca administrativo en aplicación del principio de auto tutela sus mismos actos. Lo que nuevamente nos lleva a la conclusión de la inexistencia de actos que pretendan restarle efectos jurídicos a los visados otorgados. Es preciso recordar sobre el particular que los visados como tal son actos cuyos efectos quedan plasmados en el mismo plano, facultando al interesado a poder segregar el terrreno mediante la correspondiente escritura pública en el momento que lo tenga a bien según lo dicho, así su perturbación debería ir encaminada hacia comunicaciones con el Registro Nacional, dependencia donde surtiría efectos el acto, los que en el caso no se han dado.  La parte accionante especula así sobre la existencia de afectaciones futuras, las cuales no se han dado y que no podrían conocerse en cuanto no es posible saber que nuevas actividades o posiciones va a adoptar el ente público frente al caso en concreto. Las otras generadas por el ayuntamiento (afectacciones al avance de la obra ó no recepción del proyecto) son meras actuaciones materiales y no atacan el visado otorgado a los veintiocho planos.   De manera que no se estaría presentando una afectación real y concreta sobre dicha pretensión que permita ser declarada, disponiéndose la falta de interés actual. Todo sin perjuicio que declarar la validez de dichos actos es aceptar su conformidad con el ordenamiento, como cuando ya se indicó no presentan tales atributos en cuanto debieron ser consideradas dentro de un proyecto urbanístico y no como fraccionamiento simple. B) La siguiente pretensión se orienta a la declaración de validez y eficacia en cuanto a tres permisos de construcción otorgados a la actora, correspondientes a los números 030-2009 para una planta de tratamiento de aguas residuales, mejoras en vía pública, encascotado, cordón y caño, aceras, evacuación de pluviales y agua potable;  110-2009 para una vivienda unifamiliar y permiso de construcción 111-2009 para la edificación de una vivienda unifamiliar.  El primero de los permisos de construcción fue otorgado por el Señor Alcalde según se narra en hecho probado treinta y ocho, mientras que la base de los permisos de construcción  fueron otorgados según se establece ha hecho probado cuarenta y seis.  Si bien, dichas obras en su momento fueron paralizadas, posteriormente se permitió su construcción. Muestra de lo dicho es como a hecho probado numero cuarenta y ocho, el Concejo Municipal de Atenas el seis de abril de dos mil nueve, aclara sus actuaciones, para indicar que no se están anulando o revocando el primero. Dentro de las argumentaciones de las partes realizadas en el juicio oral, así como del elenco de hechos probados no es posible detectar actuación administrativa alguna que impida la realización de estas obras en este momento, las que en su momento si pudieran haberse dado; sí bien comprende la Cámara que ante la existencia de actuaciones anteriores es posible la existencia de un temor en la actora que puedan presentarse otras situaciones, ante obras ya concluídas o sin restricción vigente, se trata de meras especulaciones que no presentan abrigo jurídico. Conviene retomar lo señalado en cuanto la obligación del control y vigilancia de las actividades urbanísticas en un cantón a cargo del ente público descentralizado, pero dichas funciones deben ser desarrolladas al amparo de la legalidad, lo que incluye que las paralizaciones o suspensiones de obras deben darse en supuestos de incumplimiento del permiso otorgado o sobre afectacciones generadas a la hora de desarrollar el proyecto no contempladas originalmente.  Nunca podrían corresponder a acciones intempestivas, infundadas, o con motivaciones ilícitas.  Volviendo al caso en concreto, de nuevo ubica el Tribunal una carencia de interés en cuanto estamos frente a permisos de construcción que agotaron sus efectos en el momento que la obra se encuentra concluída, careciendo de toda relevancia analizar su validez y eficacia, máxime cuanto esta no esta siendo cuestionada. Nuevamente hay que declarar también la falta de derecho, en la medida que como se ha indicado debieron ser conocidos dichos actos dentro de un proyecto urbanístico y no como mera segregación, lo que impediría declarar que fueron emitidos con sustento legal. C) La cuarta pretensión requiere se ordene a la Municipalidad de Atenas el reconocimiento del derecho subjetivo que asiste a la actora con respecto a los puntos anteriormente reconocidos, en cuanto a su validez y eficacia, de manera que no es posible revocar o anular dichos actos. Sobre dicho requerimiento deben realizarse varias aclaraciones, inicialmente y como se ha venido señalando no se trata de derechos subjetivos sino de permisos, de suerte que lo realizado fue levantar barreras administrativas que permiten su ejercicio, no siendo posible declarar lo pretendido por la interesada en la medida que no son derechos subjetivos como lo indica; por otro lado se trata de actos carentes de una perturbación real (en el supuesto de los permisos) o cuyos efectos se agotaron (en lo referente a los visados), debiendo declararse la falta de interés manifiesta que se presenta en el caso.  Lo anterior sin perjuicio de la imposibilidad de los órganos jurisdiccionales de pretender restringir las facultades administrativas de  revocar o anular dichos actos, siempre concurriendo al procedimiento legalmente establecido.  De manera que el Tribunal no podría impedir las facultades administrativas, limitando su señalamiento que en el supuesto de que fueran ejercidas estas deberán desarrollarse dentro del marco de la legalidad, con plena garantia del debido proceso y del derecho de defensa, momento en el cual la hoy actora podrá ejercer los derechos que el mismo ordenamiento le garantiza. Por otro lado, en cuanto a la validez y eficacia de los actos anteriores, como se indicó carece de derecho, lo que también debe declararse, en el entendido para el Tribunal que de la prueba evacuada y de la interpretación de las normas aplicables, no es posible sostener que se han cumplido todos los requisitos legales en cuanto fueron tramitados como un mero fraccionamiento y no como urbanización, en las condiciones ya explicadas. D) La quinta pretensión versa sobre la ratificación de la aprobación del proyecto Villa Jesús de atenas, requiriendo se declare el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales.  Visto como ratificación, como se había indicado presupone la existencia de un acto previo el cual es anulado o revocado lo que en la especie no se consolida, empero la Cámara entiende la solicitud como de anulación de todos los actos que resultan contrarios a aquellos dispuestos con actuación favorable a los intereses de la sociedad actora. En los términos dichos, inicialmente existe una carencia manifiesta de derecho en cuanto a dicha pretensión, en la medida que resulta imposible reconocer el cumplimiento de todos los requisitos del proyecto en consideración cuando no es posible constatar esa situación en el caso de una urbanización, como es el caso que nos ocupa, que como es conocida presenta requerimientos más complejos en razón de la obra a realizar, donde actuán diversas dependencias estatales; de manera que no resulta posible acceder a la pretensión deducida. Más como se ha venido razonando estamos en presencia de un acto favorable a los intereses de la accionante el cual no sino revocado o anulado, protegido en consecuencia por el principio de intangibilidad de los actos propios, de manera que en cuanto a los actos de obstrucción del proyecto, como ya se indicó, las labores de fiscalización de los proyectos constructivos, en cuanto se ajusten a aquello permitido por acto administrativo es una obligación connatural al régimen municipal; en la medida que el acto habilitatorio no es para cualquier actividad sino para una en concreto.  Incluso, aún supeditándose a lo permitido, resulta posible la generación de afectaciones no consideradas (en temas ambientales a manera de ejemplo) que harían lícito la paralización de una actividad construtiva. Lo que sí resulta ilegal es la paralización de una obra ajustada a lo permitido y sin generarse afectaciones (especialmente ambientales) no consideradas, que todo indica fue lo ocurrido en lo que a la especie corresponde. En todo caso, retomaremos este tema a la hora de considerar las responsabilidades solicitadas. En la sub júdice es posible verificar como no existen actos tendientes a anular la aceptación del proyecto Villa Jesús de Atenas, sino actuaciones no formales, consistentes en la paralización del proyecto en su oportunidad y en la ausencia de ejecución de las actividades propias a la recepción del proyecto; la primera carente de interés a este momento y la segunda, en la cual se omite su ejecución. Todo parece indicar que esta última situación tiene sustento en la falta de claridad del ayuntamiento sobre las afectaciones concretas que podrían presentarse, promovidas por la presión de los vecinos.  La aceptación del proyecto presenta tres efectos directos, el primero de ellos en cuanto a la aceptación de las áreas comunales al amparo del artículo cuarenta de la Ley de Urbanísmo (lo que incluye el tanque de tratamiento), en segundo lugar lo correspondiente a la aceptación de las mejoras en infraestructura pública y servicios y lo correspondiente al visado de los planos faltantes de visar dentro del proyecto. Estamos frente a una antinomia de las normas, en el entendido que aceptar el proyecto en los términos actuales resultaría un acto antijurídico, pero al mismo tiempo negar eficacia a un acto sin el cumplimiento de los requisitos legales, también lo es. De manera que la Cámara opta al amparo del artículo ciento veintidós del Código Procesal Contencioso Administrativo por otorgar a la Municipalidad demandada un plazo de tres meses calendario a partir de la firmeza de la presente resolución para que la demandada ejecute el acto dispuesto o en su defecto inicie los procedimientos de revocación o anulación, según corresponda a partir de los procedimientos legalmente establecidos.  En el entendido que la inseguridad jurídica presentada por la demandada cese de manera definitiva en uno u otro sentido, ante conductas contrapuestas del ente público corporativo donde por un lado autoriza o permite y por el otro niega la ejecución de los actos dispuestos.  Al respecto el copioso listado de hechos probados demuestra una cadena de gestiones, algunas reiterativas y otras aisladas, sin establecer una resolución en concreta frente al tema; en especial en el caso del Concejo Municipal, incumpliendo plenamente sus obligaciones. Debe queda claro que una cosa es que el acto presente elementos discrecionales y otra muy diferente que pueda mantenerse al administrado sin resolver sus gestiones de manear indefinida. Es también posible constatar como el órgano colegiado supremo hace manifestaciones desaprobando el proyecto, pero no adopta ningún acto concreto al respecto, lo que manifiestamente genera un estado de inseguridad jurídica insostenible.  Al otorar dicho plazo, se resuelve dicha pretensión, así como la numerada como 5.1 que corresponde a la recepción de terrenos y obras por la demandada, la señalada como 5.2 que refiere al visado de los planos faltantes y lo atinente a la anulación de actos contrarios a aquel que fuera favorable a la administrada.  Sobre esta última si debemos indicar la carencia también de interés en cuanto la inexistencia de algún acto vigente con afectación real sobre el proyecto en consideración.\n\nXI .- SOBRE LAS PRETENSIONES PRINCIPALES INDEMNIZATORIAS : Como último punto de las pretensiones principales, la actora realiza una solicitud indemnizatoria de daños y perjuicios, los que por su complejidad resulta necesario su estudio detallado.  Inicialmente se liquida como daño patrimonial lo correspondiente a los permisos de construcción 030-2009 (mejoras en la vía y planta de tratamiento), 110-2009 (vivienda unifamiliar) y 11-2009 (vivienda unifamiliar); justificando el daño en la paralización de las obras de manera injustificadas. Se razona en la fundamentación como por intermedio de la resolución MAT-DA-WA-0150 del nueve de julio de dos mil nueve el Señor Alcalde Municipal paralizó las obras, las que fueron reanudadas hasta el quince de enero de dos mil nueve, por intermedio del oficio MAT-WA-07-109.  Se trata en efecto de una paralización intempestiva y sin la evidencia dentro del expediente de un motivo justificado, carente de todo procedimiento y tampoco justificable como medida cautelar.  Así como se razonó en su oportunidad las labores de control de fiscalización en cuanto a la obra son inherentes al régimen municipal, lo que lleva aparejado la posibilidad de paralización en el momento que lo realizado se separe de lo autorizado, así como afectaciones reales y efectivas a situaciones no consideradas originalmente, pero ni uno ni otro supuesto se encuentra acreditado. La única motivación se orienta a los alegatos de las partes en el sentido que fue efecto de la presión de los vecinos (hecho que tampoco fue probado), aspecto aún cuando relevante no presenta ser un motivo lícito para el acto administrativo en consideración, generando como consecuencia la existencia de una conducta formal e ilegal, y como tal generadora de responsabilidad declarable en esta sede.  A los efectos del Tribunal es incuestionable la ilegalidad de la conducta, la existencia del daño y el nexo causal entre uno u otro, en el entendido que la paralización de una obra de construcción presenta afectacciones sobre el material comprado, el personal contratado y hasta posibles negocios que pudieron gestarse a partir de estas; queda por establecer la cuantificación del mismo. Ahora bien, al momento de liquidar dicho daño la actora la fija en la suma de noventa y nueve millones cincuenta y nueve mil trescientos treinta y un colones con sesenta céntimos, consiste en el precio de compra del terreno, construcción de la planta de tratamiento, obras de mejoramiento de la vía pública e infraestructura.  Los rubros indicados resultan incontrovertibles en su existencia como actividades propias del proyecto constructivo, pero carecen de manera manifiesta nexo de causalidad con la conducta ilegal ya señalada.  Así la compra del terreno no es consecuencia de la paralización, como tampoco lo son las obras realizadas.  No es posible pretender cobrar el total de la inversión del proyecto a partir de una paralización por más ilícita que esta pudiera ser.  Véase como el terreno todavía es propiedad de la sociedad accionante, al igual que las obras desarrollas por su cuenta y riesgo, pues todo negocio en cuanto negación del ocio lleva implícito una serie de riesgos que no es posible cargar a la administración y que son desarrollados por el interesado, dentro de una actividad lucrativa por él emprendida. Muestra clara es como al día de hoy las dos viviendas unifamiliares bien podrían ser vendidas, al igual que las restantes obras. Pretender negar los riesgos de la empresa y permitirle quedarse con obras realizadas y al mismo tiempo con el valor de éstas, no es más que un enriquecimiento injusto que bajo ningún motivo puede tener abrigo por parte de la Cámara.  Debiendo rechazarse dicha liquidación y remitir a la ejecución de sentencia a que la parte actora liquide efectivamente los daños sufridos y los acredite, supeditado a lo antes dicho.  Si debe aclararse como en el juicio oral y público se evidenció como algunos materiales se habían lavado por generarse la paralización en pleno invierno y así como el deterioro normal por el mero tiempo que no se habría generado si la obra hubiera continuado por su curso normal, daños que si presentan realización directa con la conducta administrativa ilegal, más lamentablemente estos no se liquidaron a la hora de presentar el proceso; y en todo caso nunca se llegó a establecer su quantum, lo que impediría declararlos en este momento. También se hizo ver en el juicio oral y se aportó prueba (tanto documental como testimonial) referente a los daños producidos al pozo de agua de la actora en el tiempo que se generó la paralización, al extremo de ser necesario generar uno nuevo.  Sobre dicho particular es evidente la ausencia de nexo causal entre la conducta administrativa y el daño reclamado, en el entendido que la administración paralizó obras, pero no impidió a la actora que contara con el personal de seguridad y las medidas útiles y necesarias para mantener sus bienes en resguardo, lo que corresponde a situaciones diametralmente diferentes.  Además el daño, no fue acreditado antes dicho no fue realizado por la administración sino por un tercero sin nexo alguno con la organización o actividad administrativa.  La situación es lamentable y bajo ningún motivo puede ser aceptada por esta jurisdicción, pero no es posible reclamar al ayuntamiento dichas afectaciones.  No es de menos indicar que a nuestro criterio no corresponde el caso al supuesto del artículo ciento noventa y cinco de la Ley General de la Administración Pública que prohibe indeminización frente a interés ilegítimo en el entendido que no es posible ubicar el dolo de la parte por engañar a la Administración, más por el contrario los funcionarios públicos que actuaron en el proceso resultan estar claros sobre lo ocurrido, así la incorrecta interpretación de las normas no fue inducida por el administrado sino dispuesta por la administración. El segundo daño reclamado se residencia en la afectación a la imagen de la empresa, bajo la figura del daño moral objetivo;  entendido como que trascendió a la comunidad y a los medios de comunicación colectiva como el proyecto no cumplía requisitos técnicos y legales, estableciendo su importe en la suma de quinientos millones de colones.  En cuanto a dicho rubro liquidado tenemos una manifiesta carencia de elementos probatorios, vulnerándose el artículo trescientos diecisiete del Código Procesal Civil, con relación al doscientos veinte del Código Procesal Contencioso Administrativo. Así no existe prueba en cuanto a la trascendencia pública de la situación objeto de litigio hacia la comunidad, pero más importante aún que se haya producido una lesión al patrimonio de la empresa. Recuérdese que el año moral objetivo no se presume como el subjetivo, sino que debe acreditarse.  No es posible constatar que hayan existido ventas caídas a partir de los hechos de interés, reducción en los ingresos sobre dicha base o en general una afectación concreta que satisfaga los requisitos del artículo ciento noventa y seis de la Ley General de la Administración Pública, imponiéndose el rechazo del rubro. El tercer grupo reclamado corresponde a los perjuicios los que motivan en la ausencia de consolidación del proyecto, específicamente en la ausencia de venta de los lotes y con esto recibir una utilidad esperada. Estimándose dicha afectación en la suma de cuatrocientos dieciséis millones cuatrocientos diecisiete mil quinientos cincuenta colones.  Cabe advertir que a la hora de liquidar dicho rubro la parte promovente parte de la premisa como si existiera un desapoderamiento del inmueble, cuando como se ha indicado sigue formando parte de su patrimonio, lo que llevaría a la lógica pensar que a razón de liquidarlo debió considerar únicamente la utilidad y no la totalidad del valor de un bien que todavía puede disponer de él.  Nuevamente aquí tenemos problemas de insuficiencia probatoria, véase como existen veintiocho lotes debidamente visados que pueden ser  utilizados por la interesada, sin la existencia de que estos se hayan procurado vender y a partir de la acción de la demandada no se ha logrado, dicho aspecto nunca se acreditó. Tampoco se ha logrado demostrar, que algún bien inmueble fuera devuelto por la misma base.  Todo lo cual hace pensar que la actora viene a liquidar el rubro que esperaba recibir en una situación incierta, pues a final de cuentas nada asegura la existencia de las ventas en los términos pensados.  Se trata en efecto de una especulación, que debe ser rechazados sobre las mismas bases.  A manera de sintésis en cuanto a los daños pedidos, a excepción del rubro reconocido en abstracto, estamos en presencia de una falta de derecho, que debe ser declarada.\n\nXII .- SOBRE LAS PRETENSIONES SUBSIDIARIAS : La actora realiza una pretensión subsidiaria a partir del supuesto de que no resultara posible la ratificación de los visados y permisos de construcción entregados, que requiere su correspondiente pronunciamiento. Solicita inicialmente se le indemnice a partir de los veintiocho visados de planos para segregación otorgados por el ayuntamiento.  Como se indicó si bien dichos actos fueron otorgados a partir de un proyecto de segregación cuando debieron ser tramitados en una urbanización, lo cierto es que dichos actos no se han anulado, todavía al día de hoy subsisten en el ordenamiento jurídico lo que impediría la posibilidad de reconocimiento alguno. De manera que subsistiendo a la fecha dichos actos (al margen de ser o no válidos) no se ubica una lesión jurídica susceptible de ser indeminizada en los términos pretendidos; de manera que la actora podría en cualquier momento proceder a segregar esos lotes y disponer de ellos como a bien los tuviere. Tómese nota como lo señalado en el considerando tras anterior, en el entendido que frente a la pretensión de revalidación de los planos existía una carencia manifiesta de interés actual, en la medida que no se había dispuesto acto alguno que impidiera presentar esos documentos visados ante el notario de interés de la actora para poder generar por escritura pública las segregaciones allí permitidas. Posibilidad vigente a la fecha, conforme se ha sostenido.  De suerte que resultaría contrario al ordenamiento alguna indemnización al respecto.  Cabe advertir en este particular como a la hora de liquidar se solicita los rubros señalados bajo el punto sexto de la pretensión principal que son aquellos analizados y resueltos en el considerando anterior, sobre los cuales no es posible agregar mayores elementos de razonamiento para su análisis.\n\nXII .- SOBRE LA PRETENSIÓN DE INTERESES Y LO CORRESPONDIENTE A INDEXACIÓN:  La actora solicitó el pago de intereses legales, los que en efecto corresponde reconocer en cuanto réditos civiles a partir rubros en concreto que tuvo que cancelar sobre la base de una conducta ilícita desplegada por la administración, pero a partir de la resolución que llegaré a establecer los daños en concreto producidos.  Véase como estamos en presencia de una obligación de valor, la cual a la fecha no ha llegado a establecer su quantum, de manera que resulta imposible para la accionada proceder a cancelar rubro alguno en concreto. Es de precisar que si bien la actora pretendería el pago desde el momento de la afectacción, no es posible concederlo en dichos términos cuando todavía la obligación no es dineraria, debiendo limitarse en los términos dichos. Naturalmente dicho interés deberá calcularse sobre la base del artículo mil ciento sesenta y tres del Código Civil.  Igualmente de conformidad con el artículo ciento veintitrés del Código Procesal Contencioso Administrativo procede el reconocimiento de indexación, tomando de la misma manera como base a partir de la sentencia de ejecución firme que llegare a establecer un monto concreto a cancelar y hasta su efectivo pago.”\n\n \n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto salvado\n\nRama del Derecho: Derecho Civil\n\nTema: Indexación\n\nSubtemas:\n\nAnálisis con respecto al pago de indemnización al administrado.\n\n“ VOTO SALVADO DEL JUEZ ESPINOZA SALAS\n\n \n\nConcurro con mis compañeros en el voto, no obstante me separo en cuanto a la interpretación realizada respecto al momento a partir del cual corre la indexación y los intereses de las sumas otorgadas en sentencia, que acorde a la respetable posición de mayoría lo es desde la firmeza de la sentencia que las establezca en concreto. Sin embargo, para el suscrito, la indexación y los intereses tratándose de obligaciones de valor, debe correr a partir de la firmeza de la sentencia que las otorgue, sin que sea necesario trasladar tal data hasta que exista un monto concreto y en caso de obligaciones dinerarias desde que se incurrió en la erogación. De este modo, lo correcto para establecer una indemnización integral y plena, y para no causarle perjuicio al justiciable, es que se deba indexar y conceder intereses desde que se establece, dicta y reconoce la obligación. Respeto a la indexación por la naturaleza de este instituto, el cual pretende actualizar al valor presente las obligaciones dinerarias preexistentes o actualizar al momento del dictado las obligaciones de valor reconocidas en sentencia, no debe quedar sujeta su aplicación, tratándose de obligaciones declaradas en abstracto, hasta el momento de la firmeza de la sentencia de ejecución que defina su monto, por cuanto el derecho ya se declaró y estableció. De igual modo, si el monto indemnizatorio ya se definió en sentencia, con mucho menos motivo debe postergarse a etapas posteriores en perjuicio de la victoriosa el deber oficioso de indexar tales rubros. Si bien, el ordinal 123 del Código Procesal Contencioso Administrativo es claro en que la obligación dineraria reconocida en sentencia se actualizará desde la fecha de su exigibilidad, el numeral 124 inciso primero y segundo, en cuanto a las obligaciones de valor, expresa que una vez convertida en dinero efectivo el juez ejecutor la actualizará, pero no indica a partir de cuando. En razón de ello, la interpretación lógica, con base en el principio de reparación integral y plena, es la de que al diferirse en el tiempo la fecha de su fijación en ejecución y posterior pago, es lo razonable que la actualización se produzca desde que se declaró en sentencia y hasta su efectivo pago. Ergo, en el caso de obligaciones de valor en las cuales se fija su monto en la sentencia que las otorga, con mucha menos razón debe diferirse su indexación a etapas posteriores. Si bien el precepto legal dispone que una vez convertida en dineraria la obligación de valor se actualizará, ello obedece a que por razón lógica no puede aplicarse la operación de indexación a un rubro no cuantificado, pero ello no implica que tal actualización deba correr hasta que el juez de ejecución establezca su monto.”\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina\nTexto de la resolución\n\n \n\nVoto N°  031-2012\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA, San José, a las once horas y treinta minutos del veintidós de marzo de dos mil doce.-\n\nProceso de conocimiento de Nombre53625., cédula de persona jurídica número […], representada por los señores Nombre3640, soltero, comerciante, vecino de […] , contra la MUNICIPALIDAD DE ATENAS representada por la señora alcaldesa Querima Bermúdez Villegas, divorciada, cédula CED87210 -   -    .  Figura como coadyuvante la Nombre529, cédula de persona jurídica […], representada últimamente por el señor Nombre2882, cédula de identidad numero […], de demás calidades desconocidas.  Figura como apoderado especial judicial de la actora el Lic. Luis Antonio Álvarez Chávez, vecino de Barba de Heredia, cédula de identidad número CED9145 -     -    , como apoderado especial judicial de la demandada pública el  Lic. Christian Arias Guerrero, y como abogado director de la última el Lic. Ronald Ramírez Garita, casado una vez, portador de la cédula de identidad número CED87211 -     -  . Todos mayores, casados, abogados y vecinos de Atenas, con las salvedades dichas. Proceso de conocimiento 09-001089-1027-CA.\n\n \n\nRESULTANDO:\n\n1.- Que la actora pretende (ver folios 283 al 296 del expediente judicial, salvo pretensión 4 que se modificó en la audiencia preliminar): Pretensión Principal: \"2) Que se declare y ratifique la validez y eficacia jurídica de visados otorgados por la Municipalidad de Atenas a los planos números […], ya que están frente a calle pública, con frentes y áreas mayores a los que indica el Reglamento para el Control nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones y cuenta todos los servicios públicos.  Estas condiciones las acreditó el Ing. Municipal Marcelo López León. ... 3) Que se ratifique la validez y eficacia jurídica de los permisos de construcción que otorgó la Municipalidad de Atenas a mi representada, en virtud de cumplir con los requisitos y condiciones técnicas, jurídicas y reglamentarias exigidas por el ordenamiento jurídico y por existir dictámenes de los funciones competentes (Ingeniero y Topógrafo Municipales) que acreditan que se cumple con todas las exigencias.  ...  3.1) Permiso de Construcción No. 030-2009 de fecha 24 de febrero de 2009, para realizar las obras de infraestructura requeridas para dicho fraccionamiento, a saber: \"planta de tratamiento de aguas residuales, mejoras en vía pública, encascotada, cordón y caño, aceras, evaluación de pluviales y agua potables\".  3.2) Permiso de construcción número 110-2009 de fecha 22 de junio del año 2009, siendo esta licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar, en el lote L-29 de fraccionamiento aprobado a mi representada.  3.3) Permiso de construcción número 111-2009 de fecha 22 de junio del año 2009, siendo esta licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar, en el lote L-30 de fraccionamiento aprobado a mi representada.  Lo anterior, en virtud de que todas las obras autorizadas en los permisos, se ejecutaron con la venía de la Alcaldía Municipal y del Departamento de Ingeniería Municipal de Atenas. 4) Se le ordene a la Municipalidad de Atenas abstenerse de ejecutar actos formales y materiales que desconozcan el derecho subjetivo que le asiste a la actora, en relación con el reconocimiento de los permisos y licencias concedidas, que se solicita ratificar en las pretensiones 2 y 3, apéndices 1, 2 y 3. 5) Que se ratifique la aprobación del proyecto de fraccionamiento Proyecto Villa Jesús de Atenas desarrolladas por mi representada, toda vez que cumple con todas y cada una de las exigencias solicitadas según criterio técnico y científico (artículo 16.1 de la Ley General de la Administración Pública) del Ingeniero Municipal Fabián Méndez Marín .... Por lo anterior expresamente solicito: 5.1) Que se apruebe la entrega o cesión del área pública y se ordena al Nombre20665 Municipal otorgar la escritura respectiva a favor de la Municipalidad de Atenas; en su defecto que se proceda a la ejecución forzosa de dicho otorgamiento.  5.2) Que se ordene aprobar el visado de los planos: […].  Toda vez que estos lotes cumplían con lo requerido para el visado; o en su defecto que se ordena la ejecución forzosa del otorgamiento de dichos visados.  ..  5.3) Que en virtud de la existencia de derechos adquiridos a nombre de mi representada en el presente caso, se anulen los actos administrativos (acuerdos, resoluciones u oficios) o se dejen sin efecto las simples actuaciones materiales u omisiones, que impidan el ejercicio de los derechos que le asisten a mi representada, para el normal desarrollo del proyecto.  6) Que se condene a la Municipalidad de Atenas al pago de los daños materiales, daños morales y perjuicios irrogados a mi representada, que son consecuencia directa y derivados de las actuaciones materiales, conductas omisivas y actos administrativos dictados por los órganos que componen ese ayuntamiento.  ... Estimación prudencial del daño material o patrimonial. La estimación prudencial del daño material o patrimonial es la siguiente: Total de los daños a indemnizar: Trescientos noventa y siete millones seiscientos trece mil quinientos sesenta colones más los intereses legales hasta su efectivo pago.  ... Estimación prudencial del daño moral objetivo. Las consecuencias económicamente valuables, se estiman prudencialmente en la suma de quinientos millones de colones. ... Estimación prudencial de los perjuicios. Los perjuicios prudencialmente se estiman en los siguientes términos: total de los perjuicios o lucro cesante a indemnizar calculado al día de hoy: cuatrocientos dieciséis millones cuatrocientos diecisiete mil quinientos cincuenta colones.....  7) Que se condene a la Municipalidad demandada al pago de los intereses legales generados calculados hasta el pago efectivo de los daños y perjuicios; sumas que en todo caso solicito sean indexadas al momento de declararse la sentencia. 8) Que se condene a la Municipalidad demandada al pago de las costas personales y procesales.  Pretensiones subsidiarias: De no ratificarse la validez y eficacia de los visados de planos, los tres permisos de construcción, el proyecto como tal otorgando los visados que hasta la fecha se han negado, solicito en nombre de mi representada: \"1) Que se declare que la Municipalidad de Atenas debe indemnizar a mi representada por haber otorgado los permisos de construcción; así como los visados de los planos catastrados números […], y haber avalado la conclusión de las obras autorizadas.  Los daños y perjuicios que deben indemnizarse son los que se detallan en  contenido en las pretensiones principales 6), 6.1), 6.1.1), 6.2.3), 6.3.1) 6.3.2) y 6.3.3). Adicionalmente se tendría que retribuir los costos, directos e indirectos, relativos al Permiso de construcción No. 030-2009 de fecha 24 de febrero de 2009, para realizar las obras de infraestructura requeridas para dicho fraccionamiento, a saber: \"planta de tratamiento de aguas residuales, mejoras en vía pública, encascotado, cordón y caño, aceras, evacuación de pluviales y agua potable\"; toda vez que no se podrían utilizar esas obras al no aprobarse el desarrollo del proyecto siendo que se otorgaron permisos y se culminaron construcciones amparadas a los mismos.  // Tal y como se indicó los costos directos e indirectos del proyecto ascienden a la suma de noventa y nueve millones cincuenta y nueve mil trescientos treinta y un colones con sesenta y siete céntimos ... y es lo que invirtió en la compra del terreno para fines de fraccionar, construcción de la planta de tratamiento y otras obras de mejoramiento de la vía pública y la infraestructura que se detalla de la siguiente forma: a) Por la compra de la finca […] a efectos de desarrollar el fraccionamiento de interés de mi representada: 45.000.000,00 de colones.  b) Por permisos de construcción cancelados a la Municipalidad de Atenas 613.040,7 colones.  c) Por gastos realizados para el desarrollo de las obras de infraestructura realizada al amparo de las licencias municipales concedidas , total de la suma de 53.446.290,97, detallado según las facturas adjuntas como prueba. ... Detalle que se adjunta sin perjuicio de acreditar otros gastos en el proceso de ejecución de sentencia.  Estos costos se cobran conforme a la pretensión accesoria por ser erogaciones necesarias para construir la referida planta y además obras del proyecto amparadas a licencias concedidas.  Un aspecto relevante a considerar es que el Nombre20665 Municipal, autorizó que estas obras se culminaran, tal como se desprende del oficio MAT-WA-07-109, dictado a las 10:45 horas del 15 de enero de 2010 por parte de la Alcaldía Municipal de Atenas. ... 2) Que se condene a la Municipalidad demandada al pago de intereses legales generados calculados hasta el pago efect iv o de los daños y perjuicios; sumas que en todo caso solicito sean indexadas al momento de declararse en sentencia.  3) Que se condene a la Municipalidad demandada al pago de las costas personales y procesales\"\n\n2.-  El ente público demandado contestó negativamente y opuso la expresión de sine actione agit.\n\n3.- Que el juicio oral fue realizado el pasado nueve de marzo de dos mil doce, disponiéndose su tramitación como compleja al amparo de los numerales ciento once del Código Procesal Contencioso Administrativo y cuarenta y siete del Reglamento, así como el dictado de la sentencia que corresponde de manera escrita. \n\n4.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de rigor y no se notan causales de nulidad capaces de invalidar lo actuado. Esta sentencia se dicta previo las deliberaciones de rigor y por unanimidad, salvo en lo referente a la indexación y los intereses solicitados .\n\nRedacta el Juez Madrigal Jiménez , con aportes del juez Muñoz en los hechos VI y VII ; y,\n\n \n\nCONSIDERANDO:\n\nI.  DE LA BASE DEL PROCESO: Sostiene la actora que es propietaria de una finca del partido de Alajuela, con número de Folio Real [...], que dicho inmueble presenta calle colidante y todos los servicios públicos.  Motivo por el cual en su giro comercial definió segregar cuarenta y ocho lotes, siendo visados veintiocho de ellos.  Que el cumplimiento de los requisitos legales fue constatado por el Ing. Municipal Marcelo López León en oficio MAT-OCV-089-2008 del veinticinco de abril de dos mil ocho.  Pese a lo dicho , el siete de octubre de dos mil ocho, la Secretaria del Consejo Municipal de Atenas de Alajuela, dispuso que su representada debía presentar un anteproyecto completo del proyecto para conocimiento del órgano colegiado, lo que fue cumplido el quince de ese mes y año.  Después de varias gestiones para conocer la posición del jerarca institucional, le fue comunicada la decisión de solicitarle al Departamento de Ingeniería un análisis completo del proyecto, lo que fue verificado afín a sus intereses.  Ante la ausencia de respuesta a su gestión , el trece de febrero de dos mil nueve, solicitó la aplicación del silencio positivo en cuanto la recepción del proyecto (lo que incluye la aceptación de las obras comunes y la obligación del visado de veinte planos adicionales) , lo que fue dictaminado de manera positiva por la oficina legal el diecisiete de ese mes y dispuesto en esa misma fecha por oficio MAT-WA-14-09 por parte del Señor Nombre20665 Municipal.   El veintitrés de febrero de dos mil nueve, presentó solicitud de visado por los veinte planos faltantes y eximiendo al ayuntamiento del suministro de agua, al contar con autorización del Ministerio de Ambiente y Energía para la perforación y extracción de agua, a fin de concluir el proyecto.  El dieciséis de marzo de dos mil nueve el Concejo Municipal acordó declarar sin lugar la solicitud de silencio positivo para el proyecto de fraccionamiento, la planta de tratamiento y otras obras de vía pública, de la misma forma no aval ó el oficio de la Alcaldía MAT-WA-14-09 ya señalado.  El veintitrés de marzo de dos mil nueve el ingeniero municipal adjuntó al Consejo la gestión presentada por su representada para la construcción de dos viviendas en igual número de lotes, advirtiendo que se cumplían todos los requisitos legales.  El treinta y uno de marzo de ese año interpuso recurso de apelación contra el acuerdo municipal ya señalado, lo que generó otro acuerdo el trece de abril donde acordó admitir el recurso y aclaró que el silencio positivo otorgado por la alcaldía no había sido anulado o revocado, al no haberse seguido los procedimientos legales al efecto, posteriormente el dieciséis de junio se dispuso aclarar que cualquier medida cautelar interpuesta por el órgano colegiado sobre el proyecto quedó sin efecto, por el dictado del silencio positivo dispuesto por la Alcaldía, lo que llevaría aparejado que tanto los visados de fraccionamiento, como los permisos de construcción de dos lotes estarían vigentes.  Pese a esto, el nueve de julio de dos mil diez le fue comunicado una orden de suspensión de las licencias de construcción antes indicadas adoptadas por el Nombre20665 Municipal, motivo por el cual presentó recurso de apelación ante dicho acto, que fuera remitido al Concejo para su conocimiento. El veintitrés de julio de dos mil nueve solicitó al amparo del artículo cuarenta de la Ley de Planificación Urbana , al Nombre20665 respectivo, la recepción del proyecto, lo que fuera recomendado positivamente por el topógrafo municipal.  Mientras tanto, el recurso de apelación presentado ante el Concejo municipal fue devuelto con el criterio técnico legal positivo a sus intereses ante e l Nombre20665 para que lo resolviera.  Posteriormente, el siete de septiembre de dos mil nueve, el ingeniero municipal emite un informe completo de los permisos otorgados al proyecto, incluyendo los de construcción, al haberse cumplido los requisitos legales.  No es sino hasta el quince de enero de dos mil diez que la Alcaldía procedió a evaluar la suspensión ordenada de manera oficiosa levantando el acto.  El diecisiete de junio de dos mil diez, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo confirmó el acuerdo apelado y dió por agotada la vía administrativa, frente al acto originalmente adoptado por el Concejo Municipal y adverso a la Actora. Sostiene que las conductas omisivas y las actuaciones materiales de la administración cantonal pretenden anular actos declarativos a favor de su representada, siendo que sobre estas fundamenta la responsabilidad reclamada, lo que resulta contrario a la intangibilidad de los actos propios y el principio de confianza legítima. Solicita también la revalidación de todos los actos favorables a sus intereses, en cuando sostiene cumplen con todos los requisitos legales para un fraccionamiento simple que es a su juicio lo realizado. La representación municipal discrepa de algunos hechos, pero sostiene que el principio precautorio fundamenta sus actos, considerando que no existe responsabilidad alguna que declarar en su contra.  Máxime cuando el Concejo Municipal considera que lo existente no es un proyecto de fraccionamiento simple sino una urbanización.\n\nIII.  HECHOS PROBADOS: De importancia para el dictado de esta sentencia, se tienen los siguientes hechos de relevancia, advirtiendo que en el caso del expediente administrativo presenta varias numeraciones no coincidentes entre sí, todas con mala visibilidad, de suerte que se ha tomado aquella que presenta en la parte superior derecha de los documentos: 1) Que la actora es propietaria de la finca del Partido de Alajuela con número de Folio Real […], sita en el cantón de Atenas (hecho no controvertido según se extrae de folios […] del expediente judicial). 2) Que la sociedad actora decidió desarrollar en la finca de su propiedad  el proyecto \"Villas de Jesús Atenas\" (hecho no controvertido según se desprende de la demanda y su contestación). 3) Que la finca antes descrita contaba con el  Permiso de Perforación de Subsuelo  para la extracción de Agua Subterránea, No. IMN-DA-2658-2005  de las ocho horas y diez minutos del cinco de octubre de dos mil cinco, de aprovechamiento de agua para uso doméstico,  en la cual se realizaron  movimientos de tierra  y se iniciaron estudios técnicos  a efecto de fraccionar el terreno (ver folios 125 a 134 del expediente administrativo). 4) En fecha dieciocho de octubre de dos mil cinco, la Asociación de Desarrollo Integral del  Barrio Jesús de Atenas, presentó ante el Concejo Municipal de Atenas una solicitud para que se realizara un estudio  sobre el impacto ambiental que  un proyecto urbanístico  ubicado en ese terreno podría  generar, manifestando su inquietud  por la cercanía  con fuentes de captación  de agua que sirven de abastecimiento al poblado, incluyendo  la existencia de un río, una planta de tratamiento de Acueductos y Alcantarillados, un pozo que abastece entre ciento cincuenta y doscientas viviendas  de la comunidad  y  un manto acuífero, solicitando además que el estudio fuese conocido por el Tribunal Ambiental, el SETENA y Acueductos y Alcantarillados (ver folios 135 y 136 del expediente administrativo). 5) En Sesión Ordinaria No. 255 del  diecisiete de octubre de dos mil cinco,  el Concejo Municipal de Atenas contestó a la Asociación de Desarrollo  de Barrio Jesús que esa clase de proyectos deben cumplir con las leyes específicas,  y le corresponde al desarrollador realizar los estudios de impacto ambiental correspondientes (ver folio 137 del expediente administrativo). 6) Que en noviembre de dos mil cinco (reiterado en enero de dos mil seis) y ante el desconocimiento por parte del Concejo Municipal respecto de la existencia de algún proyecto urbanístico en ese terreno, optó por preguntar al Departamento de Ingeniería Municipal, sí existía algún  trámite de desarrollo  habitacional y si existía algún plano aprobado para construir en dicha finca, a lo cual el Ingeniero Municipal manifestó que no había recibido notificación alguna,  según  documento de fecha 24 de enero del 2006  (ver folios 153, 169  y 170 del expediente administrativo). 7) En fecha veinte de febrero de dos mil seis,  la empresa  desarrolladora  solicitó al Departamento de Ingeniería Municipal  se marcara la ubicación  de la acera, cordón  y caño,   el cual fue contestado  de manera negativa por  el Concejo Municipal  de Atenas, en Sesión Ordinaria  284 del siete de marzo de dos mil seis, por motivo de las fuertes oposiciones de los vecinos,  e indicó que la construcción de las aceras  se podría realizar una vez cumplidos los requisitos que estableciera la ley para el proyecto definitivo a realizar en esa propiedad (ver folios 171 y  175 del expediente administrativo). 8) Por nota fechada tres de agosto de dos mil seis, la empresa Nombre53625 presentó al Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Atenas, un documento en que solicitó los  desfogues pluvial  y de aguas tratadas para una planta de tratamiento, indicando que se construirían cuarenta y ocho casas sobre una lotificación frente a calle pública,  en el terreno con plan o catastrado […], ubicado en Dirección2393  (ver folio 182 del expediente administrativo). 9) En oficio de fecha veintidós de agosto de dos mil seis,  el Ingeniero Municipal informó a la sociedad que  de previo debía aportar  un plano que indique  exactamente los trabajos a realizar y debía obtener la aprobación  del Ministerio de Salud (ver folio 184 del expediente administrativo). 10) En oficio No. MAT-DA-WA-111-2006  de fecha veintinueve de agosto de dos mil seis, el Despacho del Nombre20665  comunicó a la Sociedad  que  otorgaba el uso del suelo conforme, a efectos de construir viviendas y la planta de tratamiento (folio 185).  11) El  quince de febrero de dos mil siete, la Sociedad actora solicitó el desfogue de aguas tratadas  de la planta de tratamiento a la quebrada  el Barro, indicando esta vez que se construirían sesenta y un casas, el cual fue respondido en  oficio de fecha veintidós de febrero de dos mil siete, en el que  el Ingeniero Municipal  reiteró que de previo  a aprobarle el permiso,  debía cumplir la sociedad con lo estipulado en la ley  respecto  de vertido de aguas  residuales a un cuerpo permanente y cumplir con toda la normativa exigida por el Ministerio de Salud (ver folios 187  y 188 del expediente administrativo). 12) Por nota presentada el veintitrés de febrero de dos mil siete, la sociedad  solicitó permiso de paso  de tubería  para el desfogue de la planta de tratamiento por vía pública  en un tramo  aproximado de sesenta metros.,  al cual le respondió el Ingeniero Municipal en oficio de fecha veintisiete de febrero del dos mil siete, en el sentido de que debía cumplir con lo estipulado en la ley  respecto  de vertido de aguas  residuales a un cuerpo permanente y cumplir con toda la normativa exigida por el Ministerio de Salud, así como presentar  los planos convenientes  indicando trabajos a realizar (ver folios 189 y 190 del expediente administrativo). 13) En acuerdo  del Concejo  Municipal  de Atenas, adoptado  en la Sesión Ordinaria  No. 83  del cinco de junio de dos mil siete, se solicitó al Ingeniero Municipal  brindar un informe detallado del fraccionamiento que se estaba dando en el Dirección2393  e indicara si había  aplicado la Ley de Planificación Urbana  y el reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones en dicho lugar.  Lo que fue respondido por nota del diecinueve de junio de dos mil siete, haciendo ver que ya se había solicitado el croquis  de la partición correspondiente,  la cual calificó como  \"fraccionamiento simple\", motivo por el cual  estimó que no estaba sujeto  a la normativa establecida  para las urbanizaciones normales, pues se trataba de lotificación sobre calles públicas existentes y no a una apertura de calles nuevas no existentes,   por lo que  no requería  tampoco de la donación del 10% para áreas públicas. Agregó que todas las construcciones  debían contar con todos los permisos de ley,   motivo por el cual se encontraban detenidas por ese departamento, pero que las segregaciones  del fraccionamiento simple se encontraban a derecho. Manifestó que  los permisos de construcción de obras previas  debían cumplir con la normativa técnica, así como la revisión de los aspectos técnicos de funcionamiento, ubicación, manual de mantenimiento aprobado, etc. (ver folios 200,  205 a 207 del expediente administrativo). 14) A mediados de l año dos mil siete, la oficina de Catastro de la Municipalidad de Atenas, visó para segregar los lotes en la finca propiedad de la actora identificados bajo los planos números: […] (ver folios 90 y 91 del expediente administrativo, tomo 1 aportado por la actora). 15) Posteriormente la sociedad actora presentó los planos […] los que no fueron visados (hecho no controvertido según folios 273 a 356 del expediente judicial). 16) Para otorgar estos visados se tomó en cuenta que los lotes están frente a calle pública, con frentes y áreas mayores a las que exige la reglamentación urbana y que la zona cuenta con servicios públicos (ver folios 90 y 91 del expediente administrativo, tomo 1, aportado por la actora). 17) Que en resolución de \"Aprovechamiento Forestal\" No. VC-04-PP-082-2007 de las catorce horas con treinta y cinco minutos del trece de junio de dos mil siete, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación concedió  a la sociedad  permiso de corta de  siete árboles  en el lote que se pretendía fraccionar (ver folios 202 a 204 del expediente administrativo). 18)  Por nota del diecisiete de junio de dos mil siete, la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Jesús denunció al Concejo Municipal  que el Ingeniero  Nombre529 tenía intereses  sobre el proyecto, debido a que su esposa era una vendedora de los lotes (ver folio 232 del expediente administrativo). 19) Mediante oficio MAT-OCV-085-2007 del veintisiete de junio de dos mil siete, el Ingeniero Municipal rechazó  el visado de varios lotes  pues las áreas establecidas  como \"cuestión de salida pluvial\" son terrenos que incumplen las normas mínimas establecidas por la Ley de Planificación Urbana y el Reglamento  para el Control  Nacional de Fraccionamientos  y Urbanizaciones (\"relación de frente por fondo\") (ver folio 220 del expediente administrativo). 20) Por nota presentada el once de julio de dos mil siete, la sociedad volvió a presentar la solicitud para marcar la acera, cordón y caño conforme al artículo treinta y tres de la Ley de Construcciones,  el cual fue aprobado en oficio del siete  de agosto de dos mil siete por el Ingeniero Municipal Nombre529,  dándole la ubicación y  lineamientos respecto  del desfogue de aguas pluviales  (ver folios 224, 298 y 299 del expediente administrativo). 21) Habiendo contratado la actora con la empresa Durman Esquivel la construcción de la planta de tratamiento,  en oficio  UPAHORCN-1123-2007 del doce de julio de dos mil siete, el Ministerio de Salud,  Región Central Norte, otorgó permiso de ubicación de la planta de tratamiento (ver folios 228 a 231 del expediente administrativo). 22) Que la sociedad actora elaboró el  documento denominado \"Documento de Evaluación Ambiental D-1, Proyecto Villas de Jesús de Atenas\"  a efecto de obtener el Certificado de Viabilidad Ambiental de la Secretaría Técnica Ambiental,  el que hizo acompañar de los siguientes documentos:  a) Con fecha diecisiete de octubre de dos mil cinco,  la firma de ingenieros consultores Nombre147,   emitió  un dictamen sobre pruebas de ....  para lotificación   ubicadas  en Atenas, Alajuela, en el que hizo recomendaciones de drenaje de aguas servidas para el uso habitacional;  b)  Con informe técnico del mes de diciembre del dos mil cinco, el Geólogo Eduardo Hernández García emitió  un \"Estudio de Tránsito de Contaminantes\" para el proyecto residencial,  en el que concluyó que sobre la base de los parámetros técnicos que había analizado, las aguas residuales  de origen doméstico  o tanques y drenajes sépticos,  no representan un riesgo de contaminación del agua subterránea ( folios 126  a 131, y 240 a 297 del expediente administrativo). 23) La Asociación  de Desarrollo de Barrio Jesús solicitó tres informes técnicos respecto de la situación de la zona, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al  Servicio Nacional de Aguas  Subterráneas, Riego  y Avenamiento  y al Geólogo Guillermo Guzmán Alpízar, de los cuales hizo entrega al Concejo Municipal,  en los que se arribó a las siguientes conclusiones: a) el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en el oficio DGAMB 786-2007  del  seis de septiembre de dos mil siete, de la Dirección de  Gestión Ambiental del Recurso Hídrico, luego de realizar una inspección en la zona   recomendó, entre otros \"a la Municipalidad del Cantón de Atenas,  en este caso y en otros que se puedan dar en la zona, no autorizar proyectos  de este tipo, hasta tanto el o los propietarios  del terreno demuestren mediante el EsIA, que no afectarán de ninguna forma la calidad, cantidad y continuidad  de las aguas que están  siendo usadas  para consumo de las comunidades, de igual no se debe permitir movimientos de tierra y otras actividades, que puedan afectar la calidad del agua, antes de que cualquier proyecto haya sido debidamente autorizado y aprobado por los entes autorizados.