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  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Usurpación de bienes de dominio público en zona marítimo terrestre",
  "title_en": "Usurpation of public domain property in the maritime terrestrial zone",
  "summary_es": "El Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) conoce dos recursos de apelación contra la sentencia 161-P-2016 dictada por el Tribunal de Juicio de Puntarenas. La sentencia de primera instancia absolvió a la imputada por el delito de construcción ilegal, pero la declaró autora responsable de usurpación de bienes de dominio público, imponiéndole seis meses de prisión con beneficio de ejecución condicional y rechazando la solicitud de derribo de la vivienda ubicada en la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre en Tambor de Puntarenas. La defensa apeló alegando falta de fundamentación probatoria sobre la ocupación de la imputada, lo cual el Tribunal de Apelación rechaza al considerar que sí existe prueba suficiente (inspecciones, informe de ingeniería forense y testigos) que acreditan la presencia de la acusada en el inmueble. El Ministerio Público apeló cuestionando el rechazo de la demolición, argumentando que el tribunal de instancia valoró incorrectamente la norma al negarla por existir un tercero ocupante no parte en el proceso. El Tribunal de Apelación acoge este recurso, anula parcialmente la sentencia y ordena reenviar el caso para que con nueva integración se resuelva únicamente sobre el derribo, al considerar que el tribunal inferior incurrió en contradicción al negar la demolición pero ordenar comunicar a la Municipalidad para que inicie el procedimiento, y no aplicó correctamente el artículo 13 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre ni la jurisprudencia constitucional sobre demolición de obras en zona pública.",
  "summary_en": "The Sentence Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela (San Ramón) hears two appeals against decision 161-P-2016 issued by the Trial Court of Puntarenas. The first-instance decision acquitted the defendant of illegal construction but found her guilty of usurpation of public domain property, sentencing her to six months' imprisonment with conditional execution and rejecting the prosecution's request to demolish the house located in the public zone of the Maritime Terrestrial Zone in Tambor de Puntarenas. The defense appealed, alleging insufficient evidence of the defendant's occupation; the Appeals Court rejects this argument, finding ample proof (on-site inspections, forensic engineering report, and witness testimony). The prosecution appealed the refusal to order demolition, arguing the trial court misapplied the law by denying it due to the presence of a third-party occupant not involved in the proceedings. The Appeals Court grants this appeal, partially annuls the decision, and remands the case for a new panel to rule solely on the demolition order, holding that the trial court contradicted itself by denying demolition while ordering notification to the Municipality, and failed to correctly apply Article 13 of the Maritime Terrestrial Zone Law and Constitutional Chamber precedent on demolitions in the public zone.",
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    "criminal-environmental"
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    "usurpación de bienes de dominio público",
    "zona marítimo terrestre (ZMT)",
    "derribo o demolición",
    "bienes demaniales",
    "artículo 13 Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre",
    "debido proceso en demoliciones",
    "ejecución condicional de la pena"
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    "usurpación bienes dominio público",
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    "sentencia penal usurpación",
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    "nulidad parcial"
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  "keywords_en": [
    "usurpation of public domain",
    "maritime terrestrial zone",
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    "public domain assets",
    "Article 13 ZMT Law",
    "due process demolition",
    "public property",
    "criminal usurpation conviction",
    "appeals court",
    "partial nullity"
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  "excerpt_es": "En atención a lo expuesto, considera esta Cámara de Apelación, que el Tribunal sentenciador a la hora de argumentar incurre en una contradicción, ya que por un lado rechaza la solicitud de derribo, esto por existir un tercero a quien no se le dio parte en el proceso y, por otro lado ordena comunicar lo correspondiente a la Municipalidad de Cóbano a fin de iniciar con el procedimiento de demolición. Tampoco se tomó en cuenta que por ser bienes demaniales no se genera ningún derecho en favor de sujetos privados. A criterio de este Tribunal de Apelación de Sentencia, existe una confusión entre la capacidad de disposición jurisdiccional contenida en el artículo 13 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, que en lo que interesa establece: \"Las autoridades de la jurisdicción correspondiente y las municipalidades respectivas, tan pronto tengan noticia de las infracciones a que se refieren los dos artículos anteriores procederán, previa información levantada al efecto si se estimare necesaria, al desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición de las construcciones, remodelaciones o instalaciones realizadas por aquellos, sin responsabilidad alguna para la autoridad o la municipalidad. El costo de demolición o destrucción se cobrará al dueño de la construcción o instalación. Todo lo anterior sin perjuicio de las sanciones penales que procedan\" y los actos materiales de ejecución. En igual sentido, se debe tener presente lo dispuesto por la Sala Constitucional en diversas resoluciones, dentro de las cuales se cita la sentencia 207-2062 de las 14:39 horas del 14 de febrero de 2007, que respecto a los parámetros a seguir para la demolición de un inmueble en zona pública, dispuso: \"…“… 1) como primer aspecto, surge la necesidad de que previo a la demolición de las obras, se compruebe que efectivamente tal construcción se realizó contra el régimen dispuesto en la Ley sobre la zona marítimo terrestre, régimen que contempla tanto las normas generales como los casos de excepción (…); 2) en segundo término, como regla general, debe levantarse una información previo a realizar la demolición, en donde se otorguen todas las garantías del debido proceso, con la única excepción de aquellos casos en donde el presunto infractor acepte expresamente que su realización; y 3) en tercer lugar, debe resaltarse que la Administración o Autoridad Jurisdiccional siempre será responsable por dicha demolición, lo cual implica que si su actuación es ilegítima debe responder con las consecuencias civiles y (o) penales que correspondieren (…) En el caso de procedimientos administrativos o jurisdiccionales en que se impute la infracción a las disposiciones legales relacionadas con la zona marítimo-terrestre, es indudable que todo lo construido o edificado sin autorización de los entes respectivos, tanto en la zona pública como en la zona restringida, debe ser demolido. La comprobación que ha de realizarse es precisamente, en el caso de la zona pública, que no se trate de uno de los casos de excepción que la misma ley señala (la negrilla es suplida) y, en el caso de la zona restringida, si se contaba con concesión en primera instancia, en qué condiciones estaba otorgada y si existía autorización para realizar las obras, construcciones o mejoras que se hallan (sic) hecho y que sean objeto de discusión en el proceso. Constatada la ausencia de autorización por los entes competentes, según sea el caso , lo procedente es la demolición de lo construido y el desalojo de los ocupantes, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondieren, tal y como el mismo artículo consultado lo establece\", aspectos que debió tomar en cuenta el Tribunal recurrido a la hora de disponer sobre el destino del bien. Todo lo anterior, provoca la nulidad del fallo, y su remisión para que con una nueva integración se resuelva únicamente sobre este aspecto.",
  "excerpt_en": "In light of the foregoing, this Appeals Chamber considers that the sentencing court, in its reasoning, fell into a contradiction: on the one hand it rejects the demolition request because a third party not brought into the proceedings occupies the property, and on the other it orders notification to the Municipality of Cóbano to initiate the demolition procedure. It also failed to consider that since these are public domain assets, no rights arise in favor of private individuals. In the opinion of this Sentence Appeals Court, there is confusion between the jurisdictional power of disposal contained in Article 13 of the Maritime Terrestrial Zone Law, which, as relevant, provides: \"The authorities of the corresponding jurisdiction and the respective municipalities, as soon as they learn of the infractions referred to in the two preceding articles, shall proceed, after gathering the pertinent information if deemed necessary, to the eviction of the offenders and the destruction or demolition of the constructions, remodelings or installations carried out by them, without any liability for the authority or the municipality. The cost of demolition or destruction shall be charged to the owner of the construction or installation. All the foregoing without prejudice to any applicable criminal sanctions,\" and the material acts of execution. Likewise, the provisions of the Constitutional Chamber in various rulings must be borne in mind, among which decision 207-2062 of 14:39 hours on February 14, 2007, is cited, which regarding the parameters to be followed for the demolition of a property in the public zone, held: \"…“… 1) as a first aspect, the need arises that prior to the demolition of the works, it be verified that such construction was indeed carried out in violation of the regime established in the Maritime Terrestrial Zone Law, a regime that contemplates both general norms and exceptional cases (…); 2) secondly, as a general rule, information must be gathered prior to carrying out the demolition, providing all the guarantees of due process, with the sole exception of those cases where the alleged offender expressly accepts its execution; and 3) thirdly, it must be emphasized that the Administration or Jurisdictional Authority will always be liable for said demolition, which implies that if its action is illegitimate it must answer for the corresponding civil and/or criminal consequences (…) In cases of administrative or jurisdictional proceedings in which the infringement of legal provisions related to the maritime-terrestrial zone is alleged, it is unquestionable that all that has been built or erected without authorization from the respective entities, both in the public zone and in the restricted zone, must be demolished. The verification to be carried out is precisely, in the case of the public zone, to determine that it is not one of the exceptional cases indicated by the law itself (emphasis supplied) and, in the case of the restricted zone, whether a concession existed in the first instance, under what conditions it was granted and whether there was authorization to carry out the works, constructions or improvements that have been made (sic) and that are the subject of discussion in the proceedings. Once the absence of authorization by the competent entities is confirmed, as the case may be, the proper course is the demolition of what was built and the eviction of the occupants, without prejudice to any criminal liabilities that may apply, just as the consulted article itself establishes,\" aspects that the lower court should have taken into account when ruling on the fate of the property. All of the foregoing causes the nullity of the judgment, and its remission so that, with a new panel, it rules solely on this aspect.",
  "outcome": {
    "label_en": "Partially granted",
    "label_es": "Parcialmente con lugar",
    "summary_en": "The defense appeal is denied, the prosecution appeal is granted; the judgment is partially annulled and remanded for a new panel to rule solely on the demolition of the property.",
    "summary_es": "Se declara sin lugar el recurso de la defensa y con lugar el del Ministerio Público; se anula parcialmente la sentencia y se ordena reenviar para que con nueva integración se resuelva únicamente sobre el derribo del inmueble."
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  "pull_quotes": [
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      "context": "Considerando II",
      "quote_en": "Nor was it taken into account that since these are public domain assets, no rights arise in favor of private individuals.",
      "quote_es": "Tampoco se tomó en cuenta que por ser bienes demaniales no se genera ningún derecho en favor de sujetos privados."
    },
    {
      "context": "Considerando II",
      "quote_en": "...there is confusion between the jurisdictional power of disposal contained in Article 13 of the Maritime Terrestrial Zone Law... and the material acts of execution.",
      "quote_es": "...existe una confusión entre la capacidad de disposición jurisdiccional contenida en el artículo 13 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre... y los actos materiales de ejecución."
    },
    {
      "context": "Considerando II (citando voto SC 207-2007)",
      "quote_en": "Once the absence of authorization by the competent entities is confirmed, as the case may be, the proper course is the demolition of what was built and the eviction of the occupants, without prejudice to any criminal liabilities that may apply...",
      "quote_es": "Constatada la ausencia de autorización por los entes competentes, según sea el caso, lo procedente es la demolición de lo construido y el desalojo de los ocupantes, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondieren..."
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  "body_es_text": "PODER JUDICIAL\n\n \n\n PODER JUDICIAL \n\n TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA,\n\n SAN RAMÓN \n\n Tel: 2456-9069 [...] Fax: [Telf1] \n\n ____________________________________________________________________________________\n\nExp: 08-2002016-0591-PE\n\nRes: 201 6-00841\n\n TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN SEGUNDA . San\nRamón, a las catorce horas cincuenta minutos del once de octubre de dos mil dieciséis .\n\n RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1] ,\ncédula número CED1, hija de [Nombre2] y [Nombre3] , por el delito de USURPACIÓN DE BIENES DE DOMINIO\nPÚBLICO en perjuicio de EL ESTADO. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces Eduardo Rojas\nSáenz, Jorge Luis Morales García y la jueza María Gabriela Rodríguez Morales. Se apersonan en\nApelación de Sentencia, el licenciado [Nombre4] . , en representación del Ministerio Público y el\nlicenciado [Nombre5] , en condición de defensor público de la encartada [Nombre1] .\n\n RESULTANDO:\n\n 1.- Que mediante sentencia número 161-P-2016 de las dieciséis horas treinta minutos del veintisiete\nde marzo de dos mil quince, el Tribunal de Juicio de Puntarenas, resolvió: \"POR TANTO: De\nconformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política; artículo 8 de la\nConvención Americana de Derechos Humanos; artículos 1, 6, 8, 184, 360, 361, 363, 364, 365, y 367 del\nCódigo Procesal Penal; artículos 1, 30, 45, 71, 227 1) del Código Penal, y 62 de la Ley de la Zona\nMarítimo Terrestre, este Tribunal absuelve de toda pena y responsabilidad a [Nombre1] por un delito\nde Construcción Ilegal dentro de la Zona Marítimo Terrestre. Se declara a [Nombre1] autora\nresponsable de un delito de USURPACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO en perjuicio de EL ESTADO, y en\ntal carácter se le impone la pena de SEIS MESES de prisión, pena que deberá descontar en el lugar y\nforma que lo indiquen los respectivos reglamentos penitenciarios previo abono de la preventiva si la\nhubiera sufrido. Por considerarlo procedente y cumplir con todos los requerimientos legales se\notorga al condenado [Nombre1] el beneficio de ejecución condicional de la pena por un plazo de TRES\nAÑOS, período durante el cual no deberá cometer un nuevo delito doloso, sancionado con pena mayor a\nseis meses de prisión, bajo el apercibimiento que de hacerlo se revocará este beneficio y deberá\ndescontar el prisión la pena impuesta. Se rechaza la solicitud de derribo, y se ordena poner en\nconocimiento del Consejo Municipal de Distrito de Cóbano para que proceda conforme el artículo 13 de\nla Ley de Zona Marítimo Terrestre. Son las costas del proceso a cargo del condenado, siendo los\ngastos del proceso a cargo del Estado. Una vez firme la sentencia comuníquese al Juzgado de\nEjecución de la Pena, al Registro Judicial y al Instituto Nacional de Criminología. NOTIFÍQUESE\nMEDIANTE LECTURA. [Nombre6] . JUEZ DE JUICIO\".\n\n 2.- Que contra el anterior pronunciamiento, se apersonan en Apelación de Sentencia, el licenciado\n[Nombre4] . , en representación del Ministerio Público y el licenciado [Nombre5] , en condición de\ndefensor público de la encartada [Nombre1] .\n\n 3.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 5\ndel Código Procesal Penal, el Tribunal procedió a conocer del recurso.\n\n 4.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\nRedacta el Juez de Apelación de Sentencia [Nombre7] , y;\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- El licenciad o [Nombre5] , en su condición de defensor de la imputada [Nombre1] presenta recurso\nde apelación contra la sentencia del Tribunal Penal de Puntarenas 162-P-2016 de las dieciséis horas\ntreinta minutos del veintisiete de mayo de dos mil dieciséis. En el único motivo de impugnación,\nconsidera que la sentencia recurrida adolece de la debida fundamentación intelectiva. Para quien\nrecurre, el Tribunal sentenciador tuvo por acreditados los hechos acusados por el Ministerio\nPúblico, sin embargo no se establecieron las razones probatorias que permitieron verificar esa\nconclusión. Según el defensor, no se demostró, con el grado de certeza requerido, que su\nrepresentada usurpara la zona protegida, en el tanto únicamente hay dos momentos donde se ubica a la\nacusada [Nombre8] en el lugar, a saber en octubre de 2006 y luego hasta diciembre de 2011. Para\nquien recurre por esos dos eventos aislados no es posible concluir que la imputada vivía en el\nsitio. Por otra parte, en criterio de quien impugna, el informe de Análisis Criminalístico de la\nSección de Ingeniería Forense, establece la existencia de unos mojones distintos a los acusados por\nel Ministerio Público, situación que el Tribunal recurrido no valoró al momento de dictar la\nsentencia. SIN LUGAR EL RECLAMO. Analizada la sentencia impugnada, esta Cámara de Apelación\nconsidera que no existen vicios en la justificación de la decisión que generen nulidad. El\nconsiderando IV, denominado participación del encartado y análisis de la prueba, contiene una\nponderación de todos los elementos de prueba sometidos a su conocimiento. El Tribunal recurrido\ndeterminó la responsabilidad de la imputada [Nombre8] , tomando en cuenta la inspección ocular y el\ninforme elaborado por el departamento de ingeniería forense, según el cual conforme al levantamiento\ntopográfico de las estructuras en el lugar conocido como [Dirección1], en Tambor de Puntarenas y el\ncenso correspondiente, la edificación número 28 donde para ese momento vivía la imputada [Nombre8] ,\nse encuentra dentro de la zona pública - ver folio 2-. En igual sentido, y a fin de determinar que\nquien ocupaba el inmueble al momento de las inspecciones era la acusada [Nombre9] , dentro del fallo\ncuestionado se justificó lo siguiente: \"...Así nos lo narra el testigo [Nombre10] , quien para la\népoca era funcionario del Consejo Municipal de Distrito de Cóbano, y era quien se encargaba de todo\nlo relacionado con la zona marítimo terrestres, y dice haber acompañado a los funcionario de\ningeniería forense a realizar el peritaje, y nos narra como otro grupo de personas se encargó de\nidentificar a las personas que para aquel momento estaban ocupando las estructuras que ubicaron\ndentro de la zona pública de la zona marítimo terrestre. También sobre esto nos da referencia el\ntestigo [Nombre11] , quien para aquel momento era el perito judicial encargado del levantamiento\ntopográfico y que nos refiere también la existencia de esta identificación de personas por parte de\notro grupo de personas. Es así como dentro del informe pericial, y esta primera inspección que se\nrealiza para identificar a las personas que ocupaban aquellas estructuras, en la que numeraron\n\"[Placa1]\", se identificó a la imputada como la ocupante de aquella vivienda para aquel momento, y\nde ahí que se puede tener por acreditado que al menos desde esa fecha la encartada estaba ocupando\nparte de la zona marítimo terrestre, específicamente de la zona pública. Ahora bien, En el informe\npolicial que aparece a folios 64 a 65 del expediente, el 22 de diciembre del dos mil once, se hace\nreferencia a una segunda inspección que se hace en el sitio, y se verifica que para aquella época la\nimputada seguía ocupando la vivienda marcada 28 en el peritaje forense...\" - folio 229 vuelto-. Es\ndecir, en dos momentos distintos, se logró demostrar que [Nombre1] , ocupaba una vivienda situada en\nzona prohibida, configurándose así el delito de usurpación de bienes de dominio público. Por otra\nparte, cuestiona la defensa el tema de los mojones. Para el licenciado [Nombre12] , la numeración\nque consta en el informe del departamento de ingeniería forense de folios 1 a 4, no concuerda con la\ndescripción que contiene el hecho uno de la acusación y, que a la postre se tuvo por demostrado por\nparte del Tribunal de Puntarenas. Sobre este tema, en lo que interesa dentro de la sentencia\ncuestionada a folio 226 vuelto, se probó que: \"...1.- Entre el 12 de octubre del 2006 y el 22 de\ndiciembre del 2011, la acusada [Nombre1] detentó la zona pública de la zona marítimo Terrestre de\nPuntarenas, tambor, 100 metros al este del muelle, acción que llevó a cabo la acusada mediante la\nutilización y permanencia en una casa de habitación construida sobre pilotes y en cemento que cuenta\ncon garage y dos ventanas en la parte frontal, la cual colinda con el mar y las rocas marinas,\npropiamente en el sector que se ubica entre los mojones del Instituto Geográfico Nacional\n[Dirección2] y [Dirección3]. 2.- La invasión y detentación de la zona pública de la zona marítimo\nterrestre, la llevó a cabo la acusada [Nombre1] sin contar con el permiso de uso de suelo o\nconcesión, ni con el respectivo permiso del Consejo Municipal de Puntarenas y Cóbano, con claro\nirrespeto a los bienes de dominio público...\" -sic-. Si bien, el citado informe pericial a folio 1\nhace referencia a los mojones números 136, 124, 122, 116 y 107 todos del año 2005, esta diferencia\nen nada altera la conclusión a la que arribó el Tribunal, esto por dos aspectos fundamentales;\nprimero que el mojón 122 si existe y segundo, la sentencia debe considerarse como una unidad lógico\njurídica, por ende del análisis integral de la misma, se concluye que la propiedad donde vivía la\nacusada, formaba parte del grupo de bienes que se encuentran ubicados en la zona pública, punto\nsobre el cual tal y como eficazmente se valoró, no existe ningún cuestionamiento. Por las razones\nexpuestas, se declara sin lugar el único motivo de apelación.\n\n II- El licenciado [Nombre13] en su condición de fiscal auxiliar de la Fiscalía Adjunta de\nPuntarenas, presenta recurso de apelación contra la sentencia 161-P-2016. En su único motivo de\nimpugnación cuestiona que el Tribunal de instancia realizó una incorrecta valoración de la norma\nprocesal al denegar la solicitud para demoler la edificación que se encuentra en la zona marítimo\nterrestre, específicamente en Tambor de Puntarenas, 100 metros al oeste del muelle. Alega el quejoso\nque, pese a que se tuvo por demostrada la invasión a la zona pública se rechazó la gestión de\ndemolición, toda vez que en la actualidad el bien inmueble es habitado por otra persona. Esta\nsituación en criterio de quien impugna, contraviene lo establecido en la Ley de Zona Marítimo\nTerrestre y, los artículos 6 y 7 de la Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítimo Terrestre.\nPara el recurrente, la venta a favor de un tercero no limitaba la facultad que tenía el Tribunal\npara ordenar el derribo de la construcciones, tratándose de bienes sobre los cuales no se puede\nalegar ningún derecho. CON LUGAR EL RECLAMO. En cuanto al punto en discusión el Tribunal recurrido a\nfolio 230 dispuso: \"...En relación a la solicitud de derribo que formula tanto el Ministerio Público\ncomo la Procuraduría General de la República, debemos señalar que de la prueba que fue evacuada en\nel contradictorio se desprende claramente que en la actualidad esta vivienda está siendo ocupada por\notra persona que no es la imputada en esta causa, y que además esta otra persona, que se constituye\ncomo un tercero interesado en relación con la petición de demolición que se formula, no ha sido\ntraído al proceso ni se le ha dado la posibilidad de ejercer ningún tipo de defensa. Podríamos\npensar que por estar en zona pública, y ser evidente que no cuenta con la condición de ocupante, no\npodría ejercer ninguna defensa, pero aún con el derribo se generan para el que detente obligaciones,\nporque las Municipalidades pueden realizar el derribo a cargo del ocupante, y sobre cualquier\nobligación que se genere, debe de previo, darle a este tercero interesado oportunidad de defensa.\nPor esta razón considera el Tribunal que debe rechazarse la petición de derrivo, y debe comunicarse\na la Municipalidad que corresponda a efectos de que inicien el procedimiento para el derribo de\naquella estructura que se encuentra dentro de la zona marítimo terrestre...\" -sic-. En atención a lo\nexpuesto, considera esta Cámara de Apelación, que el Tribunal sentenciador a la hora de argumentar\nincurre en una contradicción, ya que por un lado rechaza la solicitud de derribo, esto por existir\nun tercero a quien no se le dio parte en el proceso y, por otro lado ordena comunicar lo\ncorrespondiente a la Municipalidad de Cóbano a fin de iniciar con el procedimiento de demolición.\nTampoco se tomó en cuenta que por ser bienes demaniales no se genera ningún derecho en favor de\nsujetos privados. A criterio de este Tribunal de Apelación de Sentencia, existe una confusión entre\nla capacidad de disposición jurisdiccional contenida en el artículo 13 de la Ley sobre la Zona\nMarítimo Terrestre, que en lo que interesa establece: \"Las autoridades de la jurisdicción\ncorrespondiente y las municipalidades respectivas, tan pronto tengan noticia de las infracciones a\nque se refieren los dos artículos anteriores procederán, previa información levantada al efecto si\nse estimare necesaria, al desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición de las\nconstrucciones, remodelaciones o instalaciones realizadas por aquellos, sin responsabilidad alguna\npara la autoridad o la municipalidad. El costo de demolición o destrucción se cobrará al dueño de la\nconstrucción o instalación. Todo lo anterior sin perjuicio de las sanciones penales que procedan\" y\nlos actos materiales de ejecución. En igual sentido, se debe tener presente lo dispuesto por la Sala\nConstitucional en diversas resoluciones, dentro de las cuales se cita la sentencia 207-2062 de las\n14:39 horas del 14 de febrero de 2007, que respecto a los parámetros a seguir para la demolición de\nun inmueble en zona pública, dispuso: \"...“… 1) como primer aspecto, surge la necesidad de que\nprevio a la demolición de las obras, se compruebe que efectivamente tal construcción se realizó\ncontra el régimen dispuesto en la Ley sobre la zona marítimo terrestre, régimen que contempla tanto\nlas normas generales como los casos de excepción (…); 2) en segundo término, como regla general,\ndebe levantarse una información previo a realizar la demolición, en donde se otorguen todas las\ngarantías del debido proceso, con la única excepción de aquellos casos en donde el presunto\ninfractor acepte expresamente que su realización; y 3) en tercer lugar, debe resaltarse que la\nAdministración o Autoridad Jurisdiccional siempre será responsable por dicha demolición, lo cual\nimplica que si su actuación es ilegítima debe responder con las consecuencias civiles y (o) penales\nque correspondieren (…) En el caso de procedimientos administrativos o jurisdiccionales en que se\nimpute la infracción a las disposiciones legales relacionadas con la zona marítimo-terrestre, es\nindudable que todo lo construido o edificado sin autorización de los entes respectivos, tanto en la\nzona pública como en la zona restringida, debe ser demolido. La comprobación que ha de realizarse es\nprecisamente, en el caso de la zona pública, que no se trate de uno de los casos de excepción que la\nmisma ley señala (la negrilla es suplida) y, en el caso de la zona restringida, si se contaba con\nconcesión en primera instancia, en qué condiciones estaba otorgada y si existía autorización para\nrealizar las obras, construcciones o mejoras que se hallan (sic) hecho y que sean objeto de\ndiscusión en el proceso. Constatada la ausencia de autorización por los entes competentes, según sea\nel caso , lo procedente es la demolición de lo construido y el desalojo de los ocupantes, sin\nperjuicio de las responsabilidades penales que correspondieren, tal y como el mismo artículo\nconsultado lo establece”, aspectos que debió tomar en cuenta el Tribunal recurrido a la hora de\ndisponer sobre el destino del bien. Todo lo anterior, provoca la nulidad del fallo, y su remisión\npara que con una nueva integración se resuelva únicamente sobre este aspecto.\n\nPOR TANTO: \n\n Se declara sin lugar e l recurso de apelación del licenciado [Nombre5] , en su condición de\ndefensor de la imputada [Nombre1] . Se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el\nlicenciado [Nombre13] . En consecuencia, se anula parcialmente la sentencia y se ordena devolver a\nla oficina de origen para que con una nueva integración se resuelva sobre el derribo del inmueble.\nEn lo demás el fallo permanece incólume.\n\n \n\n \n\n \n\nEduardo Rojas Sáenz\n\n \n\n \n\n \n\n María Gabriela Rodríguez Morales Jorge Luis Morales García\n\n \n\n Jueces y Jueza de Apelación de Sentencia \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nExp: 08-2002016-0591-PE\n\nDelito: Usurpación\n\nContra: [Nombre1] \n\nOfendido: El Estado\n\nlore*",
  "body_en_text": "JUDICIAL BRANCH\n\n JUDICIAL BRANCH\n\n SENTENCE APPEALS COURT OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA,\n\n SAN RAMÓN\n\n Tel: 2456-9069 [...] Fax: [Telf1]\n\n ____________________________________________________________________________________\n\nCase File: 08-2002016-0591-PE\n\nResolution: 201 6-00841\n\n SENTENCE APPEALS COURT OF THE THIRD JUDICIAL CIRCUIT OF ALAJUELA, SECOND SECTION. San Ramón, at fourteen hours fifty minutes on the eleventh of October two thousand and sixteen.\n\n SENTENCE APPEAL filed in the present case against [Nombre1], identification number CED1, daughter of [Nombre2] and [Nombre3], for the crime of USURPATION OF PUBLIC DOMAIN PROPERTY to the detriment of THE STATE. Participating in the decision on the appeal are judges Eduardo Rojas Sáenz, Jorge Luis Morales García, and judge María Gabriela Rodríguez Morales. Appearing in the Sentence Appeal are attorney [Nombre4], representing the Public Prosecutor's Office, and attorney [Nombre5], in the capacity of public defender for the accused [Nombre1].\n\n WHEREAS:\n\n 1.- That by judgment number 161-P-2016 at sixteen hours thirty minutes on the twenty-seventh of March two thousand and fifteen, the Trial Court of Puntarenas resolved: \"THEREFORE: In accordance with the foregoing, Articles 39 and 41 of the Political Constitution; Article 8 of the American Convention on Human Rights; Articles 1, 6, 8, 184, 360, 361, 363, 364, 365, and 367 of the Code of Criminal Procedure; Articles 1, 30, 45, 71, 227 1) of the Criminal Code, and 62 of the Ley de la Zona Marítimo Terrestre, this Court acquits [Nombre1] of all penalty and responsibility for a crime of Illegal Construction within the Zona Marítimo Terrestre. [Nombre1] is declared the responsible perpetrator of a crime of USURPATION OF PUBLIC DOMAIN PROPERTY to the detriment of THE STATE, and in such capacity, she is imposed the penalty of SIX MONTHS of imprisonment, a penalty that she must serve in the place and manner indicated by the respective penitentiary regulations, with credit for pre-trial detention if she has suffered it. Considering it appropriate and meeting all legal requirements, the convicted person [Nombre1] is granted the benefit of conditional execution of the penalty for a period of THREE YEARS, during which time she must not commit a new intentional crime punishable by a penalty greater than six months of imprisonment, under the warning that if she does so, this benefit will be revoked and she must serve the imposed penalty in prison. The request for demolition is rejected, and it is ordered that the District Municipal Council of Cóbano be informed so that it proceeds in accordance with Article 13 of the Ley de Zona Marítimo Terrestre. The costs of the proceedings are charged to the convicted person, with the expenses of the proceedings borne by the State. Once the judgment is final, communicate it to the Sentence Enforcement Court, the Judicial Register, and the National Institute of Criminology. NOTIFY BY READING. [Nombre6]. TRIAL JUDGE.\"\n\n 2.- That against the preceding pronouncement, attorney [Nombre4], representing the Public Prosecutor's Office, and attorney [Nombre5], in the capacity of public defender for the accused [Nombre1], appear in Sentence Appeal.\n\n 3.- That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Court proceeded to hear the appeal.\n\n 4.- That the pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.\n\n Drafted by the Sentence Appeals Judge [Nombre7], and;\n\n WHEREAS:\n\n I.- Attorney [Nombre5], in his capacity as defender of the accused [Nombre1], files an appeal against the judgment of the Criminal Court of Puntarenas 162-P-2016 at sixteen hours thirty minutes on the twenty-seventh of May two thousand and sixteen. In the sole ground of challenge, he considers that the appealed judgment lacks proper intellectual reasoning. For the appellant, the sentencing Court deemed the facts accused by the Public Prosecutor's Office as proven; however, the evidentiary reasons that allowed verifying that conclusion were not established. According to the defender, it was not demonstrated, with the required degree of certainty, that his client usurped the protected zone, insofar as there are only two moments where the accused [Nombre8] was located at the place, namely in October 2006 and then not until December 2011. For the appellant, from these two isolated events it is not possible to conclude that the accused lived at the site. On the other hand, in the opinion of the challenger, the Forensic Analysis Report from the Forensic Engineering Section establishes the existence of some boundary markers different from those alleged by the Public Prosecutor's Office, a situation that the appealed Court did not assess when issuing the judgment. THE CLAIM IS DENIED. Having analyzed the challenged judgment, this Appeals Chamber considers that there are no defects in the justification of the decision that generate nullity. Considering IV, called participation of the accused and analysis of the evidence, contains a weighting of all the evidentiary elements submitted for its consideration. The appealed Court determined the responsibility of the accused [Nombre8], taking into account the ocular inspection and the report prepared by the forensic engineering department, according to which, based on the topographic survey of the structures in the place known as [Dirección1], in Tambor de Puntarenas and the corresponding census, building number 28 where the accused [Nombre8] lived at that time is located within the public zone - see folio 2-. In a similar vein, and in order to determine that the person occupying the property at the time of the inspections was the accused [Nombre9], the questioned ruling justified the following: \"...As the witness [Nombre10] tells us, who at the time was an official of the District Municipal Council of Cóbano, and was the person in charge of everything related to the Zona Marítimo Terrestre, and says he accompanied the forensic engineering officials to carry out the expert assessment, and tells us how another group of people was responsible for identifying the people who at that moment were occupying the structures they located within the public zone of the Zona Marítimo Terrestre. The witness [Nombre11] also provides reference on this, who at that moment was the judicial expert in charge of the topographic survey and who also tells us about the existence of this identification of people by another group of people. It is thus within the expert report, and this first inspection carried out to identify the people occupying those structures, in which they numbered \"[Placa1]\", the accused was identified as the occupant of that dwelling at that moment, and hence it can be taken as proven that at least since that date the accused was occupying part of the Zona Marítimo Terrestre, specifically the public zone. Now, in the police report appearing at folios 64 to 65 of the case file, on December twenty-second, two thousand eleven, reference is made to a second inspection carried out at the site, and it is verified that at that time the accused was still occupying the dwelling marked 28 in the forensic assessment...\" - folio 229 verso-. That is, at two different moments, it was possible to demonstrate that [Nombre1] occupied a dwelling located in a prohibited zone, thus configuring the crime of usurpation of public domain property. On the other hand, the defense questions the issue of the boundary markers. For attorney [Nombre12], the numbering contained in the report from the forensic engineering department at folios 1 to 4 does not match the description contained in count one of the accusation and, which ultimately was taken as proven by the Court of Puntarenas. On this topic, insofar as it is relevant within the challenged judgment at folio 226 verso, it was proven that: \"...1.- Between October 12, 2006 and December 22, 2011, the accused [Nombre1] detained the public zone of the Zona Marítimo Terrestre of Puntarenas, Tambor, 100 meters east of the pier, an action carried out by the accused through the use and permanence in a dwelling built on pilings and in cement that has a garage and two windows in the front, which borders the sea and the marine rocks, properly in the sector located between the boundary markers of the Instituto Geográfico Nacional [Dirección2] and [Dirección3]. 2.- The invasion and detention of the public zone of the Zona Marítimo Terrestre was carried out by the accused [Nombre1] without having the land-use permit or concession, nor the respective permit from the Municipal Council of Puntarenas and Cóbano, with clear disrespect for public domain property...\" -sic-. Although the cited expert report at folio 1 refers to boundary markers numbers 136, 124, 122, 116 and 107 all from 2005, this difference in no way alters the conclusion reached by the Court, for two fundamental aspects; first, that boundary marker 122 does exist and second, the judgment must be considered as a logical-legal unit, therefore, from the comprehensive analysis thereof, it is concluded that the property where the accused lived formed part of the group of properties located in the public zone, a point on which, as was effectively assessed, there is no question. For the reasons stated, the sole ground of appeal is denied.\n\n II- Attorney [Nombre13], in his capacity as assistant prosecutor of the Deputy Prosecutor's Office of Puntarenas, files an appeal against judgment 161-P-2016. In his sole ground of challenge, he questions that the trial Court made an incorrect assessment of the procedural rule by denying the request to demolish the building located in the Zona Marítimo Terrestre, specifically in Tambor de Puntarenas, 100 meters west of the pier. The complainant alleges that, despite the invasion of the public zone having been proven, the demolition request was rejected, given that the real estate is currently inhabited by another person. This situation, in the opinion of the challenger, contravenes the provisions of the Ley de Zona Marítimo Terrestre and Articles 6 and 7 of the Ley de Urbanización Turística de la Zona Marítimo Terrestre. For the appellant, the sale in favor of a third party did not limit the power that the Court had to order the demolition of the constructions, as these are properties over which no right can be claimed. THE CLAIM IS GRANTED. Regarding the point under discussion, the appealed Court at folio 230 provided: \"...In relation to the request for demolition formulated by both the Public Prosecutor's Office and the Attorney General's Office of the Republic, we must point out that from the evidence that was introduced in the adversarial proceeding, it is clearly evident that this dwelling is currently being occupied by another person who is not the accused in this case, and that furthermore, this other person, who constitutes an interested third party in relation to the demolition petition formulated, has not been brought into the process nor has been given the possibility of exercising any type of defense. We could think that because they are in a public zone, and it is evident that they do not have the condition of occupant, they could not exercise any defense, but even with the demolition, obligations are generated for the holder, because the Municipalities can carry out the demolition at the occupant's expense, and regarding any obligation that is generated, this interested third party must first be given an opportunity for defense. For this reason, the Court considers that the demolition request must be rejected, and the corresponding Municipality must be notified so that they initiate the procedure for the demolition of that structure located within the Zona Marítimo Terrestre...\" -sic-. In view of the foregoing, this Appeals Chamber considers that the sentencing Court, at the time of arguing, incurs in a contradiction, since on the one hand it rejects the demolition request, due to the existence of a third party who was not made a party to the process, and on the other hand, it orders that the corresponding matter be communicated to the Municipality of Cóbano in order to initiate the demolition procedure. Nor was it taken into account that because these are demanial property, no right is generated in favor of private subjects. In the view of this Sentence Appeals Court, there is a confusion between the jurisdictional power of disposal contained in Article 13 of the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, which in relevant part establishes: \"The authorities of the corresponding jurisdiction and the respective municipalities, as soon as they have notice of the infractions referred to in the two previous articles, shall proceed, after information gathered for the purpose if deemed necessary, to the eviction of the offenders and to the destruction or demolition of the constructions, remodelings, or installations carried out by them, without any liability for the authority or the municipality. The cost of demolition or destruction shall be charged to the owner of the construction or installation. All the foregoing without prejudice to the criminal sanctions that may apply\" and the material acts of execution. In the same sense, what is provided by the Constitutional Chamber in various resolutions must be kept in mind, within which judgment 207-2062 at 14:39 hours on February 14, 2007 is cited, which regarding the parameters to follow for the demolition of a property in a public zone, provided: \"...'... 1) as a first aspect, the need arises that prior to the demolition of the works, it be verified that such construction was indeed carried out against the regime established in the Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, a regime that contemplates both the general rules and the cases of exception (...); 2) secondly, as a general rule, information must be gathered prior to carrying out the demolition, in which all the guarantees of due process are granted, with the sole exception of those cases where the alleged offender expressly accepts its realization; and 3) thirdly, it must be highlighted that the Administration or Jurisdictional Authority shall always be responsible for said demolition, which implies that if its action is illegitimate, it must answer for the corresponding civil and (or) criminal consequences (...) In the case of administrative or jurisdictional procedures in which the infraction of the legal provisions related to the Zona Marítimo Terrestre is alleged, it is unquestionable that everything built or erected without authorization from the respective entities, both in the public zone and in the restricted zone, must be demolished. The verification to be carried out is precisely, in the case of the public zone, that it is not one of the exception cases that the law itself indicates (bold added) and, in the case of the restricted zone, if a concession was held in the first instance, under what conditions it was granted and if there was authorization to carry out the works, constructions, or improvements that have been made and that are the subject of discussion in the process. Once the absence of authorization by the competent entities is verified, as the case may be, the appropriate course is the demolition of what was built and the eviction of the occupants, without prejudice to the criminal responsibilities that may correspond, just as the consulted article itself establishes,\" aspects that the appealed Court should have taken into account when deciding on the fate of the property. All of the foregoing causes the nullity of the ruling, and its referral so that, with a new panel, this aspect alone is resolved.\n\nTHEREFORE:\n\n The appeal of attorney [Nombre5], in his capacity as defender of the accused [Nombre1], is denied. The appeal filed by attorney [Nombre13] is granted. Consequently, the judgment is partially annulled and it is ordered to return to the office of origin so that, with a new panel, a decision is made on the demolition of the property. In all other respects, the ruling remains unaltered.\n\nEduardo Rojas Sáenz\n\n María Gabriela Rodríguez Morales Jorge Luis Morales García\n\n Sentence Appeals Judges\n\nCase File: 08-2002016-0591-PE\n\nCrime: Usurpation\n\nAgainst: [Nombre1]\n\nVictim: The State\n\nlore*"
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