{
  "id": "nexus-sen-1-0034-749712",
  "citation": "Res. 00287-2018 Tribunal Agrario",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Competencia agraria sobre inmueble en Refugio de Vida Silvestre y Zona Marítimo Terrestre",
  "title_en": "Agrarian Jurisdiction over Property in Wildlife Refuge and Maritime Zone",
  "summary_es": "Esta resolución del Tribunal Agrario resuelve un conflicto de competencia por materia entre la jurisdicción agraria y la contencioso-administrativa. El caso involucra una demanda de mejor derecho de posesión y prescripción positiva sobre un terreno inscrito a nombre de una persona privada, ubicado en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y Zona Marítimo Terrestre, que el Estado alega es parte del patrimonio natural del Estado. El tribunal determina que la competencia agraria por materia, definida en los artículos 1 y 2 inciso h) de la Ley de Jurisdicción Agraria, abarca conflictos sobre actividades agrarias o agroambientales en fundos agrarios, entendidos como predios destinados a tales actividades o susceptibles de serlo, considerando factores como la medida, la ubicación y el tipo de producción posible con tecnologías modernas. Se enfatiza que la protección del ambiente y la tutela del derecho constitucional a un ambiente sano (artículos 50 y 69 de la Constitución Política) es competencia de todos los tribunales jurisdiccionales, independientemente de la materia, y que la jurisdicción contencioso-administrativa no tiene el monopolio de la aplicación de normativa ambiental. La transversalidad y multidisciplinariedad de la materia ambiental impiden una interpretación restrictiva de la competencia. Con base en el artículo 108 de la Ley de Biodiversidad, se considera que la naturaleza de los bienes involucrados —públicos o privados— debe resolverse al analizar el fondo del asunto, y que las pretensiones posesorias formuladas son propias de la jurisdicción agraria. Por tanto, se imprueba la inhibitoria declarada por el juzgado de primera instancia y se ordena devolver el expediente para su trámite en la vía agraria.",
  "summary_en": "This Agrarian Court ruling resolves a subject-matter jurisdiction conflict between the agrarian and the administrative contentious jurisdictions. The case involves a claim for better right of possession and positive prescription over a property registered in the name of a private person, located within the Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge and Maritime-Terrestrial Zone, which the State alleges is part of the natural patrimony of the State. The court determines that agrarian subject-matter jurisdiction, defined in Articles 1 and 2(h) of the Agrarian Jurisdiction Act, encompasses disputes over agrarian or agro-environmental activities on agrarian estates, understood as land used for such activities or capable of being used for them, considering factors such as size, location, and the type of production feasible with modern technologies. It stresses that the protection of the environment and the safeguarding of the constitutional right to a healthy environment (Articles 50 and 69 of the Political Constitution) fall within the jurisdiction of all courts, regardless of their subject matter, and that the administrative contentious jurisdiction does not hold a monopoly on the application of environmental law. The cross-cutting and multidisciplinary nature of environmental law precludes a restrictive interpretation of jurisdiction. Based on Article 108 of the Biodiversity Act, the court holds that the public or private nature of the property must be resolved when examining the merits, and that the possessory claims raised are proper to the agrarian jurisdiction. Therefore, the plea of lack of jurisdiction entered by the lower court is overruled, and the case file is ordered to be returned for proceedings within the agrarian framework.",
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  "date": "16/04/2018",
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    "competencia agraria por materia",
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    "fundo agrario",
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    "Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo",
    "Zona Marítimo Terrestre",
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  "keywords_en": [
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    "Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge",
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    "cross-cutting environmental law",
    "Article 108 Biodiversity Act"
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  "excerpt_es": "II.- La competencia agraria por razón de la materia está definida genéricamente en los artículos 1 y 2 inciso h) de la Ley de Jurisdicción Agraria. Dichas normas facultan a los jueces y a las juezas de esta disciplina para dirimir o resolver los conflictos relacionados con el ejercicio de actividades agrarias o agroambientales, o conexas a éstas. Se considera fundo agrario aquél destinado a dichas actividades, o que pueda destinarse a ellas. Para éste último supuesto, es importante tomar en cuenta la medida, la ubicación del terreno y el tipo de producción que se puede desarrollar en él. Los anteriores criterios deben además ajustarse a las necesidades y requerimientos que las tecnologías modernas y avances científicos planteen en materia de desarrollo agropecuario. Por ejemplo, terrenos que antes no podían destinarse a actividades agrarias  -por su tamaño o el clima imperante en la zona-, actualmente pueden serlo, si se desarrolla agricultura hidropónica o con otras tecnologías, en las cuales el sustrato \"tierra o suelo\" no es fundamental. Por otro lado, el que un terreno forme parte del patrimonio natural del Estado, no imposibilita que toda persona juzgadora pueda y esté facultada para revisar y aplicar la normativa que lo tutela, sin que exista normativa que especifique que solo la Jurisdicción contenciosa administrativa lo pueda hacer. Lo anterior por cuanto la protección del ambiente y la tutela del derecho constitucional a un ambiente sano es competencia de toda tribunal jurisdiccional, independientemente de la materia, por tratarse de un derecho fundamental (artículos 50 y 69 de la Constitución Política). Además, la materia ambiental precisamente se caracteriza por su transversalidad y multidisciplinariedad, que implica no solo el que varias disciplinas se relacionan o influyen entre sí para lograr una tutela efectiva del ambiente, sino también el que aquella incide en varias y diversas ramas jurídicas. Por ese motivo, resultaría inconstitucional interpretar que únicamente la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es la que podría aplicar normativa para la tutela del ambiente y la protección de intereses colectivos, así como el considerar que serían la única facultada para tutelar los bienes que componen el ambiente. Por ende, para definir la competencia material en casos como el presente, debe analizarse y tomarse en cuenta no solo la naturaleza de los bienes involucrados (público o privado) -aspecto además que deberá ser resuelto o determinado al analizarse el fondo del asunto, dado que el terreno, según consta en autos, aún se encuentra inscrito a nombre de una persona privada-; también deben valorarse las otras pretensiones, en función de las acciones planteadas por las partes. Lo anterior, con base en lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Biodiversidad.-",
  "excerpt_en": "II.- Agrarian subject-matter jurisdiction is generically defined in Articles 1 and 2(h) of the Agrarian Jurisdiction Act. These provisions empower judges in this field to settle or resolve disputes concerning the exercise of agrarian or agro-environmental activities, or activities connected to them. An agrarian estate is considered to be land used for such activities, or capable of being used for them. For the latter, it is important to take into account the size, the location of the land, and the type of production that can be developed on it. These criteria must also be adapted to the needs and requirements posed by modern technologies and scientific advances in agricultural development. For example, land that previously could not be used for agrarian activities—due to its size or the prevailing climate in the area—can now be used if hydroponic agriculture or other technologies are employed, in which the substrate \"land or soil\" is not essential. On the other hand, the fact that land forms part of the natural patrimony of the State does not preclude any judge from having the authority to review and apply the regulations that protect it, nor is there any provision specifying that only the Administrative Contentious Jurisdiction may do so. This is because the protection of the environment and the safeguarding of the constitutional right to a healthy environment fall within the jurisdiction of every court, regardless of the subject matter, as it is a fundamental right (Articles 50 and 69 of the Political Constitution). Moreover, environmental law is precisely characterized by its cross-cutting and multidisciplinary nature, which means not only that several disciplines relate to or influence one another to achieve effective environmental protection, but also that it impacts several and diverse branches of law. For that reason, it would be unconstitutional to interpret that only the Administrative Contentious Jurisdiction may apply regulations for environmental protection and the protection of collective interests, as well as to consider that it would be the only one empowered to protect the goods that make up the environment. Therefore, to define subject-matter jurisdiction in cases such as this one, it is necessary to analyze and take into account not only the nature of the goods involved (public or private)—an aspect that must be resolved or determined when examining the merits, since the land, as appears in the record, is still registered in the name of a private person—but also to assess the other claims, based on the actions brought by the parties. The foregoing is based on the provisions of Article 108 of the Biodiversity Act.-",
  "outcome": {
    "label_en": "Plea of lack of jurisdiction overruled",
    "label_es": "Inhibitoria improcedente",
    "summary_en": "The Agrarian Court overrules the lower court's plea of lack of subject-matter jurisdiction and orders the case file returned to the Agrarian Court for proceedings, affirming agrarian jurisdiction over a property located in a Wildlife Refuge and Maritime-Terrestrial Zone.",
    "summary_es": "El Tribunal Agrario imprueba la inhibitoria por razón de la materia declarada en primera instancia y ordena devolver el expediente al Juzgado Agrario para su tramitación, afirmando la competencia agraria sobre un inmueble en Refugio de Vida Silvestre y Zona Marítimo Terrestre."
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      "quote_es": "Por otro lado, el que un terreno forme parte del patrimonio natural del Estado, no imposibilita que toda persona juzgadora pueda y esté facultada para revisar y aplicar la normativa que lo tutela, sin que exista normativa que especifique que solo la Jurisdicción contenciosa administrativa lo pueda hacer."
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      "quote_es": "Lo anterior por cuanto la protección del ambiente y la tutela del derecho constitucional a un ambiente sano es competencia de toda tribunal jurisdiccional, independientemente de la materia, por tratarse de un derecho fundamental (artículos 50 y 69 de la Constitución Política)."
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      "quote_es": "Por ese motivo, resultaría inconstitucional interpretar que únicamente la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es la que podría aplicar normativa para la tutela del ambiente y la protección de intereses colectivos, así como el considerar que serían la única facultada para tutelar los bienes que componen el ambiente."
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  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Agrario\n\nResolución Nº 00287 - 2018\n\nFecha de la Resolución: 16 de Abril del 2018 a las 11:28\n\nExpediente: 09-160069-0465-AG\n\nRedactado por: Andrea Mercedes Ruiz Ramírez\n\nClase de asunto: Proceso ordinario\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Derecho Procesal Agrario\n\nTema: Competencia agraria por materia\n\nSubtemas:\n\nCriterios para su fijación en materia ambiental con respecto a la jurisdicción contencioso administrativa.\n\n“II.- La competencia agraria por razón de la materia está definida genéricamente en los artículos 1 y 2 inciso h) de la Ley de Jurisdicción Agraria. Dichas normas facultan a los jueces y a las juezas de esta disciplina para dirimir o resolver los conflictos relacionados con el ejercicio de actividades agrarias o agroambientales, o conexas a éstas. Se considera fundo agrario aquél destinado a dichas actividades, o que pueda destinarse a ellas. Para éste último supuesto, es importante tomar en cuenta la medida, la ubicación del terreno y el tipo de producción que se puede desarrollar en él. Los anteriores criterios deben además ajustarse a las necesidades y requerimientos que las tecnologías modernas y avances científicos planteen en materia de desarrollo agropecuario. Por ejemplo, terrenos que antes no podían destinarse a actividades agrarias  -por su tamaño o el clima imperante en la zona-, actualmente pueden serlo, si se desarrolla agricultura hidropónica o con otras tecnologías, en las cuales el sustrato \"tierra o suelo\" no es fundamental. Por otro lado, el que un terreno forme parte del patrimonio natural del Estado, no imposibilita que toda persona juzgadora pueda y esté facultada para revisar y aplicar la normativa que lo tutela, sin que exista normativa que especifique que solo la Jurisdicción contenciosa administrativa lo pueda hacer. Lo anterior por cuanto la protección del ambiente y la tutela del derecho constitucional a un ambiente sano es competencia de toda tribunal jurisdiccional, independientemente de la materia, por tratarse de un derecho fundamental (artículos 50 y 69 de la Constitución Política). Además, la materia ambiental precisamente se caracteriza por su transversalidad y multidisciplinariedad, que implica no solo el que varias disciplinas se relacionan o influyen entre sí para lograr una tutela efectiva del ambiente, sino también el que aquella incide en varias y diversas ramas jurídicas. Por ese motivo, resultaría inconstitucional interpretar que únicamente la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es la que podría aplicar normativa para la tutela del ambiente y la protección de intereses colectivos, así como el considerar que serían la única facultada para tutelar los bienes que componen el ambiente. Por ende, para definir la competencia material en casos como el presente, debe analizarse y tomarse en cuenta no solo la naturaleza de los bienes involucrados (público o privado) -aspecto además que deberá ser resuelto o determinado al analizarse el fondo del asunto, dado que el terreno, según consta en autos, aún se encuentra inscrito a nombre de una persona privada-; también deben valorarse las otras pretensiones, en función de las acciones planteadas por las partes. Lo anterior, con base en lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Biodiversidad.”\n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina\nTexto de la resolución\n\n*091600690465AG*\n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\nEXPN1 - 0\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nINHIB. ORDINARIO\n\n\n\n\nACTOR/A:\n\n\t\n\nKURT EUGENE VAN DYKE\n\n\n\n\nDEMANDADO/A:\n\n\t\n\nRENE ANTON KESSLER PORTMANN\n\n \n\n   \n\nVOTO N° 287-C-18\n\n \n\n           TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las once horas y veintiocho minutos del dieciséis de abril de dos mil dieciocho.-\n\n           PROCESO ORDINARIO, planteado por [Nombre1]   , mayor, empresario, nacionalidad estadounidense, pasaporte de su país numero CED1        , vecino de Puerto Viejo de Talamanca, Limón, contra [Nombre2]  , mayor, comerciante, vecino de Puerto Viejo, Limón; [Nombre3]   , mayor, casado, comerciante, vecino de Puerto Viejo, Limón, de nacionalidad nicaragüense, pasaporte número CED2     ; el Estado, representado por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,  en la persona de Víctor Bulgarelli Céspedes, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad CED3 -   -  . Actúa como abogado director de la parte actora, el licenciado Carlos González Campos,  colegiado cinco mil novecientos veintitrés; y de la parte demandada el licenciado Juan José Picado Herrera, colegiado cuatro mil quinientos cincuenta y cinco. Tramitado en el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Limón.\n\n           Redacta la jueza Ruiz Ramírez, y;\n\nCONSIDERANDO\n\n           I- En resolución del seis de marzo del dos mil dieciocho, la persona juzgadora se declaró inhibida para conocer de este asunto para evitar futuras nulidades, dado el criterio expuesto por la Sala Primera en voto 959-2013. Lo anterior por estar de por medio un terreno que se afirma forma parte del patrimonio natural del Estado, al estar inmerso en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y Zona Marítimo Terrestre (Carpeta Doc. Asociados, 06/03/2018 ).\n\n           II.- La competencia agraria por razón de la materia está definida genéricamente en los artículos 1 y 2 inciso h) de la Ley de Jurisdicción Agraria. Dichas normas facultan a los jueces y a las juezas de esta disciplina para dirimir o resolver los conflictos relacionados con el ejercicio de actividades agrarias o agroambientales, o conexas a éstas. Se considera fundo agrario aquél destinado a dichas actividades, o que pueda destinarse a ellas. Para éste último supuesto, es importante tomar en cuenta la medida, la ubicación del terreno y el tipo de producción que se puede desarrollar en él. Los anteriores criterios deben además ajustarse a las necesidades y requerimientos que las tecnologías modernas y avances científicos planteen en materia de desarrollo agropecuario. Por ejemplo, terrenos que antes no podían destinarse a actividades agrarias  -por su tamaño o el clima imperante en la zona-, actualmente pueden serlo, si se desarrolla agricultura hidropónica o con otras tecnologías, en las cuales el sustrato \"tierra o suelo\" no es fundamental. Por otro lado, el que un terreno forme parte del patrimonio natural del Estado, no imposibilita que toda persona juzgadora pueda y esté facultada para revisar y aplicar la normativa que lo tutela, sin que exista normativa que especifique que solo la Jurisdicción contenciosa administrativa lo pueda hacer. Lo anterior por cuanto la protección del ambiente y la tutela del derecho constitucional a un ambiente sano es competencia de toda tribunal jurisdiccional, independientemente de la materia, por tratarse de un derecho fundamental (artículos 50 y 69 de la Constitución Política). Además, la materia ambiental precisamente se caracteriza por su transversalidad y multidisciplinariedad, que implica no solo el que varias disciplinas se relacionan o influyen entre sí para lograr una tutela efectiva del ambiente, sino también el que aquella incide en varias y diversas ramas jurídicas. Por ese motivo, resultaría inconstitucional interpretar que únicamente la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es la que podría aplicar normativa para la tutela del ambiente y la protección de intereses colectivos, así como el considerar que serían la única facultada para tutelar los bienes que componen el ambiente. Por ende, para definir la competencia material en casos como el presente, debe analizarse y tomarse en cuenta no solo la naturaleza de los bienes involucrados (público o privado) -aspecto además que deberá ser resuelto o determinado al analizarse el fondo del asunto, dado que el terreno, según consta en autos, aún se encuentra inscrito a nombre de una persona privada-; también deben valorarse las otras pretensiones, en función de las acciones planteadas por las partes. Lo anterior, con base en lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Biodiversidad.-\n\n           III.- En la demanda se solicita se declare con lugar la declaratoria de posesión de mejor derecho y se ordene a los demandados no perturbar la posesión del inmueble de marras; que los demandados no han ejercido la posesión en forma quieta, pública, pacífica, ininterrumpida,  de buena fe, y a título de dueños, sobre el inmueble; que se ordene a los demandados se abstengan de perturbar el libre goce que tiene la parte actora como propietario poseedor del inmueble y se declare que por haber adquirido mediante prescripción positiva, la finca relacionada, tiene el derecho a titular mediante información posesoria, siendo totalmente valido y eficaz, el documento de título traslativo de dominio. Se trata de pretensiones, que por la naturaleza del bien implicado puede y debe ser resueltas por tribunales agrarios, quienes además están obligados a aplicar la normativa ambiental en los casos que lo ameriten. Por ende, al ser improcedente lo dispuesto por la persona juzgadora de primera instancia, debe improbarse la inhibitoria decretada. Se declara este asunto compete tramitarlo al Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, con sede en Limón, al cual debe devolverse el expediente para su debido trámite, una vez firme esta resolución.  Tome nota el Juzgado de instancia que la demanda se plantea contra el Estado y no contra la Procuraduría General de la República, aunque la parte actora utilice una denominación incorrecta en ese sentido, para que denomine correctamente a dicha parte y realice los cambios pertinentes en el Sistema de Gestión y las carátulas del expediente físico.\n\nPOR TANTO:\n\n           Se imprueba la inhibitoria por razón de la materia declarada por el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, con sede en Limón, al cual debe devolverse el expediente para su debido trámite, una vez firme esta resolución. Tome nota el Juzgado de instancia que la demanda se plantea contra el Estado y no contra la Procuraduría General de la República, para que denomine correctamente a dicha parte y realice los cambios pertinentes en el Sistema de Gestión y las carátulas del expediente físico.\n\n           \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n            \n\n \n\n\t\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\t\n\n*2JG2ISF0VRM61*\n\n2JG2ISF0VRM61\n\n[Nombre4]    - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n\n\n\n*KZM5DYJ1QIA61*\n\nKZM5DYJ1QIA61\n\n[Nombre5]    - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n*FIBWEQVWAWY61*\n\nFIBWEQVWAWY61\n\n[Nombre6]   - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\n\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n \n\nEXP: EXPN1\n\nII Circuito Judicial San José, [Dirección1] ,     , [Dirección2]  de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...]\n\n \n\nClasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 07:21:57.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "AGRARIAN COURT. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- At eleven hours and twenty-eight minutes on April sixteenth, two thousand eighteen.-\n\nORDINARY PROCEEDING, filed by [Name1], of legal age, businessman, United States nationality, passport from his country number CED1, resident of Puerto Viejo de Talamanca, Limón, against [Name2], of legal age, merchant, resident of Puerto Viejo, Limón; [Name3], of legal age, married, merchant, resident of Puerto Viejo, Limón, of Nicaraguan nationality, passport number CED2; the State, represented by the PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, in the person of Víctor Bulgarelli Céspedes, of legal age, married, attorney, resident of Heredia, identity card number CED3 - - . The attorney directing the plaintiff is Carlos González Campos, bar association number five thousand nine hundred twenty-three; and for the defendants, attorney Juan José Picado Herrera, bar association number four thousand five hundred fifty-five. Processed in the Juzgado Agrario of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Limón.\n\nDrafted by Judge Ruiz Ramírez, and;\n\nCONSIDERING\n\nI- In the resolution dated March sixth, two thousand eighteen, the judge declared herself disqualified (inhibida) from hearing this matter to avoid future nullities, given the criterion expressed by the Sala Primera in vote 959-2013. This is because a property that is claimed to form part of the natural heritage of the State (patrimonio natural del Estado) is involved, being immersed in the Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo and Zona Marítimo Terrestre (Associated Documents Docket, 03/06/2018).\n\nII.- Agrarian jurisdiction by reason of subject matter is generically defined in Articles 1 and 2, subsection h) of the Ley de Jurisdicción Agraria. These rules empower the judges of this discipline to settle or resolve conflicts related to the exercise of agrarian or agro-environmental activities, or those connected to them. An agrarian property (fundo agrario) is considered to be one destined for such activities, or that may be destined for them. For the latter case, it is important to take into account the size, the location of the land, and the type of production that can be developed on it. The foregoing criteria must also adjust to the needs and requirements that modern technologies and scientific advances pose in terms of agricultural development. For example, land that previously could not be destined for agrarian activities -because of its size or the prevailing climate in the area- can currently be so, if hydroponic agriculture or other technologies are developed, in which the \"earth or soil\" substrate is not fundamental. On the other hand, the fact that a piece of land forms part of the natural heritage of the State does not make it impossible for any judge to be able and empowered to review and apply the regulations that protect it, without there being any regulation specifying that only the Administrative-Contentious Jurisdiction (Jurisdicción Contencioso Administrativa) can do so. The foregoing because the protection of the environment and the safeguarding of the constitutional right to a healthy environment is the competence of every jurisdictional court, regardless of the subject matter, as it is a fundamental right (Articles 50 and 69 of the Political Constitution). Furthermore, environmental matters are precisely characterized by their transversality and multidisciplinarity, which implies not only that several disciplines relate to or influence each other to achieve effective environmental protection (tutela del ambiente), but also that it affects various and diverse legal branches. For that reason, it would be unconstitutional to interpret that only the Administrative-Contentious Jurisdiction is the one that could apply regulations for the protection of the environment and the protection of collective interests, as well as to consider that they would be the only one empowered to protect the assets that make up the environment. Therefore, to define subject-matter jurisdiction (competencia material) in cases such as the present one, not only the nature of the assets involved (public or private) must be analyzed and taken into account -an aspect that must also be resolved or determined when analyzing the merits of the case, given that the land, as stated in the record (autos), is still registered in the name of a private person-; the other claims must also be assessed, based on the actions filed by the parties. The foregoing, based on the provisions of Article 108 of the Ley de Biodiversidad.-\n\nIII.- The complaint (demanda) requests a declaration upholding the claim of superior right of possession (declaratoria de posesión de mejor derecho) and an order for the defendants not to disturb the possession of the property in question; that the defendants have not exercised possession in a quiet, public, peaceful, uninterrupted manner, in good faith, and as owners, over the property; that the defendants be ordered to refrain from disturbing the free enjoyment that the plaintiff has as the possessing owner of the property, and that it be declared that, having acquired the related farm (finca) through adverse possession (prescripción positiva), he has the right to obtain title through possessory information (información posesoria), with the document of title transferring ownership (título traslativo de dominio) being totally valid and effective. These are claims that, given the nature of the property involved, can and must be resolved by agrarian courts, which are also obliged to apply environmental regulations in cases that warrant it. Therefore, as what was ordered by the first-instance judge is improper, the ordered disqualification (inhibitoria) must be disapproved. It is declared that this matter is within the competence of the Juzgado Agrario of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone, based in Limón, to which the case file (expediente) must be returned for its due process, once this resolution is final. Let the lower court (Juzgado de instancia) take note that the complaint is filed against the State and not against the Procuraduría General de la República, even though the plaintiff uses an incorrect designation in that sense, so that it may correctly designate said party and make the pertinent changes in the Management System and on the covers of the physical case file.\n\nTHEREFORE:\n\nThe disqualification by reason of subject matter declared by the Juzgado Agrario of the First Judicial Circuit of the Atlantic Zone, based in Limón, is disapproved, to which the case file must be returned for its due process, once this resolution is final. Let the lower court take note that the complaint is filed against the State and not against the Procuraduría General de la República, so that it may correctly designate said party and make the pertinent changes in the Management System and on the covers of the physical case file."
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