-  Debido a que el proyecto se ubica frente a la toma de agua del AyA, ubicada en el distrito de Jesús,  dentro de la microcuenca  de la Quebrada Barro,  es importante aclarar  que cualquier movimiento  de tierra  o proyecto habitacional en la zona podría incidir  de manera directa  sobre la calidad de las aguas usadas para abastecimiento de la población; dadas las altas pendientes  de las montañas en la zona en estudio; razón por la que se recomienda  la protección de forma absoluta  del área de influencia  inmediata a la Toma ubicada sobre la quebrada Barro. -  Además es importante para mantener la cantidad y continuidad de las aguas utilizadas para abastecimiento de las comunidades mencionadas, mantener la protección absoluta  de los afluentes directos  o indirectos, ubicados en la microcuenca de la Quebrada Barro\" (ver folios 304 a 318 del expediente administrativo);   b) El  Servicio Nacional de Aguas  Subterráneas, Riego  y Avenamiento  emitió un informe  en noviembre de dos mil siete,  denominado \"Estudio Hidrogeológico para determinar zonas de infiltración (Áreas de Recarga) y vulnerabilidad hidrogeológica en las cercanías de la Quebrada Barro,  Dirección2393 , Atenas, Alajuela\", en el que concluyó que según la  vulnerabilidad hidrogeológica, el área se clasifica como de alta vulnerabilidad,  debido al tipo de acuífero, tipo de roca  y nivel freático  encontrado. Además, agregó que \"El ancho de protección  inmediata  del pozo RG-778 tiene un valor de 151 metros, que gran parte de esta área  se encuentra (sic) de la zona estudiada (Plano Catastrado […] Proyecto Urbanización Barrio Jesús). Por lo anterior esta zona no debe cambiar de uso de suelo, debido a la presencia de niveles freáticos  altos y conductibilidades hidráulicas altas\" (ver folios 320 a 328); c) El Geólogo Guillermo Guzmán Alpízar realizó una interpretación del Estudio Hidrogeológico anterior  y concluyó  que la vulnerabilidad es alta, que el radio de protección del pozo es de 151 metros, lo que implica que las bacterias  se pueden transportar  151 metros antes de morir y este radio se traslapa con el área de la urbanización, por lo que dicho estudio  recomienda no se cambie el uso del suelo y se mantenga como zona de protección del manto acuífero (ver folio 331 del expediente administrativo). 24) Por acuerdo del Concejo Municipal tomado en la sesión ordinaria No. 119  del 19 de noviembre del 2007, se dispuso  remitir copia  del  informe de Acueductos y Alcantarillados  contenido en el oficio DGAMB 786-2007 de la Dirección de  Gestión Ambiental del Recurso Hídrico al Alcalde, para que se acojan todas las recomendaciones  y fuere tomado en cuenta por el Departamento de Ingeniería, el cual fue recibido el veintisiete de noviembre de ese mismo año por la Secretaría del Despacho del Nombre20665 (ver folio 329 del expediente administrativo). 25) En oficio DEP-2008-173 del veintiséis de febrero de dos mil ocho,  la Dirección de Estudios y Proyectos,  Unidad de Aguas Residuales del Instituto Costarricense  de Acueductos y Alcantarillados indicó que no había objeciones respecto de los planos de la planta de tratamiento de aguas residuales del proyecto  de la sociedad apelante, en el plano catastrado […] en el Cantón de Atenas (ver folio 333 del expediente administrativo). 26) El Asesor Legal informó al Concejo Municipal  que este proyecto requería de todos los requisitos técnicos y legales para un proceso urbanístico,  e informó que  en el oficio MAT-OCV-089-2008  del veinticinco de abril del dos mil ocho,  emitido por el Encargado  de la Oficina de Catastro  y Valoraciones, se tuvo en trámite el visado de dieciocho planos,  el cual fue denegado  ante  ese mismo tipo  de consideraciones expresadas por el INVU en oficio PU-C-D-575-2007,  y que pese a la ausencia de permiso alguno de la municipalidad, en la propiedad se hicieron  trabajos tendientes a la preparación del proyecto (movimiento de tierra,  tala de árboles, demarcación de lotes (ver folios 428 a 430 del expediente administrativo). 27) La Secretaría Técnica Ambiental, otorgó la \"viabilidad ambiental\"  para mediados de dos mil ocho, dentro del proyecto que describe de la siguiente manera:  Distrito Jesús del Cantón de Atenas, Provincia  de Alajuela,   finca matrícula de folio real […] con plano catastrado No. […],  el cual consiste en una segregación de una finca  con una superficie de 13.371,37 metros cuadrados, en cuarenta y ocho lotes de ciento cincuenta metros cuadrados  cada uno en promedio, frente a dos calles públicas,  como una alternativa de vivienda  de bajo costo de los pobladores.  En cuanto a los servicios, el suministro de agua  se daría  por medio de un pozo existente  dentro de la propiedad,  ya tenía instalada la tubería en cada lote. Los residuos sólidos serán recolectados por la Municipalidad de Atenas y el servicio eléctrico por el ICE.  Las aguas negras sería tratadas por medio de una planta de tratamiento del A y A.  Las aguas pluviales serían vertidas a la calle pública  y posteriormente canalizadas a la quebrada Barro (ver folios 386 a 388 del expediente administrativo). 28) Por acuerdo del Concejo Municipal tomado en la Sesión ordinaria No. 185 del veintinueve de setiembre del dos mil ocho,  se aprobó la recomendación del Asesor Legal contenida en el informe de fecha 29 de setiembre del 2008, en el cual dio respuesta a la solicitud de permiso para la construcción de la planta de tratamiento,  en el sentido que el proyecto \"Villas de Jesús Atenas\" es un proyecto urbanístico, el cual demanda el cumplimiento de los requisitos que estipula la Ley de Planificación Urbana, entre ellos, la cesión de áreas de uso público. Se refirió a que toda gestión presentada por la sociedad interesada, incluyendo visado de planos y permisos de construcción,  debe ser conocida dentro de la propuesta integral de dicho proyecto, el cual debe ser sometido al Concejo Municipal.  Se ordenó adicionalmente solicitar a la sociedad  que presentara a la Municipalidad, para conocimiento y decisión del Concejo, el anteproyecto completo, con el fin de verificar el cumplimiento  de los requerimientos técnicos  y normativos, y resolver si es aprobado o denegado, previo informe  recomendación del Departamento de Ingeniería Municipal, de manera que hasta entonces no se resolverá la solicitud de permiso de construcción de la planta de tratamiento (ver folios 428 a 435 del expediente administrativo). 29) Dicho acuerdo fue comunicado al Departamento de Ingeniería e Inspecciones por oficio MAT-SC-PR-997-08 del siete de octubre de dos mil ocho  (ver folios 102 al 104 del expediente administrativo aportado por la actora, tomo 1). 30) Los días diez y quince de octubre de dos mil ocho, la sociedad Nombre53625 aportó al Concejo Municipal el anteproyecto solicitado, el cual fue trasladado al Departamento de Ingeniería  en oficio MAT-SC-PR-1023-08 del veintidós de octubre de dos mil ocho, para que emitiera un criterio técnico (ver folios 440 y 441 del expediente administrativo y folio 93 del tomo 1 del expediente administrativo aportado por la actora).  31) En sesiones del trece y veinte de octubre de dos mil ocho, el Concejo Municipal acuerda remitir la gestión ante el Departamento de Ingeniería e Inspecciones para el conocimiento técnico del proyecto (ver folio 105 del expediente administrativo aportado por la actora, tomo 1). 32) Por escritos del cinco y diecisiete de noviembre de dos mil ocho, el representante de la sociedad Nombre53625 presentó documento en el que hizo referencia de la falta de respuesta  a los documentos que presentó el quince de octubre de dos mil ocho, con los que  estimaba que había cumplido con todos los requisitos legales (ver folio 457 del expediente administrativo y folios 106 y 107 del expediente administrativo aportado por la actora, tomo 1). 33) El Ingeniero Bayardo  Noguera,  en su condición de Consultor contratado por la municipalidad de Atenas, emitió el documento \"BN-001-09 Análisis de Documentos para Permisos - Proyecto Fraccionamiento Villa de Jesús de Atenas\"  con fecha nueve de enero de dos mil nueve, el cual  puso en conocimiento del Nombre20665  y del Concejo Municipal, haciendo las siguientes observaciones respecto de los planos constructivos:  \"- No presenta sellos del INSTITUTO DE VIVIENDA Y URBANISMO  (INVU).  //  - No presenta sellos del Ministerio de Salud. // - No presenta  sellos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.  // -  No  se adjunta memorial  de cálculo del alcantarillado pluvial.  -No presenta  diseño  de abastecimiento  del servicio eléctrico.  // -Además, dicha lámina presenta algunas inconsistencias:  // a. Indica que se  instalarán 67 previstas.   // b. No indica  ubicación de planta de tratamiento,  ni define condición de estos lotes.   // c.  Falta detalle de acera y el concreto de éstas debe ser  de 210 kg7cm2 de resistencia a la compresión.   // d.  Debe indicar rampas de acceso a aceras y sus detalles constructivos,  para cumplir con la Ley 7600. // e. No indica  tipo de material de cunetón. // f.  No presenta detalle de la construcción de la calle, ni se indica material a utilizar. // g.  No indica gradiente de tubería de desfogue. // h. la red de agua potable la indica como pred abierta  y con gradiente invertida.\" // El Ingeniero Noguera, concluyó con las siguientes recomendaciones: //  \"1. Hay inconsistencia en la cantidad de lotes que se indican.  // 2. La planta  de tratamiento  está diseñada para menos cantidad de lotes.  // 3.  Plan de operatividad  de planta de tratamiento  a largo plazo y su fuente  de financiamiento no se define, ni se garantiza.   // 4. Definir operatividad de Plan de Manejo Ambiental, para lo cual se recomienda  al Concejo Municipal  solicitar a los ministerios de educación, salud, seguridad y transportes, si la capacidad instalada  abastece el crecimiento propuesto.   // 5.  Se recomienda  al Concejo Municipal  solicitar al Instituto  de Acueductos y Alcantarillados un ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL sobre el proyecto, que defina la viabilidad del mismo. // 6.  Al plano constructivo  suministrado se le debe incorporar  todo lo indicado  en la página  7 y 8  de este informe.  (ya transcrito)  // 7. Para el cálculo de los impuestos municipales  se recomienda considerar un valor cercano a los 151 millones de colones, basado en la información  suministrada y actualizada.\"  (ver folios 464 a 475 del expediente administrativo). 34) El anterior informe fue conocido por el Concejo Municipal, en presencia del Nombre20665 Municipal, Lic. Wilberth Aguilar Gatgens,  en Sesión Extraordinaria No. 2190 del veintisiete de enero de dos mil nueve,  en el cual se acordó, para lo que interesa, poner en conocimiento el  oficio PU-C-D-575-2007 del Director a.i. de Urbanismo del INVU, que calificó el proyecto  como un fraccionamiento simple frente a calles públicas existentes, regulado  por el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, y giró instrucciones a la Administración municipal  para que no se otorgaran permisos hasta tanto  no se cumpliera con los requisitos legales (ver folios 476 a 478 del expediente administrativo). 35) El Ingeniero  Noguera informó al Concejo Municipal, en oficio No. BN-020-09 del nueve de febrero de dos mil nueve  que de acuerdo a la Ley el proyecto se considera como un fraccionamiento simple, pero se deben mejorar  todos los servicios básicos,  como calles, agua potable,  aguas residuales,  aguas pluviales  y electricidad,  que se le está solicitando al desarrollador.   Agregó que \"no se puede brindar segregación si no se cuenta con todos los servicios básicos\"  y recomendó solicitar a AyA un Estudio de Impacto Ambiental a efectos de contrastarlo con el estudio de impacto ambiental contratado (ver folios 479 a 482 del expediente administrativo). 36) Mediante nota presentada el trece de febrero de 2009, la sociedad Nombre53625 solicitó aplicar el silencio positivo en su favor a partir de una planta de tratamiento realizada por ellos dentro del terreno en consideración (ver folios 156 al 150, y 133 al 139 del expediente administrativo,  tomo I, legajo aportado por la sociedad actora y folios 483 a 489 del expediente administrativo). 37) Que con oficio No. MA-DA-WA-0036-2009  del dieciséis de febrero de dos mil nueve, el Nombre20665 Municipal  entregó al Concejo Municipal copia de la solicitud de silencio positivo, y manifestó que al día siguiente estaría siendo resuelta (ver folio 490 del expediente administrativo). 38) Por nota MAT-WA-14-09 del diecisiete de febrero de dos mil nueve, el Señor Nombre20665 de Atenas, tiene por aprobado el silencio positivo a favor del proyecto en cuanto al permiso de construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Negras y Residuales y el proyecto Villa Jesús (ver folios del 144 al 145 del expediente administrativo, tomo I, legajo aportado por la sociedad actora y folios 494 y 495 del expediente administrativo). 39) Que a partir de dicha aprobación la sociedad actora canceló el impuesto de construcción e inició la construcción de la citada obra (ver folios 292, 386 a 394 del tomo segundo y 548 a 553 del tomo 3 del expediente administrativo aportado por la actora, así como es un hecho no controvertido según se extrae de folios 273 y 356 del expediente judicial). 40) El veintitrés de febrero de dos mil nueve,  la sociedad actora presentó ante el ayuntamiento nota en la cual exonera al municipio de la prestación del servicio de agua potable para los planos carentes de visado (ver folio 331 del expediente administrativo aportado por la actora, así como es un hecho no controvertido según se extrae de folios 273 y 356 del expediente judicial). 41) Por nota MAT-IC-03-2009 del veintitrés de marzo de dos mil nueve, el Ing. Fabián Alfonso Méndez Martín, ingeniero municipal de Atenas, remite la gestión de la sociedad actora al Concejo municipal de referencia para el conocimiento de los permisos de construcción de los lotes 29 y 30 de la sociedad actora, haciendo ver que técnicamente se cumple con todos los requisitos legales (ver folios 204 y 205 del expediente administrativo, tomo I, legajo aportado por la sociedad actora). 42) Por nota MAT-WA-16-2009 del 23 de febrero de 2009, el Nombre20665 Municipal informa al Concejo Municipal sobre la solicitud de silencio positivo requerida por la sociedad actora (ver folios 125 y 128 del expediente administrativo,  tomo I, legajo aportado por la sociedad actora). 43) Que en razón del oficio MAT-WA-14-09 del diecisiete de febrero de dos mil nueve, del Señor Nombre20665 de Atenas, el veinticuatro de febrero de dos mil nueve, se le otorgó el permiso de construcción No. 030-2009 (ver folio 501 del expediente administrativo). 44) En el artículo IV de la sesión Ordinaria 220 del dieciséis de marzo de dos mil nueve, el Concejo Municipal de Atenas acordó declarar sin lugar la solicitud de la sociedad actora para que se declarará el silencio positivo a su favor referente a la construcción de una planta de tratamiento de aguas, sobre la base de no haberse cumplido los requisitos y en virtud de que en temas ambientales no opera el referido silencio.  Igualmente, no avalar el silencio positivo que concedió en su oportunidad al Nombre20665 mediante oficio MAT-WA-14-04 del diecisiete de febrero de dos mil nueve, sobre los fundamentos anteriores, solicitar al ingeniero municipal un informe del proyecto sobre el cumplimiento de los requisitos, requerir la intervención de la Dirección de Urbanismo del INVU sobre el cumplimiento de los señalados requisitos e insta a la Administración para no otorgar visado a ningún plano catastrado en cuanto al proyecto (ver folios 199 al 203 del expediente administrativo,  tomo I, legajo aportado por la sociedad actora, así como es un hecho no controvertido según se extrae de folios 273 y 356 del expediente judicial). 45) Contra dicho acto la sociedad afectada interpuso recurso de apelación (ver folios 189 al 170 del expediente administrativo,  tomo I, legajo aportado por la sociedad actora, así como es un hecho no controvertido según se extrae de folios 274 y 357 del expediente judicial). 46) El día veintitrés de marzo de dos mil nueve, el Ingeniero Municipal, mediante oficio MAT-IC-03-2009, dirigido al Concejo Municipal, en el que adjuntó la gestión de la actora, relativa al permiso de construcción de vivienda en dos propiedades, ya que cumplía con los requisitos legales (ver folios 286 y 287 del expediente administrativo aportado por la actora, tomo 1, así como que es un hecho no controvertido según se extrae de folios 273 y 356 al 362 del expediente judicial. 47) El veintitrés de marzo de dos mil nueve, en sesión número doscientos veintidós, el Consejo Municipal de Atenas conoció del oficio anterior y acordó que el responsable los acompañara en la próxima sesión y expusiera el informe del proyecto de la actora (ver folios 206 y 207 del expediente administrativo aportado por la actora, tomo 1, así como que es un hecho no controvertido según se extrae de folios 274 y 356 al 362 del expediente judicial). 48) En virtud de los incisos 1.a, b, c, y e, del artículo IV de la sesión Ordinaria doscientos veinticinco del seis de abril de dos mil nueve, el Concejo Municipal de Atenas acordó admitir el recurso de apelación presentado por la sociedad interesada ante el acto antes señalado y la remisión frente a l jerarca impropio para su conocimiento, así como \"Aclarar los alcances del acuerdo impugnado en el sentido de que la posición diferenciada del Concejo respecto al silencio positivo otorgado por la Alcaldía no constituye la nulidad o revocación de este acto, dado que no han intermediado los procedimientos de ley para tal efecto\" (ver folios 199 al 203 del expediente administrativo,  tomo I, legajo aportado por la sociedad actora). 49) El dieciséis de junio de dos mil nueve, por oficio MAT-SC-GR-277-09 se comunicó el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Atenas, en el artículo VI de la Sesión Ordinaria 237 del ocho de junio de dos mil nueve, que en lo que interesa señala: \"Aclarar que cualquier medida cautelar dada por este Concejo en relación al Proyecto Villas de Jesús, quedó sin efecto, por el dictado del silencio positivo otorgado por la Alcaldía (ver folios 296 y 334 del tomo 2 del expediente administrativo aportado por la actora, además de ser un hecho no controvertido según se extrae de folios 274 y 364 y siguientes del expediente judicial). 50) A partir del acuerdo anterior en junio de dos mil nueve, la municipalidad otorgó dos licencias de construcción de vivienda unifamiliar, lo que llevó aparejado la cancelación del impuesto municipal de construcción (ver folios 297 a 333, 286 a 289, 290, 296, 334, 373, 386 389 a 394, 548 a 553 del tomo segundo del expediente administrativo aportado por la actora, así como que no es un hecho controvertido según se extrae de folios 275 y 364 y siguientes del expediente judicial). 51) Mediante resolución número MAT-DA-WA-0150-2009 del nueve de julio de dos mil nueve, notificada el diez de ese mismo mes y año, la Alcaldía Municipal de Atenas, ordenó la suspensión de las licencias de construcción antes referidas (ver folio 388 del tomo segundo del expediente administrativo aportado por la actora, así como que es un hecho no controvertido según se extrae de folios 275 y 364 del expediente judicial). 52) En fecha diecisiete de julio de dos mil nueve, la actora interpuso recurso de apelación contra el acto adoptado por el Señor Nombre20665 (ver folios 427 al 446 del tomo segundo del expediente administrativo aportado por la actora, así como que es un hecho no controvertido según se extrae de folios 275 y 364 del expediente judicial). 53) El veintitrés de julio de dos mil nueve la empresa privada solicitó a la corporación municipal, que en cumplimiento del artículo cuarenta de la Ley de Planificación Urbana, se procediera al otorgamiento de la escritura de cesión del área del proyecto de marras, por estar el mismo aprobado (ver folios 465 al 469 del tomo segundo y folios 613 6 614 y 743 al 743 al 746 del tomo tercero del expediente administrativo aportado por la actora, así como que es hecho no controvertido según es visible a folios 275 y 364 del expediente judicial). 54) El seis de agosto de dos mil nueve, por oficio MAT-OC-064-2009 el topógrafo municipal, remitió al Nombre20665 Municipal, el recuento de los criterios favorables efectuados por las diferentes instituciones públicas, relacionados con la aprobación del proyecto (hecho no controvertido según es visible a folios 275 y 364 del expediente judicial). 55) El Consejo Municipal  en lugar de resolver el recurso de apelación presentado por la actora el diecisiete de julio de dos mil nueve, definió aprobar un informe legal y remitir el asunto ante el Nombre20665 para su conocimiento (hecho no controvertido según es visible a folios 275 y 364 del expediente judicial). 56) Dicho acto fue notificado a la sociedad interesada hasta el treinta y uno de agosto de dos mil nueve, mediante oficio MAT-SC-GR-526-09 (hecho no controvertido según es visible a folios 276 y 364 del expediente judicial). 57) Por oficio MAT-IC-73-2009 del siete de setiembre de dos mil nueve, el ingeniero Municipal emite informe completo de los permisos que se han otorgado en el proyecto Villas de Jesús de Atenas, incluyendo los permisos de construcción, advirtiendo que los requisitos legales se habían satisfecho (hecho no controvertido según es visible a folios 276 y 365 del expediente judicial). 58) Por oficio MAT-WA-07109 del quince de enero de dos mil di ez , la Alcaldía Municipal procedió a la reevaluación oficiosa de las medidas dictadas mediante oficio MAT-DA-WA-0150-2009 disponiendo levantar la orden de suspensión de la construcción (hecho no controvertido según es visible a folios 276 y 365 del expediente judicial). 59) El veinticuatro de mayo de dos mil diez, por oficio MAT-IC-29-2010, suscrito por el Ingeniero Municipal le hace ver al Concejo que el Señor Nombre20665 le ordenó realizar los estudios técnicos de las obras, para verificar que las mismas estuvieran apegadas a lo aprobado y que se prosiguiera con la ejecución del proyecto (hecho no controvertido según es visible a folios 276 al 365 del expediente judicial). 60) El Concejo Municipal de Atenas, en Sesión Ordinaria 6 del veinticuatro de mayo de dos mil diez, en el artículo primero inciso cinco, conoció del oficio MAT-IC-29-2010, referenciado anteriormente (hecho no controvertido según es visible a folios 276 y 365 del expediente judicial). 61) Mediante resolución 2300-2010 de la Sección Tercera de este Tribunal, de las diez horas del diecisiete de junio  del dos mil diez, en carácter de jerarca impropio, conoció el recurso de apelación interpuesto por Nombre53625, cédula jurídica […], contra el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Atenas en la Sesión Ordinaria No. 220, celebrada el dieciséis  de marzo del dos mil nueve,  dispuso declarar sin lugar la solicitud de silencio administrativo presentada el 13 de febrero del 2009,  respecto al permiso de construcción para una planta de tratamiento  de aguas negras  y del proyecto de fraccionamiento denominado Villa Jesús de Atenas, que corresponde al inmueble Provincia de Alajuela matrícula […],  por incumplimiento de requisitos y por improcedencia  del silencio positivo  en materia ambiental.  En dicho acuerdo no se avaló el silencio que había concedido la Alcaldía Municipal mediante oficio MAT-WA-14-09 del 17 de febrero del 2009,  se ordenó solicitar al ingeniero municipal  un informe del proyecto y el cumplimiento de todos los requisitos, la intervención  de la Dirección de Urbanismo  del INVU e instar a la Administración para que no conceda el visado de ningún plano  catastrado hasta que no se cuente con  los informes requeridos, sean conocidos y resueltos por el Concejo Municipal. Pide adicionalmente se anule el  acuerdo tomado en el artículo VI  de la sesión ordinaria  No. 185  del 290 de setiembre del 2008, que nunca le fue notificado. Resolviendo confirmar el acuerdo apelado y se da por agotada la vía administrativa.  En su razonamiento dispone el jerarca impropio: \" .....   Con la aplicación del silencio positivo por parte del actor y, sobre todo con la resolución MAT-WA-14-09 del 17 de febrero del 2009 emitida por el Nombre20665 Wilbert Aguilar Gatgens así como con el permiso de construcción No. 30-3009 del 24 de febrero del 2009(folios 494, 495 y 501),  se produjo un desacierto jurídico que pretendía  traer  un efecto jurídico de sumo delicado, pues a partir de allí la empresa consideró erróneamente consolidado el derecho a realizar las construcciones  autorizadas,  afianzando  la supuesta existencia del derecho subjetivo a su  favor.     Es por ello que se aprecian serios vicios  en sendos actos administrativos,  los cuales resultan jurídicamente improcedentes  conforme los fundamentos expuestos,  contrarios  totalmente con el ordenamiento jurídico y, por ende se deben entender como  inexistentes. // VI.- Sobre el fraccionamiento simple y un proyecto urbanístico. La Ley de Planificación Urbana identifica la diferencia entre el fraccionamiento y el proyecto urbanístico, las cuales son indispensables debido a las  implicaciones jurídicas que conllevan estos  procesos, resultando  necesario determinar la diferencia de ambos conceptos, la cual se desprende de la Ley de Planificación  Urbana, artículo 1. Así, // \"El fraccionamiento, es la división de un predio con la finalidad de introducirlo al comercio de los hombres, lo que supone, tal y como lo debe constatar cada gobierno local al otorgar el visado correspondiente, que el mismo se ajuste, en cuanto a tamaño y características, a las disposiciones urbanísticas vigentes, en especial, al Plan Regulador del suelo local –si lo hubiere- así como a la normativa de desarrollo y demás leyes especiales de orden público. El fraccionamiento que la ley denomina como “simple”, no incluye un proceso de habilitación urbana para el uso y disfrute de las parcelas resultantes de ese fraccionamiento y ello es así porque el legislador parte de que en estos, los fundos cuentan con accesos y áreas verdes producto de un desarrollo urbanístico anterior. Es por este motivo que el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana dispone: // “(…)Asimismo se exceptúa de la obligación de ceder áreas para parques y facilidades comunales a los simples fraccionamientos de parcelas en áreas previamente urbanizadas…” (el destacado no es del original).  // Cuando una determinada área se encuentra previamente urbanizada, los adquirentes de las parcelas fraccionadas cuentan con acceso a los fundos, parques y facilidades comunales y es que no debe perderse de vista que ello hace parte de su derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 constitucional). Por este motivo –se reitera- el legislador no ha estimado necesario exigir en el caso del fraccionamiento “simple” con desarrollo urbanístico, mayores dotaciones de tierra por motivos de interés social. El visado para fraccionamientos simples, por su poca trascendencia, suele otorgarse a un funcionario (v.gr. Ingeniero Municipal) diverso de aquél al que se encomiendan los visados “complejos” (v. gr. Concejo Municipal, comisiones de urbanismo, etc), careciendo el primero de competencia para autorizar un visado diverso; ello en el caso de que las normas urbanísticas hagan tal distinción. Ahora bien, al fraccionamiento que hace parte del proceso urbanizador y que conlleva una habilitación de los fundos, por vez primera, para fines urbanos, debe proveérsele de calles, áreas verdes y parques, así como de los servicios necesarios para su uso y disfrute. En este segundo supuesto, estamos ante un proceso complejo de fraccionamiento y urbanización que introduce limitaciones a la propiedad privada por razón de urbanismo (artículo 22 de la Ley de Planificación Urbana), las que el Tribunal Constitucional ha señalado son totalmente conformes con el Derecho de la Constitución (voto N° 5097-93 de las 10:24 hrs del 15 de octubre de 1993 ) . El proyecto residencial o de fraccionamiento que llamaremos “complejo”, se encuentra previsto en el numeral 40 de la Ley de Planificación Urbana que, en lo conducente, dispone: // “Todo fraccionador de terrenos (…) y todo urbanizador cederá gratuitamente al uso público tanto las áreas destinadas a vías como las correspondientes a parques y facilidades comunales; lo que fijará por los dos conceptos últimos se determinará en el respectivo reglamento, mediante la fijación de porcentajes, del área total a fraccionar o urbanizar, que podrá fluctuar entre un cinco por ciento a un veinte por ciento, según el tamaño promedio de los lotes, el uso que se pretenda dar al terreno y las normas al respecto. No obstante lo anterior, la suma de los terrenos que deben cederse para vías públicas, parques y facilidades comunales no excederá de un cuarenta y cinco por ciento de la superficie total del terreno a fraccionar o urbanizar. (…) // La obligación del urbanizador de dotar las parcelas fraccionadas de accesos, zonas verdes, parques, vías públicas, le obliga a acatar las disposiciones urbanas que establecen estándares mínimos en cuanto a espacio, calidad, cantidad y demás requisitos exigidos por ley y los reglamentos de desarrollo en cuanto a esas áreas. El gobierno local tiene que ejercer oportunamente su poder de policía, garantizando a los vecinos del cantón, que las obras se realizarán de la forma que las normas urbanísticas lo indican y con las condiciones que aquellas disponen. Basta que un parcelamiento requiera obras para habilitar el ingreso y brindar servicios diversos a algunos de esos fundos, para sostener que no existe un “simple fraccionamiento”, sino un proyecto residencial que debe, en consecuencia, cumplir con todos los requisitos señalados. Los proyectos residenciales urbanos sólo pueden habilitar el ingreso a los fundos a través de vías públicas que deben tener las dimensiones y exigencias de la Ley General de Caminos Públicos y, el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, a falta, -en este último caso- de disposiciones concretas en las normas locales.  (Resoluciones de esta misma Sección  número 175-2009 de las quince horas cuarenta minutos y 176-2009, de las quince horas cincuenta minutos, ambos, del treinta de enero del dos mil nueve, supra citadas.) // Así las cosas,  en los casos de aprobación de permisos de construcción de urbanizaciones, el Gobierno Local debe corroborar que cumple a cabalidad con la respectiva  dotación de vías públicas, áreas verdes y comunales, y en especial -de relevancia para resolución de este asunto- de la habilitación e implementación, a cargo del urbanizador, de los servicios públicos, tales como el de la luz, telefonía, agua potable y acueductos y alcantarillados, éste último, en caso de que exista la infraestructura para ello. Con lo cual, la no adecuación de los proyectos urbanísticos a los requerimientos establecidos en el ordenamiento urbano, obligan -per se-, al rechazo de las gestiones incoadas, en aplicación del principio de legalidad.   // VII.- Respecto de la naturaleza del Proyecto Villas de Jesús de Atenas. Dentro de la presente causa,  debe aclararse  naturaleza jurídica del  Proyecto Villas de Jesús,   pues tanto el Ingeniero Municipal  como  la Sociedad Nombre53625  lo han clasificado como un \"fraccionamiento simple\", conforme al Reglamento  para el Control Nacional del Fraccionamientos  y Urbanizaciones.  Según se desprende de los documentos aportados a la Municipalidad,  de conformidad con las conclusiones del Ingeniero Bayardo Noguera Paz incorporadas dentro del documento denominado \"Análisis Técnico de Documentos para Permisos\" el proyecto, aún cuando  ha sido denominado  un fraccionamiento simple,  en realidad es todo un proyecto  urbanístico que  tiene como fin brindar solución habitacional en 48 lotes,  dentro  de un terreno carente de todos los servicios.   Se aprecia de las diversas  actuaciones  realizadas que la Sociedad Nombre53625 ha venido gestionando uno por uno, todos aquellos  permisos necesarios para levantar una urbanización y dotarla de los servicios básicos.   Tanto la sociedad como el Ingeniero Municipal justificaron que se trataba de un fraccionamiento simple,  únicamente por el hecho de que la finca  se encuentra rodeada de vías públicas y todos los lotes darían frente a calle pública. Sobre este particular, debe indicarse que aún cuando la finca se encuentra rodeada de vías públicas,  se pone en evidencia del mismo permiso conferido por el Alcalde, que la finca objeto de segregación carece de los servicio esenciales, y lo autorizado fue la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales,  mejoras en la vía pública, encascotado, cordón y caño,  aceras, evacuación de pluviales  y agua potable, lo cual dista mucho de  ser un simple fraccionamiento en los términos supra expuestos.   Lo que  se desprende es que las actuaciones del desarrollador se encuentran al margen de la ley,  pues pretende levantar una urbanización  pero  sin dar cabal cumplimiento de todos los requisitos necesarios para tal efecto,  que  incluyen, entre otros, la presentación del anteproyecto y cumplimiento de todos los requisitos de ley, conforme lo puso en conocimiento el informe  técnico del Ingeniero Bayardo Noguera, en donde se evidenciaron serias deficiencias que deben ser atendidas por el desarrollador y que se transcribieron en el Hecho Probado 26 de esta resolución.  Lo anterior quiere decir que el acuerdo  del Concejo Municipal impugnado,  conociendo de los informes técnicos  existentes,  hizo correcta aplicación del bloque de legalidad, en el tanto  se sujetó  a las  reglas unívocas de la ciencia y la técnica (artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública),  con lo cuales  se impone a la Administración a que su actuación no venga a  contrariar  el conocimiento teórico adquirido de las distintas metodologías y disciplinas de la ciencia y la técnica,  de manera que lo resuelto por la municipalidad respecto de cualquier permiso de construcción, debe  estar conforme a los resultados que emanen de los estudios técnicos exigidos para el caso en concreto.    Debe advertirse que ni siquiera se aprecian estudios que reflejen la capacidad real de abastecimiento del pozo existente para cuarenta y ocho casas,  el cual fue autorizado por el MINAET exclusivamente para uso doméstico, así como tampoco el sistema de manejo de la planta de tratamiento, entre otras graves deficiencias.  De ello se desprende que no resulta de recibo ningún agravio expresado por la sociedad en sentido contrario. //   VIII.-  Sobre las competencias del Concejo Municipal en materia urbanística.   Por último, cabe analizar la participación del Concejo Municipal en las actuaciones analizadas,  pues  resolvió en contraposición  de lo comunicado por el Alcalde.  El proceso de  fortalecimiento de la descentralización territorial mediante una mayor autonomía tanto política como financiera,   da  un papel protagónico al Nombre20665 -funcionario electo democráticamente en cada localidad-, el cual   incorpora dentro del seno municipal un sistema de administración que debe combinar de manera eficiente y económica recursos humanos, materiales y financieros con el objetivo de alcanzar los fines propuestos.   Es por ello que la tarea  de administración que asume el Nombre20665 se resume en  las funciones básicas de planeación, organización, integración, dirección y control, a efecto de lograr el compromiso e identificación por parte de los demás miembros, a fin de llevar a cabo las propuestas inicialmente por él presentadas ante la comunidad, todo en aras del desarrollo socio-económico de la localidad.   Dentro de las principales funciones que le asigna el artículo 17 del Código Municipal,   se pueden indicar: // a) Ejercer la administración general  de la municipalidad. // ... // e)Presentar, al Concejo Municipal, un programa de gobierno  basado en un diagnóstico  de la realidad del cantón... // Sin embargo, su gestión es llevada de manera simultánea con las competencias del Concejo Municipal, el cual  es el cuerpo deliberante de la municipalidad, que está compuesto por los regidores que  también son de elección popular.   El artículo 13 del Código Municipal  recoge como atribuciones del Concejo, entre otras: // “a)  Fijar la política  y las prioridades de desarrollo  del municipio,   conforme al programa de gobierno inscrito por el Nombre20665  municipal para el período  por el cual fue elegido. // ... // o) Dictar las medidas de ordenamiento urbano.” // Como se desprende del texto transcrito, el Concejo Municipal tiene la obligación de respetar el programa de gobierno presentado por el Alcalde,  al cual se ha de supeditar cualquier proyecto o servicio que preste la entidad local.     Como el órgano competente en  materia de urbanismo, correspondía al Concejo Municipal la aprobación de todo lo concerniente con este proyecto,  dado que no es trata de un fraccionamiento simple conforme a la norma citada,  en estricta aplicación de los numerales 11 de la Constitución Política,  11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública.   Ello permite concluir que los agravios expresados por la sociedad apelante no son de recibo,  teniéndose por correctamente resuelto el acuerdo venido en  alzada. //  IX.- En virtud de todo lo anterior,  no resultando de recibo los agravios  del recurso de apelación interpuesto, lo procedente es confirmar el acuerdo impugnado y dar por agotada la vía administrativa.\" (ver folios del 843 al 867 del tomo 3 del expediente administrativo). 62) Por oficios MAT-IC-62-2010 de fecha dieciséis de agosto de dos mil diez, MAT-IC-69-2010 del dos de septiembre de dos mil diez y el oficio MAT-INGM-74-2010 del diecisiete de septiembre de dos mil diez, suscritos por el ingeniero municipal, le informa al Nombre20665 y al Concejo Municipal que el proyecto cumple con todas y cada una de las exigencias que se han solicitado (hecho no controvertido según es visible a folios 277 y 365 del expediente judicial). 63) Que el proyecto cumple con todos los requisitos legales en caso de corresponder a un fraccionamiento simple (ver declaración de los señores López León  y Méndez Marín rendidos en el juicio oral y público). 65) Que la sociedad actora sufrió actos de vandalismo en cuanto al pozo de su propiedad, en alguno de los momentos donde el proyecto se encontraba paralizado (ver declaración de los testigos Nombre41092  y V).\n\n IV. SOBRE HECHOS NO PROBADOS: Se tienen como tales, los siguientes: 1) El Proyecto Villas de Jesús tendría el suministro de agua adecuado y necesario (los autos);  2) Quien asumiría el mantenimiento de la planta de tratamiento  después del primer año de utilización (los autos);  3) La existencia de aprobación por parte de la Municipalidad para la recolección de los desechos sólidos (los autos). 4) Que el señor Nombre20665 de Atenas tuviera facultades para aceptar el proyecto que nos ocupa (los autos). 5) Que los visados de planos otorgados a la sociedad actora, las licencias de construcción o la aprobación del proyecto otorgadas en su oportunidad, hayan sido anuladas conforme con el procedimiento legal establecido al efecto (los autos). 6) Que alguna conducta desplegada por la actora o los funcionarios públicos que actuaron se haya desplegado con dolo de querer actuar al margen de la ley (los autos). 7) Que las obras autorizadas para construcción en el proyecto se encuentren inconclusas a la fecha por alguna acción administrativa (los autos). 8) Que las suspensión de las obras dictadas por el Concejo Municipal y el Alcalde, ambos de la Municipalidad de Atenas, se encuentren sustentados en motivos legales o legítimos de la actuación administrativa (los autos). 9) Que los daños sufridos en el pozo propiedad de la actora presenten algún nexo causal con la corporación de derecho público (los autos). 10) Que la actora haya sufrido algún daño moral objetivo que resulte ser susceptible de ser indemnizado (los autos).  11) Que  la actora haya vendido algún lote en el proyecto o que la venta de estos se hubiera visto frustrada a partir de los hechos que motivan este proceso (los autos). 12) Que exista algún perjuicio en contra de la actora que resulte ser susceptible de indemnización (los autos).\n\nV.  EL RÉGIMEN MUNICIPAL Y LA REGULACIÓN URBANA: Las municipalidades son entidades locales que gozan de autonomía relativa en el ejercicio de sus funciones, a partir de una descentralización territorial, según se colige del numeral ciento sesenta y ocho de la Constitución Política. Este nivel de independencia lo otorga el precepto ciento sesenta y nueve de la Carta Magna, en el marco de su competencia territorial, integrada por el espacio físico dispuesto para el cantón al cual representa, en tanto señala que corresponde a cada ayuntamiento la: \"administración de los intereses y servicios locales …\"; así la carta fundamental le confiere una serie de funciones o atribuciones en favor de esos gobiernos en razón de \"lo local\", esto es, para administrar los servicios e intereses del ámbito a la que está circunscrita, sea, el cantón. De este modo, es claro que existen intereses cuya salvaguardia corresponde a las Municipalidades y junto a ellos, coexisten otros cuya protección constitucional o legal es atribuida a otros entes públicos, en el entendido que la competencia no es excluyente, máxime cuando existen intereses locales que a la vez son regionales o incluso nacionales, de suerte que los intereses desde el plano local al nacional confluyen, sin perjuicio que en algunos de los casos su afectación se limite al plano más pequeño. La esfera territorial del municipio constituye una competencia originaria de los ayuntamientos y solo mediante ley de nacionalización puede serles desplazada, siempre que esa manifestación legislativa no suponga un quebranto a la autonomía referida o implique vaciar el contenido constitucional del régimen municipal. Por su parte, el artículo cuatro del Código Municipal, Ley no. 7794 del treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho , desarrolla los tipos de autonomía que el legislador ordinario estimó ostentaban estas corporaciones, indicando que poseen la política, administrativa y financiera (ver  Sala Constitucional, votos 5204-2004 y 8928-2004).  Dentro de este dinamismo de los intereses, se ubica el tema urbanístico, donde el interés en esencia es local, pero con trascendencia más allá de la cantonal, llegando a temas nacionales. Así la Ley de Planificación Urbana, establece una coordinación, donde corresponde a cada Municipalidad el aprobar el respectivo Plan Regulador, con una aprobación a cargo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo de cara a la implementación de una política nacional de desarrollo que integre todas las variables técnicas, económicas y sociales que convergen en esta actividad. Situación inversa es con respecto a la materia ambiental (en la medida que los diferentes ecosistemas y los corredores biológicos corren por todo el territorio) donde su interés es nacional, pero su aplicación en concreta  incide de forma directa no en la esfera territorial de cada municipio. La Sala Constitucional en la resolución no. 5445-99 además de desarrollar las bases de la autonomía municipal, fijó la interacción de los intereses y determinó la obligatoria coordinación de lo local, regional y nacional, para satisfacer los diferentes intereses públicos que interactúan. Pese a la autonomía, el principio de legalidad de raigambre constitucional en el canon once, determina que las competencias constitucionales y legales deben ser ejercidas al amparo de las normas jurídicas que las definen, delimitan y precisan su funcionamiento; se trata en efecto de una garantía para el munícipe y sociedad civil en general, de que los actos públicos que emanen de esas entidades locales, son contestes con aquél. Ello incluye por regla de principio, una aplicación debida de las normas, no solamente en su contenido, sino además en el respeto de su nivel jerárquico, de lo que se infiere que son inviables las aplicaciones de medidas infra legales que sean opuestas o contrarias a la ley.  La autonomía municipal, impuesta por la Carta Magna, confiere a las corporaciones locales una competencia especial para la administración de los intereses y servicios de su competencia territorial (artículos 169 y 170), competencia prevalente sobre la de otras instituciones, en el contexto de la localidad.  El numeral quince de la Ley de Planificación Urbana, no. 4240 del quince de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho confiere a los entes locales la competencia base para regular y vigilar todo lo concerniente a la planificación y desarrollo urbano dentro de los límites de su competencia territorial, lo que no es más que el desarrollo del ya señalado artículo ciento sesenta y nueve de la carta fundamental.  Consecuentemente, cada uno de los entes corporativos territoriales debe disponer lo que proceda para implantar un plan regulador, y los reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de extender todos o algunos de sus efectos a otros sectores, en que priven razones calificadas para establecer un determinando régimen contralor. La competencia asignada no se limita a un aspecto de mera planificación, sino que además, incluye las potestades de control del desarrollo urbanístico, lo que supone un grado de vigilancia sustantiva tanto de las obras en ejecución, como de las ya ejecutadas. En concordancia con lo señalado, el artículo primero de la Ley de Construcciones, Decreto Ley no. 833 del cuatro de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve, establece con claridad evidente estas potestades, lo que es retomado por el artículo trece inciso o) del Código Municipal, corresponde al Concejo dictar las normas y medidas atinentes al ordenamiento urbano. Así la realización de toda obra o edificación requiere de una licencia municipal, a la vez que corresponde al ente local la vigilancia sobre aquellas (mandatos 74 y 87 de ese cuerpo legal). Por ende, resulta evidente el papel prevalente que en estos menesteres ostenta la Municipalidad, siendo que le incumbe disponer las medidas concretas sobre el desarrollo y planeamiento urbano, así como el otorgamiento de las \"licencias\" de construcción y el control de esas actividades acorde a las normas que regulan ese campo (ver al respecto  Sala Constitucional, en votos 2153-93 y 4205-96). Advirtiendo que los alcances y efectos del desarrollo y planificación urbana implica, en la gran mayoría de las ocasiones, la existencia de relaciones de coordinación con el demás aparato público, lo que justifica la intervención del Instituto de Vivienda y Urbanismo, del Instituto Costarricense de Electricidad o del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, siempre en el ámbito de sus competencias.  No se puede olvidar que un proyecto urbanístico convergen diferentes aspectos que trascienden el mero aspecto urbano. En cuestiones de naturaleza urbanística, en particular, la de construcción de urbanizaciones o residenciales, la Ley de Construcciones y la Ley de Planificación Urbana, en sus artículos quince y treinta y dos respectivamente, remiten la concreción de los aspectos que deben ser cubiertos por los urbanizadores, a un reglamento, a saber el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones (3991 del 13 de diciembre de 1982) y en materia  constructiva, se encuentra el denominado Reglamento de Construcciones (del 22 de marzo de 1983). De conformidad con lo estatu í do por los cánones quince y setenta y cuatro de la Ley de Construcciones, todo fraccionamiento y urbanización, así como toda obra relacionada con la construcción deberá contar con un acto autorizatorio emitido por la Municipalidad correspondiente.  Los aspectos de seguridad, salubridad y ornato, se encuentran también regulados en el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, norma que sería aplicable al efecto, en cuanto se trata de un instrumento jurídico de naturaleza preeminentemente técnica, que contiene en aspecto de urbanizaciones, regulaciones variadas en aspectos tales como accesos, vialidad, lotificación, áreas verdes y públicas, drenajes, acueductos, cloacas, infraestructura y acabados, entre otros. Naturalmente, la fiscalización recae en los gobiernos locales, norma que potencia de manera uniforme las competencias municipales. Desde este plano, el papel de los municipios se da en dos instancias, sea, preventiva y fiscalizadora. En el marco preventivo, la \"licencia\" se otorga si cumple con todas las exigencias y en ese cotejo (cualitativo y cuantitativo) se concreta tal ejercicio. En la fiscalización, verifica que lo que se realiza en la realidad, sea conteste con lo autorizado, y no son más que manifestaciones de un poder público derivado de competencias otorgadas por el orden constitucional y legal en este campo, que justifica el apoderamiento de la Administración.   Igualmente, la fiscalización se presenta en la medida que resulta posible que dentro de un proyecto concreto aún siendo cumplido en los estrictos márgenes de lo aprobado, se presentan afectaciones no consideradas; como podría ser el tema arqueológico, ecológico o ambiental, entre otros; que determinarían la paralización de la obra y el replanteamiento de la misma para ajustarla a la nueva realidad no considerada. Le permiten por tanto el despliegue de una serie de atribuciones inherentes y necesarias para el ejercicio de una sana administración. Estas le facultan incluso suspender una determinada obra cuando no cumpla con las condiciones debidas, o bien, dentro de su arista preventiva y previsora, rechazar el pedimento de edificación cuando no se hayan satisfecho los requerimientos jurídicos y técnicos que las disposiciones aplicables imponen. Se trata de manifestaciones concretas del poder público que permiten la tutela de principios jurídicos, entre otros, el de seguridad , medio ambiente y de salud. Constituye por ende una labor de inspección sobre los aspectos constructivos de las estructuras que se erijan en el espacio territorial del municipio, a efectos de determinar que cumplan con las exigencias que dispone esa legislación, así como demás regulaciones asociadas a la actividad. Estas facultades y potestades, dentro de su orientación teleológica, se ponen al servicio de los intereses públicos o colectivos, que a fin de cuentas, son el objeto que legitima su incursión en el control y fiscalización de la actividad urbanística. Al ser competencias fijadas por el Ordenamiento (como derivación directa de sus competencias constitucionales que le fueron confiadas) y que se asocian con la tutela de intereses públicos, la acción del ente local debe ponderar no solamente una labor de revisión superficial (formal) de las solicitudes de permiso de construcción, sino, una valoración integral y a fondo del acatamiento de las exigencias jurídicas y técnicas que impone el Ordenamiento.\n\nVI.- SOBRE LAS AUTORIZACIONES Y PERMISOS EN MATERIA URBANISTICA: Contrario de lo que sucede en las concesiones administrativas, en las cuales la Administración transfiere ciertas potestades  públicas en un particular, sea persona física o jurídica, en las autorizaciones, la Administración,  hace un \"levantamiento de barreras\" para el ejercicio de un derecho que ya se tiene, pero que aún administrativamente no se declara a favor del solicitante y cumplidor con los requisitos que impone el ordenamiento jurídico como un todo. De allí que, siguiendo a Manrique Jiménez (JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA, 1º edición, San José, Imprenta y Litografía Mundo Gráfico, 1997), la Administración que autoriza no delega potestades ni constituye derechos, simplemente los declara, pues los derechos ya existen antes de la respectiva declaración, en razón del cumplimiento del ordenamiento jurídico confirmado por quien solicita, en buen derecho, la autorización misma. Hay entonces, de parte de la Administración autorizante, una declaración de voluntad a favor de aquella persona pública o privada que haya cumplido con todos y cada uno de los requisitos normados, limitándose la Administración a ponderar la legalidad de lo solicitado en el ámbito del interés público que la misma Administración debe tutelar. Se trata en el mejor sentido de la palabra, de un acto constatativo una vez verificados una serie de requerimientos legales. Se sostiene, en principio, que frente al ejercicio de un derecho subjetivo, urgido para su realización de un acto de habilitación de la Administración, no cabe la discrecionalidad administrativa, toda vez que la Administración autorizante está jurídicamente obligada a dictarla, cuando el solicitante haya previamente cumplido con los requisitos normativos, por lo que, encontramos en la autorización, dos dimensiones de actos reglados: los relacionados con el contenido de la autorización y el acto de su declaración que debe ser congruente con los motivos y fines que la justifiquen. Sin embargo, la Administración no pierde por ello, una vez dictado el acto autorizante, las potestades de tutela y control en el uso y disfrute del permiso, de la licencia o autorización. Su prerrogativa originaria como Administración que debe satisfacer y velar por los intereses públicos no desaparece con la simple declaratoria, expresa o implícita de la autorización. En esencia, entonces, no desaparece de la Administración su potestad de revocar o anular licencias o aprobaciones, ante licencias sujetas a condición o licencias ilegalmente otorgadas; claro está, siempre que con ello se haya cumplido el procedimiento legal, que garantice la plena participación del interesado y en especial el derecho de defensa y el debido proceso en general. En efecto, el derecho subjetivo del solicitante de la autorización nace con el cumplimiento cabal del ordenamiento jurídico, sin que la Administración pueda rebatir o desconocer su declaratoria; pero tampoco es válido del solicitante pretender la aplicación individual de una declaratoria de su derecho cuando no haya cumplido con los requisitos normados para la generalidad. De las diversas manifestaciones de autorizaciones administrativas, encontramos en las licencias, una de sus ejemplos clásicos, y dentro de ellas, los mal denominados \"permisos de construcción\", que debe extender las municipalidades dentro de su territorio, de acuerdo con la Ley de Construcciones.  Dispone el artículo 1º de dicho cuerpo normativo: \"Las Municipalidades de la República son las encargadas de que las ciudades y demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad, y belleza en sus vías públicas y en los edificios y construcciones que en terrenos de las mismas se levanten sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materias a otros órganos administrativos.\"  Añade el artículo 2º: \"Alcance de esta Ley. Esta ley rige en toda la República. Ningún edificio, estructura o elemento de los mismos será construido, adaptado o reparado, en lo futuro si no es con las condiciones que los Reglamentos respectivos señalen. Tampoco deberán hacerse demoliciones o excavaciones en propiedad particular, ni ocupar la vía pública, ni hacer obras en ellas, sin sujetarse a las prevenciones de dichos Reglamentos.\" A su vez, dispone el artículo 74 de la Ley de Construcciones: \"Licencias. Toda obra relacionada con la construcción, que se ejecute en las poblaciones de la República, sea de carácter permanente o provisional, deberá ejecutarse con licencia de la Municipalidad correspondiente.\" El artículo 78 establece el impuesto sobre las construcciones al disponer que: \"Derechos de Licencia. Todas las licencias causarán derechos, que serán fijados de acuerdo con las tarifas en vigor, las que tomarán en cuenta la cantidad de obras por ejecutar o de ocupación de vía pública, así como su duración.\" De fundamental importancia para el asunto que nos ocupa, establece el artículo 79, siempre de la Ley de Construcciones: \"Pago. Para que una licencia surta sus efectos, es indispensable que haya sido pagado el importe de los derechos correspondientes.\" En materia de sanciones, la Ley de comentario dispone: \"Facultades. La Municipalidad puede imponer sanciones por las infracciones a las reglas de este Ordenamiento. Las sanciones serán las que se han especificado en el cuerpo de esta Ley y su Reglamento (multas, clausuras, desocupación, destrucción de la obra, etc.) y los que señala este Capítulo.\" Finalmente conviene reproducir lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Construcciones: \"Multas. El importe de la multa en ningún caso será superior a la lesión económica que implique para la Municipalidad la falta de percepción del derecho de la licencia correspondiente al concepto violado.\"  Si conviene reiterar que el otorgamiento de cualquier  permiso de construcción está condicionado a que el proyecto en cuestión resulte conforme con la ordenación urbanística aplicable; lo cual supone un control previo de habilitación o \"permiso\" , acompañado de la actividad de fiscalización en la ejecución de la actividad autorizada, a fin de que se realice conforme a la licencia o permiso concedido y a las regulaciones que rigen la actividad.  Si bien hasta aquí hemos utilizado los conceptos a manera de símiles, conviene realizar algunas distinciones.  Por autorización se tiene como un acto de \"habilitación o permisión\", entendiéndose como el \"acto administrativo por el cual  la administración pública le concede al administrado  la potestad de ejercer derechos preexistentes después, de una apreciación discrecional de su oportunidad y utilidad respecto del interés general,  La autorización, en tal supuesto,  obedece a una petición  expresa del administrado  pero que, generalmente,  es discrecional  en cuanto a motivo y contenido.   La diferencia entre este tipo de autorización y licencia,  en sentido estricto,  radica en que la última tiene un efecto similar a la autorización pero normado,  esto es, su contenido es reglado.\" (JINESTA LOBO, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I. Biblioteca Jurídica Diké. pág.  449)   Por su parte, el permiso se entiende con  aquel \"acto  que autoriza a una persona -administrado- para el ejercicio de un derecho, en principio, prohibido por el propio ordenamiento jurídico.  Es una exención especial  respecto de una prohibición general en beneficio de quien lo solicita.   Con el permiso se tolera o permite  realizar algo muy específico  y determinado.  Su naturaleza  consiste en remover  un obstáculo legal  para el ejercicio de un poder preexistente, se dice que es una concesión de alcance restringido, puesto que, otorga derechos de menor intensidad y de mayor precariedad\"  y que además \"siempre se otorga un derecho debilitado nuevo  que supone  una excepción a una prohibición de orden público\" (JINESTA LOBO, Op Cit, págs.  456 y 457).  En términos generales ambos vocablos  suelen confundirse, mas lo s dos coinciden en que debe mediar  un derecho preexistente.  Ahora bien, la Ley de Planificación Urbana (Ley 4240) en su artículo primero define el Fraccionamiento como: \n\n\"Fraccionamiento, es la división de cualquier predio con el fin de vender, traspasar, negociar, repartir, explotar o utilizar en forma separada, las parcelas resultantes; incluye tanto particiones de adjudicación judicial o extrajudicial, localizaciones de derechos indivisos y meras segregaciones en cabeza del mismo dueño, como las situadas en urbanizaciones o construcciones nuevas que interesen al control de la formación y uso urbano de los bienes inmuebles.\"\n\nEl fraccionamiento, es la división de un predio con la finalidad de introducirlo al comercio de los hombres, lo que supone, tal y como lo debe constatar cada gobierno local al otorgar el visado correspondiente, que el mismo se ajuste, en cuanto a tamaño y características, a las disposiciones urbanísticas vigentes, en especial, al Plan Regulador del suelo local –si lo hubiere- así como a la normativa de desarrollo y demás leyes especiales de orden público. A partir de dicho concepto, reiterado en diversas normas, es posible ubicar dos conceptos que si bien se interactúan entre sí, no son idénticos, a saber el fraccionamiento simple y por otro lado, el proyecto complejo o la urbanización. La misma norma definir Urbanizar de la siguiente forma:\n\n\"Urbanización, es el fraccionamiento y habilitación de un terreno para fines urbanos, mediante apertura de calles y provisión de servicios.\"\n\n \n\nLo que lleva aparejado que el fraccionamiento simple, corresponde a la división de un terreno, al margen de las motivaciones o intereses que se persigan, cuando linda frente a calle pública y está provisto de la totalidad de los servicios públicos propios del área urbana.   Cabe reiterar que la integralidad de los servicios públicos básicos (agua, luz, recolección de basura y electricidad cuando menos) es vital en este caso; de suerte que estos tienen que suficientes para suplir la necesidad de la nueva construcción. El fraccionamiento que la ley denomina como “simple”, no incluye un proceso de habilitación urbana para el uso y disfrute de las parcelas resultantes de ese fraccionamiento y ello es así porque el legislador parte de que en estos, los fundos cuentan con accesos y áreas verdes producto de un desarrollo urbanístico anterior. La lógica es sencilla, el fraccionamiento no representa por sí mayores esfuerzos para la corporación pública o demás dependencias gubernamentales, la red de servicios existe de pre Nombre53625 io y la única actividad que debe desarrollarse es la conexión a la misma. Se trata de un mero permiso en los términos más propios del concepto lo referente al visado, pues es una simple constatación de requisitos formales y técnicos; posteriormente el permiso de construcción es una consecuencia lógica y necesaria, en tanto lo generado no constituya a una urbanización . En el caso de la urbanización se trata de un proyecto más complejo, donde si bien el desarrollador tiene el legitimo interés del ejercicio de esa actividad económica, la dotación o extensión de los servicios públicos, determina una serie de previsiones que deben considerarse, así como la revisión de requisitos se torna más minuciosa, sin perjuicio de corresponder a un acto complejo donde ordinariamente interactúan varias dependencias públicas extrañas a la corporación pública; lo que lleva a la necesaria conclusión que estamos en presencia de una autorización de todo el proyecto, siendo que una vez otorgada esta los actos de ejecución de la misma son meros permisos. Se trata de una habilitación urbana, es por este motivo que el artículo cuarenta de la Ley de Planificación Urbana dispone la obligación de ceder terreno para parques, y facilidades urbanas. Cuando una determinada área se encuentra previamente urbanizada, los adquirentes de las parcelas fraccionadas cuentan con acceso a los fundos, parques y facilidades comunales y es que no debe perderse de vista que ello hace parte de su derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 constitucional). Por este motivo –se reitera- el legislador no ha estimado necesario exigir en el caso del fraccionamiento “simple” con desarrollo urbanístico, mayores dotaciones de tierra por motivos de interés social. El visado para fraccionamientos simples, por su poca trascendencia, suele otorgarse a un funcionario (v.gr. Ingeniero Municipal) diverso de aquél al que se encomiendan los visados “complejos” (v. gr. Concejo Municipal, comisiones de urbanismo, etc.), careciendo el primero de competencia para autorizar un visado diverso; ello en el caso de que las normas urbanísticas hagan tal distinción; lo anterior tiene sentido en el entendido que en el primero de los casos los requisitos se encuentran en su gran mayoría reglados y el margen de discrecionalidad es mínimo. Ahora bien, al fraccionamiento que hace parte del proceso urbanizador y que implica una habilitación de los fundos, por vez primera, para fines urbanos, debe proveérsele de calles, áreas verdes y parques, así como de los servicios necesarios para su uso y disfrute; el fraccionamiento complejo o urbanístico, engloba un acto propio del jerarca institucional, salvo los casos donde exista alguna delegación. En este segundo supuesto, estamos ante un proceso complejo de fraccionamiento y urbanización que introduce limitaciones a la propiedad privada por razón de urbanismo (artículo 22 de la Ley de Planificación Urbana), las que el Tribunal Constitucional ha señalado son totalmente conformes con el Derecho de la Constitución (voto N° 5097-93 de las 10:24 hrs del 15 de octubre de 1993 ). Así las cosas,  en los casos de aprobación de permisos de construcción de urbanizaciones, el Gobierno Local debe corroborar que cumple a cabalidad con la respectiva  dotación de vías públicas, áreas verdes y comunales, y en especial -de relevancia para resolución de este asunto- de la habilitación e implementación, a cargo del urbanizador, de los servicios públicos, tales como el de la luz, telefonía, agua potable y acueductos y alcantarillados, éste último, en caso de que exista la infraestructura para ello. Con lo cual, la no adecuación de los proyectos urbanísticos a los requerimientos establecidos en el ordenamiento urbano, obligan -per se-, al rechazo de las gestiones incoadas, en aplicación del principio de legalidad.  Así como l a misma definición lo señala, en la urbanización, siempre subyace algún margen de discrecionalidad, máxime que aún cuando el desarrollado Nombre41092 habilite los servicios y las calles correspondientes, sin perjuicio de otras obligaciones (como la del artículo 40 de la ley en estudio), el ente público territorial se encuentra llamado a medir sus capacidades para las nuevas exigencias; sin perjuicio que la lista de requerimientos regulada parcialmente en diferentes normas, debe ser ajustada a cada caso en concreto, estudio por demás complejo. Es por esto que reiteramos que el acto habilitante se a l e j a de la figura del permiso para constituirse en una autorización, en los términos dichos.  Por tener estrecha relación con el tema que nos ocupa, conviene que precisemos algunas notas relacionadas con el silencio positivo.\n\nVII.- SOBRE EL SILENCIO POSITIVO EN MATERIA URBANÍSTICA: E s claro que toda administración se encuentra llamada a contestar las diferentes gestiones que se le presenten con la mayor celeridad posible, no solo por imperativo constitucional (artículos 20, 30 y 41 constitucional), sino como manifestación del carácter democrático del Estado y para evitar generar inseguridad en los usuarios.  Por su parte, e l artículo ciento treinta y nueve de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP), establece un principio del derecho administrativo, según el cual: \"El silencio de la Administración no podrá expresar su voluntad salvo ley que disponga lo contrario.\" Significa ello, que la inactividad administrativa, no expresa la voluntad de la Administración, lo que equivale a decir, que el silencio de la Administración no produce efecto jurídico alguno, salvo ley que otorgue un sentido diverso a dicho silencio. La excepción a tal principio es, en consecuencia, otorgar un efecto jurídico ante la inactividad de la Administración Pública, cuando se cumplan determinados supuestos, tales excepciones son los denominados; silencio positivo y el silencio negativo. Esta posibilidad es ante todo una ficción jurídica, pues no se trata de un acto presunto, sino un remedio procedimental ante la inercia de la administración; siendo que la regla en la materia es el carácter negativo, permitiendo al afectado proseguir con el trámite en la instancia ulterior o si es su interés concurrir a la vía jurisdiccional. Resultaría contrario a todo derecho, el dejar de manera indefinida atado al interesado a un a respuesta que no llega, pese a que el ordenamiento estatuye la obligación de responder a la gestión del interesado. En lo que nos incumbe, el silencio positivo, constituye una técnica procedimental por la cual se tiene por otorgado, por parte del ordenamiento jurídico ante el silencio de la Administración, las autorizaciones, licencias o permisos, una vez vencido el plazo para que aquella se pronuncie, previa solicitud del interesado, habiendo cumplido plenariamente los requisitos exigidos para su otorgamiento.   Las  autorizaciones,  o aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio de funciones de fiscalización y tutela refieren a relaciones inter-administrativas  -en donde no hay participación de los administrados-,   mientras que los permisos, licencias   y autorizaciones se refieren a relaciones con los administrados. Es de advertir que, el silencio positivo no constituye un verdadero acto administrativo, sino un efecto ante la ausencia de respuesta, que el ordenamiento otorga frente a la inactividad administrativa.  Véase que lo limitado de los supuestos y lo taxativo no es por si arbitrario, pues como se viene razonando se trata de s ituaciones donde existe una barrera administrativa ante un derecho preexistente y cuya ejecución se encuentra supeditada a la verificación legal del total de los requisitos establecidos al efecto, de suerte que si dentro del tiempo otorgado no es posible ubicar un motivo de rechazo de la solicitud la lógica obliga a admitirla y permitir el ejercicio. Recuérdese que estamos en presencia de actos con margen de discrecionalidad muy limitados, con buena cantidad de aspectos reglados y la discrecionalidad bajo espacios muy reducidos. En nuestro derecho positivo, es precisamente el canon trescientos treinta de la Ley General de la Administración Pública, donde regula en forma genérica la institución del silencio positivo. Como se ha venido indicando estos permisos, autorizaciones o licencias, se constituyen en obstáculos o barreras que el particular debe eliminar o levantar para ejercer una actividad determinada o realizar una obra concreta. Hay de por medio, el ejercicio de una libertad pública, pero que requiere de un acto habilitante de la Administración Pública para ejercitarla como se ha indicado consistentemente. Se produce el silencio positivo cuando ha transcurrido el plazo en que debe pronunciarse la Administración y est a no lo hace, además para que se tenga por otorgado el acto en virtud de silencio positivo, el particular debe de haber cumplido plenamente con la presentación en regla de todos los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la autorización, licencia o permiso. El artículo trescientos treinta y uno de la Ley de referencia, establece que el plazo para que surja el silencio positivo es de un mes a partir de la solicitud del permiso, autorización o licencia acompañados de la presentación de los requisitos legales. Sin embargo, leyes especiales pueden establecer plazos distintos. Continúa manifestando el artículo último citado, que una vez acaecido el silencio positivo, no podrá la Administración dictar un acto denegatorio de la instancia, ni extinguir el acto, sino en aquellos casos y en la forma prevista por la propia ley. Lo que significa, que ante la autorización, la licencia o el permiso otorgado en virtud de silencio positivo, no podría la Administración posteriormente dictar un acto contrario, denegando en forma expresa la solicitud, ante la aplicación del principio de intangibilidad de los actos propios, debiendo concurrir a los procedimientos y mecanismos que el mismo ordenamiento otorga. Nuestra jurisprudencia ha manifestado respecto a esta figura:\n\n\"V.- Por constituir el silencio positivo un acto administrativo equivalente a la autorización, licencia o permiso solicitado, dispone el artículo 331, inciso 1, citado, que la solicitud que se presente debe contener los requisitos de ley. Es decir, para que opere el silencio positivo, debe el particular haber cumplido en su gestión con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la norma, pues lo contrario implicaría la ausencia de presupuestos esenciales para la existencia del acto, no pudiendo operar el silencio cuando se omita alguno de ellos, aunque el órgano o funcionario encargado no realice la respectiva prevención. Lo contrario implicaría aceptar la existencia de un acto administrativo que no reúne los presupuestos esenciales para su validez, no pudiendo en el caso concreto subsanarse el vicio. Sobre este tópico, y en un caso similar, la Corte Interina, en sesión extraordinaria de las 10,00 horas del 7 de febrero de 1985, conociendo del recurso de amparo interpuesto por Nombre36751. contra el Gobernador de San José, consideró que \"el problema realmente decisivo es el de precisar el contenido concreto de la aprobación o autorización obtenida por silencio positivo en aquellos supuestos en que la pretensión ejercitada por el particular o ente público que promueve el procedimiento no es conforme a Derecho. Tres son las soluciones posibles en principio: la primera y más radical consiste en considerar autorizado o aprobado en sus propios términos el proyecto presentado; la segunda solución, postula en favor de limitar los efectos autorizatorios o aprobatorios del silencio positivo a lo que, según la Ley, es posible autorizar a aprobar; la tercera remite a una modulación de los efectos del silencio positivo en función de la clase de defectos del proyecto base. Pero la verdad es que después de analizar en doctrina esas tres posibles soluciones, cabe considerar que en todas y cada una de ellas no es posible entender adquiridas por silencio positivo facultades en contra de las prescripciones de la ley, porque no puede admitirse que el silencio positivo prospere cuando lo que resulta concedido no puede autorizarse con arreglo a la ley. En resumen, el silencio positivo suple al acto expreso, pero sólo dentro de los límites autorizados por la ley\". La falta de requisitos formales o de fondo en la solicitud presentada por el administrado, aún y cuando los mismos no hayan sido advertidos oportunamente por la Administración, impide que opere el silencio positivo. Cabe señalar, a mayor abundamiento, que lo contrario podría llevar a permitir una colusión entre el administrado y la Administración, autorizando vía silencio la emisión de actos contrarios a la legislación o incluso a la moral.\" (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 88-94 de las quince horas cinco minutos del diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y cuatro)\n\nHasta este momento hemos considerado el total de la actividad constructiva como una unidad conceptual dentro de la figura de los permisos, en tanto el propietario de un bien inmueble por sí y en ejercicio de su derecho de propiedad presenta l a facultad de utilizarlo de la mejor manera que tenga a bien, lo que determina que la licencia constructiva no es más que eso, un levantamiento de una barrera administrativa para permitir el ejercicio concreto que se presenta frente al caso, pero y frente a la sub júdice se hace imperativo realizar una diferencia importante, con respecto al fraccionamiento simple y e l permiso urbanístico y analizarlo frente a la figura del silencio positivo. Un primer aspecto a señalar es que al amparo del artículo cincuenta constitucional no resulta posible la aplicación de un silencio positivo cuando se está en presencia de una afectación al medio ambiente (Sala Constitucional votos 2001-05737 y 2003-03656, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia  voto 000507-F-04 y el Decreto Ejecutivo N. 32565-MEIC), lo que llevaría aparejado de manera implícita que el total de los requisitos presentados no se encontraban presentes desde el inicio o que la información ha sido falsedad, por el interesado para aparentar lo contrario.   Esa aseveración lleva como consecuencia que en ningún proyecto de urbanización sea posible aplicar el silencio positivo; pues por la magnitud de la actividad siempre tendrá alguna afectacción en esta materia; pero tampoco quiere decir que algunos proyectos de fraccionamiento y de construcción no se encuentren afectos a esa máxima (considérese a manera de ejemplo un centro comercial, un taller industrial, entre otros), pero al menos sería la excepción y no la regla. Frente a la actividad de fraccionamiento, y en concreto en lo que al tema que nos ocupa corresponde, es posible sostener que en lo tocante al fraccionamiento simple resulta de aplicación el silencio positivo, con la salvedad de los temas ambientales ya indicados, pero en lo correspondiente al fraccionamiento complejo o urbanístico, por sus afectaciones no puede considerarse como una mera autorización y afecta al silencio positivo, debiendo entenderse que no se encuentra cubierta por ese instituto sino por el contrario. Máxime cuando como se ha señalado, en el caso de la urbanización subsiste siempre algún elemento discrecional en el acto, que impediría aplicar sin mayores consideraciones la figura del silencio positivo. Comprende este Tribunal que la figura del silencio en su modalidad positiva presenta su origen en las autorizaciones y permisos municipales y que dentro del régimen se utiliza la figura de manera indiscriminada; pero la transversalidad de ciertos temas de interés nacional determinan que hoy no sea posible mantener esa posición; por lo que en buena lógica es una mala aplicación del derecho pretender un efecto positivo cuando debería ser negativo.\n\nVII I .- SOBRE LA INTANGIBILIDAD DE LOS ACTOS PROPIOS:  El principio de intangibilidad de los actos propios, al que esta Sala Constitucional le ha conferido rango constitucional por derivar del ordinal treinta y cuatro constitucional (Ver votos 2753-93, 4596-93, 585-94, 2186-94, 2187-94 y 899-95), parte de la regla que la A dministración P ública respectiva no puede anular un acto que de alguna forma resulte favorable para el administrado, siendo las excepciones la anulación o revisión de oficio y la revocación. Para ese efecto, la administración pública, como principio general, debe acudir, en el primer caso (así como en los supuestos de nulidad evidente y manifiesta en los términos del artículo ciento setenta y tres de la Ley General de la Administración Pública) al procedimiento administrativo establecido al efecto, reguladas en los artículos ciento cincuenta y cuatro, ciento cincuenta y cinco y ciento setenta y tres de la Ley General de la Administración Pública; y en el segundo supuesto en calidad de parte actora y previa declaratoria de lesividad del acto a los intereses públicos, económicos o de otra índole, al proceso de lesividad, el cual se ha entendido, tradicionalmente, como una garantía para los administrados. Se trata de una aplicación del principio constitucional de irretroactividad de la ley y con mayor razón de los actos (en especial los declarativos de derechos) en inmodificable para la Administración, salvo que utilice las vías previstas por el ordenamiento jurídico le establece. Sobre este particular, este Tribunal Constitucional en el Voto No. 897-98 del 11 de febrero de 1998 señaló lo siguiente:\n\n“... a la Administración le está vedado suprimir por su propia acción aquellos actos que haya emitido ..... Así, los derechos ... constituyen un límite respecto de las potestades de revocación (o modificación) de los actos administrativos, con el fin de poder exigir mayores garantías procedimentales. La Administración, al emitir un acto y con posterioridad al emanar otro contrario al primero, en menoscabo de derechos subjetivos, está desconociendo estos derechos, que a través del primer acto había concedido, sea por error o por cualquier otro motivo. Ello implica que la única vía que el Estado tiene para eliminar un acto suyo del ordenamiento es el proceso de jurisdiccional de lesividad, pues este proceso está concebido como una garantía procesal a favor del administrado, o bien, en nuestro ordenamiento existe la posibilidad de ir contra los actos propios en la vía administrativa, en la hipótesis de nulidades absolutas, evidentes y manifiestas, previo dictamen de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la República (como una garantía más a favor del administrado) y de conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. En consecuencia, si la Administración ha inobservado las reglas de estos procedimientos, o bien, las ha omitido del todo o en parte... el principio de los actos propios determina como efecto de dicha irregularidad la invalidez del acto.”\n\nLa doctrina normalmente, analiza el instituto a partir de los actos declarativos de derechos, pero existen otros actos, también favorables para el administrado que la constituyen , situaciones jurídicas sobre los cuales debe guardarse el correspondiente respeto, los que a criterio de esta Cámara presentan igual respaldo en el principio que nos ocupa.  No puede dejar de señalarse que si bien los permisos y autorizaciones en términos técnicos no son actos declarativos de derechos, en cuanto no declaran derecho alguno pues como se indicó el derecho es preexistente (a construir y aprovechar un bien inmueble según los intereses del actor), por lo que el acto administrativo se limita a levantar barreras administrativas, si a criterio de la Cámara generan un beneficio para el interesado, que le permite proseguir con su interés.  De manera que el retrotraer el efecto de forma intempestiva e injustificada genera una lesión antijurídica contrario al ordenamiento; es claro que el procedimiento administrativo no es un fin en si mismo sino el medio mediante el cual la voluntad administrativa se conforma en sus diferentes elementos, lo que lleva aparejado que solo los vicios sustanciales (aquellos que generan indefensión o cambien el contenido del acto) procuden como regla de principio la nulidad del acto administrativo (bajo el aforismo de la inexistencia de la nulidad por la nulidad misma), más la ausencia de procedimiento es por sí una manifestación de un acto arbitrario que produce irremediablemente la nulidad de la actuación en concreto, en la medida que los elementos del acto se generaron por medio ilícito. Retomando las vías para la revocatoria o la nulidad, e n cuanto al primer supuesto, resulta de manifiesto a partir del artículo ciento cincuenta y seis, que lo faculta adoptado por el jerarca, previo procedimiento administrativo levantado y con dictamen de la Contraloría General de la República.  Agrega la norma la necesaria obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados.  Como es conocido la figura de la revocación presupone un cambio en las condiciones fácticas o jurídicas, que determinan la improcedencia del acto originalmente dictado; sin cuestionarse los motivos y condiciones de este , que se presumen dictadas conforme a derecho . Es decir la actuación de la administración se dictó conforme a derecho originalmente y se revoca por variación de la situación actual, por vicios en la determinación administrativa.  En lo que refiere a la nulidad, el numeral ciento setenta y tres de la Ley General de la Administración Pública, prevé que un ente u órgano público bien puede anular en vía administrativa un acto declaratorio de derechos para el administrado pero lesivo para los intereses públicos o patrimoniales de la primera, sin necesidad de recurrir al proceso contencioso administrativo de lesividad cuando el mismo est é viciado de una nulidad absoluta evidente y manifiesta. La nulidad absoluta evidente y manifiesta debe ser dictaminada, previa y favorablemente, por la Procuraduría o la Contraloría Generales de la República —acto preparatorio del acto anulatorio final—. Le corresponderá a la Contraloría cuando la nulidad verse sobre actos administrativos relacionados directamente con el proceso presupuestario o la contratación administrativa (Hacienda Pública). Se trata de un dictamen de carácter vinculante —del que no puede apartarse el órgano o ente consultante—, puesto que, el ordinal 2° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que es de acatamiento obligatorio, a través del cual se ejerce una suerte de control previo o preventivo de legalidad, en cuanto debe anteceder el acto final del procedimiento ordinario incoado para decretar la anulación oficiosa, ante la gravedad de los hechos en consideración y el carácter técnico jurídico del mismo. En los supuestos en que el dictamen debe ser vertido por la Contraloría General de la República, también, tiene naturaleza vinculante en virtud de lo dispuesto en la ley de la materia.   No cualquier grado de invalidez o nulidad autoriza a un ente u órgano público para decretar la anulación oficiosa de un acto administrativo declaratorio de derechos para un administrado, dado que, el ordenamiento jurídico administrativo exige que concurran ciertas características o connotaciones específicas y agravadas que la califiquen, a saber “evidente y manifiesta”. Lo evidente y manifiesto es lo que resulta patente, notorio, ostensible, palpable, claro, cierto y que no ofrece ningún margen de duda o que no requiere de un proceso o esfuerzo dialéctico o lógico de verificación para descubrirlo, precisamente, por su índole grosera y grave. En tal sentido, basta confrontar el acto administrativo con la norma legal o reglamentaria que le dan cobertura para arribar a tal conclusión, sin necesidad de hermenéutica o exégesis ninguna.  La administración pública respectiva —autora del acto que se pretende anular o revisar—, de previo a la declaratoria de nulidad, debe abrir un procedimiento administrativo ordinario en el que se deben observar los principios y las garantías del debido proceso y de la defensa (artículo 173, párrafo 3°, de la Ley General de la Administración Pública), la justificación de observar ese procedimiento está en que el acto final puede suprimir un derecho subjetivo del administrado (artículo 308 ibídem). A final del procedimiento ordinario, resulta indispensable recabar el dictamen de la Procuraduría o de la Contraloría siendo un acto de trámite del mismo. Cuando el dictamen de la Procuraduría o de la Contraloría Generales de la República es desfavorable, la respectiva administración pública se verá impedida, legalmente, para anular el acto en vía administrativa y tendrá que acudir, irremisiblemente, al proceso ordinario contencioso administrativo de lesividad.\n\nI X .- SOBRE EL PROYECTO DE VILLAS DE JESÚS DE ATENAS : Previo a considerar las pretensiones deducidas, se hace imperativo entrar a analizar cual es la naturaleza jurídica del proyecto Villas de Jesús desarrollado por la actora, a saber si corresponde a un \"fraccionamiento simple\" o si por el contrario estamos en presencia de una \"urbanización\". De la prueba recibida, específicamente el ingeniero municipal y el topógrafo, lo que es ratificado por el Instituto de Vivienda y Urbanismo en alguna de la prueba documental, es claro que para ellos se trata del primero de los supuestos, en el entendido que el proyecto se desarrolla frente a calle pública y una zona donde existen los servicios públicos correspondientes, criterio que en principio podría compartir la Cámara si se tratara de algunos pocos visados (e incluso permisos de construcción) en cabeza propia; pero esa no es la situación. Por el contrario es posible constatar como los servicios existentes eran insuficientes para el proyecto desarrollado, lo que motivó que la interesada fuera de manera consistente dotando de estos, no de manera conjunta sino disgregada (uno por uno).  El mejor ejemplo es la planta de tratamiento, donde no consta dentro del elenco de hechos probados que fuera prevenida por la corporación de derecho público sino que la interesada quien conocedora de la limitación al respecto la promueve por su propia iniciativa, situación semejante ocurre con el suministro de agua, en donde es posible ver como lo presentado es para uso doméstico, lo que resultaría insuficiente para cubrir las necesidades reales de la actividad económica como un todo; muestra clara de ello es posible constatar como para requerir los visados de los planos faltantes la misma actora reconoce haber eximido al ayuntamiento del suministro de agua a partir de una autorización para construir un nuevo pozo que supuestamente vendría a cubrir las necesidades del proyecto, sobre este último pozo no existe prueba de haberse realizado a la fecha, lo que evidencia la ausencia de seguridad en cuanto a la solución del problema de agua en el proyecto. Por el mismo sentido es posible ubicar lo referente a las mejoras en la vía pública, el cordón, el caño y la evacuación de aguas pluviales.   No es que no existan los servicio públicos en su literalidad, sino que lo preexistente es insuficiente para la realidad en concreto que se presenta; y eran requisitos para poder llevar el proyecto a feliz término.  Por si esas situciones no fueran suficientes, no puede olvidarse que cuarenta y ocho nuevas familias en una zona urbana no solo demandan muchos servicios, sino también presentan afectacciones de orden ambiental que deben valorarse, considerarse y minimizarse.  En esas condiciones nos resulta incuestionable que se trata de una urbanización.  Suma a lo antes dicho que se hizo ver en su oportunidad un problema de competencia para aceptar las obras, lo cierto es que no se demostró que existiera un órgano diferente del Concejo Municipal para conocer del tema, lo que haría pensar que cualquier acto adoptado por el Nombre20665 o alguno de sus subordinados en la materia presentarían un vicio en dicho elemento formal (competencia), si antes el proyecto no ha sido aceptado por el órgano jerárquico de grado superior (el Concejo Municipal). Si debemos reiterar de manera enfática que no basta la existencia de calle pública para considerar la existencia de un mero fraccionamiento, al deberse ver el tema como una integridad, así la existencia de la vía pública hace presumir la presencia de los servicios públicos básicos, pero no necesariamente existe una relación de causa efecto.  Este caso es un claro ejemplo de esta situación, donde es indudable la existencia de los servicios básicos, pero por el volumen de lotes que componen el proyecto los mismos se tornan insuficientes, resultando imperativo dotar y mejorar estos. Incluso, frente a los usuarios finales, el desarrollador es conciente de las limitaciones, pues de manera consistente ha procurado dotar de los servicios faltantes, pero posiblemente en virtud de que el ente público lo calificó en algún momento como mero fraccionamiento se ha acogido a dicho procedimiento por resultarle menor engorroso. Como ya se indicó la idea del fraccionamiento simple es que el interesado solo tiene que conectar su necesidad a una red preexistente que tiene capacidad para incluirlo, lo que en este caso no se da, reiteramos por la cantidad de lotes suministrados.  Este aspecto básico y medular genera pleno nivel de convicción en este órgano colegiado sobre la naturaleza del proyecto en concreto. Ahora bien, consideramos que existen una serie de afectaciones específicas que repercuten en el conflicto que se analiza. Conforme con el hecho probado catorce  el ayuntamiento visó veintiocho planos para segregar lotes a partir de la finca que nos ocupa, así mismo autorizó dos permisos de construcción (hecho probado número 41) y en aplicación de un silencio positivo declaró la aceptación del proyecto y de la planta de tratamiento de aguas residuales. Como se ha venido señalando si bien no es posible considerar cada uno de estos actos como declarativo de derechos en el sentido técnico del término (por tratarse de autorizaciones y permisos), si generan una situación favorable a la actora, que como tal no podría destruirse o desconocerse sin cumplir para tal efecto los procedimientos legales y constitucionales al efecto. Aceptar lo contrario sería generar un estado de inseguridad jurídica que no resulta propia en un Estado democrático, liberal y de derecho que se profesa. Tampoco es posible tenerlos como inexistentes por presentar algún posible vicio, pues nuevamente estaríamos ante una inseguridad jurídica insostenible en el Estado costarricense. No se trata de una especie de convalidación de un acto que presenta serias deficiencias de lo que se conoció en el juicio oral y público y de la prueba vertida, sino de la imposibilidad de desconocer un acto emanado por una dependencia pública y sobre el cual no se han emitido actuación en contrario; en pocas palabras no existe procedimiento administrativo para negarle los efectos jurídicos que presenta a la fecha.  Es discutible si desde el plano material algunos requisitos legales que en su momento no se presentaban al día de hoy no esten satisfechos, pues es posible constatar como actualmente se cuenta con el estudio de impacto ambiental y como se han realizado obras para suplir los servicios faltantes, pero faltan elementos de convicción para saber si la totalidad de las necesidades están satisfechas al momento, el ejemplo más notorio es lo referente al tema del agua, donde la prueba es inexistente; todo sin perjuicio del tema de la competencia sobre el órgano facultado para recibir el proyecto, en los términos ya apuntados. En dicho marco, toda actuación material o formal adoptada en contra del ordenamiento jurídico se torna ilegal o anormal según corresponda y es generadora de responsabilidad, lo que lleva aparejado la imposibilidad de no reconocer los actos favorables a la interesada. Si bien es cierto, comprende la Cámara que en un visado de un plano sus efectos se materializan en el mismo documento, y consecuentemente, los actos que se puedan haber dictado o las actuaciones adoptadas a nivel interno del régimen municipal, no afectan el permiso en la medida que su utilidad es poderlo presentar o dar fe de él frente al Registro Nacional al momento de la escritura de segregación, ello no impide que sea una actuación ilícita el pretender no reconocer la existencia del acto favorable.  Situación semejante ocurre con los permisos de construcción, una vez construída la obra, donde el acto carece de interés; en todo caso, conviene realizar el análisis más exhaustivo pero frente a la pretensión en concreto.\n\nX .- SOBRE LAS PRETENSIONES PRINCIPALES DECLARATIVAS : Previo a entrar en la pretensión en concreto, debe advertir el Tribunal que la articulación pretendida no presenta un formato con plena claridad en cuanto se mezclan consistentemente reconocimiento y juicios declarativos de derecho; empero se procurará su análisis de la manera más comprensible posible, siempre teniendo como norte el principio de tutela judicial efectiva. A) Dejando de lado la primera pretensión principal, consistente en la declaratoria con lugar del proceso, en cuanto no es una pretensión en sí misma, sino una comprensible de las demás, la primera solicitud (numerada como dos) de la sociedad actora requiere que se revaliden los veintiocho planos visados en su oportunidad por el ayuntamiento, en virtud de corresponder a un mero fraccionamiento.  El término revalidar es entiendo por el Tribunal como aquel supuesto  donde se emite un acto administrativo, posteriormente es anulado, y consecuentemente se solicita el otorgamiento de la eficacia jurídica nuevamente.  En lo que al caso corresponde, los planos que resultan ser visibles a hecho probado número catorce nunca han sido anulados y consecuentemente no pueden ser revalidados, pese a esto, al amparo del artículo ciento veintidós del Código Procesal Contencioso Administrativo entiende la Cámara que lo pretendido es la nulidad de cualquier acto formal o material que lesione la actuación administrativa favorable en consideración.  También es pertinente aclarar que la parte actora sostiene de manera implícita la manutención de dichos actos constatativos en virtud de corresponder a fraccionamientos simples, lo que como se viene indicando es incorrecto, pues son parte de una urbanización. Así no es posible asegurar en los términos que la sociedad actora requiere de que el proyecto es un mero fraccionamiento, cuando de la relación de hechos probados quedó claramente indicado las limitaciones en servicios públicos los cuales fueron asumidos por el urbanizador como requisitos necesarios para su proyecto, de suerte que la existencia de calles públicas y servicios públicos limitados no resultan ser suficientes para otorgar lo pedido. En todo caso, nos inclinamos a encontrar sentido a la pretensión en los términos indicados, no por ser meros fraccionamientos, sino por que cualquier lesión a un acto favorable al administrado es una vulneración al principio de intangibilidad de los actos propios, de suerte que solo mediante los procedimientos administrativos legalmente establecidos es posible destruir la eficacia jurídica de esos actos, procedimientos que frente al caso en concreto no existe prueba alguna de haberse dado. Cotejado la totalidad de las actuaciones frente a esos actos, el único momento donde es posible ubicar un intento para restarle efecto a esos actos se ubica en el hecho probado sesenta y uno por parte del jerarca impropio, donde llega a señalar que dichos actos deben tenerse por inexistentes.  Un primer aspecto que debe señalarse es que el acto frente al cual se conocía el recurso de apelación era el acta de la sesión doscientos veinte, del dieciséis de marzo de dos mil nueve del Concejo Municipal correspondiente, referente a la negativa del aval al silencio positivo otorgado por el ayuntamiento, motivo por el cual este órgano jurisdiccional entiende que corresponde a un Obiter dictum, es decir un análisis tangencial realizado por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo sin que fuera la parte medular de su análisis pues no era ese el motivo del recurso. Entiende así esta Sección del Tribunal como el acto favorable al administrado ya estaba otorgado con anterioridad según es posible ubicar en el elenco de hechos probados bajo el número treinta y ocho, correspondiente al oficio MAT-WA-14-09 del diecisiete de febrero de dos mil nueve.  De suerte que una vez otorgado el acto en consideración, resulta irrelevante si es o no avalado por el Concejo Municipal e incluso si esta posición es compartida o discrepada por el jerarca impropio, en la medida en la cual el acto ya estaba generado. Cabe advertir sobre el particular la inexistencia de elementos de convicción sobre los cuales pudiera pensarse una mala fe de la sociedad actora, máxime cuando los funcionarios municipales estaban en la convicción de tratarse de un mero fraccionamiento, posición incluso compartida por los funcionarios del Instituto de Vivienda y Urbanismo. Valoración de los funcionarios administrativos aún cuando respetable no compartida por este Tribunal en cuanto no lograron comprender que lo buscado con la norma era la mera unión a una red de servicios públicos preexistentes, lo que en el caso no era así.  Pese al error en la aplicación de las normas lo cierto es la existencia del acto favorable a los intereses del administrado, de imposible desconocimiento.  De manera que lo sostenido por el jerarca impropio al amparo del numeral ciento setenta y tres de la Constitución Política, además de no ser un acto jurisdiccional propiamente dicho que genere cosa juzgada frente a esta órgano judicial, tampoco es la base central de su razonamiento.  Todo sin perjuicio que de manera posterior, es el mismo Concejo Municipal quien aclara su acuerdo, haciendo alusión que no debía entenderse un acto contrario a los intereses de la sociedad actora en este proceso, sino una mera posición del órgano colegiado; muestra claro de lo dicho es que a partir de este segundo acuerdo se levanta la suspensión del proyecto que se había generado.  Así al momento que el jerarca impropio conoció del recurso de apelación administrativo había una manifiesta falta de interés, al haber revertido el jerarca administrativo en aplicación del principio de auto tutela sus mismos actos. Lo que nuevamente nos lleva a la conclusión de la inexistencia de actos que pretendan restarle efectos jurídicos a los visados otorgados. Es preciso recordar sobre el particular que los visados como tal son actos cuyos efectos quedan plasmados en el mismo plano, facultando al interesado a poder segregar el terrreno mediante la correspondiente escritura pública en el momento que lo tenga a bien según lo dicho, así su perturbación debería ir encaminada hacia comunicaciones con el Registro Nacional, dependencia donde surtiría efectos el acto, los que en el caso no se han dado.  La parte accionante especula así sobre la existencia de afectaciones futuras, las cuales no se han dado y que no podrían conocerse en cuanto no es posible saber que nuevas actividades o posiciones va a adoptar el ente público frente al caso en concreto. Las otras generadas por el ayuntamiento (afectacciones al avance de la obra ó no recepción del proyecto) son meras actuaciones materiales y no atacan el visado otorgado a los veintiocho planos.   De manera que no se estaría presentando una afectación real y concreta sobre dicha pretensión que permita ser declarada, disponiéndose la falta de interés actual. Todo sin perjuicio que declarar la validez de dichos actos es aceptar su conformidad con el ordenamiento, como cuando ya se indicó no presentan tales atributos en cuanto debieron ser consideradas dentro de un proyecto urbanístico y no como fraccionamiento simple. B) La siguiente pretensión se orienta a la declaración de validez y eficacia en cuanto a tres permisos de construcción otorgados a la actora, correspondientes a los números 030-2009 para una planta de tratamiento de aguas residuales, mejoras en vía pública, encascotado, cordón y caño, aceras, evacuación de pluviales y agua potable;  110-2009 para una vivienda unifamiliar y permiso de construcción 111-2009 para la edificación de una vivienda unifamiliar.  El primero de los permisos de construcción fue otorgado por el Señor Nombre20665 según se narra en hecho probado treinta y ocho, mientras que la base de los permisos de construcción  fueron otorgados según se establece ha hecho probado cuarenta y seis.  Si bien, dichas obras en su momento fueron paralizadas, posteriormente se permitió su construcción. Muestra de lo dicho es como a hecho probado numero cuarenta y ocho, el Concejo Municipal de Atenas el seis de abril de dos mil nueve, aclara sus actuaciones, para indicar que no se están anulando o revocando el primero. Dentro de las argumentaciones de las partes realizadas en el juicio oral, así como del elenco de hechos probados no es posible detectar actuación administrativa alguna que impida la realización de estas obras en este momento, las que en su momento si pudieran haberse dado; sí bien comprende la Cámara que ante la existencia de actuaciones anteriores es posible la existencia de un temor en la actora que puedan presentarse otras situaciones, ante obras ya concluídas o sin restricción vigente, se trata de meras especulaciones que no presentan abrigo jurídico. Conviene retomar lo señalado en cuanto la obligación del control y vigilancia de las actividades urbanísticas en un cantón a cargo del ente público descentralizado, pero dichas funciones deben ser desarrolladas al amparo de la legalidad, lo que incluye que las paralizaciones o suspensiones de obras deben darse en supuestos de incumplimiento del permiso otorgado o sobre afectacciones generadas a la hora de desarrollar el proyecto no contempladas originalmente.  Nunca podrían corresponder a acciones intempestivas, infundadas, o con motivaciones ilícitas.  Volviendo al caso en concreto, de nuevo ubica el Tribunal una carencia de interés en cuanto estamos frente a permisos de construcción que agotaron sus efectos en el momento que la obra se encuentra concluída, careciendo de toda relevancia analizar su validez y eficacia, máxime cuanto esta no esta siendo cuestionada. Nuevamente hay que declarar también la falta de derecho, en la medida que como se ha indicado debieron ser conocidos dichos actos dentro de un proyecto urbanístico y no como mera segregación, lo que impediría declarar que fueron emitidos con sustento legal. C) La cuarta pretensión requiere se ordene a la Municipalidad de Atenas el reconocimiento del derecho subjetivo que asiste a la actora con respecto a los puntos anteriormente reconocidos, en cuanto a su validez y eficacia, de manera que no es posible revocar o anular dichos actos. Sobre dicho requerimiento deben realizarse varias aclaraciones, inicialmente y como se ha venido señalando no se trata de derechos subjetivos sino de permisos, de suerte que lo realizado fue levantar barreras administrativas que permiten su ejercicio, no siendo posible declarar lo pretendido por la interesada en la medida que no son derechos subjetivos como lo indica; por otro lado se trata de actos carentes de una perturbación real (en el supuesto de los permisos) o cuyos efectos se agotaron (en lo referente a los visados), debiendo declararse la falta de interés manifiesta que se presenta en el caso.  Lo anterior sin perjuicio de la imposibilidad de los órganos jurisdiccionales de pretender restringir las facultades administrativas de  revocar o anular dichos actos, siempre concurriendo al procedimiento legalmente establecido.  De manera que el Tribunal no podría impedir las facultades administrativas, limitando su señalamiento que en el supuesto de que fueran ejercidas estas deberán desarrollarse dentro del marco de la legalidad, con plena garantia del debido proceso y del derecho de defensa, momento en el cual la hoy actora podrá ejercer los derechos que el mismo ordenamiento le garantiza. Por otro lado, en cuanto a la validez y eficacia de los actos anteriores, como se indicó carece de derecho, lo que también debe declararse, en el entendido para el Tribunal que de la prueba evacuada y de la interpretación de las normas aplicables, no es posible sostener que se han cumplido todos los requisitos legales en cuanto fueron tramitados como un mero fraccionamiento y no como urbanización, en las condiciones ya explicadas. D) La quinta pretensión versa sobre la ratificación de la aprobación del proyecto Villa Jesús de atenas, requiriendo se declare el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales.  Visto como ratificación, como se había indicado presupone la existencia de un acto previo el cual es anulado o revocado lo que en la especie no se consolida, empero la Cámara entiende la solicitud como de anulación de todos los actos que resultan contrarios a aquellos dispuestos con actuación favorable a los intereses de la sociedad actora. En los términos dichos, inicialmente existe una carencia manifiesta de derecho en cuanto a dicha pretensión, en la medida que resulta imposible reconocer el cumplimiento de todos los requisitos del proyecto en consideración cuando no es posible constatar esa situación en el caso de una urbanización, como es el caso que nos ocupa, que como es conocida presenta requerimientos más complejos en razón de la obra a realizar, donde actuán diversas dependencias estatales; de manera que no resulta posible acceder a la pretensión deducida. Más como se ha venido razonando estamos en presencia de un acto favorable a los intereses de la accionante el cual no sino revocado o anulado, protegido en consecuencia por el principio de intangibilidad de los actos propios, de manera que en cuanto a los actos de obstrucción del proyecto, como ya se indicó, las labores de fiscalización de los proyectos constructivos, en cuanto se ajusten a aquello permitido por acto administrativo es una obligación connatural al régimen municipal; en la medida que el acto habilitatorio no es para cualquier actividad sino para una en concreto.  Incluso, aún supeditándose a lo permitido, resulta posible la generación de afectaciones no consideradas (en temas ambientales a manera de ejemplo) que harían lícito la paralización de una actividad construtiva. Lo que sí resulta ilegal es la paralización de una obra ajustada a lo permitido y sin generarse afectaciones (especialmente ambientales) no consideradas, que todo indica fue lo ocurrido en lo que a la especie corresponde. En todo caso, retomaremos este tema a la hora de considerar las responsabilidades solicitadas. En la sub júdice es posible verificar como no existen actos tendientes a anular la aceptación del proyecto Villa Jesús de Atenas, sino actuaciones no formales, consistentes en la paralización del proyecto en su oportunidad y en la ausencia de ejecución de las actividades propias a la recepción del proyecto; la primera carente de interés a este momento y la segunda, en la cual se omite su ejecución. Todo parece indicar que esta última situación tiene sustento en la falta de claridad del ayuntamiento sobre las afectaciones concretas que podrían presentarse, promovidas por la presión de los vecinos.  La aceptación del proyecto presenta tres efectos directos, el primero de ellos en cuanto a la aceptación de las áreas comunales al amparo del artículo cuarenta de la Ley de Urbanísmo (lo que incluye el tanque de tratamiento), en segundo lugar lo correspondiente a la aceptación de las mejoras en infraestructura pública y servicios y lo correspondiente al visado de los planos faltantes de visar dentro del proyecto. Estamos frente a una antinomia de las normas, en el entendido que aceptar el proyecto en los términos actuales resultaría un acto antijurídico, pero al mismo tiempo negar eficacia a un acto sin el cumplimiento de los requisitos legales, también lo es. De manera que la Cámara opta al amparo del artículo ciento veintidós del Código Procesal Contencioso Administrativo por otorgar a la Municipalidad demandada un plazo de tres meses calendario a partir de la firmeza de la presente resolución para que la demandada ejecute el acto dispuesto o en su defecto inicie los procedimientos de revocación o anulación, según corresponda a partir de los procedimientos legalmente establecidos.  En el entendido que la inseguridad jurídica presentada por la demandada cese de manera definitiva en uno u otro sentido, ante conductas contrapuestas del ente público corporativo donde por un lado autoriza o permite y por el otro niega la ejecución de los actos dispuestos.  Al respecto el copioso listado de hechos probados demuestra una cadena de gestiones, algunas reiterativas y otras aisladas, sin establecer una resolución en concreta frente al tema; en especial en el caso del Concejo Municipal, incumpliendo plenamente sus obligaciones. Debe queda claro que una cosa es que el acto presente elementos discrecionales y otra muy diferente que pueda mantenerse al administrado sin resolver sus gestiones de manear indefinida. Es también posible constatar como el órgano colegiado supremo hace manifestaciones desaprobando el proyecto, pero no adopta ningún acto concreto al respecto, lo que manifiestamente genera un estado de inseguridad jurídica insostenible.  Al otorar dicho plazo, se resuelve dicha pretensión, así como la numerada como 5.1 que corresponde a la recepción de terrenos y obras por la demandada, la señalada como 5.2 que refiere al visado de los planos faltantes y lo atinente a la anulación de actos contrarios a aquel que fuera favorable a la administrada.  Sobre esta última si debemos indicar la carencia también de interés en cuanto la inexistencia de algún acto vigente con afectación real sobre el proyecto en consideración.\n\nXI .- SOBRE LAS PRETENSIONES PRINCIPALES INDEMNIZATORIAS : Como último punto de las pretensiones principales, la actora realiza una solicitud indemnizatoria de daños y perjuicios, los que por su complejidad resulta necesario su estudio detallado.  Inicialmente se liquida como daño patrimonial lo correspondiente a los permisos de construcción 030-2009 (mejoras en la vía y planta de tratamiento), 110-2009 (vivienda unifamiliar) y 11-2009 (vivienda unifamiliar); justificando el daño en la paralización de las obras de manera injustificadas. Se razona en la fundamentación como por intermedio de la resolución MAT-DA-WA-0150 del nueve de julio de dos mil nueve el Señor Nombre20665 Municipal paralizó las obras, las que fueron reanudadas hasta el quince de enero de dos mil nueve, por intermedio del oficio MAT-WA-07-109.  Se trata en efecto de una paralización intempestiva y sin la evidencia dentro del expediente de un motivo justificado, carente de todo procedimiento y tampoco justificable como medida cautelar.  Así como se razonó en su oportunidad las labores de control de fiscalización en cuanto a la obra son inherentes al régimen municipal, lo que lleva aparejado la posibilidad de paralización en el momento que lo realizado se separe de lo autorizado, así como afectaciones reales y efectivas a situaciones no consideradas originalmente, pero ni uno ni otro supuesto se encuentra acreditado. La única motivación se orienta a los alegatos de las partes en el sentido que fue efecto de la presión de los vecinos (hecho que tampoco fue probado), aspecto aún cuando relevante no presenta ser un motivo lícito para el acto administrativo en consideración, generando como consecuencia la existencia de una conducta formal e ilegal, y como tal generadora de responsabilidad declarable en esta sede.  A los efectos del Tribunal es incuestionable la ilegalidad de la conducta, la existencia del daño y el nexo causal entre uno u otro, en el entendido que la paralización de una obra de construcción presenta afectacciones sobre el material comprado, el personal contratado y hasta posibles negocios que pudieron gestarse a partir de estas; queda por establecer la cuantificación del mismo. Ahora bien, al momento de liquidar dicho daño la actora la fija en la suma de noventa y nueve millones cincuenta y nueve mil trescientos treinta y un colones con sesenta céntimos, consiste en el precio de compra del terreno, construcción de la planta de tratamiento, obras de mejoramiento de la vía pública e infraestructura.  Los rubros indicados resultan incontrovertibles en su existencia como actividades propias del proyecto constructivo, pero carecen de manera manifiesta nexo de causalidad con la conducta ilegal ya señalada.  Así la compra del terreno no es consecuencia de la paralización, como tampoco lo son las obras realizadas.  No es posible pretender cobrar el total de la inversión del proyecto a partir de una paralización por más ilícita que esta pudiera ser.  Véase como el terreno todavía es propiedad de la sociedad accionante, al igual que las obras desarrollas por su cuenta y riesgo, pues todo negocio en cuanto negación del ocio lleva implícito una serie de riesgos que no es posible cargar a la administración y que son desarrollados por el interesado, dentro de una actividad lucrativa por él emprendida. Muestra clara es como al día de hoy las dos viviendas unifamiliares bien podrían ser vendidas, al igual que las restantes obras. Pretender negar los riesgos de la empresa y permitirle quedarse con obras realizadas y al mismo tiempo con el valor de éstas, no es más que un enriquecimiento injusto que bajo ningún motivo puede tener abrigo por parte de la Cámara.  Debiendo rechazarse dicha liquidación y remitir a la ejecución de sentencia a que la parte actora liquide efectivamente los daños sufridos y los acredite, supeditado a lo antes dicho.  Si debe aclararse como en el juicio oral y público se evidenció como algunos materiales se habían lavado por generarse la paralización en pleno invierno y así como el deterioro normal por el mero tiempo que no se habría generado si la obra hubiera continuado por su curso normal, daños que si presentan realización directa con la conducta administrativa ilegal, más lamentablemente estos no se liquidaron a la hora de presentar el proceso; y en todo caso nunca se llegó a establecer su quantum, lo que impediría declararlos en este momento. También se hizo ver en el juicio oral y se aportó prueba (tanto documental como testimonial) referente a los daños producidos al pozo de agua de la actora en el tiempo que se generó la paralización, al extremo de ser necesario generar uno nuevo.  Sobre dicho particular es evidente la ausencia de nexo causal entre la conducta administrativa y el daño reclamado, en el entendido que la administración paralizó obras, pero no impidió a la actora que contara con el personal de seguridad y las medidas útiles y necesarias para mantener sus bienes en resguardo, lo que corresponde a situaciones diametralmente diferentes.  Además el daño, no fue acreditado antes dicho no fue realizado por la administración sino por un tercero sin nexo alguno con la organización o actividad administrativa.  La situación es lamentable y bajo ningún motivo puede ser aceptada por esta jurisdicción, pero no es posible reclamar al ayuntamiento dichas afectaciones.  No es de menos indicar que a nuestro criterio no corresponde el caso al supuesto del artículo ciento noventa y cinco de la Ley General de la Administración Pública que prohibe indeminización frente a interés ilegítimo en el entendido que no es posible ubicar el dolo de la parte por engañar a la Administración, más por el contrario los funcionarios públicos que actuaron en el proceso resultan estar claros sobre lo ocurrido, así la incorrecta interpretación de las normas no fue inducida por el administrado sino dispuesta por la administración. El segundo daño reclamado se residencia en la afectación a la imagen de la empresa, bajo la figura del daño moral objetivo;  entendido como que trascendió a la comunidad y a los medios de comunicación colectiva como el proyecto no cumplía requisitos técnicos y legales, estableciendo su importe en la suma de quinientos millones de colones.  En cuanto a dicho rubro liquidado tenemos una manifiesta carencia de elementos probatorios, vulnerándose el artículo trescientos diecisiete del Código Procesal Civil, con relación al doscientos veinte del Código Procesal Contencioso Administrativo. Así no existe prueba en cuanto a la trascendencia pública de la situación objeto de litigio hacia la comunidad, pero más importante aún que se haya producido una lesión al patrimonio de la empresa. Recuérdese que el año moral objetivo no se presume como el subjetivo, sino que debe acreditarse.  No es posible constatar que hayan existido ventas caídas a partir de los hechos de interés, reducción en los ingresos sobre dicha base o en general una afectación concreta que satisfaga los requisitos del artículo ciento noventa y seis de la Ley General de la Administración Pública, imponiéndose el rechazo del rubro. El tercer grupo reclamado corresponde a los perjuicios los que motivan en la ausencia de consolidación del proyecto, específicamente en la ausencia de venta de los lotes y con esto recibir una utilidad esperada. Estimándose dicha afectación en la suma de cuatrocientos dieciséis millones cuatrocientos diecisiete mil quinientos cincuenta colones.  Cabe advertir que a la hora de liquidar dicho rubro la parte promovente parte de la premisa como si existiera un desapoderamiento del inmueble, cuando como se ha indicado sigue formando parte de su patrimonio, lo que llevaría a la lógica pensar que a razón de liquidarlo debió considerar únicamente la utilidad y no la totalidad del valor de un bien que todavía puede disponer de él.  Nuevamente aquí tenemos problemas de insuficiencia probatoria, véase como existen veintiocho lotes debidamente visados que pueden ser  utilizados por la interesada, sin la existencia de que estos se hayan procurado vender y a partir de la acción de la demandada no se ha logrado, dicho aspecto nunca se acreditó. Tampoco se ha logrado demostrar, que algún bien inmueble fuera devuelto por la misma base.  Todo lo cual hace pensar que la actora viene a liquidar el rubro que esperaba recibir en una situación incierta, pues a final de cuentas nada asegura la existencia de las ventas en los términos pensados.  Se trata en efecto de una especulación, que debe ser rechazados sobre las mismas bases.  A manera de sintésis en cuanto a los daños pedidos, a excepción del rubro reconocido en abstracto, estamos en presencia de una falta de derecho, que debe ser declarada.\n\nXII .- SOBRE LAS PRETENSIONES SUBSIDIARIAS : La actora realiza una pretensión subsidiaria a partir del supuesto de que no resultara posible la ratificación de los visados y permisos de construcción entregados, que requiere su correspondiente pronunciamiento. Solicita inicialmente se le indemnice a partir de los veintiocho visados de planos para segregación otorgados por el ayuntamiento.  Como se indicó si bien dichos actos fueron otorgados a partir de un proyecto de segregación cuando debieron ser tramitados en una urbanización, lo cierto es que dichos actos no se han anulado, todavía al día de hoy subsisten en el ordenamiento jurídico lo que impediría la posibilidad de reconocimiento alguno. De manera que subsistiendo a la fecha dichos actos (al margen de ser o no válidos) no se ubica una lesión jurídica susceptible de ser indeminizada en los términos pretendidos; de manera que la actora podría en cualquier momento proceder a segregar esos lotes y disponer de ellos como a bien los tuviere. Tómese nota como lo señalado en el considerando tras anterior, en el entendido que frente a la pretensión de revalidación de los planos existía una carencia manifiesta de interés actual, en la medida que no se había dispuesto acto alguno que impidiera presentar esos documentos visados ante el notario de interés de la actora para poder generar por escritura pública las segregaciones allí permitidas. Posibilidad vigente a la fecha, conforme se ha sostenido.  De suerte que resultaría contrario al ordenamiento alguna indemnización al respecto.  Cabe advertir en este particular como a la hora de liquidar se solicita los rubros señalados bajo el punto sexto de la pretensión principal que son aquellos analizados y resueltos en el considerando anterior, sobre los cuales no es posible agregar mayores elementos de razonamiento para su análisis.\n\nXII .- SOBRE LA PRETENSIÓN DE INTERESES Y LO CORRESPONDIENTE A INDEXACIÓN:  La actora solicitó el pago de intereses legales, los que en efecto corresponde reconocer en cuanto réditos civiles a partir rubros en concreto que tuvo que cancelar sobre la base de una conducta ilícita desplegada por la administración, pero a partir de la resolución que llegaré a establecer los daños en concreto producidos.  Véase como estamos en presencia de una obligación de valor, la cual a la fecha no ha llegado a establecer su quantum, de manera que resulta imposible para la accionada proceder a cancelar rubro alguno en concreto. Es de precisar que si bien la actora pretendería el pago desde el momento de la afectacción, no es posible concederlo en dichos términos cuando todavía la obligación no es dineraria, debiendo limitarse en los términos dichos. Naturalmente dicho interés deberá calcularse sobre la base del artículo mil ciento sesenta y tres del Código Civil.  Igualmente de conformidad con el artículo ciento veintitrés del Código Procesal Contencioso Administrativo procede el reconocimiento de indexación, tomando de la misma manera como base a partir de la sentencia de ejecución firme que llegare a establecer un monto concreto a cancelar y hasta su efectivo pago.\n\nX IV .- SOBRE LAS EXCEPCIONES : Como excepción invocada por la demandada se señaló la expresión sine actine agit, lo que obliga a retomar el razonamiento vertido por diferentes Secciones del Tribunal que tienen por sustento lo señalado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su conocido voto No. 2008-000317 de las nueve horas diez minutos del dos de mayo de dos mil ocho.  De manera que se señala una diferencia entre el instituto procesal “excepción de fondo” y los presupuestos materiales. Para que una demanda pueda ser cursada, el órgano jurisdiccional debe revisar oficiosamente los presupuestos procesales (capacidad procesal, competencia del tribunal y cumplimiento de los requisitos de la demanda). Más adelante, cronológica y lógicamente después, al dictarse la sentencia, para que la pretensión pueda ser acogida, también debe revisarse oficiosamente si se reúnen los presupuestos materiales. Estos son: el derecho, la legitimación y el interés actual. Si alguno de estos -o todos- no existen, la demanda no podrá encontrar respuesta positiva. Una “excepción de fondo”, técnicamente hablando, es cuando, existiendo derecho, legitimación e interés en la pretensión del actor, ésta no es susceptible de ser acogida porque también existen otros motivos diversos pero jurídicamente relevantes, que dan razón a la oposición que presenta el demandado. Ejemplos claros de lo que es una excepción de fondo sería la prescripción o caducidad. Nuestro ordenamiento procesal (tanto procesal civil como contencioso administrativo) señala que las excepciones de fondo deben ser opuestas por el demandado al contestar la demanda, sin que se haga, por razones obvias, una enunciación de cuáles son éstas. Ha existido la costumbre de que en los litigios se denominen “excepciones” a la falta de derecho, a la falta de legitimación (pasiva y activa) y a la falta de interés. Incluso es usual que los abogados litigantes que patrocinan a los demandados opongan la “excepción sine actione agit”. Estas tres carencias (de derecho, legitimación e interés actual), como se ha indicado, en realidad son presupuestos materiales, no excepciones de fondo en sentido estricto. La de “sine actione agit” se derivó de una mala interpretación de la jurisprudencia emanada de la antigua Sala de Casación, entendiéndola como comprensiva de las de “falta de derecho, falta de legitimación y falta de interés.” Esta “excepción” no solamente no existe actualmente, sino que resulta redundante si se alega junto con las antes señaladas. Ella procedía en el segundo período del Derecho formulario romano, cuando el actor sólo podía llevar a juicio al demandado si el Nombre24595 le otorgaba la fórmula-acción. En caso contrario, carecía de esa facultad, y por tanto, tuvo sentido jurídico la frase “demandas sin acción”. En la actualidad no es necesario obtener previamente el derecho de promover el juicio para presentar una demanda, y por este motivo, la mencionada excepción carece de sentido jurídico y de base legal. Ha de entenderse, que si la demanda se acoge y se brindan los fundamentos correspondientes, ello implica automáticamente el rechazo de las “excepciones” de falta de derecho, falta de legitimación y falta de interés. En otras palabras, no se requiere una fundamentación independiente. Valga reiterar que aún en caso de que la parte demandada no oponga esas particulares “excepciones”, si no existe derecho, legitimación y/o interés actual, la pretensión deberá ser rechazada oficiosamente (Ver al respecto el voto 2008-000523, de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia). Todo lo cual obliga a rechazar la expresión sine actione agit en los términos invocados. Pese a eso, y como se indicó oportunamente si procede declarar la falta de interés y derecho en cuanto a todas las pretensiones principales declarativas solicitadas por la actora, la falta de derecho en cuanto a las pretensiones accesorias y parcialmente la falta de derecho sobre las que no hayan sido reconocidas, todo con fundamento en los considerandos anteriores.\n\nX Nombre53625 .- SOBRE LAS COSTAS. En lo que refiere a las costas, no existiendo motivo para eximir al vencido, corren las mismas a cargo de este, de conformidad con el artículo ciento noventa y tres del Código Procesal Contencioso Administrativo.\n\n \n\nPOR TANTO:\n\nSe rechaza la expresión sine actione agit, se declara de oficio la falta de interés y derecho sobre todas las pretensiones principales de declarativas no expresamente concedidas. Se declara parcialmente con lugar la demanda, disponiéndose al amparo del artículo ciento veintidós del Código Procesal Contencioso Administrativo el plazo de tres meses a partir de la firmeza de la sentencia para que la demandada ejecute el acto de recepción o en su defecto inicie los trámites de revocación o anulación del proyecto Villa Jesús de Atenas.  Se declara también de oficio la falta de derecho sobre las pretensiones principales indemnizatorias en todo aquello no expresamente concedido, se condena a la Municipalidad de Atenas a cancelar a la actora los daños correspondientes a la paralización de de las obras de construcción que había autorizado, los que se deberán liquidar en ejecución de sentencia. Se declara la falta de derecho sobre las pretensiones subsidiarias.  Sobre el rubro económico reconocido se reconoce el derecho a indexación e intereses civiles a partir de la firmeza de la resolución de ejecución que los llegare a fijar. Corren las costas a cargo de la Municipalidad demandada.\n\n \n\n \n\nRicardo A. Madrigal Jiménez\n\n \n\n \n\n \n\nCarlos Espinoza Salas                                                                            Francisco Muñoz Chacón\n\n VOTO SALVADO DEL JUEZ ESPINOZA SALAS\n\n \n\nConcurro con mis compañeros en el voto, no obstante me separo en cuanto a la interpretación realizada respecto al momento a partir del cual corre la indexación y los intereses de las sumas otorgadas en sentencia, que acorde a la respetable posición de mayoría lo es desde la firmeza de la sentencia que las establezca en concreto. Sin embargo, para el suscrito, la indexación y los intereses tratándose de obligaciones de valor, debe correr a partir de la firmeza de la sentencia que las otorgue, sin que sea necesario trasladar tal data hasta que exista un monto concreto y en caso de obligaciones dinerarias desde que se incurrió en la erogación. De este modo, lo correcto para establecer una indemnización integral y plena, y para no causarle perjuicio al justiciable, es que se deba indexar y conceder intereses desde que se establece, dicta y reconoce la obligación. Respeto a la indexación por la naturaleza de este instituto, el cual pretende actualizar al valor presente las obligaciones dinerarias preexistentes o actualizar al momento del dictado las obligaciones de valor reconocidas en sentencia, no debe quedar sujeta su aplicación, tratándose de obligaciones declaradas en abstracto, hasta el momento de la firmeza de la sentencia de ejecución que defina su monto, por cuanto el derecho ya se declaró y estableció. De igual modo, si el monto indemnizatorio ya se definió en sentencia, con mucho menos motivo debe postergarse a etapas posteriores en perjuicio de la victoriosa el deber oficioso de indexar tales rubros. Si bien, el ordinal 123 del Código Procesal Contencioso Administrativo es claro en que la obligación dineraria reconocida en sentencia se actualizará desde la fecha de su exigibilidad, el numeral 124 inciso primero y segundo, en cuanto a las obligaciones de valor, expresa que una vez convertida en dinero efectivo el juez ejecutor la actualizará, pero no indica a partir de cuando. En razón de ello, la interpretación lógica, con base en el principio de reparación integral y plena, es la de que al diferirse en el tiempo la fecha de su fijación en ejecución y posterior pago, es lo razonable que la actualización se produzca desde que se declaró en sentencia y hasta su efectivo pago. Ergo, en el caso de obligaciones de valor en las cuales se fija su monto en la sentencia que las otorga, con mucha menos razón debe diferirse su indexación a etapas posteriores. Si bien el precepto legal dispone que una vez convertida en dineraria la obligación de valor se actualizará, ello obedece a que por razón lógica no puede aplicarse la operación de indexación a un rubro no cuantificado, pero ello no implica que tal actualización deba correr hasta que el juez de ejecución establezca su monto.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nCarlos Espinoza Salas\n\n \n\nExpediente: 09-001089-1027-CA\n\nDe: Nombre53625\n\nContra: Municipalidad de Atenas\n\nCoadyuvante de la Actora: Asociación de Desarrollo Integral del Barrio Jesus de Atenas\n\nProceso de Conocimiento\n\n \n\nClasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 06:38:39.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**V. THE MUNICIPAL REGIME AND URBAN REGULATION:** Municipalities are local entities that enjoy relative autonomy in the exercise of their functions, based on territorial decentralization, as inferred from Article one hundred sixty-eight of the Political Constitution. This level of independence is granted by Article one hundred sixty-nine of the Magna Carta, within the framework of their territorial competence, comprised of the physical space designated for the canton they represent, as it states that each local government is responsible for the: \"administration of local interests and services …\"; thus the fundamental charter confers a series of functions or attributions upon those governments based on \"the local,\" that is, to administer the services and interests of the area to which it is circumscribed, i.e., the canton. Thus, it is clear that there are interests whose safeguarding corresponds to the Municipalities and alongside them, others coexist whose constitutional or legal protection is attributed to other public entities, with the understanding that competence is not exclusive, especially when there are local interests that are also regional or even national, such that interests from the local to the national level converge, without prejudice that in some cases their impact is limited to the smallest sphere. The territorial sphere of the municipality constitutes an original competence of local governments and can only be displaced by a nationalization law, provided that such legislative manifestation does not entail a breach of the aforementioned autonomy or imply emptying the constitutional content of the municipal regime. For its part, Article four of the Municipal Code, Law No. 7794 of April 30, 1998, develops the types of autonomy that the ordinary legislator deemed these corporations held, indicating that they possess political, administrative, and financial autonomy (see Constitutional Chamber, votes 5204-2004 and 8928-2004). Within this dynamic of interests lies the urban development matter, where the interest is essentially local, but with significance beyond the cantonal level, reaching national matters. Thus, the Urban Planning Law establishes coordination, where each Municipality is responsible for approving the respective Regulatory Plan, with approval by the National Institute of Housing and Urbanism for the implementation of a national development policy that integrates all the technical, economic, and social variables that converge in this activity. The reverse situation applies to environmental matters (to the extent that different ecosystems and biological corridors run throughout the territory) where the interest is national, but its specific application directly impacts the territorial sphere of each municipality. The Constitutional Chamber, in resolution No. 5445-99, in addition to developing the bases of municipal autonomy, established the interaction of interests and determined the mandatory coordination of the local, regional, and national levels, to satisfy the different interacting public interests. Despite autonomy, the principle of legality with constitutional roots in Article eleven determines that constitutional and legal competences must be exercised under the protection of the legal norms that define, delimit, and specify their operation; this is indeed a guarantee for the resident and civil society in general, that public acts emanating from these local entities are consistent with that principle. This includes, as a general rule, a proper application of the norms, not only in their content, but also in respect for their hierarchical level, from which it is inferred that applications of infra-legal measures that are opposed to or contrary to the law are unfeasible. Municipal autonomy, imposed by the Magna Carta, confers upon local corporations a special competence for the administration of the interests and services within their territorial competence (Articles 169 and 170), a competence prevalent over that of other institutions, in the local context. Numeral fifteen of the Urban Planning Law, No. 4240 of November 15, 1968, confers upon local entities the basic competence to regulate and supervise everything concerning urban planning and development within the limits of their territorial competence, which is nothing more than the development of the already indicated Article one hundred sixty-nine of the fundamental charter. Consequently, each of the territorial corporate entities must provide what is appropriate to implement a regulatory plan, and the related urban development regulations, in the areas where it must apply, without prejudice to extending all or some of its effects to other sectors, where qualified reasons prevail to establish a specific controlling regime. The assigned competence is not limited to a mere planning aspect, but also includes the control powers over urban development, which entails a degree of substantive supervision of both works in progress and those already executed. In accordance with the aforementioned, Article one of the Construction Law, Decree-Law No. 833 of November 4, 1949, clearly establishes these powers, which is reiterated by Article thirteen, subsection o) of the Municipal Code; it corresponds to the Council to dictate the norms and measures regarding urban planning. Thus, the execution of any work or building requires a municipal license, while the local entity is responsible for supervision over them (mandates 74 and 87 of that legal body). Therefore, the prevalent role that the Municipality holds in these matters is evident, and it is incumbent upon it to provide the concrete measures on urban development and planning, as well as the granting of construction \"licenses\" and the control of those activities in accordance with the norms regulating that field (see in this regard Constitutional Chamber, in votes 2153-93 and 4205-96). Noting that the scope and effects of urban development and planning imply, in the vast majority of occasions, the existence of coordination relationships with the rest of the public apparatus, which justifies the intervention of the Housing and Urbanism Institute, the Costa Rican Electricity Institute, or the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications, always within the scope of their competences. It cannot be forgotten that a urban development project brings together different aspects that transcend the mere urban aspect. In matters of an urban nature, particularly the construction of developments (urbanizaciones) or residential complexes, the Construction Law and the Urban Planning Law, in their articles fifteen and thirty-two respectively, refer the specification of the aspects that must be covered by developers to a regulation, namely the Regulation for the National Control of Subdivisions and Developments (3991 of December 13, 1982) and in construction matters, there is the so-called Construction Regulation (of March 22, 1983). In accordance with the provisions of canons fifteen and seventy-four of the Construction Law, every subdivision (fraccionamiento) and development (urbanización), as well as every work related to construction, must have an authorizing act issued by the corresponding Municipality. The aspects of safety, health, and ornamentation are also regulated in the Regulation for the National Control of Subdivisions and Developments, a norm that would be applicable for this purpose, as it is a legal instrument of a preeminently technical nature, which contains, in the aspect of developments, varied regulations on aspects such as access, road systems, lot division, green and public areas, drainage, aqueducts, sewers, infrastructure, and finishes, among others. Naturally, oversight falls on local governments, a norm that uniformly enhances municipal competences. From this perspective, the role of the municipalities occurs in two instances, i.e., preventive and oversight. Within the preventive framework, the \"license\" is granted if it meets all the requirements, and in that comparison (qualitative and quantitative) such exercise is realized. In oversight, it verifies that what is actually done matches what was authorized, and these are merely manifestations of public power derived from competences granted by the constitutional and legal order in this field, which justifies the Administration's empowerment. Likewise, oversight occurs to the extent that it is possible that within a specific project, even when being executed within the strict margins of what was approved, unforeseen impacts arise; such as could be archaeological, ecological, or environmental matters, among others; which would determine the stoppage of the work and its rethinking to adjust it to the new unconsidered reality. They therefore allow the deployment of a series of inherent and necessary attributions for the exercise of sound administration. These even empower them to suspend a specific work when it does not meet the proper conditions, or, within its preventive and foreseeing aspect, to reject a building petition when the legal and technical requirements imposed by the applicable provisions have not been satisfied. These are concrete manifestations of public power that allow the protection of legal principles, among others, that of safety, environment, and health. It therefore constitutes a labor of inspection over the construction aspects of structures erected within the territorial space of the municipality, for the purpose of determining that they comply with the requirements established by that legislation, as well as other regulations associated with the activity. These faculties and powers, within their teleological orientation, are placed at the service of public or collective interests, which, in the final analysis, are the purpose that legitimizes their incursion into the control and oversight of urban development activity. Being competences established by the Legal Order (as a direct derivation of their constitutional competences that were entrusted to them) and that are associated with the protection of public interests, the action of the local entity must weigh not only a superficial (formal) review of construction permit applications, but an integral and in-depth assessment of compliance with the legal and technical requirements imposed by the Legal Order.\n\n**VI.- ON AUTHORIZATIONS AND PERMITS IN URBAN MATTERS:** Contrary to what happens in administrative concessions, in which the Administration transfers certain public powers to an individual, whether a natural or legal person, in authorizations, the Administration makes a \"lifting of barriers\" for the exercise of a right that is already held, but which is not yet administratively declared in favor of the applicant who fulfills the requirements imposed by the legal order as a whole. Hence, following Manrique Jiménez (JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA, 1st edition, San José, Imprenta y Litografía Mundo Gráfico, 1997), the Administration that authorizes does not delegate powers nor constitute rights; it simply declares them, as the rights already exist prior to the respective declaration, by reason of compliance with the legal order confirmed by the person requesting, in good law, the authorization itself. There is, then, on the part of the authorizing Administration, a declaration of will in favor of that public or private person who has complied with each and every one of the regulated requirements, limiting the Administration to weighing the legality of what is requested within the scope of the public interest that the Administration itself must protect. It is, in the best sense of the word, an act of verification once a series of legal requirements have been verified. It is held, in principle, that faced with the exercise of a subjective right, needing an enabling act from the Administration for its realization, administrative discretion is not applicable, since the authorizing Administration is legally obliged to issue it, when the applicant has previously complied with the regulatory requirements. Therefore, we find in the authorization two dimensions of regulated acts: those related to the content of the authorization and the act of its declaration, which must be congruent with the reasons and purposes that justify it. However, the Administration does not thereby lose, once the authorizing act is issued, the powers of protection and control over the use and enjoyment of the permit, license, or authorization. Its original prerogative as an Administration that must satisfy and ensure public interests does not disappear with the simple declaration, whether express or implied, of the authorization. In essence, then, the Administration does not lose its power to revoke or annul licenses or approvals, in the case of licenses subject to conditions or illegally granted licenses; of course, always provided that the legal procedure has been followed, ensuring the full participation of the interested party and especially the right of defense and due process in general. Indeed, the subjective right of the applicant for the authorization arises upon full compliance with the legal order, without the Administration being able to resist or ignore its declaration; but it is also not valid for the applicant to seek the individual application of a declaration of their right when they have not complied with the requirements established for the generality. Of the various manifestations of administrative authorizations, we find in licenses one of their classic examples, and within them, the misnamed \"construction permits,\" which municipalities must issue within their territory, in accordance with the Construction Law. Article 1 of said regulatory body provides: \"The Municipalities of the Republic are responsible for ensuring that cities and other towns meet the necessary conditions of safety, health, comfort, and beauty in their public thoroughfares and in the buildings and constructions erected on lands thereof, without prejudice to the powers that the laws grant in these matters to other administrative bodies.\" Article 2 adds: \"Scope of this Law. This law applies throughout the Republic. No building, structure, or element thereof shall be constructed, adapted, or repaired, in the future, except under the conditions that the respective Regulations specify. Nor shall demolitions or excavations be carried out on private property, nor shall public roads be occupied, nor works carried out on them, without complying with the provisions of said Regulations.\" In turn, Article 74 of the Construction Law provides: \"Licenses. All work related to construction, carried out in the towns of the Republic, whether permanent or provisional, must be executed with a license from the corresponding Municipality.\" Article 78 establishes the tax on constructions by providing that: \"License Fees. All licenses shall incur fees, which shall be set in accordance with the tariffs in force, which will take into account the amount of work to be executed or occupation of public roads, as well as its duration.\" Of fundamental importance for the matter at hand, Article 79, still from the Construction Law, establishes: \"Payment. For a license to take effect, it is essential that the amount of the corresponding fees has been paid.\" Regarding sanctions, the Law under discussion provides: \"Powers. The Municipality may impose sanctions for infractions of the rules of this Ordinance. The sanctions shall be those specified in the body of this Law and its Regulation (fines, closures, eviction, destruction of the work, etc.) and those indicated in this Chapter.\" Finally, it is appropriate to reproduce what is established in Article 90 of the Construction Law: \"Fines. The amount of the fine shall in no case be greater than the economic loss implied for the Municipality by the failure to collect the fee for the license corresponding to the violated concept.\" It is worth reiterating that the granting of any construction permit is conditional upon the project in question being in conformity with the applicable urban planning; this entails prior enabling control or \"permit,\" accompanied by oversight activity during the execution of the authorized activity, to ensure it is carried out in accordance with the granted license or permit and the regulations governing the activity. Although up to this point we have used the concepts as similes, it is appropriate to make some distinctions. Authorization is considered an act of \"enabling or permission,\" understood as the \"administrative act by which the public administration grants the administered party the power to exercise pre-existing rights, after a discretionary assessment of its timeliness and usefulness regarding the general interest. Authorization, in such a case, is in response to an express request from the administered party but is generally discretionary as to motive and content. The difference between this type of authorization and a license, in the strict sense, lies in the fact that the latter has a similar effect to an authorization but is regulated, that is, its content is governed by rules.\" (JINESTA LOBO, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I. Biblioteca Jurídica Diké. p. 449) For its part, a permit is understood as that \"act that authorizes a person -the administered party- for the exercise of a right, in principle, prohibited by the legal order itself. It is a special exemption from a general prohibition for the benefit of the person requesting it. With the permit, something very specific and determined is tolerated or allowed. Its nature consists of removing a legal obstacle to the exercise of a pre-existing power; it is said to be a concession of restricted scope, since it grants rights of lesser intensity and greater precariousness\" and that furthermore \"it always grants a new weakened right that supposes an exception to a prohibition of public order\" (JINESTA LOBO, Op Cit, pp. 456 and 457). In general terms, both words are often confused, but both coincide in that a pre-existing right must mediate. Now, the Urban Planning Law (Law 4240) in its Article one defines Subdivision (Fraccionamiento) as:\n\n\"Subdivision (Fraccionamiento) is the division of any property for the purpose of selling, transferring, negotiating, distributing, exploiting, or using the resulting parcels separately; it includes both judicial or extrajudicial adjudication partitions, allocations of undivided rights, and mere segregations in the name of the same owner, as well as those located in developments or new constructions that affect the control of urban formation and use of real estate.\"\n\nThe subdivision (fraccionamiento) is the division of a property with the purpose of introducing it into commerce among men, which requires, as each local government must verify when granting the corresponding approval (visado), that it conforms, in terms of size and characteristics, to the current urban development provisions, especially the local Land Regulatory Plan –if one exists– as well as development regulations and other special public order laws. From this concept, reiterated in various norms, it is possible to identify two concepts that, although they interact with each other, are not identical, namely the simple subdivision (fraccionamiento simple) and, on the other hand, the complex project or development (urbanización). The same norm defines Developing (Urbanizar) as follows:\n\n\"Development (Urbanización) is the subdivision and enabling of land for urban purposes, through the opening of streets and provision of services.\"\n\nThis entails that the simple subdivision corresponds to the division of land, regardless of the motivations or interests pursued, when it borders a public street and is provided with all the public services characteristic of the urban area. It bears reiterating that the comprehensiveness of basic public services (water, electricity, garbage collection, and power at the very least) is vital in this case; such that these must be sufficient to supply the need of the new construction. The subdivision that the law terms \"simple\" does not include a process of urban enabling for the use and enjoyment of the parcels resulting from that subdivision, and this is so because the legislator assumes that in these cases, the properties have access and green areas resulting from prior urban development. The logic is simple: the subdivision does not in itself represent major efforts for the public corporation or other governmental dependencies; the service network previously exists and the only activity that must be developed is the connection to it. It is a mere permit in the strictest sense of the concept regarding the approval (visado), as it is a simple verification of formal and technical requirements; subsequently, the construction permit is a logical and necessary consequence, as long as what is generated does not constitute a development (urbanización). In the case of a development, it is a more complex project, where although the developer has the legitimate interest in exercising that economic activity, the provision or extension of public services determines a series of considerations that must be taken into account. The review of requirements also becomes more meticulous, without prejudice to it corresponding to a complex act where various public dependencies outside the public corporation ordinarily interact; this leads to the necessary conclusion that we are in the presence of an authorization for the entire project, and once this is granted, the acts of execution thereof are mere permits. It is an urban enabling; it is for this reason that Article forty of the Urban Planning Law establishes the obligation to cede land for parks and urban facilities. When a given area is previously urbanized, the purchasers of the subdivided parcels have access to the properties, parks, and community facilities, and it must not be forgotten that this is part of their right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 of the Constitution). For this reason –it is reiterated– the legislator has not deemed it necessary to demand, in the case of a \"simple\" subdivision with urban development, greater land allocations for reasons of social interest. The approval (visado) for simple subdivisions, due to its limited significance, is usually granted to an official (e.g., Municipal Engineer) different from the one entrusted with \"complex\" approvals (e.g., Municipal Council, urban planning commissions, etc.), with the former lacking the competence to authorize a different type of approval; this applies where urban planning norms make such a distinction. The foregoing makes sense given the understanding that in the first case the requirements are, for the most part, regulated and the margin of discretion is minimal. Now, the subdivision (fraccionamiento) that is part of the development process (proceso urbanizador) and that implies an enabling of the properties, for the first time, for urban purposes, must be provided with streets, green areas, and parks, as well as the necessary services for its use and enjoyment; the complex or urban development subdivision encompasses an act proper to the institutional head, except in cases where some delegation exists. In this second scenario, we are faced with a complex process of subdivision (fraccionamiento) and development (urbanización) that introduces limitations on private property by reason of urban planning (Article 22 of the Urban Planning Law), which the Constitutional Court has indicated are fully in accordance with Constitutional Law (vote No. 5097-93 of 10:24 hrs on October 15, 1993). Thus, in cases of approval of construction permits for developments (urbanizaciones), the Local Government must verify that it fully complies with the respective provision of public roads, green and communal areas, and especially –of relevance to the resolution of this matter– the enabling and implementation, at the developer's expense, of public services, such as electricity, telephone, potable water, aqueducts, and sewer systems, the latter, in the event that the infrastructure for it exists. Consequently, the failure of urban development projects to conform to the requirements established in the urban order obliges –per se– the rejection of the initiated proceedings, in application of the principle of legality. Just as the definition itself indicates, in the development (urbanización), some margin of discretion always underlies, especially since even when the developer enables the corresponding services and streets, without prejudice to other obligations (such as that of Article 40 of the law under study), the territorial public entity is called upon to measure its capacities for the new demands; without prejudice that the list of requirements, partially regulated in different norms, must be adjusted to each specific case, a particularly complex study. It is for this reason that we reiterate that the enabling act departs from the figure of the permit to become an authorization, in the terms stated. Given its close relationship with the matter at hand, it is appropriate to clarify some notes related to positive silence.\n\n**VII.- ON POSITIVE SILENCE IN URBAN MATTERS:** It is clear that every administration is called upon to respond to the different petitions presented to it with the greatest possible speed, not only by constitutional imperative (Articles 20, 30, and 41 of the Constitution), but also as a manifestation of the democratic nature of the State and to avoid generating insecurity among users. For its part, Article one hundred thirty-nine of the General Law of Public Administration (hereinafter LGAP), establishes a principle of administrative law, according to which: \"The silence of the Administration may not express its will unless a law provides otherwise.\" This means that administrative inactivity does not express the will of the Administration, which is equivalent to saying that the silence of the Administration produces no legal effect whatsoever, unless a law gives a different meaning to such silence. The exception to this principle is, consequently, to grant a legal effect to the inactivity of the Public Administration, when certain conditions are met; such exceptions are the so-called positive silence and negative silence. This possibility is, above all, a legal fiction, as it is not a presumed act, but a procedural remedy against the inertia of the administration; the rule in the matter being the negative nature, allowing the affected party to proceed with the procedure at the subsequent instance or, if it is in their interest, to resort to the jurisdictional route. It would be contrary to all law to leave the interested party indefinitely tied to a response that never arrives, even though the legal order establishes the obligation to respond to the petition of the interested party.\n\nRegarding our concern, positive silence constitutes a procedural technique by which authorizations, licenses, or permits are deemed granted by the legal system in the face of administrative silence, once the period for the Administration to rule has expired, upon prior request by the interested party, having fully complied with the requirements demanded for their granting. The authorizations or approvals that must be granted in the exercise of oversight and tutelage functions refer to inter-administrative relations—where there is no participation of the administered parties—while permits, licenses, and authorizations refer to relations with the administered parties. It should be noted that positive silence does not constitute a true administrative act, but rather an effect in the absence of a response, which the legal system provides in the face of administrative inactivity. Observe that the limited nature of the circumstances and their exhaustive character is not arbitrary in itself, for as has been reasoned, these are situations where an administrative barrier exists before a preexisting right and whose exercise is subject to the legal verification of the totality of the requirements established for this purpose, so that if within the granted timeframe it is not possible to find a reason for rejecting the request, logic obliges its admission and allows the exercise. Remember that we are in the presence of acts with a very limited margin of discretion, with a good number of regulated aspects and discretion in very reduced spaces. In our positive law, it is precisely canon three hundred thirty of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) that regulates the institution of positive silence in a generic manner. As has been indicated, these permits, authorizations, or licenses constitute obstacles or barriers that the private individual must eliminate or lift to exercise a certain activity or carry out a specific work. There is, in between, the exercise of a public freedom, but one that requires an enabling act from the Public Administration to exercise it, as has been consistently indicated. Positive silence occurs when the period in which the Administration must rule has elapsed and it does not do so; furthermore, for the act to be deemed granted by virtue of positive silence, the private individual must have fully complied with the proper submission of all the requirements demanded for the granting of the authorization, license, or permit. Article three hundred thirty-one of the referenced Law establishes that the period for positive silence to arise is one month from the request for the permit, authorization, or license accompanied by the submission of the legal requirements. However, special laws may establish different periods. The last cited article continues to state that once positive silence has occurred, the Administration may not issue an act denying the petition, nor extinguish the act, except in those cases and in the manner provided by the law itself. This means that, faced with the authorization, license, or permit granted by virtue of positive silence, the Administration could not subsequently issue a contrary act, expressly denying the request, given the application of the principle of intangibility of one's own acts (principio de intangibilidad de los actos propios), and must resort to the procedures and mechanisms that the same legal system grants. Our jurisprudence has stated regarding this figure:\n\n\"V.- Because positive silence constitutes an administrative act equivalent to the requested authorization, license, or permit, Article 331, subsection 1, cited, provides that the request submitted must contain the legal requirements. That is, for positive silence to operate, the private individual must have fulfilled, in their proceeding, each and every one of the requirements demanded by the norm, since the contrary would imply the absence of essential prerequisites for the existence of the act, and silence cannot operate when any of them is omitted, even if the responsible body or official does not make the respective prevention. The contrary would imply accepting the existence of an administrative act that does not meet the essential prerequisites for its validity, with the defect not being curable in the specific case. On this topic, and in a similar case, the Interim Court, in an extraordinary session at 10:00 AM on February 7, 1985, hearing the amparo appeal filed by M.C.W. against the Governor of San José, considered that 'the truly decisive problem is that of specifying the concrete content of the approval or authorization obtained by positive silence in those cases where the petition exercised by the private individual or public entity promoting the procedure is not in accordance with Law. Three solutions are possible in principle: the first and most radical consists of considering the presented project authorized or approved in its own terms; the second solution postulates in favor of limiting the authorizing or approving effects of positive silence to what, according to the Law, is possible to authorize or approve; the third refers to a modulation of the effects of positive silence depending on the class of defects in the base project. But the truth is that after analyzing in doctrine those three possible solutions, it is fitting to consider that in each and every one of them it is not possible to understand faculties acquired by positive silence against the prescriptions of the law, because it cannot be admitted that positive silence succeeds when what is granted cannot be authorized according to the law. In summary, positive silence substitutes the express act, but only within the limits authorized by the law.' The lack of formal or substantive requirements in the request submitted by the administered party, even when they have not been timely noticed by the Administration, prevents positive silence from operating. It should be noted, furthermore, that the contrary could lead to permitting collusion between the administered party and the Administration, authorizing via silence the issuance of acts contrary to legislation or even morality.\" (First Chamber of the Supreme Court of Justice, judgment 88-94 at fifteen hours five minutes of October nineteenth, nineteen ninety-four)\n\nUp to this point we have considered the totality of constructive activity as a conceptual unit within the figure of permits, insofar as the owner of a real property by himself and in exercise of his property right presents the faculty to use it in the best manner he sees fit, which determines that the construction license (licencia constructiva) is nothing more than that, a lifting of an administrative barrier to permit the specific exercise presented in the case, but facing the sub judice it becomes imperative to make an important difference, with respect to simple subdivision (fraccionamiento simple) and the urbanistic permit (permiso urbanístico) and analyze it before the figure of positive silence. A first aspect to point out is that under the protection of constitutional article fifty, the application of positive silence is not possible when there is an impact on the environment (Constitutional Chamber votes 2001-05737 and 2003-03656, First Chamber of the Supreme Court of Justice vote 000507-F-04 and Decreto Ejecutivo N. 32565-MEIC), which would implicitly entail that the totality of the requirements presented were not present from the beginning or that the information has been falsified by the interested party to pretend otherwise. That assertion carries as a consequence that in no urbanization (urbanización) project is it possible to apply positive silence; for due to the magnitude of the activity it will always have some impact in this matter; but it also does not mean that some subdivision (fraccionamiento) and construction projects are not subject to that maxim (consider as an example a shopping center, an industrial workshop, among others), but at least it would be the exception and not the rule. Facing the subdivision (fraccionamiento) activity, and specifically regarding the topic that concerns us, it is possible to maintain that concerning simple subdivision (fraccionamiento simple) the application of positive silence is possible, with the exception of the environmental issues already indicated, but regarding complex or urbanistic subdivision (fraccionamiento complejo o urbanístico), due to its impacts it cannot be considered as a mere authorization and affects positive silence, it being understood that it is not covered by that institute but rather the contrary. Especially when as has been noted, in the case of the urbanization (urbanización) some discretionary element always subsists in the act, which would prevent applying the figure of positive silence without greater considerations. This Tribunal understands that the figure of silence in its positive modality originates in municipal authorizations and permits and that within the regime the figure is used indiscriminately; but the transversality of certain issues of national interest determines that today it is not possible to maintain that position; so in good logic it is a misapplication of law to claim a positive effect when it should be negative.\n\nVIII.- ON THE INTANGIBILITY OF ONE'S OWN ACTS: The principle of intangibility of one's own acts (principio de intangibilidad de los actos propios), to which this Constitutional Chamber has conferred constitutional rank as it derives from constitutional ordinal thirty-four (See votes 2753-93, 4596-93, 585-94, 2186-94, 2187-94 and 899-95), starts from the rule that the respective Public Administration cannot annul an act that is in some way favorable to the administered party, the exceptions being ex officio annulment or review and revocation. For this purpose, the public administration, as a general principle, must resort, in the first case (as well as in the cases of evident and manifest nullity in the terms of article one hundred seventy-three of the General Law of Public Administration) to the administrative procedure established for this purpose, regulated in articles one hundred fifty-four, one hundred fifty-five and one hundred seventy-three of the General Law of Public Administration; and in the second case in the capacity of plaintiff and prior declaration of harmfulness (lesividad) of the act to public, economic or other interests, to the harmfulness proceeding (proceso de lesividad), which has been understood, traditionally, as a guarantee for the administered parties. It is an application of the constitutional principle of non-retroactivity of the law and with greater reason of acts (especially those declarative of rights) making them unmodifiable for the Administration, unless it uses the avenues provided by the legal system. On this matter, this Constitutional Tribunal in Vote No. 897-98 of February 11, 1998 stated the following:\n\n\"... the Administration is prohibited from suppressing by its own action those acts that it has issued ..... Thus, the rights ... constitute a limit regarding the powers of revocation (or modification) of administrative acts, in order to be able to demand greater procedural guarantees. The Administration, by issuing an act and subsequently emanating another contrary to the first, to the detriment of subjective rights, is ignoring these rights, which through the first act it had granted, whether by error or for any other reason. This implies that the only avenue the State has to eliminate an act of its own from the legal system is the jurisdictional harmfulness proceeding (proceso de lesividad), for this process is conceived as a procedural guarantee in favor of the administered party, or, in our legal system, there exists the possibility of going against one's own acts in the administrative avenue, in the hypothesis of absolute, evident and manifest nullities, upon prior opinion of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) and the Attorney General's Office of the Republic (Procuraduría General de la República) (as a further guarantee in favor of the administered party) and in accordance with Article 173 of the General Law of Public Administration. Consequently, if the Administration has failed to observe the rules of these procedures, or has omitted them wholly or in part... the principle of one's own acts determines as an effect of such irregularity the invalidity of the act.\"\n\nDoctrine normally analyzes the institute based on acts declarative of rights, but there exist other acts, also favorable to the administered party, that constitute legal situations for which the corresponding respect must be maintained, which in the judgment of this Chamber present equal support in the principle that concerns us. It cannot fail to be noted that although permits and authorizations in technical terms are not acts declarative of rights, insofar as they do not declare any right since as indicated the right is preexisting (to build and exploit a real property according to the interests of the actor), so the administrative act is limited to lifting administrative barriers, in the judgment of the Chamber they generate a benefit for the interested party, allowing them to proceed with their interest. So retracting the effect untimely and unjustifiably generates an unlawful injury contrary to the legal system; it is clear that the administrative procedure is not an end in itself but the means by which the administrative will is shaped in its different elements, which entails that only substantial defects (those that generate defenselessness or change the content of the act) procure as a rule of principle the nullity of the administrative act (under the aphorism of the inexistence of nullity for nullity's sake), but the absence of procedure is in itself a manifestation of an arbitrary act that irremediably produces the nullity of the specific action, insofar as the elements of the act were generated through illicit means. Returning to the avenues for revocation or nullity, regarding the first case, it is manifest from article one hundred fifty-six, which empowers it adopted by the hierarchical superior, upon prior administrative procedure initiated and with an opinion of the Comptroller General of the Republic. The norm adds the necessary obligation to compensate for the damages and losses caused. As is known, the figure of revocation presupposes a change in the factual or legal conditions, which determine the impropriety of the originally issued act; without questioning the motives and conditions of it, which are presumed issued in accordance with law. That is, the administration's action was originally issued in accordance with law and is revoked due to a variation in the current situation, due to defects in the administrative determination. Regarding nullity, numeral one hundred seventy-three of the General Law of Public Administration provides that a public entity or body may indeed annul in an administrative proceeding an act declarative of rights for the administered party but harmful to the public interests or property interests of the former, without needing to resort to the contentious administrative harmfulness proceeding (proceso contencioso administrativo de lesividad) when it is vitiated by an evident and manifest absolute nullity. An evident and manifest absolute nullity must be ruled upon, priorly and favorably, by the Office of the Attorney General or the Comptroller General of the Republic—a preparatory act for the final annulment act—. It will correspond to the Comptroller's Office when the nullity pertains to administrative acts directly related to the budgetary process or administrative contracting (Public Treasury - Hacienda Pública). It is a binding opinion—from which the consulting body or entity cannot depart—since ordinal 2 of the Organic Law of the Attorney General's Office of the Republic (Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República) establishes that it is mandatory to comply with, through which a sort of prior or preventive legality control is exercised, insofar as it must precede the final act of the ordinary procedure initiated to decree ex officio annulment, given the seriousness of the facts under consideration and the legal technical nature thereof. In cases where the opinion must be rendered by the Comptroller General of the Republic, it also has a binding nature by virtue of the provisions of the law on the matter. Not any degree of invalidity or nullity authorizes a public entity or body to decree the ex officio annulment of an administrative act declarative of rights for an administered party, given that the administrative legal system requires that certain characteristics or specific and aggravated connotations concur that qualify it, namely \"evident and manifest.\" The evident and manifest is that which is patent, notorious, ostensible, palpable, clear, certain and that offers no margin of doubt or that requires no dialectical or logical verification process to discover it, precisely due to its gross and serious nature. In this sense, it is sufficient to confront the administrative act with the legal or regulatory norm that provide coverage to reach such a conclusion, without any need for hermeneutics or exegesis. The respective public administration—author of the act sought to be annulled or reviewed—prior to declaring nullity, must open an ordinary administrative procedure in which the principles and guarantees of due process and defense must be observed (Article 173, paragraph 3, of the General Law of Public Administration), the justification for observing that procedure is that the final act may suppress a subjective right of the administered party (Article 308 ibid). At the end of the ordinary procedure, it is indispensable to obtain the opinion of the Attorney General's Office or the Comptroller's Office, it being a procedural step thereof. When the opinion of the Office of the Attorney General or Comptroller General of the Republic is unfavorable, the respective public administration will be legally prevented from annulling the act in an administrative proceeding and will have to resort, inevitably, to the ordinary contentious administrative harmfulness proceeding (proceso ordinario contencioso administrativo de lesividad).\n\nIX.- ON THE PROJECT VILLAS DE JESÚS DE ATENAS: Prior to considering the claims brought, it becomes imperative to analyze what is the legal nature of the Villas de Jesús project developed by the plaintiff, namely whether it corresponds to a \"simple subdivision (fraccionamiento simple)\" or if, on the contrary, we are in the presence of an \"urbanization (urbanización).\" From the evidence received, specifically the municipal engineer and the surveyor, which is ratified by the Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU) in some of the documentary evidence, it is clear that for them it is the first of the circumstances, in the understanding that the project is developed facing a public street and an area where the corresponding public services exist, a criterion that the Chamber could share in principle if dealing with a few approvals (visados) (and even construction permits) in one's own right; but that is not the situation. On the contrary, it is possible to verify how the existing services were insufficient for the project developed, which motivated the interested party to consistently provide these, not jointly but disjointedly (one by one). The best example is the treatment plant, where it is not recorded within the list of proven facts that it was ordered or prescribed by the public law corporation; rather, the interested party, aware of the limitation in this regard, promotes it on her own initiative. A similar situation occurs with the water supply, where it is possible to see how what was presented is for domestic use, which would be insufficient to cover the real needs of the economic activity as a whole; a clear indication of this is possible to verify that to request the approvals (visados) of the missing plans, the plaintiff herself acknowledges having exempted the municipality from water supply based on an authorization to build a new well that supposedly would come to cover the project's needs. Regarding this last well, there is no proof of it having been carried out to date, which evidences the absence of certainty regarding the solution to the water problem in the project. In the same sense, it is possible to locate matters referring to improvements to the public road, the curb, the gutter, and the evacuation of rainwater. It is not that the public services do not exist literally, but that what is preexisting is insufficient for the specific reality presented; and they were requirements to be able to bring the project to a successful conclusion. As if these situations were not sufficient, it cannot be forgotten that forty-eight new families in an urban area not only demand many services, but also present environmental impacts that must be evaluated, considered, and minimized. Under these conditions, it is unquestionable to us that it is an urbanization (urbanización). Added to the foregoing is that an issue of competence to accept the works was pointed out at the time; the truth is it was not demonstrated that an organ different from the Concejo Municipal existed to hear the matter, which would make one think that any act adopted by the Alcalde or any of his subordinates in the matter would present a defect in that formal element (competence), if the project has not first been accepted by the hierarchical body of higher degree (the Concejo Municipal). We must emphatically reiterate that the existence of a public street is not enough to consider the existence of a mere subdivision (fraccionamiento), as the matter must be seen as a whole; thus, the existence of a public road presumes the presence of basic public services, but a cause-and-effect relationship does not necessarily exist. This case is a clear example of this situation, where the existence of basic services is undoubtedly present, but due to the volume of lots that make up the project, they become insufficient, making it imperative to provide and improve them. Even before the end users, the developer is aware of the limitations, since she has consistently sought to provide the missing services, but possibly because the public entity at some point classified it as a mere subdivision (fraccionamiento), she has availed herself of that procedure as being less cumbersome. As already indicated, the idea of simple subdivision (fraccionamiento simple) is that the interested party only has to connect their need to a preexisting network that has the capacity to include them, which in this case does not occur, we reiterate due to the quantity of lots supplied. This basic and core aspect generates a full level of conviction in this collegiate body regarding the nature of the specific project.\n\nNow, we consider that there exist a series of specific impacts that affect the conflict under analysis. In accordance with proven fact fourteen, the municipality approved (visó) twenty-eight plans to segregate lots from the property that concerns us, likewise it authorized two construction permits (proven fact number 41) and in application of positive silence declared the acceptance of the project and the wastewater treatment plant. As has been pointed out, although it is not possible to consider each of these acts as declarative of rights in the technical sense of the term (as they are authorizations and permits), they do generate a situation favorable to the plaintiff, which as such could not be destroyed or ignored without fulfilling for that purpose the legal and constitutional procedures established for it. Accepting the contrary would generate a state of legal uncertainty that is not proper in a democratic, liberal State of law as professed. Nor is it possible to deem them as non-existent for presenting some possible defect, as once again we would face an unsustainable legal uncertainty in the Costa Rican State. It is not a species of convalidation of an act that presents serious deficiencies from what was heard in the oral and public trial and from the evidence presented, but the impossibility of ignoring an act issued by a public office and upon which no contrary action has been issued; in short, there exists no administrative procedure to deny it the legal effects it presents to date. It is debatable whether, from the material standpoint, some legal requirements that at the time were not presented are now satisfied, for it is possible to verify how at present there exists an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) and how works have been carried out to supply the missing services, but elements of conviction are lacking to know if the totality of the needs are satisfied at the moment; the most notorious example is the matter of water, where the evidence is non-existent; all without prejudice to the matter of competence over the body empowered to accept the project, in the terms already noted. In this framework, any material or formal action adopted against the legal system becomes illegal or abnormal as applicable and generates responsibility, which entails the impossibility of not recognizing acts favorable to the interested party. Even though it is true, the Chamber understands that in an approval (visado) of a plan its effects are materialized in the same document, and consequently, the acts that may have been issued or the actions adopted internally within the municipal regime do not affect the permit insofar as its utility is to be able to present it or attest to it before the National Registry (Registro Nacional) at the time of the segregation deed, this does not prevent it from being an illicit action to attempt not to recognize the existence of the favorable act. A similar situation occurs with construction permits, once the work is built, where the act lacks interest; in any case, it is fitting to carry out a more exhaustive analysis but before the specific claim.\n\nX.- ON THE PRINCIPAL DECLARATORY CLAIMS: Before entering into the specific claim, the Tribunal must warn that the intended articulation does not present a format with full clarity insofar as recognition and declaratory judgments of law are consistently mixed; however, their analysis will be attempted in the most comprehensible manner possible, always having the principle of effective judicial protection as the guiding principle. A) Leaving aside the first principal claim, consisting of the declaration in favor of the process, insofar as it is not a claim in itself, but one comprehensible from the rest, the first request (numbered as two) of the plaintiff corporation requires that the twenty-eight plans approved (visados) by the municipality in due course be revalidated, by virtue of corresponding to a mere subdivision (fraccionamiento). The term revalidate is understood by the Tribunal as that case where an administrative act is issued, is subsequently annulled, and consequently, the granting of legal efficacy is requested again. In what corresponds to this case, the plans that are visible in proven fact number fourteen have never been annulled and consequently cannot be revalidated; despite this, under the protection of article one hundred twenty-two of the Contentious Administrative Procedural Code (Código Procesal Contencioso Administrativo), the Chamber understands that what is sought is the nullity of any formal or material act that harms the favorable administrative action under consideration. It is also pertinent to clarify that the plaintiff party implicitly maintains the upholding of those evidentiary acts by virtue of corresponding to simple subdivisions (fraccionamientos simples), which as has been indicated is incorrect, for they are part of an urbanization (urbanización). Thus, it is not possible to assert in the terms that the plaintiff corporation requires that the project is a mere subdivision (fraccionamiento), when from the list of proven facts the limitations in public services were clearly indicated, which were assumed by the developer as necessary requirements for her project, so that the existence of public streets and limited public services are not sufficient to grant what is requested. In any case, we are inclined to find meaning in the claim in the terms indicated, not because they are mere subdivisions (fraccionamientos), but because any injury to an act favorable to the administered party is a violation of the principle of intangibility of one's own acts (principio de intangibilidad de los actos propios), so that only through the legally established administrative procedures is it possible to destroy the legal efficacy of those acts, procedures for which in the specific case there is no evidence whatsoever of having occurred. Having compared the entirety of the actions before those acts, the only moment where it is possible to locate an attempt to detract from the effect of those acts is located in proven fact sixty-one by the improper hierarchical superior, where he goes so far as to state that those acts must be deemed non-existent. A first aspect to note is that the act before which the appeal was heard was the minute of session two hundred twenty, of March sixteenth, two thousand nine, of the corresponding Concejo Municipal, referring to the denial of endorsement to the positive silence granted by the municipality, reason for which this jurisdictional body understands that it corresponds to an Obiter dictum, that is, a tangential analysis carried out by the Third Section of the Contentious Administrative Tribunal without it being the core part of its analysis as that was not the reason for the appeal. This Section of the Tribunal thus understands that the act favorable to the administered party had already been granted previously, as it is possible to locate in the list of proven facts under number thirty-eight, corresponding to official document MAT-WA-14-09 of February seventeenth, two thousand nine.\n\nSo that once the act under consideration was granted, it is irrelevant whether or not it is endorsed by the Municipal Council and even whether this position is shared or disputed by the improper head of the entity, to the extent that the act had already been generated. On this point, it is worth noting the absence of elements of conviction upon which bad faith on the part of the plaintiff company could be thought to exist, especially when the municipal officials were under the conviction that it was a mere subdivision (fraccionamiento), a position even shared by the officials of the Instituto de Vivienda y Urbanismo. The assessment of the administrative officials, while respectable, is not shared by this Court insofar as they failed to understand that what was sought by the regulation was the mere connection to a pre-existing public service network, which was not the case here. Despite the error in the application of the regulations, the truth is the existence of the act favorable to the interests of the administered party, which is impossible to disregard. So, what was held by the improper head of the entity under the protection of numeral one hundred seventy-three of the Political Constitution, besides not being a jurisdictional act properly speaking that generates res judicata before this judicial body, is also not the central basis of their reasoning. All without prejudice that subsequently, it is the Municipal Council itself that clarifies its agreement, alluding that it should not be understood as an act contrary to the interests of the plaintiff company in this process, but rather a mere position of the collegiate body; clear proof of what is said is that from this second agreement onwards, the suspension of the project that had been generated is lifted. Thus, at the moment the improper head of the entity heard the administrative appeal, there was a manifest lack of interest, as the administrative head, applying the principle of self-tutelage, had reversed their own acts. Which again leads us to the conclusion of the non-existence of acts that seek to remove legal effects from the approvals (visados) granted. It is necessary to remember on this point that the approvals themselves are acts whose effects are captured on the plan itself, empowering the interested party to be able to segregate the land through the corresponding public deed at the moment they see fit according to what has been said, thus any disturbance of it should be directed towards communications with the National Registry, the office where the act would produce effects, which in this case have not occurred. The plaintiff thus speculates about the existence of future impacts, which have not occurred and which could not be known insofar as it is not possible to know what new activities or positions the public entity will adopt in the specific case. The other impacts generated by the municipality (impacts on the progress of the work or non-acceptance of the project) are mere material actions and do not attack the approval granted to the twenty-eight plans. So a real and concrete impact on said claim that would allow it to be declared would not be occurring, and the lack of current interest is declared. All without prejudice that declaring the validity of said acts is to accept their conformity with the legal system, when, as was already indicated, they do not present such attributes insofar as they should have been considered within an urban development project (proyecto urbanístico) and not as a simple subdivision. B) The following claim is aimed at the declaration of validity and effectiveness regarding three construction permits granted to the plaintiff, corresponding to numbers 030-2009 for a wastewater treatment plant, improvements to the public road, covering with gravel (encascotado), curb and gutter, sidewalks, stormwater drainage, and potable water; 110-2009 for a single-family dwelling and construction permit 111-2009 for the building of a single-family dwelling. The first of the construction permits was granted by the Mayor as narrated in proven fact thirty-eight, while the basis of the construction permits were granted as established in proven fact forty-six. Although said works were at the time halted, their construction was subsequently permitted. Proof of what is said is how, in proven fact number forty-eight, the Municipal Council of Atenas on April sixth, two thousand nine, clarifies its actions, to indicate that the first one is not being annulled or revoked. Within the arguments of the parties made in the oral trial, as well as from the list of proven facts, it is not possible to detect any administrative action that prevents the completion of these works at this moment, which at the time may have occurred; although the Chamber understands that given the existence of previous actions, the existence of a fear in the plaintiff that other situations may arise is possible, regarding works already completed or without a current restriction, these are mere speculations that have no legal shelter. It is fitting to return to what was noted regarding the obligation of control and surveillance of urban planning activities in a canton under the charge of the decentralized public entity, but said functions must be developed under the protection of legality, which includes that the halting or suspension of works must occur in cases of non-compliance with the granted permit or on impacts generated when developing the project not originally contemplated. They could never correspond to sudden, unfounded actions, or those with illicit motivations. Returning to the specific case, the Court again finds a lack of interest insofar as we are facing construction permits that exhausted their effects the moment the work is completed, lacking any relevance to analyze their validity and effectiveness, especially when this is not being questioned. Again, the lack of right must also be declared, to the extent that, as has been indicated, said acts should have been considered within an urban development project and not as mere segregation, which would prevent declaring that they were issued with legal support. C) The fourth claim requires that the Municipality of Atenas be ordered to recognize the subjective right that assists the plaintiff with respect to the previously recognized points, regarding their validity and effectiveness, so that it is not possible to revoke or annul such acts. Several clarifications must be made about this requirement, initially and as has been indicated, these are not subjective rights but permits, so what was done was to lift administrative barriers that allow their exercise, it not being possible to declare what was sought by the interested party to the extent that they are not subjective rights as indicated; on the other hand, these are acts lacking a real disturbance (in the case of the permits) or whose effects were exhausted (with regard to the approvals), the manifest lack of interest present in the case having to be declared. The foregoing without prejudice to the impossibility of jurisdictional bodies to attempt to restrict the administrative powers to revoke or annul said acts, always following the legally established procedure. So that the Court could not impede the administrative powers, limiting its indication that in the event these are exercised, they must be developed within the framework of legality, with full guarantee of due process and the right of defense, at which time the current plaintiff may exercise the rights that the same legal system guarantees them. On the other hand, regarding the validity and effectiveness of the previous acts, as indicated, they lack right, which must also be declared, in the understanding of the Court that, from the evidence produced and the interpretation of the applicable norms, it is not possible to sustain that all the legal requirements have been met insofar as they were processed as a mere subdivision and not as a development (urbanización), under the conditions already explained. D) The fifth claim concerns the ratification of the approval of the Villa Jesús de Atenas project, requiring a declaration that all legal requirements have been fulfilled. Seen as ratification, as had been indicated, it presupposes the existence of a prior act which is annulled or revoked, which in the present case does not consolidate; however, the Chamber understands the request as one for the annulment of all acts that are contrary to those ordered with action favorable to the interests of the plaintiff company. In the said terms, initially there is a manifest lack of right regarding this claim, to the extent that it is impossible to recognize compliance with all the requirements of the project under consideration when it is not possible to verify that situation in the case of a development, as is the case that concerns us, which as is known presents more complex requirements due to the work to be carried out, where various state dependencies act; so it is not possible to grant the claim deduced. Moreover, as has been reasoned, we are in the presence of an act favorable to the interests of the plaintiff which has not been revoked or annulled, protected consequently by the principle of intangibility of one's own acts, so that with regard to the acts of obstruction of the project, as already indicated, the inspection duties over construction projects, to the extent that they conform to what is permitted by the administrative act, is an obligation inherent to the municipal regime; to the extent that the enabling act is not for just any activity but for a specific one. Even when subject to what is permitted, the generation of unforeseen impacts (in environmental matters, for example) is possible, which would make the halting of a construction activity lawful. What is truly illegal is the halting of a work that conforms to what is permitted and without generating unforeseen impacts (especially environmental ones), which everything indicates is what occurred in the corresponding case. In any case, we will return to this topic when considering the requested liabilities. In the sub judice, it is possible to verify that there are no acts tending to annul the acceptance of the Villa Jesús de Atenas project, but rather non-formal actions, consisting of the halting of the project in its opportunity and the absence of execution of the activities proper to the acceptance of the project; the first lacking interest at this moment and the second, in which its execution is omitted. Everything seems to indicate that this last situation is based on the lack of clarity of the municipality regarding the specific impacts that could arise, promoted by neighborhood pressure. The acceptance of the project presents three direct effects, the first of them regarding the acceptance of the communal areas under the protection of article forty of the Urban Planning Law (Ley de Urbanismo) (which includes the treatment tank), secondly that corresponding to the acceptance of improvements in public infrastructure and services, and that corresponding to the approval of the remaining plans to be approved within the project. We are facing an antinomy of norms, in the understanding that accepting the project in the current terms would be an unlawful act, but at the same time denying effectiveness to an act without the fulfillment of legal requirements, also is. So that the Chamber opts, under the protection of article one hundred twenty-two of the Contentious Administrative Procedure Code, to grant the defendant Municipality a period of three calendar months from the finality of this resolution for the defendant to execute the ordered act, or failing that, to initiate revocation or annulment procedures, as applicable, following the legally established procedures. In the understanding that the legal uncertainty presented by the defendant ceases definitively in one way or another, in the face of contradictory conduct by the corporate public entity where on one hand it authorizes or permits and on the other denies the execution of the ordered acts. In this regard, the copious list of proven facts demonstrates a chain of procedures, some repetitive and others isolated, without establishing a specific resolution on the matter; especially in the case of the Municipal Council, fully breaching its obligations. It must be clear that it is one thing for the act to present discretionary elements and quite another for the administered party to be kept without resolving their procedures indefinitely. It is also possible to verify how the supreme collegiate body makes statements disapproving the project but adopts no specific act in this regard, which manifestly generates an unsustainable state of legal uncertainty. By granting said period, this claim is resolved, as well as that numbered 5.1 which corresponds to the acceptance of lands and works by the defendant, that indicated as 5.2 which refers to the approval of the missing plans and that concerning the annulment of acts contrary to the one that was favorable to the administered party. On this last point, the lack of interest must also be indicated insofar as the non-existence of any current act with a real impact on the project under consideration.\n\nXI.- ON THE PRINCIPAL CLAIMS FOR COMPENSATORY DAMAGES: As the last point of the principal claims, the plaintiff makes a claim for damages, which, due to their complexity, requires a detailed study. Initially, what corresponds to construction permits 030-2009 (improvements to the road and treatment plant), 110-2009 (single-family dwelling) and 11-2009 (single-family dwelling) is claimed as pecuniary damage; justifying the damage in the unjustified halting of the works. It is reasoned in the grounds how, by means of resolution MAT-DA-WA-0150 of July ninth, two thousand nine, the Municipal Mayor halted the works, which were only resumed on January fifteenth, two thousand nine, through official letter MAT-WA-07-109. It is indeed a sudden halt without evidence within the file of a justified reason, lacking any procedure and also not justifiable as a precautionary measure. As was reasoned in due course, the inspection and control duties regarding the work are inherent to the municipal regime, which entails the possibility of halting at the moment what is done departs from what is authorized, as well as real and effective impacts on situations not originally considered, but neither one nor the other scenario is proven. The only motivation points to the allegations of the parties in the sense that it was the effect of neighborhood pressure (a fact that was also not proven), an aspect that, although relevant, does not present a lawful reason for the administrative act under consideration, resulting in the existence of formal and illegal conduct, and as such, generating liability that can be declared in this venue. To the effects of the Court, the illegality of the conduct, the existence of the damage, and the causal link between one and the other are unquestionable, in the understanding that the halting of a construction work presents impacts on the material purchased, the contracted personnel, and even possible business deals that could have arisen from them; the quantification of the same remains to be established. Now, at the moment of quantifying said damage, the plaintiff sets it at the sum of ninety-nine million fifty-nine thousand three hundred thirty-one colones with sixty cents, consisting of the purchase price of the land, construction of the treatment plant, improvement works on the public road and infrastructure. The indicated items are uncontroversial in their existence as activities inherent to the construction project, but they manifestly lack a causal link with the illegal conduct already indicated. Thus, the purchase of the land is not a consequence of the halt, nor are the works carried out. It is not possible to attempt to charge the total investment of the project based on a halt, no matter how illicit it might be. See how the land is still the property of the plaintiff company, as are the works developed at its own expense and risk, because all business, insofar as it is the negation of leisure, entails a series of risks that cannot be charged to the administration and that are undertaken by the interested party, within a profit-making activity undertaken by them. Clear proof is how, as of today, the two single-family dwellings could well be sold, just like the remaining works. Attempting to deny the risks of the enterprise and allowing it to keep the completed works and at the same time their value, is nothing more than unjust enrichment that under no circumstance can be sheltered by this Chamber. Said quantification must be rejected, and the plaintiff is referred to the enforcement of judgment stage to effectively quantify the damages suffered and prove them, subject to what has been said before. It must be clarified how in the oral and public trial it was evidenced that some materials had been washed out because the halt occurred in the middle of winter, as well as the normal deterioration due to the mere passage of time that would not have occurred if the work had continued its normal course, damages that do present a direct realization with the illegal administrative conduct, but unfortunately these were not quantified at the time of filing the lawsuit; and in any case, their quantum was never established, which would prevent declaring them at this moment. It was also noted in the oral trial and evidence was provided (both documentary and testimonial) concerning the damages caused to the plaintiff's water well during the time the halt occurred, to the extreme of making it necessary to drill a new one. On this particular point, the absence of a causal link between the administrative conduct and the claimed damage is evident, in the understanding that the administration halted works, but did not prevent the plaintiff from having security personnel and the useful and necessary measures to keep its property safeguarded, which corresponds to diametrically different situations. Furthermore, the damage was not proven; moreover, it was not caused by the administration but by a third party with no link whatsoever to the administrative organization or activity. The situation is regrettable and under no circumstances can be accepted by this jurisdiction, but it is not possible to claim these impacts from the municipality. It is not insignificant to indicate that, in our judgment, the case does not correspond to the scenario of article one hundred ninety-five of the General Law of Public Administration which prohibits compensation against an illegitimate interest, in the understanding that it is not possible to locate intent on the part of the party to deceive the Administration; on the contrary, the public officials who acted in the process turn out to be clear about what occurred, thus the incorrect interpretation of the regulations was not induced by the administered party but ordered by the administration. The second claimed damage rests in the impact on the company's image, under the figure of objective moral damages; understood as it having become known in the community and in the mass media that the project did not meet technical and legal requirements, establishing its amount in the sum of five hundred million colones. Regarding this quantified item, we have a manifest lack of evidentiary elements, violating article three hundred seventeen of the Civil Procedure Code, in relation to two hundred twenty of the Contentious Administrative Procedure Code. Thus, there is no proof as to the public transcendence of the situation subject to litigation to the community, but more importantly, that a loss to the company's assets was produced. Remember that objective moral damages, unlike subjective ones, are not presumed but must be proven. It is not possible to verify that there were lost sales based on the events of interest, a reduction in income on that basis, or in general a specific impact that satisfies the requirements of article one hundred ninety-six of the General Law of Public Administration, imposing the rejection of this item. The third claimed group corresponds to loss of profit, which is grounded in the lack of consolidation of the project, specifically in the absence of the sale of the lots and thus receiving an expected profit. This impact is estimated in the sum of four hundred sixteen million four hundred seventeen thousand five hundred fifty colones. It is worth noting that when quantifying this item, the promoting party starts from the premise as if there were a dispossession of the property, when as has been indicated, it continues to be part of its assets, which would lead logically to think that when quantifying it, they should have considered only the profit and not the entire value of a property that they can still dispose of. Here again we have problems of insufficient evidence, see how there are twenty-eight duly approved lots that can be used by the interested party, without there being evidence that an attempt has been made to sell them and that, based on the defendant's action, this has not been achieved; this aspect was never proven. Nor has it been possible to demonstrate that any real property was returned on the same basis. All of which suggests that the plaintiff comes to quantify the item it hoped to receive in an uncertain situation, because ultimately nothing guarantees the existence of the sales in the terms thought. It is indeed speculation, which must be rejected on the same bases. In summary, regarding the damages claimed, with the exception of the item recognized in the abstract, we are in the presence of a lack of right, which must be declared.\n\nXII.- ON THE SUBSIDIARY CLAIMS: The plaintiff makes a subsidiary claim on the assumption that the ratification of the approvals and construction permits granted was not possible, requiring the corresponding pronouncement. It initially requests compensation based on the twenty-eight plan approvals for segregation granted by the municipality. As indicated, although these acts were granted based on a segregation project when they should have been processed within a development, the truth is that these acts have not been annulled; they still subsist today in the legal system, which would prevent any possibility of recognition. So, with these acts subsisting to date (regardless of whether they are valid or not), no legal injury susceptible of being compensated in the terms sought is identified; so that the plaintiff could at any moment proceed to segregate those lots and dispose of them as they see fit. Note what was indicated in the preceding recital, in the understanding that against the claim for revalidation of the plans, there was a manifest lack of current interest, to the extent that no act had been ordered that prevented presenting those approved documents before the notary of the plaintiff's interest to be able to generate, through a public deed, the segregations permitted therein. A possibility that is current to date, as has been held. So any compensation in this regard would be contrary to the legal system. It is worth noting on this particular point how when quantifying, the items indicated under point six of the principal claim are requested, which are those analyzed and resolved in the preceding recital, on which it is not possible to add further reasoning elements for their analysis.\n\nXII.- ON THE CLAIM FOR INTEREST AND THAT CORRESPONDING TO INDEXATION: The plaintiff requested the payment of legal interest, which indeed corresponds to recognize as civil returns from specific items that it had to pay based on illicit conduct displayed by the administration, but from the resolution that eventually establishes the specific damages produced. See how we are in the presence of an obligation of value, the quantum of which has not yet been established, making it impossible for the defendant to proceed to pay any specific item. It is necessary to specify that although the plaintiff would seek payment from the moment of the impact, it is not possible to grant it in those terms when the obligation is not yet monetary, having to be limited in the terms stated. Naturally, said interest must be calculated based on article one thousand one hundred sixty-three of the Civil Code. Likewise, in accordance with article one hundred twenty-three of the Contentious Administrative Procedure Code, the recognition of indexation is appropriate, taking in the same manner as a basis from the final enforcement judgment that eventually establishes a specific amount to be paid and until its effective payment.\"\n\n \n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto salvado\n\nRama del Derecho: Derecho Civil\n\nTema: Indexación\n\nSubtemas:\n\nAnálisis con respecto al pago de indemnización al administrado.\n\n\" VOTO SALVADO DEL JUEZ ESPINOZA SALAS\n\n \n\nI concur with my colleagues in the vote, however, I dissent regarding the interpretation made concerning the moment from which the indexation and interest on the sums awarded in the judgment run, which according to the respectable majority position, is from the finality of the judgment that establishes them in concrete terms. However, for the undersigned, the indexation and interest, in the case of obligations of value, should run from the finality of the judgment that awards them, without it being necessary to postpone such date until a specific amount exists, and in the case of monetary obligations, from the time the disbursement was incurred. Thus, the correct approach to establish a comprehensive and full indemnity, and to avoid causing harm to the justiciable party, is that it must be indexed and interest granted from the moment the obligation is established, dictated, and recognized. Regarding indexation, due to the nature of this institution, which aims to update pre-existing monetary obligations to their present value or to update, at the time of issuance, the obligations of value recognized in the judgment, its application should not remain subject, in the case of obligations declared in the abstract, to the moment of the finality of the enforcement judgment that defines their amount, because the right has already been declared and established. Similarly, if the compensatory amount has already been defined in the judgment, with much less reason should the ex officio duty to index such items be postponed to later stages to the detriment of the successful party. Although article 123 of the Contentious Administrative Procedure Code is clear that a monetary obligation recognized in a judgment will be updated from the date of its enforceability, article 124, paragraphs one and two, regarding obligations of value, states that once converted into effective money, the execution judge will update it, but does not indicate from when. For this reason, the logical interpretation, based on the principle of comprehensive and full reparation, is that, by deferring over time the date of its fixing in enforcement and subsequent payment, it is reasonable that the update be produced from the moment it was declared in the judgment and until its effective payment. Ergo, in the case of obligations of value whose amount is fixed in the judgment that awards them, with even less reason should their indexation be deferred to later stages. Although the legal precept provides that once the obligation of value is converted into a monetary one, it will be updated, this is because for logical reasons, the indexation operation cannot be applied to an unquantified item, but this does not imply that such update must run until the execution judge establishes its amount.\"\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina\nTexto de la resolución\n\n \n\nVoto N° 031-2012\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA, San José, at eleven hours and thirty minutes on the twenty-second of March, two thousand twelve.-\n\nProceeding for declaration of rights brought by Nombre53625., legal entity identification number […], represented by Mr. Nombre3640, single, merchant, resident of […], against the MUNICIPALIDAD DE ATENAS represented by the Mayor, Mrs. Querima Bermúdez Villegas, divorced, identification card number CED87210 - - . Appearing as auxiliary intervenor is Nombre529, legal entity identification number […], most recently represented by Mr. Nombre2882, identification number […], other details unknown. Appearing as special judicial attorney for the plaintiff is Lic. Luis Antonio Álvarez Chávez, resident of Barba de Heredia, identification card number CED9145 - - , as special judicial attorney for the public defendant is Lic. Christian Arias Guerrero, and as directing attorney for the latter is Lic. Ronald Ramírez Garita, married once, bearer of identification card number CED87211 - - . All of legal age, married, lawyers, and residents of Atenas, with the exceptions stated.\n\nCase file 09-001089-1027-CA.\n\nWHEREAS:\n\n1.- That the plaintiff seeks (see folios 283 to 296 of the judicial file, except claim 4 which was modified at the preliminary hearing): Principal Claim: \"2) That the validity and legal effectiveness of the approvals (visados) granted by the Municipality of Atenas to the plans numbered […], be declared and ratified, given that they front a public street, with frontages and areas greater than those indicated in the Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones and have all public services. These conditions were accredited by Municipal Engineer Marcelo López León. ... 3) That the validity and legal effectiveness of the construction permits granted by the Municipality of Atenas to my represented party be ratified, by virtue of complying with the technical, legal, and regulatory requirements and conditions demanded by the legal system and because there exist opinions from the competent officials (Municipal Engineer and Surveyor) accrediting compliance with all requirements. ... 3.1) Construction Permit No. 030-2009 dated February 24, 2009, to carry out the infrastructure works required for said subdivision (fraccionamiento), namely: 'wastewater treatment plant, improvements to the public road, gravel surfacing (encascotada), curb and gutter (cordón y caño), sidewalks, stormwater drainage evaluation (evaluación de pluviales) and potable water.' 3.2) Construction permit number 110-2009 dated June 22, 2009, this license being for the construction of a single-family dwelling, on lot L-29 of the subdivision (fraccionamiento) approved for my represented party. 3.3) Construction permit number 111-2009 dated June 22, 2009, this license being for the construction of a single-family dwelling, on lot L-30 of the subdivision (fraccionamiento) approved for my represented party. The foregoing, by virtue of the fact that all works authorized in the permits were executed with the approval of the Municipal Mayor's Office and the Municipal Engineering Department of Atenas. 4) That the Municipality of Atenas be ordered to refrain from executing formal and material acts that disregard the subjective right held by the plaintiff, in relation to the recognition of the permits and licenses granted, which it is requested be ratified in claims 2 and 3, appendices 1, 2 and 3. 5) That the approval of the subdivision (fraccionamiento) project Proyecto Villa Jesús de Atenas developed by my represented party be ratified, since it complies with each and every one of the requirements requested according to the technical and scientific criteria (Article 16.1 of the Ley General de la Administración Pública) of Municipal Engineer Fabián Méndez Marín .... For the foregoing, I expressly request: 5.1) That the delivery or transfer of the public area be approved and the Nombre20665 Municipal be ordered to grant the respective deed in favor of the Municipality of Atenas; failing that, that the forced execution of said granting be proceeded with. 5.2) That the approval (visado) of the plans: […] be ordered. Since these lots complied with what was required for approval (visado); or failing that, that the forced execution of the granting of said approvals (visados) be ordered. .. 5.3) That by virtue of the existence of acquired rights in the name of my represented party in the present case, the administrative acts (agreements, resolutions, or official letters) be annulled or the mere material actions or omissions be rendered without effect, which impede the exercise of the rights held by my represented party, for the normal development of the project. 6) That the Municipality of Atenas be ordered to pay the material damages, moral damages, and losses caused to my represented party, which are a direct consequence of and derived from the material actions, omissive conduct, and administrative acts issued by the bodies composing that municipality. ... Prudential estimate of material or patrimonial damage. The prudential estimate of the material or patrimonial damage is as follows: Total damages to be compensated: Three hundred ninety-seven million six hundred thirteen thousand five hundred sixty colones plus legal interest until its effective payment. ... Prudential estimate of objective moral damage. The economically valuable consequences are prudentially estimated at the sum of five hundred million colones. ... Prudential estimate of losses. The losses are prudentially estimated in the following terms: total losses or lost profits to be compensated calculated to date: four hundred sixteen million four hundred seventeen thousand five hundred fifty colones..... 7) That the defendant Municipality be ordered to pay the legal interest generated calculated until the effective payment of the damages and losses; sums which in any case I request be indexed at the time the judgment is declared. 8) That the defendant Municipality be ordered to pay personal and procedural costs. Subsidiary claims: Should the validity and effectiveness of the plan approvals (visados), the three construction permits, [and] the project as such not be ratified, granting the approvals (visados) that to date have been denied, I request on behalf of my represented party: '1) That it be declared that the Municipality of Atenas must compensate my represented party for having granted the construction permits; as well as the approvals (visados) of the cadastral plans numbered […], and for having endorsed the completion of the authorized works. The damages and losses that must be compensated are those detailed in the content of principal claims 6), 6.1), 6.1.1), 6.2.3), 6.3.1) 6.3.2) and 6.3.3). Additionally, the direct and indirect costs, related to Construction Permit No. 030-2009 dated February 24, 2009, to carry out the infrastructure works required for said subdivision (fraccionamiento), would have to be reimbursed, namely: \"wastewater treatment plant (planta de tratamiento de aguas residuales), improvements to the public road, gravel surfacing (encascotado), curb and gutter (cordón y caño), sidewalks, stormwater drainage (evacuación de pluviales) and potable water\"; since these works could not be used if the development of the project is not approved, given that permits were granted and constructions covered by them were completed. // As indicated, the direct and indirect costs of the project amount to the sum of ninety-nine million fifty-nine thousand three hundred thirty-one colones with sixty-seven céntimos ... and it is what was invested in the purchase of the land for subdivision (fraccionar) purposes, construction of the treatment plant and other works to improve the public road and infrastructure as detailed below: a) For the purchase of the property […] for the purpose of developing the subdivision (fraccionamiento) of interest to my represented party: 45,000,000.00 colones. b) For construction permits paid to the Municipality of Atenas 613,040.7 colones. c) For expenses incurred for the development of the infrastructure works carried out under the granted municipal licenses, total sum of 53,446,290.97, detailed according to the invoices attached as evidence. ... Detail that is attached without prejudice to accrediting other expenses in the sentence execution process. These costs are charged according to the accessory claim for being necessary expenditures to build the referred plant and also project works covered by granted licenses. A relevant aspect to consider is that the Nombre20665 Municipal authorized that these works be completed, as is evident from official letter MAT-WA-07-109, issued at 10:45 a.m. on January 15, 2010, by the Municipal Mayor's Office of Atenas. ... 2) That the defendant Municipality be ordered to pay legal interest generated calculated until the effective payment of the damages and losses; sums which in any case I request be indexed at the time of declaration in judgment. 3) That the defendant Municipality be ordered to pay personal and procedural costs'\n\n2.- The defendant public entity answered negatively and raised the plea of sine actione agit.\n\n3.- That the oral trial was held on March ninth, two thousand twelve, its processing as complex being ordered under numbers one hundred eleven of the Código Procesal Contencioso Administrativo and forty-seven of the Regulations, as well as the issuance of the corresponding judgment in written form.\n\n4.- In the proceedings, the pertinent prescriptions have been observed and no grounds for nullity capable of invalidating what has been done are noted. This judgment is issued after the pertinent deliberations and unanimously, except regarding the indexation and the interest requested.\n\nDrafted by Judge Madrigal Jiménez, with contributions from Judge Muñoz in facts VI and VII; and,\n\nCONSIDERING:\n\nI. BASIS OF THE PROCEEDINGS: The plaintiff maintains that she is the owner of a property in the Alajuela district, with Real Folio number […], that said property has an adjacent street and all public services. For which reason, in her commercial line of business, she decided to segregate forty-eight lots, twenty-eight of which were approved (visados). That compliance with the legal requirements was verified by Municipal Engineer Marcelo López León in official letter MAT-OCV-089-2008 of April twenty-fifth, two thousand eight. Despite the foregoing, on October seventh, two thousand eight, the Secretary of the Municipal Council of Atenas de Alajuela ordered that her represented party must present a complete preliminary draft of the project for the knowledge of the collegial body, which was complied with on the fifteenth of that month and year. After several efforts to learn the position of the institutional head, she was notified of the decision to request from the Engineering Department a complete analysis of the project, which was verified consistent with her interests. In the absence of a response to her request, on February thirteenth, two thousand nine, she requested the application of positive silence (silencio positivo) regarding the acceptance of the project (which includes the acceptance of the common works and the obligation of the approval (visado) of twenty additional plans), which was positively recommended by the legal office on the seventeenth of that month and ordered on that same date by official letter MAT-WA-14-09 by Mr. Nombre20665 Municipal. On February twenty-third, two thousand nine, she presented a request for approval (visado) for the twenty missing plans and exempting the municipality from the water supply, having authorization from the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía) for the drilling and extraction of water, in order to conclude the project. On March sixteenth, two thousand nine, the Municipal Council agreed to declare the request for positive silence (silencio positivo) for the subdivision (fraccionamiento) project, the treatment plant, and other public road works without merit; likewise, it did not endorse the Mayor's Office's official letter MAT-WA-14-09 already mentioned. On March twenty-third, two thousand nine, the municipal engineer attached to the Council the request presented by her represented party for the construction of two dwellings on an equal number of lots, warning that all legal requirements were met. On March thirty-first of that year, she filed an appeal against the aforementioned municipal agreement, which generated another agreement on April thirteenth where it agreed to admit the appeal and clarified that the positive silence (silencio positivo) granted by the mayor's office had not been annulled or revoked, as the legal procedures for that purpose had not been followed; subsequently, on June sixteenth, it ordered a clarification that any precautionary measure filed by the collegial body regarding the project was rendered without effect, due to the issuance of the positive silence (silencio positivo) ordered by the Mayor's Office, which would entail that both the subdivision (fraccionamiento) approvals (visados) and the construction permits for two lots would be in force. Despite this, on July ninth, two thousand ten, an order to suspend the construction licenses previously indicated, adopted by the Nombre20665 Municipal, was communicated to her, for which reason she filed an appeal against said act, which was forwarded to the Council for its knowledge. On July twenty-third, two thousand nine, she requested under Article forty of the Ley de Planificación Urbana, from the respective Nombre20665, the acceptance of the project, which was positively recommended by the municipal surveyor. Meanwhile, the appeal presented before the municipal Council was returned with a positive technical-legal opinion for her interests to the Nombre20665 for resolution. Subsequently, on September seventh, two thousand nine, the municipal engineer issued a complete report on the permits granted for the project, including the construction permits, as the legal requirements had been met. It was not until January fifteenth, two thousand ten, that the Mayor's Office proceeded to evaluate the suspension ordered ex officio, lifting the act. On June seventeenth, two thousand ten, the Third Section of the Tribunal Contencioso Administrativo confirmed the appealed agreement and deemed the administrative channel exhausted, against the act originally adopted by the Municipal Council and adverse to the Plaintiff. She maintains that the omissive conduct and material actions of the cantonal administration seek to annul declaratory acts in favor of her represented party, and that she bases the claimed liability on these, which is contrary to the intangibility of one's own acts and the principle of legitimate expectations (principio de confianza legítima). She also requests the revalidation of all acts favorable to her interests, as she maintains they comply with all legal requirements for a simple subdivision (fraccionamiento simple), which in her judgment is what was carried out. The municipal representation disagrees with some facts, but maintains that the precautionary principle (principio precautorio) grounds its acts, considering that there is no liability whatsoever to declare against it. Especially when the Municipal Council considers that what exists is not a simple subdivision (fraccionamiento simple) project but a development (urbanización).\n\nIII. PROVEN FACTS: Of importance for the issuance of this judgment, the following relevant facts are held, warning that in the case of the administrative file, it has several non-coinciding numberings, all with poor visibility, so the one appearing on the upper right part of the documents has been taken: 1) That the plaintiff is the owner of the property in the Alajuela District with Real Folio number […], located in the canton of Atenas (uncontroverted fact as extracted from folios […] of the judicial file). 2) That the plaintiff company decided to develop the \"Villas de Jesús Atenas\" project on its property (uncontroverted fact as evident from the complaint and its answer). 3) That the previously described property had the Subsoil Drilling Permit for the extraction of Groundwater, No. IMN-DA-2658-2005 of eight hours and ten minutes on October fifth, two thousand five, for water use for domestic purposes, in which earthworks (movimientos de tierra) were carried out and technical studies were initiated for the purpose of subdividing (fraccionar) the land (see folios 125 to 134 of the administrative file). 4) On October eighteenth, two thousand five, the Asociación de Desarrollo Integral del Barrio Jesús de Atenas, presented before the Municipal Council of Atenas a request for a study to be carried out on the environmental impact that a development (urbanístico) project located on that land could generate, expressing its concern about the proximity to water catchment sources that supply the town, including the existence of a river, an Acueductos y Alcantarillados treatment plant, a well that supplies between one hundred fifty and two hundred dwellings of the community, and an aquifer, also requesting that the study be known by the Tribunal Ambiental, SETENA, and Acueductos y Alcantarillados (see folios 135 and 136 of the administrative file). 5) In Ordinary Session No. 255 of October seventeenth, two thousand five, the Municipal Council of Atenas replied to the Asociación de Desarrollo de Barrio Jesús that this type of project must comply with specific laws, and it is the developer's responsibility to carry out the corresponding environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) (see folio 137 of the administrative file). 6) That in November two thousand five (reiterated in January two thousand six) and given the Municipal Council's lack of knowledge regarding the existence of any development (urbanístico) project on that land, it opted to ask the Municipal Engineering Department whether there was any residential development (habitacional) procedure and whether there was any plan approved to build on said property, to which the Municipal Engineer stated that he had not received any notification, according to a document dated January 24, 2006 (see folios 153, 169, and 170 of the administrative file). 7) On February twentieth, two thousand six, the developer company requested the Municipal Engineering Department to mark the location of the sidewalk, curb, and gutter (acera, cordón y caño), which was negatively answered by the Municipal Council of Atenas, in Ordinary Session 284 of March seventh, two thousand six, due to strong opposition from neighbors, and indicated that the construction of the sidewalks could be carried out once the requirements established by law for the definitive project to be carried out on that property were met (see folios 171 and 175 of the administrative file). 8) By note dated August third, two thousand six, the company Nombre53625 presented to the Engineering Department of the Municipality of Atenas, a document requesting the stormwater outlet (desfogues pluvial) and treated water outlet for a treatment plant, indicating that forty-eight houses would be built on a lot subdivision (lotificación) fronting a public street, on the land with cadastral plan […], located at Dirección2393 (see folio 182 of the administrative file). 9) In an official letter dated August twenty-second, two thousand six, the Municipal Engineer informed the company that it must first provide a plan indicating exactly the works to be carried out and must obtain the approval of the Ministry of Health (Ministerio de Salud) (see folio 184 of the administrative file). 10) In official letter No. MAT-DA-WA-111-2006 dated August twenty-ninth, two thousand six, the Office of the Nombre20665 informed the Company that it granted the conforming land use (uso del suelo conforme), for the purpose of building dwellings and the treatment plant (folio 185). 11) On February fifteenth, two thousand seven, the plaintiff Company requested the outlet for treated water from the treatment plant to the Quebrada el Barro, this time indicating that sixty-one houses would be built, which was responded to in an official letter dated February twenty-second, two thousand seven, in which the Municipal Engineer reiterated that before approving the permit, the company had to comply with the provisions of the law regarding the discharge of residual waters (vertido de aguas residuales) into a permanent body and comply with all regulations required by the Ministry of Health (Ministerio de Salud) (see folios 187 and 188 of the administrative file). 12) By note presented on February twenty-third, two thousand seven, the company requested a pipeline easement (permiso de paso de tubería) for the outlet from the treatment plant along a public road over an approximate stretch of sixty meters, to which the Municipal Engineer responded in an official letter dated February twenty-seventh, two thousand seven, to the effect that it had to comply with the stipulations of the law regarding the discharge of residual waters (vertido de aguas residuales) into a permanent body and comply with all regulations required by the Ministry of Health (Ministerio de Salud), as well as present the appropriate plans indicating works to be carried out (see folios 189 and 190 of the administrative file). 13) In an agreement of the Municipal Council of Atenas, adopted in Ordinary Session No. 83 of June fifth, two thousand seven, the Municipal Engineer was requested to provide a detailed report on the subdivision (fraccionamiento) that was taking place at Dirección2393 and indicate whether he had applied the Ley de Planificación Urbana and the Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones in that location. This was answered by a note of June nineteenth, two thousand seven, noting that the sketch of the corresponding partition had already been requested, which he classified as a \"simple subdivision (fraccionamiento simple)\", for which reason he considered it was not subject to the regulations established for normal developments (urbanizaciones), as it involved a lot subdivision (lotificación) on existing public streets and not the opening of new, non-existent streets, and therefore it also did not require the donation of 10% for public areas. He added that all constructions had to have all legal permits, for which reason they were halted by that department, but that the segregations of the simple subdivision (fraccionamiento simple) were in order. He stated that the construction permits for prior works had to comply with technical regulations, as well as the review of the technical aspects of operation, location, approved maintenance manual, etc. (see folios 200, 205 to 207 of the administrative file). 14) In mid-two thousand seven, the Catastro office of the Municipality of Atenas approved (visó) for segregation the lots in the property owned by the plaintiff identified under plan numbers: […] (see folios 90 and 91 of the administrative file, volume 1 provided by the plaintiff). 15) Subsequently, the plaintiff company presented plans […] which were not approved (visados) (uncontroverted fact according to folios 273 to 356 of the judicial file). 16) To grant these approvals (visados), it was taken into account that the lots front a public street, with frontages and areas greater than those required by urban regulations and that the area has public services (see folios 90 and 91 of the administrative file, volume 1, provided by the plaintiff). 17) That in resolution \"Forest Harvesting\" (Aprovechamiento Forestal) No. VC-04-PP-082-2007 at fourteen hours thirty-five minutes on June thirteenth, two thousand seven, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación granted the company a permit to cut seven trees on the lot intended for subdivision (fraccionar) (see folios 202 to 204 of the administrative file). 18) By note of June seventeenth, two thousand seven, the Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Jesús denounced to the Municipal Council that Engineer Nombre529 had interests in the project, because his wife was a seller of the lots (see folio 232 of the administrative file). 19) Through official letter MAT-OCV-085-2007 of June twenty-seventh, two thousand seven, the Municipal Engineer rejected the approval (visado) of several lots because the areas established as \"stormwater drainage issue (cuestión de salida pluvial)\" are lands that fail to meet the minimum standards established by the Ley de Planificación Urbana and the Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones (\"frontage-to-depth ratio (relación de frente por fondo)\") (see folio 220 of the administrative file). 20) By note presented on July eleventh, two thousand seven, the company resubmitted the request to mark the sidewalk, curb, and gutter (acera, cordón y caño) in accordance with Article thirty-three of the Ley de Construcciones, which was approved in an official letter of August seventh, two thousand seven by Municipal Engineer Nombre529, giving the location and guidelines regarding the stormwater drainage (desfogue de aguas pluviales) (see folios 224, 298, and 299 of the administrative file). 21) Having contracted with the company Durman Esquivel for the construction of the treatment plant, in official letter UPAHORCN-1123-2007 of July twelfth, two thousand seven, the Ministry of Health (Ministerio de Salud), Central North Region, granted a location permit for the treatment plant (see folios 228 to 231 of the administrative file). 22) That the plaintiff company prepared the document called \"Environmental Assessment Document D-1, Proyecto Villas de Jesús de Atenas\" in order to obtain the Environmental Feasibility Certificate (Certificado de Viabilidad Ambiental) from the Secretaría Técnica Ambiental, which it accompanied with the following documents: a) On October seventeenth, two thousand five, the consulting engineering firm Nombre147 issued an opinion on tests for .... for lot subdivision (lotificación) located in Atenas, Alajuela, in which it made recommendations for drainage of sewage (aguas servidas) for residential use; b) With a technical report of December two thousand five, Geologist Eduardo Hernández García issued a \"Contaminant Transport Study\" for the residential project, in which he concluded that based on the technical parameters he had analyzed, the residual waters (aguas residuales) of domestic origin or septic tanks and drains, do not represent a risk of groundwater contamination (folios 126 to 131, and 240 to 297 of the administrative file). 23) The Asociación de Desarrollo de Barrio Jesús requested three technical reports regarding the situation of the area, from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, and from Geologist Guillermo Guzmán Alpízar, which it delivered to the Municipal Council, in which the following conclusions were reached: a) the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in official letter DGAMB 786-2007 of September sixth, two thousand seven, from the Dirección de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico, after conducting an inspection in the area, recommended, among others, \"to the Municipality of the Canton of Atenas, in this case and others that may occur in the area, not to authorize projects of this type, until the landowner(s) demonstrate through the EsIA, that they will not affect in any way the quality, quantity, and continuity of the waters that are being used for consumption by the communities; likewise, earthworks (movimientos de tierra) and other activities that could affect water quality should not be permitted, before any project has been duly authorized and approved by the authorized entities.- Because the project is located in front of the AyA water intake, located in the district of Jesús, within the micro-watershed of the Quebrada Barro, it is important to clarify that any earthworks (movimiento de tierra) or residential project in the area could directly affect the quality of the waters used for supplying the population; given the steep slopes of the mountains in the study area; for which reason the absolute protection of the immediate influence area of the Intake located on the Quebrada Barro is recommended. - Furthermore, it is important to maintain the absolute protection of the direct or indirect tributaries, located in the micro-watershed of the Quebrada Barro, to maintain the quantity and continuity of the waters used for supplying the mentioned communities\" (see folios 304 to 318 of the administrative file); b) The Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento issued a report in November two thousand seven, called \"Hydrogeological Study to determine infiltration zones (Recharge Areas) and hydrogeological vulnerability in the vicinity of the Quebrada Barro, Dirección2393, Atenas, Alajuela\", in which it concluded that according to the hydrogeological vulnerability, the area is classified as highly vulnerable, due to the type of aquifer, type of rock, and water table (nivel freático) found. In addition, it added that \"The immediate protection radius of well RG-778 has a value of 151 meters, a large part of this area is found (sic) within the studied area (Cadastral Plan […] Proyecto Urbanización Barrio Jesús). Therefore, this area should not undergo land-use change (cambio de uso de suelo), due to the presence of high water tables (niveles freáticos) and high hydraulic conductivities\" (see folios 320 to 328); c) Geologist Guillermo Guzmán Alpízar performed an interpretation of the previous Hydrogeological Study and concluded that the vulnerability is high, that the well protection radius is 151 meters, which implies that bacteria can be transported 151 meters before dying, and this radius overlaps with the development (urbanización) area, so said study recommends not changing the land use (uso del suelo) and keeping it as a protection zone for the aquifer (see folio 331 of the administrative file). 24) By agreement of the Municipal Council taken in ordinary session No. 119 of November 19, 2007, it was ordered to send a copy of the Acueductos y Alcantarillados report contained in official letter DGAMB 786-2007 from the Dirección de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico to the Mayor, so that all recommendations would be adopted and taken into account by the Engineering Department, which was received on November twenty-seventh of that same year by the Secretariat of the Office of the Nombre20665 (see folio 329 of the administrative file). 25) In official letter DEP-2008-173 of February twenty-sixth, two thousand eight, the Dirección de Estudios y Proyectos, Unidad de Aguas Residuales of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados indicated that there were no objections regarding the plans for the wastewater treatment plant (planta de tratamiento de aguas residuales) of the appellant company's project, in cadastral plan […] in the Canton of Atenas (see folio 333 of the administrative file).\n\n26) The Legal Advisor informed the Municipal Council that this project required all technical and legal requirements for an urban development process, and reported that in official communication MAT-OCV-089-2008 of April twenty-fifth, two thousand eight, issued by the Head of the Cadastre and Valuation Office, the approval (visado) of eighteen plans was under review, which was denied based on the same type of considerations expressed by the INVU in official communication PU-C-D-575-2007, and that despite the absence of any permit from the municipality, work tending to the preparation of the project was carried out on the property (earthworks (movimiento de tierra), tree felling, lot demarcation (see folios 428 to 430 of the administrative file).\n\n27) The Technical Environmental Secretariat granted \"environmental viability (viabilidad ambiental)\" by mid-two thousand eight, for the project described as follows: Jesús District, Canton of Atenas, Province of Alajuela, farm registered under real folio number […] with surveyed plan No. […], consisting of a segregation of a farm with an area of 13,371.37 square meters, into forty-eight lots averaging one hundred fifty square meters each, facing two public streets, as a low-cost housing alternative for residents. Regarding services, the water supply would be provided by means of an existing well within the property, and piping was already installed in each lot. Solid waste would be collected by the Municipality of Atenas and electric service by ICE. Blackwater would be treated by means of a water and sewer utility (A y A) treatment plant. Stormwater would be discharged to the public street and subsequently channeled to Barro Creek (see folios 386 to 388 of the administrative file).\n\n28) By agreement of the Municipal Council made in Ordinary Session No. 185 of September twenty-ninth, two thousand eight, the recommendation of the Legal Advisor contained in the report dated September 29, 2008, was approved, in which he responded to the request for a permit for the construction of the treatment plant, to the effect that the \"Villas de Jesús Atenas\" project is an urban development project, which requires compliance with the requirements stipulated by the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), including the transfer of public-use areas (cesión de áreas de uso público). He stated that all submissions presented by the interested company, including plan approvals (visado) and construction permits, must be considered within the comprehensive proposal for said project, which must be submitted to the Municipal Council. It was additionally ordered that the company be asked to submit the complete preliminary project to the Municipality, for the knowledge and decision of the Council, in order to verify compliance with technical and regulatory requirements, and to decide whether it is approved or denied, following a report and recommendation from the Municipal Engineering Department, such that the request for the treatment plant construction permit would not be resolved until then (see folios 428 to 435 of the administrative file).\n\n29) This agreement was communicated to the Engineering and Inspections Department by official communication MAT-SC-PR-997-08 of October seventh, two thousand eight (see folios 102 to 104 of the administrative file provided by the plaintiff, volume 1).\n\n30) On October tenth and fifteenth, two thousand eight, the company Nombre53625 provided the Municipal Council with the requested preliminary project, which was transferred to the Engineering Department in official communication MAT-SC-PR-1023-08 of October twenty-second, two thousand eight, so that it could issue a technical opinion (see folios 440 and 441 of the administrative file and folio 93 of volume 1 of the administrative file provided by the plaintiff).\n\n31) In sessions of October thirteenth and twentieth, two thousand eight, the Municipal Council agreed to refer the matter to the Engineering and Inspections Department for technical review of the project (see folio 105 of the administrative file provided by the plaintiff, volume 1).\n\n32) By written submissions of November fifth and seventeenth, two thousand eight, the representative of the company Nombre53625 presented a document in which he referred to the lack of response to the documents he submitted on October fifteenth, two thousand eight, with which he believed he had complied with all legal requirements (see folio 457 of the administrative file and folios 106 and 107 of the administrative file provided by the plaintiff, volume 1).\n\n33) Engineer Bayardo Noguera, in his capacity as a Consultant hired by the Municipality of Atenas, issued the document \"BN-001-09 Analysis of Documents for Permits - Subdivision Project Villa de Jesús de Atenas\" dated January ninth, two thousand nine, which he brought to the attention of Nombre20665 and the Municipal Council, making the following observations regarding the construction plans: \"- Does not present seals from the INSTITUTE OF HOUSING AND URBANISM (INVU). // - Does not present seals from the Ministry of Health. // - Does not present seals from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. // - No calculation report for the storm sewer is attached. - Does not present an electrical service supply design. // - Furthermore, said sheet presents some inconsistencies: // a. Indicates that 67 connections (previstas) will be installed. // b. Does not indicate the location of the treatment plant, nor define the condition of these lots. // c. Lacks sidewalk detail and the concrete for these must have a compressive strength of 210 kg/cm2. // d. Must indicate sidewalk access ramps and their construction details, to comply with Law 7600. // e. Does not indicate the type of material for the gutter (cunetón). // f. Does not present detail of the street construction, nor indicate the material to be used. // g. Does not indicate the gradient of the discharge pipe. // h. Indicates the potable water network as an open trench (pred abierta) and with an inverted gradient.\" // Engineer Noguera concluded with the following recommendations: // \"1. There is inconsistency in the number of lots indicated. // 2. The treatment plant is designed for a smaller number of lots. // 3. Long-term operational plan for the treatment plant and its funding source is not defined or guaranteed. // 4. Define the operationality of the Environmental Management Plan, for which it is recommended that the Municipal Council request from the ministries of education, health, security, and transport whether the installed capacity supplies the proposed growth. // 5. It is recommended that the Municipal Council request from the Institute of Aqueducts and Sewers an ENVIRONMENTAL IMPACT STUDY (ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL) on the project, to define its viability. // 6. All that is indicated on pages 7 and 8 of this report must be incorporated into the supplied construction plan. (already transcribed) // 7. For the calculation of municipal taxes, it is recommended to consider a value close to 151 million colones, based on the information supplied and updated.\" (see folios 464 to 475 of the administrative file).\n\n34) The previous report was made known to the Municipal Council, in the presence of the Municipal Nombre20665, Lic. Wilberth Aguilar Gatgens, in Extraordinary Session No. 2190 of January twenty-seventh, two thousand nine, in which it was agreed, for relevant purposes, to make known the official communication PU-C-D-575-2007 from the Acting Director of Urbanism of the INVU, which classified the project as a simple subdivision (fraccionamiento simple) facing existing public streets, regulated by the Regulation for the National Control of Subdivisions and Urbanizations (Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones), and issued instructions to the municipal Administration not to grant permits until the legal requirements were met (see folios 476 to 478 of the administrative file).\n\n35) Engineer Noguera informed the Municipal Council, in official communication No. BN-020-09 of February ninth, two thousand nine, that according to the Law the project is considered a simple subdivision (fraccionamiento simple), but all basic services must be improved, such as streets, potable water, wastewater, stormwater, and electricity, which is being requested from the developer. He added that \"segregation cannot be provided if all basic services are not in place\" and recommended requesting an Environmental Impact Study from AyA in order to contrast it with the contracted environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) (see folios 479 to 482 of the administrative file).\n\n36) By means of a note presented on February thirteenth, 2009, the company Nombre53625 requested that positive administrative silence (silencio positivo) be applied in its favor based on a treatment plant built by them within the land under consideration (see folios 156 to 150, and 133 to 139 of the administrative file, volume I, file provided by the plaintiff company and folios 483 to 489 of the administrative file).\n\n37) By official communication No. MA-DA-WA-0036-2009 of February sixteenth, two thousand nine, the Municipal Nombre20665 delivered to the Municipal Council a copy of the request for positive administrative silence (silencio positivo), and stated that it would be resolved by the following day (see folio 490 of the administrative file).\n\n38) By note MAT-WA-14-09 of February seventeenth, two thousand nine, the Mayor (Nombre20665) of Atenas, deemed the positive administrative silence (silencio positivo) approved in favor of the project regarding the construction permit for a Blackwater and Wastewater Treatment Plant and the Villa Jesús project (see folios 144 to 145 of the administrative file, volume I, file provided by the plaintiff company and folios 494 and 495 of the administrative file).\n\n39) Based on said approval, the plaintiff company paid the construction tax and began construction of the cited work (see folios 292, 386 to 394 of volume two and 548 to 553 of volume 3 of the administrative file provided by the plaintiff, and this is an uncontested fact as can be seen from folios 273 and 356 of the judicial file).\n\n40) On February twenty-third, two thousand nine, the plaintiff company presented a note to the municipality in which it exempted the municipality from the provision of potable water service for the plans lacking approval (visado) (see folio 331 of the administrative file provided by the plaintiff, and this is an uncontested fact as can be seen from folios 273 and 356 of the judicial file).\n\n41) By note MAT-IC-03-2009 of March twenty-third, two thousand nine, Ing. Fabián Alfonso Méndez Martín, municipal engineer of Atenas, referred the plaintiff company's matter to the reference Municipal Council for knowledge of the construction permits for lots 29 and 30 of the plaintiff company, noting that technically all legal requirements are met (see folios 204 and 205 of the administrative file, volume I, file provided by the plaintiff company).\n\n42) By note MAT-WA-16-2009 of February 23, 2009, the Municipal Nombre20665 informed the Municipal Council about the request for positive administrative silence (silencio positivo) required by the plaintiff company (see folios 125 and 128 of the administrative file, volume I, file provided by the plaintiff company).\n\n43) By reason of official communication MAT-WA-14-09 of February seventeenth, two thousand nine, from the Mayor (Nombre20665) of Atenas, on February twenty-fourth, two thousand nine, construction permit No. 030-2009 was granted (see folio 501 of the administrative file).\n\n44) In article IV of Ordinary Session 220 of March sixteenth, two thousand nine, the Municipal Council of Atenas agreed to declare without merit the plaintiff company's request that positive administrative silence (silencio positivo) be declared in its favor regarding the construction of a water treatment plant, on the basis that the requirements had not been met and by virtue of the fact that said administrative silence does not operate in environmental matters. Likewise, to not endorse the positive administrative silence (silencio positivo) that Nombre20665 granted at the time by official communication MAT-WA-14-04 of February seventeenth, two thousand nine, on the previous grounds, to request from the municipal engineer a report on the project regarding compliance with requirements, to request the intervention of the INVU's Directorate of Urbanism regarding compliance with the indicated requirements, and to urge the Administration not to grant approval (visado) to any surveyed plan regarding the project (see folios 199 to 203 of the administrative file, volume I, file provided by the plaintiff company, and this is an uncontested fact as can be seen from folios 273 and 356 of the judicial file).\n\n45) The affected company filed an appeal against said act (see folios 189 to 170 of the administrative file, volume I, file provided by the plaintiff company, and this is an uncontested fact as can be seen from folios 274 and 357 of the judicial file).\n\n46) On March twenty-third, two thousand nine, the Municipal Engineer, by official communication MAT-IC-03-2009, addressed to the Municipal Council, attached the plaintiff's matter relating to the construction permit for housing on two properties, as it complied with the legal requirements (see folios 286 and 287 of the administrative file provided by the plaintiff, volume 1, and this is an uncontested fact as can be seen from folios 273 and 356 to 362 of the judicial file).\n\n47) On March twenty-third, two thousand nine, in session number two hundred twenty-two, the Municipal Council of Atenas took note of the previous official communication and agreed that the responsible party accompany them at the next session and present the report on the plaintiff's project (see folios 206 and 207 of the administrative file provided by the plaintiff, volume 1, and this is an uncontested fact as can be seen from folios 274 and 356 to 362 of the judicial file).\n\n48) By virtue of subsections 1.a, b, c, and e, of article IV of Ordinary Session two hundred twenty-five of April sixth, two thousand nine, the Municipal Council of Atenas agreed to admit the appeal filed by the interested company against the previously indicated act and its referral to the improper hierarch for consideration, as well as \"Clarify the scope of the challenged agreement in the sense that the Council's differing position regarding the positive administrative silence (silencio positivo) granted by the Mayor's Office does not constitute the nullification or revocation of this act, given that the legal procedures for such effect have not been followed\" (see folios 199 to 203 of the administrative file, volume I, file provided by the plaintiff company).\n\n49) On June sixteenth, two thousand nine, by official communication MAT-SC-GR-277-09, the agreement adopted by the Municipal Council of Atenas was communicated, in article VI of Ordinary Session 237 of June eighth, two thousand nine, which, for relevant purposes, states: \"Clarify that any precautionary measure issued by this Council in relation to the Villas de Jesús Project was rendered null and void, due to the issuance of the positive administrative silence (silencio positivo) granted by the Mayor's Office (see folios 296 and 334 of volume 2 of the administrative file provided by the plaintiff, in addition to being an uncontested fact as can be seen from folios 274 and 364 and following of the judicial file).\n\n50) Following the previous agreement in June two thousand nine, the municipality granted two single-family home construction licenses, which entailed the payment of the municipal construction tax (see folios 297 to 333, 286 to 289, 290, 296, 334, 373, 386, 389 to 394, 548 to 553 of volume two of the administrative file provided by the plaintiff, and this is an uncontested fact as can be seen from folios 275 and 364 and following of the judicial file).\n\n51) By resolution number MAT-DA-WA-0150-2009 of July ninth, two thousand nine, notified on the tenth of that same month and year, the Municipal Mayor's Office of Atenas ordered the suspension of the aforementioned construction licenses (see folio 388 of volume two of the administrative file provided by the plaintiff, and this is an uncontested fact as can be seen from folios 275 and 364 of the judicial file).\n\n52) On July seventeenth, two thousand nine, the plaintiff filed an appeal against the act adopted by the Mayor (Nombre20665) (see folios 427 to 446 of volume two of the administrative file provided by the plaintiff, and this is an uncontested fact as can be seen from folios 275 and 364 of the judicial file).\n\n53) On July twenty-third, two thousand nine, the private company requested the municipal corporation, that in compliance with article forty of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana), the deed of transfer (escritura de cesión) for the area of the project in question be executed, as it was approved (see folios 465 to 469 of volume two and folios 613, 614 and 743 to 746 of volume three of the administrative file provided by the plaintiff, and this is an uncontested fact as can be seen at folios 275 and 364 of the judicial file).\n\n54) On August sixth, two thousand nine, by official communication MAT-OC-064-2009, the municipal surveyor referred to the Municipal Nombre20665 a summary of the favorable opinions issued by the different public institutions related to the approval of the project (uncontested fact as can be seen at folios 275 and 364 of the judicial file).\n\n55) The Municipal Council, instead of resolving the appeal filed by the plaintiff on July seventeenth, two thousand nine, decided to approve a legal report and refer the matter to Nombre20665 for his consideration (uncontested fact as can be seen at folios 275 and 364 of the judicial file).\n\n56) This act was not notified to the interested company until August thirty-first, two thousand nine, by means of official communication MAT-SC-GR-526-09 (uncontested fact as can be seen at folios 276 and 364 of the judicial file).\n\n57) By official communication MAT-IC-73-2009 of September seventh, two thousand nine, the Municipal Engineer issued a complete report on the permits that had been granted in the Villas de Jesús de Atenas project, including construction permits, noting that the legal requirements had been satisfied (uncontested fact as can be seen at folios 276 and 365 of the judicial file).\n\n58) By official communication MAT-WA-07109 of January fifteenth, two thousand ten, the Municipal Mayor's Office proceeded with the ex officio re-evaluation of the measures ordered by official communication MAT-DA-WA-0150-2009, ordering the lifting of the construction suspension order (uncontested fact as can be seen at folios 276 and 365 of the judicial file).\n\n59) On May twenty-fourth, two thousand ten, by official communication MAT-IC-29-2010, signed by the Municipal Engineer, it was made known to the Council that the Mayor (Nombre20665) ordered him to carry out technical studies of the works to verify that they were in accordance with what was approved and to proceed with the execution of the project (uncontested fact as can be seen at folios 276 to 365 of the judicial file).\n\n60) The Municipal Council of Atenas, in Ordinary Session 6 of May twenty-fourth, two thousand ten, in article one, subsection five, took note of the aforementioned official communication MAT-IC-29-2010 (uncontested fact as can be seen at folios 276 and 365 of the judicial file).\n\n61) By resolution 2300-2010 of the Third Section of this Tribunal, at ten hours on June seventeenth, two thousand ten, acting as improper hierarch, considered the appeal filed by Nombre53625, legal ID […], against the agreement adopted by the Municipal Council of Atenas in Ordinary Session No. 220, held on March sixteenth, two thousand nine, which ordered the declaration without merit of the request for administrative silence (silencio administrativo) filed on February 13, 2009, regarding the construction permit for a blackwater treatment plant and the subdivision project (proyecto de fraccionamiento) called Villa Jesús de Atenas, which corresponds to the property in the Province of Alajuela, registration […], due to non-compliance with requirements and the inadmissibility of positive administrative silence (silencio positivo) in environmental matters. In said agreement, the administrative silence (silencio) that the Municipal Mayor's Office had granted by official communication MAT-WA-14-09 of February 17, 2009, was not endorsed; it was ordered to request a report from the municipal engineer on the project and compliance with all requirements, the intervention of the INVU's Directorate of Urbanism, and to urge the Administration not to grant approval (visado) to any surveyed plan until the required reports are available, known, and resolved by the Municipal Council. It additionally requests that the agreement taken in article VI of ordinary session No. 185 of September 290, 2008, which was never notified to it, be annulled. Resolving to confirm the appealed agreement and the administrative channel is deemed exhausted. In its reasoning, the improper hierarch states: \" ..... With the application of positive administrative silence (silencio positivo) by the party and, above all, with resolution MAT-WA-14-09 of February 17, 2009, issued by Mayor (Nombre20665) Wilbert Aguilar Gatgens, as well as with construction permit No. 30-3009 of February 24, 2009 (folios 494, 495 and 501), a legal misstep occurred that purported to bring about a legal effect of the utmost delicacy, since from that point on the company erroneously considered the right to carry out the authorized constructions to be consolidated, reinforcing the supposed existence of a subjective right in its favor. It is for this reason that serious defects are observed in both administrative acts, which are legally inadmissible according to the grounds presented, completely contrary to the legal system and, therefore, must be understood as non-existent. // VI.- Regarding the simple subdivision (fraccionamiento simple) and an urban development project. The Urban Planning Law identifies the difference between a subdivision (fraccionamiento) and an urban development project, which are indispensable due to the legal implications these processes entail, making it necessary to determine the difference between the two concepts, which derives from the Urban Planning Law, article 1. Thus, // \"Subdivision (Fraccionamiento), is the division of a property with the purpose of introducing it into the commerce of men, which presupposes, as each local government must verify when granting the corresponding approval (visado), that it conforms, in terms of size and characteristics, to the current urban development provisions, especially the local Land Use Master Plan –if one exists– as well as the development regulations and other special public order laws. The subdivision that the law calls 'simple' does not include a process of urban habilitation for the use and enjoyment of the parcels resulting from that subdivision, and this is so because the legislator assumes that in these cases, the plots have access routes and green areas resulting from previous urban development. It is for this reason that article 40 of the Urban Planning Law provides: // '(…) Likewise, simple subdivisions of parcels in previously urbanized areas are exempted from the obligation to transfer areas for parks and communal facilities…' (emphasis not in original). // When a certain area is previously urbanized, the purchasers of the subdivided parcels have access to the plots, parks, and communal facilities, and one must not lose sight of the fact that this forms part of their right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment (article 50 of the Constitution). For this reason –it is reiterated– the legislator has not deemed it necessary to require in the case of a 'simple' subdivision with prior urban development, greater land endowments for reasons of social interest. Approval (visado) for simple subdivisions, due to their minor significance, is usually granted to an official (e.g., Municipal Engineer) different from the one entrusted with 'complex' approvals (visados) (e.g., Municipal Council, urban planning commissions, etc.), the former lacking the competence to authorize a different type of approval; this being the case if urban regulations make such a distinction. Now, a subdivision that is part of an urbanization process and entails the habilitation of plots, for the first time, for urban purposes, must be provided with streets, green areas, and parks, as well as the necessary services for their use and enjoyment. In this second scenario, we are dealing with a complex process of subdivision and urbanization that introduces limitations on private property for urban planning reasons (article 22 of the Urban Planning Law), which the Constitutional Court has indicated are fully consistent with the Law of the Constitution (Voto N° 5097-93 of 10:24 hrs on October 15, 1993). The residential or subdivision project that we will call 'complex' is provided for in section 40 of the Urban Planning Law which, as relevant, states: // 'Every subdivider of land (…) and every urbanizer shall transfer free of charge to public use both the areas destined for roadways and those corresponding to parks and communal facilities; what is established for the latter two concepts shall be determined in the respective regulation, by setting percentages, of the total area to be subdivided or urbanized, which may fluctuate between five percent and twenty percent, depending on the average size of the lots, the intended use of the land, and the applicable norms. Notwithstanding the foregoing, the sum of the land that must be transferred for public roadways, parks, and communal facilities shall not exceed forty-five percent of the total surface area of the land to be subdivided or urbanized. (…) // The urbanizer's obligation to equip the subdivided parcels with accesses, green zones, parks, and public roadways obliges them to comply with urban provisions that establish minimum standards regarding space, quality, quantity, and other requirements demanded by law and development regulations regarding those areas. The local government must exercise its police power in a timely manner, guaranteeing to the residents of the canton that the works will be carried out in the manner set forth by the urban planning regulations and with the conditions those regulations stipulate. It suffices that a parceling requires works to enable access and provide various services to some of those plots, to assert that there is not a 'simple subdivision', but rather a residential project that must, consequently, comply with all the indicated requirements. Urban residential projects can only enable access to the plots through public roadways that must have the dimensions and requirements of the General Public Roads Law and, the Regulation for the National Control of Subdivisions and Urbanizations, in the absence –in this last case– of specific provisions in local regulations. (Resolutions of this same Section number 175-2009 of three forty p.m. and 176-2009, of three fifty p.m., both of January thirtieth, two thousand nine, supra cited.) // Thus, in cases of approval of construction permits for urbanizations, the Local Government must verify that it fully complies with the respective provision of public roadways, green and communal areas, and especially –of relevance for the resolution of this matter– the habilitation and implementation, at the urbanizer's expense, of public services, such as electricity, telephony, potable water, and aqueducts and sewers, the latter, in case the infrastructure for it exists. Consequently, the failure to adapt urban development projects to the requirements established in the urban planning regulations obliges, per se, the rejection of the initiated procedures, in application of the principle of legality. // VII.- Regarding the nature of the Villas de Jesús de Atenas Project. Within this case, the legal nature of the Villas de Jesús Project must be clarified, since both the Municipal Engineer and the Company Nombre53625 have classified it as a 'simple subdivision (fraccionamiento simple)', pursuant to the Regulation for the National Control of Subdivisions and Urbanizations. According to what can be inferred from the documents provided to the Municipality, in accordance with the conclusions of Engineer Bayardo Noguera Paz incorporated within the document called 'Technical Analysis of Documents for Permits', the project, even though it has been called a simple subdivision (fraccionamiento simple), is in reality an entire urban development project aimed at providing a housing solution in 48 lots, within a piece of land lacking all services. It can be seen from the various actions taken that the Company Nombre53625 has been processing, one by one, all those permits necessary to build an urbanization and equip it with basic services. Both the company and the Municipal Engineer justified that it was a simple subdivision (fraccionamiento simple), solely by the fact that the farm is surrounded by public roadways and all the lots would face a public street. In this regard, it must be noted that even though the farm is surrounded by public roadways, it is evident from the permit granted by the Mayor that the farm subject to segregation lacks essential services, and what was authorized was the construction of the wastewater treatment plant, improvements to the public street, ballasting (encascotado), curb and gutter (cordón y caño), sidewalks, stormwater drainage (evacuación de pluviales), and potable water, which is far from being a simple subdivision (fraccionamiento simple) in the terms set forth above.\n\nWhat emerges is that the developer's actions are outside the law, since it seeks to erect a housing development but without fully complying with all the necessary requirements for that purpose, which include, among others, the presentation of the preliminary project and compliance with all legal requirements, as made known by the technical report of Engineer Bayardo Noguera, in which serious deficiencies were evidenced that must be addressed by the developer and that were transcribed in Proven Fact 26 of this resolution. The foregoing means that the appealed agreement of the Municipal Council, being aware of the existing technical reports, correctly applied the block of legality, insofar as it adhered to the unequivocal rules of science and technique (Article 16 of the Ley General de la Administración Pública), with which the Administration is compelled to ensure that its actions do not contradict the theoretical knowledge acquired from the various methodologies and disciplines of science and technique, so that what the municipality resolves regarding any building permit (permiso de construcción) must be in accordance with the results emanating from the technical studies required for the specific case. It should be noted that there are not even studies reflecting the real supply capacity of the existing well for forty-eight houses, which was authorized by MINAET exclusively for domestic use, nor the management system for the treatment plant, among other serious deficiencies. From this it follows that no grievance expressed by the company to the contrary is admissible. // VIII.- On the powers of the Municipal Council in urban planning matters. Finally, it is necessary to analyze the participation of the Municipal Council in the actions analyzed, since it resolved in contravention of what was communicated by the Mayor. The process of strengthening territorial decentralization through greater political and financial autonomy gives a leading role to the Nombre20665 -an official democratically elected in each locality-, who incorporates within the municipal body an administration system that must efficiently and economically combine human, material, and financial resources with the aim of achieving the proposed goals. That is why the administrative task assumed by the Nombre20665 is summarized in the basic functions of planning, organization, integration, direction, and control, in order to achieve the commitment and identification of the other members, so as to carry out the proposals initially presented by him before the community, all for the socio-economic development of the locality. Among the main functions assigned to him by Article 17 of the Código Municipal, the following can be indicated: // a) Exercise the general administration of the municipality. // ... // e) Present to the Municipal Council a government program based on a diagnosis of the canton's reality... // However, his management is carried out simultaneously with the powers of the Municipal Council, which is the deliberative body of the municipality, composed of the councilmembers who are also popularly elected. Article 13 of the Código Municipal includes as powers of the Council, among others: // “a) Set the policy and development priorities of the municipality, according to the government program registered by the municipal Nombre20665 for the period for which he was elected. // ... // o) Dictate urban planning measures.” // As can be seen from the transcribed text, the Municipal Council has the obligation to respect the government program presented by the Mayor, to which any project or service provided by the local entity must be subordinated. As the competent body in urban planning matters, it fell to the Municipal Council to approve everything concerning this project, given that it is not a simple subdivision (fraccionamiento simple) according to the cited rule, in strict application of numerals 11 of the Political Constitution, and 11 and 13 of the Ley General de la Administración Pública. This allows concluding that the grievances expressed by the appellant company are not admissible, with the agreement brought on appeal being considered correctly decided. // IX.- By virtue of all the foregoing, the grievances of the appeal filed not being admissible, the appropriate action is to confirm the appealed agreement and deem the administrative remedy exhausted.\" (see folios 843 to 867 of volume 3 of the administrative record). 62) By official letters MAT-IC-62-2010 dated August sixteenth, two thousand ten, MAT-IC-69-2010 of September second, two thousand ten, and official letter MAT-INGM-74-2010 of September seventeenth, two thousand ten, signed by the municipal engineer, he informs Nombre20665 and the Municipal Council that the project complies with each and every one of the requirements that have been requested (an uncontested fact as seen at folios 277 and 365 of the judicial record). 63) That the project complies with all legal requirements in the event of corresponding to a simple subdivision (fraccionamiento simple) (see the statement of Messrs. López León and Méndez Marín given at the oral and public trial). 65) That the plaintiff company suffered acts of vandalism regarding its well, at one of the moments when the project was halted (see the statement of witnesses Nombre41092 and V).\n\nIV. FACTS NOT PROVEN: The following are deemed as such: 1) The Villas de Jesús Project would have adequate and necessary water supply (the record); 2) Who would assume maintenance of the treatment plant after the first year of use (the record); 3) The existence of approval by the Municipality for solid waste collection (the record). 4) That Mr. Nombre20665 of Atenas had the authority to accept the project at hand (the record). 5) That the plan approvals (visados de planos) granted to the plaintiff company, the building permits (licencias de construcción), or the project approval granted in due course, were annulled in accordance with the legal procedure established for that purpose (the record). 6) That any conduct displayed by the plaintiff or the public officials who acted was carried out with intent to act outside the law (the record). 7) That the works authorized for construction in the project are unfinished to date due to any administrative action (the record). 8) That the suspension of the works ordered by the Municipal Council and the Mayor, both of the Municipality of Atenas, are supported by legal or legitimate grounds of administrative action (the record). 9) That the damage suffered to the well owned by the plaintiff has any causal link with the public corporation (the record). 10) That the plaintiff suffered any objective moral damage that is susceptible to compensation (the record). 11) That the plaintiff sold any lot in the project or that the sale thereof was frustrated as a result of the facts motivating this proceeding (the record). 12) That there is any harm against the plaintiff that is susceptible to compensation (the record).\n\nV. THE MUNICIPAL REGIME AND URBAN REGULATION: Municipalities are local entities that enjoy relative autonomy in the exercise of their functions, based on territorial decentralization, as inferred from numeral one hundred sixty-eight of the Political Constitution. This level of independence is granted by precept one hundred sixty-nine of the Magna Carta, within the framework of their territorial competence, comprised of the physical area designated for the canton they represent, insofar as it indicates that each town hall is responsible for: the \"administration of local interests and services …\"; thus the fundamental charter confers a series of functions or powers in favor of those governments by reason of \"the local,\" that is, to administer the services and interests of the sphere to which it is circumscribed, i.e., the canton. In this way, it is clear that there are interests whose safeguarding corresponds to the Municipalities and alongside them, others coexist whose constitutional or legal protection is attributed to other public entities, with the understanding that competence is not exclusive, especially when there are local interests that are simultaneously regional or even national, such that interests converge from the local to the national level, without prejudice that in some cases their impact is limited to the smallest sphere. The territorial sphere of the municipality constitutes an original competence of the town halls and can only be displaced from them by a nationalization law, provided that such legislative expression does not entail a breach of the referred autonomy or imply emptying the constitutional content of the municipal regime. For its part, Article four of the Código Municipal, Law No. 7794 of April thirtieth, nineteen ninety-eight, develops the types of autonomy that the ordinary legislator considered these corporations possess, indicating that they have political, administrative, and financial autonomy (see Sala Constitucional, votes 5204-2004 and 8928-2004). Within this dynamism of interests lies the urban planning topic, where the interest is essentially local, but with transcendence beyond the cantonal level, reaching national issues. Thus, the Ley de Planificación Urbana establishes a coordination, where each Municipality is responsible for approving the respective Regulatory Plan (Plan Regulador), with approval by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo for the implementation of a national development policy that integrates all the technical, economic, and social variables that converge in this activity. The opposite situation occurs regarding environmental matters (to the extent that different ecosystems and biological corridors run throughout the territory) where its interest is national, but its concrete application directly affects the territorial sphere of each municipality. The Sala Constitucional in resolution No. 5445-99, in addition to developing the bases of municipal autonomy, established the interaction of interests and determined the mandatory coordination of the local, regional, and national, to satisfy the different interacting public interests. Despite autonomy, the principle of legality of constitutional origin in canon eleven, determines that constitutional and legal competences must be exercised under the protection of the legal norms that define, delimit, and specify their functioning; this is indeed a guarantee for the municipal resident and civil society in general, that the public acts emanating from those local entities are consistent therewith. This includes, as a rule of principle, a due application of the norms, not only in their content, but also in respecting their hierarchical level, from which it is inferred that applications of infra-legal measures that are opposed or contrary to the law are unfeasible. Municipal autonomy, imposed by the Magna Carta, confers on local corporations a special competence for the administration of the interests and services of their territorial competence (Articles 169 and 170), a competence that prevails over that of other institutions, within the context of the locality. Numeral fifteen of the Ley de Planificación Urbana, No. 4240 of November fifteenth, nineteen sixty-eight, grants local entities the basic competence to regulate and monitor everything concerning urban planning and development within the limits of their territorial competence, which is nothing more than the development of the aforementioned article one hundred sixty-nine of the fundamental charter. Consequently, each of the territorial corporate entities must provide what is necessary to implement a regulatory plan (plan regulador), and the related urban development regulations, in the areas where it must govern, without prejudice to extending all or some of its effects to other sectors, where qualified reasons prevail to establish a specific control regime. The assigned competence is not limited to a mere planning aspect, but also includes the powers of control over urban development, which entails a degree of substantive oversight of both works in progress and those already executed. In accordance with the foregoing, Article one of the Ley de Construcciones, Decree Law No. 833 of November fourth, nineteen forty-nine, establishes these powers with evident clarity, which is taken up by Article thirteen, subsection o) of the Código Municipal, corresponding to the Council to dictate the norms and measures pertaining to urban planning. Thus, the execution of any work or building requires a municipal license, while it is the duty of the local entity to monitor them (mandates 74 and 87 of that legal body). Therefore, the prevalent role that the Municipality holds in these matters is evident, as it is incumbent upon it to arrange the specific measures on urban development and planning, as well as the granting of building \"licenses\" (licencias de construcción) and the control of those activities in accordance with the norms that regulate that field (see in this regard Sala Constitucional, in votes 2153-93 and 4205-96). Noting that the scope and effects of urban development and planning imply, in the vast majority of cases, the existence of coordination relationships with the rest of the public apparatus, which justifies the intervention of the Instituto de Vivienda y Urbanismo, the Instituto Costarricense de Electricidad, or the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, always within the scope of their competences. It cannot be forgotten that different aspects that transcend the mere urban aspect converge in an urbanistic project. In matters of an urbanistic nature, particularly the construction of housing developments (urbanizaciones) or residential complexes, the Ley de Construcciones and the Ley de Planificación Urbana, in their articles fifteen and thirty-two respectively, refer the concretion of the aspects that must be covered by the developers to a regulation, namely the Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones (3991 of December 13, 1982) and in construction matters, there is the so-called Reglamento de Construcciones (of March 22, 1983). In accordance with what is stipulated by canons fifteen and seventy-four of the Ley de Construcciones, every subdivision (fraccionamiento) and housing development (urbanización), as well as every work related to construction, must have an authorizing act issued by the corresponding Municipality. The aspects of safety, health, and beautification (ornato) are also regulated in the Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones, a norm that would be applicable to the effect, as it is a legal instrument of a preeminently technical nature, which contains, regarding housing developments, varied regulations on aspects such as access, road infrastructure, lot division, green and public areas, drainages, aqueducts, sewers, infrastructure, and finishes, among others. Naturally, the oversight falls on local governments, a norm that uniformly empowers municipal competencies. From this perspective, the role of the municipalities occurs in two instances, namely, preventive and oversight. In the preventive framework, the \"license\" is granted if it meets all the requirements, and in that comparison (qualitative and quantitative) such exercise materializes. In the oversight role, it verifies that what is being done in reality aligns with what was authorized; these are nothing more than manifestations of public power derived from competencies granted by the constitutional and legal order in this field, which justifies the Administration's empowerment. Likewise, oversight arises to the extent that it is possible that within a specific project, even if executed within the strict margins of what was approved, unconsidered impacts may arise—such as could be the archaeological, ecological, or environmental topic, among others—that would determine the stoppage of the work and its reconfiguration to adjust to the new unconsidered reality. Therefore, they allow it to deploy a series of inherent and necessary powers for the exercise of sound administration. These even empower it to suspend a specific work when it does not meet the due conditions, or, within its preventive and cautious aspect, to reject the building request when the legal and technical requirements imposed by the applicable provisions have not been satisfied. These are concrete manifestations of public power that allow the protection of legal principles, among others, safety, environment, and health. It therefore constitutes an inspection task regarding the constructive aspects of the structures erected within the municipality's territorial space, for the purpose of determining whether they meet the requirements that such legislation provides, as well as other regulations associated with the activity. These faculties and powers, within their teleological orientation, are placed at the service of public or collective interests, which, ultimately, are the object that legitimizes their incursion into the control and oversight of urbanistic activity. As they are competencies set by the Legal System (as a direct derivation of the constitutional competencies entrusted to them) and associated with the protection of public interests, the action of the local entity must weigh not only a superficial (formal) review task of construction permit (permiso de construcción) requests, but also a comprehensive and in-depth assessment of compliance with the legal and technical requirements imposed by the Legal System.\n\nVI.- ON AUTHORIZATIONS AND PERMITS IN URBANISTIC MATTERS: Contrary to what occurs in administrative concessions, in which the Administration transfers certain public powers to an individual, whether a natural or legal person, in authorizations, the Administration carries out a \"lifting of barriers\" for the exercise of a right that is already held, but that has not yet been administratively declared in favor of the applicant who is complying with the requirements imposed by the legal system as a whole. Hence, following Manrique Jiménez (JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA, 1st edition, San José, Imprenta y Litografía Mundo Gráfico, 1997), the Administration that authorizes does not delegate powers nor does it constitute rights, it simply declares them, since the rights already exist prior to the respective declaration, by reason of compliance with the legal system confirmed by the person who requests, in good law, the authorization itself. There is, therefore, on the part of the authorizing Administration, a declaration of will in favor of that public or private person who has complied with each and every one of the regulated requirements, with the Administration limiting itself to weighing the legality of what is requested within the scope of the public interest that the same Administration must protect. It is, in the best sense of the word, a declaratory act once a series of legal requirements have been verified. It is held, in principle, that in the face of the exercise of a subjective right, urged for its realization by an enabling act of the Administration, administrative discretion has no place, given that the authorizing Administration is legally obliged to issue it when the applicant has previously complied with the regulatory requirements; therefore, we find in the authorization two dimensions of regulated acts: those related to the content of the authorization and the act of its declaration that must be congruent with the reasons and purposes that justify it. However, the Administration does not thereby lose, once the authorizing act is issued, the powers of protection and control over the use and enjoyment of the permit (permiso), the license (licencia), or the authorization. Its original prerogative as an Administration that must satisfy and safeguard public interests does not disappear with the mere declaration, whether express or implicit, of the authorization. In essence, then, the Administration's power to revoke or annul licenses (licencias) or approvals does not disappear when dealing with conditional licenses (licencias sujetas a condición) or illegally granted licenses; of course, provided that the legal procedure has been followed in doing so, guaranteeing the full participation of the interested party and especially the right of defense and due process in general. Indeed, the subjective right of the authorization applicant is born with full compliance of the legal system, without the Administration being able to refute or ignore its declaration; but it is also not valid for the applicant to seek the individual application of a declaration of his right when he has not complied with the requirements regulated for the generality. Of the various manifestations of administrative authorizations, we find in licenses (licencias) one of its classic examples, and within them, the misnamed \"building permits\" (permisos de construcción), which municipalities must issue within their territory, in accordance with the Ley de Construcciones. Article 1 of said regulatory body provides: \"The Municipalities of the Republic are responsible for ensuring that the cities and other towns meet the necessary conditions of safety, health, comfort, and beauty in their public thoroughfares and in the buildings and constructions erected on the lands thereof, without prejudice to the powers that the laws grant in these matters to other administrative bodies.\" Article 2 adds: \"Scope of this Law. This law governs throughout the Republic. No building, structure, or element thereof shall be built, adapted, or repaired in the future except under the conditions that the respective Regulations stipulate. Nor shall demolitions or excavations be carried out on private property, nor shall the public thoroughfare be occupied, nor works be carried out thereon, without complying with the provisions of said Regulations.\" In turn, Article 74 of the Ley de Construcciones provides: \"Licenses (Licencias). Every work related to construction, carried out in the towns of the Republic, whether permanent or temporary in nature, must be executed with a license (licencia) from the corresponding Municipality.\" Article 78 establishes the tax on constructions by providing: \"License Fees (Derechos de Licencia). All licenses (licencias) shall incur fees, which shall be set in accordance with the tariffs in force, which shall take into account the amount of work to be executed or the occupation of the public thoroughfare, as well as its duration.\" Of fundamental importance for the matter at hand, Article 79, also of the Ley de Construcciones, establishes: \"Payment. For a license (licencia) to take effect, it is indispensable that the amount of the corresponding fees has been paid.\" In terms of penalties, the Law under comment provides: \"Powers. The Municipality may impose penalties for infractions of the rules of this Legal System. The penalties shall be those specified in the body of this Law and its Regulation (fines, closures, vacating, destruction of the work, etc.) and those indicated in this Chapter.\" Finally, it is appropriate to reproduce what is established in Article 90 of the Ley de Construcciones: \"Fines. The amount of the fine in no case shall exceed the economic harm implied for the Municipality by the failure to perceive the license fee (derecho de la licencia) corresponding to the violated concept.\" It is worth reiterating that the granting of any building permit (permiso de construcción) is conditional on the project in question being compliant with the applicable urban planning regulations; which implies prior enabling control or \"permit\" (permiso), accompanied by the monitoring activity during the execution of the authorized activity, so that it is carried out in accordance with the granted license (licencia) or permit (permiso) and the regulations governing the activity. Although up to this point we have used the concepts as similes, it is appropriate to make some distinctions. Authorization is understood as an act of \"enabling or permission,\" being defined as the \"administrative act by which the public administration grants the managed party the power to exercise pre-existing rights after a discretionary assessment of its appropriateness and utility regarding the general interest. Authorization, in such case, results from an express petition by the managed party but is generally discretionary as to the motive and content. The difference between this type of authorization and a license (licencia), in a strict sense, lies in the fact that the latter has an effect similar to authorization but is regulated; that is, its content is regulated.\" (JINESTA LOBO, Ernesto. Tratado de Derecho Administrativo, Volume I. Biblioteca Jurídica Diké. p. 449). For its part, a permit (permiso) is understood as that \"act that authorizes a person - the managed party - for the exercise of a right, in principle, prohibited by the legal system itself. It is a special exemption regarding a general prohibition for the benefit of the person requesting it. With the permit (permiso), something very specific and determined is tolerated or allowed. Its nature consists of removing a legal obstacle for the exercise of a pre-existing power; it is said to be a concession of restricted scope since it grants rights of lesser intensity and greater precariousness\" and that furthermore \"it always grants a new weakened right that supposes an exception to a prohibition of public order\" (JINESTA LOBO, Op Cit, pp. 456 and 457). In general terms, both terms are often confused, but both coincide in that a pre-existing right must be involved. Now then, the Ley de Planificación Urbana (Law 4240) in its first article defines Subdivision (Fraccionamiento) as:\n\n\"Subdivision (Fraccionamiento) is the division of any property for the purpose of selling, transferring, trading, distributing, exploiting, or using separately, the resulting plots; it includes both partitions of judicial or extrajudicial adjudication, localizations of undivided rights, and mere segregations under the same owner, as well as those situated in housing developments (urbanizaciones) or new constructions that pertain to the control of the formation and urban use of immovable property.\"\n\nSubdivision (Fraccionamiento) is the division of a property for the purpose of introducing it into commerce, which presupposes, as each local government must verify when granting the corresponding approval (visado), that it complies, in terms of size and characteristics, with the urban planning provisions in force, especially with the local Regulatory Plan (Plan Regulador) – if one exists – as well as with the development regulations and other special laws of public order. Based on said concept, reiterated in various norms, it is possible to locate two concepts that, although they interact with each other, are not identical: namely, the simple subdivision (fraccionamiento simple) and, on the other hand, the complex project or housing development (urbanización). The same norm defines Urbanize (Urbanizar) as follows:\n\n\"Housing Development (Urbanización) is the subdivision (fraccionamiento) and enabling of land for urban purposes, through the opening of streets and provision of services.\"\n\nThis entails that the simple subdivision (fraccionamiento simple) corresponds to the division of land, regardless of the motivations or interests pursued, when it fronts onto a public street and is provided with all the public services characteristic of the urban area. It bears reiterating that the comprehensiveness of basic public services (water, light, garbage collection, and electricity at the least) is vital in this case; so that these must be sufficient to meet the needs of the new construction. The subdivision (fraccionamiento) that the law calls \"simple,\" does not include a process of urban enabling for the use and enjoyment of the plots resulting from that subdivision (fraccionamiento), and this is so because the legislator assumes that in these cases, the properties have accesses and green areas resulting from previous urban development. The logic is simple: the subdivision (fraccionamiento) does not in itself represent major efforts for the public corporation or other government branches; the service network exists beforehand and the only activity that must be developed is the connection to it. It is a mere permit (permiso) in the most precise sense of the concept regarding the approval (visado), as it is a simple verification of formal and technical requirements; subsequently, the building permit (permiso de construcción) is a logical and necessary consequence, as long as what is created does not constitute a housing development (urbanización). In the case of the housing development (urbanización), it is a more complex project, where although the developer has the legitimate interest in exercising that economic activity, the provision or extension of public services determines a series of foresights that must be considered, and the review of requirements becomes more meticulous, without prejudice to it corresponding to a complex act where ordinarily several public entities outside the public corporation interact; leading to the necessary conclusion that we are in the presence of an authorization for the entire project, and that once this is granted, the execution acts thereof are mere permits (permisos). It is an urban enabling, and it is for this reason that Article forty of the Ley de Planificación Urbana provides the obligation to cede land for parks and urban facilities.\n\nWhen a given area is already urbanized, the purchasers of subdivided parcels have access to the lands, parks, and communal facilities, and it must not be lost sight of that this forms part of their right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment (Article 50 of the Constitution). For this reason—it bears repeating—the legislature has not deemed it necessary to require, in the case of “simple” subdivision (fraccionamiento) with urban development, greater land endowments for reasons of social interest. The approval (visado) for simple subdivisions, due to its minor significance, is usually granted to an official (e.g., Municipal Engineer) different from the one entrusted with “complex” approvals (e.g., Municipal Council, urban planning commissions, etc.), the former lacking competence to authorize a different type of approval; this in cases where urban planning regulations make such a distinction; the foregoing makes sense with the understanding that in the first case the requirements are, for the most part, regulated and the margin of discretion is minimal. Now then, a subdivision that forms part of the urbanization process and that entails enabling the lands, for the first time, for urban purposes, must be provided with streets, green areas, and parks, as well as the services necessary for their use and enjoyment; the complex or urban subdivision encompasses an act proper to the institutional head, save for cases where some delegation exists. In this second scenario, we are dealing with a complex process of subdivision and urbanization that introduces limitations on private property for reasons of urban planning (Article 22 of the Urban Planning Law), which the Constitutional Court has indicated are fully consistent with Constitutional Law (Vote 5097-93 of 10:24 a.m. on October 15, 1993). Thus, in cases of approval of construction permits for urbanizations, the Local Government must verify that it fully complies with the respective endowment of public roads, green and communal areas, and especially—of relevance for the resolution of this matter—the enabling and implementation, at the developer’s expense, of public services, such as electricity, telephone, potable water, and aqueducts and sewer systems, the latter, if the infrastructure exists for it. Therefore, the failure of urban projects to adapt to the requirements established in the urban regulations obligates—per se—the rejection of the initiated proceedings, in application of the principle of legality. Just as the definition itself indicates, in urbanization, some margin of discretion always underlies, especially since even when the developer Nombre41092 enables the corresponding services and streets, without prejudice to other obligations (such as that of Article 40 of the law under study), the territorial public entity is called upon to measure its capacities for the new demands; without prejudice that the list of requirements partially regulated in different norms must be adjusted to each specific case, a study that is otherwise complex. This is why we reiterate that the enabling act moves away from the figure of a permit to become an authorization, in the terms stated. Due to its close relationship with the subject at hand, it is appropriate that we specify some notes related to positive silence.\n\nVII.- ON POSITIVE SILENCE IN URBAN PLANNING MATTERS: It is clear that every administration is called upon to respond to the different proceedings presented to it as quickly as possible, not only by constitutional imperative (Articles 20, 30, and 41 of the Constitution), but also as a manifestation of the democratic character of the State and to avoid generating insecurity among users. For its part, Article one hundred thirty-nine of the General Law of Public Administration (hereinafter LGAP) establishes a principle of administrative law, according to which: “The silence of the Administration may not express its will unless a law provides otherwise.” This means that administrative inactivity does not express the will of the Administration, which is equivalent to saying that the silence of the Administration produces no legal effect whatsoever, unless a law grants a different meaning to said silence. The exception to such a principle is, consequently, to grant a legal effect to the inactivity of the Public Administration when certain assumptions are met; such exceptions are the so-called positive silence and negative silence. This possibility is, above all, a legal fiction, since it is not a presumed act, but rather a procedural remedy for the inertia of the administration; the rule in the matter being the negative character, allowing the affected party to proceed with the process at a higher instance or, if it is in their interest, to resort to the jurisdictional route. It would be contrary to all law to leave the interested party indefinitely bound to a response that does not arrive, even though the legal system establishes the obligation to respond to the interested party’s proceeding. As far as we are concerned, positive silence constitutes a procedural technique by which authorizations, licenses, or permits are deemed granted, by operation of the legal system in the face of the Administration’s silence, once the period for it to rule has expired, upon prior request of the interested party, having fully met the requirements demanded for its granting. Authorizations or approvals that must be agreed upon in the exercise of oversight and tutelage functions refer to inter-administrative relations—where there is no participation of the administered parties—while permits, licenses, and authorizations refer to relations with the administered parties. It should be noted that positive silence does not constitute a true administrative act, but rather an effect in the absence of a response, which the legal system provides in the face of administrative inactivity. It can be seen that the limited nature of the assumptions and the exhaustive character is not in itself arbitrary, since, as is being reasoned, these are situations where an administrative barrier exists before a pre-existing right and where its execution is contingent upon the legal verification of all the requirements established for that purpose, such that if within the time granted it is not possible to locate a reason for rejecting the application, logic compels its admission and permits its exercise. It should be remembered that we are in the presence of acts with a very limited margin of discretion, with a good number of regulated aspects and discretion exercised in very reduced spaces. In our positive law, it is precisely canon three hundred thirty of the General Law of Public Administration that generically regulates the institution of positive silence. As has been indicated, these permits, authorizations, or licenses constitute obstacles or barriers that the individual must eliminate or lift in order to exercise a specific activity or carry out a specific work. There is, in between, the exercise of a public liberty, but one that requires an enabling act from the Public Administration to exercise it, as has been consistently indicated. Positive silence occurs when the period in which the Administration must rule has elapsed and it does not do so; moreover, for the act to be deemed granted by virtue of positive silence, the individual must have fully complied with the proper filing of all the requirements demanded for the granting of the authorization, license, or permit. Article three hundred thirty-one of the referenced Law establishes that the period for positive silence to arise is one month from the application for the permit, authorization, or license accompanied by the submission of the legal requirements. However, special laws may establish different periods. The last cited article continues stating that once positive silence has occurred, the Administration may not issue an act denying the application, nor extinguish the act, except in those cases and in the manner provided by the law itself. This means that, in the face of the authorization, license, or permit granted by virtue of positive silence, the Administration could not subsequently issue a contrary act, expressly denying the application, given the application of the principle of intangibility of one’s own acts (intangibilidad de los actos propios), and must resort to the procedures and mechanisms that the same legal system provides. Our case law has stated regarding this figure:\n\n| --- | --- |\n| \"V.- Because positive silence constitutes an administrative act equivalent to the authorization, license, or permit requested, Article 331, subsection 1, cited, provides that the application submitted must contain the legal requirements. That is, for positive silence to operate, the individual must have complied in their proceeding with each and every one of the requirements demanded by the norm, since the contrary would imply the absence of essential prerequisites for the existence of the act, and silence cannot operate when any of them is omitted, even if the responsible body or official does not make the respective prevention. The contrary would imply accepting the existence of an administrative act that does not meet the essential prerequisites for its validity, and in the specific case the defect cannot be cured. On this topic, and in a similar case, the Interim Court, in an extraordinary session at 10:00 a.m. on February 7, 1985, hearing the writ of amparo filed by Nombre36751 against the Governor of San José, considered that 'the truly decisive problem is that of specifying the concrete content of the approval or authorization obtained by positive silence in those cases where the claim exercised by the individual or public entity promoting the procedure is not in accordance with the Law. There are three possible solutions in principle: the first and most radical consists of considering the presented project authorized or approved on its own terms; the second solution advocates limiting the authorizing or approving effects of positive silence to what, according to the Law, it is possible to authorize or approve; the third refers to a modulation of the effects of positive silence depending on the kind of defects in the base project. But the truth is that after analyzing those three possible solutions in doctrine, it can be considered that in each and every one of them it is not possible to understand as acquired through positive silence powers contrary to the prescriptions of the law, because it cannot be admitted that positive silence prospers when what is granted cannot be authorized in accordance with the law. In summary, positive silence substitutes for the express act, but only within the limits authorized by law.' The lack of formal or substantive requirements in the application submitted by the administered party, even when they have not been timely noticed by the Administration, prevents positive silence from operating. It should be noted, for greater abundance, that the contrary could lead to permitting collusion between the administered party and the Administration, authorizing via silence the issuance of acts contrary to legislation or even to morality.\" (First Chamber of the Supreme Court of Justice, judgment 88-94 of three hours five minutes in the afternoon on October nineteenth, nineteen ninety-four) | |\n\nUp to this point we have considered the totality of constructive activity as a conceptual unit within the figure of permits, insofar as the owner of a real property, by themselves and in exercise of their property right, has the power to use it in the best manner they see fit, which determines that the construction license is nothing more than that, a lifting of an administrative barrier to permit the specific exercise presented in the case, but regarding the sub judice it becomes imperative to make an important distinction between simple subdivision and the urban permit and analyze them against the figure of positive silence. A first aspect to point out is that under the protection of Article fifty of the Constitution, the application of positive silence is not possible when there is an environmental impact (Constitutional Chamber votes 2001-05737 and 2003-03656, First Chamber of the Supreme Court of Justice vote 000507-F-04, and Executive Decree No. 32565-MEIC), which would implicitly entail that the totality of the requirements presented were not present from the outset or that the information has been falsified by the interested party to pretend otherwise. That assertion carries as a consequence that in no urbanization project is it possible to apply positive silence; because due to the magnitude of the activity it will always have some impact in this area; but neither does it mean that some subdivision and construction projects are not subject to that maxim (consider, by way of example, a shopping center, an industrial workshop, among others), but at least it would be the exception and not the rule. With respect to subdivision activity, and specifically regarding the subject at hand, it is possible to hold that regarding simple subdivision, positive silence is applicable, with the exception of the environmental issues already indicated, but regarding complex or urban subdivision, due to its impacts, it cannot be considered a mere authorization and is affected by positive silence, it being understood that it is not covered by that institution but rather the opposite. Especially when, as has been pointed out, in the case of urbanization some discretionary element always subsists in the act, which would prevent applying the figure of positive silence without further consideration. This Court understands that the figure of silence in its positive modality originates from municipal authorizations and permits and that within the regime the figure is used indiscriminately; but the transversality of certain topics of national interest determines that today it is not possible to maintain that position; therefore, in good logic, it is a misapplication of the law to seek a positive effect when it should be negative.\n\nVIII.- ON THE INTANGIBILITY OF ONE'S OWN ACTS (INTANGIBILIDAD DE LOS ACTOS PROPIOS): The principle of intangibility of one’s own acts, to which this Constitutional Chamber has conferred constitutional rank as it derives from constitutional section thirty-four (See votes 2753-93, 4596-93, 585-94, 2186-94, 2187-94, and 899-95), starts from the rule that the respective Public Administration cannot annul an act that in some way is favorable to the administered party, the exceptions being ex officio annulment or review and revocation. To that effect, the public administration, as a general principle, must resort, in the first case (as well as in cases of evident and manifest nullity under the terms of Article one hundred seventy-three of the General Law of Public Administration) to the administrative procedure established for that effect, regulated in Articles one hundred fifty-four, one hundred fifty-five, and one hundred seventy-three of the General Law of Public Administration; and in the second scenario, as plaintiff and after a prior declaration that the act is harmful to public interests, whether economic or of another nature, to the lesividad process, which has been traditionally understood as a guarantee for administered parties. This is an application of the constitutional principle of non-retroactivity of the law and, with greater reason, of acts (especially those declaratory of rights) making them unmodifiable for the Administration, unless it uses the channels provided by the legal system. On this particular, this Constitutional Court in Vote No. 897-98 of February 11, 1998, stated the following:\n\n| --- | --- |\n| \"...the Administration is prohibited from suppressing by its own action those acts it has issued..... Thus, rights... constitute a limit with respect to the powers of revocation (or modification) of administrative acts, in order to be able to demand greater procedural guarantees. The Administration, by issuing an act and subsequently issuing another contrary to the first, to the detriment of subjective rights, is disregarding these rights, which it had granted through the first act, whether by error or for any other reason. This implies that the only means the State has to eliminate its own act from the legal system is the jurisdictional lesividad process, since this process is conceived as a procedural guarantee in favor of the administered party, or, in our legal system, there is the possibility of going against one's own acts through the administrative channel, in the hypothesis of absolute, evident, and manifest nullities, after a prior opinion from the Comptroller General of the Republic and the Attorney General of the Republic (as a further guarantee in favor of the administered party) and in accordance with Article 173 of the General Law of Public Administration. Consequently, if the Administration has failed to observe the rules of these procedures, or has omitted them in whole or in part... the principle of one's own acts determines as an effect of said irregularity the invalidity of the act.\" | |\n\nDoctrine normally analyzes the institution starting from acts declaratory of rights, but there are other acts, also favorable to the administered party, that constitute legal situations regarding which the corresponding respect must be maintained, which in the opinion of this Chamber enjoy the same protection under the principle at hand. It cannot go unmentioned that although permits and authorizations in technical terms are not acts declaratory of rights, insofar as they do not declare any right since, as indicated, the right is pre-existing (to build on and make use of a real property according to the actor’s interests), meaning the administrative act is limited to lifting administrative barriers, they do, in the Chamber’s opinion, generate a benefit for the interested party, allowing them to proceed with their interest. So that retracting the effect in an untimely and unjustified manner generates an unlawful harm contrary to the legal system; it is clear that the administrative procedure is not an end in itself but the means through which administrative will is shaped in its different elements, which entails that only substantial defects (those that cause defenselessness or change the content of the act) lead, as a rule of principle, to the nullity of the administrative act (under the aphorism of no nullity for the sake of nullity itself), but the absence of procedure is in itself a manifestation of an arbitrary act that irremediably produces the nullity of the specific action, to the extent that the elements of the act were generated through illicit means. Returning to the channels for revocation or nullity, as to the first scenario, it is manifest from Article one hundred fifty-six, which empowers it, adopted by the institutional head, after a prior administrative procedure has been initiated and with an opinion from the Comptroller General of the Republic. The norm adds the necessary obligation to indemnify the damages and losses caused. As is known, the figure of revocation presupposes a change in factual or legal conditions, which determine the impropriety of the act originally issued; without questioning the motives and conditions of the latter, which are presumed issued in accordance with the law. That is, the administration’s action was originally issued in accordance with the law and is revoked due to a variation in the current situation, or for defects in the administrative determination. Regarding nullity, section one hundred seventy-three of the General Law of Public Administration provides that a public entity or body may well annul, through administrative channels, an act declaratory of rights for the administered party but harmful to the public or patrimonial interests of the former, without needing to resort to the contentious-administrative lesividad process when the same is vitiated by an absolute, evident, and manifest nullity. The absolute, evident, and manifest nullity must be ruled upon, priorly and favorably, by the Attorney General’s Office or the Comptroller General of the Republic—a preparatory act for the final annulment act. It will be up to the Comptroller when the nullity concerns administrative acts directly related to the budget process or administrative contracting (Public Treasury). This is an opinion of a binding nature—from which the consulting body or entity cannot depart—since section 2 of the Organic Law of the Attorney General's Office establishes that it is of mandatory compliance, through which a sort of prior or preventive legality control is exercised, insofar as it must precede the final act of the ordinary procedure initiated to decree the ex officio annulment, given the gravity of the facts under consideration and its technical legal character. In cases where the opinion must be rendered by the Comptroller General of the Republic, it also has a binding nature by virtue of the provisions in the relevant law. Not just any degree of invalidity or nullity authorizes a public entity or body to decree the ex officio annulment of an administrative act declaratory of rights for an administered party, given that the administrative legal system requires that certain specific and aggravated characteristics or connotations be present to qualify it, namely “evident and manifest”. What is evident and manifest is that which is patent, notorious, ostensible, palpable, clear, certain, and that offers no margin of doubt or that does not require a dialectical or logical process or effort of verification to discover it, precisely due to its gross and serious nature. In that sense, it is sufficient to compare the administrative act with the legal or regulatory norm that covers it to arrive at such a conclusion, without the need for any hermeneutics or exegesis. The respective public administration—author of the act intended to be annulled or reviewed—must, prior to the declaration of nullity, open an ordinary administrative procedure in which the principles and guarantees of due process and defense must be observed (Article 173, paragraph 3, of the General Law of Public Administration), the justification for observing that procedure being that the final act may suppress a subjective right of the administered party (Article 308 ibidem). At the end of the ordinary procedure, it is indispensable to obtain the opinion of the Attorney General’s Office or the Comptroller’s Office, this being a procedural step within the same. When the opinion of the Attorney General’s Office or the Comptroller General of the Republic is unfavorable, the respective public administration will be legally prevented from annulling the act through administrative channels and must resort, unavoidably, to the ordinary contentious-administrative lesividad process.\n\nIX.- ON THE VILLAS DE JESÚS DE ATENAS PROJECT: Before considering the claims put forth, it is imperative to analyze what the legal nature of the Villas de Jesús project developed by the plaintiff is, namely whether it corresponds to a “simple subdivision” or whether, on the contrary, we are in the presence of an “urbanization.” From the evidence received, specifically the municipal engineer and the surveyor, which is ratified by the Housing and Urbanism Institute (INVU) in some of the documentary evidence, it is clear that for them it is the first scenario, with the understanding that the project is developed on a public street and in an area where the corresponding public services exist, a criterion that the Chamber could in principle share if it concerned a few approvals (and even construction permits) for oneself; but that is not the situation. On the contrary, it is possible to verify how the existing services were insufficient for the project developed, which motivated the interested party to consistently provide these, not jointly but in a disaggregated manner (one by one). The best example is the treatment plant, where it is not recorded within the list of proven facts that it was required by the public law corporation but rather that the interested party, aware of the limitation in that regard, promoted it on her own initiative; a similar situation occurs with the water supply, where it is possible to see how what was presented is for domestic use, which would be insufficient to cover the real needs of the economic activity as a whole; clear evidence of this is that it can be verified how, in order to request the approvals for the remaining plans, the plaintiff herself acknowledges having exempted the municipality from the water supply based on an authorization to build a new well that supposedly would cover the project’s needs; regarding this latter well, there is no proof of it having been carried out to date, which demonstrates the absence of certainty regarding the solution to the water problem in the project. In the same vein, it is possible to locate what refers to improvements to the public road, the curb, the gutter, and the evacuation of rainwater. It is not that public services do not exist literally, but that what pre-exists is insufficient for the specific reality presented; and these were requirements to be able to bring the project to a successful conclusion. As if those situations were not enough, it cannot be forgotten that forty-eight new families in an urban area not only demand many services, but also present environmental impacts that must be assessed, considered, and minimized. Under these conditions, it is unquestionable to us that this is an urbanization. Adding to the foregoing is that an issue of competence to accept the works was raised at the time; the truth is that it was not demonstrated that a body other than the Municipal Council existed to hear the matter, which would suggest that any act adopted by Nombre20665 or one of his subordinates in the matter would present a defect in that formal element (competence), if the project has not previously been accepted by the hierarchical body of higher rank (the Municipal Council). We must reiterate emphatically that the existence of a public street is not sufficient to consider the existence of a mere subdivision, as the issue must be seen as a whole; thus, the existence of a public road presumes the presence of basic public services, but a cause-and-effect relationship does not necessarily exist. This case is a clear example of this situation, where the existence of basic services is undeniable, but due to the volume of lots composing the project, they become insufficient, making it imperative to provide and improve them. Even the developer is aware of the limitations regarding the end users, since she has consistently sought to provide the missing services, but possibly because the public entity at some point classified it as a mere subdivision, she has availed herself of that procedure as it is less cumbersome for her. As already indicated, the idea of simple subdivision is that the interested party only has to connect their need to a pre-existing network that has the capacity to include them, which is not the case here, we reiterate, due to the quantity of lots provided. This basic and core aspect generates a full level of conviction in this collegiate body regarding the nature of the specific project. Now then, we consider that there are a series of specific impacts that have repercussions on the conflict under analysis. According to proven fact fourteen, the municipality approved twenty-eight plan approvals (visó veintiocho planos) to segregate lots from the property at issue, likewise authorized two construction permits (proven fact number 41) and, in application of a positive silence, declared the acceptance of the project and of the wastewater treatment plant. As has been pointed out, while it is not possible to consider each of these acts as declaratory of rights in the technical sense of the term (as they are authorizations and permits), they do generate a favorable situation for the plaintiff, which as such could not be destroyed or disregarded without complying, for that purpose, with the applicable legal and constitutional procedures. To accept the contrary would be to generate a state of legal insecurity that is not proper in the democratic, liberal, and rule-of-law State professed. Nor is it possible to consider them non-existent because they present some possible defect, since we would again be faced with an untenable legal insecurity in the Costa Rican State. This is not a kind of validation of an act that presents serious deficiencies based on what was learned in the oral and public trial and from the evidence presented, but rather the impossibility of disregarding an act issued by a public entity and against which no contrary action has been taken; in short, there is no administrative procedure to deny it the legal effects it currently holds.\n\nIt is debatable whether, from a material standpoint, some legal requirements that were not met at the time are still unsatisfied today, since it is possible to verify that the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) now exists and that works have been carried out to supply the missing services, but elements of conviction are lacking to know whether all of the needs are currently satisfied; the most notorious example concerns the issue of water, where evidence is nonexistent; all without prejudice to the matter of jurisdiction over the body empowered to receive the project, in the terms already noted. In this framework, any material or formal action adopted contrary to the legal order becomes illegal or abnormal, as applicable, and gives rise to liability, which entails the impossibility of not recognizing acts favorable to the interested party. While it is true, the Chamber understands that in the approval (visado) of a plan, its effects materialize in the same document, and consequently, acts that may have been issued or actions adopted at the internal level of the municipal regime do not affect the permit to the extent that its utility lies in being able to present it or attest to it before the National Registry at the time of the segregation (segregación) deed, this does not prevent the attempt not to recognize the existence of the favorable act from being an unlawful action. A similar situation occurs with construction permits, once the work is completed, where the act lacks interest; in any case, it is advisable to conduct a more exhaustive analysis, but in light of the specific claim.\n\nX .- ON THE PRINCIPAL DECLARATORY CLAIMS: Before entering into the specific claim, the Court must warn that the proposed articulation does not present a format with full clarity, as recognition and declaratory judgments of right are consistently mixed; however, their analysis will be sought in the most comprehensible manner possible, always guided by the principle of effective judicial protection. A) Leaving aside the first principal claim, consisting of the declaration that the proceeding has merit, since it is not a claim in itself but rather a comprehensible result of the others, the first request (numbered as two) of the plaintiff company requires that the twenty-eight plans approved (visados) in their time by the municipality be revalidated, on the grounds that they correspond to a mere subdivision (fraccionamiento). The term revalidate is understood by the Court as that scenario where an administrative act is issued, is subsequently annulled, and consequently, the granting of legal efficacy again is requested. In what concerns this case, the plans that are visible in proven fact number fourteen have never been annulled and consequently cannot be revalidated; despite this, under Article one hundred twenty-two of the Contentious Administrative Procedure Code, the Chamber understands that what is intended is the nullity of any formal or material act that harms the favorable administrative action under consideration. It is also pertinent to clarify that the plaintiff party implicitly maintains the preservation of those confirmatory acts on the grounds that they correspond to simple subdivisions (fraccionamientos), which, as has been indicated, is incorrect, because they are part of a development (urbanización). Thus, it is not possible to assure, in the terms the plaintiff company requires, that the project is a mere subdivision (fraccionamiento), when from the list of proven facts it was clearly indicated the limitations in public services which were assumed by the developer (urbanizador) as necessary requirements for its project, so the existence of public streets and limited public services are not sufficient to grant what is requested. In any case, we are inclined to find meaning in the claim in the terms indicated, not because they are mere subdivisions (fraccionamientos), but because any harm to an act favorable to the administered party is a violation of the principle of intangibility of one’s own acts, so only through legally established administrative procedures is it possible to destroy the legal efficacy of those acts, procedures for which, in the specific case, there is no proof whatsoever of having occurred. Having collated all the actions regarding those acts, the only moment where it is possible to locate an attempt to detract from their effect is located in proven fact sixty-one by the improper authority (jerarca impropio), where he goes so far as to state that said acts must be considered nonexistent. A first aspect that must be noted is that the act against which the appeal was being heard was the minute of session two hundred twenty, of March sixteenth, two thousand nine, of the corresponding Municipal Council, regarding the denial of endorsement to the positive silence granted by the municipality, which is why this jurisdictional body understands that it corresponds to an Obiter dictum, that is, a tangential analysis carried out by the Third Section of the Contentious Administrative Court, without it being the core part of its analysis, as that was not the reason for the appeal. This Section of the Court thus understands that the favorable act to the administered party had already been granted previously, as can be located in the list of proven facts under number thirty-eight, corresponding to official letter MAT-WA-14-09 of February seventeenth, two thousand nine. So, once the act under consideration was granted, it becomes irrelevant whether or not it is endorsed by the Municipal Council, and even if this position is shared or disputed by the improper authority (jerarca impropio), to the extent that the act had already been generated. It is worth noting in this regard the nonexistence of elements of conviction upon which bad faith of the plaintiff company could be suspected, especially when the municipal officials were under the conviction that it was a mere subdivision (fraccionamiento), a position even shared by the officials of the INVU (Instituto de Vivienda y Urbanismo). An assessment by the administrative officials that, while respectable, is not shared by this Court, insofar as they failed to understand that what the regulation sought was the mere connection to a preexisting public services network, which in this case was not so. Despite the error in the application of the rules, the truth is the existence of the act favorable to the interests of the administered party, which is impossible to disregard. So what was held by the improper authority (jerarca impropio) under numeral one hundred seventy-three of the Political Constitution, besides not being a jurisdictional act proper that generates res judicata before this judicial body, is also not the central basis of his reasoning. All without prejudice that subsequently, it is the same Municipal Council that clarifies its agreement, alluding that it should not be understood as an act contrary to the interests of the plaintiff company in this process, but rather a mere position of the collegiate body; a clear sign of what has been said is that following this second agreement, the suspension of the project that had been generated was lifted. Thus, at the time the improper authority (jerarca impropio) heard the administrative appeal, there was a manifest lack of interest, the administrative authority having reversed its own acts in application of the principle of self-protection. Which again leads us to the conclusion of the nonexistence of acts that seek to detract from the legal effects of the granted approvals (visados). It is necessary to remember in this regard that the approvals (visados) as such are acts whose effects are embodied in the plan itself, empowering the interested party to segregate the land by means of the corresponding public deed at the time they deem appropriate according to what has been said; thus, their disturbance should be directed toward communications with the National Registry, the office where the act would take effect, which in this case have not occurred. The plaintiff party thus speculates about the existence of future impacts, which have not occurred and which could not be known since it is not possible to know what new activities or positions the public entity will adopt regarding the specific case. The others generated by the municipality (impacts on the progress of the work or non-acceptance of the project) are mere material actions and do not attack the approval (visado) granted to the twenty-eight plans. So, a real and concrete impact on that claim that would allow it to be declared would not be presenting itself, disposing a lack of current interest. All without prejudice that declaring the validity of such acts is to accept their conformity with the legal order, when, as already indicated, they do not present such attributes insofar as they should have been considered within a development project (proyecto urbanístico) and not as a simple subdivision (fraccionamiento). B) The next claim is oriented towards the declaration of validity and efficacy regarding three construction permits granted to the plaintiff, corresponding to numbers 030-2009 for a wastewater treatment plant, improvements to a public road, road base, curb and gutter, sidewalks, storm drainage, and potable water; 110-2009 for a single-family home; and construction permit 111-2009 for the building of a single-family home. The first of the construction permits was granted by Mr. Nombre20665 as narrated in proven fact thirty-eight, while the basis for construction permits were granted as established in proven fact forty-six. Although said works were at the time halted, their construction was subsequently permitted. Evidence of what has been said is how in proven fact number forty-eight, the Municipal Council of Atenas on April sixth, two thousand nine, clarifies its actions, to indicate that the first is not being annulled or revoked. Within the arguments of the parties made in the oral trial, as well as from the list of proven facts, it is not possible to detect any administrative action that prevents the carrying out of these works at this moment, which at the time might have occurred; although the Chamber understands that given the existence of previous actions, there may be a fear in the plaintiff that other situations could arise, regarding works already completed or without a current restriction, these are mere speculations that have no legal shelter. It is fitting to return to what was noted regarding the obligation of control and surveillance of development activities (actividades urbanísticas) in a canton, which is the responsibility of the decentralized public entity, but such functions must be carried out under the shelter of legality, which includes that halts or suspensions of works must occur in cases of non-compliance with the granted permit or regarding impacts generated at the time of developing the project that were not originally contemplated. They could never correspond to untimely, unfounded actions, or actions with illicit motivations. Returning to the specific case, the Court again finds a lack of interest insofar as we are faced with construction permits that exhausted their effects at the moment the work was completed, lacking any relevance to analyze their validity and efficacy, especially when this is not being questioned. Again, a lack of right must also be declared, to the extent that, as has been indicated, said acts should have been known within a development project (proyecto urbanístico) and not as a mere segregation (segregación), which would prevent declaring that they were issued with legal support. C) The fourth claim requires that the Municipality of Atenas be ordered to recognize the subjective right that assists the plaintiff with respect to the points previously recognized, regarding their validity and efficacy, so that it is not possible to revoke or annul said acts. Several clarifications must be made regarding this requirement. Initially, and as has been noted, these are not subjective rights but rather permits, so what was done was to lift administrative barriers that allow their exercise, it not being possible to declare what the interested party intends insofar as they are not subjective rights as she indicates; on the other hand, these are acts lacking a real disturbance (in the case of the permits) or whose effects have been exhausted (regarding the approvals (visados)), and the manifest lack of interest present in the case must be declared. The foregoing without prejudice to the impossibility of the jurisdictional bodies to attempt to restrict the administrative faculties to revoke or annul those acts, provided that the legally established procedure is always followed. So the Court could not impede the administrative faculties, limiting its finding that in the event they were exercised, these must be carried out within the framework of legality, with full guarantee of due process and the right of defense, at which time the current plaintiff may exercise the rights that the same legal order guarantees her. On the other hand, regarding the validity and efficacy of the previous acts, as indicated, there is a lack of right, which must also be declared, with the understanding for the Court that, from the evidence produced and the interpretation of the applicable rules, it is not possible to hold that all legal requirements have been met, insofar as they were processed as a mere subdivision (fraccionamiento) and not as a development (urbanización), under the conditions already explained. D) The fifth claim concerns the ratification of the approval of the project Villa Jesús de Atenas, requesting that compliance with all legal requirements be declared. Viewed as ratification, as had been indicated, it presupposes the existence of a previous act which is annulled or revoked, which in this specific case does not hold true; however, the Chamber understands the request as one for the annulment of all acts that are contrary to those provisions with a favorable action to the interests of the plaintiff company. In the terms stated, initially there is a manifest lack of right regarding this claim, to the extent that it is impossible to recognize compliance with all the requirements of the project under consideration when it is not possible to verify that situation in the case of a development (urbanización), which is the case that occupies us, and which, as is known, presents more complex requirements due to the nature of the work to be carried out, where various state agencies are involved; so it is not possible to grant the deduced claim. Yet, as has been reasoned, we are in the presence of an act favorable to the interests of the plaintiff, which has not been revoked or annulled, consequently protected by the principle of intangibility of one's own acts, so that, regarding the acts of obstruction of the project, as already indicated, the supervision duties of construction projects, insofar as they conform to what is permitted by the administrative act, is an inherent obligation of the municipal regime; to the extent that the enabling act is not for any activity, but for a specific one. Even when bound by what is permitted, it is possible for unforeseen impacts to arise (in environmental matters, by way of example) that would make the halting of a construction activity lawful. What is illegal is the halting of a work that conforms to what is permitted and without generating unforeseen impacts (especially environmental ones), which all indications suggest is what occurred in this specific case. In any case, we will return to this topic when considering the requested liabilities. In the sub judice case, it is possible to verify that there are no acts tending to annul the acceptance of the project Villa Jesús de Atenas, but rather non-formal actions, consisting of the halting of the project at that time and the absence of execution of the activities proper to the acceptance (recepción) of the project; the first lacking interest at this moment, and the second, in which its execution is omitted. Everything seems to indicate that this last situation is based on the lack of clarity by the municipality regarding the concrete impacts that could arise, driven by pressure from neighbors. The acceptance of the project presents three direct effects: the first regarding the acceptance of communal areas under Article forty of the Urban Development Law (Ley de Urbanismo) (which includes the treatment tank), secondly, that corresponding to the acceptance of the improvements in public infrastructure and services, and that corresponding to the approval (visado) of the remaining plans pending approval within the project. We are faced with an antinomy of rules, in the understanding that accepting the project under the current terms would be an anti-juridical act, but at the same time denying efficacy to an act without compliance with legal requirements is also so. Therefore, the Chamber opts, under Article one hundred twenty-two of the Contentious Administrative Procedure Code, to grant the defendant Municipality a period of three calendar months from the finality of this resolution for the defendant to execute the ordered act or, failing that, to initiate revocation or annulment procedures, as applicable, based on the legally established procedures. With the understanding that the legal uncertainty presented by the defendant ceases definitively in one way or another, given the contradictory conduct of the corporate public entity where, on the one hand, it authorizes or permits, and on the other, it denies the execution of the ordered acts. In this regard, the copious list of proven facts demonstrates a chain of procedures, some reiterative and others isolated, without establishing a concrete resolution on the matter; especially in the case of the Municipal Council, fully failing to comply with its obligations. It must be made clear that it is one thing for the act to present discretionary elements, and quite another for the administered party to be kept without resolving its proceedings indefinitely. It is also possible to verify how the supreme collegiate body makes statements disapproving of the project, but does not adopt any concrete act in this regard, which manifestly generates an unsustainable state of legal uncertainty. By granting this deadline, said claim is resolved, as well as that numbered as 5.1, which corresponds to the acceptance (recepción) of lands and works by the defendant; that indicated as 5.2, which refers to the approval (visado) of the remaining plans; and what concerns the annulment of acts contrary to the one that was favorable to the administered party. Regarding this last one, we must also indicate the lack of interest insofar as there is no existing act with a real impact on the project under consideration.\n\nXI .- ON THE PRINCIPAL INDEMNIFICATION CLAIMS: As the final point of the principal claims, the plaintiff makes a request for indemnification for damages (daños y perjuicios), which, due to their complexity, requires a detailed study. Initially, what is claimed as property damage (daño patrimonial) corresponds to construction permits 030-2009 (improvements to the road and treatment plant), 110-2009 (single-family home), and 110-2009 (single-family home); justifying the damage based on the unjustified halting of the works. It is reasoned in the basis that, through resolution MAT-DA-WA-0150 of July ninth, two thousand nine, Mr. Nombre20665 of the Municipality halted the works, which were not resumed until January fifteenth, two thousand nine, through official letter MAT-WA-07-109. This indeed involved an untimely halt, lacking any evidence in the file of a justified reason, devoid of any procedure, and also not justifiable as a precautionary measure. As was reasoned at the time, the supervision and monitoring duties regarding the work are inherent to the municipal regime, which entails the possibility of halting when what is being done deviates from what was authorized, as well as upon real and effective impacts on situations not originally considered. However, neither of these scenarios is proven. The only motivation is oriented towards the parties' allegations that it was the effect of pressure from neighbors (a fact that was also not proven), an aspect that, while relevant, does not constitute a lawful reason for the administrative act under consideration, generating as a consequence the existence of formal and illegal conduct and, as such, giving rise to a liability that can be declared in this venue. For the Court, the illegality of the conduct, the existence of the damage, and the causal link between one and the other are unquestionable, with the understanding that the halting of a construction work has impacts on purchased material, hired personnel, and even possible business opportunities that could have arisen from it; what remains is to establish its quantification. Now, when quantifying said damage, the plaintiff sets it at the sum of ninety-nine million fifty-nine thousand three hundred thirty-one colones with sixty céntimos, consisting of the purchase price of the land, construction of the treatment plant, improvement works on the public road, and infrastructure. The indicated items are incontrovertible in their existence as activities proper to the construction project, but they manifestly lack a causal link with the illegal conduct already noted. Thus, the purchase of the land is not a consequence of the halting, nor are the works carried out. It is not possible to seek to charge the total investment of the project based on a halt, no matter how illicit it might be. Note that the land is still the property of the plaintiff company, as are the works developed at its own expense and risk, for any business, insofar as the negation of leisure, entails a series of risks that cannot be charged to the administration and that are undertaken by the interested party, within a lucrative activity she has undertaken. A clear sign is how, to this day, the two single-family homes could well be sold, as could the remaining works. To attempt to deny the risks of the enterprise and allow it to keep the works carried out, and at the same time their value, is nothing more than unjust enrichment that under no motive can find shelter from the Chamber. Said quantification must be rejected, and it must be referred to the execution of judgment stage for the plaintiff party to effectively quantify the suffered damages and prove them, subject to what was previously stated. It must be clarified that in the oral and public trial, it was evidenced that some materials had washed out because the halt occurred in the middle of the rainy season, as well as the normal deterioration due to the mere passage of time that would not have occurred if the work had continued its normal course; damages that do have a direct realization with the illegal administrative conduct, but unfortunately, these were not quantified at the time of filing the proceeding; and in any case, their quantum was never established, which would prevent declaring them at this moment. Also brought up in the oral trial and evidence was provided (both documentary and testimonial) regarding the damages produced to the plaintiff's water well during the time the halt was in effect, to the extent of needing to drill a new one. On this particular point, the absence of a causal link between the administrative conduct and the claimed damage is evident, with the understanding that the administration halted works, but did not prevent the plaintiff from having security personnel and the useful and necessary measures to keep its property safe, which corresponds to diametrically different situations. Furthermore, the damage was not caused by the administration but by a third party without any link to the administrative organization or activity. The situation is lamentable and under no motive can it be accepted by this jurisdiction, but it is not possible to claim these impacts from the municipality. It is also worth noting that, in our view, the case does not correspond to the scenario of Article one hundred ninety-five of the General Law of Public Administration, which prohibits indemnification regarding an illegitimate interest, in the understanding that it is not possible to locate fraud on the part of the party to deceive the Administration; on the contrary, the public officials who acted in the process appear to be clear about what occurred, so the incorrect interpretation of the rules was not induced by the administered party but rather ordered by the administration. The second claimed damage lies in the effect on the company's image, under the figure of objective moral damage (daño moral objetivo); understood as the fact that it became known in the community and the collective media that the project did not meet technical and legal requirements, establishing its amount at the sum of five hundred million colones. Regarding this quantified item, we have a manifest lack of evidentiary elements, violating Article three hundred seventeen of the Civil Procedure Code, in relation to two hundred twenty of the Contentious Administrative Procedure Code. Thus, there is no proof regarding the public dissemination of the situation under litigation to the community, but more importantly, that a lesion to the company's assets was produced. It must be remembered that objective moral damage is not presumed, as subjective moral damage is, but must be proven. It is not possible to verify that there were lost sales based on the facts of interest, a reduction in income on that basis, or in general, a concrete impact that satisfies the requirements of Article one hundred ninety-six of the General Law of Public Administration, imposing the rejection of the item. The third claimed group corresponds to consequential damages (perjuicios), which are motivated by the lack of consolidation of the project, specifically the absence of sale of the lots and thereby receiving an expected profit. Said impact is estimated at the sum of four hundred sixteen million four hundred seventeen thousand five hundred fifty colones. It must be warned that, when quantifying this item, the promoting party starts from the premise as if there had been a dispossession of the property, when, as has been indicated, it continues to form part of its assets, which would logically lead one to think that, in order to quantify it, it should have considered only the profit and not the total value of an asset that it can still dispose of. Again, we have problems of insufficient evidence here; note that there are twenty-eight duly approved (visados) lots that can be used by the interested party, without there being evidence that these have been attempted to be sold but, due to the action of the defendant, this has not been achieved; this aspect was never proven. Nor has it been possible to demonstrate that any real property was returned on the same basis. All of which suggests that the plaintiff comes to quantify the item it expected to receive in an uncertain situation, since ultimately, nothing guarantees the existence of sales in the terms contemplated. This is indeed speculation, which must be rejected on the same bases. By way of synthesis regarding the claimed damages, with the exception of the item recognized in the abstract, we are in the presence of a lack of right, which must be declared.\n\nXII .- ON THE SUBSIDIARY CLAIMS: The plaintiff makes a subsidiary claim based on the scenario that the ratification of the delivered approvals (visados) and construction permits were not possible, which requires a corresponding pronouncement. She initially requests to be indemnified from the twenty-eight plan approvals for segregation (visados de planos para segregación) granted by the municipality. As indicated, although said acts were granted based on a segregation project when they should have been processed within a development (urbanización), the truth is that those acts have not been annulled; they still subsist today in the legal order, which would preclude the possibility of any recognition. So, with these acts still subsisting to date (regardless of being valid or not), no legal injury susceptible to being indemnified in the intended terms is located; therefore, the plaintiff could at any time proceed to segregate those lots and dispose of them as she sees fit. Take note of what was indicated in the preceding but one whereas clause, with the understanding that regarding the claim for revalidation of the plans, there was a manifest lack of current interest, to the extent that no act had been ordered that would prevent presenting those approved documents before the notary of the plaintiff's interest in order to generate, by public deed, the segregations (segregaciones) permitted therein. A possibility that is valid to date, as has been held. So, any indemnification in this regard would be contrary to the legal order. It is worth noting in this particular that, when quantifying, the items indicated under point six of the principal claim are requested, which are those analyzed and resolved in the preceding whereas clause, regarding which it is not possible to add further elements of reasoning for their analysis.\n\nXII .- ON THE CLAIM FOR INTERESTS AND THAT CORRESPONDING TO INDEXATION: The plaintiff requested payment of legal interests, which indeed should be recognized as civil returns based on specific items that it had to pay on the basis of unlawful conduct deployed by the administration, but starting from the resolution that will eventually establish the specific damages produced. Note that we are in the presence of a value obligation, whose quantum has not yet been established, so it is impossible for the defendant to proceed to pay any specific item.\n\nIt must be noted that although the plaintiff would seek payment from the moment of the encumbrance (afectacción), it is not possible to grant it in those terms when the obligation is not yet monetary, and it must be limited to the terms stated. Naturally, said interest must be calculated on the basis of Article 1163 of the Civil Code. Likewise, in accordance with Article 123 of the Contentious-Administrative Procedural Code, the recognition of indexation is appropriate, taking as the starting point, in the same manner, the final enforcement judgment that may establish a specific amount to be paid, and until its effective payment.\n\nX IV.- ON THE EXCEPTIONS (EXCEPCIONES): As an exception raised by the defendant, the expression sine actine agit was indicated, which requires revisiting the reasoning put forth by different Sections of the Court, which is based on what was stated by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in its well-known vote No. 2008-000317 of nine hours ten minutes on May second, two thousand eight. Thus, a difference is noted between the procedural institute of “substantive exception (excepción de fondo)” and the material prerequisites. For a lawsuit to be processed, the jurisdictional body must review ex officio the procedural prerequisites (procedural capacity, court jurisdiction, and compliance with the requirements of the lawsuit). Later, chronologically and logically afterward, when the judgment is rendered, for the claim to be upheld, it must also be reviewed ex officio whether the material prerequisites are met. These are: the right, the standing (legitimación), and the current interest. If any of these—or all—do not exist, the lawsuit cannot receive a positive response. A “substantive exception (excepción de fondo),” technically speaking, is when, despite the plaintiff's claim having a right, standing, and interest, it cannot be upheld because there are also other distinct but legally relevant reasons that justify the opposition presented by the defendant. Clear examples of what constitutes a substantive exception would be the statute of limitations (prescripción) or expiration (caducidad). Our procedural system (both civil procedural and contentious-administrative) states that substantive exceptions must be raised by the defendant when answering the lawsuit, without providing, for obvious reasons, a list of what these are. There has been a custom in litigation of labeling the lack of right, lack of standing (passive and active), and lack of interest as “exceptions (excepciones).” It is even common for litigating lawyers representing defendants to raise the “exception sine actione agit.” These three deficiencies (of right, standing, and current interest), as has been indicated, are in reality material prerequisites, not substantive exceptions in the strict sense. The “sine actione agit” exception arose from a misinterpretation of the case law emanating from the former Cassation Chamber, understanding it as encompassing those of “lack of right, lack of standing, and lack of interest.” This “exception” not only does not currently exist, but is also redundant if alleged alongside the previously mentioned ones. It was appropriate in the second period of Roman formulary law, when the plaintiff could only bring the defendant to trial if the Nombre24595 granted the formula-action. Otherwise, he lacked that faculty, and therefore, the phrase “lawsuits without action” had legal meaning. At present, it is not necessary to previously obtain the right to initiate the trial in order to file a lawsuit, and for this reason, the aforementioned exception lacks legal meaning and legal basis. It must be understood that if the lawsuit is upheld and the corresponding grounds are provided, this automatically implies the rejection of the “exceptions” of lack of right, lack of standing, and lack of interest. In other words, an independent reasoning is not required. It is worth reiterating that even if the defendant does not raise those particular “exceptions,” if there is no right, standing, and/or current interest, the claim must be rejected ex officio (See in this regard vote 2008-000523, from the Second Chamber of the Supreme Court of Justice). All of which requires rejecting the expression sine actione agit in the terms invoked. Despite that, and as was timely indicated, it is appropriate to declare the lack of interest and right regarding all the main declaratory claims requested by the plaintiff, the lack of right regarding the accessory claims, and partially the lack of right regarding those that have not been recognized, all based on the preceding considerandos.\n\nX Nombre53625.- ON THE COSTS (COSTAS). Regarding the costs, there being no reason to exempt the losing party, they are borne by the latter, in accordance with Article 193 of the Contentious-Administrative Procedural Code.\n\n \n\nPOR TANTO:\n\nThe expression sine actione agit is rejected; the lack of interest and right over all the main claims for declaratory relief not expressly granted is declared ex officio. The lawsuit is partially upheld, ordering, under the protection of Article 122 of the Contentious-Administrative Procedural Code, a term of three months from the finality of the judgment for the defendant to execute the act of reception or, failing that, to initiate the revocation or annulment proceedings for the Villa Jesús de Atenas project. The lack of right over the main indemnification claims in all that is not expressly granted is also declared ex officio; the Municipality of Atenas is ordered to pay the plaintiff the damages corresponding to the stoppage of the construction works it had authorized, which shall be liquidated in the enforcement of judgment. The lack of right over the subsidiary claims is declared. Regarding the recognized economic amount, the right to indexation and civil interest is recognized as of the finality of the enforcement resolution that may eventually set them. Costs are borne by the defendant Municipality.\n\n \n\n \n\nRicardo A. Madrigal Jiménez\n\n \n\n \n\n \n\nCarlos Espinoza Salas                                                                            Francisco Muñoz Chacón\n\n DISSENTING VOTE OF JUDGE ESPINOZA SALAS\n\n \n\nI concur with my colleagues in the vote; however, I differ regarding the interpretation made concerning the moment from which indexation and interest on the sums granted in the judgment run, which according to the respected majority position is from the finality of the judgment that concretely establishes them. However, for the undersigned, indexation and interest, in the case of obligations of value, must run from the finality of the judgment that grants them, without it being necessary to postpone such date until there is a specific amount, and in the case of monetary obligations, from when the disbursement was incurred. Thus, the correct way to establish full and comprehensive compensation, and to avoid causing harm to the litigant, is that indexation and interest must be granted from when the obligation is established, issued, and recognized. Regarding indexation, due to the nature of this institute, which seeks to update pre-existing monetary obligations to present value or to update to the time of issuance the obligations of value recognized in the judgment, its application, in the case of obligations declared in the abstract, should not be subject to the moment of finality of the enforcement judgment that defines its amount, since the right has already been declared and established. Similarly, if the compensation amount has already been defined in the judgment, with much less reason should the ex officio duty to index such items be postponed to later stages to the detriment of the prevailing party. Although section 123 of the Contentious-Administrative Procedural Code is clear that the monetary obligation recognized in the judgment shall be updated from the date of its enforceability, section 124, first and second subsections, regarding obligations of value, states that once converted into effective money, the enforcement judge shall update it, but does not indicate from when. For this reason, the logical interpretation, based on the principle of full and comprehensive reparation, is that since the date of its determination in enforcement and subsequent payment is deferred in time, it is reasonable that the update takes place from when it was declared in the judgment and until its effective payment. Ergo, in the case of obligations of value whose amount is set in the judgment that grants them, with even less reason should their indexation be deferred to later stages. Although the legal precept provides that once the obligation of value is converted into a monetary one, it shall be updated, this is because, for logical reasons, the indexation operation cannot be applied to an unquantified item, but this does not imply that such update must run until the enforcement judge establishes its amount.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nCarlos Espinoza Salas\n\n \n\nExpediente: 09-001089-1027-CA\n\nDe: Nombre53625\n\nContra: Municipalidad de Atenas\n\nCoadyuvante de la Actora: Asociación de Desarrollo Integral del Barrio Jesus de Atenas\n\nProceso de Conocimiento\n\n \n\nClasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 06:38:39.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }