{ "id": "nexus-sen-1-0034-597519", "citation": "Res. 00019-2014 Tribunal Agrario", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Inhibitoria agraria revocada en caso de finca dentro del Parque Nacional Tortuguero", "title_en": "Agrarian Court Revokes Dismissal in Tortuguero National Park Land Case", "summary_es": "El Tribunal Agrario revoca la inhibitoria declarada por el Juzgado Agrario de Guápiles, que se declaró incompetente para conocer un proceso ordinario sobre una finca supuestamente integrada al Parque Nacional Tortuguero (patrimonio natural del Estado). El tribunal superior examina las pretensiones de la demanda principal (declarar sociedad de hecho sobre un complejo turístico) y de la reconvención (segregar tres hectáreas para la sociedad), y determina que la materia agraria es competente, conforme a los artículos 1 y 2.h de la Ley de Jurisdicción Agraria. Subraya que la protección ambiental no es monopolio de la jurisdicción contencioso-administrativa, pues el derecho a un ambiente sano es un derecho fundamental (arts. 50 y 69 constitucionales), y que la materia ambiental es transversal y multidisciplinaria. Apoyándose en el art. 108 de la Ley de Biodiversidad, el tribunal establece que los juzgados agrarios deben aplicar normativa ambiental y tutelar el ambiente en casos que lo ameriten, sin que la simple pertenencia de un inmueble al patrimonio natural del Estado desplace la competencia material agraria.", "summary_en": "The Agrarian Tribunal overturned the lower court's dismissal, which had declined jurisdiction over an ordinary civil action involving land allegedly within Tortuguero National Park (state natural heritage). The appellate court analyzed the claims—a principal action seeking a declaration of a de facto partnership for a tourist development and a counterclaim for segregating three hectares—and held that the dispute falls within agrarian jurisdiction under articles 1 and 2(h) of the Agrarian Jurisdiction Law. It emphasized that environmental protection is not the exclusive domain of administrative courts: the fundamental right to a healthy environment (articles 50 and 69 of the Constitution) is cross-cutting, and environmental law permeates all branches. Citing article 108 of the Biodiversity Law, the court ruled that agrarian judges must apply environmental law and can hear cases involving state natural heritage when the core action is agrarian; the mere fact that land may be part of the state's natural heritage does not oust agrarian jurisdiction.", "court_or_agency": "Tribunal Agrario", "date": "10/01/2014", "year": "2014", "topic_ids": [ "procedural-environmental", "biodiversity-law-7788" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "competencia material agraria", "patrimonio natural del Estado", "inhibitoria", "sociedad de hecho", "derecho fundamental al ambiente sano", "transversalidad ambiental", "jurisdicción contencioso-administrativa", "artículo 108 Ley de Biodiversidad" ], "concept_anchors": [ { "article": "Arts. 1 y 2", "law": "Ley de Jurisdicción Agraria" }, { "article": "Arts. 50 y 69", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 108", "law": "Ley de Biodiversidad 7788" } ], "keywords_es": [ "competencia material agraria", "patrimonio natural del Estado", "Parque Nacional Tortuguero", "inhibitoria", "sociedad de hecho", "derecho fundamental al ambiente sano", "transversalidad ambiental", "jurisdicción contencioso-administrativa", "Ley de Jurisdicción Agraria", "artículo 108 Ley de Biodiversidad" ], "keywords_en": [ "agrarian material jurisdiction", "state natural heritage", "Tortuguero National Park", "judicial recusal", "de facto partnership", "fundamental right to a healthy environment", "environmental transversality", "administrative jurisdiction", "Agrarian Jurisdiction Law", "article 108 Biodiversity Law" ], "excerpt_es": "Por ese motivo, resultaría inconstitucional interpretar que únicamente la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es la que podría aplicar normativa para la tutela del ambiente y la protección de intereses colectivos, así como el considerar que serían la única facultada para tutelar los bienes que componen el ambiente. Por ende, para definir la competencia material en casos como el presente, debe analizarse y tomarse en cuenta no solo la naturaleza de los bienes involucrados (público o privado) -aspecto además que deberá ser resuelto o determinado al analizarse el fondo del asunto, dado que el terreno, según consta en autos, aún se encuentra inscrito a nombre de una persona privada-; también deben valorarse las otras pretensiones, en función de las acciones planteadas por las partes. Lo anterior, con base en lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Biodiversidad.", "excerpt_en": "For this reason, it would be unconstitutional to interpret that only the Administrative Contentious Jurisdiction can apply norms protecting the environment and collective interests, or that it alone is empowered to safeguard the assets that make up the environment. Therefore, in defining material jurisdiction in cases like this, one must analyze and consider not only the nature of the assets involved (public or private)—an aspect that must also be resolved when deciding the merits, given that the land, as the record shows, is still registered in the name of a private person—but also the other claims, in light of the actions brought by the parties. This is based on article 108 of the Biodiversity Law.", "outcome": { "label_en": "Dismissal overturned", "label_es": "Inhibitoria revocada", "summary_en": "The material dismissal was set aside and the Agrarian Court's jurisdiction was confirmed to hear disputes over land in protected areas where the principal claim is agrarian in nature.", "summary_es": "Se dejó sin efecto la inhibitoria por materia y se reafirmó la competencia del Juzgado Agrario para conocer de disputas sobre inmuebles en áreas protegidas cuando la acción principal es de índole agraria." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando II", "quote_en": "the protection of the environment and the safeguarding of the constitutional right to a healthy environment is the jurisdiction of every court, regardless of subject matter, as it is a fundamental right", "quote_es": "la protección del ambiente y la tutela del derecho constitucional a un ambiente sano es competencia de toda tribunal jurisdiccional, independientemente de la materia, por tratarse de un derecho fundamental" }, { "context": "Considerando II", "quote_en": "environmental matters are precisely characterized by their cross-cutting and multidisciplinary nature, which implies not only that various disciplines interrelate or influence each other to achieve effective environmental protection, but also that it affects various and diverse branches of law.", "quote_es": "la materia ambiental precisamente se caracteriza por su transversalidad y multidisciplinariedad, que implica no solo el que varias disciplinas se relacionan o influyen entre sí para lograr una tutela efectiva del ambiente, sino también el que aquella incide en varias y diversas ramas jurídicas." }, { "context": "Considerando II", "quote_en": "it would be unconstitutional to interpret that only the Administrative Contentious Jurisdiction can apply norms protecting the environment and collective interests, or that it alone is empowered to safeguard the assets that make up the environment.", "quote_es": "resultaría inconstitucional interpretar que únicamente la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es la que podría aplicar normativa para la tutela del ambiente y la protección de intereses colectivos, así como el considerar que serían la única facultada para tutelar los bienes que componen el ambiente." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-39796", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley de Biodiversidad 7788 Art. 108" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-597519", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [ { "doc_id": "norm-39796", "norm_num": "7788", "norm_name": "Ley de Biodiversidad", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "30/04/1998" } ], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Agrario\n\nResolución Nº 00019 - 2014\n\nFecha de la Resolución: 10 de Enero del 2014 a las 15:40\n\nExpediente: 08-000165-0507-AG\n\nRedactado por: Ruth Alpízar Rodríguez\n\nClase de asunto: Proceso ordinario agrario\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTemas Estrategicos: Ambiental\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Derecho Procesal Agrario\n\nTema: Competencia agraria por materia\n\nSubtemas:\n\nCriterios para determinar conocimiento de asuntos agroambientales.\n\nTema: Protección del ambiente\n\nSubtemas:\n\nCriterios para determinar la competencia en asuntos agroambientales.\n\n“II.- La competencia agraria por razón de la materia está definida genéricamente en los artículos 1 y 2 inciso h) de la Ley de Jurisdicción Agraria. Dichas normas facultan a los jueces y a las juezas de esta disciplina para dirimir o resolver los conflictos relacionados con el ejercicio de actividades agrarias o agroambientales, o conexas a éstas. Se considera fundo agrario aquél destinado a dichas actividades, o que pueda destinarse a ellas. Para éste último supuesto, es importante tomar en cuenta la medida, la ubicación del terreno y el tipo de producción que se puede desarrollar en él. Los anteriores criterios deben además ajustarse a las necesidades y requerimientos que las tecnologías modernas y avances científicos planteen en materia de desarrollo agropecuario. Por ejemplo, terrenos que antes no podían destinarse a actividades agrarias  -por su tamaño o el clima imperante en la zona-, actualmente pueden serlo, si se desarrolla agricultura hidropónica o con otras tecnologías, en las cuales el sustrato \"tierra o suelo\" no es fundamental. Por otro lado, el que un terreno forme parte del patrimonio natural del Estado, no imposibilita que toda persona juzgadora pueda y esté facultada para revisar y aplicar la normativa que lo tutela, sin que exista normativa que especifique que solo la Jurisdicción contenciosa administrativa lo pueda hacer. Lo anterior por cuanto la protección del ambiente y la tutela del derecho constitucional a un ambiente sano es competencia de toda tribunal jurisdiccional, independientemente de la materia, por tratarse de un derecho fundamental (artículos 50 y 69 de la Constitución Política). Además, la materia ambiental precisamente se caracteriza por su transversalidad y multidisciplinariedad, que implica no solo el que varias disciplinas se relacionan o influyen entre sí para lograr una tutela efectiva del ambiente, sino también el que aquella incide en varias y diversas ramas jurídicas. Por ese motivo, resultaría inconstitucional interpretar que únicamente la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es la que podría aplicar normativa para la tutela del ambiente y la protección de intereses colectivos, así como el considerar que serían la única facultada para tutelar los bienes que componen el ambiente. Por ende, para definir la competencia material en casos como el presente, debe analizarse y tomarse en cuenta no solo la naturaleza de los bienes involucrados (público o privado) -aspecto además que deberá ser resuelto o determinado al analizarse el fondo del asunto, dado que el terreno, según consta en autos, aún se encuentra inscrito a nombre de una persona privada-; también deben valorarse las otras pretensiones, en función de las acciones planteadas por las partes. Lo anterior, con base en lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Biodiversidad.”\n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina\nTexto de la resolución\n\n \n\n*080001650507AG*\n\n \n\n  \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\nEXPN1\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nINHIB. ORDINARIO\n\n\n\n\nACTOR/A:\n\n\t\n\nSUEÑO TROPICAL DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA\n\n\n\n\nDEMANDADO/A:\n\n\t\n\n[Nombre3]  \n\n    \n\nVOTO N°  019-C-2014\n\n \n\nTRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las quince horas y cuarenta minutos del diez de enero de dos mil catorce.-\n\n           PROCESO ORDINARIO establecido por SUEÑO TROPICAL DEL CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica CED1       , representado por  su presidente [Nombre1]  , mayor, casado, contador, vecino de Limón, cédula  de identidad CED2   , contra [Nombre2]  , mayor, casado, técnico en electrónica, de nacionalidad española, vecino de Heredia, pasaporte número  CED3     . El demandado interpuso reconvención contra  [Nombre1]  ; SUEÑO TROPICAL DEL CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA, de calidades antes mencionadas, y EL ESTADO, representado por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representado por Víctor Bulgarelli Céspedes , mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad CED4   , en su condición de procurador adjunt o. Actúa como apoderado especial judicial de la parte actora-reconvenida, Luis Ángel Montero Rodríguez, colegiado ocho mil ochocientos once; y como abogado director de los demandados reconventores, Jorge Fallas Aguilar, colegiado mil quinientos dieciocho. Tramitado ante en el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la zona Atlántica, Guápiles.-\n\n          Redacta la jueza ALPÍZAR RODRÍGUEZ; y,\n\n CONSIDERANDO:\n\n          I- En autosentencia 133-2013 del 19 de noviembre del 2013, la persona juzgadora se declaró inhibida para conocer de este asunto para evitar futuras nulidades, dado el criterio expuesto por la Sala Primera, en voto 959-2013, aunque consideraba que tenía competencia material para tramitarlo. Lo anterior por estar de por medio un terreno que se afirma forma parte del patrimonio natural del Estado, al estar inmerso en el Parque Nacional Tortuguero (ver folios 1998 y 1999).\n\n          II.- La competencia agraria por razón de la materia está definida genéricamente en los artículos 1 y 2 inciso h) de la Ley de Jurisdicción Agraria. Dichas normas facultan a los jueces y a las juezas de esta disciplina para dirimir o resolver los conflictos relacionados con el ejercicio de actividades agrarias o agroambientales, o conexas a éstas. Se considera fundo agrario aquél destinado a dichas actividades, o que pueda destinarse a ellas. Para éste último supuesto, es importante tomar en cuenta la medida, la ubicación del terreno y el tipo de producción que se puede desarrollar en él. Los anteriores criterios deben además ajustarse a las necesidades y requerimientos que las tecnologías modernas y avances científicos planteen en materia de desarrollo agropecuario. Por ejemplo, terrenos que antes no podían destinarse a actividades agrarias  -por su tamaño o el clima imperante en la zona-, actualmente pueden serlo, si se desarrolla agricultura hidropónica o con otras tecnologías, en las cuales el sustrato \"tierra o suelo\" no es fundamental. Por otro lado, el que un terreno forme parte del patrimonio natural del Estado, no imposibilita que toda persona juzgadora pueda y esté facultada para revisar y aplicar la normativa que lo tutela, sin que exista normativa que especifique que solo la Jurisdicción contenciosa administrativa lo pueda hacer. Lo anterior por cuanto la protección del ambiente y la tutela del derecho constitucional a un ambiente sano es competencia de toda tribunal jurisdiccional, independientemente de la materia, por tratarse de un derecho fundamental (artículos 50 y 69 de la Constitución Política). Además, la materia ambiental precisamente se caracteriza por su transversalidad y multidisciplinariedad, que implica no solo el que varias disciplinas se relacionan o influyen entre sí para lograr una tutela efectiva del ambiente, sino también el que aquella incide en varias y diversas ramas jurídicas. Por ese motivo, resultaría inconstitucional interpretar que únicamente la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es la que podría aplicar normativa para la tutela del ambiente y la protección de intereses colectivos, así como el considerar que serían la única facultada para tutelar los bienes que componen el ambiente. Por ende, para definir la competencia material en casos como el presente, debe analizarse y tomarse en cuenta no solo la naturaleza de los bienes involucrados (público o privado) -aspecto además que deberá ser resuelto o determinado al analizarse el fondo del asunto, dado que el terreno, según consta en autos, aún se encuentra inscrito a nombre de una persona privada-; también deben valorarse las otras pretensiones, en función de las acciones planteadas por las partes. Lo anterior, con base en lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Biodiversidad.-\n\n          III.- En la demanda se pide, como lo desglosa el a quo, se declare la existencia de una sociedad de hecho entre el actor y una persona demandada privada, cuyo objeto era el desarrollo de un complejo turístico denominado Garza Tigre, en un terreno ubicado en [Dirección1] , de [Dirección2]  , Limón, matrícula [Placa1]. En la contrademanda se pide se obligue a los reconvenidos a segregar y aportar a la sociedad Corporación Turística Garza Tigre S.A., tres hectáreas de terreno que forman parte de la finca madre referida. Se trata de pretensiones y acciones que por la naturaleza de los bienes implicados pueden y deben ser resueltas por tribunales agrarios, quienes además están obligados a aplicar la normativa ambiental en los casos que lo ameriten. Por ende, al ser improcedente lo dispuesto por la persona juzgadora de primera instancia, debe improbarse la inhibitoria decretada. Se declara este asunto compete tramitarlo al Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, con sede en Guápiles, al cual debe devolverse el expediente para su debido trámite, una vez firme esta resolución. \n\nPOR TANTO:\n\n          Se imprueba la inhibitoria por razón de la materia declarada por el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, con sede en Guápiles, al cual debe devolverse el expediente para su debido trámite, una vez firme esta resolución.\n\n  \n\n \n\n \n\nWIE65S5UM2K61\n\nRUTH ALPIZAR RODRÍGUEZ -\n\nJUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\n  \n\n2FPTXPP1SKQ61\n\nLUIS ALONSO MADRIGAL\n\nPACHECO - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\nUH43ZVJOKZR461\n\n[Nombre4]\n\n[Nombre5] - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEXP: EXPN1\n\nII Circuito Judicial San José, [Dirección3] ,     , [Dirección4]  de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...]\n\n \n\nClasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 06:51:44.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "AGRICULTURAL TRIBUNAL\n\nResolution No. 00019 - 2014\n\nDate of Resolution: January 10, 2014, at 3:40 p.m.\n\nCase File: 08-000165-0507-AG\n\nDrafted by: Ruth Alpízar Rodríguez\n\nType of Matter: Ordinary agricultural proceeding\n\nAnalyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\nContent of Interest:\n\nStrategic Themes: Environmental\n\nType of Content: Majority vote\n\nBranch of Law: Agricultural Procedural Law\n\nTopic: Agricultural jurisdiction by subject matter\n\nSubtopics:\n\nCriteria for determining cognizance of agro-environmental matters.\n\nTopic: Environmental protection\n\nSubtopics:\n\nCriteria for determining jurisdiction in agro-environmental matters.\n\n“II.- Agricultural jurisdiction by reason of subject matter is generically defined in Articles 1 and 2, subsection h) of the Agricultural Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria). These norms empower the judges of this discipline to settle or resolve conflicts related to the exercise of agricultural or agro-environmental activities, or activities connected thereto. An agricultural holding (fundo agrario) is considered to be one destined for such activities, or capable of being destined for them. For this latter case, it is important to take into account the size, the location of the land, and the type of production that can be developed on it. The foregoing criteria must also adjust to the needs and requirements that modern technologies and scientific advances pose in the area of agricultural development. For example, lands that previously could not be destined for agricultural activities – due to their size or the prevailing climate in the area – can currently be so, if hydroponic agriculture is developed or agriculture using other technologies in which the substrate \\\"earth or soil\\\" is not fundamental. On the other hand, the fact that a piece of land forms part of the natural patrimony of the State does not make it impossible for any judicial officer to review and apply the regulations that protect it, without there being any regulation specifying that only the Contentious-Administrative Jurisdiction (Jurisdicción contenciosa administrativa) may do so. The foregoing is because the protection of the environment and the safeguarding of the constitutional right to a healthy environment is the competence of every jurisdictional court, regardless of the subject matter, as it is a fundamental right (Articles 50 and 69 of the Political Constitution). Furthermore, environmental matters are precisely characterized by their transversality and multidisciplinarity, which implies not only that various disciplines relate to or influence each other to achieve effective protection of the environment, but also that such matters affect various and diverse legal branches. For that reason, it would be unconstitutional to interpret that only the Contentious-Administrative Jurisdiction is the one that could apply regulations for the protection of the environment and the protection of collective interests, as well as to consider that it would be the only one empowered to protect the assets that make up the environment. Therefore, to define subject-matter jurisdiction in cases such as the present one, the analysis must take into account not only the nature of the assets involved (public or private) - an aspect that must, moreover, be resolved or determined when analyzing the merits of the matter, given that the land, as recorded in the case file, is still registered in the name of a private person - but the other claims must also be assessed, based on the actions brought by the parties. The foregoing, based on the provisions of Article 108 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad).”\n\n... See more\nCitations of Legislation and Doctrine\nText of the resolution\n\n \n\n*080001650507AG*\n\n \n\n  \n\nCASE FILE:\n\n\\t\n\nEXPN1\n\n\n\nPROCEEDING:\n\n\\t\n\nINHIB. ORDINARIO\n\n\n\nPLAINTIFF:\n\n\\t\n\nSUEÑO TROPICAL DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA\n\n\n\nDEFENDANT:\n\n\\t\n\n[Nombre3]  \n\n    \n\nVOTE No. 019-C-2014\n\n \n\nAGRICULTURAL TRIBUNAL. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At fifteen hours and forty minutes on the tenth of January, two thousand fourteen.-\n\n           ORDINARY PROCEEDING brought by SUEÑO TROPICAL DEL CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA, legal identification number CED1, represented by its president [Nombre1], of legal age, married, accountant, resident of Limón, identity card number CED2, against [Nombre2], of legal age, married, electronics technician, of Spanish nationality, resident of Heredia, passport number CED3. The defendant filed a counterclaim against [Nombre1]; SUEÑO TROPICAL DEL CARIBE SOCIEDAD ANÓNIMA, with the above-mentioned particulars; and EL ESTADO, represented by the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, represented by Víctor Bulgarelli Céspedes, of legal age, married, attorney, resident of Heredia, identity card number CED4, in his capacity as assistant prosecutor. Acting as special judicial representative for the plaintiff-counterclaim defendant is Luis Ángel Montero Rodríguez, bar association number eight thousand eight hundred eleven; and as directing attorney for the counterclaimant defendants, Jorge Fallas Aguilar, bar association number one thousand five hundred eighteen. Processed before the Juzgado Agrario of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Guápiles.-\n\n          Drafted by Judge ALPÍZAR RODRÍGUEZ; and,\n\n WHEREAS:\n\n          I- In final judgment 133-2013 of November 19, 2013, the judicial officer declared a lack of jurisdiction (inhibida) to hear this matter in order to avoid future nullities, given the criterion expressed by the First Chamber (Sala Primera), in vote 959-2013, although they considered they had subject-matter jurisdiction to process it. The foregoing because a piece of land is at stake that is claimed to form part of the natural patrimony of the State, being immersed in the Tortuguero National Park (Parque Nacional Tortuguero) (see folios 1998 and 1999).\n\n          II.- Agricultural jurisdiction by reason of subject matter is generically defined in Articles 1 and 2, subsection h) of the Agricultural Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria). These norms empower the judges of this discipline to settle or resolve conflicts related to the exercise of agricultural or agro-environmental activities, or activities connected thereto. An agricultural holding (fundo agrario) is considered to be one destined for such activities, or capable of being destined for them. For this latter case, it is important to take into account the size, the location of the land, and the type of production that can be developed on it. The foregoing criteria must also adjust to the needs and requirements that modern technologies and scientific advances pose in the area of agricultural development. For example, lands that previously could not be destined for agricultural activities – due to their size or the prevailing climate in the area – can currently be so, if hydroponic agriculture is developed or agriculture using other technologies in which the substrate \"earth or soil\" is not fundamental. On the other hand, the fact that a piece of land forms part of the natural patrimony of the State does not make it impossible for any judicial officer to review and apply the regulations that protect it, without there being any regulation specifying that only the Contentious-Administrative Jurisdiction (Jurisdicción contenciosa administrativa) may do so. The foregoing is because the protection of the environment and the safeguarding of the constitutional right to a healthy environment is the competence of every jurisdictional court, regardless of the subject matter, as it is a fundamental right (Articles 50 and 69 of the Political Constitution). Furthermore, environmental matters are precisely characterized by their transversality and multidisciplinarity, which implies not only that various disciplines relate to or influence each other to achieve effective protection of the environment, but also that such matters affect various and diverse legal branches. For that reason, it would be unconstitutional to interpret that only the Contentious-Administrative Jurisdiction is the one that could apply regulations for the protection of the environment and the protection of collective interests, as well as to consider that it would be the only one empowered to protect the assets that make up the environment. Therefore, to define subject-matter jurisdiction in cases such as the present one, the analysis must take into account not only the nature of the assets involved (public or private) - an aspect that must, moreover, be resolved or determined when analyzing the merits of the matter, given that the land, as recorded in the case file, is still registered in the name of a private person - but the other claims must also be assessed, based on the actions brought by the parties. The foregoing, based on the provisions of Article 108 of the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad).-\n\n          III.- The complaint (demanda) seeks, as the lower court (a quo) breaks down, a declaration of the existence of a de facto partnership (sociedad de hecho) between the plaintiff and a private defendant, the purpose of which was the development of a tourist complex named Garza Tigre, on a piece of land located at [Dirección1], of [Dirección2], Limón, registration number [Placa1]. The counterclaim (contrademanda) seeks to compel the counterclaim defendants to segregate and contribute to the company Corporación Turística Garza Tigre S.A., three hectares of land that form part of the aforementioned parent property. These are claims and actions that, by the nature of the assets involved, can and must be resolved by agricultural courts, which are also obligated to apply environmental regulations in cases that warrant it. Therefore, since what was ordered by the first-instance judicial officer is improper, the declared lack of jurisdiction (inhibitoria) must be disapproved. It is declared that this matter is within the competence of the Juzgado Agrario of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone (Zona Atlántica), based in Guápiles, to which the case file must be returned for its due process, once this resolution is final. \n\nTHEREFORE:\n\n          The lack of jurisdiction by reason of subject matter (inhibitoria por razón de la materia) declared by the Juzgado Agrario of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, based in Guápiles, is disapproved, and the case file must be returned to said court for its due process, once this resolution is final.\n\n  \n\n \n\n \n\nWIE65S5UM2K61\n\nRUTH ALPIZAR RODRÍGUEZ -\n\nDECIDING JUDGE\n\n \n\n  \n\n2FPTXPP1SKQ61\n\nLUIS ALONSO MADRIGAL\n\nPACHECO - DECIDING JUDGE\n\n\\t\n\nUH43ZVJOKZR461\n\n[Nombre4]\n\n[Nombre5] - DECIDING JUDGE\n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEXP: EXPN1\n\nII Circuito Judicial San José, [Dirección3], , [Dirección4] de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...]\n\n \n\nClassification prepared by CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Judicial Branch. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 06:51:44.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }