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  "id": "nexus-sen-1-0034-649095",
  "citation": "Res. 00693-2015 Tribunal Agrario",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Medida cautelar para proteger naciente en finca colindante con concesión minera",
  "title_en": "Precautionary measure to protect a spring on a farm adjacent to a mining concession",
  "summary_es": "El Tribunal Agrario resuelve un recurso de apelación contra una medida cautelar dictada en un proceso ordinario agrario. La actora, propietaria de una finca reforestada, alega que la concesionaria minera invadió su terreno, desapareció dos hectáreas y puso en peligro nacientes de agua. El tribunal de instancia acogió parcialmente la medida, ordenando suspender los trabajos en los márgenes de la finca para proteger una naciente, pero no suspendió la concesión. El Tribunal Agrario confirma la medida, rechazando los argumentos de nulidad por falta de fundamentación o hechos probados, y subraya que en materia ambiental rigen los principios precautorio y de prevención, así como la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo al desarrollador demostrar que su actividad no daña el ambiente. Se ordena comunicar la resolución a la Dirección de Geología y Minas y al Departamento de Aguas para que consideren la existencia de la naciente en sus controles.",
  "summary_en": "The Agrarian Court rules on an appeal against a precautionary measure issued in an ordinary agrarian proceeding. The plaintiff, owner of a reforested farm, alleges that the mining concessionaire invaded its land, caused the loss of two hectares, and endangered water springs. The lower court partially granted the measure, ordering the suspension of work on the farm's margins to protect a spring, but did not suspend the concession. The Agrarian Court upholds the measure, rejecting nullity arguments regarding lack of reasoning or proven facts, and emphasizes that in environmental matters the precautionary and prevention principles apply, along with the reversal of the burden of proof, requiring the developer to demonstrate that its activity does not harm the environment. The ruling orders notification to the Directorate of Geology and Mines and the Water Department so they consider the spring’s existence in their controls.",
  "court_or_agency": "Tribunal Agrario",
  "date": "13/07/2015",
  "year": "2015",
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    "procedural-environmental"
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  "primary_topic_id": "procedural-environmental",
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    "medidas cautelares atípicas",
    "principio precautorio",
    "carga de la prueba invertida",
    "in dubio pro natura",
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    "concesión minera",
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    "zona de protección"
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    "Tribunal Agrario",
    "recurso hídrico",
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    "protección ambiental",
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    "derecho ambiental"
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  "keywords_en": [
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    "Agrarian Court",
    "water resource",
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    "environmental law"
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  "excerpt_es": "Es de recordar que en materia ambiental, se aplican los principios de prevención y precaución. Este ultimo fue el invocado por el juez de instancia en forma atinada en aras de resguardar el recurso hídrico encontrado en el fundo de la sociedad actora, e indicó que al ser la resolución provisional, podría ser modificada si llegaran al proceso, elementos que así lo acreditaran. La carga de la prueba en materia ambiental es diversa e inversa al régimen tradicional que se aplica en temas de responsabilidad civil. Se invierte, y es el desarrollador de una actividad, el obligado a acreditar por las formas técnico científicas y legales que sus acciones no afectan el medio ambiente. No es al actor en quien recae esa carga probatoria.",
  "excerpt_en": "It is worth recalling that in environmental matters, the principles of prevention and precaution apply. The latter was appropriately invoked by the lower court judge in order to protect the water resource found on the plaintiff company's property, and he indicated that as the ruling is provisional, it could be modified if elements proving otherwise are brought into the proceeding. The burden of proof in environmental matters is different from and inverse to the traditional regime applied in civil liability. It is reversed, and it is the developer of an activity who is obligated to demonstrate by technical, scientific, and legal means that its actions do not affect the environment. That evidentiary burden does not fall on the plaintiff.",
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    "label_en": "Precautionary measure upheld",
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    "summary_en": "The Agrarian Court upheld the precautionary measure ordering the suspension of work on the plaintiff's farm margins to protect a spring, while rejecting the suspension of the mining concession.",
    "summary_es": "El Tribunal Agrario confirmó la medida cautelar que ordenó suspender los trabajos en los márgenes de la finca actora para proteger una naciente, rechazando la suspensión de la concesión minera."
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      "context": "Considerando VI",
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      "quote_es": "La carga de la prueba en materia ambiental es diversa e inversa al régimen tradicional que se aplica en temas de responsabilidad civil. Se invierte, y es el desarrollador de una actividad, el obligado a acreditar por las formas técnico científicas y legales que sus acciones no afectan el medio ambiente."
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      "context": "Considerando VI",
      "quote_en": "one of the guiding principles of Environmental Law, which underlies articles 46 and 50 of the Political Constitution, is the precautionary principle or prudent avoidance.",
      "quote_es": "uno de los principios rectores del Derecho Ambiental, que subyace en los numerales 46 y 50 de la Constitución Política, es el precautorio o de evitación prudente."
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      "quote_en": "it was resolved by safeguarding the balance between the party's interest as a concessionaire holding the right to exploit the public domain riverbed, having been authorized through legal channels, and the corresponding duty to protect the right to a healthy and ecologically balanced environment, guaranteed by Article 50 of the Constitution",
      "quote_es": "se resolvió resguardando el equilibro entre el interés de la parte como concesionaria que ostenta el derecho de explotar el cauce de dominio público, por haber sido autorizado por las vías legales, y el correlativo deber de resguardo al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, garantizado por el artículo 50 constitucional"
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Agrario\n\nResolución Nº 00693 - 2015\n\nFecha de la Resolución: 13 de Julio del 2015 a las 13:16\n\nExpediente: 14-000220-0507-AG\n\nRedactado por: María Rosa Castro García\n\nClase de asunto: Proceso ordinario agrario\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\nSentencias Relacionadas\n\n\nContenido de Interés:\n\nTemas Estrategicos: Ambiental\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Derecho Procesal Agrario\n\nTema: Medidas cautelares del proceso agrario\n\nSubtemas:\n\nDaño a naciente en virtud de extracción de material del cauce del río autorizada por concesión.\nPresupuestos de procedibilidad y carga de la prueba en materia ambiental.\n\nTema: Medidas cautelares en materia ambiental\n\nSubtemas:\n\nDaño a naciente en virtud de extracción de material del cauce del río autorizada por concesión.\nPresupuestos de procedibilidad y carga de la prueba.\n\n“III.- Este Tribunal reiteradamente ha señalado los tres presupuestos básicos de procedibilidad en las medidas cautelares: residualidad, apariencia de buen derecho y peligro de demora. Todos esos requisitos son ponderados dentro de un proceso sumarísimo, donde se valoran los elementos que existen en autos. Las medidas cautelares no deben, ni pretender resolver sobre el fondo del asunto de una forma anticipada. Su objetivo, de conformidad al ordinal 242 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria a esta materia, son procedentes: \"… cuando hubiere fundado temor de que una parte, antes de la sentencia, le cause al derecho de la otra parte una lesión grave y de difícil reparación.    Para evitar el daño, el juez podrá autorizar o prohibir la práctica de determinados actos, ordenar el depósito de bienes o imponer el otorgamiento de una caución\".  Y sobre la pertinencia de su dictado en protección de los recursos naturales y la producción agraria se ha resuelto: \" La doctrina ha desarrollado, dentro del principio de los amplios poderes del Juez, el \"Poder Cautelar del Juez Agrario\", cuya finalidad estriba precisamente en proteger esas situaciones para satisfacer un interés, no de la parte, sino un interés de la colectividad.  Así, se han creado medidas tendientes tanto a la tutela de la producción, como de la conservación de recursos naturales. Evidentemente, es importante el poder cautelar del Juez Agrario para tomar medidas tendientes a proteger la producción, ya sea prohibiendo o autorizando determinado tipo de actos  (voto 173-F-08)\n\n         IV.- Para analizar la base fáctica sobre la cual se ha dictado la medida cautelar apelada, se hace necesario el análisis de la demanda, contestación y pruebas aportadas al legajo remitido por el despacho de instancia. Lo anterior a fin de verificar la instrumentalidad de la medida ordenada y determinar si lleva razón el recurrente en sus reproches. Consta a folio 22 escrito de demanda incoada por Agromecánica F y P S.A, contra sociedad Indaco Horquetas S.A. Describe en la demanda la actora, es titular de la finca matrícula [[Placa1]] de Heredia, con cabida de 19 hectáreas 8571,31 metros cuadrados y descrita en el plano H-0463158-1982. Finca reforestada de melina bajo el sistema de pago por servicios ambientales y en las cercanías con el río estaba sembrada con especie de zota caballo y la melina en fase de aprovechamiento. (hecho 1). Cita, la finca es una especie de isla rodeada por el rio Puesto Viejo, sin que tuvieran nunca problemas de lavado de la finca. Expone, (hecho 3) por resolución R-80-2012-MINAET, a la demandada se le otorgó concesión de explotación de materiales en el cauce del rio Puerto Viejo por el plazo de diez años firmada por el Poder Ejecutivo (Presidente y Ministro del Ramo). Cita, (hecho 4)  en esa resolución se señala en la parte dispositiva que la concesionaria debe cumplir durante la ejecución de las labores de explotación con las recomendaciones y7 condiciones técnicas establecidas en el oficio DGM-CRHA-075-2011 del 22 de junio del 2011, donde se detallan en el resultando V y forman parte integral de la concesión, si como cualquier otra recomendación que emita la Dirección de Geología y Minas y la Secretaría Técnica Ambiental. En el hecho quinto  transcribe literalmente parte de la resolución R-80-2012 MINAET que otorgó la concesión, que en lo que interesa señala que mediante memorando DGM-CRHA-075-2011 del 22 de junio del 2011 la Dirección de Geología y MInas emite recomendaciones técnicas y concluye que se recomienda al Registro Nacional Minero continuar con los trámites para el otorgamiento de la concesión, considerando las características y recomendaciones de otorgamiento que atiende al análisis del Programa de Explotación de EsIA y las observaciones de campo. Como tales cita, el proyecto se ubica entre las coordenadas 260000-261700/ N-539190-539750 de la Hoja Cartográfica Río Sucio escala 1:50000 del IGNCR. Los terrenos plateados para las operaciones se ubican dentro del [[Dirección1]]  ,    de la provincia de Heredia, [Dirección2]  []      . en la localidad de [[Nombre1]]  . Indica, no se deben realizar operaciones mineras fuera del área concesionada. El área concesionada no incluye el islote ubicado entre las secciones 7 y 14 del programa de explotación, por lo que la maquinaria no podrá ingresar a dicho terreno en condiciones normales. Menciona, se debe respetar la zona del río de 15 metros en lo que se refiere a la conformación de los montículos de acumulación de materiales y de cualquier otra obra además de los caminos a lo largo del cauce. En el hecho sexto de la demanda se expone, la accionada decidió invadir la isleta con maquinaria pesada, se introdujo, invadió y desapareció gran parte de la misma en un área aproximada de dos hectáreas. Agrega, no respetó las zonas de protección, desapareció áreas de nacientes, y desvió el cauce natural del río, dragando, extrayendo material y realizando actividades propias de la extracción de cauce que provocan deslave de su finca y la de sus vecinos, pues al desaparecer áreas de las fincas, se han formado playones en el río para facilitar el aprovechamiento de los materiales y lo árboles que mitigaban las zonas de protección del río que fueron derrivados y lavados por la acción de la demandada. Aduce ( hecho 7), actualmente el resto de su finca corre el peligro de ser invadida y desaparecida, con las nacientes existentes y los árboles reforestados. En el hecho octavo describe los daños y perjuicios que indica ha sufrido. Detalla como daño la perdida de aproximadamente dos hectáreas de su finca valorada en cien millones y la pérdida de los árboles reforestados de melina por un monto de tres millones quinientos mil colones y los perjuicios corresponden a los intereses sobre esa suma, así como el costo que pericialmente se llegue a determinar que cueste la recuperación de las nuevas zonas de protección con reforestación y labores de relleno, estimadas prudencialmente en la suma de veinte millones de colones. En la sección de la demanda que denomina Pretensión, como preámbulo, dados los hechos sui generis donde un concesionario ingresa con permisos legalmente otorgados a extraer materiales, incumpliendo la prohibición de introducirse en el islote de su representada, ésta se introduce por la fuerza, elimina árboles y parte de la misma; todo con el objetivo de facilitar la extracción en áreas donde brotaban manantiales de agua que constituyen zonas de protección y que hacen desaparecer dos hectáreas de terreno. Zona en la que están laborando y que se convirtió en parte del cauce del Río Puerto Viejo y donde tienen almacenados materiales. Y dado que la acción de un tercero encomendado por el Estado para la extracción mediante concesión, va más allá de lo legalmente permitido causando daños y perjuicios,  y que al no ser posible recuperar la cosa, se debe aplicar el numeral 325 del Código Civil, pide se declare en sentencia : 1) La sociedad demandada invadió injustificadamente y desapareció área que formaba parte de la fina de Heredia matrícula [[Placa1]] provocando daños y perjuicios. 2) En virtud de las características del daño, al no ser posible su recuperación del área invadida al desaparecer, pese a no ser parte del área concesionada y hoy en parte del río, se deben pagar por los daños y perjuicios señalados en la demanda o definidos pericialmente. 3) Se obligue a Indaco Horquetas S.A a adoptar todas las medidas de mitigación técnicamente justificables para evitar el lavado continuo del área de la finca y a no volver a incursionar en los límites de la finca de la actora. Como medida cautelar solicita, de forma urgente se realice un reconocimiento judicial para verificación de los hechos de la demanda. Además se ordene la suspensión de la concesión otorgada a favor de Indaco Horquetas S.A.  por resolución número R-80-2012-MINAET mediante mandamiento a la Dirección de Geología y MInas hasta que no sean dispuestas medidas de mitigación que protejan del deslave de su finca. Justifica la medida en los hechos descritos de la invasión en su terreno que indica sucedió y provocó la perdida de dos hectáreas de terreno y la existencia de nacientes que corren peligro de desaparecer. Como prueba aporta fotografías resolución administrativa que otorgó la concesión que en el considerando quinto imponen medidas de mitigación que tutelan la finca de la actora, las zonas de protección, así como plano y certificación registral de la finca. Solicita, en caso de continuarse con el aprovechamiento de los materiales por la accionada, se adopten todas las medidas  de mitigación que eviten el lavado del resto de la finca y se respeten los retiros de las zonas de protección de las nacientes de agua y los árboles cultivados en esa propiedad.\n\n         V.- La demanda descrita se presentó el 1 de setiembre del año 2014 y se emite el auto traslado mediante resolución de las de las 08:13 horas del 5 de setiembre del mismo año, fijándose fecha para reconocimiento judicial de la medida cautelar el día 16 de setiembre siguiente. Consta (folio 34) minuta de acta de reconocimiento judicial en donde se indica que se utilizará cámara de video, adjuntándose al expediente el respectivo disco compacto que lo contiene. En tal, se describe por el juzgador la situación que observó. Se muestra en el video un sector cubierto de rocas y un cauce de río que lo atraviesa en una parte, que se indica por el juez se le señala por la actora, tal no existía y que esa área formaba parte integral de la cabida de su finca. Se consigna por el juez, visualiza un pequeño islote o isla bordeada por cauce de río, cuya zona le menciona la actora, formaba parte de su inmueble y que al momento de la visita se encontró separada. Área que tiene plantados algunos árboles de zotacaballo y cepas de  plátanos y se observa con vegetación diversa. Se muestra por la actora, por donde transcurría el cauce del río y que ahora tiene un brazo que se observa y antes no existía. Ese brazo del río, se encuentra al lado del paredón de tierra de la finca de la actora, que se nota en deslave en algunas secciones y con una altura pronunciada respecto al cauce de río que se visualiza. En otro orden describe el juzgador, como a quince metros del paredón que se esta socavando en el brazo del río y dentro del terreno de la actora,  encontró una naciente bordeada de vegetación diversa con cauce hídrico importante,  que es mostrada. De igual forma se observa en el video, un árbol de melina en el suelo y a la rivera del cauce, así como varios metros a lo largo del cauce con suelo y raíces expuestas a lo largo de la rivera. En esa grabación se detalla, existe el cauce original del rio por donde discurre, pero se muestra un brazo que se adentra en lo que actualmente son playones de arena y piedra y que colindan actualmente con la finca de la sociedad actora. Que alega, antes esos playones no existían en el sitio actual, ni tampoco ese brazo del río que se adentra en lo que anteriormente era terreno de su representada. El día 8 de octubre del 2014, se resuelve la medida que se apela (folio 39). \n\n         VI.- Analizado el proceso, así como los agravios, no estima este Tribunal se hubiera emitido un auto sentencia viciado de nulidad, ni la transgresión de las normas legales que acusa la apelante. En primer orden, no resulta atendible el motivo de nulidad sobre la falta de hechos probados de la resolución recurrida, pues lo emitido es un auto sentencia, que si bien en buena técnica procesal se recomienda agregar un elenco de hechos probados, no es obligatorio si de su lectura se logra identificar los hechos y pruebas que dieron fundamento a la decisión judicial, pudiendo esa omisión cumplirse en esta Instancia de estimarse necesario. En la resolución cautelar numero 102-14 de las 15 horas y 53 minutos del 8 de octubre del 2014, consta la base fáctica que constató el A quo, con mención de los elementos de prueba, para proceder a acoger parcialmente las medidas cautelares en la forma resuelta. Obsérvese, constató la existencia de una naciente dentro de la finca de la sociedad actora, que mencionó se encontraba a [[Dirección3]]  de la colindancia de la finca con la rivera del río que estaba en proceso de deslave y con raíces expuestas. Hecho que comprobó con el reconocimiento judicial realizado y resguardado en disco compacto parte de este expediente. Sobre ese hecho se toma la decisión de acoger parcialmente la medida y ordenar se paralice cualquier obra por parte de la demandada en ese sector que afecte la pared del inmueble, debido a la afectación que puede sufrir la naciente. Tampoco es de recibo el motivo referido a que el juez de instancia acogiera la medida sin ninguna fundamentación probatoria o jurídica. De la lectura de la auto sentencia que se describe en esta resolución, se observa el análisis jurídico de cada uno de los presupuestos de la medida cautelar atípica que se pide y las razones, mencionando la prueba que tuvo a mano en esta primaria fase procesal, para estimar que se debía resolver como se hizo. Conclusiones que comparte esta instancia judicial en cuanto a la debida tutela que debe darse a la naciente encontrada cerca de la rivera del río y dentro de la finca de la actora. Respecto a la omisión de considerar prueba que aportara al momento de emitirse la medida apelada, lo cual acusa, le produce  indefensión, se rechaza. Sobre la omisión apuntada en el reconocimiento judicial de referirse a la presencia de maquinaria laborando, se rechaza. De la escucha y visualización del video de reconocimiento judicial realizada el 16 de setiembre del 2014, no se observó maquinaria laborando, ni se indicó por el juez su presencia. Esa omisión no desvirtúa lo observado por el a quo respecto a la existencia de la naciente de agua con caudal y la distancia a 15 o 20  metros del borde del río y de la pared en deslave que tiene raíces expuestas. Respecto a la omisión del juez de considerar el oficio DGM-CMRHA-121-2014 del 21 de octubre del ese mismo año, se rechaza. Se nota el reconocimiento judicial se realizó el 16 de setiembre y el auto sentencia cautelar se emite a las 15:58 horas del 8 de octubre del 2014. Fecha para la que aún no se había emitido el oficio que se reprocha por la apelante no se valora. No obstante, y por resultar importante a efectos de valorar la pertinencia de la medida adoptada, de su lectura se observa es un informe dirigido a la Dirección de Geología y Minas por parte del Coordinador Minero de la Región Huetar Atlántica fechado el 21 de octubre del año 2014. Inicia el documento indicando que 12 de agosto se solicita visita al área de concesión 7-2010 a fin de corroborar lo consignado en bitácora geológica. Como antecedente cita que por resolución 753 del 5 de agosto del 2014, se comunica el resultado de denuncia 25-2014, con inclusión de oficio DGM-CRHA-032-2104. Señalándose, la denuncia se declaró sin lugar y que debía la concesionaria hacer un mejoramiento de la superficie de rodamiento existente para facilitar el ingreso de maquinaria al islote. De lo descrito en la visita de campo que hizo el 14 de octubre de ese año, menciona el Coordinador minero se levantaron los documentos respectivos estuvo presente el Geólogo Regente y la representante de la concesionaria. Describe sobre la existencia de dos brazos del río, aspectos sobre las condiciones de ingresos sobre el cauce y las áreas de flujo que se visitaron. En las conclusiones y recomendaciones, se señala respecto a la vía de ingreso al islote  que usa el denunciante, lo es a través del cauce de dominio público con sistemas que mantienen caudales cercanos a los 90 M/segundos de precipitaciones y resulta normal el reacomodo de las barras aluviales del sistema y que el flujo abarque toda la sección hidráulica. Además señala, estima que \"la explotación de materiales no ha provocado los cambios de cauce que impiden el ingreso al islote ni a la propiedad ubicada en la margen izquierda y que los cambios obedecen a condiciones naturales y patrones erosivos y depositacionales normales de los sistemas fluviales meándricos con el río Puesto Viejo \". Describe, según indica el regente el paso al islote estuvo habilitado y ha habido acarreo de productos provenientes del islote. Dado lo allí recomendado, pareciera la denuncia lo es por problemas en el paso a la propiedad de la actora a través del cauce del río y se ordena el mejoramiento de esos pasos, lo cual se ha tornado difícil en virtud de las condiciones climáticas y pluviales. Considera este Tribunal, ese documento resulta de importante valoración para resolver el fondo del proceso en donde se reprocha ha mediado un cambio en el cauce del río debido a la actividad de la demandada en ejercicio de la concesión, no así esta medida cautelar. Pues se refiere a un control propio del ejercicio de una concesión de explotación de cauce de dominio público por los entes competentes, y en atención a denuncia existente y referida a los pasos de acceso al denominado islote. Aspecto diverso a la medida otorgada en la resolución apelada que tiene relación con la tutela de una naciente situada dentro de la finca del actor. Otro aspecto a valorar, son los argumentos esgrimidos por la apelante son la mala fe y temeridad de la demanda al no aportar documentos que han rechazado denuncias y que son documentos técnicos científicos que demuestran que de lo acusado por la actora no son responsables. En criterio de esta sede, tales valoraciones son temas propios a ser resueltos dentro del proceso principal en aras de estimar o desestimar la demanda y que deberá analizar el juez o jueza que emita sentencia principal. No correspondiendo a este proceso sumarísimo cautelar valorar tales aspectos. Si bien el informe citado en este fallo es un documento técnico emitido dentro de las competencias propias del Registro Minero y la Dirección de Geología y Minas, tal hace alusión a aspectos diversos a la naciente de agua que se pretende tutelar, que ni siquiera en considerada, al haber sido emitido en cumplimento de otras situaciones fácticas y jurídicas. El apelante agravia, se le ha transgredido su derecho de defensa garantizado constitucionalmente y por el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por la limitada valoración de la prueba y cercenarse su derecho a probar su dicho. Lo anterior no resulta de recibo, pues de la descripción de lo actuado dentro de la medida cautelar y el proceso, según consta en este legajo, se le ha resguardado su derecho a apelar lo resuelto, aportar las pruebas útiles, pertinentes y necesarias que desvirtúen lo observado en el reconocimiento judicial por el juez y se resolvió resguardando el equilibro entre el interés de la parte como concesionaria que ostenta el derecho de explotar el cauce de dominio público, por haber sido autorizado por las vías legales, y el correlativo deber de resguardo al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, garantizado por el artículo 50 constitucional y todo el bloque normativo ambiental nacional e internacional que rige el tema. Es de recordar que en materia ambiental, se aplican los principios de prevención y precaución. Este ultimo fue el invocado por el juez de instancia en forma atinada en aras de resguardar el recurso hídrico encontrado en el fundo de la sociedad actora, e indicó que al ser la resolución provisional, podría ser modificada si llegaran al proceso, elementos que así lo acreditaran. La carga de la prueba en materia ambiental es diversa e inversa al régimen tradicional que se aplica en temas de responsabilidad civil. Se invierte, y es el desarrollador de una actividad, el obligado a acreditar por las formas técnico científicas y legales  que sus acciones no afectan el medio ambiente. No es al actor en quien recae esa carga probatoria. Tales conceptos son propios del Derecho Ambiental y encuentran sustento normativo en la norma constitucional mencionada, la Ley Orgánica del Ambiente N. 7554, Ley de Biodiversidad y los diversos instrumentos internacionales que rigen las actuaciones de las personas habitantes del Estado Costarricense. Al respecto y para mayor ilustración, la Sala Primera de Justicia en resolución de las 11:00 horas del 12 de octubre del 2009: \"uno de los principios rectores del Derecho Ambiental, que subyace en los numerales 46 y 50 de la Constitución Política, es el precautorio o de evitación prudente. De conformidad con la doctrina, en esta materia no solo existen riesgos ciertos, sino también puede caber incertidumbre científica respecto del alcance de algunos daños. Este postulado, entonces, exige que, cuando una duda razonable surja en relación con la peligrosidad de cualquier actividad de repercusiones ambientales o a la salud humana, se evite, o se tomen las medidas pertinentes para que ese eventual daño, científicamente no comprobado todavía, no llegue a producirse. Dos son sus presupuestos: falta de certidumbre científica y la amenaza de daño. De manera explícita se encuentra recogido en la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”, o “Declaración de Río”: “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Por su parte, la Ley de Biodiversidad, número 7788 del 30 de abril de 1998, dispone: . ..... En este sentido, la Sala Constitucional, en el voto 1250-99 de las 11 horas 24 minutos del 19 de febrero de 1999, señaló: “... La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”.(Lo subrayado no es del original. También, pueden consultarse, entre otros, los fallos de ese órgano jurisdiccional 9773-00 de las 9 horas 44 minutos del 3 de noviembre de 2000 y 1711-01 de las 16 horas 32 minutos del 27 de febrero de 2001). Luego, en el voto 3480-03 de las 14 horas 2 minutos del 2 de mayo de 2003, precisó aún más dicho concepto: “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente.”(Lo subrayado es suplido). De igual manera, en el fallo [Telf1] de las 14 horas 14 minutos del 3 de julio de 2003, indicó: “...4.- Principio precautorio : … El término prevención deriva del latín ‘preventivo’, que alude a la acción y efecto de prevenir, a aquellas preparaciones y disposiciones que se hacen anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar una cosa. La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente.”(En igual sentido, puede consultarse el voto 2008-17618 de las 11 horas 51 minutos del 5 de diciembre de 2008 de dicha Sala).\" La parte apelante puede acreditar a los autos, mediante los elementos que estime necesarios que la naciente ubicada a [[Dirección4]]    de la ribera del río y dentro de la finca de la actora, no será dañada en virtud de la actividad de extracción de material del cauce del río a que esta autorizada por concesión. Prueba que debe aportar ante el A quo y mediante las vías procedimentales para ello, a fin de revertir lo resuelto y demostrar que la naciente como curso de agua existente no corre riesgo de ser dañada. Considerando lo cerca que se encuentra del cauce del río en donde se realizan labores propias de extracción. En otro orden, y visto su agravio, también se rechaza  el argumento de habérsele transgredido su derecho de defensa y el principio de inmediatez propio del Derecho Agrario,  al haber sido notificada la medida apelada tres meses después. En primer orden, la tardanza en esa notificación no le hace incurrir en responsabilidad, pues hasta que le es notificada, puede ejercer su derecho a apelar, como ocurrió. Por otra parte, el principio de inmediatez en esta materia especializada consiste básicamente en que la persona juzgadora agraria que dicta la sentencia, debió haber recibido la prueba. Al menos así fue concebido originalmente este principio informador del proceso agrario, que ha tenido sus reinterpretaciones en forma posterior a la emisión de la Ley de Jurisdicción Agraria. En el subjúdice tal principio se cumple a cabalidad, pues el mismo juez quien celebra el reconocimiento judicial es quien emite la medida apelada. Se rechaza el argumento referido a que el a quo dejó de valorar que las islas no pueden ser objeto de propiedad privada, pues ese es un tema propio del proceso principal.\n\n         VII.- Sobre el agravio de la ausencia de los presupuestos de la medida cautelar aprobada. En el  auto sentencia apelado, el A quo razona en el considerando tercero que tiene por acreditada la residualidad, dada la prueba aportada de fotografías, plano de la finca sobre la que ha ejercido posesión, y lo observado en el reconocimiento judicial citado y realizado en la rivera de la propiedad; que demostraron la existencia de una naciente que corren riesgo. Se menciona en esa resolución, se visualizaron una gran cantidad de raíces expuestas y en el sector de la rivera el suelo se muestra inestable, ademas de observar cerca de la rivera una naciente de agua importante, y si en la pared de la finca cercana se continúan realizando labores, caerá y ocasionará un daño irreparable a la naciente. Señala el auto sentencia, se debe acoger parcialmente la medida cautelar pues no existe otra forma de proteger de daño  a ese cuerpo de agua. Respecto a la apariencia de buen derecho, se tuvo por demostrada para el juzgador, al solicitarse en la pretensión de la demanda el aseguramiento de un bien público. Motiva, el juicio de verosimilitud  se funda en las pruebas obtenidas prima facie y debe ser al menos aparente, pues la plena  certeza se determinará en sentencia. Señala el fallo, se pretende en el proceso principal el pago de daños y perjuicios ocasionados a la propiedad por las acciones de la actora y la pretensión cautelar reside en la suspensión de la concesión otorgada a la actora y que en caso de seguirse aprovechando el material sean adoptadas las medidas de mitigación que eviten el lavado de la finca. Razona la resolución recurrida, sin que lo que se decide sea adelanto de criterio, pues aun falta recabar prueba y en virtud del \"principio por natura\", se cumple con la apariencia de buen derecho. Sobre el peligro de demora, consideró el A quo la urgencia en el dictado de medidas lo justifican con fundamento en el artículo 242 del Código Procesal Civil. Pues no es posible adelantar el dictado de la sentencia de fondo y se puede presentar un daño marginal ocurrido a causa del retraso. Se resolvió en el fallo, lleva razón la parte actora cuando solicita se le impida a la sociedad demandada realizar trabajos en los márgenes de la finca debido a que puede ser afectada la naciente encontrada en ese inmueble, tutela impostergable. Decretó acoger parcialmente la medida cautelar y ordenar a Sociedad Indaco Horquetas S.A. suspender los trabajos realizados en los márgenes de la propiedad de la actora a fin de proteger el recurso natural y rechazar la suspensión de la concesión. Se hizo la advertencia de que es una resolución provisional y preventiva, sin perjuicio de ser modificada con mayores elementos probatorios. Se solicitó a MINAET realizar un reconocimiento en el lugar, a fin de que indicaran al Despacho si resultaba factible adoptar alguna medida de contención que diera protección a la naciente y a la pared ubicada en la rivera del Río Sucio; específicamente en la colindancia de la finca de la actora. Luego de su emisión, el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central en respuesta de oficio del despacho, informa ( folio 50), lo solicitado no es competencia de esa oficina, pues involucra acciones a ser ejecutadas en el cauce del río, así como uso de material del mismo, lo cual es competencia de la Dirección de Aguas del MINAET y de la Dirección de Geología y Minas. Por auto de las 10:38 horas del 27 de octubre del 2014 ( folio 52) se ordenó dirigir mandamiento a esos despachos competentes a fin de indicar si es factible asumir medidas de contención que resguarden la naciente, sin que conste en este legajo la respuesta dada por esas instancias.  Por lo que debe ser rechazado su agravio. De igual forma, debe rechazarse su pretensión expuesta en el escrito de apelación de que se condene en costas a la actora y a los daños y perjuicios. Pues tales pretensiones son propias de resolución principal del proceso ordinario y no caben ser peticionadas dentro del un proceso cautelar, como el que nos ocupa. Debe acudir para su solicitud a la vía procesal pertinente. \n\n         VIII.- Es importante señalar que la concesión otorgada a la sociedad demandada se encuentra legalmente constituida y tal actividad no ha sido suspendida, pues esa medida cautelar no se acogió. Esa actividad ha sido concesionada por el Estado y su control lo ejerce el Departamento de Geología y Minas,  mediante los medios legales establecidos por el  Código de Minería y su reglamento. El título autorizatorio de concesión, le permite extraer material del río en cuestión, dentro de las condiciones que esa dependencia estableció y que obedecen a criterios técnicos propios de la disciplina geológica y relacionadas. El cumplimiento de las recomendaciones técnicas de la persona regente del proyecto y las autoridades mineras emitidas a la luz del instrumento de evaluación de impacto ambiental que rige la gestión de la actividad extractiva del cauce, constituyen la forma en que el Estado asegura que la extracción se desarrolle de forma armoniosa con el ambiente, los recursos y elementos aledaños y el cuerpo de agua. Actividad lícita y de gran importancia para el desarrollo económico del país. Como esa actividad debe ser controlada en virtud del impacto ambiental que conlleva y es gestionado técnicamente, en virtud del principio de la debida coordinación administrativa que impera en la gestión ambiental, resulta conveniente que se emita un oficio a la Dirección de Geología y Minas y el Departamento de Aguas a fin de informar lo resuelto en este proceso en ambas instancias, con el objeto de que incorporen dentro de los instrumentos de ejercicio de control de la actividad de extracción de material del cauce, el elemento de la existencia de esa naciente en el terreno del actor, pues puede ocurrir que lo ignoren. Esta comunicación permitirá que sea un factor valorado en las recomendaciones técnicas que estimen esas dependencias emitir dentro de sus competencias sustantivas ambientales, en aras de tutelar ese cuerpo de agua observado por el juzgador de instancia.                                                    \n\n         IX.- Por las razones expuestas, y con fundamento en el artículo 1 y 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria , 242 del Código Procesal Civil, deberá rechazarse la prueba ofrecida en el escrito de apelación contra la medida cautelar y confirmarse el auto sentencia recurrido.”\n\n \n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina\nTexto de la resolución\n\n*140002200507AG*\n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\nEXPN1\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nMEDIDAS CAUTELARES EN ORDINARIO\n\n\n\n\nDEMANDANTE:\n\n\t\n\nAGROMECÁNICA F Y P S.A.\n\n\n\n\nDEMANDADA:\n\n\t\n\nSOCIEDAD INDACO ORQUETAS S.A\n\n       \n\n   \n\nVOTO N°  000693-F-2015\n\n \n\nTRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las trece horas y dieciséis minutos del trece de julio de dos mil quince.-\n\n          PROCESO ORDINARIO planteado por SOCIEDAD AGROMECANICA F Y P SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número CED1 -   -      , representada por su presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma [Nombre1]  , cédula de identidad CED2 -     -    ; contra SOCIEDAD INDACO HORQUETAS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número CED3 -   -         , representada por su presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma [Nombre2]  , mayor, separado, ingeniero, cédula de identidad  CED4 -     -     . Actúa como apoderado especial judicial de la parte actora, el letrado Roberto Soto Vega, cédula de identidad CED5 -    ,    ; y de la parte demandada la licenciada Ana Lucrecia Quirós Montoya, cédula de identidad CED6 -   -  , colegiada cinco mil doscientos cuarenta y tres; y Wilbert Montenegro Reyes, cédula de identidad CED7 -     -  , colegiado seis mil seiscientos setenta y dos. Tramitado ante el Juzgado Agrario  del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles.-\n\n          Redacta la jueza Castro García; y,\n\nCONSIDERANDO:\n\n          I.-  Prueba para mejor resolver. La apelante ofrece como prueba de esta apelación, la declaración de cuatro testigos para que indiquen la demandada ha explotado la concesión apegada a las disposiciones legales y no ha invadido la finca de la accionante y el testimonio de funcionario Coordinador Minero de la Región Huetar Atlántica que ha supervisado la labor de extracción. Además solicita prueba confesional, pruebas documentales, la solicitud de remisión de copia certificada de expediente minero a nombre de la recurrente y prueba pericial, así como audiencia oral. Todo lo cual se rechaza con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Jurisdicción Agraria, dado que con lo que consta en el legajo remitido a esta sede por el Juzgado es suficiente para resolver el recurso interpuesto contra la medida cautelar; además, lo solicitado no logra desvirtuar que existe una naciente ubicada dentro de la finca de la actora  a [Dirección1]  de la rivera del río sometido a actividades extractivas en virtud de la concesión a la demandada.     \n\n      II.- La demandada  [Nombre3]  interpone recurso de apelación (folio 97) contra el auto sentencia 102-14 de las 15 horas y 53 minutos del 8 de octubre del 2014 del Juzgado Agrario del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en el que procede a invocar motivos de nulidad contra lo resuelto en la medida cautelar emitida dentro del proceso ordinario incoado en su contra por la sociedad AGROMECÁNICA F Y P. Como motivos de nulidad expone: 1)  Con fundamento en el artículo 41 y 50 constitucional, en relación con las normas 22 y 27 del Código Procesal Civil, invoca la aplicación del principio de PROPORCIONALIDAD entre la lesión a los intereses difusos y colectivos que representa la parte actora, y el interés privado que se deriva del acto reprochado. Así como el carácter instrumental y provisional de la medida solicitada. Indica, esa revisión de la medida no afectaría la gestión sustantiva de la administración pública que emitió el acto, como tampoco la situación jurídica o patrimonial del desarrollador o terceros. Menciona, lo anterior se afirma, dado que a la fecha, la demanda no establece un período de tiempo en el que se dieron los posibles hechos, y el Tajo en los períodos 2012 y 2013 tuvo poca o escasísima extracción de material. Señala, durante varios meses no hubo extracción alguna, lo que se puede constatar mediante las Bitácoras de dichos períodos, y que se adjuntaron a la contestación de la demanda.  Apela, es falso que se realizan desviaciones del cauce natural del río. De esa acusación, la actora no presenta prueba científica,  técnica o pericial, expone. Cita, es una simple suposición infundada, que desemboca en una demanda temeraria y de mala fe. Alude a que la isla en mención existe aún, pero al situarse  en medio del cauce del brazo del río, se vea afectada naturalmente de forma directa por las constantes crecidas de un río de un gran caudal y amplitud. Lo que tiene efectos nocivos sobre ésta, sin que sea provocado por la demandada, como falazmente pretende hacer creer la actora. Hace notar al respecto, en el punto segundo de esta demanda, la actora se contradice al señalar: “…la propiedad es una especie de isla rodeada por los cuatro costados por el Río Puerto Viejo, y nunca hemos tenido problemas de lavado de la propiedad por cuanto existe una zona de”. Es decir, señala,  no existe a la fecha nada que imputarle a mi representada en razón de su labor en el respectivo Tajo. 2) Reprocha, el juez de instancia resuelve la medida cautelar sin ninguna fundamentación probatoria ni jurídica, por lo que la califica de nula. Afirma, no da  parámetro alguno para analizar la legalidad de lo decidido dentro del marco de los agravios expuestos por el recurrente. Agravia, la medida cautelar es resuelta dentro de un simple auto, sin adecuada \"fundamentación fáctico-jurídico-probática\",  ni análisis de los presupuestos que puedan justificar la imposición de la  medida cautelar. Estima, ello causa indefensión a la partes. Hace notar, del acta de observación judicial, no se indica  nada al respecto sobre maquinaria laborando cerca de la isla. El  a quo en la resolución  no consideró el oficio DGM-CMRHA-121-2014,  del 21 de octubre de 2014 dirigido a la M.Sc. [Nombre4]  , Subdirectora a.i, Dirección de Geología Minas, por parte del  Lic. Esteban Bonilla Elizondo/ Geólogo Coordinador Minero Región Huetar Atlántica. Cita que en dicho documento en forma textual se reseñó: “Esta coordinación minera considera que la explotación de materiales no ha provocado los cambios en  el cauce que impiden el ingreso al islote ni a la propiedad ubicada en la margen izquierda y que estos cambios obedecen a condicione naturales y patrones erosivos y depositacionales normales de los sistemas fluviales meándricos como el río Puerto Viejo”. Menciona, esa resolución es de mala fe ocultada por la parte actora al Despacho Judicial, a pesar de tener pleno conocimiento de su existencia. Ello evidencia su accionar y al actuar de esa forma carece de apariencia de un buen derecho, pues del informe técnico científico invocado y aportado a los autos, lo mencionado por la actora no es imputable a nuestra representada sino a los eventos propios de la naturaleza. Considera, con lo resuelto se le ha transgredido su derecho de defensa  en cuanto a la valoración de la prueba aportada en autos, al cercenárceles el derecho de intentar probar sus alegaciones y en la contestación de la demanda y se les aplica una gravosa medida cautelar. Considera, la resolución violenta la  garantía judicial contenida en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Además de separarse del principio de inmediatez que rige el proceso agrario, pues se ha dictado una resolución con fecha de las quince horas y cincuenta y tres minutos del ocho de octubre de dos mil catorce, y les notifique la misma tres meses después de dictada. Hecho que constituye una grave violación al debido proceso y al derecho de defensa. Afirma, desde la visita o reconocimiento judicial,  se continuo trabajando por tres meses más en el tajo de forma legal y apegado a la concesión, y durante ese tiempo la actora no alegó absolutamente nada en cuanto un mayor lavado de la propiedad por parte de la demandada. Tal situación estima, demuestra lo infundado de la demanda y por ende la inaplicabilidad de las medidas cautelares impuestas. 3) Menciona, el autosentencia carece de hechos probados , y el a quo en su análisis se centra únicamente en aspectos de derecho. Dejando de lado la realidad del supuesto conflicto que califica de inexistente, y demostrando que la demanda es temeraria y de mala fe. Misma que les dejó en grave indefensión en cuanto a un verdadero derecho de acceso a la justicia, pues no valoró  el elenco probatorio aportado por nuestra representada y sus alegatos en cuanto la falta de elemento reales y verdaderos por parte de la actora para justificar la medida cautelar impuesta. Al punto, afirma, de ocultar a la sede judicial que el Minae, mediante estudios científicos rechazó la gestión de la actora al comprobar que el deslave de la propiedad fue objeto de la naturaleza y no por actuaciones de la recurrente. Otro aspecto fundamental que no valoró el a quo, menciona, es que las islas no son ni pueden ser objeto de tutela de propiedad privada, sino que pertenecen al Estado. Al respecto afirma, resulta extraño que la actora sea propietaria de un bien que se presume demanial que pertenece al Estado Costarricense y no puede ser objeto de titularización privada. Expone,  pide se  anule la resolución dictada al carecer de la fundamentación debida, carecer de hechos probados, no valoración de la prueba aportada por la recurrente, y por causar una grosera indefensión a su representada. Como agravios de fondo incorpora los siguientes: 1) Las medicas cautelares requieren se acrediten los presupuestos, además de la ponderación de todos los intereses en juego. Señala, respecto al peligro en la demora, es entendido como la posibilidad fundada de que, en virtud de la tardanza del proceso judicial, ocurra una lesión grave e irreparable a la situación jurídica del solicitante;y en este caso  a ser sufrida por LA COLECTIVIDAD, al verse transgredido el derecho a un ambiente sano y equilibrado, que se entiende por antonomasia como el Derecho Humano la Vida en su plenitud. Acusa, en el subjúdice, en el expediente minero 7-2010, existe el oficio DGM-CMRHA-121-2014,  con fecha 21 de octubre de 2014, dirigido a la M.Sc. Enid Gamboa Robles, Subdirectora a.i, Dirección de Geología Minas, por parte del  Lic. Esteban Bonilla Elizondo/ Geólogo Coordinador Minero Región Huetar Atlántica,mediante el cual preceptúa en forma textual lo siguiente  “Esta coordinación minera considera que la explotación de materiales no ha provocado los cambios en  el cauce que impiden el ingreso al islote ni a la propiedad ubicada en la margen izquierda y que estos cambios obedecen a condicione naturales y patrones erosivos y depositacionales normales de los sistemas fluviales meándricos como el río Puerto Viejo”.  En ese orden expone, consta  una contestación a la Revisión de respuesta a resolución N 753 y oficio DGM-RNM-599-2014, referido  a la Denuncia  25-2014 en el área de Expediente 7-2010, donde se informa que por Resolución 753 del 5 de Agosto de 2014, se comunica el resultado de la atención de la denuncia 25-2014, incluyendo lo indicado en oficio DMG-CRHA-032-2014.  Estima, con esa documentación se demuestra que no se acredita el cuadro fáctico del peligro de demora.  Sobre presupuesto de la apariencia de buen derecho, estima se carece de tal presupuesto. Explica, ante la tutelabilidad del Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, constan las acciones  de la DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS que no se contraponen a la legalidad. Para acreditar este presupuesto, basta con una apariencia superficial e inicial de seriedad para tenerlo por satisfecho que no se configura en la especie, toda vez que las denuncias han sido declaradas sin lugar. 2) Además reprocha sobre el tema del equilibrio de intereses en juego, que en medidas de esta naturaleza se deben ponderar los efectos que puedan producir tales en el interés particular del concesionario y en la tutela del bien jurídico protegido en este caso. Afirma,  por la particularidad de los derechos e intereses que se pretenden tutelar con la medida cautelar solicitada (sea el ambiente), se tiene que la parte gestionante tiene insuficiencia probatoria y fáctica sobre los siguientes aspectos: a) en cuanto el tema del manantial de agua, no aclaró su ubicación, como fue afectado por la operación del Tajo, ni aporta prueba pericial que determine la veracidad de la información de cita. Tampoco ubica temporalmente la denuncia, y se limita a referirse a que la actividad de la concesión es la responsable, sin sustento legal y técnico alguno. b) No  indica en que lugar se produce la afectación dentro de la propiedad, brindando una ubicación confusa. Además de mencionar inicialmente una naciente, y luego se referirse a varias, sin ubicarlas dentro del plano de la propiedad. Lo que viene a confirmar la temeraridad de la presente acción. c) No  aporta la medición de la afectación referida al plano catastrado de la propiedad. No hay prueba alguna que corrobore tal dicho. d) No  indica claramente cuando se ejecutaron las acciones a las que cataloga como invasión. e) No diferencia los playones supuestamente originados por las acciones ilegales de la concesionaria, de los playones naturales del río. f) No  aporta las valoraciones de los peritos respectivos para las supuestas afectaciones de la finca y las plantaciones forestales de esta. g) No indica los nombres de los vecinos ni las fincas o planos catastrados afectados o si son testigos o parte de la denuncia.. h) Se indica el desvío del río, pero no se ubica espacialmente el mismo, sin quedar claro si se refiere al brazo, en cuyo caso es parte integral del cauce activo del río, y por lo tanto no existe el tal desvío, sino es natural.-i) No aporta el estudio de dinámica actual del río (geomorfología fluvial del mismo) que indique o aclare si tales problemas de erosión son normales o son afectaciones antrópicas. A manera de resumen, expone, la condición jurídica de la parte actora, NO se enmarca dentro de los presupuestos exigidos para dictar  la medida cautelar solicitada. Pide por tal causa, se ordene la suspensión de lo ordenado en la medida cautelar que se apela.  Sobre el presupuesto de la residualidad, agravia, ser debe constatar que el derecho que se busca tutelar judicialmente está seriamente amenazado, sin posibilidad de protegerse mediante una medida cautelar típica, y de ahí la urgencia de tomar la medida. Para ello, considera,  se debe practicar  un reconocimiento judicial, o bien hacerse acompañar de un perito con el fin de valorar el verdadero peligro o riesgo inminente. Lo que estima fundamental por cuanto quien solicita la medida podría utilizar el trámite para atrasar el procedimiento o sin ningún sentido práctico. En el caso concreto no consta visita de inspección o un acto de valoración por parte de su autoridad, dando valor únicamente al dicho del actor. Solicita sean rechazadas las medidas cautelares que pide la actora, por calificarlas de temerarias e infundadas, pues de los informes técnicos que se adjuntan como prueba, se desprende no existe, ni ha existido erosión del suelo por causa de la demandada, sino lo es por aspectos naturales, tampoco  desviación del cauce del río por parte de mi representada. Lo cual se evidencia de los informes técnicos y científicos aportados en la presente contestación. Invoca  la mala fe de la actora, quien sin mayor elementos de convicción, presenta por demás una acción  falaz y temeraria, en franco perjuicio de  mi representada, a fin de obtener un lucro ilegítimo e injusto. Ofrece como prueba testimonial a las siguientes personas: [Nombre5].-    , cedula CED8 geólogo, divorciado, vecino de Las Juntas de Abangares, Guanacaste, [Dirección2]  , Carnet Colegio Geólogos de Costa Rica 218, Consultor Ambiental número 161-98. 2.- [Nombre6]   , mayor, casado dos veces, Ingeniero Agrónomo doctor en Suelos, [Dirección3]     ,   -, Los Ángeles, San Rafael de Heredia, N. Consultor SETENA Cl-84-2009. 3.- [Nombre7]    cédula de identidad número CED9, soltero administrador de empresas, vecino de Cristo Rey de Puerto Viejo de Sarapiquí. Que declararían sobre la concesión que ha operado en apegado a las disposiciones de dicha entidad y nunca ha invadido la propiedad de la demandada. Además ofrece al  Lic. Esteban Bonilla Elizondo/ Geólogo Coordinador Minero Región Huetar Atlántica a efectos de que declare como funcionario de la Dirección de Geología y Minas y quien ha ejercido y supervisado las labores de extracción en la concesión minera. Como documental solicita se pida via mandamiento a la Dirección de Geología y Minas, copia de expediente certificado 7-2010, se aportó secuencia fotográfica del proyecto en cuestión y oficio DGM-CMRHA-121-2014 Fecha 21 de Octubre de 2014 dirigido a M.Sc.Enid Gamboa Robles.Subdirectora a.i Dirección de Geología Minas De: Lic. Esteban Bonilla Elizondo/Geólogo Coordinador Minero Región Huetar Atlántica Asunto: Revisión de respuesta a resolución N 753 y oficio DGM-RNM-599-2014Relacionado a Denuncia  25-2014 en el área de Expediente 7-2010. Pide se llame a confesional al presidente de la Sociedad actora, para que absuelva posiciones sobre las preguntas que formularé el día que al efecto se convoque. Como prueba pericial solicita se llame al  Lic. Esteban Bonilla Elizondo/ Geólogo Coordinador Minero Región Huetar Atlántica a efectos de que declare como funcionario de la Dirección de Geología y Minas y quien ha ejercido y supervisado las labores de extracción en la concesión minera y ha declarado sin lugar las denuncias interpuestas. Solicitan al TRIBUNAL DE ALZADA,  SE CONFIERA UNA AUDIENCIA ORAL EN DEFENSA DE NUESTROS ALEGATOS. Pide Se declare con lugar  el  recurso, se condene a la actora al pago de daños y perjuicios, y ambas costas personales y procesales.\n\n          III.- Este Tribunal reiteradamente ha señalado los tres presupuestos básicos de procedibilidad en las medidas cautelares: residualidad, apariencia de buen derecho y peligro de demora. Todos esos requisitos son ponderados dentro de un proceso sumarísimo, donde se valoran los elementos que existen en autos. Las medidas cautelares no deben, ni pretender resolver sobre el fondo del asunto de una forma anticipada. Su objetivo, de conformidad al ordinal 242 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria a esta materia, son procedentes: \"… cuando hubiere fundado temor de que una parte, antes de la sentencia, le cause al derecho de la otra parte una lesión grave y de difícil reparación.         Para evitar el daño, el juez podrá autorizar o prohibir la práctica de determinados actos, ordenar el depósito de bienes o imponer el otorgamiento de una caución\".  Y sobre la pertinencia de su dictado en protección de los recursos naturales y la producción agraria se ha resuelto: \" La doctrina ha desarrollado, dentro del principio de los amplios poderes del Juez, el \"Poder Cautelar del Juez Agrario\", cuya finalidad estriba precisamente en proteger esas situaciones para satisfacer un interés, no de la parte, sino un interés de la colectividad.  Así, se han creado medidas tendientes tanto a la tutela de la producción, como de la conservación de recursos naturales. Evidentemente, es importante el poder cautelar del Juez Agrario para tomar medidas tendientes a proteger la producción, ya sea prohibiendo o autorizando determinado tipo de actos  (voto 173-F-08)\n\n          IV.- Para analizar la base fáctica sobre la cual se ha dictado la medida cautelar apelada, se hace necesario el análisis de la demanda, contestación y pruebas aportadas al legajo remitido por el despacho de instancia. Lo anterior a fin de verificar la instrumentalidad de la medida ordenada y determinar si lleva razón el recurrente en sus reproches. Consta a folio 22 escrito de demanda incoada por Agromecánica F y P S.A, contra sociedad Indaco Horquetas S.A. Describe en la demanda la actora, es titular de la finca matrícula [Placa1] de Heredia, con cabida de 19 hectáreas 8571,31 metros cuadrados y descrita en el plano H-0463158-1982. Finca reforestada de melina bajo el sistema de pago por servicios ambientales y en las cercanías con el río estaba sembrada con especie de zota caballo y la melina en fase de aprovechamiento. (hecho 1). Cita, la finca es una especie de isla rodeada por el rio Puesto Viejo, sin que tuvieran nunca problemas de lavado de la finca. Expone, (hecho 3) por resolución R-80-2012-MINAET, a la demandada se le otorgó concesión de explotación de materiales en el cauce del rio Puerto Viejo por el plazo de diez años firmada por el Poder Ejecutivo (Presidente y Ministro del Ramo). Cita, (hecho 4)  en esa resolución se señala en la parte dispositiva que la concesionaria debe cumplir durante la ejecución de las labores de explotación con las recomendaciones y7 condiciones técnicas establecidas en el oficio DGM-CRHA-075-2011 del 22 de junio del 2011, donde se detallan en el resultando V y forman parte integral de la concesión, si como cualquier otra recomendación que emita la Dirección de Geología y Minas y la Secretaría Técnica Ambiental. En el hecho quinto  transcribe literalmente parte de la resolución R-80-2012 MINAET que otorgó la concesión, que en lo que interesa señala que mediante memorando DGM-CRHA-075-2011 del 22 de junio del 2011 la Dirección de Geología y MInas emite recomendaciones técnicas y concluye que se recomienda al Registro Nacional Minero continuar con los trámites para el otorgamiento de la concesión, considerando las características y recomendaciones de otorgamiento que atiende al análisis del Programa de Explotación de EsIA y las observaciones de campo. Como tales cita, el proyecto se ubica entre las coordenadas [Dirección4]/  de la Hoja Cartográfica Río Sucio escala 1:50000 del IGNCR. Los terrenos plateados para las operaciones se ubican dentro del [Dirección5]  ,    de la provincia de Heredia, 5 kilómetros [Dirección6]  del cruce de Río Frío. en la localidad de [Nombre8]  . Indica, no se deben realizar operaciones mineras fuera del área concesionada. El área concesionada no incluye el islote ubicado entre las secciones 7 y 14 del programa de explotación, por lo que la maquinaria no podrá ingresar a dicho terreno en condiciones normales. Menciona, se debe respetar la zona del río de 15 metros en lo que se refiere a la conformación de los montículos de acumulación de materiales y de cualquier otra obra además de los caminos a lo largo del cauce. En el hecho sexto de la demanda se expone, la accionada decidió invadir la isleta con maquinaria pesada, se introdujo, invadió y desapareció gran parte de la misma en un área aproximada de dos hectáreas. Agrega, no respetó las zonas de protección, desapareció áreas de nacientes, y desvió el cauce natural del río, dragando, extrayendo material y realizando actividades propias de la extracción de cauce que provocan deslave de su finca y la de sus vecinos, pues al desaparecer áreas de las fincas, se han formado playones en el río para facilitar el aprovechamiento de los materiales y lo árboles que mitigaban las zonas de protección del río que fueron derrivados y lavados por la acción de la demandada. Aduce ( hecho 7), actualmente el resto de su finca corre el peligro de ser invadida y desaparecida, con las nacientes existentes y los árboles reforestados. En el hecho octavo describe los daños y perjuicios que indica ha sufrido. Detalla como daño la perdida de aproximadamente dos hectáreas de su finca valorada en cien millones y la pérdida de los árboles reforestados de melina por un monto de tres millones quinientos mil colones y los perjuicios corresponden a los intereses sobre esa suma, así como el costo que pericialmente se llegue a determinar que cueste la recuperación de las nuevas zonas de protección con reforestación y labores de relleno, estimadas prudencialmente en la suma de veinte millones de colones. En la sección de la demanda que denomina Pretensión, como preámbulo, dados los hechos sui generis donde un concesionario ingresa con permisos legalmente otorgados a extraer materiales, incumpliendo la prohibición de introducirse en el islote de su representada, ésta se introduce por la fuerza, elimina árboles y parte de la misma; todo con el objetivo de facilitar la extracción en áreas donde brotaban manantiales de agua que constituyen zonas de protección y que hacen desaparecer dos hectáreas de terreno. Zona en la que están laborando y que se convirtió en parte del cauce del Río Puerto Viejo y donde tienen almacenados materiales. Y dado que la acción de un tercero encomendado por el Estado para la extracción mediante concesión, va más allá de lo legalmente permitido causando daños y perjuicios,  y que al no ser posible recuperar la cosa, se debe aplicar el numeral 325 del Código Civil, pide se declare en sentencia : 1) La sociedad demandada invadió injustificadamente y desapareció área que formaba parte de la fina de Heredia matrícula [Placa1] provocando daños y perjuicios. 2) En virtud de las características del daño, al no ser posible su recuperación del área invadida al desaparecer, pese a no ser parte del área concesionada y hoy en parte del río, se deben pagar por los daños y perjuicios señalados en la demanda o definidos pericialmente. 3) Se obligue a Indaco Horquetas S.A a adoptar todas las medidas de mitigación técnicamente justificables para evitar el lavado continuo del área de la finca y a no volver a incursionar en los límites de la finca de la actora. Como medida cautelar solicita, de forma urgente se realice un reconocimiento judicial para verificación de los hechos de la demanda. Además se ordene la suspensión de la concesión otorgada a favor de Indaco Horquetas S.A.  por resolución número R-80-2012-MINAET mediante mandamiento a la Dirección de Geología y MInas hasta que no sean dispuestas medidas de mitigación que protejan del deslave de su finca. Justifica la medida en los hechos descritos de la invasión en su terreno que indica sucedió y provocó la perdida de dos hectáreas de terreno y la existencia de nacientes que corren peligro de desaparecer. Como prueba aporta fotografías resolución administrativa que otorgó la concesión que en el considerando quinto imponen medidas de mitigación que tutelan la finca de la actora, las zonas de protección, así como plano y certificación registral de la finca. Solicita, en caso de continuarse con el aprovechamiento de los materiales por la accionada, se adopten todas las medidas  de mitigación que eviten el lavado del resto de la finca y se respeten los retiros de las zonas de protección de las nacientes de agua y los árboles cultivados en esa propiedad.\n\n          V.- La demanda descrita se presentó el 1 de setiembre del año 2014 y se emite el auto traslado mediante resolución de las de las 08:13 horas del 5 de setiembre del mismo año, fijándose fecha para reconocimiento judicial de la medida cautelar el día 16 de setiembre siguiente. Consta (folio 34) minuta de acta de reconocimiento judicial en donde se indica que se utilizará cámara de video, adjuntándose al expediente el respectivo disco compacto que lo contiene. En tal, se describe por el juzgador la situación que observó. Se muestra en el video un sector cubierto de rocas y un cauce de río que lo atraviesa en una parte, que se indica por el juez se le señala por la actora, tal no existía y que esa área formaba parte integral de la cabida de su finca. Se consigna por el juez, visualiza un pequeño islote o isla bordeada por cauce de río, cuya zona le menciona la actora, formaba parte de su inmueble y que al momento de la visita se encontró separada. Área que tiene plantados algunos árboles de zotacaballo y cepas de  plátanos y se observa con vegetación diversa. Se muestra por la actora, por donde transcurría el cauce del río y que ahora tiene un brazo que se observa y antes no existía. Ese brazo del río, se encuentra al lado del paredón de tierra de la finca de la actora, que se nota en deslave en algunas secciones y con una altura pronunciada respecto al cauce de río que se visualiza. En otro orden describe el juzgador, como a quince metros del paredón que se esta socavando en el brazo del río y dentro del terreno de la actora,  encontró una naciente bordeada de vegetación diversa con cauce hídrico importante,  que es mostrada. De igual forma se observa en el video, un árbol de melina en el suelo y a la rivera del cauce, así como varios metros a lo largo del cauce con suelo y raíces expuestas a lo largo de la rivera. En esa grabación se detalla, existe el cauce original del rio por donde discurre, pero se muestra un brazo que se adentra en lo que actualmente son playones de arena y piedra y que colindan actualmente con la finca de la sociedad actora. Que alega, antes esos playones no existían en el sitio actual, ni tampoco ese brazo del río que se adentra en lo que anteriormente era terreno de su representada. El día 8 de octubre del 2014, se resuelve la medida que se apela (folio 39). \n\n          VI.- Analizado el proceso, así como los agravios, no estima este Tribunal se hubiera emitido un auto sentencia viciado de nulidad, ni la transgresión de las normas legales que acusa la apelante. En primer orden, no resulta atendible el motivo de nulidad sobre la falta de hechos probados de la resolución recurrida, pues lo emitido es un auto sentencia, que si bien en buena técnica procesal se recomienda agregar un elenco de hechos probados, no es obligatorio si de su lectura se logra identificar los hechos y pruebas que dieron fundamento a la decisión judicial, pudiendo esa omisión cumplirse en esta Instancia de estimarse necesario. En la resolución cautelar numero 102-14 de las 15 horas y 53 minutos del 8 de octubre del 2014, consta la base fáctica que constató el A quo, con mención de los elementos de prueba, para proceder a acoger parcialmente las medidas cautelares en la forma resuelta. Obsérvese, constató la existencia de una naciente dentro de la finca de la sociedad actora, que mencionó se encontraba a [Dirección1]  de la colindancia de la finca con la rivera del río que estaba en proceso de deslave y con raíces expuestas. Hecho que comprobó con el reconocimiento judicial realizado y resguardado en disco compacto parte de este expediente. Sobre ese hecho se toma la decisión de acoger parcialmente la medida y ordenar se paralice cualquier obra por parte de la demandada en ese sector que afecte la pared del inmueble, debido a la afectación que puede sufrir la naciente. Tampoco es de recibo el motivo referido a que el juez de instancia acogiera la medida sin ninguna fundamentación probatoria o jurídica. De la lectura de la auto sentencia que se describe en esta resolución, se observa el análisis jurídico de cada uno de los presupuestos de la medida cautelar atípica que se pide y las razones, mencionando la prueba que tuvo a mano en esta primaria fase procesal, para estimar que se debía resolver como se hizo. Conclusiones que comparte esta instancia judicial en cuanto a la debida tutela que debe darse a la naciente encontrada cerca de la rivera del río y dentro de la finca de la actora. Respecto a la omisión de considerar prueba que aportara al momento de emitirse la medida apelada, lo cual acusa, le produce  indefensión, se rechaza. Sobre la omisión apuntada en el reconocimiento judicial de referirse a la presencia de maquinaria laborando, se rechaza. De la escucha y visualización del video de reconocimiento judicial realizada el 16 de setiembre del 2014, no se observó maquinaria laborando, ni se indicó por el juez su presencia. Esa omisión no desvirtúa lo observado por el a quo respecto a la existencia de la naciente de agua con caudal y la distancia a 15 o 20  metros del borde del río y de la pared en deslave que tiene raíces expuestas. Respecto a la omisión del juez de considerar el oficio DGM-CMRHA-121-2014 del 21 de octubre del ese mismo año, se rechaza. Se nota el reconocimiento judicial se realizó el 16 de setiembre y el auto sentencia cautelar se emite a las 15:58 horas del 8 de octubre del 2014. Fecha para la que aún no se había emitido el oficio que se reprocha por la apelante no se valora. No obstante, y por resultar importante a efectos de valorar la pertinencia de la medida adoptada, de su lectura se observa es un informe dirigido a la Dirección de Geología y Minas por parte del Coordinador Minero de la Región Huetar Atlántica fechado el 21 de octubre del año 2014. Inicia el documento indicando que 12 de agosto se solicita visita al área de concesión 7-2010 a fin de corroborar lo consignado en bitácora geológica. Como antecedente cita que por resolución 753 del 5 de agosto del 2014, se comunica el resultado de denuncia 25-2014, con inclusión de oficio DGM-CRHA-032-2104. Señalándose, la denuncia se declaró sin lugar y que debía la concesionaria hacer un mejoramiento de la superficie de rodamiento existente para facilitar el ingreso de maquinaria al islote. De lo descrito en la visita de campo que hizo el 14 de octubre de ese año, menciona el Coordinador minero se levantaron los documentos respectivos estuvo presente el Geólogo Regente y la representante de la concesionaria. Describe sobre la existencia de dos brazos del río, aspectos sobre las condiciones de ingresos sobre el cauce y las áreas de flujo que se visitaron. En las conclusiones y recomendaciones, se señala respecto a la vía de ingreso al islote  que usa el denunciante, lo es a través del cauce de dominio público con sistemas que mantienen caudales cercanos a los 90 M/segundos de precipitaciones y resulta normal el reacomodo de las barras aluviales del sistema y que el flujo abarque toda la sección hidráulica. Además señala, estima que \"la explotación de materiales no ha provocado los cambios de cauce que impiden el ingreso al islote ni a la propiedad ubicada en la margen izquierda y que los cambios obedecen a condiciones naturales y patrones erosivos y depositacionales normales de los sistemas fluviales meándricos con el río Puesto Viejo \". Describe, según indica el regente el paso al islote estuvo habilitado y ha habido acarreo de productos provenientes del islote. Dado lo allí recomendado, pareciera la denuncia lo es por problemas en el paso a la propiedad de la actora a través del cauce del río y se ordena el mejoramiento de esos pasos, lo cual se ha tornado difícil en virtud de las condiciones climáticas y pluviales. Considera este Tribunal, ese documento resulta de importante valoración para resolver el fondo del proceso en donde se reprocha ha mediado un cambio en el cauce del río debido a la actividad de la demandada en ejercicio de la concesión, no así esta medida cautelar. Pues se refiere a un control propio del ejercicio de una concesión de explotación de cauce de dominio público por los entes competentes, y en atención a denuncia existente y referida a los pasos de acceso al denominado islote. Aspecto diverso a la medida otorgada en la resolución apelada que tiene relación con la tutela de una naciente situada dentro de la finca del actor. Otro aspecto a valorar, son los argumentos esgrimidos por la apelante son la mala fe y temeridad de la demanda al no aportar documentos que han rechazado denuncias y que son documentos técnicos científicos que demuestran que de lo acusado por la actora no son responsables. En criterio de esta sede, tales valoraciones son temas propios a ser resueltos dentro del proceso principal en aras de estimar o desestimar la demanda y que deberá analizar el juez o jueza que emita sentencia principal. No correspondiendo a este proceso sumarísimo cautelar valorar tales aspectos. Si bien el informe citado en este fallo es un documento técnico emitido dentro de las competencias propias del Registro Minero y la Dirección de Geología y Minas, tal hace alusión a aspectos diversos a la naciente de agua que se pretende tutelar, que ni siquiera en considerada, al haber sido emitido en cumplimento de otras situaciones fácticas y jurídicas. El apelante agravia, se le ha transgredido su derecho de defensa garantizado constitucionalmente y por el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por la limitada valoración de la prueba y cercenarse su derecho a probar su dicho. Lo anterior no resulta de recibo, pues de la descripción de lo actuado dentro de la medida cautelar y el proceso, según consta en este legajo, se le ha resguardado su derecho a apelar lo resuelto, aportar las pruebas útiles, pertinentes y necesarias que desvirtúen lo observado en el reconocimiento judicial por el juez y se resolvió resguardando el equilibro entre el interés de la parte como concesionaria que ostenta el derecho de explotar el cauce de dominio público, por haber sido autorizado por las vías legales, y el correlativo deber de resguardo al derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, garantizado por el artículo 50 constitucional y todo el bloque normativo ambiental nacional e internacional que rige el tema. Es de recordar que en materia ambiental, se aplican los principios de prevención y precaución. Este ultimo fue el invocado por el juez de instancia en forma atinada en aras de resguardar el recurso hídrico encontrado en el fundo de la sociedad actora, e indicó que al ser la resolución provisional, podría ser modificada si llegaran al proceso, elementos que así lo acreditaran. La carga de la prueba en materia ambiental es diversa e inversa al régimen tradicional que se aplica en temas de responsabilidad civil. Se invierte, y es el desarrollador de una actividad, el obligado a acreditar por las formas técnico científicas y legales  que sus acciones no afectan el medio ambiente. No es al actor en quien recae esa carga probatoria. Tales conceptos son propios del Derecho Ambiental y encuentran sustento normativo en la norma constitucional mencionada, la Ley Orgánica del Ambiente N. 7554, Ley de Biodiversidad y los diversos instrumentos internacionales que rigen las actuaciones de las personas habitantes del Estado Costarricense. Al respecto y para mayor ilustración, la Sala Primera de Justicia en resolución de las 11:00 horas del 12 de octubre del 2009: \"uno de los principios rectores del Derecho Ambiental, que subyace en los numerales 46 y 50 de la Constitución Política, es el precautorio o de evitación prudente. De conformidad con la doctrina, en esta materia no solo existen riesgos ciertos, sino también puede caber incertidumbre científica respecto del alcance de algunos daños. Este postulado, entonces, exige que, cuando una duda razonable surja en relación con la peligrosidad de cualquier actividad de repercusiones ambientales o a la salud humana, se evite, o se tomen las medidas pertinentes para que ese eventual daño, científicamente no comprobado todavía, no llegue a producirse. Dos son sus presupuestos: falta de certidumbre científica y la amenaza de daño. De manera explícita se encuentra recogido en la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”, o “Declaración de Río”: “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Por su parte, la Ley de Biodiversidad, número 7788 del 30 de abril de 1998, dispone: . ..... En este sentido, la Sala Constitucional, en el voto 1250-99 de las 11 horas 24 minutos del 19 de febrero de 1999, señaló: “... La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”.(Lo subrayado no es del original. También, pueden consultarse, entre otros, los fallos de ese órgano jurisdiccional 9773-00 de las 9 horas 44 minutos del 3 de noviembre de 2000 y 1711-01 de las 16 horas 32 minutos del 27 de febrero de 2001). Luego, en el voto 3480-03 de las 14 horas 2 minutos del 2 de mayo de 2003, precisó aún más dicho concepto: “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente.”(Lo subrayado es suplido). De igual manera, en el fallo [Telf1] de las 14 horas 14 minutos del 3 de julio de 2003, indicó: “...4.- Principio precautorio : … El término prevención deriva del latín ‘preventivo’, que alude a la acción y efecto de prevenir, a aquellas preparaciones y disposiciones que se hacen anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar una cosa. La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente.”(En igual sentido, puede consultarse el voto 2008-17618 de las 11 horas 51 minutos del 5 de diciembre de 2008 de dicha Sala).\" La parte apelante puede acreditar a los autos, mediante los elementos que estime necesarios que la naciente ubicada a [Dirección7]    de la ribera del río y dentro de la finca de la actora, no será dañada en virtud de la actividad de extracción de material del cauce del río a que esta autorizada por concesión. Prueba que debe aportar ante el A quo y mediante las vías procedimentales para ello, a fin de revertir lo resuelto y demostrar que la naciente como curso de agua existente no corre riesgo de ser dañada. Considerando lo cerca que se encuentra del cauce del río en donde se realizan labores propias de extracción. En otro orden, y visto su agravio, también se rechaza  el argumento de habérsele transgredido su derecho de defensa y el principio de inmediatez propio del Derecho Agrario,  al haber sido notificada la medida apelada tres meses después. En primer orden, la tardanza en esa notificación no le hace incurrir en responsabilidad, pues hasta que le es notificada, puede ejercer su derecho a apelar, como ocurrió. Por otra parte, el principio de inmediatez en esta materia especializada consiste básicamente en que la persona juzgadora agraria que dicta la sentencia, debió haber recibido la prueba. Al menos así fue concebido originalmente este principio informador del proceso agrario, que ha tenido sus reinterpretaciones en forma posterior a la emisión de la Ley de Jurisdicción Agraria. En el subjúdice tal principio se cumple a cabalidad, pues el mismo juez quien celebra el reconocimiento judicial es quien emite la medida apelada. Se rechaza el argumento referido a que el a quo dejó de valorar que las islas no pueden ser objeto de propiedad privada, pues ese es un tema propio del proceso principal.\n\n          VII.- Sobre el agravio de la ausencia de los presupuestos de la medida cautelar aprobada. En el  auto sentencia apelado, el A quo razona en el considerando tercero que tiene por acreditada la residualidad, dada la prueba aportada de fotografías, plano de la finca sobre la que ha ejercido posesión, y lo observado en el reconocimiento judicial citado y realizado en la rivera de la propiedad; que demostraron la existencia de una naciente que corren riesgo. Se menciona en esa resolución, se visualizaron una gran cantidad de raíces expuestas y en el sector de la rivera el suelo se muestra inestable, ademas de observar cerca de la rivera una naciente de agua importante, y si en la pared de la finca cercana se continúan realizando labores, caerá y ocasionará un daño irreparable a la naciente. Señala el auto sentencia, se debe acoger parcialmente la medida cautelar pues no existe otra forma de proteger de daño  a ese cuerpo de agua. Respecto a la apariencia de buen derecho, se tuvo por demostrada para el juzgador, al solicitarse en la pretensión de la demanda el aseguramiento de un bien público. Motiva, el juicio de verosimilitud  se funda en las pruebas obtenidas prima facie y debe ser al menos aparente, pues la plena  certeza se determinará en sentencia. Señala el fallo, se pretende en el proceso principal el pago de daños y perjuicios ocasionados a la propiedad por las acciones de la actora y la pretensión cautelar reside en la suspensión de la concesión otorgada a la actora y que en caso de seguirse aprovechando el material sean adoptadas las medidas de mitigación que eviten el lavado de la finca. Razona la resolución recurrida, sin que lo que se decide sea adelanto de criterio, pues aun falta recabar prueba y en virtud del \"principio por natura\", se cumple con la apariencia de buen derecho. Sobre el peligro de demora, consideró el A quo la urgencia en el dictado de medidas lo justifican con fundamento en el artículo 242 del Código Procesal Civil. Pues no es posible adelantar el dictado de la sentencia de fondo y se puede presentar un daño marginal ocurrido a causa del retraso. Se resolvió en el fallo, lleva razón la parte actora cuando solicita se le impida a la sociedad demandada realizar trabajos en los márgenes de la finca debido a que puede ser afectada la naciente encontrada en ese inmueble, tutela impostergable. Decretó acoger parcialmente la medida cautelar y ordenar a Sociedad Indaco Horquetas S.A. suspender los trabajos realizados en los márgenes de la propiedad de la actora a fin de proteger el recurso natural y rechazar la suspensión de la concesión. Se hizo la advertencia de que es una resolución provisional y preventiva, sin perjuicio de ser modificada con mayores elementos probatorios. Se solicitó a MINAET realizar un reconocimiento en el lugar, a fin de que indicaran al Despacho si resultaba factible adoptar alguna medida de contención que diera protección a la naciente y a la pared ubicada en la rivera del Río Sucio; específicamente en la colindancia de la finca de la actora. Luego de su emisión, el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central en respuesta de oficio del despacho, informa ( folio 50), lo solicitado no es competencia de esa oficina, pues involucra acciones a ser ejecutadas en el cauce del río, así como uso de material del mismo, lo cual es competencia de la Dirección de Aguas del MINAET y de la Dirección de Geología y Minas. Por auto de las 10:38 horas del 27 de octubre del 2014 ( folio 52) se ordenó dirigir mandamiento a esos despachos competentes a fin de indicar si es factible asumir medidas de contención que resguarden la naciente, sin que conste en este legajo la respuesta dada por esas instancias.  Por lo que debe ser rechazado su agravio. De igual forma, debe rechazarse su pretensión expuesta en el escrito de apelación de que se condene en costas a la actora y a los daños y perjuicios. Pues tales pretensiones son propias de resolución principal del proceso ordinario y no caben ser peticionadas dentro del un proceso cautelar, como el que nos ocupa. Debe acudir para su solicitud a la vía procesal pertinente. \n\n          VIII.- Es importante señalar que la concesión otorgada a la sociedad demandada se encuentra legalmente constituida y tal actividad no ha sido suspendida, pues esa medida cautelar no se acogió. Esa actividad ha sido concesionada por el Estado y su control lo ejerce el Departamento de Geología y Minas,  mediante los medios legales establecidos por el  Código de Minería y su reglamento. El título autorizatorio de concesión, le permite extraer material del río en cuestión, dentro de las condiciones que esa dependencia estableció y que obedecen a criterios técnicos propios de la disciplina geológica y relacionadas. El cumplimiento de las recomendaciones técnicas de la persona regente del proyecto y las autoridades mineras emitidas a la luz del instrumento de evaluación de impacto ambiental que rige la gestión de la actividad extractiva del cauce, constituyen la forma en que el Estado asegura que la extracción se desarrolle de forma armoniosa con el ambiente, los recursos y elementos aledaños y el cuerpo de agua. Actividad lícita y de gran importancia para el desarrollo económico del país. Como esa actividad debe ser controlada en virtud del impacto ambiental que conlleva y es gestionado técnicamente, en virtud del principio de la debida coordinación administrativa que impera en la gestión ambiental, resulta conveniente que se emita un oficio a la Dirección de Geología y Minas y el Departamento de Aguas a fin de informar lo resuelto en este proceso en ambas instancias, con el objeto de que incorporen dentro de los instrumentos de ejercicio de control de la actividad de extracción de material del cauce, el elemento de la existencia de esa naciente en el terreno del actor, pues puede ocurrir que lo ignoren. Esta comunicación permitirá que sea un factor valorado en las recomendaciones técnicas que estimen esas dependencias emitir dentro de sus competencias sustantivas ambientales, en aras de tutelar ese cuerpo de agua observado por el juzgador de instancia.                                                    \n\n          IX.- Por las razones expuestas, y con fundamento en el artículo 1 y 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria , 242 del Código Procesal Civil, deberá rechazarse la prueba ofrecida en el escrito de apelación contra la medida cautelar y confirmarse el auto sentencia recurrido.\n\n  POR TANTO:\n\n          Se rechaza la prueba ofrecida con el escrito de apelación de medida cautelar. Se deniega la nulidad solicitada. Se confirma el auto sentencia ciento dos- catorce  de las  quince horas cincuenta y tres minutos del ocho de octubre del dos mil catorce.  Comuníquese esta resolución y la emitida por el Juzgado sobre esta medida cautelar a la Dirección de Geología y Minas y al Departamento de Aguas a fin de informar lo resuelto en este proceso en ambas instancias, para que incorporen dentro de los instrumentos de ejercicio de control de la actividad de extracción de material del cauce, el elemento de la existencia de la naciente en el terreno del demandante. Emítase el oficio de rigor por parte del juez Tramitador de este Tribunal, y remítase antes de la devolución del legajo de medida cautelar al Juzgado de origen.-\n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\nMWJOV3HJ5OE61\n\n[Nombre9]    -\n\nJUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n2VENUXF3FRO61\n\n[Nombre10]   -\n\nJUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\nN1DGP7JMIHQ61\n\nDAMARIS VARGAS VÁSQUEZ –\n\nJUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\n \n\nClasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 07:02:58.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "III.- This Court has repeatedly indicated the three basic procedural prerequisites for interim measures (medidas cautelares): subsidiarity (residualidad), appearance of good right (apariencia de buen derecho), and danger of delay (peligro de demora). All of these requirements are weighed within a summary proceeding, where the elements existing in the case file are assessed. Interim measures should not, nor do they intend to, resolve the merits of the matter in an anticipated manner. Their objective, in accordance with Article 242 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil), applied subsidiarily to this area, is that they are appropriate: \"… when there is a well-founded fear that one party, before the judgment, may cause a serious and difficult-to-repair injury to the right of the other party. To avoid the harm, the judge may authorize or prohibit the performance of specific acts, order the deposit of property, or impose the granting of a bond.\" And regarding the propriety of issuing them in protection of natural resources and agricultural production, it has been resolved: \" The doctrine has developed, within the principle of the broad powers of the Judge, the 'Precautionary Power of the Agrarian Judge', whose purpose lies precisely in protecting those situations to satisfy an interest, not of the party, but an interest of the community. Thus, measures have been created aimed at both the protection of production and the conservation of natural resources. Evidently, the precautionary power of the Agrarian Judge is important to take measures aimed at protecting production, whether by prohibiting or authorizing certain types of acts (voto 173-F-08)\n\nIV.- To analyze the factual basis upon which the appealed interim measure was issued, an analysis of the complaint, the answer, and the evidence provided in the corresponding case file referred by the lower court is necessary. The foregoing in order to verify the instrumentality of the ordered measure and to determine whether the appellant's objections are well-founded. On folio 22, there is a writ of complaint filed by Agromecánica F y P S.A. against the company Indaco Horquetas S.A. In the complaint, the plaintiff describes it as the owner of the property folio number [[Placa1]] of Heredia, with an area of 19 hectares 8571.31 square meters and described in plane H-0463158-1982. A property reforested with melina under the payment for environmental services (pago por servicios ambientales) system and, in the areas near the river, it was planted with the zota caballo species and the melina was in a harvesting phase (hecho 1). It cites that the property is a kind of island surrounded by the Puerto Viejo River, and it never had problems with washout of the property. It explains (hecho 3) that by resolution R-80-2012-MINAET, the defendant was granted a concession for the exploitation of materials in the bed of the Puerto Viejo River for a ten-year term, signed by the Executive Branch (President and corresponding Minister). It cites (hecho 4) that this resolution indicates in its operative part that the concessionaire must comply, during the execution of the exploitation work, with the recommendations and technical conditions established in official communication DGM-CRHA-075-2011 of June 22, 2011, which are detailed in the recital V and form an integral part of the concession, as well as any other recommendation issued by the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas) and the National Technical Environmental Secretariat (Secretaría Técnica Ambiental). In the fifth fact, it literally transcribes part of resolution R-80-2012 MINAET that granted the concession, which, insofar as it is relevant, states that through memorandum DGM-CRHA-075-2011 of June 22, 2011, the Directorate of Geology and Mines issues technical recommendations and concludes that it recommends that the National Mining Registry (Registro Nacional Minero) continue with the procedures for granting the concession, considering the characteristics and granting recommendations that address the analysis of the Exploitation Program of the EIA (EsIA) and the field observations. As such, it cites that the project is located between coordinates 260000-261700/ N-539190-539750 of the Río Sucio Cartographic Sheet, scale 1:50000 from the IGNCR. The properties proposed for the operations are located within [[Dirección1]], of the province of Heredia, [Dirección2] [] in the locality of [[Nombre1]]. It indicates that mining operations must not be carried out outside the concession area. The concession area does not include the islet located between sections 7 and 14 of the exploitation program, so machinery may not enter said terrain under normal conditions. It mentions that the 15-meter river zone must be respected regarding the formation of material accumulation mounds and any other works, in addition to the roads along the riverbed. In the sixth fact of the complaint, it argues that the defendant decided to invade the islet with heavy machinery, entered it, invaded it, and caused a large part of it to disappear in an approximate area of two hectares. It adds that it did not respect the protection zones, caused areas of springs (nacientes) to disappear, and diverted the natural bed of the river, dredging, extracting material, and carrying out activities inherent to riverbed extraction that cause erosion of its property and that of its neighbors, since as areas of the properties disappear, sandbars have formed in the river to facilitate the use of the materials, and the trees that mitigated the river protection zones were felled and washed away by the defendant's action. It argues (hecho 7) that the remainder of its property is currently in danger of being invaded and disappearing, along with the existing springs and the reforested trees. In the eighth fact, it describes the damages (daños y perjuicios) it indicates it has suffered. It details as damage the loss of approximately two hectares of its property valued at one hundred million and the loss of the reforested melina trees for an amount of three million five hundred thousand colones, and the consequential damages correspond to the interest on that sum, as well as the cost that an expert assessment may determine for the recovery of new protection zones with reforestation and filling work, prudentially estimated at the sum of twenty million colones. In the section of the complaint it calls Claim, as a preamble, given the sui generis facts where a concessionaire enters with legally granted permits to extract materials, violating the prohibition against entering its client's islet, it enters by force, eliminates trees and part of it; all with the aim of facilitating extraction in areas where water springs (manantiales de agua) that constitute protection zones emerged and that cause two hectares of land to disappear. A zone where they are working and which became part of the Puerto Viejo River bed and where they have materials stored. And given that the action of a third party commissioned by the State for extraction by means of a concession goes beyond what is legally permitted, causing damages, and that since it is not possible to recover the thing, Article 325 of the Civil Code must be applied, it requests that the judgment declare: 1) The defendant company unjustifiably invaded and caused the disappearance of an area that was part of the Heredia property folio number [[Placa1]], causing damages. 2) By virtue of the characteristics of the damage, since it is not possible to recover the invaded area as it disappeared, despite not being part of the concession area and now being part of the river, the damages indicated in the complaint or defined by experts must be paid. 3) Indaco Horquetas S.A. be obliged to adopt all technically justifiable mitigation measures to avoid the continuous washout of the property's area and to not intrude again upon the boundaries of the plaintiff's property. As an interim measure (medida cautelar), it requests, urgently, that a judicial inspection (reconocimiento judicial) be carried out to verify the facts of the complaint. Furthermore, it requests that the suspension of the concession granted in favor of Indaco Horquetas S.A. by resolution number R-80-2012-MINAET be ordered, through an order to the Directorate of Geology and Mines, until mitigation measures are put in place that protect its property from erosion. It justifies the measure based on the described facts of the invasion of its land that it indicates occurred and caused the loss of two hectares of land and the existence of springs that are in danger of disappearing. As evidence, it provides photographs, the administrative resolution that granted the concession which, in the fifth considering clause, imposes mitigation measures that protect the plaintiff's property, the protection zones, as well as a plane and the registry certification of the property. It requests that, should the defendant continue to use the materials, all mitigation measures be adopted to prevent the washout of the rest of the property and that the setbacks of the protection zones for the water springs and the cultivated trees on that property be respected.\n\nV.- The described complaint was filed on September 1, 2014, and the writ of summons (auto traslado) was issued by resolution at 08:13 hours on September 5 of the same year, setting a date for the judicial inspection of the interim measure on the following September 16. The record (folio 34) contains the minutes of the judicial inspection report, which indicates that a video camera will be used, attaching to the case file the respective compact disc containing it. In said record, the judge describes the situation he observed. The video shows a sector covered with rocks and a riverbed that crosses a part of it; the plaintiff indicates, and the judge states, that this did not exist before and that that area formed an integral part of the total area of its property. The judge records that he observes a small islet or island bordered by the riverbed, an area which the plaintiff mentions formed part of its property and which at the time of the visit was found separated. An area that has some zotacaballo trees planted and banana plants and is observed with diverse vegetation. The plaintiff shows where the riverbed used to run and that there is now an arm of the river that is observed and that did not exist before. That arm of the river is located next to the earthen wall of the plaintiff's property, which is noted to be eroded in some sections and with a pronounced height relative to the riverbed that is visible. In another matter, the judge describes how, fifteen meters from the wall that is being undercut in the arm of the river and within the plaintiff's land, he found a spring bordered by diverse vegetation with a significant water flow, which is shown. Likewise, the video shows a melina tree on the ground and at the edge of the riverbed, as well as several meters along the bed with exposed soil and roots along the riverbank. In that recording, it is detailed that the original bed of the river exists where it flows, but an arm is shown that enters into what are currently sand and stone sandbars and that now border the property of the plaintiff company. It claims that before, those sandbars did not exist in that current location, nor did that arm of the river that enters into what was previously its client's land. On October 8, 2014, the measure being appealed was resolved (folio 39).\n\nVI.- Having analyzed the proceedings, as well as the grievances, this Court does not consider that an interlocutory judgment (auto sentencia) vitiated by nullity was issued, nor that the legal norms alleged by the appellant were violated. First, the ground for nullity regarding the lack of proven facts in the appealed resolution is not admissible, because what was issued is an interlocutory judgment, which although good procedural technique recommends adding a list of proven facts, is not mandatory if its reading allows identification of the facts and evidence that gave foundation to the judicial decision, and this omission can be fulfilled in this instance if deemed necessary. In interim measure resolution number 102-14 of 15 hours and 53 minutes on October 8, 2014, the factual basis that the A quo confirmed is evident, with mention of the evidentiary elements, to proceed to partially grant the interim measures in the manner resolved. Observe, he confirmed the existence of a spring within the property of the plaintiff company, which he mentioned was located [[Dirección3]] from the property's boundary with the riverbank that was in a process of erosion and with exposed roots. A fact he verified with the judicial inspection carried out and preserved on the compact disc that is part of this case file. Based on that fact, the decision was made to partially grant the measure and order the paralysis of any work by the defendant in that sector that affects the wall of the property, due to the potential impact the spring may suffer. The ground regarding the lower court judge granting the measure without any evidentiary or legal foundation is also not admissible. From the reading of the interlocutory judgment described in this resolution, the legal analysis of each of the prerequisites of the atypical interim measure requested is observed, and the reasons, mentioning the evidence he had at hand in this primary procedural phase, to deem that it should be resolved as it was. Conclusions that this judicial instance shares regarding the due protection that must be given to the spring found near the riverbank and within the plaintiff's property. Regarding the omission to consider evidence provided at the time the appealed measure was issued, which the appellant claims causes defenselessness, it is rejected. Regarding the omission pointed out in the judicial inspection of referring to the presence of machinery working, it is rejected. From listening to and viewing the video of the judicial inspection conducted on September 16, 2014, no machinery was observed working, nor was its presence indicated by the judge. This omission does not invalidate what was observed by the a quo regarding the existence of the water spring with flow and the distance of 15 or 20 meters from the edge of the river and from the eroding wall that has exposed roots. Regarding the judge's omission to consider official communication DGM-CMRHA-121-2014 of October 21 of that same year, it is rejected. It is noted that the judicial inspection was conducted on September 16 and the interim measure interlocutory judgment was issued at 15:58 hours on October 8, 2014. A date on which the official communication that the appellant complains was not assessed had not yet been issued. However, and because it is important for assessing the pertinence of the adopted measure, from its reading, it is observed to be a report addressed to the Directorate of Geology and Mines by the Mining Coordinator of the Huetar Atlántica Region, dated October 21, 2014. The document begins by indicating that on August 12, a visit was requested to concession area 7-2010 in order to corroborate what was recorded in the geological logbook. As background, it cites that by resolution 753 of August 5, 2014, the result of complaint 25-2014 was communicated, with the inclusion of official communication DGM-CRHA-032-2104. It indicates that the complaint was declared without merit and that the concessionaire had to make an improvement to the existing rolling surface to facilitate the entry of machinery to the islet. From what was described in the field visit made on October 14 of that year, the Mining Coordinator mentions that the respective documents were drawn up, and the Regent Geologist and the representative of the concessionaire were present. He describes the existence of two arms of the river, aspects of the conditions of entry over the riverbed, and the flow areas that were visited. In the conclusions and recommendations, regarding the access route to the islet used by the complainant, it notes that it is through the public-domain riverbed with systems that maintain flows close to 90 M/second during precipitation, and the realignment of the system's alluvial bars is normal, and that the flow covers the entire hydraulic section. Furthermore, it indicates that it considers that \"the exploitation of materials has not caused the changes in the riverbed that impede entry to the islet nor to the property located on the left bank, and that the changes are due to natural conditions and normal erosive and depositional patterns of the meandering fluvial systems of the Puerto Viejo River\". He describes that, according to the regent, the passage to the islet had been enabled and there has been transport of products coming from the islet. Given what was recommended there, it would seem the complaint is about problems in the passage to the plaintiff's property through the riverbed, and the improvement of those passages is ordered, which has become difficult due to climatic and pluvial conditions. This Court considers that this document is of significant value for resolving the merits of the proceedings, where a change in the riverbed due to the defendant's activity in the exercise of the concession is alleged, but not for this interim measure. This is because it refers to a control inherent to the exercise of a concession for the exploitation of a public-domain riverbed by the competent entities, and in response to an existing complaint referring to the access passages to the so-called islet. An aspect different from the measure granted in the appealed resolution, which relates to the protection of a spring located within the plaintiff's property. Another aspect to assess is the arguments put forth by the appellant concerning the bad faith and recklessness of the complaint by not providing documents that have rejected complaints and that are technical-scientific documents proving that they are not responsible for what is accused by the plaintiff. In the opinion of this court, such assessments are issues to be resolved within the main proceeding in order to estimate or dismiss the complaint, and the judge issuing the main judgment must analyze them. It is not appropriate for this summary interim measure proceeding to assess such aspects. Although the report cited in this judgment is a technical document issued within the powers of the Mining Registry and the Directorate of Geology and Mines, it alludes to aspects different from the water spring that is intended to be protected, which is not even considered, having been issued in compliance with other factual and legal situations. The appellant claims that its right to defense, guaranteed constitutionally and by Article 8 of the American Convention on Human Rights, has been violated due to the limited assessment of evidence and the curtailment of its right to prove its statement. The foregoing is not admissible, because from the description of what was acted upon within the interim measure and the proceedings, as reflected in this case file, its right to appeal what was resolved, to provide useful, pertinent, and necessary evidence that refutes what was observed in the judicial inspection by the judge has been safeguarded, and it was resolved by safeguarding the balance between the interest of the party as a concessionaire that holds the right to exploit the public-domain riverbed, by having been authorized through legal channels, and the correlative duty to safeguard the right to a healthy and ecologically balanced environment, guaranteed by Article 50 of the Constitution and the entire national and international environmental regulatory framework governing the matter. It should be remembered that in environmental matters, the principles of prevention and precaution apply. The latter was fittingly invoked by the lower court judge in order to safeguard the water resource found on the plaintiff company's property, and he indicated that since the resolution is provisional, it could be modified if elements confirming it should arrive in the proceedings. The burden of proof in environmental matters is different and reversed from the traditional regime applied in civil liability matters. It is reversed, and the developer of an activity is the one obliged to prove, through technical-scientific and legal means, that its actions do not affect the environment. It is not the plaintiff who bears that evidentiary burden. Such concepts are inherent to Environmental Law and find normative support in the aforementioned constitutional norm, the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) No. 7554, the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), and the various international instruments governing the actions of the inhabitants of the Costa Rican State. In this regard and for further illustration, the First Chamber of Justice in resolution at 11:00 hours on October 12, 2009: \"One of the guiding principles of Environmental Law, which underlies Articles 46 and 50 of the Political Constitution, is the precautionary principle (precautorio) or prudent avoidance. In accordance with the doctrine, in this area there are not only certain risks, but there may also be scientific uncertainty regarding the scope of some damages. This postulate, then, requires that, when a reasonable doubt arises regarding the dangerousness of any activity with environmental repercussions or to human health, it should be avoided, or the pertinent measures should be taken so that this eventual damage, not yet scientifically proven, does not occur. Its two presuppositions are: lack of scientific certainty and the threat of damage. It is explicitly set forth in the 'United Nations Conference on Environment and Development' or 'Rio Declaration': 'Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.' For its part, the Biodiversity Law, number 7788 of April 30, 1998, provides: ... In this regard, the Constitutional Chamber, in voto 1250-99 of 11 hours 24 minutes on February 19, 1999, stated: '... Prevention aims to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or people's health. In this way, in the event of a risk of serious or irreversible damage—or a doubt about it—a precautionary measure must be adopted and even the activity in question must be postponed. The foregoing because in environmental matters, a posteriori coercion proves ineffective, because if the socially harmful biological consequences have already occurred, repression may have moral significance, but it will hardly compensate the damages caused to the environment.' (The underlining is not in the original. Also, consult, among others, the rulings of that jurisdictional body 9773-00 of 9 hours 44 minutes on November 3, 2000, and 1711-01 of 16 hours 32 minutes on February 27, 2001). Later, in voto 3480-03 of 14 hours 2 minutes on May 2, 2003, it further specified that concept: 'Well understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of risk-generating facts, but in the face of a lack of certainty that such facts will effectively produce harmful effects on the environment.' (The underlining is supplied). Similarly, in ruling [Telf1] of 14 hours 14 minutes on July 3, 2003, it stated: '...4.- Precautionary principle: … The term prevention derives from the Latin ‘preventivo’, which alludes to the action and effect of preventing, to those preparations and dispositions made in advance to avoid a risk or execute something. Prevention aims to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or people's health. In this way, in the event of a risk of serious or irreversible damage—or a doubt about it—a precautionary measure must be adopted and even the activity in question must be postponed. The foregoing because in environmental matters, a posteriori coercion proves ineffective, because if the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance, but it will hardly compensate the damages caused to the environment.' (In a similar sense, consult voto 2008-17618 of 11 hours 51 minutes on December 5, 2008, from said Chamber).\" The appellant party can prove to the case file, through the elements it deems necessary, that the spring located [[Dirección4]] from the riverbank and within the plaintiff's property, will not be damaged by the activity of extracting material from the riverbed for which it is authorized by concession. Evidence that it must provide before the A quo and through the procedural avenues for this purpose, in order to reverse what was resolved and demonstrate that the spring as an existing watercourse is not at risk of being damaged. Considering how close it is to the riverbed where extraction work is carried out. In another order, and having seen its grievance, the argument that its right to defense and the principle of immediacy (inmediatez) inherent to Agrarian Law were violated by the appealed measure having been notified three months later is also rejected. First, the delay in that notification does not cause it to incur liability, because until it is notified, it can exercise its right to appeal, as it did. On the other hand, the principle of immediacy in this specialized area consists basically in that the agrarian judge who issues the judgment must have received the evidence. At least, this guiding principle of the agrarian process was originally conceived in this way, which has had its reinterpretations after the issuance of the Agrarian Jurisdiction Law (Ley de Jurisdicción Agraria). In the sub judice case, this principle is fully complied with, because the same judge who conducts the judicial inspection is the one who issues the appealed measure. The argument that the a quo failed to assess that islands cannot be subject to private property is rejected, because that is an issue proper to the main proceeding.\n\nVII.- Regarding the grievance about the absence of the prerequisites for the approved interim measure. In the appealed interlocutory judgment, the A quo reasons in the third considering clause that it considers subsidiarity to be proven, given the evidence provided of photographs, a plane of the property over which it has exercised possession, and what was observed in the cited judicial inspection carried out on the property's riverbank; which demonstrated the existence of a spring that is at risk. It is mentioned in that resolution that a large number of exposed roots were visualized and in the riverbank sector the soil appears unstable, in addition to observing near the riverbank an important water spring, and if work continues on the nearby wall of the property, it will fall and cause irreparable damage to the spring. The interlocutory judgment points out that the interim measure must be partially granted because there is no other way to protect that body of water from harm. Regarding the appearance of good right, the judge considered it proven, given that the claim of the complaint requests the securing of a public good. The appeal judgment motivates that the judgment of plausibility is based on evidence obtained prima facie and must be at least apparent, because full certainty will be determined in the judgment. The judgment points out that the main proceeding seeks payment for damages caused to the property by the plaintiff's actions, and the interim claim lies in the suspension of the concession granted to the plaintiff and that should the material continue to be exploited, mitigation measures be adopted to prevent the washout of the property. The appealed resolution reasons, without what is decided being a premature opinion, because evidence still needs to be gathered and by virtue of the \"principle by nature\" (principio por natura), the appearance of good right is satisfied. Regarding the danger of delay, the A quo considered that the urgency in issuing measures justifies them based on Article 242 of the Civil Procedure Code. Because it is not possible to advance the issuing of the judgment on the merits, and a marginal damage caused by the delay may occur. It was resolved in the judgment that the plaintiff party is right when it requests that the defendant company be prevented from carrying out work on the margins of the property because the spring found on that property may be affected, as this protection cannot be postponed. It decreed the partial granting of the interim measure and ordered Sociedad Indaco Horquetas S.A.\n\nsuspend the work being carried out on the margins of the plaintiff's property in order to protect the natural resource and reject the suspension of the concession. A warning was given that this is a provisional and preventive decision, without prejudice to being modified with further evidentiary elements. MINAET was requested to conduct an on-site survey, in order to indicate to the Court whether it was feasible to adopt any containment measure to protect the spring (naciente) and the wall located on the bank of the Río Sucio; specifically on the boundary of the plaintiff's farm. After its issuance, the Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, in response to an official communication from the court, reported (folio 50) that what was requested is not within the purview of that office, as it involves actions to be executed in the riverbed, as well as the use of material from it, which is the purview of the Dirección de Aguas of MINAET and the Dirección de Geología y Minas. By order issued at 10:38 on October 27, 2014 (folio 52), it was ordered that a writ be directed to those competent offices to indicate whether it is feasible to undertake containment measures to protect the spring, without the response from those entities being recorded in this file. Therefore, his grievance must be rejected. Likewise, his claim set forth in the appeal brief for the plaintiff to be ordered to pay costs and damages must be rejected. Such claims are proper to the principal ruling of the ordinary proceeding and cannot be petitioned within a precautionary proceeding, such as the one at hand. He must seek the pertinent procedural avenue for his request.\n\n         VIII.- It is important to note that the concession granted to the defendant company is legally constituted and that activity has not been suspended, as that precautionary measure was not granted. That activity has been granted a concession by the State and its control is exercised by the Departamento de Geología y Minas, through the legal means established by the Código de Minería and its regulations. The concession title authorizes it to extract material from the river in question, within the conditions that this agency established and which are based on technical criteria specific to the geological and related disciplines. Compliance with the technical recommendations of the project's supervising professional (persona regente del proyecto) and the mining authorities, issued in light of the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) instrument governing the management of the extractive activity in the riverbed, constitutes the manner in which the State ensures that the extraction is carried out harmoniously with the environment, the surrounding resources and elements, and the body of water. A lawful activity of great importance for the country's economic development. As this activity must be controlled by virtue of its inherent environmental impact and is managed technically, by virtue of the principle of due administrative coordination that prevails in environmental management, it is advisable to issue a writ to the Dirección de Geología y Minas and the Departamento de Aguas to inform them of what has been decided in this proceeding in both instances, so that they may incorporate into the control instruments for the riverbed material extraction activity the element of the existence of that spring on the plaintiff's land, as they may be unaware of it. This communication will allow it to be a factor evaluated in the technical recommendations that those agencies deem appropriate to issue within their substantive environmental purviews, in order to protect that body of water observed by the trial judge.\n\n         IX.- For the reasons stated, and based on Articles 1 and 2 of the Ley de Jurisdicción Agraria, and 242 of the Código Procesal Civil, the evidence offered in the appeal brief against the precautionary measure must be rejected and the appealed order-sentence (auto sentencia) confirmed.\"\n\n \n\n... See more\nLegislation and Doctrine Citations\nText of the ruling\n\n*140002200507AG*\n\n \n\nEXPEDIENT:\n\n \n\nEXPN1\n\n\n\n\nPROCESS:\n\n \n\nMEDIDAS CAUTELARES EN ORDINARIO\n\n\n\n\nPLAINTIFF:\n\n \n\nAGROMECÁNICA F Y P S.A.\n\n\n\n\nDEFENDANT:\n\n \n\nSOCIEDAD INDACO ORQUETAS S.A\n\n       \n\n   \n\nVOTO N°  000693-F-2015\n\n \n\nTRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- At thirteen hours and sixteen minutes on July thirteenth, two thousand fifteen.-\n\n          ORDINARY PROCEEDING filed by SOCIEDAD AGROMECANICA F Y P SOCIEDAD ANÓNIMA, legal ID number CED1 -   -      , represented by its president with powers of absolute general agent without sum limit [Name1] , identity card CED2 -     -    ; against SOCIEDAD INDACO HORQUETAS SOCIEDAD ANÓNIMA, legal ID number CED3 -   -         , represented by its president with powers of absolute general agent without sum limit [Name2]  , of legal age, separated, engineer, identity card  CED4 -     -     . Acting as special judicial attorney for the plaintiff is lawyer Roberto Soto Vega, identity card CED5 -    ,    ; and for the defendant, attorney Ana Lucrecia Quirós Montoya, identity card CED6 -   -  , bar number five thousand two hundred forty-three; and Wilbert Montenegro Reyes, identity card CED7 -     -  , bar number six thousand six hundred seventy-two. Processed before the Juzgado Agrario of the Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles.-\n\n          Drafted by Judge Castro García; and,\n\nCONSIDERING:\n\n          I.-  Evidence for a better resolution. The appellant offers as evidence for this appeal, the testimony of four witnesses to state whether the defendant has exploited the concession in compliance with legal provisions and has not invaded the plaintiff's farm, and the testimony of the Coordinador Minero official of the Región Huetar Atlántica who has supervised the extraction work. She also requests oral examination of a party (prueba confesional), documentary evidence, a request for the remittance of a certified copy of the mining file in the name of the appellant, and expert evidence, as well as an oral hearing. All of which is rejected based on Article 52 of the Ley de Jurisdicción Agraria, given that what is contained in the file sent to this court by the Juzgado is sufficient to resolve the appeal filed against the precautionary measure; furthermore, what was requested fails to disprove that there is a spring located within the plaintiff's farm, [Address1] from the bank of the river subject to extractive activities by virtue of the concession to the defendant.\n\n      II.- The defendant [Name3] files an appeal (folio 97) against the order-sentence 102-14 issued at 15 hours and 53 minutes on October 8, 2014, by the Juzgado Agrario of the II Circuito Judicial de la Zona Atlántica, in which he proceeds to invoke grounds for nullity against what was decided in the precautionary measure issued within the ordinary proceeding brought against it by the company AGROMECÁNICA Y P. As grounds for nullity, he states: 1) Based on Articles 41 and 50 of the Constitution, in relation to rules 22 and 27 of the Código Procesal Civil, he invokes the application of the principle of PROPORTIONALITY between the injury to the diffuse and collective interests that the plaintiff represents, and the private interest derived from the reproached act. As well as the instrumental and provisional nature of the requested measure. He indicates that this review of the measure would not affect the substantive management of the public administration that issued the act, nor the legal or patrimonial situation of the developer or third parties. He mentions that the foregoing is stated, given that to date, the complaint does not establish a period of time in which the alleged events occurred, and the Pit (Tajo) in the 2012 and 2013 periods had little or very scarce extraction of material. He points out that for several months there was no extraction at all, which can be verified through the Logbooks (Bitácoras) of those periods, which were attached to the response to the complaint. He appeals that it is false that diversions of the river's natural channel are being carried out. The plaintiff, he states, presents no scientific, technical, or expert evidence for that accusation. He cites that it is a simple unfounded supposition, leading to a reckless and bad-faith lawsuit. He alludes to the fact that the islet in question still exists, but being situated in the middle of the river channel's branch, it is directly affected naturally by the constant flooding of a river of great flow and width. This has harmful effects on it, without it being caused by the defendant, as the plaintiff deceitfully tries to imply. He notes in this regard that in the second point of this complaint, the plaintiff contradicts herself by stating: “…the property is a kind of island surrounded on all four sides by the Río Puerto Viejo, and we have never had problems with washout of the property as there is a zone of”. That is, he points out, there is nothing at present attributable to my client due to its work in the respective Pit. 2) He reproaches that the trial judge resolved the precautionary measure without any probative or legal substantiation, thus deeming it null. He affirms that no parameter is given to analyze the legality of what was decided within the framework of the grievances set forth by the appellant. He grieves that the precautionary measure is resolved within a simple order, without adequate \"factual-legal-probative substantiation,\" nor analysis of the prerequisites that could justify the imposition of the precautionary measure. He considers that this causes defenselessness for the parties. He notes, from the judicial observation record, nothing is indicated in this regard about machinery working near the island. The trial judge, in the resolution, did not consider official communication DGM-CMRHA-121-2014, of October 21, 2014, addressed to M.Sc. [Name4], Subdirectora a.i, Dirección de Geología Minas, from Lic. Esteban Bonilla Elizondo/ Geólogo Coordinador Minero Región Huetar Atlántica. He cites that this document textually stated: “This mining coordination office considers that the exploitation of materials has not caused the changes in the channel that prevent entry to the islet or to the property located on the left bank and that these changes are due to natural conditions and normal erosive and depositional patterns of meandering fluvial systems like the Río Puerto Viejo”. He mentions that this resolution is in bad faith, concealed by the plaintiff from the Judicial Court, despite having full knowledge of its existence. This demonstrates his conduct, and by acting in this manner, he lacks the appearance of good right (apariencia de buen derecho), since from the invoked scientific technical report provided to the record, what is mentioned by the plaintiff is not attributable to our client but to the events of nature itself. He considers that with what was decided, his right to defense has been violated in terms of the assessment of the evidence provided in the record, by curtailing their right to attempt to prove their allegations in the response to the complaint and a burdensome precautionary measure is applied to them. He considers that the resolution violates the judicial guarantee contained in Article 8 of the Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). In addition to departing from the principle of immediacy governing the agrarian process, since a resolution was issued with a date of fifteen hours and fifty-three minutes on October eighth, two thousand fourteen, and they were notified of it three months after it was issued. A fact that constitutes a serious violation of due process and the right to defense. He affirms that since the judicial visit or survey, work continued for three more months in the pit legally and in compliance with the concession, and during that time the plaintiff did not allege anything whatsoever regarding further washout of the property by the defendant. This situation, he considers, demonstrates the groundlessness of the complaint and therefore the inapplicability of the imposed precautionary measures. 3) He mentions that the order-sentence lacks proven facts, and the trial judge in his analysis focuses solely on aspects of law. Leaving aside the reality of the alleged conflict, which he describes as non-existent, and demonstrating that the complaint is reckless and in bad faith. Which left them in gross defenselessness regarding a true right of access to justice, as he did not assess the evidentiary inventory provided by our client and her allegations regarding the plaintiff's lack of real and true elements to justify the imposed precautionary measure. To the point, he affirms, of concealing from the judicial seat that MINAET, through scientific studies, rejected the plaintiff's petition upon verifying that the landslide on the property was caused by nature and not by the appellant's actions. Another fundamental aspect that the trial judge did not assess, he mentions, is that islands are not and cannot be subject to private property protection, but belong to the State. In this regard, he affirms, it is strange that the plaintiff is the owner of a property that is presumed to be public domain, belonging to the Costa Rican State and which cannot be subject to private titling. He states, he requests that the issued resolution be annulled for lacking proper substantiation, lacking proven facts, non-assessment of the evidence provided by the appellant, and for causing gross defenselessness to his client. As substantive grievances, he incorporates the following: 1) Precautionary measures require that the prerequisites be accredited, in addition to the weighing of all interests at stake. He points out, regarding the danger in delay (peligro en la demora), it is understood as the founded possibility that, by virtue of the delay in the judicial process, a serious and irreparable injury may occur to the legal situation of the applicant; and in this case, to be suffered by THE COMMUNITY, seeing the right to a healthy and balanced environment transgressed, which is understood par excellence as the Human Right to Life in its fullness. He accuses that in the sub judice, in mining file 7-2010, there exists official communication DGM-CMRHA-121-2014, dated October 21, 2014, addressed to M.Sc. Enid Gamboa Robles, Subdirectora a.i, Dirección de Geología Minas, from Lic. Esteban Bonilla Elizondo/ Geólogo Coordinador Minero Región Huetar Atlántica, whereby the following is textually prescribed: “This mining coordination office considers that the exploitation of materials has not caused the changes in the channel that prevent entry to the islet or to the property located on the left bank and that these changes are due to natural conditions and normal erosive and depositional patterns of meandering fluvial systems like the Río Puerto Viejo”. In that vein, he states, there is a response to the Review of response to Resolution N 753 and official communication DGM-RNM-599-2014, referring to Complaint 25-2014 in the area of File 7-2010, where it is reported that by Resolution 753 of August 5, 2014, the result of the attention to complaint 25-2014 is communicated, including what was indicated in official communication DMG-CRHA-032-2014. He considers that with this documentation, it is demonstrated that the factual scenario of the danger in delay is not accredited. Regarding the prerequisite of the appearance of good right, he considers that such a prerequisite is lacking. He explains, given the protectability of the Right to a healthy and ecologically balanced environment, the actions of the DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS, which do not contravene legality, are on record. To accredit this prerequisite, a superficial and initial appearance of seriousness is sufficient to consider it satisfied, which is not configured in this case, since the complaints have been declared without merit. 2) Additionally, he reproaches regarding the issue of the balance of interests at stake, that in measures of this nature, the effects they may produce on the private interest of the concessionaire and on the protection of the legal right protected in this case must be weighed. He affirms, due to the particularity of the rights and interests sought to be protected by the requested precautionary measure (i.e., the environment), the petitioning party has evidentiary and factual insufficiency on the following aspects: a) regarding the issue of the water spring, she did not clarify its location, how it was affected by the operation of the Pit, nor does she provide expert evidence to determine the veracity of the cited information. Nor does she temporally locate the complaint, and she limits herself to stating that the concession activity is responsible, without any legal or technical support. b) She does not indicate where the affectation occurs within the property, providing a confusing location. In addition to initially mentioning a spring, and then referring to several, without locating them on the property's map. This confirms the recklessness of this action. c) She does not provide the measurement of the affectation referenced to the registered map of the property. There is no evidence whatsoever to corroborate such a statement. d) She does not clearly indicate when the actions she classifies as invasion were executed. e) She does not differentiate the sandbanks (playones) supposedly caused by the illegal actions of the concessionaire from the natural sandbanks of the river. f) She does not provide the assessments of the respective experts for the alleged affectations to the farm and its forest plantations. g) She does not indicate the names of the neighbors or the affected registered farms or maps, or if they are witnesses or part of the complaint. h) The diversion of the river is indicated, but the same is not spatially located, without it being clear if it refers to the branch, in which case it is an integral part of the active river channel, and therefore, such a diversion does not exist, but is natural.- i) She does not provide the study of the river's current dynamics (fluvial geomorphology thereof) that indicates or clarifies if such erosion problems are normal or are anthropic affectations. By way of summary, he states that the legal condition of the plaintiff DOES NOT fall within the prerequisites required to issue the requested precautionary measure. For this reason, he requests that the suspension of what was ordered in the precautionary measure under appeal be ordered. Regarding the prerequisite of residuality (residualidad), he grieves that it must be verified that the right sought to be judicially protected is seriously threatened, with no possibility of being protected through a typical precautionary measure, hence the urgency of taking the measure. To that end, he considers, a judicial survey must be conducted, or be accompanied by an expert in order to assess the true danger or imminent risk. Which he deems fundamental because whoever requests the measure could use the proceeding to delay the procedure or without any practical meaning. In this specific case, there is no record of an inspection visit or an assessment act by your authority, giving value only to the plaintiff's statement. He requests that the precautionary measures requested by the plaintiff be rejected, deeming them reckless and unfounded, because from the technical reports attached as evidence, it is clear that there is not, nor has there been, soil erosion caused by the defendant, but rather by natural aspects, nor diversion of the river channel by my client. Which is evidenced from the technical and scientific reports provided in this response. He invokes the bad faith of the plaintiff, who without greater elements of conviction, presents an exceedingly fallacious and reckless action, to the clear detriment of my client, in order to obtain illegitimate and unjust profit. He offers as testimonial evidence the following persons: [Name5].-    , ID CED8, geologist, divorced, resident of Las Juntas de Abangares, Guanacaste, [Address2]  , Colegio Geólogos de Costa Rica ID 218, Consultor Ambiental number 161-98. 2.- [Name6]   , of legal age, married twice, Agronomist Engineer, PhD in Soils, [Address3]     ,   -, Los Ángeles, San Rafael de Heredia, N. SETENA Consultant Cl-84-2009. 3.- [Name7]    identity card number CED9, single, business administrator, resident of Cristo Rey de Puerto Viejo de Sarapiquí. Who would testify that the concession has operated in compliance with the provisions of said entity and has never invaded the defendant's property. He also offers Lic. Esteban Bonilla Elizondo/ Geólogo Coordinador Minero Región Huetar Atlántica for the purpose of testifying as an official of the Dirección de Geología y Minas and who has exercised and supervised the extraction work in the mining concession. As documentary evidence, he requests that a certified copy of file 7-2010 be requested via writ from the Dirección de Geología y Minas. A photographic sequence of the project in question and official communication DGM-CMRHA-121-2014 dated October 21, 2014, addressed to M.Sc. Enid Gamboa Robles, Subdirectora a.i Dirección de Geología Minas, From: Lic. Esteban Bonilla Elizondo/Geólogo Coordinador Minero Región Huetar Atlántica, Subject: Review of response to resolution N 753 and official communication DGM-RNM-599-2014, Related to Complaint 25-2014 in the area of File 7-2010, were provided. He requests that the president of the plaintiff Company be called for oral examination (confesional), to answer questions that I will formulate on the day convened for that purpose. As expert evidence, he requests that Lic. Esteban Bonilla Elizondo/ Geólogo Coordinador Minero Región Huetar Atlántica be called to testify as an official of the Dirección de Geología y Minas and who has exercised and supervised the extraction work in the mining concession and has declared the filed complaints without merit. They request that the APPELLATE TRIBUNAL GRANT AN ORAL HEARING IN DEFENSE OF OUR ARGUMENTS. He requests that the appeal be granted, that the plaintiff be ordered to pay damages, and both personal and procedural costs.\n\n          III.- This Tribunal has repeatedly pointed out the three basic prerequisites for procedability in precautionary measures: residuality, appearance of good right, and danger in delay. All these requirements are weighed within a summary process, where the elements existing in the record are assessed. Precautionary measures should not, nor do they intend to, resolve the merits of the matter in an anticipated manner. Their objective, in accordance with ordinal 242 of the Código Procesal Civil, of supplementary application to this matter, is that they are appropriate: \"... when there is a founded fear that one party, before the judgment, may cause a serious and difficult-to-repair injury to the right of the other party. To avoid the damage, the judge may authorize or prohibit the performance of certain acts, order the deposit of assets, or impose the provision of a bond\". And regarding the pertinence of issuing them in protection of natural resources and agrarian production, it has been ruled: \" Doctrine has developed, within the principle of the broad powers of the Judge, the 'Cautelary Power of the Agrarian Judge' (Poder Cautelar del Juez Agrario), the purpose of which lies precisely in protecting those situations to satisfy an interest, not of the party, but an interest of the community. Thus, measures have been created aimed both at the protection of production and the conservation of natural resources. Evidently, the cautelary power of the Agrarian Judge is important to take measures aimed at protecting production, whether by prohibiting or authorizing certain types of acts  (decision 173-F-08)\n\n          IV.- To analyze the factual basis upon which the appealed precautionary measure has been issued, it is necessary to analyze the complaint, response, and evidence provided to the file sent by the trial court. The foregoing in order to verify the instrumentality of the ordered measure and determine whether the appellant is correct in his reproaches. The complaint filed by Agromecánica F y P S.A, against the company Indaco Horquetas S.A., appears on folio 22. In the complaint, the plaintiff describes that she is the owner of farm registration [Placa1] of Heredia, with an area of 19 hectares 8571.31 square meters and described in map H-0463158-1982. A farm reforested with melina under the payment for environmental services (pago por servicios ambientales, PSA) system, and near the river it was planted with the zota caballo species and melina in the harvesting phase. (fact 1). She cites that the farm is a kind of island surrounded by the Río Puerto Viejo, without them ever having problems of washout of the farm. She states, (fact 3) that by resolution R-80-2012-MINAET, the defendant was granted a concession for the exploitation of materials in the channel of the Río Puerto Viejo for a term of ten years, signed by the Executive Branch (President and Minister of the Branch). She cites, (fact 4) that said resolution indicates in its operative part that the concessionaire must comply, during the execution of the exploitation work, with the technical recommendations and conditions established in official communication DGM-CRHA-075-2011 of June 22, 2011, which are detailed in resultando V and form an integral part of the concession, as well as any other recommendation issued by the Dirección de Geología y Minas and the Secretaría Técnica Ambiental. In the fifth fact, she literally transcribes part of resolution R-80-2012 MINAET that granted the concession, which, as relevant, indicates that through memorandum DGM-CRHA-075-2011 of June 22, 2011, the Dirección de Geología y Minas issued technical recommendations and concludes that the Registro Nacional Minero is recommended to continue with the procedures for granting the concession, considering the characteristics and granting recommendations that address the analysis of the Exploitation Program of the EIA (EsIA) and the field observations. As such, she cites that the project is located between coordinates [Address4]/  of the Hoja Cartográfica Río Sucio, scale 1:50000 of the IGNCR. The lands proposed for operations are located within the [Address5]  ,    in the province of Heredia, 5 kilometers [Address6] from the Río Frío crossing, in the locality of [Name8]  . She indicates that mining operations should not be conducted outside the concession area. The concession area does not include the islet located between sections 7 and 14 of the exploitation program, so machinery may not enter said terrain under normal conditions. She mentions that the 15-meter river zone must be respected regarding the formation of material accumulation mounds and any other work, in addition to the roads along the channel. In the sixth fact of the complaint, it is stated that the defendant decided to invade the islet with heavy machinery, intruded, invaded, and made a large part of it disappear in an area of approximately two hectares. She adds that it did not respect the protection zones, made spring areas disappear, and diverted the river's natural channel, dredging, extracting material, and carrying out activities typical of channel extraction that cause landslides on her farm and that of her neighbors, since as farm areas disappeared, sandbanks have formed in the river to facilitate the use of materials and the trees that mitigated the river protection zones were felled and washed away by the defendant's action. She argues (fact 7) that currently, the rest of her farm is in danger of being invaded and made to disappear, along with the existing springs and reforested trees. In the eighth fact, she describes the damages and losses she indicates she has suffered. She details as damage the loss of approximately two hectares of her farm valued at one hundred million and the loss of the reforested melina trees for an amount of three million five hundred thousand colones, and the losses correspond to interest on that sum, as well as the cost that may be determined by experts to recover the new protection zones with reforestation and filling work, prudentially estimated in the sum of twenty million colones. In the section of the complaint she calls Claim, as a preamble, given the sui generis facts where a concessionaire enters with legally granted permits to extract materials, breaching the prohibition against entering the islet of her client, the latter enters by force, eliminates trees and part of it; all with the objective of facilitating extraction in areas where water springs emerged, which constitute protection zones and which make two hectares of land disappear. A zone in which they are working and which became part of the Río Puerto Viejo channel and where they have stored materials. And given that the action of a third party entrusted by the State for extraction through a concession goes beyond what is legally permitted, causing damages and losses, and since it is not possible to recover the thing, numeral 325 of the Código Civil must be applied, she requests that the judgment declare: 1) The defendant company unjustifiably invaded and made an area that was part of the Heredia farm, registration [Placa1], disappear, causing damages and losses. 2) By virtue of the characteristics of the damage, as its recovery of the invaded area is not possible since it disappeared, despite not being part of the concession area and now being part of the river, the damages and losses indicated in the complaint or defined by experts must be paid. 3) Indaco Horquetas S.A be obliged to adopt all technically justifiable mitigation measures to prevent the continuous washout of the farm area and not to encroach again upon the boundaries of the plaintiff's farm. As a precautionary measure, she urgently requests that a judicial survey be conducted to verify the facts of the complaint. Furthermore, that the suspension of the concession granted in favor of Indaco Horquetas S.A. by resolution number R-80-2012-MINAET be ordered through a writ to the Dirección de Geología y Minas until mitigation measures that protect against the landslide of her farm are arranged. She justifies the measure based on the described facts of the invasion of her land that she indicates occurred and caused the loss of two hectares of land and the existence of springs that are in danger of disappearing.\n\nAs evidence, it provides photographs, the administrative resolution that granted the concession which, in the fifth considerando, imposes mitigation measures that protect the plaintiff's farm, the protection zones, as well as a map and registry certification of the farm. It requests, should the defendant continue with the extraction of materials, that all mitigation measures be adopted to prevent the washing away of the rest of the farm and that the setbacks from the protection zones of the water springs and the trees cultivated on that property be respected.\n\nV.- The described lawsuit was filed on September 1, 2014, and the order transferring it was issued by resolution at 08:13 hours on September 5 of the same year, setting a date for the judicial inspection of the precautionary measure for the following September 16. The record (folio 34) contains a minute of the judicial inspection report indicating that a video camera will be used, and the respective compact disc containing it is attached to the case file. In it, the judge describes the situation he observed. The video shows a sector covered with rocks and a riverbed crossing a part of it, which the judge states the plaintiff points out did not exist before and that this area formed an integral part of the size of her farm. The judge notes that he visualizes a small islet or island bordered by the riverbed, an area the plaintiff mentions formed part of her property and which at the time of the visit was found separated. An area that has some planted zotacaballo trees and banana stumps and is seen with diverse vegetation. The plaintiff shows where the riverbed used to flow and that it now has an arm that is visible and did not exist before. That arm of the river is located next to the earthen embankment of the plaintiff's farm, which shows signs of slumping in some sections and with a pronounced height compared to the riverbed seen. In another account, the judge describes how, fifteen meters from the embankment that is being undercut in the river arm and within the plaintiff's land, he found a spring bordered by diverse vegetation with a significant water flow, which is shown. Likewise, the video shows a melina tree on the ground at the riverbank, as well as several meters along the riverbed with exposed soil and roots along the bank. That recording details the existence of the original riverbed where the water flows, but shows an arm that penetrates into what are currently sand and stone bars that now border the plaintiff corporation's farm. She alleges that these bars did not previously exist in their current location, nor did that arm of the river penetrating into what was previously her client's land. On October 8, 2014, the measure being appealed is decided (folio 39).\n\nVI.- Having analyzed the process, as well as the grievances, this Tribunal does not consider that a final interlocutory order vitiated by nullity was issued, nor that the legal norms the appellant claims were violated. First, the reason for nullity regarding the lack of proven facts in the appealed resolution is not admissible, because what was issued is a final interlocutory order, and while good procedural technique recommends adding a list of proven facts, it is not mandatory if from its reading the facts and evidence that provided the basis for the judicial decision can be identified, and this omission can be fulfilled in this Instance if deemed necessary. Precautionary resolution number 102-14 of 15:53 hours on October 8, 2014, contains the factual basis that the A quo verified, with mention of the evidentiary elements, to proceed to partially grant the precautionary measures in the manner decided. Note that it verified the existence of a spring within the plaintiff corporation's farm, which it mentioned was located [Dirección1] from the boundary of the farm with the riverbank that was undergoing slumping and with exposed roots. A fact verified with the judicial inspection carried out and safeguarded on the compact disc that is part of this case file. Based on that fact, the decision is made to partially grant the measure and order the suspension of any works by the defendant in that sector affecting the wall of the property, due to the impact the spring could suffer. The reason referring to the trial judge granting the measure without any evidentiary or legal basis is also not admissible. From the reading of the final interlocutory order described in this resolution, one observes the legal analysis of each of the requirements for the atypical precautionary measure requested and the reasons, mentioning the evidence at hand in this primary procedural phase, to deem that it should be decided as it was. Conclusions that this judicial instance shares regarding the due protection that must be given to the spring found near the riverbank and within the plaintiff's farm. Regarding the omission to consider evidence that it provided at the time the appealed measure was issued, which it claims causes it defenselessness, this is rejected. Concerning the omission noted in the judicial inspection to refer to the presence of machinery working, this is rejected. From listening to and viewing the video of the judicial inspection carried out on September 16, 2014, no machinery working was observed, nor was its presence indicated by the judge. That omission does not detract from what was observed by the a quo regarding the existence of the water spring with flow and the distance of 15 or 20 meters from the riverbank edge and the slumping bank that has exposed roots. Regarding the judge's omission to consider official letter DGM-CMRHA-121-2014 of October 21 of that same year, this is rejected. It is noted that the judicial inspection was conducted on September 16, and the precautionary final interlocutory order was issued at 15:58 hours on October 8, 2014. A date by which the official letter that the appellant complains was not assessed had not yet been issued. However, and because it is important for evaluating the appropriateness of the adopted measure, from its reading, it is observed to be a report addressed to the Dirección de Geología y Minas by the Mining Coordinator of the Huetar Atlántica Region dated October 21, 2014. The document begins by indicating that on August 12, a visit to concession area 7-2010 was requested in order to corroborate what was recorded in the geological logbook. As background, it cites that through resolution 753 of August 5, 2014, the result of complaint 25-2014 is communicated, including official letter DGM-CRHA-032-2104. It is pointed out that the complaint was declared without merit and that the concessionaire was required to improve the existing rolling surface to facilitate machinery access to the islet. From what was described in the field visit conducted on October 14 of that year, the Mining Coordinator mentions the respective documents were drawn up, the Regent Geologist and the representative of the concessionaire were present. He describes the existence of two river arms, aspects regarding access conditions over the riverbed, and the flow areas that were visited. In the conclusions and recommendations, it is stated regarding the access route to the islet used by the complainant, that it is through the public domain riverbed with systems that maintain flows close to 90 M/second based on rainfall, and the rearrangement of the alluvial bars of the system is normal, and that the flow covers the entire hydraulic section. Furthermore, it states, it estimates that \"the exploitation of materials has not caused the riverbed changes that prevent access to the islet or the property located on the left bank, and that the changes are due to natural conditions and normal erosional and depositional patterns of meandering fluvial systems with the Puesto Viejo river.\" It describes, according to the regent, that the passage to the islet was enabled and there has been hauling of products originating from the islet. Given what was recommended there, the complaint appears to be about problems with the passage to the plaintiff's property through the riverbed, and the improvement of those passages is ordered, which has become difficult due to climatic and rainfall conditions. This Tribunal considers that this document is of important value for deciding the merits of the case, where it is alleged there has been a change in the riverbed due to the defendant's activity in exercising the concession, but not so for this precautionary measure. For it refers to control inherent to the exercise of a public domain riverbed exploitation concession by the competent entities, and in response to an existing complaint referring to the access passages to the so-called islet. An aspect different from the measure granted in the appealed resolution, which relates to the protection of a spring located within the plaintiff's farm. Another aspect to evaluate are the arguments put forth by the appellant regarding the bad faith and recklessness of the lawsuit for not providing documents that have rejected complaints and which are technical-scientific documents demonstrating that the defendant is not responsible for what is alleged by the plaintiff. In the opinion of this court, such assessments are matters to be resolved within the main proceeding in order to uphold or dismiss the lawsuit, which must be analyzed by the judge issuing the main judgment. These extremely summary precautionary proceedings are not the appropriate forum for assessing such aspects. Although the report cited in this ruling is a technical document issued within the specific competencies of the Registro Minero and the Dirección de Geología y Minas, it refers to aspects distinct from the water spring intended to be protected, which it does not even consider, having been issued in compliance with other factual and legal situations. The appellant grieves that its right of defense, constitutionally guaranteed and by Article 8 of the American Convention on Human Rights, has been violated due to the limited assessment of the evidence and the curtailment of its right to prove its claims. The foregoing is not admissible, because from the description of the actions taken within the precautionary measure and the process, as recorded in this dossier, its right to appeal the decision has been safeguarded, to provide useful, pertinent, and necessary evidence to refute what was observed by the judge during the judicial inspection, and the decision was made safeguarding the balance between the interest of the party as a concessionaire holding the right to exploit the public domain riverbed, having been authorized through legal means, and the correlative duty to safeguard the right to a healthy and ecologically balanced environment, guaranteed by Constitutional Article 50 and the entire national and international environmental normative block governing the matter. It should be recalled that in environmental matters, the principles of prevention and precaution apply. The latter was invoked by the trial judge appropriately in order to safeguard the water resource found on the property of the plaintiff corporation, and he indicated that because the resolution is provisional, it could be modified if elements reached the process that so warranted. The burden of proof in environmental matters is different and inverse to the traditional regime applied in civil liability matters. It is inverted, and it is the developer of an activity who is obligated to prove, through technical-scientific and legal means, that its actions do not affect the environment. That evidentiary burden does not fall on the plaintiff. Such concepts are typical of Environmental Law and find normative support in the aforementioned constitutional norm, the Organic Environmental Law No. 7554, the Biodiversity Law, and the diverse international instruments governing the actions of persons living in the Costa Rican State. In this regard and for further illustration, the First Chamber of Justice in a resolution at 11:00 hours on October 12, 2009: \"one of the guiding principles of Environmental Law, which underlies numerals 46 and 50 of the Political Constitution, is the precautionary principle or principle of prudent avoidance. According to doctrine, in this matter, there are not only certain risks, but there can also be scientific uncertainty regarding the scope of some harms. This postulate, then, demands that, when a reasonable doubt arises regarding the danger of any activity with environmental repercussions or for human health, it be avoided, or the pertinent measures be taken so that this potential harm, not yet scientifically proven, does not come to be produced. Two are its presuppositions: lack of scientific certainty and the threat of harm. It is explicitly contained in the \"United Nations Conference on Environment and Development\", or \"Rio Declaration\": \"Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.\" For its part, the Biodiversity Law, number 7788 of April 30, 1998, provides: . ..... In this sense, the Constitutional Chamber, in vote 1250-99 at 11:24 hours on February 19, 1999, stated: “... Prevention aims to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or people's health. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage – or a doubt regarding it – a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. This is because in environmental matters, ex post facto coercion is ineffective, since once the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance, but will hardly compensate for the damages caused to the environment.” (The underline is not from the original. Also, see, among others, rulings from that jurisdictional body 9773-00 at 9:44 hours on November 3, 2000, and 1711-01 at 16:32 hours on February 27, 2001). Later, in vote 3480-03 at 14:02 hours on May 2, 2003, it further specified that concept: “Well understood, the precautionary principle refers to the adoption of measures not in the face of ignorance of risk-generating facts, but in the face of the lack of certainty that such facts will indeed produce harmful effects on the environment.” (The underline is supplied). Likewise, in ruling [Telf1] at 14:14 hours on July 3, 2003, it stated: “...4.- Precautionary principle : … The term prevention derives from the Latin ‘preventivo’, which alludes to the action and effect of preventing, to those preparations and dispositions made in advance to avoid a risk or execute a thing. Prevention aims to anticipate negative effects and ensure the protection, conservation, and adequate management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and assume all precautionary measures to avoid or contain the possible impact on the environment or people's health. Thus, in the event that there is a risk of serious or irreversible damage – or a doubt regarding it – a precautionary measure must be adopted and even the activity in question postponed. This is because in environmental matters, ex post facto coercion is ineffective, since once the biologically and socially harmful consequences have already occurred, repression may have moral significance, but will hardly compensate for the damages caused to the environment.” (In the same sense, see vote 2008-17618 at 11:51 hours on December 5, 2008, from said Chamber).\" The appellant may accredit to the record, through the elements it deems necessary, that the spring located [Dirección7] from the riverbank and within the plaintiff's farm will not be damaged by virtue of the riverbed material extraction activity it is authorized to perform by concession. Evidence that it must present before the A quo and through the procedural means for doing so, in order to reverse the decision and demonstrate that the spring as an existing watercourse is not at risk of being damaged. Considering how close it is to the riverbed where extraction work is performed. In another vein, and having seen its grievance, the argument that its right of defense and the principle of immediacy inherent to Agrarian Law were violated by the appealed measure being notified three months later is also rejected. First, the delay in that notification does not cause it to incur liability, because until it is notified, it can exercise its right to appeal, as occurred. On the other hand, the principle of immediacy in this specialized matter basically consists in that the agrarian judge who issues the judgment must have received the evidence. At least that is how this informing principle of the agrarian process was originally conceived, which has undergone its reinterpretations after the issuance of the Agrarian Jurisdiction Law. In the sub judice, this principle is fully met, because the same judge who conducts the judicial inspection is the one who issues the appealed measure. The argument that the a quo failed to assess that islands cannot be subject to private property is rejected, as this is a matter for the main proceeding.\n\nVII.- Regarding the grievance of the absence of the requirements for the approved precautionary measure. In the appealed final interlocutory order, the A quo reasons in the third considerando that it deems subsidiarity proven, given the evidence provided of photographs, a map of the farm over which it has exercised possession, and what was observed in the cited judicial inspection carried out on the riverbank of the property; which demonstrated the existence of a spring at risk. It is mentioned in that resolution that a large number of exposed roots were visualized, and in the riverbank sector the soil appears unstable, also observing near the riverbank an important water spring, and if work continues to be performed on the nearby farm bank, it will collapse and cause irreparable damage to the spring. The final interlocutory order points out that the precautionary measure must be partially granted because there is no other way to protect that body of water from harm. Regarding the appearance of a good right, it was deemed demonstrated for the judge, as the lawsuit's claim requested the protection of a public good. It motivates that the assessment of likelihood is based on evidence obtained prima facie and must be at least apparent, because full certainty will be determined in the judgment. The ruling states that the main proceeding seeks payment for damages caused to the property by the plaintiff's actions, and the precautionary claim resides in the suspension of the concession granted to the plaintiff and that, if material extraction continues, mitigation measures must be adopted to prevent the washing away of the farm. The appealed resolution reasons, without what is decided being an advance of criteria, because evidence still needs to be gathered and by virtue of the \"principle by nature,\" the appearance of a good right is met. Regarding the danger of delay, the A quo considered the urgency in issuing measures justified based on Article 242 of the Civil Procedure Code. Because it is not possible to advance the issuance of the judgment on the merits, and a marginal harm occurring as a result of the delay may present itself. It was resolved in the ruling that the plaintiff is correct when requesting that the defendant corporation be prevented from performing work on the margins of the farm because the spring found on that property could be affected, a protection that cannot be postponed. It ordered the partial granting of the precautionary measure, ordering Sociedad Indaco Horquetas S.A. to suspend work performed on the margins of the plaintiff's property in order to protect the natural resource, and to deny the suspension of the concession. The warning was made that it is a provisional and preventive resolution, without prejudice to being modified with further evidentiary elements. MINAET was requested to conduct an inspection on the site, so that it could indicate to the Court whether it was feasible to adopt any containment measure providing protection to the spring and the bank located on the bank of the Río Sucio; specifically at the boundary of the plaintiff's farm. After its issuance, the Cordillera Volcánica Central Conservation Area, in response to the court's official letter, reports (folio 50) that what was requested is not within the competence of that office, as it involves actions to be executed in the riverbed, as well as the use of material from it, which is the competence of the Dirección de Aguas of MINAET and the Dirección de Geología y Minas. By order at 10:38 hours on October 27, 2014 (folio 52), it was ordered to direct a mandate to those competent offices to indicate whether it is feasible to implement containment measures safeguarding the spring, without the response given by those agencies appearing in this dossier. Therefore, its grievance must be rejected. Likewise, its claim stated in the appeal brief for the plaintiff to be condemned to pay costs and damages must be rejected. For such claims are typical of the main resolution of the ordinary proceeding and are not appropriate to be requested within a precautionary proceeding, such as the one before us. It must resort to the pertinent procedural route for its request.\n\nVIII.- It is important to note that the concession granted to the defendant corporation is legally constituted and that activity has not been suspended, because that precautionary measure was not granted. That activity has been concessioned by the State, and its control is exercised by the Departamento de Geología y Minas, through the legal means established by the Mining Code and its regulations. The authorization title for the concession allows it to extract material from the river in question, within the conditions that that department established and which respond to technical criteria specific to the geological and related disciplines. Compliance with the technical recommendations of the project's regent and the mining authorities issued in light of the environmental impact assessment instrument governing the management of the riverbed extractive activity constitutes the way the State ensures that extraction develops in harmony with the environment, the surrounding resources and elements, and the body of water. A lawful activity of great importance for the country's economic development. Since this activity must be controlled by virtue of the environmental impact it entails and is managed technically, by virtue of the principle of due administrative coordination prevailing in environmental management, it is advisable to issue an official letter to the Dirección de Geología y Minas and the Departamento de Aguas to inform them of the decision in this process in both instances, with the purpose of incorporating into the instruments for exercising control over the riverbed material extraction activity the element of the existence of that spring on the plaintiff's land, as they may be unaware of it. This communication will allow it to be a factor assessed in the technical recommendations those agencies deem pertinent to issue within their substantive environmental competencies, in order to protect that body of water observed by the trial judge.\n\nIX.- For the reasons stated, and based on Articles 1 and 2 of the Agrarian Jurisdiction Law, and 242 of the Civil Procedure Code, the evidence offered in the appeal brief against the precautionary measure must be rejected, and the appealed final interlocutory order shall be confirmed.\n\nTHEREFORE:\n\nThe evidence offered with the precautionary measure appeal brief is rejected. The requested nullity is denied. The final interlocutory order number one hundred two-fourteen of fifteen hours fifty-three minutes on October eight, two thousand fourteen, is confirmed. This resolution and the one issued by the Court regarding this precautionary measure shall be communicated to the Dirección de Geología y Minas and to the Departamento de Aguas to inform them of the decision in this process in both instances, so that they incorporate into the instruments for exercising control over the riverbed material extraction activity the element of the existence of the spring on the plaintiff's land. The corresponding official letter shall be issued by the Processing Judge of this Tribunal, and shall be sent before the return of the precautionary measure dossier to the Court of origin.-\n\n[Nombre9]    -\n\nJUDGE DECISION-MAKER\n\n2VENUXF3FRO61\n\n[Nombre10]   -\n\nJUDGE DECISION-MAKER\n\nN1DGP7JMIHQ61\n\nDAMARIS VARGAS VÁSQUEZ –\n\nJUDGE DECISION-MAKER\n\nClassification prepared by CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 07:02:58.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
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