{ "id": "nexus-sen-1-0034-631420", "citation": "Res. 00029-2015 Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Improcedencia del despido de funcionario del INDER por prescripción de facultad disciplinaria", "title_en": "INDER Employee's Dismissal Barred by Prescription of Disciplinary Power", "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo declara parcialmente con lugar la demanda de un exfuncionario del INDER que fue despedido por haber recibido lotes bajo la denominada 'Ley del Burro'. Determina que el actor no era funcionario de la hacienda pública respecto de los hechos sancionados, por lo que aplica el plazo de prescripción de un mes del artículo 603 del Código de Trabajo. Al haber transcurrido más de diez años entre la adjudicación de los lotes y la apertura del procedimiento disciplinario, sin interrupciones válidas, la facultad sancionatoria había prescrito. Anula el despido, ordena la reinstalación del actor y el pago de salarios caídos indexados, con la salvedad de no duplicar remuneraciones de otros entes públicos.", "summary_en": "The Administrative Court partially grants the claim of a former INDER employee dismissed for receiving land parcels under the so-called 'Burro Law'. It finds the employee was not a 'public treasury officer' concerning the sanctioned conduct, so the one-month prescription period of Article 603 of the Labor Code applies. Since over ten years elapsed between the land allocation and the initiation of disciplinary proceedings without valid interruption, the disciplinary power had prescribed. The dismissal is annulled, reinstatement and indexed back pay are ordered, with deductions for any public-sector income earned during the separation.", "court_or_agency": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV", "date": "27/03/2015", "year": "2015", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "prescripción disciplinaria", "funcionario de hacienda pública", "artículo 603 Código de Trabajo", "Ley del Burro", "debido proceso administrativo", "caducidad del procedimiento", "INDER", "salarios caídos" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 603", "law": "Código de Trabajo" }, { "article": "Art. 71", "law": "Ley Orgánica de la Contraloría General de la República" }, { "article": "Arts. 308 y 339-341", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Art. 192", "law": "Constitución Política" } ], "keywords_es": [ "prescripción disciplinaria", "empleo público", "INDER", "Ley del Burro", "despido sin responsabilidad patronal", "artículo 603 Código de Trabajo", "funcionario de hacienda pública", "debido proceso", "Tribunal Contencioso Administrativo" ], "keywords_en": [ "disciplinary prescription", "public employment", "INDER", "Burro Law", "dismissal without employer liability", "Article 603 Labor Code", "public treasury officer", "due process", "Administrative Court" ], "excerpt_es": "Es criterio del Tribunal que al momento de la apertura del expediente administrativo contra el servidor ya la supuesta falta estaba prescrita. Se trata de un plazo de poco menos dos lustros y consecuente superior al tiempo legal. Por si esa situación no fuera motivo suficiente para el archivo del expediente al operar la excepción prescriptiva, advirtiendo que es posible ubicar como fue alegada consistentemente por el interesado, desde el conocimiento de la supuesta falta hasta el momento de la apertura de la causa en su contra transcurrieron más de doce meses, posteriormente entre la realización de la audiencia oral y privada y el correspondiente informe de instrucción, más de medio año, lo que podría haber derivado en una caducidad del procedimiento, y casi tres meses entre el informe de la Junta de Relaciones Laborales con respecto al acto sancionatorio, lo que nuevamente derivaría en la prescripción de la facultad disciplinaria.", "excerpt_en": "The Court holds that by the time the administrative proceedings were initiated against the employee, the alleged misconduct was already prescribed. The period involved is just under ten years and thus exceeds the legal time limit. Even if that were insufficient to archive the case due to the prescription defense, more than twelve months elapsed between knowledge of the alleged misconduct and the initiation of proceedings, followed by more than six months between the oral and private hearing and the instructional report—which could have triggered caducity—and nearly three months between the Labor Relations Board report and the disciplinary act, again resulting in prescription of the disciplinary power.", "outcome": { "label_en": "Partially granted", "label_es": "Parcialmente con lugar", "summary_en": "The INDER's disciplinary power is declared prescribed; the dismissal is annulled; reinstatement and indexed back pay are granted, except for amounts earned from other public entities during the separation.", "summary_es": "Se declara prescrita la facultad disciplinaria del INDER, se anula el despido, se ordena la reinstalación del actor y el pago de salarios caídos indexados, con excepción de sumas percibidas de otros entes públicos durante el cese." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando VIII", "quote_en": "Prescription, as a legal institution, can be positive or negative. For our purposes, only the implications of negative prescription are analyzed, whose relevance within the legal system is undeniable, as it provides efficient protection for the principle of legal certainty, third-party rights, and social order and peace.", "quote_es": "La prescripción, como instituto jurídico que es, puede ser positiva o negativa, para lo que aquí interesa, se analizarán únicamente las implicaciones de la prescripción negativa, cuya relevancia dentro del ordenamiento jurídico resulta innegable, porque permite una tutela eficiente del principio de seguridad jurídica, de los derechos de terceros y del orden y la paz social." }, { "context": "Considerando VIII", "quote_en": "With specific regard to public employment relationships, the exercise of the hierarchical superior's corrective power over employees who have committed punishable misconduct is subject to this time factor, after which such exercise may not be undertaken, as already noted.", "quote_es": "En lo que toca específicamente a las relaciones funcionariales, el ejercicio de la potestad correctiva del jerarca frente a los funcionarios que han cometido faltas sancionables, se encuentra sujeto a este factor de temporalidad, luego del cual, tal ejercicio no podrá ser emprendido como ya se ha dicho." }, { "context": "Considerando X", "quote_en": "Regarding the claim for wages, it must also be partially granted, upholding the lack of right defense for all sums not expressly recognized... back pay is granted, including all additional benefits of the relevant regime under identical conditions as if the dismissal had never occurred, except for periods of work for another public entity, with deductions for any identical or higher salary received.", "quote_es": "Con respecto a la pretensión de los salarios, también debe ser acogida, pero en este caso de manera parcial, aceptando la excepción de falta de derecho sobre todos aquellos no reconocidos expresamente... procede acoger la cancelación de salarios caídos, lo que incluye los demás pluses y beneficios propios del régimen al que se pertenecía, en idénticas condiciones como si el despido nunca hubiera ocurrido, salvo en lo correspondiente al tiempo que estuvo trabajando para otra administración pública en cuanto a la diferencia en caso de haber recibido un salario idéntico o mayor." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-631420", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 1, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [ { "idTipoVoto": 1, "nombreTipoVoto": "Voto de mayoría", "id": 1, "nombre": "Empleo público", "Subtemas": [ { "id": 1, "nombre": "Análisis respecto al cómputo del plazo de prescripción en caso de investigación administrativa previa al despido" }, { "id": 2, "nombre": "Principio de estabilidad relativa" } ] }, { "id": 2, "nombre": "Prescripción de la sanción administrativa disciplinaria", "Subtemas": [ { "id": 1, "nombre": "Análisis respecto al cómputo del plazo en caso de investigación previa al despido" } ] }, { "id": 3, "nombre": "Sanción administrativa disciplinaria", "Subtemas": [ { "id": 1, "nombre": "Análisis respecto al cómputo del plazo de prescripción en caso de investigación previa al despido" } ] }, { "id": 4, "nombre": "Fuerza pública", "Subtemas": [ { "id": 1, "nombre": "Consideraciones sobre la prescripción de la facultad disciplinaria" } ] }, { "id": 5, "nombre": "Régimen de servicio policial", "Subtemas": [ { "id": 1, "nombre": "Consideraciones y concepto de fuerza pública" } ] } ], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Contencioso Administrativo Sección IV\n\nResolución Nº 00029 - 2015\n\nFecha de la Resolución: 27 de Marzo del 2015 a las 07:00\n\nExpediente: 10-001336-0166-LA\n\nRedactado por: Ricardo Antonio Madrigal Jiménez\n\nClase de asunto: Proceso de conocimiento\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\nTemas (descriptores): Empleo público\nSubtemas:\nAnálisis respecto al cómputo del plazo de prescripción en caso de investigación administrativa previa al despido.\nPrincipio de estabilidad relativa.\nTemas (descriptores): Prescripción de la sanción administrativa disciplinaria\nSubtemas:\nAnálisis respecto al cómputo del plazo en caso de investigación previa al despido.\nTemas (descriptores): Sanción administrativa disciplinaria\nSubtemas:\nAnálisis respecto al cómputo del plazo de prescripción en caso de investigación previa al despido.\nTemas (descriptores): Fuerza pública\nSubtemas:\nConsideraciones sobre la prescripción de la facultad disciplinaria.\nTemas (descriptores): Régimen de servicio policial\nSubtemas:\nConsideraciones y concepto de fuerza pública.\nSentencias en igual sentido\n\n\nTexto de la resolución\n\nVoto N° 029-2015\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA, San José, a las siete horas con treinta minutos del veintisiete de marzo de dos mil quince.-\n\nProceso de conocimiento del señor Nombre112397   , técnico agropecuario, cédula de identidad número CED88958 -     -   y vecino de Río Claro de Golfito, provincia de Puntarenas, contra el INSTITUTO DE  DESARROLLO RURAL, (antiguamente Instituto de Desarrollo Agrario), señalado en adelante como Nombre3049, cédula de persona jurídica número CED87955 -    -     , representado originalmente por el señor Nombre23146   , cédula de identidad número CED8747 -     -   y vecino de Ciudad Colón de la provincia de San José y de manera reciente por el señor Nombre112596   , administrador de empresas, cédula de identidad número CED89143 -   -   y vecino de San José y el señor Nombre112398   , agrónomo, cédula de identidad número CED88959 -     -    , vecino de la Zona Sur. El actor actúa representado por el Licenciado Geovanny Retana Madriz, vecino de San José, cédula de identidad número CED88960 -     -     y el demandado Nombre112398  por el Lic. Carlos Vargas Chacón, cédula de identidad número CED45601 -     -     y vecino de Cartago, la Unión de Tres Ríos y el ente público por el Lic. Juan Carlos Jurado Solórzano, cédula de identidad número CED76444 -     -   y vecino de San José. Todos son mayores, casados y abogados, con las excepciones dichas. Proceso de conocimiento 10-001336-0166-LA.\n\nRESULTANDO:\n\n1.- Que el actor pretende según expresamente indicó: \" b) Que se declare que en el procedimiento administrativo tramitado en su contra violentó el debido proceso en cuanto a la apreciación de la prueba y aplicación de principios del derecho del trabajo, contenidos en los artículos CED89144, ,       , así como en transgresión de los principios constitucionales contemplados en los numerales 33, 36, 39 y 41 de la Constitución Política. c) Que como consecuencia de lo anterior, se declare que por razones de fondo el despido del actor resulta totalmente injustificado y por ente debe anularse el mismo. d) Que además de injustificado el despido, se declare que el actor era un funcionario ordinario, no funcionario de la hacienda pública, y por tanto, prescrita la acción de inicio del trámite de despido, por haberse iniciado cuando ya había transcurrido el plazo fatal de prescripción, así mismo, prescrita la potestad sancionatoria del ente demandado, por haber ejecutado un despido luego de transcurrido sobradamente el plazo de prescripción establecido en el artículo seiscientos tres del Código de Trabajo. e) Que como consecuencia de lo anterior, deberá restituirse al actor en el puesto que ocupaba antes del despido, con pleno goce de todos sus derechos laborales.  Asimismo, en virtud de que el ente accionado dispuso en la persona del señor Nombre112398   , la plaza ocupada por el actor, de no ser posible reinstalarlo en ese misma plaza, se condene al Nombre3049 a crear una plaza laboral para la reinstalación del actor en las mismas condiciones y funciones que venía desempeñando antes de ser despedido (esto último adicionado en la audiencia preliminar) f) Que como consecuencia de la restitución en el cargo, deberá el Nombre3049 cancelar al actor junto sus respectivos intereses legales (se aplique la indexación), todos los salarios dejados de percibir, así como todos los pluses que como funcionario ordinario le correspondería al actor, a partir de la fecha del despido y hasta que se haga la efectiva reinstalación en el cargo que desempeñaba. g) Que se condene al Nombre3049 al pago de ambas costas de este proceso\". Se advierte que la pretensión se ha modificado el nombre de la demandada, por imperativo legal.\n\n2.-  Los demandados se opusieron a la pretensión y agregaron las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, y falta de derecho, así como caducidad y prescripción (ya rechazadas en la audiencia preliminar). \n\n3.- Que el juicio oral fue realizado los días dieciocho y treinta de julio de dos mil doce, así como siete de agosto del mismo año (estas últimas dos fechas a solicitud de las partes), disponiéndose al amparo de los artículos ciento once del Código Procesal Contencioso Administrativo y cuarenta y siete del Reglamento el proceso de trámite complejo y que la resolución se dictaría de manera escrita.\n\n4.- Por resolución 083-2012 de las ocho horas del dieciséis de agosto de dos mil doce, esta Sección resolvió el fondo del expediente declarándolo parcialmente con lugar. \n\n5- Inconforme con lo resuelto, la representación del Instituto de Desarrollo Rural presentó recurso de casación, la que fuera resuelta por el voto 00073-F-TC-2014 de las catorce horas del veinte de agosto de dos mil catorce, del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, con el siguiente dispositivo: \"Se declara con lugar el recurso por quebranto de normas procesales. Se anula la sentencia impugnada. Debe el Tribunal dictarla de nuevo, con arreglo a Derecho\"\n\n6- En fechas veinte y veintiséis de marzo de dos mil quince se realizó reapertura del juicio en este expediente al amparo del artículo ciento diez del Código Procesal Contencioso Administrativo, para conocer de prueba para mejor resolver ordenada por el tribunal.\n\n7- En los procedimientos se han observado las prescripciones de rigor y no se notan causales de nulidad capaces de invalidar lo actuado. Esta sentencia se dicta previo las deliberaciones de rigor, dentro del plazo que permiten las obligaciones del despacho y por unanimidad.\n\nRedacta el Juez Madrigal Jiménez; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\nI. EN CUANTO A LA NULIDAD DECLARADA POR EL TRIBUNAL DE CASACIÓN: El principal argumento del Tribunal de Casación Contencioso Administrativo para disponer la nulidad de la resolución que originalmente se dispuso en este expediente, tenía como asidero la falta de determinación de la fecha de generación del informe de Contraloría General de la República que motivó el expediente administrativo en contra del señor actor y que posteriormente, produjo en el despido base del proceso. Este Tribunal había señalado dentro de los hechos probados la existencia del referido informe, sin poder precisar una fecha de emisión, en virtud de que a folio 102 y 103 del expediente administrativo, se ubica el oficio AJRB-B-027-2007 del 17 de enero de 2007 de la Asesoría Legal Región Brunca del Instituto de Desarrollo Rural al Instituto Geográfico Nacional, que en su primer párrafo señala literalmente: \" Por recomendación de la Contraloría General de la República, el Instituto de Desarrollo Agrario se avoca a realizar una valoración de casos de asignación y titulación de terrenos en los cuales se presume la existencia de algún vicio de nulidad\". Debe aclararse que esta Cámara revisó a cabalidad la totalidad del expediente en su deliberación para adoptar la correspondiente sentencia y solo ubicó la referencia supra expuesta. Más el tema del informe no correspondió a un aspecto preponderante dentro del criterio sustentado por el Tribunal de instancia. Lamentablemente, en la posición que pretendía sustentar el Tribunal de Casación Contencioso Administrativo debía tener como eje ese aspecto, lo que produjo decretar la nulidad. Este órgano jurisdiccional ha procedido a revisar a cabalidad nuevamente el total del expediente administrativo y judicial sin poder ubicar el referido estudio, procurando cumplir con lo indicado por el superior jerárquico funcional previno por resolución de las ocho horas del nueve de marzo de dos mil quince que se aportarán esos documentos como prueba para mejor resolver ordenada por este órgano jurisdiccional. Igualmente se realizaron dos audiencias de reapertura del juicio los días veinte y veintiséis de marzo del año en curso, arribando a las siguientes conclusiones. Que no existe un informe de Contraloría General de la República sobre este tema en particular que motivara la sanción disciplinaria que a final de cuentas derivó en el despido del señor Nombre112397  y que el sustento del acto fue consecuencia de la actividad ordinaria de la administración activa, en los términos expresados por el representante del ente público y que es conteste con lo que resulta visible a folios finales del expediente judicial. Así como que el oficio AJRB-B-027-2007 del 17 de enero de 2007 de la Asesoría Legal Región Brunca del Instituto de Desarrollo Rural al Instituto Geográfico Nacional Realizada donde se menciona el cumplimiento de un informe de la Contraloría General de la República, presenta un error en dicha referencia o no es parte del presente expediente, en uno u otro caso, la existencia de un informe del órgano contralor no podría tomarse como base para definir el conflicto que nos ocupa. Realizada esta aclaración se procede a realizar la valoración de fondo de esta sumaria.\n\nII. DE LA BASE DEL PROCESO: Sostiene el actor que fue funcionario del Instituto de Desarrollo Rural, siendo despedido por la Junta Directiva de esa institución el veintiséis de octubre de dos mil nueve, hecho comunicado hasta el diecisiete de noviembre de ese año. Evidencia que la apertura del expediente se dio el primero de diciembre de dos mi siete, a partir de la supuesta participación en varios lotes en beneficio personal directo o indirecto. La audiencia oral y privada del procedimiento administrativo se llevó a cabo el veintinueve de noviembre de dos mil siete y el informe de instrucción se rindió hasta el veintiséis de junio de dos mil ocho. La Junta de Relaciones Laborales emitió criterio dividido el veintidós de septiembre de dos mil ocho, siendo que la mayoría de ese órgano colegiado los que discrepan de la posibilidad de despido. Posteriormente el tres de diciembre de dos mil ocho se pasa el expediente a la Presidencia Ejecutiva de la demandada, donde por resolución 002-2009 del veintitrés de enero de dos mil nueve se ordena el despido sin responsabilidad patronal. Frente a dicho acto se interpusieron los recursos de revocatoria con apelación en subsidio. Evidencia que el acto se ejecutó hasta el diecisiete de noviembre de dos mil nueve. Señala que tanto en el momento de emitir el acto, como en su ejecución se superó el plazo de un mes que regula la legislación de trabajo. En cuanto al fondo, según la resolución se le despide por permitir que se titule a su favor un terreno sita en Puerto Jiménez y luego otro en Osa, sin perjuicio de beneficiar a varios parientes, conociendo que está impedido para ello; lo que considera incorrecto; pues por las funciones que presenta el no definió la entrega de dichos títulos. Evidenció que la primera de las fincas no presenta vocación urbana, por eso la devolvió a la demanda y a cambio le dieron la segunda. Sostiene que el terreno se lo dieron como una forma de apoyo del ente público, por su escasa condición económica; que el inmueble no presentaba vocación agrícola y que su actuación no fue irregular para aquel momento. En todo caso, no fue su decisión sino de las autoridades institucionales los que tomaron el criterio de darle el inmueble. Indica que esos actos fueron de conocimiento institucional hacía muchos años, por lo que considera que la facultad para sancionarlo había fenecido para el momento que el ente público la ejerció. Concluye razonando que no es funcionario de la Hacienda Pública, por lo que la supuesta falta esta prescrita. El Nombre3049 reconoce el vínculo laboral, y el cese de la relación laboral, aun cuando corrige varias fechas. Sostiene que el retraso en la ejecución se debió al conocimiento de los recursos administrativos presentados; advirtiendo que la Administración presenta esa facultad de suspender la ejecución del acto que para el caso se hizo considerando las limitaciones económicas del actor. Evidencia que no ha operado la prescripción pues el funcionario si está cubierto por el régimen de la hacienda pública. El señor Vargas Chacón se integró al proceso pues fue nombrado en el puesto dejado por el actor, cargo que ocupa a la fecha en propiedad. En su contestación sostiene que los actos fueron dictados conforme a derecho y que su condición fue amparada a la buena fe; por lo que requiere se declare sin lugar la demanda en todos sus extremos.  En caso de prosperar esta solicita se adopte la ampliación adaptada por el actor en la audiencia preliminar, es decir, que sea reinstalado en un puesto diferente pero de idénticas condiciones.\n\nIII.  HECHOS PROBADOS: De importancia para el dictado de esta sentencia, se tienen los siguientes hechos probados de relevancia conforme con el mérito de los autos : 1) El actor trabajó a partir del año mil novecientos setenta y ocho para el Instituto demandado (hecho no controvertido y declaración de parte, aceptada por las contrapartes). 2) Dentro del Instituto demandado se estableció un procedimiento al margen de la Ley de la materia, denominado \"Ley del Burro\", que consistía en varios acuerdos internos del ente (ver folio 73 del expediente administrativo y 78 al 85 del expediente judicial; así como ser un hecho no controvertido según manifestaron las partes en el alegato de conclusiones). 3) Dentro de los acuerdos de la denominada \"Ley del Burro\", las autoridades superiores del ente público consideraron procedente ayudar a los funcionarios de escasos recursos, ubicados en zona rural, otorgándoles un terreno para poder asentar su familia y construir su casa de habitación (ver declaración del señor Mora Calvo rendida en el juicio oral y público, y declaración de parte del actor que es coherente con la anterior). 4) Por criterio legal Placa20272 del primero de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, la Licenciada Ana Victoria Mora Mora, Subjefe del Departamento Legal del Instituto de Desarrollo Rural dictaminó que la condición de funcionario público, incluso del mismo instituto, no era limitante para ser adjudicatario de un terreno por parte de esta (ver folio 125 del expediente administrativo). 5) El seis de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, el señor Nombre112397 rubricó un formulario ante el Nombre3049 en el cual solicitaba la adjudicación de un terreno a su haber, en provincia de Puntarenas, Dirección13629 ,  , manifestando que lo había poseído conforme con la Ley (ver folios 49 y 51 del expediente administrativo). 6) Por artículo III de la sesión 064-95 del diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco, la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Urbano (en aquel tiempo Desarrollo Rural) aprueba la adjudicación, segregación y traspaso al amparo de la \"Ley del Burro\" del lote 114-22-32 del Asentamiento Campesino de Osa, Sector 3, situado en Dirección3123   , a favor del señor Nombre112397  y su esposa, la señora Fernández Ovares, al reunir los requisitos legales según se hacía ver (ver folio 171 del expediente administrativo). 7) Que antes de la adjudicación el señor Nombre112397  o su esposa no habían realizado actos posesorios sobre el lote adjudicado (ver folios 78 al 86 y 170 del expediente administrativo y hecho reconocido por el referido señor en la confesional rendida en el juicio oral y público). 8) Por artículo III de la sesión 064-95 de la Junta Directiva de la demandada, del diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco, se aprobó la adjudicación, segregación y traspaso bajo la \"Ley del Burro\" del lote 114-22-20 del asentamiento de Osa a favor de la cuñada del actor, la señora Marlene Fernández Ovares y del esposo de ésta, el señor Adolfo Arias Velásquez (ver folios 70 y 71, 78 al 86 y 169 del expediente administrativo). 9) Por artículo XXVII de la sesión 065-96  de la Junta Directiva del Nombre3049 del diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis, se autoriza adjudicar, segregar y traspasar al amparo de la \"Ley del Burro\" del lote 114-22-34 a favor de la señora Nombre112400  , cuñada del actor (ver folio 70 y 169 del expediente administrativo). 10) Que actor llenó un formulario requiriendo la adjudicación de la parcela 218-1 ubicada en el Dirección13630       (hecho reconocido por este en su confesional). 11) Que por artículo XV de la sesión 084-97 del once de noviembre de mil novecientos noventa y siete, al amparo de la Ley del Burro, el Nombre3049 aprobó la adjudicación, segregación y traspaso de la parcela 218-1 ubicada en Rincón de Osa del Asentamiento de Osa a favor del señor Nombre112397  y su esposa (ver folio 35 al 43, 73 y 170 del expediente administrativo). 12) Que el referido lote presenta una cabida de seis mil quinientos diez metros cuadrados, con cincuenta y tres decímetros cuadrados (ver folio 105 del expediente administrativo). 13) Este lote no presenta una vocación agrícola, por lo que no es viable aprovecharlo de esa manera (ver declaración del señor Mora Calvo rendida en el juicio oral  y público). 14) Que en la finca en consideración existía al momento de la adjudicación una construcción, que presentaba evidente estado de deterioro, por lo que fue valorada por noventa y ocho mil seiscientos treinta colones (ver folio 104 del expediente administrativo). 15) Que el señor Nombre112397  y su esposa empezaron a ocupar el lote antes indicado hasta los primeros meses del año mil novecientos noventa y siete (ver folio 170 del expediente administrativo). 16) Solo en zona sur, además del señor actor se entregaron lotes al menos ocho funcionarios más, al amparo de la denominada \"Ley del Burro\" (Ver declaración del señor Mora Calvo rendida en el juicio oral y público). 17) Al momento de la entrega de los lotes al señor actor era de conocimiento por las diferentes instancias administrativas regionales que correspondía a un funcionario institucional (ver declaración del señor Mora Calvo rendido en el juicio oral y público). 18) Por artículo VII de la sesión 020-2001 de la Junta Directiva del ente público demandado, de fecha doce de marzo de dos mil uno, se autoriza el traspaso del lote 114-22-32 de los señores Nombre112397  y Mayra Fernández Ovares a favor de Nombre112401    y Nombre112402   (ver folios 169, 127 al 126 del expediente administrativo). 19) Por oficio OSO-036-2006 del doce de enero de dos mil seis el Ingeniero Mario Jiménez Quirós de la oficina Subregional de Osa comunica al Director de la Región Brun ca, la lista de funcionarios o familiares del Nombre3049 que se habían beneficiado con lotes a partir de la ley del Burro (ver folios 90 al 92 del expediente administrativo). 20) Por oficio OSO-338-2006 del tres de mayo de dos mil seis, el Ing. Mario Jiménez Quirós, Jefe de la Oficina Subregional de Osa del Instituto de Desarrollo Rural comunica a lo interno de la institución que el lote otorgado en su oportunidad al señor Nombre112397  y su esposa podría ubicarse dentro de la zona marítimo terrestre, así como da una serie de explicaciones adicionales sobre los lotes entregados por la ley del burro (ver folio 168 del expediente administrativo). 21) Por oficio AJRB-B-027-2007 del diecisiete de enero de dos mil siete, la Asesoría Legal de la Región Brunca del Instituto de Desarrollo Rural, comunica al director del Instituto Geográfico Nacional lo siguiente: \"… se ha encomendado a esta asesoría legal, instruir un procedimiento administrativo, tendiente a determinar si un precio localizado en Rincón de Osa ... comprende parte del área pública o restringida de la Zona Maritimo Terrestre....\" (ver folios 102 y 103 del expediente administrativo). 22) Por oficio 177-UAI-2007 del veintisiete de junio de dos mil siete, el Ing. Manuel Adolfo Mena del Instituto Geográfico Nacional comunica al ente público demandado que el terreno otorgado en su oportunidad al actor comprende áreas de la zona marítimo terrestre (ver folio 167 del expediente administrativo). 23) Por resolución de las catorce horas del primero de noviembre de dos mil siete se da apertura de expediente administrativo disciplinario contra el actor por haber sido adjudicatario de un lote en el asentamiento campesino de Osa, así como la adjudicación de dos lotes a favor de sus cuñadas (ver folios 172 al 173 y 118 al 119 del expediente administrativo). 24) El veintinueve de noviembre de dos mil siete se llevó a cabo la audiencia oral y privada dentro del expediente administrativo tramitado contra el señor actor (ver folio 172 del expediente administrativo). 25) El informe de instrucción dentro del expediente administrativo se emitió el veintiséis de junio de dos mil ocho, en el cual se recomendaba el despido sin responsabilidad patronal del señor Nombre112397  (ver folios 140 al 152 y 172 del expediente administrativo). 26) La Junta de Relaciones Laborales del Nombre3049 en el artículo cinco del acta doce - dos mil ocho, del veintidós de septiembre de dos mil ocho, divide su votación, de suerte que cuatro de ellos recomiendan una suspensión sin goce de salario y dos de ellos el despido sin responsabilidad patronal (ver folios 153 al 157, 171 y 172 del expediente administrativo). 27) Por resolución 0002-2009 de las trece horas del veintitrés de enero de dos mil nueve de la Presidencia Ejecutiva del Instituto de Desarrollo Rural, dispone despedir sin responsabilidad patronal al actor de conformidad con el artículo dieciséis del Reglamento Autónomo de Servicios, ciento trece de la ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos y ochenta y uno inciso L del Código de Trabajo, al constatarse falta grave en las funciones propias del cargo  (ver folios 159 al 173 del expediente administrativo). 28) Mediante escrito acreditado el veintinueve de enero de dos mil nueve ante la Presidencia Ejecutiva del ente público, el señor Nombre112397  presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, con incidencia de nulidad, contra la resolución de esa dependencia de las trece horas del veintitrés de enero de dos mil nueve, reconociendo que la notificación de dicho acto se había realizado el veintisiete de enero de ese año (ver folios del 175 al 180 del expediente administrativo). 29) Por resolución 050-2009 de las dieciséis horas del trece de abril de dos mil nueve, la Presidencia Ejecutiva de la demandada rechaza el recurso de revocatoria del actor contra el acto objeto del litigio y eleva el recurso de apelación para conocimiento del jerarca institucional (ver folios del 192 al 183 del expediente administrativo). 30) En virtud de escrito entregado el cinco de mayo de dos mil nueve, ante la Junta Directiva del Nombre3049 (en aquel tiempo Instituto de Desarrollo Agrario), el actor presenta recurso de apelación contra la resolución de las trece horas del veintitrés de enero de dos mil nueve, alegando la nulidad de la actuación administrativa (ver folios del 195 al 201 del expediente administrativo). 31) Por acuerdo de la Junta Directiva del Nombre3049 (en aquel tiempo Instituto de Desarrollo Agrario), en su artículo veintitrés, de la sesión treinta y ocho - dos mil nueve del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se dispone rechazar el recurso de apelación presentado por el actor contra la resolución 002-2009 de las trece horas del veintitrés de enero de dos mil nueve, confirmando dicho acto en todos sus extremos (ver folios del 202 al 210 del expediente administrativo y 39 al 53 del expediente judicial). 32) Que al actor se le canceló por concepto de liquidación lo correspondiente a vacaciones, aguinaldo, tiempo extraordinario de octubre de dos mil nueve y salario escolar, para un total de dos millones ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y dos colones con treinta y ocho céntimos (ver acción de personal 2009-887, folio 211 del expediente administrativo). 33) Al momento del cese el señor Nombre112397  presentaba varios créditos pendientes de cancelar (ver folios 181 del expediente administrativo). 34) Que en diferentes tractos, desde el momento que fue despedido, el actor ha prestado servicios para algunos entes públicos en la zona sur del país (declaración de parte, acusada como confesional por la contraparte). 35) Que el señor Nombre112398  ocupa actualmente en propiedad el mismo puesto que en su momento presentaba el señor Nombre112403  (hecho no controvertido entre las partes). 36) Al momento de su cese el señor Nombre112397  ocupaba un puesto de Tenico Nivel D, ubicado en la Subregional de Río Claro, zona sur del país (ver folio 211 del expediente administrativo). 37) El expediente tramitado contra el señor Nombre112397  no tiene como base algún expediente o recomendación de la Contraloría General de la República (ver documentos ordenados como prueba para mejor resolver y presentados en la audiencia del veintiséis de marzo de dos mil quince, anexos al final del expediente).\n\nIV. SOBRE HECHOS NO PROBADOS: Se tienen como hechos carentes de acervo probatorio: A) Que el actor conociera de que conducta de aceptar la entrega de un bien inmueble por parte del ente público demandado al momento de los hechos pudiera generarle un expediente administrativo en su contra por falta en el servicio (no hay prueba en el expediente). B) Que el actor haya tenido alguna interferencia directa o indirecta para la adjudicación a su favor del lote 114-22-32 del Asentamiento Campesino de Osa, Sector 3, ubicado en Rincón de Osa del Asentamiento de Osa, así como en la adjudicación de los lotes 114-22-20 y 114-22-34 ambos del Asentamiento de Osa, hecha a favor de las cuñadas del actor Marlene Fernández Ovares y Nombre112400   (no hay prueba en el expediente en ese sentido, más por el contrario la misma demandada lo tiene como un hecho no probado según es visible a folio 166 del expediente administrativo). C) Que el actor corresponda, en lo que la conducta que se le endilga que motivó su despido, a un servidor de la Hacienda Pública en los términos que el ordenamiento establece (no hay prueba en ese sentido). D) Que estemos en presencia de una conducta continuada de manera tal que no pueda operar un instituto preclusivo (no hay prueba en ese sentido). E) Que se haya dado interrupciones o suspensiones en el cómputo de la prescripción, de suerte que la falta no hubiera fenecido al momento de la imposición de la misma (no hay prueba en ese sentido). F) Que la investigación iniciada contra el señor actor fuera con ocasión de un informe de la Contraloría General de la República, de la Auditoria Interna o de una investigación preliminar (no hay elementos de convicción en ese sentido, más bien ambas partes manifestaron lo contrario y los documentos aportados en la audiencia del pasado veintiséis de marzo de dos mil quince indica lo contrario). G) Que el ente público demandado haya emprendido algún proceso o procedimiento de lesividad, para recuperar los bienes inmuebles que considera haber entregado a contra pelo de la ley (no hay prueba en ese sentido). H) El momento a partir del cual la Administración demandada llegó a la convicción que la Ley del Burro resultaba contraria a derecho y procedió a anular o revocar los acuerdos que le dieron sustento, así como las acciones encaminadas a recuperar los bienes entregados bajo ese fundamento (no es posible ubicar un solo elemento de convicción en ese sentido). I) Que el actor hubiera actuado con dolo o culpa grave al momento de solicitar se le entregaran los lotes que fueron base de su despido (no existen elementos de convicción en ese sentido).\n\nV.- ACLARACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DEL EXPEDIENTE: Es evidente que en el trasfondo del conflicto que une a las partes, se encuentran dos tópicos, el primero de ellos el aprovechamiento de dos lotes que en su momento la demandada transfirió al actor, según sostiene al margen del ordenamiento legal y por el otro, un empleo público. Estos dos temas se entrelazan en la medida que la causal de despido tiene sustento en la transferencia de los lotes. A los ojos del Tribunal y a partir de la pretensión estamos en presencia de un proceso de empleo público, donde la base del conflicto se centra exclusivamente en verificar si los presupuestos normativos para la sanción disciplinaria impuesta contra el actor por la Administración demanda presenta el correspondiente asidero o no.  Dicho aspecto debe quedar claro pues esa materia está regida por una serie de principios que le resultan propios, como subespecie del derecho administrativo. Consecuencia de lo dicho no estamos en presencia de un proceso de lesividad, al amparo del artículo ciento setenta y tres de la Ley General de la Administración Pública, donde rigen aparte de otra norma, otros principios diversos a los del caso. No existe en el caso contrademanda o pretensión alguna en la cual se requiera la nulidad de los actos que beneficiaron al actor en tanto adjudicatario de uno o varios lotes propiedad de la demandada. Debe comprenderse que es totalmente diferente el objeto de la litis cuando lo pretendido es discutir una sanción administrativa que cuando el objeto de la contienda se centra en la anulación de un acto declarativo de derechos preexistente por haberse adoptado en contra del ordenamiento jurídico. Evidentemente uno y otro tema podrían estar relacionado, como en la especie ocurre; pero por ser la pretensión el límite de las facultades del juzgador (salvo los supuestos excepcionales donde el ordenamiento permite la facultad oficiosa) y bajo el principio de congruencia no es posible aplicar criterios de un tema al otro o viceversa. Tanto de la misma demanda como de la audiencia complementaria es posible apreciar como ambas partes, pero en especial la demanda, dedica considerable esfuerzo para fundamentar el por qué consideran el acto traslativo de dominio, aspecto que fue advertido por el Tribunal en su momento, procurando que la discusión no se saliera de los márgenes de lo peticionado, lamentablemente las partes hicieron caso omiso del señalamiento. La audiencia de juicio no es el momento procesal para introducir aspectos (hechos, pretensiones o argumentos) sin nexo o relación con el objeto del proceso, tal y como lo ha establecido la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (ver voto 200-2012). Este aspecto debe quedar claro, pues en los razonamientos de las partes realizados en la audiencia de juicio es manifiesto cómo se tienen a aplicar institutos de este último escenario al primero de ellos, lo que de manera manifiesta debe ser rechazado.  Naturalmente, la Administración presenta las facultades de recuperación de bienes inmuebles frente a actos viciados en los términos y condiciones que el mismo ordenamiento le garantiza, lo que en caso de contención entre las partes podrá ser discutido en vía jurisdiccional, pero en un proceso diverso al que nos ocupa, en tanto no fue requerido en su oportunidad procesal. De manera que la Cámara obvia un análisis en ese sentido, que no es la base del proceso hoy considerado.\n\nVI.-  SOBRE LA RELACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO: En reiteradas ocasiones tanto esta Sección como el Tribunal han señalado que el régimen de empleo público corresponde a un sistema de contratación de personal que difiere sustancialmente del que presenta el sector privado, el cual tiene sustento en el numeral ciento noventa y dos de la Constitución Política; se trata en esencia de un solo régimen regulado en diversos estatutos los que en esencia están sometidos a parámetros de constitucionalidad y legalidad, en especial sobre los temas de proporcionalidad e igualdad. En ese marco, existen una serie de derechos y obligaciones bajo principios como legalidad, idoneidad comprobada, ausencia de libre disposición de la relación, sometimiento a los esquemas del derecho público, inamovilidad relativa, entre otros; salvo ciertos puestos expresamente regulados por ley o referenciados por el marco constitucional. En cuanto al retiro forzoso del sistema, la norma constitucional establece como máxima el principio de estabilidad relativa, lo que lleva aparejado que solo ante falta en el servicio (dolo o culpa grave en los términos de la Ley General de la Administración Pública) y los supuestos de reorganización del servicio público no es posible el rompimiento del vínculo.  La base de ese imperativo normativo tiene sustento en la visión del constituyente de generar un servicio público eficiente y profesionalizado, alejándolo de los vaivenes políticos que habían imperado antes del marco constitucional de mil novecientos cuarenta y nueve. De manera que si el funcionario fue contratado bajo el principio de idoneidad comprobada, el rompimiento del vínculo debe gestarse en situaciones excepcionales y extraordinarias, debidamente justificada. En cuanto a las causales, si bien algunas leyes establecen presupuestos normativos concretos propios de la relación que se trate (a manera de ejemplo la establecida en el Estatuto Policial, Ley 7410), lo normal es la existencia de una remisión directa legislativa a lo regulado por el artículo setenta y uno del Código de Trabajo. No esta demás indicar que la remisión del derecho estatutario al derecho laboral común es por demás un tema no deseado, pero ante la ausencia de norma legal no se ha logrado generar otro camino. Naturalmente, el establecimiento de la falta debe ser constatada siguiendo el procedimiento ordinario regulado en la Ley General de la Administración Pública, al amparo de los artículos cincuenta y nueve y trescientos ocho de esa norma legal, todo bajo las garantías del debido proceso y en especial del derecho de defensa; salvo claro está, que mediante norma legal se establezca otro procedimiento que en principio debe cumplir los parámetros del debido proceso para cumplir los parámetros de la carta fundamental. Retomando la diferencia entre los dos regímenes de empleo que en principio son propios del derecho privado (de los particulares) y por el otro lado, de la contratación pública, pero que en virtud de la doble naturaleza que presenta la Administración Pública, es posible ubicar ambos regímenes dentro del derecho público; es de recordar que en el régimen de empleo público no se aplica el principio del contrato realidad sustento del derecho laboral, se otorgan únicamente derechos contemplados en el estatuto, se debe seguir el principio de formalidad de la activación administrativa, transparencia, igualdad, y debido proceso para la imposición de sanciones disciplinarias, nombramiento mediante concurso que otorga un derecho subjetivo, las resoluciones del jerarca son actos administrativos y la entidad para la cual se presta el servicio tiene un patrimonio público y está sometido al derecho público en su organización y actividad y a los principios de eficiencia y eficacia. Por su parte, el régimen de empleo privado se describe como aquel en el cual las relaciones de servicio de la empresa son laborales comunes, las relaciones de prestación de la empresa frente a los usuarios es privada, es regido por el principio de libertad de contratación, autonomía de la voluntad y del contrato realidad, el derecho de reinstalación es excepcional, hay libertad de elección de los empleados, se pueden otorgar discrecionalmente más derechos que los mínimos establecidos por ley, hay potestad del patrono de despedir con responsabilidad patronal, las resoluciones del órgano de dirección de la empresa son actos mercantiles, y la entidad para la cual se presta el servicio tiene un patrimonio privado y está sometido al derecho privado en su organización y actividad. El Régimen de Servicio Civil es un sistema jurídico-administrativo, que busca garantizar la eficiencia de la Administración Pública, el cual presenta sustento en los artículos ciento noventa y uno y ciento noventa y dos de la carta fundamental. Se trata en efecto de un régimen de empleo cubierto por el Derecho Público.  Dicho sistema de empleo público implica, necesariamente, consecuencias derivadas de la naturaleza de esa relación, con principios generales propios, ya no solamente distintos a los del derecho laboral (privado), sino muchas veces contrapuestos a éstos.  Las relaciones laborales existentes entre el Estado y sus servidores deben concebirse como un todo, regulado por principios, disposiciones y políticas generales, sin distinción, salvo las excepciones expresamente contempladas por la ley, respecto de los centros funcionales de los que dependan aquellos servidores. De manera que entre el Estado y sus servidores públicos existe una relación especial de empleo público, que encuentra su fundamento jurídico en la Constitución Política, llamada comúnmente “relación estatuaria”, que se rige por el Derecho Público. El apelativo estatutaria tiene sustento en tanto depende de un estatuto, con regulaciones especiales, que le otorga vigencia; normalmente el referido estatuto está compuesto tanto por normas de orden legal como reglamentarias; naturalmente respetando el principio de reserva legal. En concordancia con las normas anteriores, los artículos primero y segundo del Estatuto de Servicio Civil, señala que “el Estatuto y sus reglamentos regularán las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores”. Así, los funcionarios de los distintos Ministerios y sus órganos desconcentrados estarán sujetos al régimen de Servicio Civil. El Régimen de Servicio Civil ha sido diseñado por el constituyente como un régimen de empleo general al que se encuentran sometidos, como regla de principio, todos los funcionarios de los Ministerios que conforman el Estado.\n\nVII.-  SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD DISCIPLINARIA EN EMPLEO PÚBLICO: El incumplimiento de los deberes del cargo genera para el servidor público una responsabilidad que puede revestir carácter patrimonial, penal o disciplinario. El primer tipo de responsabilidad, conforme a lo establecido en la Ley General de la Administración Pública (art. 199 y ss), surge cuando el empleado, con su actuación dolosa o por culpa grave, causa un daño económicamente evaluable a terceros o a la propia Administración. La responsabilidad penal presupone la comisión de alguno de los delitos tipificados en la legislación penal. En cuanto a la disciplinaria, debe señalarse que en nuestro medio no existe un solo régimen disciplinario en el ámbito de la función pública, pues las exigencias de protección de los bienes jurídicos relativos a la correcta prestación del servicio público, son distintos en muchos de los casos. La materia disciplinaria, como es bien sabido, se enmarca dentro de lo que doctrinariamente se ha definido como la categoría de la Relaciones de Sujeción Especial, estas son, a groso modo, aquellas relaciones que se establecen entre un sujeto y una administración pública, en razón de una condición o título especial y diferenciado que ostenta ese sujeto frente a esa entidad, en razón de la que adquiere particulares derechos y obligaciones, siendo una de esta últimas la de responder disciplinariamente por sus acciones u omisiones, cuando éstas, dentro del régimen estatutario del caso, sean consideradas una infracción. En estos casos, se establece una relación más intensa y peculiar entre el administrado cualificado y la Administración que dan pie a una serie de derechos y obligaciones específicos y marcados. Se trata de una relación especial de poder que desde la perspectiva de la Administración Pública se denomina relación de supremacía especial, o relación de sujeción especial, desde la óptica del administrado. Es menester indicar que en tratándose de ese tipo de relaciones el principio de reserva de ley se ve profundamente debilitado, dado que su contenido puede ser definido a través del ejercicio de la potestad reglamentaria y, en general, de los actos administrativos de alcance general en muchos casos (Ver al respecto Sala Constitucional, voto Nº 8009-04 de las 16:19 horas del 21 de julio del 2004), aun cuando naturalmente siempre existen otros donde se impone la reserva de ley. La Potestad Sancionatoria de la Administración es la que abre la acción punitiva de la Administración. Es una atribución propia de la Administración que se traduce en la posibilidad jurídica de la imposición de sanciones a los particulares y aún a los funcionarios que infringen sus disposiciones en el ejercicio de sus funciones, transgrediendo sus mandatos o desconociendo sus prohibiciones. La naturaleza jurídica de dicha potestad es administrativa y no debe confundirse con aquella que ejerce el juez en el desarrollo de un proceso judicial, pues allí la sanción es de naturaleza penal jurisdiccional. La pena que se exterioriza en el campo del derecho administrativo no tiene carácter penal. Se impone como instrumento de autoprotección para preservar el orden jurídico institucional con la distribución de competencias y el señalamiento de penas de igual carácter. Son sanciones que asumen carácter correctivo o disciplinario, según el ámbito de aplicación. De allí que se hable de potestad sancionatoria disciplinaria y potestad sancionatoria correccional, según los destinatarios sean servidores públicos o particulares. En el caso del derecho laboral público se han integrado las reguladas en el derecho del trabajo general, que como es conocido van desde la amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión por diferentes períodos de manera progresiva y el despido sin responsabilidad patronal. La potestad sancionatoria de la Administración se desenvuelve dentro del ámbito de los más disímiles hechos, actos y actividades complejas de los particulares y de la misma Administración. Está dirigida a reprimir aquellas conductas transgresoras de la normatividad administrativa y está sujeta, por lo demás, a las limitaciones constitucionales y legales que se establecen en la Constitución Política y en las disposiciones generales que la regulan. En el ámbito privado la facultad sancionatoria del empleador es parte de los mecanismos que presenta el dueño de la empresa para organizar los medios de producción, asociado directamente a la subordinación que presenta el empleado; por su parte en el derecho administrativo, la facultad es la orientación del funcionario a los fines y cometidos públicos, presentando una relación directa entre ambas, pero marcado por las normas de derecho público. No puede dejar de señalarse que la facultad en este último caso, es por esencia propia del jerarca al amparo del artículo ciento cuarenta inciso primero constitucional (partiendo de la premisa que el despido es la mayor sanción y que las restantes son efectos menores de este), que presenta concordancia en muchas normas legales; pero que en principio puede ser delegada. Lo que generalmente ocurre en favor de la oficina de recursos humanos de cada dependencia, reservándose el jerarca la sanción máxima a saber el despido, sin perjuicio de poderse avocar en cualquier momento frente a faltas comunes. Es dentro de ese esquema que surge el efectivo ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración, que tiene un inminente carácter sustantivo, y también el procedimiento administrativo, con una clara connotación formal, siendo este último la herramienta que sirve de canal o engranaje para hacer posible la efectiva realización de esa potestad disciplinaria.  En el caso de la Administración como elemento formal de la conducta administrativa, el procedimiento se torna indispensable en cuanto a su existencia, para así evitar la arbitrariedad de la determinación. Si bien por regla de principio las facultades de la Administración no prescriben (artículo 66 de la Ley General de la Administración Pública), este tipo de competencias no pueden mantener una vigencia indefinida dentro de un Estado democrático, republicano y liberal; al final de cuentas estamos en presencia de \"facultades odiosas\", en cuanto ponen en riesgo el trabajo de una persona, lo que lleva aparejado que el ordenamiento resulte más allá que cauteloso en cuanto a su uso. La prescripción, como instituto jurídico que es, puede ser positiva o negativa, para lo que aquí interesa, se analizarán únicamente las implicaciones de la prescripción negativa, cuya relevancia dentro del ordenamiento jurídico resulta innegable, porque permite una tutela eficiente del principio de seguridad jurídica, de los derechos de terceros y del orden y la paz social. Lo anterior sin perjuicio de ser un llamado para la eficiencia administrativa, quien debe ejercer sus facultades de manera oportuna, y no simplemente limitarse a que por inercia y al amparo del principio de imprescriptibilidad, pueda ejercer sus facultades en cualquier momento. Es de advertir que como facultad o potestad administrativa presenta márgenes importantes de discrecionalidad para su iniciación e imposición. Aun cuando la sanción como tal normalmente se encuentra reglada, pese a que la sanción se establece entre márgenes. En ese sentido, viene a ser una limitación para quien teniendo la facultad de hacer exigible el cumplimiento de una obligación, haga un abandono de ese derecho, es decir, al amparo de la prescripción se exige al titular del derecho un uso razonable del mismo, evitando que prolongue su ejercicio indefinidamente o por el contrario, que no lo ejercite dentro del plazo legal estipulado, causando en tal situación incertidumbre sobre la situación jurídica de la contraparte. El problema de la prescripción básicamente atiende a un aspecto de seguridad jurídica. En palabras del jurista nacional, Víctor Pérez Vargas: “ El problema, en el caso de la prescripción puede esquematizarse en los siguientes términos: con el transcurso del tiempo, unida a la inercia aludida, se desarrolla una creciente situación de incerteza (que, en cuanto tal tiene una carga axiológica negativa para el Derecho, dado que la certeza es uno de sus pilares). Por existir un interés en la certeza, esto es, por ser la certeza un valor jurídico de nuestro sistema, la solución al problema debe buscarse en función de ella. El medio para obtenerla es el establecimiento de un plazo más allá del cual el interés incierto pasa a ser un límite irrelevante, lo que significa que es interés de la comunidad que se establezca un límite temporal con el cual termine la situación de incerteza.” (Derecho Privado. 3° Ed, 1994. San José, Litografía e Imprenta Lil. S.A. Pág. 1937). La seguridad jurídica como base del Estado democrático liberal niega la posibilidad de que una persona esté sometida de manera indefinida a una situación de incertidumbre y zozobra por una posible determinación adversa o contraria a sus intereses. \"La prescripción, en fin, es un método para limitar en el tiempo el ejercicio de los derechos materiales\" (Garberi Llobregat José y otro, El Procedimiento Administrativo Sancionado, 4° Edición. Vol. I. Edit. Tirant lo Blanc. Pág, 145.). En lo que atañe al plazo de la prescripción de la potestad disciplinaria administrativa, el régimen jurídico varía según se esté ante un servidor de la Hacienda Pública o no, a un funcionario del régimen policial y aquellos que están cubiertos por el sistema general del Estado. Las normas de los artículos noventa y siete, noventa y ocho y noventa y nueve del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, perdieron eficacia jurídica en tanto establezcan derechos o deberes diversos a lo señalado por el Código de Trabajo por un principio de reserva de ley. Como sabemos, la prescripción negativa es la pérdida de un derecho por el acaecimiento simultáneamente de dos situaciones; una, la falta de acción u omisión (inercia administrativa), y la otra, el paso del tiempo. La prescripción, en términos generales, supone la concurrencia de tres elementos fundamentales: a) inercia del titular de un derecho en su ejercicio; b) transcurso del tiempo fijado por el ordenamiento jurídico al efecto; y, c) alegación o excepción del sujeto pasivo de la relación jurídica, haciendo valer la prescripción. Ello supone que no existe efecto liberatorio sí, pese a concurrir los dos primeros presupuestos, la articulación no se formula. Lo anterior porque la prescripción atiende a un principio rogatorio y a diferencia de la caducidad (en términos procesales), no puede ser considerada de oficio. La prescripción es una sanción ante la inercia del titular, que coloca a su contraparte en una espera indefinida jurídicamente injustificable. En virtud de lo anterior, el mismo ordenamiento jurídico ha previsto plazos, que de ser sobrepasados, provocarán la extinción del derecho o facultad, operando de esta manera la prescripción. No puede olvidarse que en todo proceso o procedimiento, la posibilidad de recabar prueba se complica a medida que avanza el tiempo normalmente, lo que lleva aparejado que discutir algunos temas de esta materia muchos meses o años después, hasta podría generar indefensión para alguna de las partes. En cuanto a las causales de interrupción de la prescripción es manifiesto la ausencia de norma propia del derecho administrativo, lo que obliga a integrar el ordenamiento, con remisión directa a los artículos ochocientos setenta y seis y ochocientos setenta y nueve del Código para regular los supuestos, los que básicamente son cualquier supuesto que reclame el ejercicio del derecho. En efecto si la preclusión del derecho es la consecuencia ante la inercia (ausencia de actividad del titular), las acciones realizadas por este para hacer efectivo su derecho a facultad, tiene el efecto de interrumpir el plazo fatal. Naturalmente deben ser acciones manifestadas en el plano externo y orientadas hacia el deudor. Complementa lo dicho el canon ochocientos setenta y ocho ibídem al señalar que \"El efecto de la interrupción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido anteriormente (...)”; bajo ese presupuesto, se puede afirmar que una vez concluido el hecho o circunstancia interruptora de la prescripción, comenzará a correr un nuevo plazo de prescripción. E igualmente, en relación con lo preceptuado en el artículo seiscientos cuarenta y cinco del Código Civil, en tratándose de deudores solidarios, los efectos interruptores imputables a uno de ellos, afecta por igual al otro.  La prescripción negativa implica la pérdida de un derecho como también la acción para ejercer efectivamente el derecho (ver artículos 865 y 866 ibídem).  Por su parte la suspensión implica que la prescripción tiene una pausa, sin que ello afecte el reconocimiento del tiempo ya transcurrido, es decir, si se suspende no empezará a correr de cero, sino desde el tiempo acumulado al momento de darse la suspensión. En palabras de Víctor Pérez: “(…) en las hipótesis de suspensión de la prescripción, el derecho ya es exigible, ya ha nacido a la vida jurídica; sin embargo, el ejercicio de éste se llega a ver obstaculizado por a especial situación del sujeto o sujetos de la relación. La dificultad de ejercicio del derecho es tomada en cuenta por el ordenamiento en cuanto a la inercia objetiva (en el ejercicio del derecho) no es, de ningún modo imputable al acreedor, sin o que ella se justifica por las circunstancias que establece el Código Civil en el artículo 880; se trata de casos en que la prescripción no corre …” ( Op. cit. pág.201). Los supuestos normativos vienen establecidos en el ordinal ochocientos ochenta del Código Civil, que remite a casos donde el llamado a ejercer el derecho se encuentra impedido para hacerlo, lo que determina que de no operar la excepción correría el plazo para quien no presenta facultades reales de adoptar las medidas para garantizar su derecho.  Ordinariamente se les ve como numerus apertus, correspondiendo a una lista enunciativa, en razón que otros supuestos semejantes en cuanto la teleología fáctica podrían también engrosar el listado. En lo que toca específicamente a las relaciones funcionariales, el ejercicio de la potestad correctiva del jerarca frente a los funcionarios que han cometido faltas sancionables, se encuentra sujeto a este factor de temporalidad, luego del cual, tal ejercicio no podrá ser emprendido como ya se ha dicho. El computo inicia o “ dies a quo”, a partir que la denuncia o el informe que recomiende la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario, se ponga en conocimiento del jerarca o el funcionario competente para incoar el procedimiento respectivo. Dicho tema ha resultado de especial discusión en otros Estados como en el caso de España, donde en su momento se acuñó la doctrina de proporcionalidad de las sanciones del Estado, en virtud de la cual siendo la facultad punitiva penal la más gravosa, la prescripción de ella se tiene que tornar en el extremo máximo y superior en sanciones de orden disciplinario, en cuanto estas últimas son de menor relevancia, este criterio tenía algún sustento legal hasta antes de la reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República que varió el plazo de prescripción para funcionarios de la Hacienda Pública en cinco años, muy por encima de la prescripción para contravenciones y delitos menores. En todo caso, sin mayor esfuerzo es posible considerar la existencia de una incongruencia en que las faltas disciplinarias presenten un período de prescripción mayor que algunos delitos, en tanto estos últimos corresponden a afectaciones a los bienes jurídicos de mayor relevancia en el ordenamiento jurídico de cada Estado, sin perjuicio que el derecho penal es la última ratio del ordenamiento patrio en un Estado democrático li beral. En todo caso abandonamos ese cuestionamiento por no ser indispensable para la solución del presente caso. En lo que al procedimiento disciplinario corresponde, la regla es que el plazo corre a partir del momento en que el órgano decisor, tenga conocimiento de los hechos.  Como ya se había adelantado, es muy importante tener en consideración que la Ley General de la Administración Pública, u otra norma semejante, no cuenta con una norma específica que establezca plazo de prescripción alguno en materia disciplinaria, con lo que no solo resulta en esta legislación ayuno el tema del plazo de prescripción de la acción para iniciar el procedimiento respectivo, sino también el plazo para la aplicación de la sanción previamente decretada. Por demás está decir que al tratarse de un derecho, el instituto prescriptivo no podría estar regulado por norma diferente de ley en sentido formal, en el entendido que lleva implícito un desapoderamiento del patrimonio de alguien, en este caso de una facultad de la Administración. Es por tal motivo que vía jurisprudencial nuestros tribunales han establecido supletoriamente la vigencia en esta materia del régimen de prescripción previsto para la materia laboral, concretamente el artículo seiscientos tres del Código de Trabajo, dicha norma establece que: “ARTICULO 603.- Los derechos y acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas prescriben en un mes, que comenzará a correr desde que se dio causa para la separación o, en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que dieron lugar a la corrección disciplinaria.”  Es de advertir que el Reglamento al Estatuto del Servicio Civil (para los funcionarios cubiertos por ese régimen) establecía un plazo de prescripción que en principio resultaría contrario al ordenamiento por ser regulado en virtud de norma reglamentaria, más por fijar el mismo plazo que establece el Código de Trabajo es criterio de la Cámara que no se trata de lex novo sino de una mera reiteración del plazo legal, lo que generaría que estemos en presencia de una norma con respaldo legal y acorde con el ordenamiento patrio, lamentablemente el Tribunal Constitucional no pensó en el mismo sentido cuando declaró inconstitucional de la norma reglamentaria; situación diferente ocurre con el Estatuto Policial (Ley 7410) donde se establece directamente un plazo prescriptivo por imperativo legal para ciertas faltas, de manera que sobre esa materia existe una claridad conceptual que hace innecesario cualquier discusión, situación semejante ocurre en el artículo setenta y uno de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en aquellos tópicos relacionados con la hacienda pública. Naturalmente, la disposición del seiscientos tres del Código de Trabajo sería la norma general en la materia, de suerte que salvo en los supuestos donde mediante ley especial se establezca un plazo diverso sería el aplicable a las relaciones de empleo público.  Asimismo, no está demás evidenciar que los supuestos son restrictivos, en el entendido que solo aquellos servidores que de manera indisputable correspondan al supuesto normativo tendrán eficacia las normas; dejando de lado la posibilidad de interpretaciones abiertas o numerus apertus. Es de rigor aclarar que esta norma corre paralela en cuanto a su vigencia en el ámbito administrativo disciplinario, a lo que establece la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en su artículo setenta y uno, que fija un plazo de prescripción diferenciado para aquellos funcionarios que realizan una conducta antijurídica que gira en torno al manejo de la Hacienda Pública, norma reafirmada por el artículo cuarenta y tres de la Ley de Control Interno.  No esta demás indicar que tanto la doctrina, la jurisprudencia y la ley administrativista aboga por que solo se acuda a fuentes ajenas al Derecho Administrativo cuando en definitiva en este no se cuenta con una solución a una situación determinada (artículo 9 inciso primero de la Ley General de la Administración Pública) estaríamos justamente en el supuesto normativo.  En cuanto al inicio del cómputo, jurisprudencialmente, se han definido dos momentos, a saber:\n\n“…La norma en cuestión establece que los derechos y las acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores, o para disciplinar sus faltas, prescriben en un mes, que comienza a correr desde que se dio una causal para la separación, o en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que darían lugar a la corrección disciplinaria. Sin embargo, según se ha explicado reiteradamente, en el caso de las entidades patronales que deben cumplir de previo de previo a disciplinar a sus trabajadores, con un determinado procedimiento o investigación, ese plazo de .. se inicia a partir del momento en que el resultado de la respectiva investigación es puesto en conocimiento del funcionario u órgano competente para resolver…en los casos donde se debe cumplir con un debido proceso, es que el proceso disciplinario se inicie dentro del mes siguiente a la fecha que se tuvo conocimiento de los hechos imputables al servidor y la decisión de sancionar la tome el órgano decisor (autoridad que tiene la competencia para sancionar) dentro del … siguiente al recibo del expediente administrativo levantado al efecto.” (Sala Segunda, Voto 888-2006, de las 9:38 del 22 setiembre 2006; en el mismo sentido Votos: 143 de las 10:00 horas del 31 de mayo; 150 de las 15:10 horas del 2 de junio; 334 de las 10:40 del 27 de octubre, estos de 1999, 214 de 10:40 del 14 de febrero 2000).\n\nDe manera que en principio, la investigación administrativa debe iniciar el tiempo de la prescripción siguiente de conocida de la supuesta falta y la sanción adoptada dentro de ese mismo plazo siguiente ha concluido el expediente correspondiente, so pena de prescribir.  En cuanto al conocimiento de los hechos, es posible considerar dos supuestos, que existen circunstancias donde los hechos a investigar sean notorios, esto es, se revelan espontáneamente al conocimiento del superior jerárquico sin mayor complejidad para su aprehensión o entendimiento, en cuyo caso no ameritan mayor ahondamiento, por lo que deberá adoptar la decisión de iniciar el procedimiento a partir de tal conocimiento y hasta antes de que corra el plazo de prescripción respectivo, de forma tal que si así no lo hace puede prescribir el asunto incluso antes de dar inicio al procedimiento; la otra hipótesis es que los hechos a investigar puede que no sean notorios o sencillamente no son de conocimiento de la jefatura, caso en el cual, el plazo de prescripción empezará a correr hasta que esa jefatura tenga un formal conocimiento de los mismos. Ya sea porque se entere después de acaecido (en principio no importa el plazo transcurrido, pues no eran de su conocimiento), o bien, puede suceder que aun conociéndolo en el acto de su acaecimiento, revistan cierta complejidad tal que se requiera la realización de una investigación preliminar o un informe administrativo (incluyendo el de Auditoria Interna o de Contraloría General de la República), caso en el que deberá ordenar el trámite de la misma antes de que concluya el plazo de prescripción correspondiente (al respecto véase los votos 40-1988 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, reiterado en los Votos 120-1995 y 149-2001, también de la Sala Segunda). Es de recordar que la investigación preliminar, como acto previo al procedimiento administrativo, tiene por interés evidenciar posibles situaciones que puedan originar responsabilidad administrativa e individualizar e identificar a los presuntos funcionarios responsables. Se ha sostenido incluso, que no es necesario de previo a la iniciación de un procedimiento administrativo, como requisito procedimental sustancial, dar audiencia sobre los resultados de una investigación preliminar, a los presuntos implicados, más se ha desechado esta posición por cuanto las conclusiones que se derivan a partir de una investigación sumaria de carácter preliminar no considera ni valora aspectos de fondo, ni mucho menos se valora prueba a efectos de determinar a priori, la responsabilidad de los funcionarios supuestamente involucrados. Además y no menos importante, el investigado no presenta conocimiento de la existencia de la investigación preliminar, lo que determina que a sus ojos la Administración continúe en inercia en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones; lo que implica que en principio solo genere una interrupción del plazo, el cual nuevamente iniciaría a correr. Naturalmente, esto no es óbice para que con el traslado de cargos se realice un inventario de los elementos de convicción recogidos en la investigación preliminar para así permitir al interesado ofrecer contraprueba o incluso, requerir la realización de alguna de las pruebas, si es que con esto se garantiza el derecho de defensa y en general el debido proceso. Desde ese punto de vista, la Administración o más propiamente el Jerarca competente debe considerar y valorar si resulta oportuno y hasta necesario ordenar la apertura de un procedimiento administrativo, a fin de determinar, mediante las garantías que ofrece el procedimiento ordinario, la verdad real (artículo 214 de la Ley General de la Administración) de los hechos que se imputan, y será en esa etapa, en la que se conocerá, tramitará y evacuará las pruebas, tanto documentales como testimoniales, testimoniales y demás opciones que ofrece el ordenamiento y tendrán la oportunidad los funcionarios involucrados para ejercer en forma amplia y sin restricción alguna su derecho de defensa, consustancial al Debido Proceso. No está demás indicar que si bien en materia disciplinaria rigen los principios de imputación relativa o congruencia relativa, esto no es un llamado a la arbitrariedad. En este sentido, la Sala Constitucional ha distinguido claramente entre la investigación preliminar y el procedimiento administrativo propiamente, así: “ Este Tribunal Constitucional ha dispuesto reiteradamente que es válido para la Administración Pública realizar una investigación preliminar en los procedimientos administrativos y ha señalado que una correcta inteligencia del carácter y fundamentos del debido proceso, admite que, de previo a la apertura de un procedimiento administrativo, en ocasiones resulte indispensable efectuar una serie de indagaciones preliminares. Así, la Administración –con anterioridad a la apertura del expediente administrativo– podría requerir la realización de una investigación previa, por medio de la cual se pueda no solo individualizar al posible responsable de la falta que se investiga, sino también determinar la necesidad de continuar con las formalidades del procedimiento si se encuentra mérito para ello.” (Voto número 04420-2003 de las nueve horas y veintiún minutos del veintitrés de mayo de dos mil tres). Así también manifestó: “… La Administración, en casos complejos, no distingue contra quiénes se debe dirigir el procedimiento, puede y debe abrir una investigación previa con el fin de identificar los posibles o presuntos responsables, para luego abrir contra ellos el proceso respectivo. En esta etapa previa de investigación no es preciso notificar a los interesados, porque no se sienta ninguna responsabilidad. La posibilidad del proceso de investigación previo la Sala lo ha admitido en jurisprudencia reiterada desde hace muchos años. En sentencia No. 676-97 (antecedida, entre otras, por las sentencias No. 7259-94, No. 598-95 y No. 5796-96), la Sala dijo: “Una correcta inteligencia del carácter y fundamentos del debido proceso, exige admitir -como lo ha hecho también la Sala- que, de previo a la apertura o a la continuación de un trámite formal, a veces puede resultar útil o necesario efectuar una serie de indagaciones preliminares.” En el caso del proceso administrativo, esta investigación preliminar tiene como objeto individualizar a los posibles responsables de las irregularidades y recomendar si debe abrir contra ellos un proceso, de qué tipo y con qué fin no se ve objeción en que, durante la etapa preliminar, se recopilen documentos o se preparen informes, a fin de identificar a las partes del futuro proceso o para preparar los alegatos contra ellas, sometiendo luego el resultado ese trabajo al procedimiento administrativo como parte de la evidencia, que los interesados podrán entonces examinar y valorar.” (Voto número 10824-2003 de las diez horas treinta minutos del veintiséis de setiembre de dos mil tres). De esta manera, cuando la Administración conoce un hecho que puede originar responsabilidad, por cualquier medio, (denuncia, informe de auditoría, etc.) debe tenerse presente que de previo a disponer un procedimiento formal se requiere una averiguación informal sobre la verosimilitud del hecho y sobre quién o quiénes pueden ser los responsables. Esto lo puede hacer cualquier funcionario, órgano administrativo o bien el órgano director ya designado. Debe tomarse en consideración además que, mientras se lleva a cabo la investigación preliminar que corresponda, se interrumpe el plazo de prescripción, como ya se indicó; por corresponder a una mera interrupción es imperativo para la Administración patronal realizar esta con la mayor celeridad posible para asegurarse que no concurran los supuestos del instituyo preclusivo. Es de señalar que la jurisprudencia no ha resultado totalmente coherente en este aspecto, pues en algún momento se señaló que era una suspensión y de manera ulterior se ha señalado que es una mera interrupción; en todo caso, sobre lo que existe consenso es que no es posible que el computo del plazo se mantenga sin transcurrir de manera indefinida.  Por el contrario, la Administración patronal esta llamada a actuar diligente, más tratándose de la investigación preliminar. Abandonamos el tema por ahora, pues como se verá no afecta el caso que nos ocupa. Asimismo, se tendrá por interrumpida la prescripción con efectos continuados cuando se dé inicio al procedimiento administrativo y que la misma comenzará a correr nuevamente, hasta que se dicte la resolución final del asunto. Es importante tener presente el momento formal a partir del que se debe tener por iniciado el procedimiento administrativo, esto es, a partir del momento en que se ha establecido formal y válidamente la relación jurídico-procedimental. La Ley General de la Administración Pública, no cuenta con una disposición expresa donde se señale el momento a partir del cual se tendrá por iniciado el procedimiento administrativo, pero se ha entendido a partir del ordinal trescientos cuarenta y cinco, con relación al doscientos veintinueve, ambos ibídem, con relación al doscientos noventa y seis del Código Procesal Civil, que con la notificación de la respectiva resolución que contiene el traslado de cargos se tiene por iniciado; en el entendido que dicho acto formaliza la imputación al investigado, traba la relación jurídico procedimental, con expreso señalamiento de las conductas reprochables, circunstanciadamente esbozando los aspectos de modo, tiempo y lugar, prueba de cargo, derechos que le asisten, entre otros.  De manera que el procedimiento no inicia cuando el superior jerárquico respectivo dispone su inicio, ni cuando se designa un órgano para que lleve a cabo una investigación preliminar, ni cuando se cursan notas internas de la jefatura al órgano director y viceversa, por motivos inocuos; siendo únicamente el acto de notificación del \"traslado de cargos\" el que da cauce al procedimiento. Al respecto ha señalado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia:\n\n“El inicio del procedimiento administrativo se produce, no con la designación del órgano instructor, porque éste es un acto interno sin efectos en la esfera de los administrados, sino cuando el órgano designado así lo decreta, convocando a las partes a una comparecencia oral y privada enumerando brevemente y poniendo a disposición la documentación que obre en su poder, previniéndoles que aporten toda su prueba antes o durante la comparecencia. Allí la parte tiene, además, derecho a que ésta se admita, aclare, amplíe o a reformar su defensa, proponer alternativas probatorias y formular conclusiones acerca de ellas y de los resultados de la diligencia. Concluida esa fase, queda el asunto listo para el dictado del acto final (artículos 308 y siguientes de la ley en mención...” (Voto  Nº 000398-F-02 de las 15:10 horas del 16 de mayo del 2002)\n\nEse mismo criterio fue el recogido por el artículo setenta y uno de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, no está demás en evidenciar que esta última norma incluye una causal de suspensión del cómputo no contemplada en otras normas, a saber cuándo la falta sea cometida por el jerarca mientras este continúe en el cargo, pues es de suponer que no promoverá expediente administrativo en su contra. Retomando lo ya adelantado en cuanto al plazo de prescripción, existen dos presupuestos el seiscientos tres del Código de Trabajo y el setenta y uno de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, como se ha indicado anteriormente (además de los miembros de la fuerza pública). Hay que considerar que esta última norma fue reformada por la Ley General de Control Interno (N° 8292, de agosto de 2002), siendo que antes de la enmienda se establecía un plazo de prescripción para estos casos de dos años, por lo que las situaciones irregulares acaecidas antes de la reforma, se deben regir por el plazo antes vigente. Inicialmente la jurisprudencia se orientó en señalar que mientras el expediente se encuentra en etapa de instrucción (en manos del órgano director), no corre plazo de prescripción alguno, de forma tal que si el órgano instructor por cualquier motivo mantiene un procedimiento de esta naturaleza inactivo por más del plazo previsto para que opere la prescripción no resultaba procedente alegar el instituto prescriptivo, sino únicamente responsabilidad para el servidor. De manera que en esa tesis el plazo vuelve a correr hasta que el informe de instrucción es tenido por el órgano decisor (ver votos 117 y 175 de 1997; 25,55 y260 de 1998; 143, 150 y 334 de 1999;214, 477 del 2000; 46, 283 y145 2001 todos de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia);\n\nVIII.- PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD: Debemos advertir que la jurisprudencia laboral emanada especialmente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia deja abierta la posibilidad de que aun habiéndose producido la interrupción con el inicio del procedimiento disciplinario en los términos referidos, sea factible que durante la tramitación del expediente administrativo opere la prescripción de la potestad sancionadora, si éste permanece paralizado injustificadamente por el plazo prescriptivo, por causa no imputable al funcionario inculpado. Bajo tal tesis, el plazo genérico de un mes que presenta el ejercicio de la función pública, obliga una actividad constante del órgano instructor en resolver el conflicto de la forma más eficiente posible. Incluso, hay de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en las cuales ha llegado a sostener, que aún en el caso de regímenes especiales como en hacienda o fuerza policial, donde el plazo prescriptivo es de varios años, igual se aplica un plazo de prescripción entre los diferentes actos del procedimiento en un mes, en una interpretación a favor del trabajador. La otra posición, sostiene que \"cuando la entidad patronal deba cumplir un determinado procedimiento o investigación de previo a disciplinar a quienes figuren como trabajadores, ese plazo .... se contará a partir del momento en que el resultado de la respectiva investigación es puesta en conocimiento del funcionario u órgano competente para resolver\" (Sala Segunda, voto 1083-13 y 367-12). Naturalmente, entra la comisión de los hechos que motivan la supuesta falta y la apertura del procedimiento, si corre el plazo prescriptivo en esta tesis (Sala Segunda, votos 681-13 y 110-13); al igual que entre la recomendación y el acto sancionatorio (Sala Segunda, voto 618-13).  Bajo ningún concepto, sería viable abrir las causales de manera indefinida, al extremo que se tornen en transgresores del principio justicia pronta y cumplida en sede administrativa. Generando causas abiertas indefinidas, con los correspondientes efectos negativos para un administrado que debe vivir por muchos meses o años a la espera de una definición que resuelva su situación, con las condiciones de estré s que llevan implícito un expediente administrativo. Recuérdese que existen casos en que las faltas a sancionar tienen efectos continuados en el tiempo o de tracto sucesivo, como también se les llama; y en estos casos, conforme lo ha establecido la jurisprudencia laboral, no opera la prescripción (Ver entre otras, las sentencias Nºs 230-92 de las 09:10 horas del 2 de octubre de 1992, 140-93 de las 08:30 horas del 8 de julio de 1993, 2001-00149 de las 10:40 horas del 28 de febrero, 472 de las 10:05 horas del 17 de agosto y 2001-00648 de las 10:20 horas del 31 de octubre, todas del 2001 y de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia). Con la entrada en vigor de la citada ley Nº7410, se dispuso un capítulo referente al régimen disciplinario aplicable a los miembros de los cuerpos de policía, de forma que bajo norma expresa se señala como causal de interrupción el inicio del procedimiento administrativo.  Cabe recordar que no sólo en el caso de los cuerpos policiales ha dispuesto el legislador plazos de prescripción mucho más amplios para aplicar sanciones disciplinarias, sino también en otros repartos administrativos, como resulta ser el artículo setenta y uno de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Esta Sección del Tribunal se ha manifestado abiertamente a favor de mantener la coherencia en las líneas jurisprudenciales, a fin de no generar una inseguridad jurídica que lejos de permitir al justificable a qué atenerse sirva para posiciones aisladas que ordinariamente no prosperan ante el correspondiente recurso de alzada. Lo anterior, salvo -claro está- que no sea jurídicamente sustentable. Conforme con la jurisprudencia mayoritaria optamos por considerar que el plazo corre desde la comisión de los hechos hasta la apertura del expediente y desde el informe respectivo y hasta el dictado del acto administrativo por el jerarca, tal y como lo ha expuesto la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en jurisprudencia mayoritaria, en el entendido que durante el transcurso del procedimiento administrativo la administración no está en posibilidad de dictar acto alguno, en tanto el cumplimiento del procedimiento administrativo es requisito legal para adoptar el acto de forma válida Ahora bien, la sola posibilidad de habilitar un procedimiento administrativo que dure años frente a un administrado que no puede hacer nada para que este se finiquite, resulta contrario a todo derecho. Al respecto es criterio de la Cámara que el cuestionamiento ya se encuentra resuelto por el legislador, dentro de las normas del procedimiento administrativo, a saber los artículos trescientos treinta y nueve punto tres al trescientos cuarenta y uno de la Ley General de la Administración Pública que señalan:\n\n\"Artículo 339.-\n\n \n\n.....3. Si la cuestión suscitada por el expediente entrañare un interés general, o fuere conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración limitará los efectos del desistimiento o la renuncia a sus posibles consecuencias patrimoniales respecto del interesado, y seguirá el procedimiento en lo demás.\n\nSECCIÓN SEGUNDA\n\nDe la Caducidad del Procedimiento\n\nArtículo 340.-\n\n1)              Cuando el procedimiento se paralice por más de seis meses en virtud de causa, imputable exclusivamente al interesado que lo haya promovido o a la Administración que lo haya iniciado, de oficio o por denuncia, se producirá la caducidad y se ordenará su archivo, a menos que se trate del caso previsto en el párrafo final del artículo 339 de este Código.\n\n2)              No procederá la caducidad del procedimiento iniciado a gestión de parte, cuando el interesado haya dejado de gestionar por haberse operado el silencio positivo o negativo, o cuando el expediente se encuentre listo para dictar el acto final.\n\n3)              La caducidad del procedimiento administrativo no extingue el derecho de las partes; pero los procedimientos se tienen por no seguidos,  para los efectos de interrumpir la prescripción.\n\nArtículo 341.- La caducidad del procedimiento no producirá por sí sola la caducidad o prescripción de las acciones del particular, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de tal caducidad o prescripción.\"\n\nCabe recordar que el procedimiento administrativo tiene principios propios que orientan la actividad procesal, previamente enunciados, como lo señala la Sala Constitucional en la sentencia número 2004-13140, de las catorce horas treinta y siete minutos del doce de noviembre del dos mil tres. Para el caso, resulta de aplicación el principio de la celeridad y oficiosidad (vinculado con otros principios de los procedimientos administrativos, tales como la búsqueda de la verdad real y antiformalismo o informalismo), que comporta un poder-deber de los órganos director y decisorio para compulsar la tramitación del procedimiento a su resolución por el fondo, que conforme a lo dispuesto en los artículo doscientos veintidós punto uno y doscientos veinticinco de la Ley General de la Administración Pública, se constituye en obligación para la Administración el instar o impulsar el procedimiento en forma oficiosa, es decir, sin requerir gestión de las partes, a fin de que el procedimiento sea lo más expedito y eficaz posible, es decir, que se tramite sin dilaciones indebidas para las partes. Esta oficiosidad también se manifiesta en la forma en que puede iniciarse el procedimiento, no sólo a instancia de parte, sino también de oficio, a efecto de que se verifique sobre la posible infracción del ordenamiento. Se trata de la debida resolución, con el respeto del ordenamiento y de los derechos subjetivos e intereses del administrado; lo cual resulta acorde con los principios de economía y eficacia procesal, además del principio de razonabilidad constitucional. Este principio está reconocido en lo que se ha dado en llamar el ámbito de la temporalidad de los procedimientos administrativos. En cuanto al factor de la temporalidad de los procedimientos administrativos, en materia disciplinaria en general hay al menos tres plazos identificables en el actuar de la Administración: a.) un plazo inicial para abrir la investigación desde que se tiene conocimiento del hecho o falta, que tiene relación normalmente con la regla de la prescripción o caducidad de la acción -según su regulación por previsión del legislador- de la potestad sancionatoria; b.) otro para instruir, substanciar o tramitar el procedimiento respectivo, de manera que no se dilate de manera infundada la tramitación y resolución del asunto, y c.) finalmente, el plazo para imponer la sanción y su ejecución. (Al respecto, entre otras, se pueden consultar las sentencias número 2006-13926, de las catorce horas cuarenta y cuatro minutos del veinte de setiembre del dos mil seis, de la Sala Constitucional y número 2004-00671, de las nueve horas veinte minutos del dieciocho de agosto del dos mil cuatro, de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.). Es así cómo con la notificación de la apertura del procedimiento, se interrumpe la prescripción. Sin embargo, si el proceso ingresa en inercia o abandono atribuible a la Administración por un plazo superior a seis meses, procede la caducidad de ese procedimiento, acorde al numeral trescientos cuarenta punto tres y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, que resulta de aplicación a todos los procedimientos administrativos, en tanto aún y cuando haya regulaciones especiales, es de carácter principista en todos los casos, ante la ausencia de regulación especial; y conforme al cual, dicha interrupción se tiene por no ocurrida. Debe relacionarse esta norma, con el inciso tres del artículo sesenta y seis del mismo cuerpo normativo en lo que reza así: \"El ejercicio de las potestades en casos concretos podrá estar expresamente sujeto a caducidad, en virtud de otras leyes\", con mucho mayor razón si tal disposición se encuentra dentro del mismo cuerpo normativo, por imperativo de una interpretación, luego aplicación sistemática del ordenamiento jurídico, artículos diez de la Ley General de la Administración Pública y del Código Civil, mismo numeral. Conviene precisar que el principio de justicia pronta y cumplida supone, para el caso de los procedimientos administrativos, que deban ser resueltos en tesis de principio, por acto final, dentro de plazos razonables y proporcionales, evitando someter al destinatario a procedimientos infundadamente largos y tediosos. Constituye por ende, una expresión de la máxima de seguridad jurídica, en la medida en que exige la definición de la causa dentro del espacio temporal debido. Así, la complejidad o no del procedimiento no puede justificar procedimientos arbitrariamente largos, pues ello supondría cohonestar una potestad incontrolable de la Administración para ejercitar, en cualquier tiempo y bajo su propio arbitrio, la potestad de resolver el conflicto, en mengua evidente de la aludida certeza y en clara lesión del debido proceso. En esa línea, para los procedimientos ordinarios regulados en la Ley General de la Administración Pública, conforme a la previsión de su numeral 261.1: \"El procedimiento administrativo deberá concluirse, por acto final, dentro de los dos meses posteriores a su iniciación o, en su caso, posteriores a la presentación de la demanda o petición del administrado, salvo disposición en contrario de esta ley\". Ahora bien, la lesión de los plazos fijados por el ordenamiento para el ejercicio de una competencia, bien puede llegar a incorporar una patología en el acto, por infracción al elemento subjetivo competencia. Debe recordarse que a la luz del precepto doscientos cincuenta y cinco de la Ley General de la Administración Pública, los plazos legales vinculan tanto a la Administración como al \"particular\". De tal postulado se desprende entonces que las competencias sujetas a plazo pueden desembocar en actos nulos, como se infiere de la doctrina del numeral sesenta punto uno la citada Ley General de la Administración Pública en tanto dispone literalmente: \"La competencia se limitará por razón del territorio, del tiempo, de la materia y del grado.\" (El resaltado no es del original.). Debe sumarse a lo anterior lo dispuesto en el artículo sesenta y tres incisos uno y dos del mismo cuerpo legal, en lo que rezan así: \"1. Habrá una limitación de la competencia por razón del tiempo cuando su existencia o ejercicio esté sujeto a condiciones o términos de extinción. / 2. No se extinguirán las competencias por el transcurso del plazo señalado para ejercerlas, salvo regla en contrario\". (Ver además, artículos 128, 129 y 158, todos de la misma ley de cita). No obstante, la correcta comprensión de esa última afirmación debe llevar a lo siguiente. Las potestades de imperio son imprescriptibles (artículo 66.1 Ídem), aspecto que justifica lo enunciado por el canon trescientos vientinueve punto tres de la Ley General de referencia, en cuanto a que el acto dictado fuera de plazo será válido para todo efecto legal, salvo mención expresa de ley. Constituye ejemplo claro de esas excepciones el silencio positivo. Dicho esto vale aclarar, pese a su redacción en lenguaje imperativo (propio de un método normativo prescriptivo), el plazo bimensual que fija el canon doscientos sesenta y uno punto dos atrás mencionado no es perentorio, sino solo ordenatorio. (Tal postura es reconocida en el fallo número 34-F-S1-2011 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo). Esto aplica tanto para los procedimientos instaurados de oficio como los de gestión de parte. En estos últimos, pese al ejercicio de la facultad de los efectos del silencio negativo, bien puede la Administración dictar el acto, el cual, ampliaría el debate en sede recursiva, sea administrativa o jurisdiccional. Desde este plano, ni la potestad instructora del procedimiento ni el procedimiento en si, se encuentran fenecidos si el plazo en cuestión ha sido superado. Si bien la estructura del procedimiento ordinario haría presumir que el plazo de marras debe ser siempre respetado, es claro que la complejidad de un asunto y las vicisitudes propias del curso, lleven a plazos superiores. Lo determinante entonces estriba en que el procedimiento muestre señales de actividad y no dilaciones injustificadas , acorde al principio de celeridad e impulso procesal -numerales 222 y 225 de la Ley General de la Administración Pública-, de manera tal que su duración no sea producto de un proceder o inercia arbitraria. En esta línea puede observarse lo dicho en los precedentes números 2007-3140 y 2007-6758, ambos de la Sala Constitucional. En el primero, de manera contundente se señaló: \"Ahora bien, desde el momento en que inicia un procedimiento administrativo, hasta la emisión del acto final, debe mediar un plazo razonable y proporcionado, tomando en cuenta la actuación de las partes, la complejidad del asunto y los plazos legales establecidos para cada caso, de tal forma, que la Administración pueda contar con un plazo prudencial, pero sin incurrir en dilaciones indebidas que entraben el procedimiento… estima este Tribunal, que el tiempo utilizado por el recurrido desde el momento en que se inició el procedimiento, a la fecha, lejos de ser justificable resulta excesivo, irrazonable y en perjuicio de los derechos fundamentales del amparado, por el retardo injustificado en el que ha incurrido la administración recurrida.” Así pues, no todo procedimiento que tarde más de dos meses implica la nulidad de lo actuado, sino solo en la medida que el plazo sea irrazonable, lo que ha de ser ponderado en cada caso concreto, atendiendo a la tramitación y complejidad de lo actuado. Es en este sentido, que en el análisis de este factor (se repite, el temporal) en la generalidad de los casos, se puede analizar la acusada dilación en el procedimiento, desde dos ámbitos bien diferenciados: en lo que respecta al incumplimiento de un plazo razonable para tramitar y resolver el procedimiento y si el asunto estuvo inactivo por seis meses o más (instituto de la caducidad del procedimiento). Todo lo anterior nos conduce a afirmar que conforme el ordenamiento jurídico se habrá de procurar por la Administración la debida resolución de los procedimientos administrativos en plazos razonables, lo que se traduce en respeto a los derechos subjetivos e intereses del administrado en todos los elementos que componen las garantías del debido proceso y derecho de defensa; que también comprende el ámbito temporal, según se ha enunciado líneas atrás, lo cual resulta acorde con los principios de economía y eficacia procesal, además del principio de razonabilidad, que es de rango constitucional. Esta dimensión lleva a sancionar la inactividad procesal con la caducidad, en los términos en que está previsto en el artículo trescientos cuarenta de la Ley General de la Administración Pública, norma que fue reformada por el canon doscientos inciso diez del Código Procesal Contencioso Administrativo, vigente a partir del primero de enero del dos mil ocho, en los siguientes términos ya transcritos. En cuanto al instituto de la caducidad previsto en la norma legal transcrita, se justifica como un medio para evitar la prolongación excesiva de los procedimientos, en aras de la seguridad jurídica, así como en la necesidad de garantizar la continuidad y eficiencia de la actividad administrativa. Para que opere, según lo establece la norma aludida, la caducidad requiere de los siguientes presupuestos: primero: que el asunto haya ingresado en un estado de abandono procesal, esto es, una inactividad; segundo, que dicho estancamiento sea producto de causas imputables al administrado, cuando haya iniciado a gestión de parte, o bien de la Administración, si fue instaurado de oficio; y tercero, que ese estado se haya mantenido por un espacio de \"más de seis meses\", plazo que se constituye en límite temporal máximo de inercia posible en la tramitación de un procedimiento administrativo, que debe computarse desde la última acción efectiva dentro del trámite del expediente. Ello supone que en los procedimientos sancionatorios o de posible afectación de derechos instruidos de oficio, la caducidad es factible cuando concurran los indicados elementos.\n\nIX.-  EN CUANTO A LA PRETENSIÓN EN CONCRETO: De la lectura de la pretensión en los términos presentados por el actor se evidencia como los requerimientos numerados como \"b\" y \"c\" (advirtiendo que la señalada como “a” no es una acción rogada en sí misma, sino comprensiva de la totalidad de ellas) se orientan a establecer una inadecuada valoración de la prueba lo que determinaría que el despido que fue objeto es contrario al ordenamiento; más a juicio del Tribunal el orden lógico es considerar primero la pretensión d) en cuanto presenta un aspecto de forma. De haber sido presentada como pretensión accesoria llevaría alguna lógica; pero en los términos acreditados carece de la adecuada coherencia. Lo anterior bajo la premisa de que si la acción se encuentra prescrita resultaría innecesario entrar a valorar las solicitudes iniciales, de allí que las pretensiones de forma prevalecen sobre las de fondo. Se trata en efecto de un iter lógico donde se consideran primero los aspectos de forma y en caso que estos no prosperen, se entra a valorar los de fondo. A contrario sensu, si prospera un aspecto adjetivo, se hace necesario pronunciarse sobre los sustantivos. Así se abordará primero el tema de la prescripción. Un primer aspecto a definir es si el señor Nombre112397  es o no un funcionario de la hacienda pública, en cuanto a los hechos que determinan el motivo del cese de su relación laboral. Nuevamente debemos recordar que ese análisis no se realiza en abstracto sino con relación directa a los hechos que motivan al expediente disciplinario. Evidentemente este órgano colegiado debe ser más que enfático en repudiar la posibilidad de que un funcionario público en ejercicio de su cargo o con ocasión de este, utilice los medios que el ordenamiento le genera para producir un enriquecimiento para sí o hacia alguna persona de su interés. El deber de probidad más que una norma jurídica en sentido propio, constituye un principio ético en el ejercicio de la actividad pública, que desborda su regulación normativa en la Ley 8422 en cuanto presenta un sólido sustento constitucional, extraíble de los artículos uno, tres, nueve y once de la carta fundamental, entre muchas otras. De manera que el funcionario está obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público, alejando su conducta de la desviación de poder; procurando identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. La satisfacción de los intereses de la colectiva debe ser el norte en la función pública y no los personales. Las facultades entregadas al servidor son de carácter instrumental y no se otorgan por su carácter personal, sino por el cargo que les corresponde asumir, lo que lleva aparejado que son temporales. Este imperativo ético, debe repercutir sobre toda la acción pública. Ahora bien para analizar si corresponde al sustento normativo, debemos reiterar lo ya señalado de que todo funcionario en directa relación a su cargo público en algún momento podría ser considerado como responsable de la hacienda pública, en tanto se encuentre a cargo de fondos públicos o en la custodia de bienes gubernamentales. De manera que el señor actor, con respecto a los bienes o fondos que se encontraba en su custodia ejercía las condiciones de funcionario de la hacienda pública y estaba afecto a ese régimen disciplinario; más la base de la discusión se centra en conocer si frente a la falta disciplinaria en especifica que se le achaca estaba o no en esa condición. En lo que al caso corresponde es posible evidenciar como el referido señor presentaba un cargo técnico, sin ser el responsable de la autorización o en general de la tramitación de la entrega de fundos por parte del Nombre3049 hacia cualquier interesado. No existe un solo elemento de convicción que permita inferir que el señor en consideración tramitaba, gestionaba, determinaba o de alguna forma interfería directa o indirectamente en la determinación de las personas beneficiarias en los inmuebles que entregaba para aquel momento el Instituto demandado. Ni siquiera en los alegatos de esta institución se logra extraer esa condición, donde se realiza una equiparación de la condición de funcionario público con funcionario de la hacienda pública, lo que como ya se ha indicado es incorrecto.  Se trata como ya se ha indicado una relación de género a especie, donde el primero es la condición de funcionario público, mientras que el segundo, a saber funcionario de la hacienda pública le resulta aplicable solo a algunos servidores; de manera que todo funcionario de la hacienda pública es servidor público, pero no todo funcionario público lo es de la hacienda pública. A la hora de presentar el caso, se hace ver que el servidor se benefició activamente, toda vez que lleno los formularios consignando información incorrecta lo que determinó el ser beneficiario del terreno objeto del conflicto; más ese aspecto podría ser un determinante para considerar la existencia de una pérdida de confianza (posibilidad que también es discutible), más no para derivar la condición que el ordenamiento le requiere para aplicar la prescripción extraordinaria a que refiere el artículo setenta y uno de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Igualmente, ese aspecto podría resultar determinante para una lesividad del acto favorable en cuanto al terreno más no para el tema que ahora nos ocupa. No ubicamos una conducta desplegada como funcionario público como responsable de la hacienda pública o que perjudique la imagen institucional en ese actuar. Tampoco es posible ubicar alguna afectación al deber de probilidad en lo que al señor actor corresponde. Es incuestionable que el accionante llenó un formulario en su actividad privada a partir de información que conoció como funcionario público, y lo presentó en la dependencia en la cual trabajaba, conocedor de que por aplicación de la tantas veces mencionada Ley del Burro se iba a ver beneficiado. El nunca escondió su condición de funcionario público, por el contrario era público y notorio para todas las personas que dieron tramite a la solicitud. También era manifiesto que el accionante no había realizado actos de posesión sobre el bien que estaba solicitando para sí. Máxime cuando el jerarca institucional, había generado una serie de acuerdos tendientes a generar el beneficio. Siendo que el señor Nombre112397 no promovió los acuerdos adoptados por la Junta Directiva del ente público que fueron conocidos como la Ley del Burro (aun cuando no se trataba de una ley, y mucho menos se logra identificar el motivo por el cual se le otorgó esa denominación), de hecho en su momento la oficina legal (al margen de compartirse ese criterio) avaló esa posibilidad desde mil novecientos noventa y cuatro según se desprende de los hechos probados. El llenado del formulario realizado por el accionante no fue de manera encubierta, por el contrario todo hacía entender que la institución pública le otorgó el terreno en cuestión bajo la premisa de que era funcionario público y como un aliciente para un servidor que prestaba un servicio en una zona poco poblada del país, con lo cual se le permitiría mover a su grupo familiar a esa nueva locación. El llenar un formulario a partir del conocimiento como servidor público, donde son otras personas las que definen si otorgan el beneficio requerido, no convierte a ninguna persona en funcionario de la hacienda pública. Los que aprobaron la solicitud si son servidores de la hacienda pública, pero no ese está valorando su conducta en este caso. El servidor hoy actor, no tenía por qué conocer que lo realizado por el jerarca podría presentar algún vicio y tampoco hay prueba en ese sentido incumpliéndose la obligación del canon trescientos diecisiete del Código Procesal Civil. Incluso, la existencia del criterio legal vigente para aquel momento hace pensar que estamos en presencia de una interpretación de las normas jurídicas, más que de una prohibición en sí mismo. En todo caso, la denominada “Ley del Burro” no parece tener el sustento normativo suficiente, pero es un aspecto no endilgable de manera alguna al actor, como ya se indicó. Mucho menos, lo señalado en el acto de despido, de una situación pasiva de beneficio, es decir, de permitir que la conducta administrativa prosiguiera su marcha sin advertir el incumplimiento de requisitos legales; cuando de la prueba testimonial evacuada todo hacia concluir que las diferentes oficinas institucionales regionales conocían de la situación. Ese supuesto \"engaño\" en los términos acusados por el ente público demandado (que como ya se indicó la prueba se orienta en otro sentido) como ya se dijo podría ser causal de pérdida de confianza, pero no para supeditar al servidor al sistema excepcional de prescripción. No esta demás reiterar que por el carácter excepcional del régimen de la hacienda pública, la interpretación que debe prevalecer es la restrictiva, de manera que no se trata de crear supuestos más allá de la norma, sino limitarse a la teleológica de la misma. En dicho marco no es posible tenerlo como funcionario de la hacienda pública, situación que se presenta de manera diferente con respecto a sus jefes inmediatos, lo que incluye lógicamente a la persona que autorizo la gestión pese a no satisfacerse los presupuestos normativos, como ya se indicó. Son dos cosas muy diferentes el que los funcionarios del ente público demandado tramiten gestiones referentes al proceso de titulación encomendado por la ley a esa dependencia, a que el actor pueda ser calificado como funcionario de la hacienda pública. Ni su nombramiento, ni su nivel jerárquico administrativo o las funciones encomendadas permiten tenerlo en esa categoría jurídica para los actos en concreto. Situación semejante ocurre con los parientes del actor, sobre los cuales no existió contienda en cuanto al grado de parentesco, pero tampoco se generó prueba para evidenciar algún tipo de influencia o relación con este vínculo. Lo anterior lleva a la necesaria conclusión que el ente público en sus diferentes actuaciones administrativas, con en su alegato ante este órgano jurisdiccional, realiza una calificación incorrecta del actor al tenerlo en ese plano, no resultando aplicable en la especie lo normado por el artículo setenta y uno de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (resultando innecesario entrar a considerar la discusión sobre cual norma debe aplicarse si aquella vigente al momento de los hechos o la considerada cuando se generó el procedimiento administrativo). Todo lo cual nos remite a la norma genérica del artículo seiscientos tres del Código de Trabajo tantas veces citada, con un plazo fatal de un mes. En todo caso, como se verá la discusión se torna innecesaria y carente de todo interés como se verá líneas abajo. Un segundo razonamiento vertido por la demandada pública, se orienta a señalar que estamos en presencia de una falta continuada de manera que entre el momento que se generó el acuerdo de titulación el once de noviembre de mil novecientos noventa y siete, al momento de la apertura del expediente administrativo disciplinario el primero de noviembre de dos mil siete no corrió prescripción alguna. La supuesta continuidad de la falta radica en mantenerse en posesión de un bien que adquirió falseando información en el formulario de solicitud. Este tipo de falta, como su nombre lo indica corresponde a los casos donde los efectos de la conducta antijurídica permanecen en el tiempo, de manera tal que no prescribe la acción disciplinaria. (Sobre el punto puede consultarse a SÁNCHEZ MORÓN (Nombre14238), Derecho de la Función Pública, Madrid, Editorial Tecnos, primera edición, 1996, página 275). La figura tiene su mayor construcción en materia penal, normalmente en supuestos en las cuales la conducta del imputado se mantiene por tiempo prolongado, de manera activa, para asegurarse los efectos del ilícito (a manera de ejemplo como en el engaño), presenta una regulación bastante clara en el artículo ciento sesenta y cuatro del Código Notarial para las faltas de esa naturaleza y eventualmente, es posible extrapolarla a relaciones de empleo público. Considérese a manera de ejemplo, el servidor público que sustrae un bien público en su custodia y quien realiza de manera constante acciones para encubrir su ilícito, evidentemente estaríamos frente a una falta continuada. Este tipo de falta presenta la virtud de evitar tener que encausar una persona por múltiples conductas, unificándola bajo una unidad de acción y resultado; derivando en consecuencia una sola sanción, pero con interrupción de la prescripción. Naturalmente, se trataría de una acción intencional (dolosa dirían los penalistas) y de resultado, para no caer en la figura de un concurso. Si debe aclararse que cualquier conducta humana externa produce un efecto en el tiempo que posteriormente no podría ser borrado como hecho histórico que es pero no toda falta es de efecto continuo, sino aquella donde existe actuación del agente de manera directa e intencionada para producir ese efecto. A manera de ejemplo consideremos una ausencia injustificada como falta, en tanto hecho histórico una vez no presentado a trabajar no es posible cambiar el hecho, el cual existe y seguirá existiendo, pero no estamos en presencia de un hecho continuado, sino de una única acción y un único resultado, sobre el cual opera de manera ordinaria la prescripción. En lo que a la sub júdice corresponde partiendo de la misma tesis del ente público demandado, no es posible ubicar múltiples conductas. Toda la prueba hace pensar que la región donde laboraba el señor actor conocían de su condición laboral, lo que lleva aparejado que no resulte posible ubicar cual fue la conducta desplegada de manera consistente para generar un actuar continuado. Tampoco es posible ubicar información oculta de manera mal intencionada y que fuera localizada de manera ulterior. No es posible ubicar una investigación preliminar, un informe de Auditoría Interna o de Contraloría General de la República que evidenciara la situación, por el contrario si el acto contrario a derecho fue emitido por el jerarca institucional, es posible decir que desde el mismo momento que se emitió se tenía conocimiento de la conducta antijurídica, por cierto, echa de menos este órgano jurisdiccional las acciones jurisdiccionales contra él o la funcionaria que hizo incurrir a error a la Administración P ública, o contra los jerarcas institucionales que adoptaron los actos contrarios a derecho. La única condición permanecida en el tiempo, es mantenerse en el inmueble en su momento entregado por el INDER, lo que era una obligación contraída cuando asumió el inmueble, pero sin que configure lo pretendido por el ente público. Esa conducta no califica como de efecto continuado salvo para reclamar alguna posesión. Realizadas esas aclaraciones nos corresponde definir si operó o no la prescripción. Al respecto ya se ha definido que no es una conducta continuada, tampoco es posible asegurar que el plazo no ve interrumpida en su inicio toda vez que se ocupaba una investigación preliminar, informe de Auditoría Interna o Contraloría General de la República, las que en el caso no se dieron. No es posible ubicar conducta alguna del accionante para ocultar su situación y con ello permitir hablar de una falta continuada, se puede asegurar que se hubiera requerido una investigación de los órganos de fiscalización de la hacienda pública para descubrir el supuesto ilícito achacado al actor. Suma a lo expuesto, que como se ha indica, el acto contrario a derecho fue emitido por el mismo jerarca, lo que deriva que este no puede alegar su desconocimiento. Para lo que el caso corresponde a partir de los hechos probados tenemos que el actor rubricó el formulario del Nombre3049 requiriendo un lote en la provincia de Puntarenas el día seis de septiembre de mil novecientos noventa y seis y que antes del primero de noviembre de mil novecientos noventa y siete, llegó un segundo formulario para el cantón de Osa, los que generaron dos lotes a favor del señor Nombre112397, la apertura del procedimiento se genera el primero de noviembre de dos mil siete. Sin considerar la existencia de alguna interrupción o suspensión en el plazo, daría como resultado que entre la primera conducta y el acto de apertura transcurrió once años y dos meses, y con respecto a la segunda serían diez años, once meses y algunos días. El segundo acto de adjudicación se llevó por la Junta Directiva del ente público el día once de noviembre de mil novecientos noventa y siete, según acreditan los hechos probados, lo que corresponde a nueve años, once meses y algunos días con respecto a la fecha de apertura del expediente disciplinario. Sea que resulta irrelevante considerar si estamos frente a un funcionario de la hacienda pública (lo que se indicó ya que no configura en la especie) o un simple servidor público, en tanto no operara algún supuesto de interrupción o suspensión, pues habría operado la prescripción de la facultad disciplinaria. Recuérdese que el plazo ordinario de prescripción es de un mes, mientras que en de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República era inicialmente de dos años (hasta el año dos mil dos) y posteriormente de cinco años, en cualquiera de los supuestos el tiempo tomado por la Administración para iniciar el procedimiento se encuentra superado, lo que como se indicó líneas atrás hace innecesario discutir el plazo de prescripción que opera en la sub júdice. A lo interno de la Cámara se ha cuestionado si podría tomarse como inicio del plazo prescriptivo la fecha en la cual se derogaron los acuerdos que motivaron la denominada “Ley del Burro” y se adoptaron los actos respectivos para recuperar los bienes entregados; más sobre ese aspecto como causal interruptora no fue invocado por la parte interesada, tampoco se acreditó prueba alguna en ese sentido, lo que llevaría a la necesaria conclusión que ese aspecto no podría ser valorado, al tomar por sorpresa a ambas partes, amén de que el actor no presentó interferencia alguna ni en la promulgación de estos actos de alcance general o en su derogatoria. Como ya se ha dicho de forma reiterada el Tribunal no encuentra bases para considerar una interrupción o suspensión cuando no hubo informe de Auditoría Interna, Contraloría General de la República o investigación preliminar; más aún cuando era notorio para el ente público que el señor Nombre112397 era funcionario de la misma institución. No estando acreditado que el señor realizara conducta alguna para entorpecer el inicio de la investigación o concurra alguno de los supuestos legales. Pensar siquiera que la Administración tiene un plazo por pocos días inferior a la prescripción de la facultad punitiva del Estado, de diez años en el caso de los delitos para iniciar una investigación sancionatoria disciplinaria nos resulta a simple vista como exagerada, desproporcional e injustificada; salvo claro está, que estuviéramos frente a una falta continuada o a un hecho que por su nivel de complejidad requiriera una investigación administrativa (sea activa o pasiva) para lograr ubicar el ilícito, que como ya se indicó no es el caso de la especie. Así las cosas, es criterio del Tribunal que al momento de la apertura del expediente administrativo contra el servidor ya la supuesta falta estaba prescrita. Se trata de un plazo de poco menos dos lustros y consecuente superior al tiempo legal. Por si esa situación no fuera motivo suficiente para el archivo del expediente al operar la excepción prescriptiva, advirtiendo que es posible ubicar como fue alegada consistentemente por el interesado, desde el conocimiento de la supuesta falta hasta el momento de la apertura de la causa en su contra transcurrieron más de doce meses, posteriormente entre la realización de la audiencia oral y privada y el correspondiente informe de instrucción, más de medio año, lo que podría haber derivado en una caducidad del procedimiento, y casi tres meses entre el informe de la Junta de Relaciones Laborales con respecto al acto sancionatorio, lo que nuevamente derivaría en la prescripción de la facultad disciplinaria. Todos esos plazos son capaces de producir el vencimiento de la facultad sancionatoria sea por prescripción o caducidad, en los términos expuestos. Como se indicó en los considerandos anteriores, la administración aparte de ser eficaz debe ser eficiente en el servicio; no resultando lícito la existencia de dilaciones exageradas e injustificadas. Es de señalar que ese mismo razonamiento se aplica con respecto a los parientes beneficiados de un terreno del Nombre3049 antiguo IDA sobre quienes ni siquiera se ha acreditado el incumplimiento de algún requisito, ni tampoco la existencia de una prohibición legal (pues ese sería el medio para establecerla). Así las cosas, y sin más preámbulos, es criterio del Tribunal que debe acogerse la tercera pretensión y declarar prescrita la facultad disciplinaria contra el señor Nombre112397 . Lo que genera la consecuencia de la nulidad del despido ordenado por le administración contra el referido señor, según se está requiriendo. Es de precisar que si bien el señor actor distingue entre la prescripción inicial del procedimiento y la prescripción de la facultad sancionatoria, en realidad la que prescribe esta esta última, sea que la inercia haya ocurrido al inicio, o en cualquier otro momento que el ordenamiento permita que esta acaezca. En todo caso, la mencionada imprecisión no es capaz de generar a error, en el entendido que lo pretendido por el accionante es que se declare la prescripción de la facultad que ordenó su despido.\n\nX.-  EN CUANTO A LA PRETENSIÓN EN CONCRETO (continuación…): Como se había adelantado, al acogerse la excepción de prescripción de la acción disciplinaria, procede declarar de oficio la falta de interés actual con respecto a las primeras dos pretensiones, donde se pretendió el análisis de fondo de la conducta desplegada, específicamente “b) Que se declare que en el procedimiento administrativo tramitado en contra su contra violentó el debido proceso en cuanto a la apreciación de la prueba y aplicación de principios del derecho del trabajo, contenidos en los artículos 14, 15, 16 y 17 del Código de Trabajo, así como en transgresión de los principios constitucionales contemplados en los numerales 33, 36, 39 y 41 de la Constitución Política. c) Que como consecuencia de lo anterior, se declare que por razones de fondo el despido del actor resulta totalmente injustificado y por ente debe anularse el mismo. Debe precisarse que si bien el actor orienta esos requerimientos sobre una incorrecta valoración de la prueba, en realidad lo ocurrido es una disconformidad en cuanto al derecho aplicable. Uno u otro aspecto se tornan irrelevantes en este caso. Obiter dictar si procede indicar, que el acto administrativo objeto de litigio parte de la premisa que el actor violentó los deberes de la función pública, lo que no es correcto. La conducta desplegada por el señor Nombre112397  consistió en que en su actividad privada, y como particular, presentó un formulario en la misma oficina en la cual labora, para beneficiarse de un criterio interpretativo de la misma institución que le permitiría acceder a un terreno a fin de construir su vivienda en la zona del país en la cual se encontraba destacado. Sin participar en la definición de otorgar el referido fundo. Se trata de dos conductas totalmente diferentes, sin que por tipificación relativa sea posible subsumir la una en la otra, resultando totalmente cuestionable que el actor hubiera actuado con dolo o culpa grave en su actuar. Véase como quedó acreditado que había un criterio vinculante de naturaleza legal que indicaba la licitud del mencionado procedimiento, así como varios criterios de la Junta Directiva en carácter de jerarca institucional. No existen elementos para decir que el referido señor presentara conocimientos técnicos o legales suficientes para contradecir el criterio institucional vigente para aquel momento. Así las cosas, el acto también, de manera evidente presenta una carencia de fundamentación o motivación que repercute en su nulidad por el fondo, aspecto que solo se indica a mayor abundamiento ante la falta de interés del argumento en los términos razonados en el considerando anterior.  Ahora bien, con respecto a l a pretensión numerada como e) es un efecto necesario, en el entendido que producto de la nulidad del despido, el señor Nombre112397  tiene el derecho a reintegrarse a su puesto, con la firmeza de esta resolución, en idénticas condiciones a las que presentaba al momento del cese de la relación laboral, como en efecto se declara. En sana teoría, el derecho a reintegrarse sería en el mismos puesto, el cual actualmente se encuentra ocupado por el Nombre112398 , para quien incluso el puesto fue reasignado.  La supresión del acto nulo, trae como consecuencia que el acto anterior cobra nueva vida y eficacia jurídica. Pese a esto y tal como se solicitó en la audiencia preliminar, en caso que existiera otra plaza o exista la posibilidad de crearla, con el correspondiente contenido presupuestario, el ente público demandado podrá ubicarlo en esta última, en la medida que sea en idénticas condiciones, según lo antes dicho y en la misma región. Es de resaltar que el funcionario Nombre112398  se estaría viendo perjudicado por una situación que le resulta ajena, por lo que hacemos el respetuoso pero atento llamado a que se considere seriamente esa posibilidad; para no afectarlo innecesariamente. Claro está, la definición al respecto recae en la Administración activa. Los derechos laborales de ese señor si bien son de buena fe, son dependientes de la plaza que ocupa, de suerte que al declararse la nulidad del despido del anterior propietario de la plaza, este último tiene prioridad para el nombramiento. Con respecto a la pretensión de los salarios, también debe ser acogida, pero en este caso de manera parcial, aceptando la excepción de falta de derecho sobre todos aquellos no reconocidos expresamente, o declarados con falta de interés actual.  Como se indica en los hechos probados, ha quedado reconocido por el actor ha estado prestando servicios, de manera intermitente para otro ente público durante el tiempo que se ha encontrado cesado y por imperativo de presupuesto público se encuentra prohibido recibir doble salario de la Administración Pública por el mismo horario. De manera que procede acoger la cancelación de salarios caídos, lo que incluye los demás pluses y beneficios propios del régimen al que se pertenecía, en idénticas condiciones como si el despido nunca hubiera ocurrido, salvo en lo correspondiente al tiempo que estuvo trabajando para otra administración pública en cuanto a la diferencia en caso de haber recibido un salario idéntico o mayor. Aspecto que deberá liquidarse en ejecución de sentencia y teniendo como base los reportes que al efecto presente la Caja Costarricense del Seguro Social sobre tiempo servido y demás prueba que tenga a bien procurarse el ente público demandado.  Dicha obligación de valor corre por cuenta del Instituto de Desarrollo Rural de manera exclusiva, al ser el generador de la conducta antijurídica. Estos salarios serán desde el cese en el cargo del señor Nombre112397 hasta la reinstalación efectiva del actor en su puesto. Por último, con respecto a la indexación la misma también debe ser acogida de conformidad con el artículo ciento veintitrés del Código Procesal Contencioso Administrativo, desde el momento en que debieron ser cancelados cada uno de los salarios o beneficios laborales hasta su efectivo pago. Rubros también a conocer en ejecución de sentencia.\n\nXI.-  SOBRE LAS EXCEPCIONES INVOCADAS Y LAS COSTAS: Como se señaló en el apartado anterior, procede acoger la falta de derecho de manera parcial sobre todos los extremos salariales que hayan sido reconocidos por otro ente público; en lo demás debe rechazarse la excepción. Con respecto a las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva en lo tocante al INDER, las mismas deben ser rechazadas por estar correctamente integrada la relación jurídica procesal.  Mientras que con respecto al demandado Nombre112398 , su integración al proceso es por imperio de ley, en el tanto, lo resuelto podía (como en efecto ocurrió) afectar el puesto que venía desempeñando. Lo que obligaba a integrarlo y a rechazar esa excepción.  De manera que la excepción de falta de legitimación en sus dos modalidades debe ser rechazada. No esta demás el indicar que de oficio se declara la falta de interés con respecto a las pretensiones b y c, al haberse acogido la prescripción invocada. En lo que refiere a las costas, considera el Tribunal que no estamos en presencia de una de las excepciones del artículo ciento noventa y tres del Código Procesal Contencioso Administrativo en lo que refiere al ente público demandado. Véase como ha resultado perdidoso en su posición y como el actor ha concurrido a vía judicial para hacer valer sus derechos.  Con respecto al señor Nombre112398  resulta de manifiesto que su litigancia ha sido de buena fe, en cuanto él se limitó a participar en un concurso de personal para resultar victorioso en un puesto y durante el proceso se ha limitado a defender que ocupa este de manera lícita. En dicho norte y con respecto al referido señor procede declarar el proceso sin especial condenatoria en costas.\n\nXII.- A MANERA DE COROLARIO. Como se ha expuesto procede declarar de oficio la falta de intereses sobre las pretensiones b) y c); rechazar las excepciones de falta de legitimación en sus formas pasiva y activa, y acoger parcialmente la excepción de falta de derecho, entendiéndose rechazada en todo aquello no otorgado de manera expresa. Declarar parcialmente con lugar la demanda, estableciéndose la prescripción de la facultad disciplinaria en contra del actor y disponiendo su reinstalación en el cargo a partir de la firmeza de este fallo. Reinstalación que deberá realizarse en un puesto de idéntica naturaleza, y ubicación geográfica; y en el caso de no existir este, deberá procederse a cesar al señor Nombre112398  y reasignar la plaza para dejarlas en idénticas condiciones a las presentadas al momento del cese del señor actor. Igualmente, se declara parcialmente con lugar la pretensión indemnizatoria, condenado al Instituto de Desarrollo Rural a cancelarle al actor todos los salarios caídos, incluyendo los pluses y demás beneficios laborales derivados; rubros que serán indexados desde el momento en que debieron ser cancelados hasta su efectivo pago. Se excepciona de dicho pago, los importes que hayan sido cancelados por cualquier otro ente público en el tiempo que el actor se encontró cesado. Rubros a liquidar en ejecución de sentencia. No puede dejar de agregar este órgano jurisdiccional su preocupación en cuanto a que tanto el señor actor como la demandada, se encuentran plenamente de acuerdo en que el primer lote entregado al primero no está cumpliendo ningún uso por parte de este, incluso, el señor Nombre112397  fue enfático en indicar que el segundo lote le fue entregado en virtud que el primero no tenía utilidad alguna. En dicho marco, la lógica que debería imperar es a proceder a recuperar ese lote en tanto existe acuerdo entre las partes. Por otro lado, sobre el ultimo terreno entregado, todo parece indicar que se entregó en contradicción con el ordenamiento jurídico, si tal incumplimiento es de fondo, material e insostenible, no es posible ubicar el motivo por el cual no consta dentro del expediente administrativo las acciones pertinentes y necesarias para recuperar ese terreno. Igual suerte, deben presentar los demás fundos entregados al amparo de la Ley del Burro que formen parte del patrimonio natural o nacional del Estado, resultando injustificado cualquier dilación.\n\nPOR TANTO:\n\nSe declara de oficio la falta de interés actual sobre las pretensiones numeradas como \" b)\" y \" c)\". Se rechaza las excepciones de falta de legitimación en sus formas pasiva y activa, y se acoge parcialmente la excepción de falta de derecho. Se declara parcialmente con lugar la demanda entendiéndose rechazada en todo aquello no otorgado expresamente: Se declara la prescripción de la facultad disciplinaria en beneficio del actor y se dispone su reinstalación en un cargo de idéntica naturaleza al que venía ocupando en el Instituto de Desarrollo Rural. Se advierte que en caso de no existir un puesto de tal naturaleza y que no resulte viable la creación de uno en esas condiciones, deberá procederse a cesar al señor Nombre112398  y a reasignar el puesto al que venía ocupando el señor actor, a fin de que pueda ocuparlo nuevamente. Igualmente, se declara parcialmente con lugar la pretensión indemnizatoria, condenando al ente público demandado a cancelarle al actor todos los salarios caídos, incluyendo los pluses y demás beneficios laborales derivados; rubros que serán indexados desde el momento en que debieron ser cancelados hasta su efectivo pago. Se excepciona de dicho pago, los importes que hayan sido cancelados por cualquier otro ente público en el tracto que el actor se encontró cesado en el caso que hubieran sido iguales o mayores a los que le hubieran correspondido de continuar la relación laboral con el ente público demandado; naturalmente, en caso de ser menores tendría derecho a la diferencia.  Rubros a liquidar en ejecución de sentencia. Corren las costas a cargo del ente público demandado y con respecto al señor Nombre112398  se resuelve sin especial condenatoria en costas. Tome nota el ente público de lo señalado en la parte considerativa.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRicardo A. Madrigal Jiménez\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nNombre40047                                                                      Carlos E. Espinoza Salas\n\n \n\nPromueve: Nombre112397 \n\nContra: Nombre3049 y Nombre112398     \n\nEmpleo Público\n\n  \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 26-03-2026 09:17:42.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**Voto N° 029-2015**\n\n**CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, FOURTH SECTION,** San José, at seven thirty hours on the twenty-seventh of March of two thousand fifteen.-\n\nOrdinary proceedings filed by Mr. Nombre112397, agricultural technician, identity card number CED88958 - - and resident of Río Claro de Golfito, province of Puntarenas, against the INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT (Instituto de Desarrollo Rural) (formerly the Institute of Agrarian Development), hereinafter referred to as Nombre3049, legal entity identification number CED87955 - -, originally represented by Mr. Nombre23146, identity card number CED8747 - - and resident of Ciudad Colón in the province of San José and more recently by Mr. Nombre112596, business administrator, identity card number CED89143 - - and resident of San José and Mr. Nombre112398, agronomist, identity card number CED88959 - -, resident of the Southern Zone. The plaintiff acts represented by Licenciado Geovanny Retana Madriz, resident of San José, identity card number CED88960 - - and the defendant Nombre112398 by Lic. Carlos Vargas Chacón, identity card number CED45601 - - and resident of Cartago, La Unión de Tres Ríos and the public entity by Lic. Juan Carlos Jurado Solórzano, identity card number CED76444 - - and resident of San José. All are of legal age, married, and lawyers, with the exceptions stated. Ordinary proceedings 10-001336-0166-LA.\n\n**WHEREAS (RESULTANDO):**\n\n**1.-** That the plaintiff claims as expressly stated: \"b) That it be declared that the administrative procedure processed against him violated due process regarding the assessment of evidence and application of principles of labor law, contained in articles CED89144, , , as well as in violation of the constitutional principles contemplated in numerals 33, 36, 39 and 41 of the Political Constitution. c) That as a consequence of the foregoing, it be declared that for substantive reasons the plaintiff's dismissal is totally unjustified and therefore it must be annulled. d) That in addition to the dismissal being unjustified, it be declared that the plaintiff was an ordinary employee, not a public treasury employee (funcionario de la hacienda pública), and therefore, the action to initiate the dismissal proceeding was time-barred, because it was initiated when the fatal statute of limitations period (plazo fatal de prescripción) had already elapsed, likewise, the disciplinary power (potestad sancionatoria) of the defendant entity was time-barred (prescrita), because the dismissal was carried out after the statute of limitations period (plazo de prescripción) established in article six hundred three of the Labor Code had amply elapsed. e) That as a consequence of the foregoing, the plaintiff must be reinstated to the position he held before the dismissal, with full enjoyment of all his labor rights. Likewise, by virtue of the fact that the defendant entity assigned Mr. Nombre112398 to the position held by the plaintiff, if it is not possible to reinstate him in that same position, Nombre3049 be ordered to create a job position for the plaintiff's reinstatement under the same conditions and functions he was performing before being dismissed (this last point added in the preliminary hearing). f) That as a consequence of reinstatement in the position, Nombre3049 must pay the plaintiff, together with their respective legal interest (applying indexation), all lost salaries (salarios dejados de percibir), as well as all the bonuses (pluses) that as an ordinary employee (funcionario ordinario) would correspond to the plaintiff, from the date of dismissal until effective reinstatement in the position he held. g) That Nombre3049 be ordered to pay the costs of this proceeding\". It is noted that the claim has been modified as to the name of the defendant, by legal imperative.\n\n**2.-** The defendants opposed the claim and added the defenses of lack of active and passive standing (falta de legitimación activa y pasiva), and lack of right (falta de derecho), as well as expiry (caducidad) and statute of limitations (prescripción) (already rejected in the preliminary hearing).\n\n**3.-** That the oral trial was held on the eighteenth and thirtieth of July of two thousand twelve, as well as the seventh of August of the same year (these last two dates at the request of the parties), it being ordered under the protection of articles one hundred eleven of the Contentious-Administrative Procedural Code and forty-seven of the Regulations that the proceeding be processed under the complex track and that the resolution be issued in writing.\n\n**4.-** By resolution 083-2012 at eight hours on the sixteenth of August of two thousand twelve, this Section resolved the merits of the case file, partially granting it.\n\n**5.-** Disagreeing with the ruling, the representation of the Institute of Rural Development filed a cassation appeal (recurso de casación), which was resolved by vote 00073-F-TC-2014 at fourteen hours on the twentieth of August of two thousand fourteen, by the Contentious-Administrative and Civil Treasury Cassation Tribunal, with the following operative part: \"The appeal based on procedural defect is granted. The appealed judgment is annulled. The Tribunal must issue a new one, in accordance with the Law.\"\n\n**6.-** On the twentieth and twenty-sixth of March of two thousand fifteen, the trial was reopened in this case file under article one hundred ten of the Contentious-Administrative Procedural Code, to hear evidence ordered by the tribunal for a better resolution.\n\n**7.-** In the proceedings, the strict procedural requirements have been observed, and no grounds for nullity capable of invalidating what has been done are noted. This judgment is issued after the strict deliberations, within the period allowed by the obligations of the court and unanimously.\n\nJudge Madrigal Jiménez writes the opinion; and,\n\n**WHEREAS (CONSIDERANDO):**\n\n**I. REGARDING THE NULLITY DECLARED BY THE CASSATION TRIBUNAL:** The main argument of the Contentious-Administrative Cassation Tribunal for ordering the nullity of the resolution originally issued in this case was based on the failure to determine the date of generation of the General Comptroller of the Republic's report that motivated the administrative proceedings against the plaintiff and that subsequently resulted in the dismissal underlying this process. This Tribunal had indicated among the proven facts the existence of the referred report, without being able to specify a date of issuance, by virtue of the fact that at folios 102 and 103 of the administrative file, official letter AJRB-B-027-2007 of 17 January 2007 from the Legal Advisory Office of the Brunca Region of the Institute of Rural Development to the National Geographic Institute is located, which in its first paragraph literally states: \"By recommendation of the General Comptroller of the Republic, the Institute of Agrarian Development undertakes to carry out an assessment of cases of allocation and titling (asignación y titulación) of lands in which the existence of some nullity defect is presumed.\" It must be clarified that this Chamber thoroughly reviewed the entirety of the file in its deliberation to adopt the corresponding judgment and only located the reference stated above. However, the topic of the report did not correspond to a preponderant aspect within the criteria upheld by the trial court. Unfortunately, in the position that the Contentious-Administrative Cassation Tribunal intended to uphold, that aspect had to be the axis, which resulted in declaring the nullity. This jurisdictional body has proceeded to thoroughly review again the entire administrative and judicial file without being able to locate the referred study, seeking to comply with what the functional hierarchical superior provided by resolution at eight hours on the ninth of March of two thousand fifteen that those documents be provided as evidence for a better resolution ordered by this jurisdictional body. Likewise, two hearings to reopen the trial were held on the twentieth and twenty-sixth of March of this year, arriving at the following conclusions. That a report from the General Comptroller of the Republic does not exist on this particular topic that motivated the disciplinary sanction that ultimately resulted in the dismissal of Mr. Nombre112397 and that the basis of the act was a consequence of the ordinary activity of the active administration, in the terms expressed by the representative of the public entity, which is consistent with what is visible at the final folios of the judicial file. As well as that official letter AJRB-B-027-2007 of 17 January 2007 from the Legal Advisory Office of the Brunca Region of the Institute of Rural Development to the National Geographic Institute, where compliance with a report from the General Comptroller of the Republic is mentioned, contains an error in said reference or is not part of the present case file; in either case, the existence of a report from the comptroller body could not be taken as a basis for defining the conflict at hand. Having made this clarification, the evaluation of the merits of this summary proceeding is carried out.\n\n**II. THE BASIS OF THE PROCEEDING:** The plaintiff maintains that he was an employee of the Institute of Rural Development, and was dismissed by the Board of Directors (Junta Directiva) of that institution on October twenty-sixth, two thousand nine, a fact communicated only on November seventeenth of that year. Evidence shows that the file was opened on December first, two thousand seven, based on the alleged participation in several lots for direct or indirect personal benefit. The oral and private hearing of the administrative procedure was held on November twenty-ninth, two thousand seven, and the investigative report was not issued until June twenty-sixth, two thousand eight. The Labor Relations Board (Junta de Relaciones Laborales) issued a split opinion on September twenty-second, two thousand eight, the majority of that collegiate body disagreeing with the possibility of dismissal. Subsequently, on December third, two thousand eight, the file was sent to the Executive Presidency (Presidencia Ejecutiva) of the defendant, where by resolution 002-2009 of January twenty-third, two thousand nine, the dismissal without employer responsibility was ordered. Against said act, the remedies of revocation (revocatoria) with subsidiary appeal (apelación en subsidio) were filed. Evidence shows that the act was not executed until November seventeenth, two thousand nine. He indicates that both at the time of issuing the act and at its execution, the one-month period regulated by labor legislation was exceeded. As to the merits, according to the resolution, he was dismissed for allowing a piece of land located in Puerto Jiménez and then another in Osa to be titled in his favor, without prejudice to benefiting several relatives, knowing that he was barred from doing so; which he considers incorrect, since due to the functions he performed, he did not define the delivery of said titles. He evidenced that the first of the properties did not present an urban vocation, which is why he returned it to the defendant and in exchange they gave him the second one. He maintains that the land was given to him as a form of support from the public entity, due to his limited economic condition; that the property did not present an agricultural vocation and that his actions were not irregular at that time. In any case, it was not his decision but the institutional authorities' decision to give him the property. He indicates that those acts were of institutional knowledge many years prior, for which reason he considers that the power to sanction him (facultad para sancionarlo) had lapsed at the time the public entity exercised it. He concludes reasoning that he is not a Public Treasury employee (funcionario de la Hacienda Pública), and therefore the alleged fault is time-barred. Nombre3049 acknowledges the employment relationship and the termination of the employment relationship, although it corrects several dates. It maintains that the delay in execution was due to the processing of the administrative remedies presented; noting that the Administration has that power to suspend the execution of the act, which in this case was done considering the plaintiff's economic limitations. It evidences that the statute of limitations has not operated because the employee is covered by the public treasury regime (régimen de la hacienda pública). Mr. Vargas Chacón joined the process because he was appointed to the position left by the plaintiff, a position he currently holds permanently. In his response, he maintains that the acts were issued in accordance with the law and that his status was protected in good faith; therefore, he requests that the lawsuit be declared without merit in all its aspects. Should this request prosper, he requests that the expansion adopted by the plaintiff in the preliminary hearing be adopted, that is, that he be reinstated in a different position but with identical conditions.\n\n**III. PROVEN FACTS:** Of importance for the issuance of this judgment, the following proven facts of relevance are held, in accordance with the merit of the case documents: 1) The plaintiff worked from the year nineteen seventy-eight for the defendant Institute (uncontested fact and party statement, accepted by the counterparties). 2) Within the defendant Institute, a procedure outside the applicable Law, called \"Ley del Burro,\" was established, which consisted of several internal agreements of the entity (see folio 73 of the administrative file and 78 to 85 of the judicial file; as well as being an uncontested fact as stated by the parties in the closing arguments). 3) Within the agreements of the so-called \"Ley del Burro,\" the higher authorities of the public entity considered it appropriate to help low-income employees located in rural areas, granting them a piece of land to be able to settle their family and build their dwelling house (see statement of Mr. Mora Calvo given in the oral and public trial, and the plaintiff's party statement, which is consistent with the former). 4) By legal opinion Placa20272 of December first, nineteen ninety-four, Licenciada Ana Victoria Mora Mora, Deputy Head of the Legal Department of the Institute of Rural Development, ruled that the condition of being a public official, even of the same institute, was not a limitation to be a land grantee (adjudicatario) from it (see folio 125 of the administrative file). 5) On September sixth, nineteen ninety-five, Mr. Nombre112397 signed a form before Nombre3049 requesting the adjudication (adjudicación) of a piece of land for himself, in the province of Puntarenas, Dirección13629, stating that he had possessed it in accordance with the Law (see folios 49 and 51 of the administrative file). 6) By article III of session 064-95 of October seventeenth, nineteen ninety-five, the Board of Directors of the Institute of Urban Development (at that time Rural Development) approved the adjudication, segregation, and transfer under the \"Ley del Burro\" of lot 114-22-32 of the Peasant Settlement of Osa, Sector 3, located in Dirección3123, in favor of Mr. Nombre112397 and his wife, Mrs. Fernández Ovares, as they met the legal requirements as was shown (see folio 171 of the administrative file). 7) That before the adjudication, Mr. Nombre112397 or his wife had not performed possessory acts on the adjudicated lot (see folios 78 to 86 and 170 of the administrative file and fact acknowledged by the referred gentleman in the confession rendered in the oral and public trial). 8) By article III of session 064-95 of the Board of Directors of the defendant, of October seventeenth, nineteen ninety-five, the adjudication, segregation, and transfer under the \"Ley del Burro\" of lot 114-22-20 of the Osa settlement in favor of the plaintiff's sister-in-law, Mrs. Marlene Fernández Ovares and her husband, Mr. Adolfo Arias Velásquez, was approved (see folios 70 and 71, 78 to 86 and 169 of the administrative file). 9) By article XXVII of session 065-96 of the Board of Directors of Nombre3049 of November nineteenth, nineteen ninety-six, it was authorized to adjudicate, segregate, and transfer under the \"Ley del Burro\" lot 114-22-34 in favor of Mrs. Nombre112400, the plaintiff's sister-in-law (see folio 70 and 169 of the administrative file). 10) That the plaintiff filled out a form requesting the adjudication of plot 218-1 located in Dirección13630 (fact acknowledged by him in his confession). 11) That by article XV of session 084-97 of November eleventh, nineteen ninety-seven, under the \"Ley del Burro,\" Nombre3049 approved the adjudication, segregation, and transfer of plot 218-1 located in Rincón de Osa of the Osa Settlement in favor of Mr. Nombre112397 and his wife (see folio 35 to 43, 73 and 170 of the administrative file). 12) That the referred lot has an area of six thousand five hundred ten square meters, with fifty-three square decimeters (see folio 105 of the administrative file). 13) This lot does not have an agricultural vocation, so it is not viable to exploit it in that way (see statement of Mr. Mora Calvo given in the oral and public trial). 14) That on the property under consideration, at the time of adjudication, there was a construction that showed an evident state of deterioration, which is why it was valued at ninety-eight thousand six hundred thirty colones (see folio 104 of the administrative file). 15) That Mr. Nombre112397 and his wife began occupying the aforementioned lot in the first months of nineteen ninety-seven (see folio 170 of the administrative file). 16) Only in the southern zone, besides the plaintiff, lots were awarded to at least eight other employees under the so-called \"Ley del Burro\" (see statement of Mr. Mora Calvo given in the oral and public trial). 17) At the time of the delivery of the lots to the plaintiff, it was known by the different regional administrative instances that he was an institutional employee (see statement of Mr. Mora Calvo given in the oral and public trial). 18) By article VII of session 020-2001 of the Board of Directors of the defendant public entity, dated March twelfth, two thousand one, the transfer of lot 114-22-32 from Mr. and Mrs. Nombre112397 and Mayra Fernández Ovares in favor of Nombre112401 and Nombre112402 was authorized (see folios 169, 127 to 126 of the administrative file). 19) By official letter OSO-036-2006 of January twelfth, two thousand six, Engineer Mario Jiménez Quirós of the Subregional Office of Osa informed the Director of the Brunca Region, the list of employees or relatives of Nombre3049 who had benefited from lots under the \"Ley del Burro\" (see folios 90 to 92 of the administrative file). 20) By official letter OSO-338-2006 of May third, two thousand six, Eng. Mario Jiménez Quirós, Head of the Subregional Office of Osa of the Institute of Rural Development, communicated internally to the institution that the lot granted in its time to Mr. Nombre112397 and his wife could be located within the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), as well as giving a series of additional explanations about the lots delivered under the \"Ley del Burro\" (see folio 168 of the administrative file). 21) By official letter AJRB-B-027-2007 of January seventeenth, two thousand seven, the Legal Advisory Office of the Brunca Region of the Institute of Rural Development communicated to the director of the National Geographic Institute the following: \"... this legal advisory office has been entrusted with instructing an administrative proceeding aimed at determining if a property located in Rincón de Osa ... comprises part of the public or restricted area of the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Maritimo Terrestre)....\" (see folios 102 and 103 of the administrative file). 22) By official letter 177-UAI-2007 of June twenty-seventh, two thousand seven, Eng. Manuel Adolfo Mena of the National Geographic Institute communicated to the defendant public entity that the land granted in its time to the plaintiff comprises areas of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) (see folio 167 of the administrative file). 23) By resolution at fourteen hours on November first, two thousand seven, disciplinary administrative proceedings were opened against the plaintiff for having been a grantee (adjudicatario) of a lot in the Peasant Settlement of Osa, as well as for the adjudication of two lots in favor of his sisters-in-law (see folios 172 to 173 and 118 to 119 of the administrative file). 24) On November twenty-ninth, two thousand seven, the oral and private hearing was held within the administrative proceedings processed against the plaintiff (see folio 172 of the administrative file). 25) The investigative report (informe de instrucción) within the administrative file was issued on June twenty-sixth, two thousand eight, recommending the dismissal without employer responsibility of Mr. Nombre112397 (see folios 140 to 152 and 172 of the administrative file). 26) The Labor Relations Board (Junta de Relaciones Laborales) of Nombre3049, in article five of minute twelve - two thousand eight, of September twenty-second, two thousand eight, split its vote, so that four of them recommended a suspension without pay and two of them dismissal without employer responsibility (see folios 153 to 157, 171 and 172 of the administrative file). 27) By resolution 0002-2009 at thirteen hours on January twenty-third, two thousand nine, from the Executive Presidency (Presidencia Ejecutiva) of the Institute of Rural Development, it ordered the dismissal without employer responsibility of the plaintiff in accordance with article sixteen of the Autonomous Service Regulations, one hundred thirteen of the Financial Administration and Public Budgets Law, and eighty-one subsection L of the Labor Code, upon confirming a serious fault (falta grave) in the functions proper to the position (see folios 159 to 173 of the administrative file). 28) By means of a written submission credited on January twenty-ninth, two thousand nine, before the Executive Presidency of the public entity, Mr. Nombre112397 filed a remedy of revocation (recurso de revocatoria) with subsidiary appeal (apelación en subsidio), alleging nullity, against the resolution of that unit at thirteen hours on January twenty-third, two thousand nine, acknowledging that notification of said act had been made on January twenty-seventh of that year (see folios 175 to 180 of the administrative file). 29) By resolution 050-2009 at sixteen hours on April thirteenth, two thousand nine, the Executive Presidency of the defendant rejected the plaintiff's remedy of revocation against the act subject to the litigation and elevated the appeal (recurso de apelación) for the consideration of the institutional head (jerarca institucional) (see folios 192 to 183 of the administrative file). 30) By virtue of a writing filed on May fifth, two thousand nine, before the Board of Directors of Nombre3049 (at that time Institute of Agrarian Development), the plaintiff filed an appeal (recurso de apelación) against the resolution at thirteen hours on January twenty-third, two thousand nine, alleging the nullity of the administrative action (see folios 195 to 201 of the administrative file). 31) By agreement of the Board of Directors of Nombre3049 (at that time Institute of Agrarian Development), in its article twenty-three, of session thirty-eight - two thousand nine of October twenty-sixth, two thousand nine, it was ordered to reject the appeal filed by the plaintiff against resolution 002-2009 at thirteen hours on January twenty-third, two thousand nine, confirming said act in all its aspects (see folios 202 to 210 of the administrative file and 39 to 53 of the judicial file). 32) That the plaintiff was paid for settlement (liquidación) for vacation (vacaciones), year-end bonus (aguinaldo), overtime (tiempo extraordinario) for October two thousand nine, and school salary (salario escolar), for a total of two million one hundred eighty-nine thousand four hundred forty-two colones with thirty-eight cents (see personnel action 2009-887, folio 211 of the administrative file). 33) At the time of termination (cese), Mr. Nombre112397 had several outstanding credits to be paid off (see folio 181 of the administrative file). 34) That at different times, from the moment he was dismissed, the plaintiff has rendered services for some public entities in the southern zone of the country (party statement, noted as confession by the counterpart). 35) That Mr. Nombre112398 currently occupies, on a permanent basis, the same position that Mr. Nombre112403 previously held (uncontested fact between the parties). 36) At the time of his termination, Mr. Nombre112397 occupied a position of Technician Level D, located in the Subregional Office of Río Claro, southern zone of the country (see folio 211 of the administrative file). 37) The proceedings processed against Mr. Nombre112397 are not based on any file or recommendation from the General Comptroller of the Republic (see documents ordered as evidence for a better resolution and presented at the hearing of March twenty-sixth, two thousand fifteen, attached at the end of the file).\n\n**IV. ON UNPROVEN FACTS:** The following are held as facts lacking probative evidence: A) That the plaintiff knew that the conduct of accepting the delivery of a real estate property (bien inmueble) by the defendant public entity at the time of the events could generate administrative proceedings against him for fault in service (there is no evidence in the file). B) That the plaintiff had any direct or indirect interference in the adjudication (adjudicación) in his favor of lot 114-22-32 of the Peasant Settlement of Osa, Sector 3, located in Rincón de Osa of the Osa Settlement, as well as in the adjudication of lots 114-22-20 and 114-22-34 both of the Osa Settlement, made in favor of the plaintiff's sisters-in-law Marlene Fernández Ovares and Nombre112400 (there is no evidence in the file in that sense; on the contrary, the defendant itself holds it as an unproven fact as is visible at folio 166 of the administrative file). C) That the plaintiff, regarding the conduct attributed to him that motivated his dismissal, corresponds to a Public Treasury servant (servidor de la Hacienda Pública) under the terms established by law (there is no evidence in that sense). D) That we are in the presence of continuous conduct such that a preclusive mechanism cannot operate (there is no evidence in that sense). E) That there were interruptions or suspensions in the calculation of the statute of limitations (cómputo de la prescripción), such that the fault had not lapsed at the time of its imposition (there is no evidence in that sense). F) That the investigation initiated against the plaintiff was on the occasion of a report from the General Comptroller of the Republic, from the Internal Audit, or from a preliminary investigation (there are no elements of conviction in that sense; rather, both parties stated the opposite and the documents provided at the hearing of last March twenty-sixth, two thousand fifteen, indicate the opposite). G) That the defendant public entity has undertaken any lesivity (lesividad) proceeding or procedure to recover the real estate it considers to have been delivered against the law (there is no evidence in that sense). H) The moment from which the defendant Administration became convinced that the \"Ley del Burro\" was contrary to law and proceeded to annul or revoke the agreements that supported it, as well as the actions aimed at recovering the goods delivered under that basis (it is not possible to locate a single element of conviction in that sense). I) That the plaintiff acted with willful misconduct (dolo) or gross negligence (culpa grave) at the time of requesting the delivery of the lots that were the basis for his dismissal (there are no elements of conviction in that sense).\n\n**V.- CLARIFICATION ON THE TREATMENT OF THE CASE:** It is evident that in the underlying conflict that binds the parties, two topics are found, the first being the utilization of two lots that the defendant transferred to the plaintiff in due time, allegedly outside the legal framework, and the other, a public employment. These two topics are intertwined to the extent that the cause for dismissal is based on the transfer of the lots. In the eyes of the Tribunal and based on the claim, we are in the presence of a public employment (empleo público) proceeding, where the basis of the conflict is centered exclusively on verifying whether the regulatory prerequisites for the disciplinary sanction (sanción disciplinaria) imposed against the plaintiff by the defendant Administration have the corresponding support or not. This aspect must be clear because this matter is governed by a series of principles that are characteristic of it, as a subspecies of administrative law. As a consequence of the foregoing, we are not in the presence of a lesivity (lesividad) proceeding, under article one hundred seventy-three of the General Law of Public Administration, which is governed, apart from another norm, by other principles different from those of this case.\n\nThere is no counterclaim in this case, nor any claim seeking the nullity of the acts that benefitted the plaintiff as the awardee of one or more lots owned by the defendant. It must be understood that the object of the litigation is entirely different when what is sought is to challenge an administrative sanction than when the object of the dispute centers on the annulment of a pre-existing declaratory act of rights because it was adopted contrary to the legal system. Evidently, one issue and the other could be related, as occurs in the present case; but because the claim is the limit of the judge's powers (except in exceptional cases where the legal system permits ex officio power) and under the principle of congruence, it is not possible to apply criteria from one issue to the other or vice versa. Both from the complaint itself and from the supplementary hearing, it is possible to appreciate how both parties, but especially the plaintiff, dedicate considerable effort to substantiating why they consider the act transferring ownership [traslativo de dominio] as they do, an aspect that was noted by the Court at the time, seeking to ensure that the discussion did not stray beyond the margins of what was requested; unfortunately, the parties disregarded the indication. The trial hearing is not the procedural moment to introduce aspects (facts, claims, or arguments) lacking a nexus or relationship with the object of the process, as established by the First Chamber of the Supreme Court of Justice (see ruling 200-2012). This aspect must be clear, since in the reasoning of the parties made during the trial hearing, it is manifest how they tend to apply principles from this latter scenario to the former, which must be manifestly rejected. Naturally, the Administration possesses the powers to recover real property in the face of void acts under the terms and conditions that the same legal system guarantees it, which in the event of a dispute between the parties may be discussed in the jurisdictional channel, but in a proceeding different from the one that concerns us, insofar as it was not requested at its proper procedural opportunity. Therefore, this Chamber omits an analysis in that sense, which is not the basis of the process considered today.\n\nVI.- ON THE PUBLIC EMPLOYMENT RELATIONSHIP: On repeated occasions, both this Section and the Court have indicated that the public employment regime [régimen de empleo público] corresponds to a personnel contracting system that differs substantially from that found in the private sector, which is grounded in Article 192 of the Political Constitution; it is essentially a single regime regulated in various statutes which are essentially subject to parameters of constitutionality and legality, especially regarding the issues of proportionality and equality. Within this framework, there exist a series of rights and obligations under principles such as legality, proven suitability [idoneidad comprobada], absence of free disposition of the relationship, subjection to the schemes of public law, relative immovability [inamovilidad relativa], among others; except for certain positions expressly regulated by law or referenced by the constitutional framework. Regarding forced retirement from the system, the constitutional norm establishes as a maximum the principle of relative stability, which entails that only in the event of a fault in service (fraud or gross negligence in the terms of the General Law of Public Administration [Ley General de la Administración Pública]) and in cases of reorganization of the public service is the breaking of the bond possible. The basis of this normative imperative is grounded in the constitutional framers' vision of generating an efficient and professionalized public service, distancing it from the political fluctuations that had prevailed before the constitutional framework of nineteen forty-nine. Therefore, if the official was hired under the principle of proven suitability, the breaking of the bond must arise in exceptional and extraordinary situations, duly justified. Regarding the grounds, although some laws establish specific normative presuppositions typical of the relationship in question (by way of example, that established in the Police Statute [Estatuto Policial], Law 7410), the norm is the existence of a direct legislative referral to what is regulated by Article 71 of the Labor Code [Código de Trabajo]. It is not unnecessary to indicate that the referral from statutory law to common labor law is moreover an undesired topic, but given the absence of a legal norm, no other path has been achieved. Naturally, the establishment of the fault must be verified following the ordinary procedure regulated in the General Law of Public Administration, under the protection of Articles 59 and 308 of that legal norm, all under the guarantees of due process [debido proceso] and especially the right of defense; except, of course, where another procedure is established by legal norm that must, in principle, comply with the parameters of due process to meet the parameters of the fundamental charter. Returning to the difference between the two employment regimes [regímenes de empleo] that in principle are characteristic of private law (of private individuals) and, on the other hand, of public contracting, but which by virtue of the dual nature that the Public Administration presents, it is possible to locate both regimes within public law; it is worth remembering that in the public employment regime, the principle of the reality contract [contrato realidad]—the basis of labor law—does not apply; only rights contemplated in the statute are granted; the principle of formality of administrative action, transparency, equality, and due process for the imposition of disciplinary sanctions must be followed; appointment by competition that grants a subjective right; the resolutions of the hierarch are administrative acts [actos administrativos]; and the entity for which the service is provided has public assets and is subject to public law in its organization and activity and to the principles of efficiency and effectiveness. For its part, the private employment regime is described as that in which the company's service relationships are common labor relations, the company's service provision relationships with users are private, it is governed by the principle of freedom of contract, autonomy of will, and the reality contract, the right to reinstatement is exceptional, there is freedom of choice of employees, more rights than the minimums established by law may be granted discretionally, the employer has the power to dismiss with employer liability, the resolutions of the company's management body are commercial acts, and the entity for which the service is provided has private assets and is subject to private law in its organization and activity. The Civil Service Regime [Régimen de Servicio Civil] is a legal-administrative system that seeks to guarantee the efficiency of the Public Administration, which is grounded in Articles 191 and 192 of the fundamental charter. It is indeed an employment regime covered by Public Law. This public employment system necessarily implies consequences derived from the nature of that relationship, with its own general principles, not only distinct from those of (private) labor law, but often opposed to them. The labor relationships existing between the State and its servants must be conceived as a whole, regulated by general principles, provisions, and policies, without distinction, except for the exceptions expressly contemplated by law, regarding the functional centers on which those servants depend. Therefore, between the State and its public servants there exists a special relationship of public employment, which finds its legal foundation in the Political Constitution, commonly called a \"statutory relationship\" [relación estatuaria], which is governed by Public Law. The appellation statutory [estatuaria] is grounded insofar as it depends on a statute, with special regulations, which gives it validity; normally the referred statute is composed of both legal and regulatory norms; naturally respecting the principle of legal reserve [reserva legal]. In accordance with the previous norms, Articles 1 and 2 of the Civil Service Statute [Estatuto de Servicio Civil] state that \"the Statute and its regulations shall regulate the relationships between the Executive Branch and its servants.\" Thus, the officials of the different Ministries and their deconcentrated organs will be subject to the Civil Service Regime. The Civil Service Regime has been designed by the constitutional framers as a general employment regime to which, as a general rule, all officials of the Ministries that make up the State are subject.\n\nVII.- ON THE STATUTE OF LIMITATIONS FOR DISCIPLINARY AUTHORITY IN PUBLIC EMPLOYMENT [PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD DISCIPLINARIA EN EMPLEO PÚBLICO]: The failure to fulfill the duties of the position generates liability for the public servant that may be of a patrimonial, criminal, or disciplinary nature. The first type of liability, in accordance with what is established in the General Law of Public Administration (Art. 199 et seq.), arises when the employee, through their fraudulent action or gross negligence, causes an economically assessable damage to third parties or to the Administration itself. Criminal liability presupposes the commission of one of the crimes typified in criminal legislation. Regarding disciplinary liability, it must be noted that in our environment there is not a single disciplinary regime in the sphere of public function, since the requirements for protecting the legal rights related to the correct provision of public service are different in many cases. The disciplinary matter, as is well known, falls within what has been doctrinally defined as the category of Special Subjection Relationships [Relaciones de Sujeción Especial]; these are, broadly speaking, those relationships established between a subject and a public administration, due to a special and differentiated condition or title held by that subject before that entity, by reason of which they acquire particular rights and obligations, one of the latter being that of responding disciplinarily for their actions or omissions, when these, within the statutory regime of the case, are considered an infraction. In these cases, a more intense and peculiar relationship is established between the qualified administered party and the Administration that gives rise to a series of specific and marked rights and obligations. It is a special power relationship that, from the perspective of the Public Administration, is called a special supremacy relationship [relación de supremacía especial], or a special subjection relationship [relación de sujeción especial], from the perspective of the administered party. It is necessary to indicate that in the case of this type of relationship, the principle of legal reserve is deeply weakened, given that its content can be defined through the exercise of regulatory power and, in general, of administrative acts of general scope in many cases (See in this regard Constitutional Chamber [Sala Constitucional], ruling No. 8009-04 of 4:19 p.m. on July 21, 2004), even though naturally there are always others where legal reserve is imposed. The Sanctioning Authority of the Administration [Potestad Sancionatoria de la Administración] is what opens the punitive action of the Administration. It is an attribution proper to the Administration that translates into the legal possibility of imposing sanctions on private individuals and even on officials who infringe its provisions in the exercise of their functions, transgressing its mandates or ignoring its prohibitions. The legal nature of said authority is administrative and should not be confused with that which the judge exercises in the development of a judicial process, for there the sanction is of a jurisdictional criminal nature. The penalty that is externalized in the field of administrative law does not have a criminal character. It is imposed as an instrument of self-protection to preserve the institutional legal order with the distribution of competencies and the indication of penalties of the same character. These are sanctions that assume a corrective or disciplinary character, depending on the scope of application. Hence, one speaks of disciplinary sanctioning authority and correctional sanctioning authority, depending on whether the recipients are public servants or private individuals. In the case of public labor law, those regulated in general labor law have been integrated, which, as is known, range from verbal warning, written warning, suspension for different periods progressively, and dismissal without employer liability. The sanctioning authority of the Administration unfolds within the scope of the most dissimilar facts, acts, and complex activities of private individuals and of the Administration itself. It is aimed at repressing those behaviors that transgress administrative normativity and is subject, moreover, to the constitutional and legal limitations established in the Political Constitution and in the general provisions that regulate it. In the private sphere, the employer's sanctioning power is part of the mechanisms that the company owner presents to organize the means of production, directly associated with the subordination that the employee presents; meanwhile, in administrative law, the power is the orientation of the official toward public ends and purposes, presenting a direct relationship between the two, but marked by the norms of public law. It cannot fail to be noted that the power in this latter case is, by essence, proper to the hierarch under the protection of Article 140, subsection 1 of the Constitution (starting from the premise that dismissal is the maximum sanction and that the rest are lesser effects thereof), which is in concordance with many legal norms; but which, in principle, may be delegated. Which generally occurs in favor of the human resources office of each dependency, with the hierarch reserving the maximum sanction, namely dismissal, without prejudice to being able to take direct charge at any time in the face of common faults. It is within this scheme that the effective exercise of the disciplinary authority of the Administration arises, which has an imminent substantive character, and also the administrative procedure, with a clear formal connotation, the latter being the tool that serves as a channel or gear to make possible the effective realization of that disciplinary authority. In the case of the Administration, as a formal element of administrative conduct, the procedure becomes indispensable in terms of its existence, in order to thus avoid the arbitrariness of the determination. Although as a general rule the powers of the Administration do not prescribe [prescriben] (Article 66 of the General Law of Public Administration), this type of competence cannot maintain an indefinite validity within a democratic, republican, and liberal State; ultimately, we are in the presence of \"odious powers\", insofar as they put a person's job at risk, which entails that the legal system must be more than cautious regarding their use. The statute of limitations [prescripción], as a legal institution that it is, can be positive or negative; for what is of interest here, only the implications of negative prescription [prescripción negativa] will be analyzed, whose relevance within the legal system is undeniable, because it allows an efficient protection of the principle of legal certainty [seguridad jurídica], the rights of third parties, and order and social peace. The foregoing without prejudice to being a call for administrative efficiency, which must exercise its powers in a timely manner, and not simply limit itself to the fact that by inertia and under the protection of the principle of imprescriptibility, it can exercise its powers at any time. It should be warned that as an administrative power or authority, it presents important margins of discretion for its initiation and imposition. Even though the sanction as such is normally regulated, despite the sanction being established within margins. In that sense, it becomes a limitation for the one who, having the power to enforce compliance with an obligation, abandons that right, that is, under the protection of the statute of limitations, the holder of the right is required to make reasonable use of it, preventing them from prolonging its exercise indefinitely or, on the contrary, from not exercising it within the stipulated legal period, causing in such a situation uncertainty about the legal situation of the counterparty. The problem of the statute of limitations basically addresses an aspect of legal certainty. In the words of the national jurist, Víctor Pérez Vargas: \"The problem, in the case of the statute of limitations, can be schematized in the following terms: with the passage of time, together with the aforementioned inertia, a growing situation of uncertainty develops (which, as such, has a negative axiological charge for Law, given that certainty is one of its pillars). Because there is an interest in certainty, that is, because certainty is a legal value of our system, the solution to the problem must be sought in function of it. The means to obtain it is the establishment of a period beyond which the uncertain interest becomes an irrelevant limit, which means that it is in the community's interest that a temporal limit be established with which the situation of uncertainty ends.\" (Derecho Privado. 3rd Ed, 1994. San José, Litografía e Imprenta Lil. S.A. P. 1937). Legal certainty as the basis of the liberal democratic State denies the possibility that a person be subjected indefinitely to a situation of uncertainty and anxiety due to a possible adverse determination or one contrary to their interests. \"The statute of limitations, in short, is a method to limit in time the exercise of material rights\" (Garberi Llobregat José and another, El Procedimiento Administrativo Sancionado, 4th Edition. Vol. I. Edit. Tirant lo Blanc. P. 145.). Regarding the limitation period for administrative disciplinary authority, the legal regime varies depending on whether one is dealing with a servant of the Public Treasury [Hacienda Pública] or not, an official of the police regime, and those covered by the general system of the State. The norms of Articles 97, 98, and 99 of the Regulation to the Civil Service Statute [Reglamento del Estatuto de Servicio Civil] lost legal effectiveness insofar as they establish rights or duties different from those indicated by the Labor Code by a principle of legal reserve. As we know, negative prescription is the loss of a right due to the simultaneous occurrence of two situations; one, the lack of action or omission (administrative inertia), and the other, the passage of time. The statute of limitations, in general terms, presupposes the concurrence of three fundamental elements: a) inertia on the part of the holder of a right in its exercise; b) passage of the time fixed by the legal system for this purpose; and, c) allegation or exception by the passive subject of the legal relationship, asserting the statute of limitations. This means that there is no liberatory effect if, despite the concurrence of the first two presuppositions, the articulation is not formulated. The foregoing because the statute of limitations is governed by a rogatory principle and, unlike expiration [caducidad] (in procedural terms), cannot be considered ex officio. The statute of limitations is a sanction in the face of the holder's inertia, which places their counterparty in an indefinite wait that is legally unjustifiable. By virtue of the foregoing, the same legal system has provided for periods, which, if exceeded, will cause the extinction of the right or power, with the statute of limitations thus operating. It cannot be forgotten that in any process or procedure, the possibility of gathering evidence normally becomes more complicated as time progresses, which entails that discussing some topics of this matter many months or years later could even generate defenselessness for one of the parties. Regarding the grounds for interruption of the statute of limitations, the absence of a norm specific to administrative law is manifest, which obliges one to integrate the legal system, with direct referral to Articles 876 and 879 of the Code to regulate the cases, which are basically any case that claims the exercise of the right. Indeed, if the preclusion of the right is the consequence of inertia (absence of activity by the holder), the actions carried out by the latter to make their right or power effective have the effect of interrupting the fatal period. Naturally, they must be actions manifested in the external plane and oriented toward the debtor. The aforementioned canon 878 complements what has been said by indicating that \"The effect of the interruption is to render useless for the statute of limitations all the time previously elapsed (...)”; under that presupposition, it can be affirmed that once the fact or circumstance interrupting the statute of limitations has concluded, a new limitation period will begin to run. And equally, in relation to what is prescribed in Article 645 of the Civil Code, in the case of solidary debtors, the interrupting effects attributable to one of them equally affect the other. Negative prescription implies the loss of a right as well as the action to effectively exercise the right (see Articles 865 and 866 ibidem). For its part, suspension [suspensión] implies that the statute of limitations has a pause, without this affecting the recognition of the time already elapsed, that is, if it is suspended, it will not start running from zero, but from the time accumulated at the moment the suspension occurs. In the words of Víctor Pérez: \"(...) in the hypotheses of suspension of the statute of limitations, the right is already enforceable, it has already been born into legal life; however, the exercise of this right comes to be hindered by the special situation of the subject or subjects of the relationship. The difficulty of exercising the right is taken into account by the legal system insofar as the objective inertia (in the exercise of the right) is, in no way, attributable to the creditor, but rather is justified by the circumstances established by the Civil Code in Article 880; these are cases in which the statute of limitations does not run ...\" (Op. cit. p. 201). The normative cases are established in Article 880 of the Civil Code, which refers to cases where the person called to exercise the right is impeded from doing so, which determines that if the exception did not operate, the period would run against someone who does not have real powers to adopt the necessary measures to guarantee their right. They are ordinarily seen as numerus apertus, corresponding to an enunciative list, given that other similar cases in terms of factual teleology could also swell the list. Regarding specifically employment relationships, the exercise of the corrective authority of the hierarch against officials who have committed sanctionable faults is subject to this temporality factor, after which, such exercise may not be undertaken, as has already been stated. The computation begins or \"dies a quo\", from when the complaint or the report recommending the opening of a disciplinary administrative procedure is brought to the attention of the hierarch or the official competent to initiate the respective procedure. This topic has been the subject of special discussion in other States, such as in the case of Spain, where at one time the doctrine of proportionality of State sanctions was coined, by virtue of which, since the criminal punitive power is the most burdensome, its statute of limitations must become the extreme maximum and superior to sanctions of a disciplinary nature, insofar as the latter are of lesser relevance; this criterion had some legal support until before the reform to the Organic Law of the General Comptroller of the Republic [Ley Orgánica de la Contraloría General de la República] which varied the limitation period for officials of the Public Treasury to five years, far above the statute of limitations for contraventions and minor crimes. In any case, without much effort, it is possible to consider the existence of an incongruity in that disciplinary faults present a longer limitation period than some crimes, insofar as the latter correspond to affectations of the legal rights of greatest relevance in the legal system of each State, without prejudice that criminal law is the ultima ratio of the national legal system in a liberal democratic State. In any case, we abandon that questioning as it is not indispensable for the solution of the present case. Regarding the disciplinary procedure, the rule is that the period runs from the moment the deciding body becomes aware of the facts. As was already advanced, it is very important to take into consideration that the General Law of Public Administration, or another similar norm, does not have a specific norm that establishes any limitation period in disciplinary matters, so that not only is the topic of the limitation period for the action to initiate the respective procedure absent in this legislation, but also the period for the application of the previously decreed sanction. It goes without saying that since it concerns a right, the prescriptive institution could not be regulated by a norm other than a law in the formal sense, with the understanding that it implicitly involves a dispossession of someone's patrimony, in this case, of a power of the Administration. It is for this reason that, via case law, our courts have supplementarily established the validity in this matter of the statute of limitations regime provided for labor matters, specifically Article 603 of the Labor Code, which norm establishes that: \"ARTICLE 603.- The rights and actions of employers to justifiably dismiss workers or to discipline their faults prescribe in one month, which shall begin to run from when a cause for separation arose or, where appropriate, from when the facts that gave rise to the disciplinary correction were known.\" It should be warned that the Regulation to the Civil Service Statute (for officials covered by that regime) established a limitation period that in principle would be contrary to the legal system for being regulated by virtue of a regulatory norm, but since it sets the same period established by the Labor Code, it is the criterion of the Chamber that it is not a lex novo but a mere reiteration of the legal period, which would mean that we are in the presence of a norm with legal backing and in accordance with the national legal system; unfortunately, the Constitutional Court did not think in the same sense when it declared the regulatory norm unconstitutional; a different situation occurs with the Police Statute (Law 7410) where a prescriptive period is directly established by legal imperative for certain faults, so that on this matter there is a conceptual clarity that makes any discussion unnecessary; a similar situation occurs in Article 71 of the Organic Law of the General Comptroller of the Republic, in those topics related to the public treasury [hacienda pública]. Naturally, the provision of Article 603 of the Labor Code would be the general norm in the matter, so that except in cases where a different period is established by special law, it would be applicable to public employment relationships. Likewise, it is not unnecessary to demonstrate that the cases are restrictive, with the understanding that only those servants who indisputably correspond to the normative case will the norms have effectiveness; leaving aside the possibility of open interpretations or numerus apertus. It is strictly necessary to clarify that this norm runs parallel in terms of its validity in the disciplinary administrative sphere, to what is established by the Organic Law of the General Comptroller of the Republic, in its Article 71, which sets a differentiated limitation period for those officials who engage in illegal conduct related to the handling of the Public Treasury, a norm reaffirmed by Article 43 of the Internal Control Law [Ley de Control Interno]. It is not unnecessary to indicate that doctrine, case law, and administrative law all advocate that external sources to Administrative Law should only be resorted to when, definitively, the latter does not have a solution to a determined situation (Article 9, subsection 1 of the General Law of Public Administration); we would be exactly in that normative case. Regarding the beginning of the computation, case law has defined two moments, namely:\n\n\"... The norm in question establishes that the rights and actions of employers to justifiably dismiss workers, or to discipline their faults, prescribe in one month, which begins to run from when a cause for separation arose, or where appropriate, from when the facts that would give rise to the disciplinary correction were known. However, as has been repeatedly explained, in the case of employer entities that must comply, prior to disciplining their workers, with a determined procedure or investigation, that period of ..\n\n…begins from the moment the result of the respective investigation is made known to the official or body competent to decide…in cases where due process must be observed, the disciplinary proceeding must be initiated within the month following the date on which the facts attributable to the employee were learned, and the decision to sanction must be taken by the deciding body (authority with competence to sanction) within the… following receipt of the administrative file prepared for that purpose.” (Sala Segunda, Voto 888-2006, de las 9:38 del 22 setiembre 2006; in the same sense, Votos: 143 de las 10:00 horas del 31 de mayo; 150 de las 15:10 horas del 2 de junio; 334 de las 10:40 del 27 de octubre, these from 1999, 214 de 10:40 del 14 de febrero 2000).\n\nThus, in principle, the administrative investigation must begin the limitation period following knowledge of the alleged misconduct, and the sanction adopted within that same following period once the corresponding file is completed, under penalty of lapsing. Regarding the knowledge of the facts, two scenarios may be considered: there are circumstances where the facts to be investigated are notorious, that is, they spontaneously reveal themselves to the superior's knowledge without great complexity for their apprehension or understanding, in which case they do not warrant further deepening, so the decision to initiate the procedure must be adopted from such knowledge and before the respective limitation period runs, such that if this is not done the matter may lapse even before the procedure begins; the other hypothesis is that the facts to be investigated may not be notorious or are simply not known to the leadership, in which case the limitation period will begin to run only once that leadership has formal knowledge of them. Either because it learns of them after they occurred (in principle, the elapsed time does not matter, since they were not known), or it may happen that even knowing them at the time of their occurrence, they are of such complexity that a preliminary investigation or an administrative report (including that of Internal Audit or the Contraloría General de la República) is required, in which case it must order the processing thereof before the corresponding limitation period concludes (regarding this, see votes 40-1988 of Sala Segunda of the Corte Suprema de Justicia, reiterated in Votos 120-1995 and 149-2001, also of Sala Segunda). It should be recalled that the preliminary investigation, as an act prior to the administrative proceeding, is intended to reveal possible situations that may give rise to administrative liability and to individualize and identify the allegedly responsible officials. It has even been held that it is not necessary, prior to the initiation of an administrative proceeding, as a substantial procedural requirement, to grant a hearing on the results of a preliminary investigation to the alleged implicated parties, although this position has been discarded because the conclusions derived from a summary preliminary investigation neither consider nor assess substantive aspects, much less assess evidence for the purpose of determining a priori the liability of the supposedly involved officials. Furthermore, and no less importantly, the investigated party has no knowledge of the existence of the preliminary investigation, which means that in their eyes the Administration continues in inertia regarding the fulfillment of its obligations; this implies that in principle it only generates an interruption of the period, which would then begin to run anew. Naturally, this does not prevent the notification of charges (traslado de cargos) from including an inventory of the evidentiary elements gathered in the preliminary investigation so as to allow the interested party to offer counter-evidence or even request the taking of some evidence, if this guarantees the right of defense and due process in general. From that point of view, the Administration, or more properly the competent superior, must consider and assess whether it is opportune and even necessary to order the opening of an administrative proceeding, in order to determine, through the guarantees offered by the ordinary proceeding, the real truth (article 214 of the Ley General de la Administración) of the facts alleged, and it will be at that stage that the evidence, both documentary and testimonial, testimonial and other options offered by the legal system, will be known, processed, and evacuated, and the involved officials will have the opportunity to exercise their right of defense broadly and without any restriction, consubstantial to Due Process. It is worth noting that although in disciplinary matters the principles of relative imputation or relative congruence apply, this is not an invitation to arbitrariness. In this sense, the Sala Constitucional has clearly distinguished between the preliminary investigation and the administrative proceeding proper, thus: “This Constitutional Tribunal has repeatedly held that it is valid for the Public Administration to carry out a preliminary investigation in administrative proceedings and has indicated that a correct understanding of the nature and foundations of due process admits that, prior to the opening of an administrative proceeding, it is sometimes indispensable to carry out a series of preliminary inquiries. Thus, the Administration—prior to the opening of the administrative file—could require the carrying out of a prior investigation, through which it is possible not only to individualize the possible person responsible for the misconduct being investigated, but also to determine the need to continue with the formalities of the proceeding if merit is found for it.” (Voto número 04420-2003 de las nueve horas y veintiún minutos del veintitrés de mayo de dos mil tres). It also stated: “… The Administration, in complex cases, does not distinguish against whom the proceeding should be directed; it can and must open a prior investigation in order to identify the possible or presumed responsible persons, and then open the respective process against them. In this prior investigative stage, it is not necessary to notify the interested parties, because no liability is being imposed. The possibility of a prior investigative process has been admitted by the Chamber in repeated jurisprudence for many years. In judgment No. 676-97 (preceded by, among others, judgments No. 7259-94, No. 598-95, and No. 5796-96), the Chamber stated: 'A correct understanding of the nature and foundations of due process requires admitting—as the Chamber has also done—that, prior to the opening or continuation of a formal procedure, it may sometimes be useful or necessary to carry out a series of preliminary inquiries.' In the case of the administrative process, this preliminary investigation aims to individualize the possible responsible persons for the irregularities and recommend whether a process should be opened against them, of what type, and to what end; there is no objection to, during the preliminary stage, collecting documents or preparing reports, in order to identify the parties to the future process or to prepare the allegations against them, then submitting the result of that work to the administrative proceeding as part of the evidence, which the interested parties may then examine and assess.” (Voto número 10824-2003 de las diez horas treinta minutos del veintiséis de setiembre de dos mil tres). Thus, when the Administration learns of a fact that may give rise to liability, by any means (denunciation, audit report, etc.), it must be borne in mind that prior to ordering a formal proceeding, an informal inquiry is required into the verisimilitude of the fact and who may be responsible. This can be done by any official, administrative body, or the already designated directing body. It must also be taken into account that, while the corresponding preliminary investigation is being carried out, the limitation period is interrupted, as already indicated; since this corresponds to a mere interruption, it is imperative for the employer Administration to carry it out with the utmost speed to ensure that the conditions of the preclusive institute do not concur. It should be noted that the jurisprudence has not been entirely coherent in this aspect, since at some point it was indicated that it was a suspension and later it has been indicated that it is a mere interruption; in any case, what is agreed upon is that it is not possible for the computation of the period to remain running indefinitely. On the contrary, the employer Administration is called to act diligently, especially concerning the preliminary investigation. We abandon this topic for now, because as will be seen, it does not affect the case before us. Likewise, the limitation period shall be considered interrupted with continuing effects when the administrative proceeding is initiated, and the same shall begin to run again until the final resolution of the matter is issued. It is important to bear in mind the formal moment from which the administrative proceeding must be considered initiated, that is, from the moment the legal-procedural relationship has been formally and validly established. The Ley General de la Administración Pública does not have an express provision indicating the moment from which the administrative proceeding shall be considered initiated, but it has been understood, based on article three hundred forty-five, in relation to article two hundred twenty-nine, both ibid., in relation to article two hundred ninety-six of the Código Procesal Civil, that it is considered initiated upon the notification of the respective resolution containing the notification of charges (traslado de cargos); on the understanding that said act formalizes the imputation to the investigated party, establishes the legal-procedural relationship, with express indication of the reprehensible conduct, circumstantially outlining the aspects of manner, time, and place, incriminating evidence, rights available to them, among others. Thus, the proceeding does not begin when the respective superior orders its initiation, nor when a body is designated to carry out a preliminary investigation, nor when internal notes are exchanged between the leadership and the directing body and vice versa, for innocuous reasons; it is solely the act of notification of the \"traslado de cargos\" that gives course to the proceeding. In this regard, the Sala Primera of the Corte Suprema de Justicia has indicated:\n\n“The initiation of the administrative proceeding occurs, not with the designation of the instructing body, because this is an internal act without effects on the sphere of the individuals, but when the designated body so decrees, summoning the parties to an oral and private hearing, briefly enumerating and making available the documentation in its possession, and warning them to provide all their evidence before or during the hearing. There, the party also has the right to have it admitted, clarified, expanded, or to amend its defense, propose evidentiary alternatives, and formulate conclusions about them and the results of the proceeding. Once that phase is concluded, the matter is ready for the issuance of the final act (articles 308 et seq. of the law in question...” (Voto Nº 000398-F-02 de las 15:10 horas del 16 de mayo del 2002))\n\nThis same criterion was adopted by article seventy-one of the Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; it is worth noting that this latter norm includes a ground for suspension of the computation not contemplated in other norms, namely when the misconduct is committed by the senior official while they continue in office, since it is to be assumed that they will not promote an administrative file against themselves. Returning to what was advanced regarding the limitation period, there are two assumptions: article six hundred three of the Código de Trabajo and article seventy-one of the Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, as previously indicated (in addition to members of the public police force). It must be considered that the latter norm was reformed by the Ley General de Control Interno (N° 8292, of August 2002), whereas before the amendment a limitation period of two years was established for these cases, so irregular situations occurring before the reform must be governed by the previously effective period. Initially, the jurisprudence was oriented toward indicating that while the file is in the instructional stage (in the hands of the directing body), no limitation period runs, so that if the instructing body for any reason keeps a proceeding of this nature inactive for longer than the period provided for the limitation to operate, it was not appropriate to allege the prescriptive institute, but only liability for the official. So under that thesis, the period runs again only once the instructional report is received by the deciding body (see votes 117 and 175 of 1997; 25, 55 and 260 of 1998; 143, 150 and 334 of 1999; 214, 477 of 2000; 46, 283 and 145 of 2001, all from Sala Segunda of the Corte Suprema de Justicia);\n\nVIII.- LIMITATION AND LAPSE (PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD): We must warn that the labor jurisprudence, especially that emanating from Sala Segunda of the Corte Suprema de Justicia, leaves open the possibility that even though the interruption has occurred with the initiation of the disciplinary proceeding in the aforementioned terms, it is possible that during the processing of the administrative file the limitation of the sanctioning power may operate, if it remains unjustifiably paralyzed for the limitation period, for a cause not attributable to the accused official. Under such thesis, the generic one-month period present in the exercise of public function obliges constant activity by the instructing body to resolve the conflict as efficiently as possible. Indeed, there are rulings from Sala Segunda of the Corte Suprema de Justicia in which it has even held that even in the case of special regimes such as in the Treasury or police forces, where the limitation period is several years, a one-month limitation period between the different procedural acts is still applied, in an interpretation favorable to the worker. The other position holds that \"when the employer entity must comply with a determined procedure or investigation prior to disciplining those who appear as workers, that period .... shall be counted from the moment the result of the respective investigation is made known to the official or body competent to decide\" (Sala Segunda, voto 1083-13 and 367-12). Naturally, between the commission of the facts motivating the alleged misconduct and the opening of the procedure, the limitation period does run under this thesis (Sala Segunda, votos 681-13 and 110-13); the same applies between the recommendation and the sanctioning act (Sala Segunda, voto 618-13). Under no concept would it be viable to keep the cases open indefinitely, to the extreme that they become transgressors of the principle of prompt and complete justice in the administrative venue. Generating indefinite open cases, with the corresponding negative effects for an individual who must live for many months or years waiting for a decision that resolves their situation, with the stress conditions inherent in an administrative file. It should be remembered that there are cases in which the misconducts to be sanctioned have continuing effects over time, or of successive tract, as they are also called; and in these cases, as established by labor jurisprudence, the limitation does not operate (See, among others, judgments Nºs 230-92 de las 09:10 horas del 2 de octubre de 1992, 140-93 de las 08:30 horas del 8 de julio de 1993, 2001-00149 de las 10:40 horas del 28 de febrero, 472 de las 10:05 horas del 17 de agosto, and 2001-00648 de las 10:20 horas del 31 de octubre, all from 2001 and from Sala Segunda of the Corte Suprema de Justicia). With the entry into force of the cited Law Nº 7410, a chapter was established regarding the disciplinary regime applicable to members of the police forces, so that under an express norm, the initiation of the administrative proceeding is indicated as a ground for interruption. It should be recalled that not only in the case of police forces has the legislator provided much longer limitation periods for applying disciplinary sanctions, but also in other administrative branches, as is the case with article seventy-one of the Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. This Section of the Tribunal has openly manifested in favor of maintaining coherence in jurisprudential lines, so as not to generate legal uncertainty that, far from allowing the individual to know what to expect, serves isolated positions that ordinarily do not prosper upon the corresponding appeal. The foregoing, unless—of course—it is not legally sustainable. In accordance with the majority jurisprudence, we choose to consider that the period runs from the commission of the facts until the opening of the file, and from the respective report until the issuance of the administrative act by the senior official, just as Sala Segunda of the Corte Suprema de Justicia has stated in majority jurisprudence, on the understanding that during the course of the administrative proceeding, the administration is not in a position to issue any act, since compliance with the administrative proceeding is a legal requirement to validly adopt the act. Now, the mere possibility of enabling an administrative proceeding that lasts for years against an individual who can do nothing to finalize it is contrary to all law. In this regard, it is the criterion of the Chamber that the question is already resolved by the legislator, within the norms of the administrative proceeding, namely articles three hundred thirty-nine point three to three hundred forty-one of the Ley General de la Administración Pública, which state:\n\n\"Article 339.-\n\n...\n\n3. If the issue raised by the file entails a general interest, or it is convenient to substantiate it for its definition and clarification, the Administration shall limit the effects of the withdrawal or waiver to its possible patrimonial consequences regarding the interested party, and shall continue the proceeding in all other respects.\n\nSECTION TWO\n\nOf the Lapse (Caducidad) of the Proceeding\n\nArticle 340.-\n\n1) When the proceeding is paralyzed for more than six months by virtue of a cause exclusively attributable to the interested party who promoted it, or to the Administration that initiated it, ex officio or by denunciation, lapse (caducidad) shall occur and its archiving shall be ordered, unless it concerns the case provided for in the final paragraph of Article 339 of this Code.\n\n2) The lapse (caducidad) of the proceeding initiated at the request of a party shall not proceed when the interested party has ceased to act because positive or negative silence has operated, or when the file is ready for the issuance of the final act.\n\n3) The lapse (caducidad) of the administrative proceeding does not extinguish the rights of the parties; but the proceedings are considered not to have been followed, for the purposes of interrupting the limitation period.\n\nArticle 341.- The lapse (caducidad) of the proceeding shall not by itself produce the lapse (caducidad) or limitation of the individual's actions, but lapsed (caducados) proceedings shall not interrupt the period of such lapse (caducidad) or limitation.\"\n\nIt should be recalled that the administrative proceeding has its own principles, previously enunciated, that guide the procedural activity, as indicated by the Sala Constitucional in judgment number 2004-13140, de las catorce horas treinta y siete minutos del doce de noviembre del dos mil tres. In this case, the principle of celerity and official initiative (vinculado con otros principios de los procedimientos administrativos, tales como la búsqueda de la verdad real and antiformalismo o informalismo) is applicable, which entails a power-duty of the directing and deciding bodies to compel the processing of the proceeding toward its resolution on the merits, which, in accordance with the provisions of articles two hundred twenty-two point one and two hundred twenty-five of the Ley General de la Administración Pública, constitutes an obligation for the Administration to urge or drive the proceeding ex officio, that is, without requiring action by the parties, so that the proceeding is as expeditious and effective as possible, that is, processed without undue delays for the parties. This official initiative also manifests itself in the manner in which the proceeding may be initiated, not only at the request of a party, but also ex officio, in order to verify the possible infringement of the legal system. It concerns the due resolution, with respect for the legal system and the subjective rights and interests of the individual; which is in accordance with the principles of procedural economy and efficiency, in addition to the constitutional principle of reasonableness. This principle is recognized in what has come to be called the area of temporality of administrative proceedings. Regarding the temporality factor of administrative proceedings in disciplinary matters in general, there are at least three identifiable periods in the actions of the Administration: a.) an initial period to open the investigation from the moment the fact or misconduct is known, which is normally related to the rule of limitation or lapse (caducidad) of the action—according to its regulation by legislative provision—of the sanctioning power; b.) another period to instruct, substantiate, or process the respective proceeding, so that the processing and resolution of the matter is not unjustifiably delayed, and c.) finally, the period to impose the sanction and its execution. (In this regard, among others, judgments number 2006-13926, de las catorce horas cuarenta y cuatro minutos del veinte de setiembre del dos mil seis, from Sala Constitucional, and number 2004-00671, de las nueve horas veinte minutos del dieciocho de agosto del dos mil cuatro, from Sala Segunda of the Corte Suprema de Justicia, may be consulted.). It is thus that with the notification of the opening of the proceeding, the limitation is interrupted. However, if the process enters into inertia or abandonment attributable to the Administration for a period exceeding six months, the lapse (caducidad) of that proceeding proceeds, in accordance with article three hundred forty point three et seq. of the Ley General de la Administración Pública, which applies to all administrative proceedings, insofar as even when there are special regulations, it is of a principled nature in all cases, in the absence of special regulation; and according to which, said interruption is considered not to have occurred. This norm must be related to subsection three of article sixty-six of the same normative body, which reads as follows: \"The exercise of powers in specific cases may be expressly subject to lapse (caducidad), by virtue of other laws,\" with much greater reason if such provision is within the same normative body, by imperative of an interpretation, and then systematic application of the legal system, articles ten of the Ley General de la Administración Pública and of the Código Civil, same article. It should be clarified that the principle of prompt and complete justice supposes, in the case of administrative proceedings, that they must be resolved in thesis of principle, by final act, within reasonable and proportional periods, avoiding subjecting the addressee to unjustifiably long and tedious proceedings. It therefore constitutes an expression of the maxim of legal certainty, to the extent that it requires the definition of the case within the due temporal space. Thus, the complexity or not of the proceeding cannot justify arbitrarily long proceedings, as this would suppose condoning an uncontrollable power of the Administration to exercise, at any time and at its own discretion, the power to resolve the conflict, to the clear detriment of the aforementioned certainty and in clear violation of due process. Along these lines, for ordinary proceedings regulated in the Ley General de la Administración Pública, according to the provision of article 261.1: \"The administrative proceeding must be concluded, by final act, within the two months following its initiation or, where applicable, following the presentation of the claim or petition of the individual, unless provided otherwise by this law.\" Now, the infringement of the periods fixed by the legal system for the exercise of a competence may well come to incorporate a pathology in the act, due to infringement of the subjective element of competence. It must be remembered that in light of precept two hundred fifty-five of the Ley General de la Administración Pública, legal periods bind both the Administration and the \"individual.\" From such postulate it follows then that competencies subject to a period may result in null acts, as inferred from the doctrine of article sixty point one of the cited Ley General de la Administración Pública, insofar as it literally provides: \"Competence shall be limited by reason of territory, time, subject matter, and degree.\" (Emphasis not from the original.). To the above must be added the provisions of article sixty-three subsections one and two of the same legal body, which read as follows: \"1. There shall be a limitation of competence by reason of time when its existence or exercise is subject to conditions or terms of extinction. / 2. Competencies shall not be extinguished by the passage of the period specified for exercising them, except where a rule provides otherwise.\" (See also articles 128, 129, and 158, all of the same cited law). However, the correct understanding of this last statement must lead to the following. The powers of authority are imprescriptible (article 66.1 Idem), an aspect that justifies what is stated in canon three hundred twenty-nine point three of the referenced Ley General de la Administración, to the effect that an act issued out of time shall be valid for all legal effects, unless expressly otherwise provided by law. A clear example of such exceptions is positive silence. That said, it is worth clarifying that, despite its wording in imperative language (typical of a prescriptive normative method), the two-month period set by the aforementioned canon two hundred sixty-one point two is not peremptory, but only directory. (Such position is recognized in ruling number 34-F-S1-2011 of Sala Primera of the Corte Suprema de Justicia, for example). This applies both to proceedings initiated ex officio and those at the request of a party. In the latter, despite the exercise of the faculty of the effects of negative silence, the Administration may well issue the act, which would broaden the debate in the appeals venue, whether administrative or jurisdictional. From this perspective, neither the instructional power of the proceeding nor the proceeding itself are extinguished if the period in question has been exceeded. While the structure of the ordinary proceeding would suggest that the period in question must always be respected, it is clear that the complexity of a matter and the vicissitudes inherent in the course may lead to longer periods. What is decisive then lies in the proceeding showing signs of activity and not unjustified delays, in accordance with the principle of celerity and procedural drive - articles 222 and 225 of the Ley General de la Administración Pública -, so that its duration is not the product of arbitrary conduct or inertia. Along these lines, what was stated in precedents numbers 2007-3140 and 2007-6758, both from Sala Constitucional, can be observed. In the first, it was forcefully stated: \"Now then, from the moment an administrative proceeding is initiated until the issuance of the final act, a reasonable and proportional period must intervene, taking into account the actions of the parties, the complexity of the matter, and the legal periods established for each case, in such a way that the Administration may have a prudential period, but without incurring in undue delays that hinder the proceeding… this Tribunal deems that the time used by the respondent from the moment the proceeding was initiated, to date, far from being justifiable is excessive, unreasonable, and to the detriment of the fundamental rights of the petitioner, due to the unjustified delay incurred by the respondent administration.\" Thus, not every proceeding that takes more than two months implies the nullity of what has been acted, but only to the extent that the period is unreasonable, which must be weighed in each specific case, considering the processing and complexity of what has been acted. It is in this sense that, in the analysis of this factor (it bears repeating, the temporal one) in the generality of cases, the alleged delay in the proceeding can be analyzed from two clearly distinct areas: with respect to the failure to comply with a reasonable period to process and resolve the proceeding, and whether the matter was inactive for six months or more (the institute of the lapse (caducidad) of the proceeding).\n\nAll of the foregoing leads us to affirm that, in accordance with the legal system, the Administration must seek the proper resolution of administrative procedures within reasonable timeframes, which translates into respect for the subjective rights and interests of the individual in all the elements that comprise the guarantees of due process and the right of defense; this also encompasses the temporal scope, as has been stated above, which is consistent with the principles of procedural economy and efficiency, in addition to the principle of reasonableness, which is of constitutional rank. This dimension leads to sanctioning procedural inactivity with the expiration of the proceeding (caducidad), under the terms set forth in Article three hundred forty of the Ley General de la Administración Pública, a rule that was reformed by canon two hundred subsection ten of the Código Procesal Contencioso Administrativo, effective as of January first, two thousand eight, in the terms already transcribed. As for the legal concept of expiration of the proceeding (caducidad) provided for in the transcribed legal rule, it is justified as a means to avoid the excessive prolongation of procedures, in the interest of legal certainty, as well as the need to guarantee the continuity and efficiency of administrative activity. For it to operate, according to the aforementioned rule, expiration of the proceeding (caducidad) requires the following conditions: first: that the matter has entered a state of procedural abandonment, that is, inactivity; second, that said stagnation is the product of causes attributable to the individual, when the action was initiated by a party, or to the Administration, if it was initiated ex officio; and third, that this state has been maintained for a period of \"more than six months,\" a period that constitutes the maximum temporal limit of possible inertia in the processing of an administrative procedure, which must be calculated from the last effective action within the processing of the case file (expediente). This implies that in sanctioning procedures or those potentially affecting rights initiated ex officio, expiration of the proceeding (caducidad) is feasible when the indicated elements concur.\n\nIX.- REGARDING THE SPECIFIC CLAIM: From a reading of the claim in the terms presented by the plaintiff, it is evident that the requests numbered as \"b\" and \"c\" (noting that the one indicated as \"a\" is not a requested action in itself, but rather encompasses the entirety of them) are aimed at establishing an inadequate assessment of the evidence, which would determine that the dismissal that is the subject matter is contrary to the legal system; however, in the Court's opinion, the logical order is to first consider claim d) as it presents a procedural aspect. Had it been presented as an accessory claim, it would have some logic; but in the terms filed, it lacks adequate coherence. The foregoing under the premise that if the action is time-barred, it would be unnecessary to proceed to assess the initial requests, hence procedural claims prevail over those on the merits. It is indeed a logical path where procedural aspects are considered first, and if these do not succeed, then the merits are assessed. A contrario sensu, if a procedural aspect succeeds, it becomes unnecessary to rule on the substantive ones. Thus, the issue of the statute of limitations (prescripción) will be addressed first. A first aspect to define is whether Mr. Nombre112397 is or is not an official responsible for public funds (funcionario de la hacienda pública), regarding the facts that determine the reason for the termination of his employment relationship. We must again remember that this analysis is not carried out in the abstract but in direct relation to the facts motivating the disciplinary case file (expediente disciplinario). Evidently, this collegiate body must be more than emphatic in repudiating the possibility that a public official, in the exercise of or on occasion of his position, uses the means that the legal system grants him to produce enrichment for himself or for some person of his interest. The duty of probity, more than a legal rule in the strict sense, constitutes an ethical principle in the exercise of public activity, which overflows its normative regulation in Law 8422 as it presents solid constitutional support, extractable from Articles one, three, nine, and eleven of the fundamental charter, among many others. Thus, the official is obliged to orient his management towards the satisfaction of the public interest, distancing his conduct from the deviation of power; seeking to identify and attend to priority collective needs, in a planned, regular, efficient, continuous manner and under conditions of equality for the inhabitants of the Republic; likewise, by demonstrating rectitude and good faith in the exercise of the powers conferred by law; ensuring that the decisions adopted in compliance with his duties conform to impartiality and the objectives proper to the institution in which he serves and, finally, by managing public resources in adherence to the principles of legality, effectiveness, economy, and efficiency, rendering satisfactory accounts. The satisfaction of the collective interests must be the north in public function and not personal ones. The powers granted to the servant are of an instrumental nature and are not granted for their personal character, but for the position they are to assume, which entails that they are temporary. This ethical imperative must affect all public action. Now, to analyze whether it corresponds to the normative support, we must reiterate what has already been pointed out that any official, in direct relation to his public position, could at some point be considered as responsible for public funds (hacienda pública), insofar as he is in charge of public funds or in the custody of government property. Therefore, the plaintiff, with respect to the property or funds that were in his custody, exercised the conditions of an official responsible for public funds (funcionario de la hacienda pública) and was subject to that disciplinary regime; but the basis of the discussion is centered on knowing whether, regarding the specific disciplinary offense attributed to him, he was or was not in that condition. In what is relevant to the case, it is possible to evidence that the referred gentleman held a technical position, without being responsible for the authorization or, in general, for the processing of the delivery of land by Nombre3049 to any interested party. There is not a single element of conviction that allows inferring that the gentleman in question processed, managed, determined, or in any way directly or indirectly interfered in the determination of the beneficiary persons for the properties that the defendant Institute was delivering at that time. Not even in the allegations of this institution is it possible to extract that condition, where an equivalence is made between the condition of public official and official responsible for public funds (funcionario de la hacienda pública), which, as has already been indicated, is incorrect. It is, as already indicated, a genus-to-species relationship, where the first is the condition of public official, while the second, namely official responsible for public funds (funcionario de la hacienda pública), is applicable only to some servants; thus, every official responsible for public funds (funcionario de la hacienda pública) is a public servant, but not every public official is one responsible for public funds (hacienda pública). When presenting the case, it is made to appear that the servant actively benefited, since he filled out the forms entering incorrect information which determined him being the beneficiary of the land subject to the conflict; but that aspect could be a determinant for considering the existence of a loss of trust (a possibility that is also debatable), but not for deriving the condition that the legal system requires of him to apply the extraordinary statute of limitations (prescripción) referred to in Article seventy-one of the Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Likewise, that aspect could be decisive for a declaration that a favorable act is detrimental to public interests (lesividad) regarding the land, but not for the issue that now occupies us. We do not find conduct deployed as a public official as being responsible for public funds (hacienda pública) or that harms the institutional image in that action. Nor is it possible to find any affectation of the duty of probity regarding the plaintiff. It is unquestionable that the plaintiff filled out a form in his private activity based on information he learned of as a public official, and presented it in the office where he worked, knowing that by application of the so often mentioned \"Ley del Burro,\" he would be benefited. He never hid his condition as a public official; on the contrary, it was public and notorious to all the persons who processed the request. It was also manifest that the plaintiff had not performed acts of possession over the property he was requesting for himself. Especially when the institutional head had generated a series of agreements aimed at generating the benefit. Given that Mr. Nombre112397 did not promote the agreements adopted by the Board of Directors of the public entity, which were known as the \"Ley del Burro\" (even though it was not a law, and even less is it possible to identify the reason why it was given that name), in fact, at the time, the legal office (aside from whether that criterion is shared) endorsed that possibility since nineteen ninety-four, as is evident from the proven facts. The filling out of the form by the plaintiff was not done in a concealed manner; on the contrary, everything led to the understanding that the public institution granted him the land in question under the premise that he was a public official and as an incentive for a servant who was providing a service in a sparsely populated area of the country, thereby allowing him to move his family group to that new location. Filling out a form based on knowledge acquired as a public servant, where it is other persons who define whether to grant the required benefit, does not turn any person into an official responsible for public funds (funcionario de la hacienda pública). Those who approved the request are indeed servants of the public funds (hacienda pública), but their conduct is not being assessed in this case. The servant who is the plaintiff today had no reason to know that what was done by the head could present some defect, and there is also no evidence in that sense, failing to comply with the obligation of canon three hundred seventeen of the Código Procesal Civil. Even the existence of the legal criterion in force at that time suggests that we are in the presence of an interpretation of legal norms, rather than a prohibition in itself. In any case, the so-called \"Ley del Burro\" does not seem to have sufficient normative support, but this is an aspect that cannot be attributed in any way to the plaintiff, as already indicated. Much less what was stated in the dismissal act, of a passive situation of benefit, that is, of allowing the administrative conduct to continue its course without warning of the non-compliance with legal requirements; when the testimonial evidence taken all led to the conclusion that the different regional institutional offices were aware of the situation. That supposed \"deception\" in the terms alleged by the defendant public entity (which, as already indicated, the evidence points in another direction) could, as already stated, be grounds for loss of trust, but not for subjecting the servant to the exceptional system of the statute of limitations (prescripción). It is not superfluous to reiterate that due to the exceptional nature of the public funds regime (régimen de la hacienda pública), the interpretation that must prevail is the restrictive one, meaning it is not about creating assumptions beyond the rule, but limiting oneself to its teleological purpose. In this framework, it is not possible to consider him an official responsible for public funds (funcionario de la hacienda pública), a situation that presents itself differently with respect to his immediate superiors, which logically includes the person who authorized the procedure despite the normative requirements not being met, as already indicated. It is two very different things for the officials of the defendant public entity to process procedures referring to the titling process mandated by law to that office, and for the plaintiff to be qualified as an official responsible for public funds (funcionario de la hacienda pública). Neither his appointment, nor his administrative hierarchical level, nor the functions assigned to him allow him to be placed in that legal category for the specific acts. A similar situation occurs with the plaintiff's relatives, regarding whom there was no dispute as to the degree of kinship, but no evidence was generated to demonstrate any type of influence or relation with this link. The foregoing leads to the necessary conclusion that the public entity, in its different administrative actions and in its allegation before this jurisdictional body, makes an incorrect classification of the plaintiff by placing him on that plane, with the provision of Article seventy-one of the Ley Orgánica de la Contraloría General de la República not being applicable in this specific case (making it unnecessary to consider the discussion about which rule should be applied, whether that in force at the time of the facts or that considered when the administrative procedure was initiated). All of which refers us to the generic rule of Article six hundred three of the Código de Trabajo, so often cited, with a fatal term of one month. In any case, as will be seen, the discussion becomes unnecessary and devoid of all interest, as will be seen below. A second reasoning put forward by the public defendant is aimed at indicating that we are in the presence of a continuing offense (falta continuada), such that between the moment the titling agreement was generated on November eleventh, nineteen ninety-seven, and the moment of the opening of the disciplinary administrative case file (expediente administrativo disciplinario) on November first, two thousand seven, no statute of limitations (prescripción) had run. The supposed continuity of the offense lies in remaining in possession of a property acquired by falsifying information in the application form. This type of offense, as its name indicates, corresponds to cases where the effects of the unlawful conduct persist over time, such that the disciplinary action does not prescribe. (On this point, one may consult SÁNCHEZ MORÓN (Nombre14238), Derecho de la Función Pública, Madrid, Editorial Tecnos, first edition, 1996, page 275). The concept has its greatest development in criminal matters, normally in cases in which the conduct of the accused is maintained for a prolonged time, actively, to ensure the effects of the illicit act (by way of example, as in deception), it has quite clear regulation in Article one hundred sixty-four of the Código Notarial for offenses of that nature, and eventually, it is possible to extrapolate it to public employment relations. Consider, for example, the public servant who removes a public asset in his custody and who constantly takes actions to conceal his illicit act; we would evidently be facing a continuing offense (falta continuada). This type of offense has the virtue of avoiding having to prosecute a person for multiple conducts, unifying them under a unity of action and result; consequently deriving a single sanction, but with the interruption of the statute of limitations (prescripción). Naturally, it would be an intentional action (dolosa, as criminal law experts would say) and of result, so as not to fall into the concept of concurrence of offenses. It must be clarified that any external human conduct produces an effect in time that subsequently could not be erased as a historical fact that it is, but not every offense is of a continuous effect, but rather only that where there is action by the agent in a direct and intentional way to produce that effect. By way of example, let us consider an unjustified absence as an offense; as a historical fact, once one has not shown up for work, it is not possible to change the fact, which exists and will continue to exist, but we are not in the presence of a continued act, but of a single action and a single result, upon which the statute of limitations (prescripción) operates in the ordinary way. In what pertains to the sub judice, based on the same thesis of the defendant public entity, it is not possible to find multiple conducts. All the evidence suggests that the region where the plaintiff worked was aware of his employment status, which entails that it is not possible to find what conduct was deployed consistently to generate continued action. Nor is it possible to find concealed information, maliciously hidden and later discovered. It is not possible to find a preliminary investigation, an Internal Audit report, or a report from the Contraloría General de la República that would evidence the situation; on the contrary, if the act contrary to law was issued by the institutional head, it is possible to say that from the very moment it was issued, there was knowledge of the unlawful conduct—incidentally, this jurisdictional body notes the absence of jurisdictional actions against him or the official who caused the Public Administration to err, or against the institutional heads who adopted the acts contrary to law. The only condition that remained over time is remaining on the property at the time delivered by INDER, which was an obligation contracted when he assumed the property, but without this configuring what is intended by the public entity. That conduct does not qualify as one of continuing effect, except to claim some form of possession. Having made those clarifications, it falls to us to define whether or not the statute of limitations (prescripción) has operated. In this regard, it has already been defined that it is not continuing conduct (conducta continuada); nor is it possible to assert that the term is not interrupted in its beginning, since a preliminary investigation, an Internal Audit report, or a report from the Contraloría General de la República would be required, which did not occur in this case. It is not possible to find any conduct by the plaintiff to hide his situation and thereby allow us to speak of a continuing offense (falta continuada); it can be affirmed that an investigation by the oversight bodies of public funds (hacienda pública) would have been required to discover the supposed illicit act attributed to the plaintiff. Adding to the foregoing is the fact that, as has been indicated, the act contrary to law was issued by the head himself, which means he cannot allege ignorance of it. For what is relevant to the case, based on the proven facts, we have that the plaintiff signed the Nombre3049 form requesting a lot in the province of Puntarenas on September sixth, nineteen ninety-six, and that before November first, nineteen ninety-seven, a second form arrived for the canton of Osa, which generated two lots in favor of Mr. Nombre112397; the opening of the procedure was initiated on November first, two thousand seven. Without considering the existence of any interruption or suspension of the term, this would result in eleven years and two months having elapsed between the first conduct and the opening act, and with respect to the second, it would be ten years, eleven months, and some days. The second adjudication act was carried out by the Board of Directors of the public entity on November eleventh, nineteen ninety-seven, as evidenced by the proven facts, which corresponds to nine years, eleven months, and some days with respect to the date of opening of the disciplinary case file (expediente disciplinario). Therefore, it is irrelevant to consider whether we are facing an official responsible for public funds (funcionario de la hacienda pública) (which was already indicated does not configure in this specific case) or a simple public servant, insofar as no case of interruption or suspension operates, for the statute of limitations (prescripción) of the disciplinary power would have operated. It should be remembered that the ordinary statute of limitations (prescripción) period is one month, while that of the Ley Orgánica de la Contraloría General de la República was initially two years (until the year two thousand two) and subsequently five years; in any of these cases, the time taken by the Administration to initiate the procedure has been exceeded, which, as indicated above, makes it unnecessary to discuss the statute of limitations (prescripción) period that operates in the sub judice. Internally, the Chamber has questioned whether the start date of the prescriptive period could be taken as the date on which the agreements that motivated the so-called \"Ley del Burro\" were repealed and the respective acts were adopted to recover the delivered assets; however, that aspect as an interrupting cause was not invoked by the interested party, nor was any evidence provided in that sense, which would lead to the necessary conclusion that this aspect could not be assessed, as it would take both parties by surprise, in addition to the fact that the plaintiff presented no interference whatsoever either in the enactment of these acts of general scope or in their repeal. As has been repeatedly stated, the Court finds no basis for considering an interruption or suspension when there was no Internal Audit report, Contraloría General de la República report, or preliminary investigation; even more so when it was notorious to the public entity that Mr. Nombre112397 was an official of the same institution. It not being proven that the gentleman performed any conduct to hinder the initiation of the investigation or that any of the legal conditions concur. Even to think that the Administration has a period just a few days less than the statute of limitations for the punitive power of the State—ten years in the case of crimes—to initiate a disciplinary sanctioning investigation seems to us, at first glance, exaggerated, disproportionate, and unjustified; unless, of course, we were facing a continuing offense (falta continuada) or a fact that, due to its level of complexity, required an administrative investigation (whether active or passive) to manage to locate the illicit act, which, as already indicated, is not the case in this specific instance. Thus, it is the Court's criterion that at the time of the opening of the administrative case file (expediente) against the servant, the alleged offense was already time-barred (prescrita). This involves a period of just under two decades and consequently longer than the legal time limit. As if that situation were not sufficient reason for the archiving of the case file (expediente) as the exception of statute of limitations (excepción prescriptiva) operates—noting that it is possible to find it was consistently alleged by the interested party—from the knowledge of the supposed offense until the moment of the opening of the proceedings against him, more than twelve months elapsed; subsequently, between the holding of the oral and private hearing and the corresponding investigation report, more than half a year, which could have resulted in the expiration of the proceeding (caducidad), and almost three months between the report of the Junta de Relaciones Laborales regarding the sanctioning act, which again would result in the statute of limitations (prescripción) of the disciplinary power. All these periods are capable of producing the expiration of the sanctioning power, whether by statute of limitations (prescripción) or expiration of the proceeding (caducidad), in the terms set forth. As indicated in the preceding recitals (considerandos), the administration, apart from being effective, must be efficient in its service; the existence of exaggerated and unjustified delays is not lawful. It should be noted that this same reasoning is applied with respect to the relatives who benefited from a piece of land from Nombre3049, formerly IDA, for whom not even the non-compliance with any requirement has been proven, nor the existence of a legal prohibition (as that would be the means to establish it). This being so, and without further preambles, it is the Court's criterion that the third claim must be upheld and the disciplinary power against Mr. Nombre112397 declared time-barred (prescrita). This generates the consequence of the nullity of the dismissal ordered by the administration against the said gentleman, as is being requested. It is necessary to specify that although the plaintiff distinguishes between the initial statute of limitations (prescripción) of the procedure and the statute of limitations (prescripción) of the sanctioning power, in reality, it is the latter that prescribes, whether the inertia occurred at the beginning, or at any other moment that the legal system permits it to occur. In any case, the mentioned imprecision is not capable of causing an error, with the understanding that what is sought by the plaintiff is that the statute of limitations (prescripción) of the power that ordered his dismissal be declared.\n\nX.- REGARDING THE SPECIFIC CLAIM (continued…): As was foreshadowed, upon upholding the exception of statute of limitations (prescripción) of the disciplinary action, it is appropriate to declare, ex officio, the lack of current interest with respect to the first two claims, where the analysis on the merits of the conduct deployed was sought, specifically \"b) That it be declared that the administrative procedure processed against him violated due process regarding the assessment of evidence and application of labor law principles, contained in Articles 14, 15, 16, and 17 of the Código de Trabajo, as well as violating the constitutional principles contemplated in numerals 33, 36, 39, and 41 of the Constitución Política. c) That as a consequence of the foregoing, it be declared that, for reasons on the merits, the dismissal of the plaintiff is totally unjustified and therefore must be annulled.\" It must be specified that although the plaintiff directs these requests toward an incorrect assessment of the evidence, in reality, what occurred is a disagreement regarding the applicable law. One or the other aspect becomes irrelevant in this case. It is appropriate to state as obiter dictum that the administrative act subject to litigation is based on the premise that the plaintiff violated the duties of public function, which is not correct. The conduct deployed by Mr. Nombre112397 consisted of the fact that, in his private activity, and as a private individual, he submitted a form in the same office where he works, to benefit from an interpretive criterion of the same institution that would allow him to access a piece of land in order to build his dwelling in the area of the country where he was assigned. Without participating in the decision to grant the said land. These are two totally different conducts, as it is not possible, through relative classification, to subsume one into the other, it being totally questionable that the plaintiff acted with intent (dolo) or gross negligence in his action. Note that it was proven that there was a binding criterion of a legal nature indicating the lawfulness of said procedure, as well as various criteria from the Board of Directors in its capacity as institutional head. There are no elements to say that the referred gentleman possessed sufficient technical or legal knowledge to contradict the institutional criterion in force at that moment. This being so, the act also evidently presents a lack of reasoning or motivation that affects its nullity on the merits, an aspect that is only indicated for the sake of completeness given the lack of interest in the argument on the grounds reasoned in the preceding recital (considerando). Now, regarding the claim numbered as e), it is a necessary effect, with the understanding that, as a result of the nullity of the dismissal, Mr. Nombre112397 has the right to be reinstated to his position, with the finality of this ruling, under identical conditions to those he had at the time of the termination of the employment relationship, as is hereby declared. In sound theory, the right to be reinstated would be in the same position, which is currently occupied by Nombre112398, for whom the position was even reassigned. The elimination of the null act brings as a consequence that the previous act regains new life and legal effectiveness. Despite this, and as was requested in the preliminary hearing, should another vacancy exist or the possibility of creating one exist, with the corresponding budgetary content, the defendant public entity may place him in the latter, provided it is under identical conditions, as previously stated, and in the same region. It should be highlighted that the official Nombre112398 would be harmed by a situation that is alien to him, which is why we make the respectful but attentive call that this possibility be seriously considered, so as not to affect him unnecessarily. Obviously, the decision in this regard rests with the active Administration. The labor rights of that gentleman, even though held in good faith, are dependent on the position he occupies, so that when the nullity of the dismissal of the previous owner of the position is declared, the latter has priority for the appointment. Regarding the claim for back pay (salarios), it must also be upheld, but in this case partially, accepting the exception of lack of right over all those not expressly recognized, or declared with lack of current interest. As indicated in the proven facts, it has been acknowledged by the plaintiff that he has been intermittently providing services for another public entity during the time he has been dismissed, and by imperative of public budget, it is prohibited to receive a double salary from the Public Administration for the same schedule. Therefore, it is appropriate to uphold the payment of back pay (salarios caídos), which includes other additional payments and benefits proper to the regime to which he belonged, under identical conditions as if the dismissal had never occurred, except for what corresponds to the time he was working for another public administration, regarding the difference in case he received an identical or higher salary. This aspect must be settled in the execution of judgment and based on the reports that the Caja Costarricense del Seguro Social may present on the time served and any other evidence that the defendant public entity deems appropriate to procure. Said payment obligation is borne exclusively by the Instituto de Desarrollo Rural, as the generator of the unlawful conduct.\n\nThese salaries shall run from the cessation in office of Mr. Nombre112397 until the effective reinstatement of the plaintiff in his position. Finally, with respect to indexation, it must also be granted in accordance with Article one hundred twenty-three of the Código Procesal Contencioso Administrativo, from the moment each of the salaries or employment benefits should have been paid until their effective payment. Items also to be determined in execution of judgment.\n\nXI.- REGARDING THE RAISED DEFENSES AND COSTS: As noted in the preceding section, the defense of lack of right of action (falta de derecho) must be partially granted regarding all salary items that have been recognized by another public entity; in all other respects, the defense must be rejected. With respect to the defenses of lack of standing to sue and be sued (falta de legitimación activa y pasiva) concerning INDER, both must be rejected because the procedural legal relationship is correctly established. Meanwhile, with respect to the defendant Nombre112398, his joinder to the proceedings is by operation of law, insofar as the decision could (as indeed it did) affect the position he had been holding. This required his joinder and the rejection of that defense. Therefore, the defense of lack of standing in both its forms must be rejected. It bears noting that the court declares sua sponte the lack of interest (falta de interés) with respect to claims b and c, given that the invoked statute of limitations has been granted. As for costs, the Tribunal considers that we are not in the presence of one of the exceptions under Article one hundred ninety-three of the Código Procesal Contencioso Administrativo with regard to the defendant public entity. Note how it has been unsuccessful in its position and how the plaintiff has resorted to judicial recourse to assert his rights. With respect to Mr. Nombre112398, it is manifest that his litigation has been in good faith, as he merely participated in a personnel competition, winning a position, and during the process has merely defended his lawful occupancy thereof. In this vein and with respect to the said gentleman, it is appropriate to declare the proceedings without a special award of costs.\n\nXII.- BY WAY OF COROLLARY. As stated, it is appropriate to declare sua sponte the lack of interest in claims b) and c); to reject the defenses of lack of standing in their passive and active forms, and to partially grant the defense of lack of right of action (falta de derecho), it being understood as rejected in all matters not expressly granted. To partially grant the claim, establishing the statute of limitations on the disciplinary authority against the plaintiff and ordering his reinstatement (reinstalación) in the position as of the finality of this judgment. Reinstatement must be carried out in a position of identical nature and geographic location; and should none exist, Mr. Nombre112398 must be terminated and the position reassigned so as to leave them under identical conditions to those presented at the time of the plaintiff’s cessation. Likewise, the claim for damages is partially granted, and the Instituto de Desarrollo Rural is ordered to pay the plaintiff all fallen due salaries (salarios caídos), including bonuses and other derived employment benefits; these items shall be indexed from the moment they should have been paid until their effective payment. Excepted from such payment are any amounts paid by any other public entity during the period the plaintiff was separated from service. Items to be liquidated in execution of judgment. This jurisdictional body cannot fail to add its concern that both the plaintiff and the defendant are in full agreement that the first parcel delivered to the former is not being put to any use by him; indeed, Mr. Nombre112397 emphatically stated that the second parcel was delivered to him because the first had no utility whatsoever. In this framework, the logic that should prevail is to proceed to recover that parcel since there is agreement between the parties. Furthermore, regarding the last parcel delivered, everything seems to indicate that it was delivered in contravention of the legal system; if such noncompliance is substantive, material, and untenable, it is impossible to ascertain the reason why the pertinent and necessary actions to recover that parcel are not on record in the administrative file. The same fate must befall the other properties delivered under the \"Ley del Burro\" that form part of the natural or national patrimony of the State, any delay being unjustified.\n\nPOR TANTO:\n\nThe court declares sua sponte the current lack of interest (falta de interés) in the claims numbered \"b)\" and \"c)\". The defenses of lack of standing (falta de legitimación) in their passive and active forms are rejected, and the defense of lack of right of action (falta de derecho) is partially granted. The claim is partially granted, it being understood as rejected in all matters not expressly granted: The statute of limitations on the disciplinary authority is declared in favor of the plaintiff, and his reinstatement is ordered in a position of identical nature to that which he held at the Instituto de Desarrollo Rural. It is warned that should no such position exist and should the creation of one under those conditions not be viable, Mr. Nombre112398 must be terminated and the position that the plaintiff had held must be reassigned, so that he may occupy it again. Likewise, the claim for damages is partially granted, and the defendant public entity is ordered to pay the plaintiff all fallen due salaries, including bonuses and other derived employment benefits; these items shall be indexed from the moment they should have been paid until their effective payment. Excepted from such payment are amounts paid by any other public entity during the period the plaintiff was separated from service, in cases where such amounts were equal to or greater than those that would have corresponded to him had the employment relationship with the defendant public entity continued; naturally, should they be lower, he would be entitled to the difference. Items to be liquidated in execution of judgment. Costs are to be borne by the defendant public entity, and with respect to Mr. Nombre112398, the matter is resolved without a special award of costs. The public entity should take note of what is indicated in the recitals section.\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRicardo A. Madrigal Jiménez\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nNombre40047 Carlos E. Espinoza Salas\n\n \n\nFiled by: Nombre112397\n\nAgainst: Nombre3049 and Nombre112398\n\nPublic Employment\n\n \n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 26-03-2026 09:17:42.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }