{ "id": "nexus-sen-1-0034-968483", "citation": "Res. 00033-2020 Tribunal Contencioso Administrativo", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Caducidad y sanción ARESEP por prestación no autorizada de gas LP", "title_en": "ARESEP sanction for unauthorized LPG service — forfeiture of proceeding", "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo confirma la validez de una multa de 20 salarios base (aproximadamente ₡7.988.000) impuesta por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) a Blue Flame Fuel Technology Corporation S.A., por la prestación no autorizada del servicio público de envasado y distribución de gas licuado de petróleo a consumidores finales. La empresa denunció la caducidad del procedimiento administrativo porque entre una audiencia (junio 2017) y la resolución del recurso de revocatoria (febrero 2018) transcurrieron más de siete meses de inactividad imputable a la Administración, pero el Tribunal desestima el alegato porque la caducidad fue solicitada de forma tardía, cinco días después de que la ARESEP emitiera dicho acto, y conforme la jurisprudencia de la Sala Primera, la caducidad no opera de pleno derecho sino que debe ser alegada antes de que la Administración reaccione. También rechaza la alegación de que la sanción era desproporcionada, pues el artículo 38 de la Ley 7593 permite sancionar no solo daños concretos sino también la creación de riesgos mediante actividades no autorizadas, y en este caso se acreditó doblemente la conducta ilícita y se ponderó la gravedad del riesgo creado.", "summary_en": "The Administrative Court upholds a fine of 20 base salaries (approx. ₡7,988,000) imposed by ARESEP on Blue Flame Fuel Technology Corporation S.A. for the unauthorized provision of bottled LPG to final consumers. The company argued the administrative proceeding had lapsed because over seven months of inactivity elapsed between a hearing (June 2017) and the decision on an appeal (February 2018). The Court rejects the plea, because the lapse was raised five days after the Administration issued the reactivating act, and under Sala Primera precedent, lapse must be invoked before the Administration resumes activity. The Court also dismisses the proportionality challenge, holding that Article 38 of Law 7593 sanctions not only actual damages but also the creation of risks through unauthorized activities; the illicit conduct was proven twice and the sanction reflected the severity of the risk created.", "court_or_agency": "Tribunal Contencioso Administrativo", "date": "23/03/2020", "year": "2020", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "prestación no autorizada de servicio público", "gas licuado de petróleo (GLP)", "caducidad del procedimiento (art. 340 LGAP)", "prescripción de la potestad sancionatoria", "riesgo vs daño", "Ley 7593 ARESEP", "multa en salarios base" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 38", "law": "Ley 7593 (Ley de la ARESEP)" }, { "article": "Art. 340", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Art. 329", "law": "Ley General de la Administración Pública" } ], "keywords_es": [ "ARESEP", "gas licuado de petróleo", "servicio público", "caducidad del procedimiento", "prescripción", "riesgo vs daño", "multa 20 salarios", "procedimiento sancionatorio", "Tribunal Contencioso Administrativo", "Ley 7593" ], "keywords_en": [ "ARESEP", "liquefied petroleum gas", "public service", "lapse of proceedings", "statute of limitations", "risk vs damage", "20-salary fine", "sanctioning proceeding", "Administrative Court", "Law 7593" ], "excerpt_es": "La base interpretativa de la actora supone que el articulo 38 se limita a la existencia de daños concretos, excluyendo con ello los riesgos no consumados, lo cual es incorrecto. [...] el riesgo creado forma parte de la doctrina del daño, concretamente como un daño potencial, el cual cuando la actividad es lícita sólo es indemnizable ante la concretización del riesgo en un daño concreto, pero es perseguible y sancionable, cuando la actividad resulta ilícita o al margen de la legalidad, sin necesidad de la concreción de un daño concreto. [...] la caducidad no es susceptible de aplicación automática, sino que debe ser alegada por la parte antes de que la Administración inactiva reaccione a través de la emisión de algún acto procedimental.", "excerpt_en": "The plaintiff's interpretation assumes that Article 38 is limited to the existence of concrete damages, thereby excluding unconsummated risks, which is incorrect. [...] the risk created is part of the doctrine of damage, specifically as a potential damage, which, when the activity is lawful, is only compensable upon the realization of the risk as concrete damage, but it is pursueable and sanctionable when the activity is unlawful or outside the law, without the need for concrete damage to occur. [...] the lapse is not subject to automatic application; rather, it must be raised by the party before the inactive Administration reacts by issuing a procedural act.", "outcome": { "label_en": "Denied", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The Court denies the claim, upholds the fine imposed by ARESEP, and rejects the plea of lapse of the administrative proceedings as untimely.", "summary_es": "El Tribunal declara sin lugar la demanda, confirma la multa impuesta por ARESEP y rechaza la alegación de caducidad del procedimiento administrativo por extemporánea." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando VI.B", "quote_en": "The lapse is not subject to automatic application; rather, it must be raised by the party before the inactive Administration reacts by issuing a procedural act.", "quote_es": "La caducidad no es susceptible de aplicación automática, sino que debe ser alegada por la parte antes de que la Administración inactiva reaccione a través de la emisión de algún acto procedimental." }, { "context": "Considerando VII.4", "quote_en": "The generation of a risk from an unauthorized activity is subject to sanction, since it would be illogical and arbitrary to have to wait for the risk to consolidate or materialize before the conduct could be reproached.", "quote_es": "La generación de un riesgo a partir de una actividad no autorizada es susceptible de ser sancionada, dado que resultaría ilógico y arbitrario tener que esperar a que el riesgo se consolide o materialice para que la conducta fuese reprochable." }, { "context": "Considerando VII.4", "quote_en": "The risk generated is a harmful result protected by Article 38 of Law 7593.", "quote_es": "El riesgo generado es un resultado lesivo tutelado por el artículo 38 de la Ley 7593." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-26314", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 7593 (Ley de la ARESEP) Art. 38" } ], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-968483", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [ { "doc_id": "norm-24284", "norm_num": "7494", "norm_name": "Ley de Contratación Administrativa", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "02/05/1995" }, { "doc_id": "norm-26314", "norm_num": "7593", "norm_name": "Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "09/08/1996" } ], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Contencioso Administrativo\n\nResolución Nº 00033 - 2020\n\nFecha de la Resolución: 23 de Marzo del 2020 a las 08:00\n\nExpediente: 18-004121-1027-CA\n\nRedactado por: Carlos José Mejías Rodríguez\n\nClase de asunto: Proceso de conocimiento contencioso administrativo\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Derecho Administrativo\n\nTema: Procedimiento administrativo disciplinario\n\nSubtemas:\n\nMulta impuesta por prestación de servicio no autorizado de gas licuado petróleo sin el procedimiento legalmente establecido y poniendo en riesgo a la colectividad.\nAnálisis en relación con la prescripción y caducidad en materia sancionatoria ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.\nConsideraciones con respecto a la diferencia entre un “riesgo” y un “daño”.\n\nTema: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos\n\nSubtemas:\n\nPotestad fiscalizadora en cuanto al envasado, transporte, distribución y comercialización del gas licuado petróleo a consumidores finales.\n\nTema: Servicio público\n\nSubtemas:\n\nConsideraciones sobre el envasado, transporte, distribución y comercialización del gas licuado petróleo a consumidores finales.\n\n\"III. DE LOS ALEGATOS DE LA ACTORA: La representación actora indica en su libelo de demanda que el día 30 de junio de 2017 se realizó la audiencia oral y privada del procedimiento sancionatorio contenido en el expediente OT-184-2014. No fue sino hasta el 9 de febrero del 2018 que se resuelve la revocatoria contra el traslado de cargos por resolución ROD-DGAU-19-2018, apersonándose la actora ante el superior el 15 de febrero de ese año, reiterando agravios y alegando la caducidad del procedimiento, siendo rechazada la apelación en subsidio por resolución RRGA-140-2018 de las 15:50 horas de 14 de marzo de 2018, emitida por la Reguladora General Adjunta, a la cual se interpeló gestión de nulidad el 19 de marzo y que no ha sido resuelta. Mediante resolución RRGA - 150 - 2018 de las 13:00 horas de 16 de marzo de 2018, la Reguladora Adjunta emite acto final sancionatorio contra la actora por la prestación no autorizada de servicio público de envasado y distribución al consumidor final de gas licuado de petróleo imponiéndose una multa por ?7.988.000 colones (siete millones novecientos ochenta y ocho mil colones), planteándose los respectivos recursos de revocatoria y apelación en subsidio el 21 de marzo de 2018, los cuales no han sido resueltos. Ante estos hechos, la parte promovente considera que el procedimiento había fenecido a razón del instituto de la caducidad, ante la inercia inexcusable de seis meses que establece la Ley General de Administración Pública, concretamente, el numeral 340 y que la Sala Primera, en fallos como el 34-F-S1-2011 ha expuesto una vez cumplidos los presupuestos de hecho en ella contenidos, la consecuencia deviene en obligatoria para el órgano encargado de la tramitación, siempre que se alegue dentro del procedimiento [...]\n\nV. SOBRE EL OBJETO DE FONDO. SERVICIO PÚBLICO REGULADO. POTESTADES DE FISCALIZACIÓN DE LA ARESEP: Esta Cámara toma como base de discusión del presente asunto la postura expuesta por la Sección Sexta de este Tribunal en su resolución 190-2015 de las once horas treinta y cinco minutos del nueve de noviembre del dos mil quince, la cual sobre el thema decidendi dijo: “VIII.- DEL ENVASADO, TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) A CONSUMIDORES FINALES, COMO SERVICIO PÚBLICO.- En tanto ha sido alegada la infracción del contenido esencial de la libertad de empresa, contenido en el artículo 46 de la Constitución Política, con ocasión de la adopción e implementación de la resolución RIE-052-2014, de las catorce horas veintiséis minutos del veintiuno de agosto del dos mil catorce, dictada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y que fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 163, del veintiséis de agosto del dos mil catorce, que son Lineamientos para la trazabilidad en la comercialización de cilindros de gas licuado de petróleo en plantas envasadoras; se estima pertinente, previo a la revisión de la legalidad de la actuación impugnada, determinar el régimen jurídico de la distribución de este producto a los consumidores finales, desde la etapa de envasado hasta el consumidor final en nuestro país. En efecto, debe considerarse que al tenor de lo establecido en el artículo 5 inciso d) subinciso 2) de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, número 7593, del veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, y vigente a partir del cinco de setiembre siguiente, y sus reformas, esta actividad se constituye en servicio público. Esta condición hace por sí mismo que su ejercicio esté sujeto a regulaciones del Derecho Administrativo, tanto en lo atinente al sujeto encargado de la materia y el fin -por reserva legal, como expresión del principio de regulación mínima establecido en el numeral 12 de la Ley General de la Administración Pública-, como en lo que refiere a los principios que lo rigen -continuidad, eficiencia, adaptación al cambio, igualdad, calidad, cantidad, oportunidad y confiabilidad necesarios para que la prestación sea óptima (artículos 4 de la citada Ley General, número 6227 y 4 inciso d) de la Ley número 7593)-; y su desarrollo, a través de concesión tanto a entes públicos como de particulares, conforme a las previsiones establecidas en la ley. Al tenor de lo anterior, su ejercicio no es libre, en un doble sentido, en tanto no puede ser realizada por cualquier persona, en virtud de la autonomía de su voluntad, sino que requiere de un título habilitante para que pueda participar de ella -en este caso, referida al envasado, transporte, distribución y comercialización al consumidor final del gas licuado de petróleo (GLP) en el ámbito nacional- a través de la correspondiente concesión y/o permiso, autorizado por sujeto competente; y además, necesariamente se sujeta el desarrollo de esta actividad a las disposiciones legales que regulan la prestación de los servicios públicos en general y de esta actividad, que valga la indicación, es de carácter sumamente técnico y científico, por ser de alta peligrosidad y riesgosa la actividad que comprende su realización. En razón de lo anterior, se configura en un régimen de sujeción especial de los concesionarios en su relación con la Administración, al tenor del cual, se reconocen facultades especiales al ente encargado de la materia. En este caso, debe de recordarse que entre otras funciones, le corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía, la definición y planificación de las políticas nacionales relacionadas con los recursos energéticos y de protección ambiental -como se infiere del artículo 2 incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente y Energía, número 7152-; así como la dirección, control, fiscalización y vigilancia de las actividades relacionadas con el suministro de combustibles, como lo prevé de manera expresa el numeral 5 de la citada Ley 7593, cometido al tenor del cual, le corresponde dar autorización de las concesiones en esta materia. Por su parte, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, funge como ente regulador que fiscaliza el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima de este servicio público, labor que hace a través de la regulación y fiscalización contable, financiera y técnica de los prestatarios, para lo cual puede dictar los reglamentos técnicos que estime necesario para el cumplimiento de los principios que rigen la materia (artículo 25 Ídem); hace inspecciones técnicas a las plantas y equipos afectos a la prestación del servicio público, fija las tarifas y precios del servicio, investiga y resuelve quejas (en los términos del numeral 10 Ibidem); y tiene competencia para otorgar, modificar, traspasar, declarar caduca o revocar una concesión, así como establecer las multas correspondientes, ante el incumplimiento de parte del prestatario (artículos 15 y 38 Ibídem). Consecuentemente, al tenerse esta actividad (la de distribución y comercialización del gas licuado de petróleo -GLP-) como servicio público, su regulación, desarrollo e implementación debe tender a la satisfacción del interés general, que priva por sobre el interés particular, como se infiere de lo dispuesto en los numerales 4 y 10.1 de la Ley General de la Administración Pública” (Resaltado es nuestro). Sin embargo, a esta postura tenemos que adicionar, por un efecto relevante en el razonamiento del presente asunto, que dicha facultad conlleva tanto la posibilidad del control de quienes son beneficiarios de un título habilitante contenido en un contrato administrativo – concesión en este caso –, como de cualquier sujeto que se enmarque dentro de las conductas sancionables en la normativa citada, es decir, los artículos 38 y 44 de la ley 7593, no siendo susceptible de pensarse que tales normas existen en forma exclusiva para el ejercicio de un control sobre los contratos administrativo vigentes, sino, deben visualizarse como un ejercicio del Poder de Policía que las entidades indicadas poseen por las razones expuestas en la citada sentencia; tómese así en cuenta que, ambos numerales, tanto el 38 como el 44, no establecen condiciones sancionatorias diferenciadas (agravantes o atenuantes) atendiendo al sujeto actuante, ergo, resulta irrelevante si la conducta a reprochar proviene o no de un titular de una habilitación concesionaria, sino si el hecho investigado o denunciado, puede acreditarse en modo, tiempo y lugar, sobre determinado sujeto, independientemente de su naturaleza, pública o privada, física o jurídica. Fundamentamos así esta posición en el antecedente emitido por el Tribunal Constitucional en su voto 14796 – 2005 de las diez horas con treinta y un minutos del veintiocho de octubre del dos mil cinco que dispuso: “El numeral 38 inciso d) de la misma Ley le confiere la potestad de imponer la sanción de multa, cumpliendo el procedimiento administrativo previsto en la Ley General de la Administración Pública, a quien suministre un servicio público sin estar autorizado a ello. Y el artículo 44 ibídem confiere competencia a la Autoridad Reguladora para decretar las medidas cautelares de cierre inmediato de las empresas que utilicen sin autorización los servicios públicos o que sean proveedoras de un servicio público sin contar con la respectiva concesión o permiso; así como de remover cualquier equipo o instrumento que permita el uso abusivo e ilegal de los servicios regulados, para lo cual podrá contar con la ayuda de la fuerza pública”. Esta potestad, tenemos que enmarcarla dentro de la disposición 66 de la Ley General de la Administración Pública que dispone en su párrafo primero “Las potestades de imperio y su ejercicio, y los deberes públicos y su cumplimiento, serán irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles”, sin embargo, el párrafo final complementa tal afirmación disponiendo: “El ejercicio de las potestades en casos concretos podrá estar expresamente sujeto a caducidad, en virtud de otras leyes”, por lo que analizaremos tanto este tema de aspecto temporal como el de la prescripción en el siguiente considerando.\n\nVI. SOBRE LA PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD EN MATERIA SANCIONATORIA ANTE LA ARESEP: Con la finalidad de analizar las excepciones de caducidad y prescripción contra el procedimiento administrativo alegados por la parte actora, se dividirá el presente acápite en dos tantos, uno destinado al abordaje teórico de ambos institutos y otro referido al caso concreto. A) Aproximación a las nociones de prescripción y caducidad en procedimiento administrativo sancionatorio realizado por la ARESEP: De previo a entrar a analizar el tema, es importante destacar dos factores transversales a considerar en la aplicación de los institutos de la caducidad y la prescripción, frente a un caso conocido y sancionado por la ARESEP, y que, de hecho, es utilizable para cualquier procedimiento administrativo. Primero, tal y como se indicó en el párrafo final del considerando anterior, la potestad pública en sí es imprescriptible, por lo que no está sometida – salvo norma en contrario - al transcurso del tiempo (doctrina del 66 de la Ley General de Administración Pública), empero, su aplicación a casos concretos sí puede ser limitada temporalmente. Así, enmarcamos nuestro análisis temporal en tres momentos procedimentales: antes, durante y después del procedimiento sancionatorio; así, en los casos de antes del procedimiento entendido desde el acaecimiento del hecho sancionable y hasta el momento en que inicia el procedimiento administrativo, le es aplicable el instituto de la prescripción. Una vez iniciado éste y hasta la firmeza de la resolución sancionatoria opera la caducidad; mientras que para la ejecución de ésta, encontramos de nuevo el instituto de la prescripción. Segundo, tenemos que diferenciar si estamos frente a argumentos relacionados al régimen de responsabilidad contractual o si estamos frente a situaciones de relación extracontractual, dado que el escenario en uno y otro resulta sustancialmente diferente. Así, hacemos propia la dificultad del tema partiendo de las opiniones del voto salvado de los Magistrados en aquél entonces Jinesta Lobo y Hernández López, emitidos en ocasión de la resolución 1781-2015 de la Sala Constitucional, manifestando la heterogeneidad normativa que respecto del tema y que sería susceptible de aplicar, considerando normativa pública y privada civil e incluso comercial. Sobre ello, es clara la base del problema: no existe norma específica que regule el tema de la prescripción en esta materia, por lo que resulta un caso de ejercicio de integración normativa, conforme el 9 de la Ley General de Administración Pública. Por ello, para el caso en marras descartamos la postura de aplicar plazos propios de la concesión y sus prórrogas, es decir, la tesis contractualista utilizando este tiempo para su ponderación, dado que éste está diseñado para discutir aspectos propios de la relación contractual – acto habilitante, y que es posible su cuestionamiento mientras la relación se mantenga vigente (doctrina clásica contractual), ya sea con el acto inicial o sus prórrogas, permitiendo a las partes realizar los reajustes y reclamos de dicha relación jurídico – administrativa contractual, como lo serían la impugnación de cláusulas abusivas o reajuste de precios (1023 del Código Civil, principio de conservación del equilibrio contractual, etc.). En cambio, cuando se trata de un acto concreto (hechos histórico identificado) al amparo de la ejecución de un contrato administrativo, en este caso, de naturaleza concesionaria, es el parecer de esta Cámara que la utilización de la duración macro de la relación jurídico administrativa contractual recae en excesiva, opinando de igual manera que los Magistrados en el voto salvado citado; sino que, en utilización de criterios de razonabilidad y proporcionalidad, el plazo de prescripción aplicable desde el hecho originado en la ejecución de determinado contrato concesionario, sería en aplicación supletoria a la norma de responsabilidad más próxima, la cual estaría contemplada en la Ley de Contratación Administrativa, dado que la Ley General de Concesiones no posee norma temporal alguna, en concreto, estaríamos haciendo uso del plazo quinquenal contenido en el numeral 35 que afirma: “En cinco años, prescribirá la facultad de la Administración de reclamar, al contratista, la indemnización por daños y perjuicios, originada en el incumplimiento de sus obligaciones”. Ahora bien, es de recordar que, de igual forma a lo que acontece en la relación contractual privada, al amparo de ésta, pueden originarse actuaciones que no tienen vinculación directa y que son calificables de naturaleza extracontractual. Es en este marco que encontramos el caso de marras, como se afirmó en el considerando anterior, la sanción a imponer es achacable tanto a quien es concesionario, como quien no lo es, dado que la conducta imputada fue la de “prestación no autorizada”, con lo que se enmarca no como una prestación defectuosa del servicio, sino como una conducta desplegada fuera de la habilitación otorgada. Así, es la consideración de esta Cámara de Juzgadores, que la Ley de Contratación Administrativa no sería la aplicable para estos supuestos, sino sería, ante la ausencia de una norma de este tipo, la dispuesta en el numeral 198 de la Ley General de Administración Pública, la cual regula la base genérica de responsabilidad civil extracontractual, excluyendo de manera subsecuente, la aplicación de normativa de carácter privado. Así, siguiendo lo que dispone esta norma, aplicaríamos el párrafo primero que establece como punto de inicio de la contabilización del plazo el evento que motiva la responsabilidad. Es así como, de la interpretación anterior, encontraríamos que la prescripción de una falta no originada en la ejecución de un título habilitante concesionario, sino al margen de éste o sin poseer título alguno, sería de cuatro años contados desde que se realiza la conducta, o en su defecto, cuando se trata de conductas de carácter continuado, desde que cesa ésta, siendo por el contrario, de aquellas faltas originadas de la relación contractual, la prescripción de cinco años desde la acción concreta, siguiendo la misma lógica, ya sea desde el evento o desde que cesa en caso de conductas continuadas. Ahora bien, una vez iniciado el procedimiento lo aplicable es la caducidad, tal y como se dijo supra, remitiéndonos para ello lo que dispone el Reglamento interno de organización y funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su órgano desconcentrado (RIOF), ya que la tramitación de investigaciones de carácter sancionable, tanto de oficio como a raíz de denuncia, se encuentran estrictamente regulados, con base en ello, el artículo 22 inciso 11 de dicha normativa establece que le corresponde a la Dirección General de Atención al Usuario la “gestión de los procedimientos de resolución de quejas, denuncias, controversias y conflictos de competencia por razón de territorio, así como aquellos procedimientos en los cuales, se conozca sobre presuntas infracciones a los artículos 38, 41 y 44 de la Ley 7593, sean estos promovidos por un tercero o por la propia Autoridad Reguladora, controlando la ejecución de cada una de sus etapas: admisión, investigación preliminar, conciliación (cuando aplique), instrucción del procedimiento, análisis de fondo, recomendaciones y propuesta de resolución dirigidas al órgano decisor (Regulador General o Junta Directiva, según corresponda)”, aunque esta norma fue modificada en el año 2014 por lo que, a efectos de análisis de esta resolución, su redacción anterior indicaba que le correspondía a este órgano “llevar a cabo la instrucción de los procedimientos de resolución de quejas, denuncias y controversias, controlando la ejecución de cada una de sus etapas: admisión, investigación preliminar, conciliación (cuando aplique), instrucción del procedimiento, análisis de fondo, recomendaciones y propuesta de resolución dirigidas al órgano decisor (Regulador General o Junta Directiva, según corresponda)”, notándose que, en lo que respecta al procedimiento administrativo sancionatorio, no hubo variación, constituyéndose dicha instancia en el Órgano Director tanto de las investigaciones preliminares, como de instrucción ordinaria [...]\n\nEl análisis de la naturaleza de esta figura permite concluir que se trata de un hecho jurídico dentro del procedimiento que se justifica, como un medio de evitar la prolongación excesiva de los procedimientos, en aras de la seguridad jurídica, así como en la necesidad de garantizar la continuidad y eficiencia de la actividad administrativa. Resulta inviable cuando el asunto se encuentre listo para el dictado del acto final. Para que opere, según lo establece la norma aludida, la caducidad requiere de varios elementos. En un primer término, que el asunto haya ingresado en un estado de abandono procesal, esto es, una inactividad. Segundo, que dicho estancamiento sea producto de causas imputables al administrado, cuando haya iniciado a gestión de parte, o bien de la Administración, si fue instaurado de oficio. Tercero, que ese estado se haya mantenido por un espacio de, al menos, seis meses. Esto último exige que la inercia sea de seis meses al menos, es decir, no se constituye como un plazo máximo para actuar, sino como límite temporal mínimo de inercia, ergo, debe computarse desde la última acción dentro del expediente y no desde la apertura del procedimiento. Ello supone que, en los procedimientos instruidos de oficio, la caducidad es factible cuando concurran dichos presupuestos [...]\n\nB) Sobre las excepciones alegadas el caso concreto: La parte actora plantea caducidad específicamente por el lapso contenido entre la audiencia oral y privada del 30 de junio de 2017 y la resolución ROD-DGAU-19-2018 del 9 febrero de 2018, dado que habían transcurrido un lapso de 7 meses y 10 días entre una y otra, ello conforme la medición temporal dispuestas en los numerales 15 y 16 del Código Civil referenciado al calendario Gregoriano; y frente a este evento, considera la actora que todas las actuaciones sucesivas, se encuentran caducas, tal y como lo hizo ver días después de la citada resolución, en los argumentos de la demanda, así como en las conclusiones rendidas en este proceso. Dicho reparo no es susceptible de aceptación por parte de esta Cámara por las razones que de inmediato se detallan: Tal y como recién se expuso en el acápite anterior, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido la postura de que la caducidad no es susceptible de aplicación automática, sino que debe ser alegada por la parte antes de que la Administración inactiva reaccione a través de la emisión de algún acto procedimental, ello al amparo de la interpretación que realizan entre el 329.3 y 340 de la Ley General de Administración Pública, lo cual fue, justamente, lo que ocurrió en el presente asunto. De la revisión de los autos se logra colegir que la alegación de caducidad por parte de la actora dentro del procedimiento administrativo se da posteriormente a la emisión de un acto, a saber, el que resuelve el recurso de apelación contra el acto de traslado, con lo cual, dejó pasar la oportunidad para requerir la aplicación de la caducidad procedimental, siguiendo los lineamientos antes expuestos, siendo que su alegación fue tardía al plantearse hasta el 14 de febrero 2018, es decir, 5 días después. Nótese que, previo a la emisión de la resolución ROD-DGAU-19-2018 efectivamente existió una pasividad exclusivamente achacable a la demandada, téngase presente que los alegatos de ésta sobre la pendencia a razón del recurso planteado no eran atendibles en ese momento, dado que había operado un silencio negativo al tenor del 261.3 de la Ley Generado de Administración Pública, por lo que la aplicación en ese momento de la caducidad era posible; sin embargo, ante la comunicación del citado acto, conforme el 329.3 en relación a la jurisprudencia de la Sala Primera mencionada en este considerando (voto 1001-2013), pese a estar fuera de tiempo, la resolución bajo análisis se beneficia del efecto de validez contenida en dicha norma, con lo cual mantiene en movimiento el procedimiento, impidiendo la aplicación del instituto de la caducidad. Ahora bien, la parte actora en su escrito de conclusiones indica que “corrige” los argumentos relacionados con la prescripción y los convierte en alegatos de “nulidad” al tenor de lo dicho por la Sección Sexta de este Tribunal en sentencia 104-2017-VI. Al respecto, lo primero que debe indicársele al promotor de la acción es que en la etapa de conclusiones no es posible realizar una modificación de la teoría del caso, ni es susceptible de introducir alegatos novedosos, con lo cual, desde la técnica procesal, no es posible dicha “corrección”, con lo que se conservan y analizan los alegatos inicialmente planteados. Admitir lo contrario, violentaría las reglas del debido proceso y derecho de defensa de la parte contraria. En este orden de ideas, las alegaciones de duración entre los hechos y la resolución definitiva del procedimiento no observa, al tenor de lo expuesto en el acápite anterior, vicios de nulidad susceptibles de ser castigados en esta sede: desde los hechos investigados a la denuncia solamente transcurrieron uno y dos meses aproximadamente, entre la denuncia y la apertura del procedimiento 2 años y nueve meses, con lo que, siguiendo la línea argumentativa dispuesta en la primera parte de este considerando, no habría acaecido el plazo de prescripción extracontractual expuesta de 4 años y, una vez iniciado el procedimiento, lo aplicable es la caducidad, no la prescripción, la cual ya fue analizada, por lo que este argumento de igual forma, debe rechazarse.\n\nVII. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COMPETENCIA DEL DECISOR. ALEGATOS DE IMPUTACIÓN, VALORACIÓN DE PRUEBA Y PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN [...]\n\n4) Sobre la supuesta falta de demostración de daño y la proporcionalidad de la multa: Básicamente el reclamo de la actora torna frente al alegato de que la demandada no hizo un mínimo esfuerzo por demostrar el supuesto daño causado, y que no existe en los actos cuestionados una justificación para no haber investigado el supuesto daño y la preferencia de optar por la sanción económica subsidiaria de una vez y sobre esta última, la más gravosa. Al respecto, la demandada descarga y desecha las alegaciones afirmando que el daño sí se demostró, pero que no se pudo de determinar la cuantía, contando además de que el evento fue demostrado dos veces, resulta fundamentado el acto final del procedimiento sancionatorio, la forma de imposición y el quantum dispuesto. Comenzamos el análisis de este aspecto trayendo a colación lo dicho por la Sala Constitucional respecto de la sanción contenida en el numeral 38 de la Ley 7593 en su voto 16239-2017 de las nueve horas quince minutos del once de octubre de dos mil diecisiete que afirmó: “Los accionantes estiman que el artículo 38, inciso d) cuestionado, viola los principios referidos. En relación con este aspecto, este Tribunal, en la sentencia No. 2008-017303 de las 14:56 hrs. del 19 de noviembre de 2008, resolvió: ‘V.- De la acusada violación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad del artículo 38 in fine de la Ley N°7593 de 09 de agosto de 1996. El recurrente acusa que la sanción de multa del artículo 38 in fine de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que es de cinco a veinte salarios base mínimos fijados en el presupuesto ordinario de la República, de acuerdo con la Ley No. 7337, y que se impone a quien suministre un servicio público que incurra en cualquiera de los supuestos descritos en los incisos anteriores de ese mismo artículo, lesiona el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Del estudio de la norma sometida a análisis, no existe en opinión de la Sala, por sí misma una desproporción entre la conducta y la sanción que se cuestiona; tomando en cuenta que la tutela de los bienes jurídicos tutelados-, entre los que están: seguridad, salud, intereses económicos y sociales de los distintos usuarios de los servicios públicos-, son de la máxima relevancia para el sistema democrático. Se reitera en esta acción, que la Sala en el caso de las penas, y al igual que lo es por ejemplo en materia tributaria, sólo puede eliminar normas evidentemente desproporcionadas. Así, en el caso de los impuestos para poner un ejemplo, pueden existir normas muy gravosas, pero mientras no sean confiscatorias, están dentro del marco de la política tributaria del Estado que permite el orden constitucional. Lo mismo sucede con el quantum de las penas de prisión y de las multas, en los que la Sala sólo puede analizar si rebasa límites (topes) de razonabilidad. Ahora bien, en cuanto a la proporcionalidad de la pena de 5 a 12 salarios que se analiza en esta acción, en relación con la relevancia del bien jurídico tutelado, no parece entonces irrazonable la multa fijada, tomando en cuenta que la tutela de los bienes jurídicos tutelados-, entre los que están: seguridad, salud, intereses económicos y sociales de los distintos usuarios de los servicios públicos-, pues como se dijo son de la máxima relevancia para el sistema democrático. Este Tribunal estima que la imposición de la sanción de 5 a 12 salarios base, como sanción residual, no resulta desproporcionada al atenderse y aceptarse como razonable, la consideración esgrimida por la Reguladora General de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos en el informe rendido a la Sala, en el sentido de que la sanción opera en el tanto no sea posible determinar el daño causado y que para su imposición se ponderan criterios de riesgo para la salud, la seguridad, el medio ambiente, la gravedad del incumplimiento o la infracción, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad del daño, en relación con los supuestos  establecidos en el artículo 38 transcrito en el Considerando III de esta sentencia. En este caso, la sanción como pena es razonable por cuanto es adecuada para regular y proteger los bienes jurídicos que se pretender tutelar; y en esa medida es proporcional por cuanto hay relación entre el medio escogido y el fin buscado. Por otro lado, de la lectura de la norma se entiende que la multa de 5 a 12 salarios base, como resultado de las infracciones contenidas en el mismo artículo, ofrece a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos un sistema de bandas que le permite escoger entre diversas sanciones y aplicarla en la medida en que sea diferente la conducta así como el destinatario de la sanción; de modo que ajuste correctamente la pena a las particularidades del caso sometido a su conocimiento. En efecto, la sanción se puede relacionar en este caso con la actuación que tuvo el infractor y en esa medida será impuesta la sanción, lo que presupone en cada caso, la necesaria exigencia de una valoración razonable y proporcional entre el hecho cometido, la afectación del bien jurídico que se dio con la acción atribuida al sujeto activo de la infracción y la sanción con la cual se pretende castigar la actividad ilícita, siendo que en este caso el Legislador fijó parámetros en cuanto al monto de la pena a imponer, de 5 a 12 salarios base; pudiendo adecuar la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos su actuación al determinar la pena, con la posibilidad de realizar una acertada individualización y utilizar su potestad valorativa al fijar el quantum de la sanción en la resolución que la impone; lo que es un margen para valorar cada caso en particular; que se ajusta a los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad constitucionales. Así las cosas, este Tribunal no constata ninguna arbitrariedad ni desproporcionalidad en la posibilidad de determinar la sanción de multa en los términos del artículo 38 in fine de la Ley Reguladora de los Servicios Públicos, y en consecuencia procede declarar sin lugar la acción en todos sus extremos’…”. Con ello, descartamos la genérica afirmación de que el contenido sancionatorio de la norma 38 de la Ley 7593 resulte desproporcionado. Enfocándose en el argumento dado por el actor entre la diferencia entre un “riesgo” y un “daño” y cómo, a su criterio, existe una confusión en el caso de marras tesis que, como se verá de seguido, no concuerda esta Cámara. La base interpretativa de la actora supone que el articulo 38 se limita a la existencia de daños concretos, excluyendo con ello los riesgos no consumados, lo cual es incorrecto. En la doctrina de los daños, efectivamente se encuentran diferenciados los daños directos e indirectos, mediatos e inmediatos, originarios, derivados, potenciales, efectivos, entre otras tantas clasificaciones dependiendo de la fuente de conocimiento que se consulte, y es donde la denominada Doctrina del Riesgo entra en juego y a valorarse en un asunto como en el presente. Valga la pena aclarar la razón de la disertación, la cual es, determinar si la parte actora posee razón al decir que el numeral 38 se encuentra limitado de forma exclusiva a “daños”, no incluyendo “riesgos”. Sobre esta Teoría, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha expuesto considerándolo una variable de responsabilidad objetiva exponiendo que “…En ella, se prescinde del elemento culpa como criterio de imputación, enfocándose en una conducta o actividad de un sujeto físico o jurídico, caracterizada por la puesta en marcha de una actividad peligrosa, o la mera tenencia de un objeto de peligro. El elemento de imputación de esta responsabilidad es el riesgo creado, o la conducta creadora del riesgo. Por ello, se afirma, la noción de riesgo sustituye los conceptos de culpa y antijuridicidad... La responsabilidad objetiva reside en el hecho de que, aquél que, para su propio provecho, crea una fuente de probables daños y expone a las personas y bienes ajenos a peligro, queda obligado si el daño se verifica. Para determinar esta responsabilidad, debe existir un nexo de causalidad entre la actividad riesgosa puesta en marcha y el daño ocasionado. Nuestra jurisprudencia, desde épocas pretéritas, ha reconocido este tipo de responsabilidad. Sobre el particular, pueden consultarse las sentencias de la antigua Sala de Casación número 97 de las 16 hrs. del 20 de agosto de 1976; y de esta Sala, entre otras, las números 26 de las 15:10 hrs. del 10 de mayo de 1989; 263 de las 15:30 hrs. del 22 de agosto de 1990; 354 de las 10 hrs. del 14 de diciembre de 1990; 138 de las 15:05 hrs. del 23 de agosto de 1991; 112 de las 14:15 hrs. del 15 de julio de 1992; y, 61 de las 14:50 hrs. del 19 de junio de 1996. En consecuencia, la responsabilidad objetiva emerge de la realización de actividades lícitas o autorizadas, pero que constituyen una fuente de riesgo. En relación, el artículo señalado del Código Civil, en su párrafo 5to. señala: “Y si una persona muriere o fuere lesionada por una máquina motiva, o un vehículo de ferrocarril, tranvía u otro modo de transporte análogo, la empresa o persona explotadora está obligada a reparar el perjuicio que de ello resulte, si no prueba que el accidente fue causado por fuerza mayor o por la propia falta de la persona muerta o lesionada.”. De acuerdo con la anterior disposición, la carga de la prueba se invierte. Sea, le corresponde a la persona o empresa a quien se le atribuye la responsabilidad, demostrar que los daños se produjeron por fuerza mayor o por culpa de la víctima. (Resolución no. 376-1999 de las 14 horas 40 minutos del 9 de julio de 1999)… En ella se parte de la hipótesis de que la fuente de obligaciones es el uso lícito de cosas peligrosas, que por el hecho de causar daño, obligan al que se sirve de ellas, a reparar el daño causado. Tres son los elementos que conforman este tipo de responsabilidad, a saber: a) el empleo de cosas que conllevan peligro o riesgo; b) causar un daño de carácter patrimonial; c) la relación o nexo de causa efecto entre el hecho y el daño… No existe discusión en cuanto a que la responsabilidad objetiva reside en el hecho de que, aquél quien, para su propio provecho, crea un riesgo y expone a las personas y bienes ajenos a peligro, está en consecuencia obligado a resarcirlos si el daño se verifica” (Voto 167-F-S1-2018 de las catorce horas treinta y dos minutos del primero de marzo de dos mil dieciocho); empero, debe destacarse que esta postura se presenta cuando se crea un riesgo al amparo de una actividad lícita, es decir, cuando el operador cuenta con los respectivos permisos, licencias o concesiones para el ejercicio de la actividad riesgosa. A contrario sensu, la generación de un riesgo a partir de una actividad no autorizada es susceptible de ser sancionada, dado que resultaría ilógico y arbitrario tener que esperar a que el riesgo se consolide o materialice para que la conducta fuese reprochable, lo cual parece ser lo que procura la parte actora con su argumento. En otras palabras, el riesgo creado forma parte de la doctrina del daño, concretamente como un daño potencial, el cual cuando la actividad es lícita sólo es indemnizable ante la concretización del riesgo en un daño concreto, pero es perseguible y sancionable, cuando la actividad resulta ilícita o al margen de la legalidad, sin necesidad de la concreción de un daño concreto. En esta línea de pensamiento, este Tribunal se decanta por interpretar que el riesgo generado es un resultado lesivo tutelado por el artículo 38 de la Ley 7593, pensar lo contrario implicaría aceptar que un sujeto generador de riesgo y que saca provecho de él, resultaría ileso de imposición de responsabilidad si el riesgo creado no se materializase, lo cual no puede ser aceptado por esta Cámara. Así, para el caso concreto, queda claro que en el procedimiento administrativo seguido en contra de la actora, tomando en consideración tanto la prueba testimonial como la pericial recabada, sí se realizó, al menos en dos eventos, uno en junio y otro en julio de 2014, un riesgo ante la prestación de servicio no autorizado de gas licuado de petróleo al consumidor final, conducta que, como se ha expuesto, forma parte de una actividad ilícita sancionada por la ley 7593 y que hace que el argumento de la promotora de la acción no sea de recibo. Respecto del alegato de proporcionalidad de la sanción impuesta, debe considerar que, en el acto final, se fundamenta la imposición de la sanción en el salario base vigente al momento de los hechos denunciados (considerando V, punto j) de la resolución RRGA-150-2018), por lo que no es posible hablar de una desproporción en este sentido. Ahora bien, referente a la proporcionalidad del quantum de la multa, es decir, al por qué fijar la sanción en la banda superior permitida, es necesario considerar los siguientes factores: primero, ya ha sido esclarecido que el riesgo en sí mismo provocado por una actividad ilícita es una actividad lesiva sancionable; segundo, que al tenor del caso concreto la actividad se comprobó dos veces (nunca se acreditó que se tratase de una conducta rutinaria, ni se le dio tratamiento de esta forma por lo que las alegaciones de las partes al respecto resultan ajenas al asunto de fondo); y tercero, que en el procedimiento administrativo hubo prueba técnica pericial (ingeniero químico) que expuso sobre la magnitud del riesgo generado con la actividad no autorizada, prueba que no fue desacreditada por la actora en este proceso. Así, en la citada resolución que constituye acto final del procedimiento administrativo, se fundamentó la sanción de la siguiente manera: “Como se expuso líneas arriba, el daño a la colectividad en este caso, además del provocado por prestar un servicio que es titularidad del Estado sin haber pasado por todos los tramites, procedimientos, y cumplimiento de requisitos; consiste en el riesgo en que se puso a los usuarios de la estación de servicio, a sus propios empleados, a los vecinos de esta, y al medio ambiente, por no contar con las medidas que el ordenamiento establece en protección de esos derechos, y por haberlo hecho sin contar con los implementos necesarios para el correcto envasado. Dada la relevancia de lo que se puso en riesgo, la sanción a imponer debe ser la más drástica, sea la de 20 salarios” (considerando VII), con ello, se tiene claro que se utilizaron dos factores de ponderación: un daño al Estado por la realización de un servicio de su propiedad sin la respectiva autorización para ello, y segundo, el riesgo provocado así como su gravedad (expuesto por la declaración del ingeniero químico en considerando IV acápite b); así las cosas, esta Cámara considera que no solamente que la resolución de final RRGA-150-2018 cuenta con los elementos mínimos de motivación e integridad para extraer los factores de motivo, contenido y fin, fundamentales del acto administrativo, sino que la ponderación realizada en la imposición de la sanción resulta acorde a los principios rectores de razonabilidad y proporcionalidad, que los alegatos de la parte actora, así como la ausencia de prueba en contrario, pudieron en este proceso debatir o desacreditar el resultado. Consecuentemente, el reclamo por la parte actora no resulta de recibo, siendo por ello rechazada la demanda en todos sus extremos\".\n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas\nTexto de la resolución\n\nEV Generación de Machote: F:\\Gestion-Judicial\\Servidor de Archivos\\Modelos\\Contencioso\\TCRESOL016.dpj\n\n \n\n*180041211027CA*\n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\n18-004121-1027-CA - 0\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nCONOCIMIENTO\n\n\n\n\nACTOR/A:\n\n\t\n\nBLUE FLAME FUEL TECHNOLOGY CORPORATION S.A.\n\n\n\n\nDEMANDADO/A:\n\n\t\n\nAUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS\n\n \n\nNº33-2020-I\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las ocho horas del veintitrés de marzo de dos mil veinte.-\n\n \n\nProceso de conocimiento establecido por Blue Flame Fuel Technology Corporation Sociedad Anónima, cédula jurídica CED17838, representada en este acto por su apoderado Nombre22213   , mayor, soltero, cédula de identidad número CED17837 -     -    , vecino de San José y su apoderado especial judicial el Licenciado Ronald Freddy Zúñiga Rojas, en contra de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), representada por el apoderado general judicial el Licenciado Luis Daniel Chacón Solórzano y la apoderada especial judicial la Licenciada Daniela Retana Vargas, personerías de las partes que fueron revisados en los autos; y\n\nRESULTANDO:\n\n1.- La parte actora compareció ante esta jurisdicción a solicitar según se desprende del escrito de demanda del 25 de mayo de 2018, así como de los ajustes realizados en la audiencia preliminar celebrada el 21 de febrero del 2019 lo siguiente: “1. BLUE FLAME FUEL TECHNOLOGY CORPORATION S. A. solicita que se declare la nulidad absoluta de resolución RRGA - 150 - 2018 de las 13:00 horas de 16 de marzo de 2018 la REGULADORA GENERAL ADJUNTA. 2. Como consecuencia de lo anterior declárese la nulidad de la multa impuesta a mi representada de VEINTE SALARIOS BASE, multa que asciende a ?7.988.000.00. 3. Declárese la nulidad de los actos administrativos conexos incluyendo la intimación del procedimiento administrativo y los posteriores a la resolución de fondo”. En la audiencia preliminar fue aclarada esta última pretensión en el sentido de que los actos cuya nulidad se solicita son los actos de intimación del procedimiento administrativo ROD-DGA10-2017 y de la resolución RE1197-RGA-2018 que resuelve los recursos ordinarios. “4. Condénese a la demandada al pago de daños y perjuicios los que se liquidarán en ejecución de sentencia.” Aclarándose en la audiencia preliminar que los daños por el orden de los ?7.988.000 colones (siete millones novecientos ochenta y ocho mil colones) y los perjuicios por los intereses legales sobre dicha suma. “5. Declárese que la ARESEP deberá indexar en favor de mi representada el monto de los daños que se determine, a fin de compensar la variación en el poder adquisitivo ocurrida durante el lapso que media entre la fecha de exigibilidad de la obligación y la de su extinción por pago efectivo”. En la audiencia preliminar se aclaró que la indexación quedará sujeta a ejecución de sentencia. “6. Condénese a la demandada al pago de las costas personales y procesales del juicio”. (Imágenes 38 y 39 del expediente electrónico, así como lo consignado en audiencia preliminar visible al audio de ésta y minuta a imagen 219 del expediente electrónico)\n\n2.- Conferido el traslado, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos contestó de forma negativa la demanda en fecha 20 de setiembre de 2018 e interpuso la defensa de falta de derecho. (Imágenes 82 a 186 del expediente electrónico)\n\n3.- La audiencia preliminar se realizó el 21 de febrero del 2019, en ésta se fijaron las pretensiones, los hechos controvertidos y se admitió la prueba. (Véase audio de la audiencia, así como minuta visible a imágenes 218 a 221 del expediente electrónico).\n\n4.- Por medio de escrito de fecha 12 de febrero de 2020 por parte de la ARESEP se tuvo por renunciado al testigo ofrecido y por parte de la actora de igual forma, por escrito de fecha 13 del mismo mes, rogando en ambos casos que se procediese a la rendición de conclusiones por escrito, aceptando dicha rogatoria, dejando sin efecto el señalamiento de juicio oral y público y convirtiendo el asunto a puro derecho por medio de resolución de esta Cámara, de las diez horas y cero minutos del diecisiete de febrero de dos mil veinte y otorgando plazo para conclusiones, siendo rendidas por ambas partes (véase imágenes 235 a 288 del expediente electrónico).\n\n5.- En los procedimientos se han observado las prescripciones y términos de ley, y no se perciben vicios, defectos u omisiones susceptibles de producir nulidad de lo actuado o indefensión a las partes. Se dicta esta sentencia dentro del plazo legal.\n\nSe dicta la presente resolución por unanimidad y previa deliberación.\n\nRedacta el juez Mejías Rodríguez con el voto favorable de las juezas Gómez Chacón y Bolaños Salazar\n\nCONSIDERANDO:\n\nI. HECHOS PROBADOS: Se tienen como tales, por tener el correspondiente sustento y que son relevantes para el presente asunto, los siguientes: 1. Que originalmente en el expediente ES-1-09-03-04 inicialmente TA-970, por resolución R-D-102-2012-MINAET, de las 8:37 horas de 19 de marzo de 2012 y por un plazo de cinco años se les había concedido la autorización de estación de servicio con prestación de gas LP (Gas Licuado de Petróleo) y además como parte del servicio público de venta de gas LP el transporte del combustible de gas LP desde el tanque de almacenamiento autorizado, a tanques autorizados de autoconsumo de terceras personas autorizados por MINAET, mediante equipos de transporte de combustible gas LP a granel conforme la resolución R-MINAE-DGTCC-707-2015 de las 10 horas del 21 de julio de 2015. (Véase imágenes 112 a 127 del expediente administrativo OT-184-2014). 2. Que en fecha 21 de agosto de 2014 fue denunciada la firma actora, por la presunta prestación no autorizada del servicio público de envasado de cilindros portátiles de gas licuado de petróleo, infracción de normativa de envasado de gas LP, cobro de tarifa no autorizada y otros, utilizando como prueba dos actas notariales realizadas en fechas 30 de junio y 22 de julio de 2014, en las cuales se narra el envase del combustible y cobro por parte de uno de los dependientes de comercio de la actora, la cual, pese a que planteó junto con la denuncia una medida cautelar, esta fue rechazada. (Véase imágenes 4 a 76 del expediente administrativo OT-184-2014); 3. El 31 de julio de 2015, se solicitó a la denunciante aportar mayor información en atención a la denuncia planteada, siendo cumplido por la denunciante el 17 de agosto de ese año. (Véase imágenes 78 a 98 del expediente administrativo OT-184-2014); 4. El 20 de mayo de 2016 se ordenó una inspección, misma que fue realizada el 21 de julio de ese año. (Véase imágenes 99 a 144 del expediente administrativo OT-184-2014); 5. El Regulador General se ordenó la apertura del procedimiento y nombrándose órgano director el 15 de mayo de 2017 por resolución RRG-159-2017 de las 11:50 horas del citado día. (Véase imágenes 168 a 173 del expediente administrativo OT-184-2014). 6. Por resolución ROD-DGAU-10-2017 de las 9:37 horas, se realiza el traslado de cargos a la firma actora, cuyos hechos a investigar son los siguientes: a) Prestación no autorizada de distribución de gas licuado de petróleo a consumidores finales, desde la etapa de envasado hasta el consumidor final, ello en fechas 30 de junio y 22 de julio del año 2014, utilizando como marco imputativo de responsabilidad el inciso d) del artículo 38 de la Ley 7593 advirtiendo que la consecuencia legal en caso de comprobarse es de 5 a 10 veces el daño provocado o en su defecto, una multa de 5 a 20 salarios base en caso de no acreditarse el monto del daño, calculando que, para el año de los hechos, es decir 2014, la eventual multa podría oscilar entre ?1.997.000 (un millón novecientos noventa y siete mil colones) y los ?7.998.000 (siete millones novecientos noventa y ocho mil colones). A su vez, se convoca a la investigada, a la audiencia oral y privada para el día 30 de junio de 2017. (Véase imágenes 177 a 184 del expediente administrativo OT-184-2014); 7. Contra el traslado fueron interpuestos los recursos de revocatoria y apelación con nulidad concomitante, el día 26 por parte de la actora alegando prescripción entre los hechos y el traslado con fundamento en el 261 de la LGAP, así como nulidad de la intimación, ausencia de demostración de daños y utilización de agente provocador. (Véase imágenes 266 a 233 del expediente administrativo OT-184-2014); 8. La audiencia oral y privada es realizada el día 30 de junio de 2017 en ausencia de la parte investigada, aunque estaba correctamente convocada. En la misma se evacuaron como prueba testimonial, la declaración de Nombre22214  y Nombre22215   y la declaración pericial privada del ingeniero químico Nombre22216  , regente ambiental en el campo de envasado y distribución de gas licuado de petróleo, así como incorporación del informe escrito pericial realizado por el indicado ingeniero. (Véase imágenes 258 a 290 del expediente administrativo OT-184-2014, así como audio “OT-184-2014 BLU FLAME FUEL TECNOLOGY CORPORATION S.A..MP3” aportado en formato comprimido con el CD de prueba del expediente administrativo indicado); 9. El recurso de revocatoria contra el traslado de cargos fue resuelto por resolución ROD-DGAU-19-2018 de las 11:31 horas del 9 de febrero de 2018 y se traslada el conocimiento en alzada del recurso de apelación. (Véase imágenes 291 a 300 del expediente administrativo OT-184-2014); 10. El 16 febrero del año 2018, se emite el informe final 1284-DGAU-2018/46971 (véase imágenes 424 a 450 del expediente administrativo OT-184-2014); 11. La parte actora el día 14 de febrero de 2018, alegó la defensa de prescripción y caducidad de instancia contra ROD-DGAU-10-2017. (Véase imágenes 302 a 307 del expediente administrativo OT-184-2014); 12. El 14 de marzo 2018 la Reguladora Adjunta rechaza el recurso de apelación en subsidio planteado contra el traslado de cargos por resolución RRGA-140-2018. (Véase imágenes 335 a 352 del expediente administrativo OT-184-2014); 13. El 16 del mismo mes se emite el acto final RRGA-150-2018 (véase imágenes 452 a 471 del expediente administrativo OT-184-2014), 14. La actora el 19 de marzo planteó una gestión de nulidad y el 21 de marzo, ambos del 2018, interpuso los recursos de revocatoria y apelación. (Véase imágenes 361 a 405 del expediente administrativo OT-184-2014); 15. El 12 de abril de 2018 se realizó la segunda intimatoria para pago de la multa impuesta por la resolución final del procedimiento administrativo. (Véase imágenes 481 a 482 del expediente administrativo OT-184-2014); 16. Para el mes de setiembre de 2018, por medio de acto emitido en fecha 11 de ese mes, se resolvieron tanto las gestiones de nulidad como la revocatoria planteada. Esto, mediante resolución de la Reguladora Adjunta número RE-1197-RGA-2018, dando por agotada la vía administrativa. (Véase imágenes 496 a 535 del expediente administrativo OT-184-2014).\n\nII. HECHOS NO PROBADOS: Se tienen como hechos que no lograron acreditarse, los siguientes: 1. Que la multa impuesta por la resolución RRGA-150-2018 haya sido pagada por la actora. 2. Que haya operado el instituto de la prescripción o caducidad en el procedimiento sancionatorio OT-184-2014. 3. Que exista un vicio de nulidad en la resolución RRGA-150-2018 (acto final) o la resolución RE-1197-RGA-2018 (acto definitivo).\n\nIII. DE LOS ALEGATOS DE LA ACTORA: La representación actora indica en su libelo de demanda que el día 30 de junio de 2017 se realizó la audiencia oral y privada del procedimiento sancionatorio contenido en el expediente OT-184-2014. No fue sino hasta el 9 de febrero del 2018 que se resuelve la revocatoria contra el traslado de cargos por resolución ROD-DGAU-19-2018, apersonándose la actora ante el superior el 15 de febrero de ese año, reiterando agravios y alegando la caducidad del procedimiento, siendo rechazada la apelación en subsidio por resolución RRGA-140-2018 de las 15:50 horas de 14 de marzo de 2018, emitida por la Reguladora General Adjunta, a la cual se interpeló gestión de nulidad el 19 de marzo y que no ha sido resuelta. Mediante resolución RRGA - 150 - 2018 de las 13:00 horas de 16 de marzo de 2018, la Reguladora Adjunta emite acto final sancionatorio contra la actora por la prestación no autorizada de servicio público de envasado y distribución al consumidor final de gas licuado de petróleo imponiéndose una multa por ?7.988.000 colones (siete millones novecientos ochenta y ocho mil colones), planteándose los respectivos recursos de revocatoria y apelación en subsidio el 21 de marzo de 2018, los cuales no han sido resueltos. Ante estos hechos, la parte promovente considera que el procedimiento había fenecido a razón del instituto de la caducidad, ante la inercia inexcusable de seis meses que establece la Ley General de Administración Pública, concretamente, el numeral 340 y que la Sala Primera, en fallos como el 34-F-S1-2011 ha expuesto una vez cumplidos los presupuestos de hecho en ella contenidos, la consecuencia deviene en obligatoria para el órgano encargado de la tramitación, siempre que se alegue dentro del procedimiento. Esto implica que sus efectos se producen de pleno derecho, y por ende, su reconocimiento tiene efectos meramente declarativos, no constitutivo, cita para ello como antecedentes la resolución 104-2017-VI de la sección sexta de este Tribunal, resultando aplicable en razón de una doble tesis: por un lado, la caducidad no es aplicable al régimen recursivo y por otra, que la caducidad alegada abarca por el tiempo transcurrido desde la audiencia oral y privada a la resolución del acto final (del 30 de junio de 2017 al 9 de febrero 2018). Adicionalmente, la parte actora alega vicios en la imputación de responsabilidad en cuanto a la individualización de la responsabilidad, pues el traslado de cargos no hace un deslinde entre la responsabilidad del trabajador de la empresa y la empresa misma (según los hechos denunciados), lo cual es obligatorio conforme el antecedente de la Sala Constitucional 2015-001781. Por otra parte, alega una desproporcionalidad de la sanción infringiendo lo dispuesto por el 38 de la ley 7593, ante el nulo esfuerzo del órgano director de investigar la existencia de un daño, se llega a la contradicción de que se califique el daño provocado por los hechos denunciados como un “hecho no probado” y, pese a ello, impuso la máxima multa de 20 salarios base, sancionándose por un “riesgo” (no demostrado) y no por un daño que es lo que exige la norma, confundiendo así ambos conceptos, y sin explicar en detalle las razones que fundamentan el uso de la pena máxima y no de otras menores, pese a que, en el mejor de los casos, se tratan de dos eventos aislados y no una práctica generalizada, provocando con ello, vicios de nulidad absoluta. Afirma que “lo que aparece en el expediente administrativo es que a partir de una denuncia de un “agente provocador”, que es la empresa de la competencia de BLUE FLAME TECHNOLOGY CORPORATION S.A., con dos actas notariales que consideramos invalidas por transgresión del principio de imparcialidad notarial, la Reguladora General Adjunta (que carece de competencia para dictar el acto), encontró que mi representada incurrió en la prestación no autorizada del servicio público…Arbitrariamente la resolución escoge la máxima sanción como si fuese una decisión discrecional invulnerable a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. La multa es irrazonable y desproporcionada”. Atinente al tema del órgano decisor, la parte actora ataca que haya sido la Reguladora Adjunta la que haya conocido y resuelto el asunto, a razón de que, conforme la normativa aplicable, tal competencia recaía exclusivamente en la Junta Directiva de la entidad o en el Regulador General conforme al Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (RIOF) artículo 9.17, no siendo así una función delegable. Bajo su tesitura, el 88 de la Ley General de Administración Pública obliga a que la habilitación de delegación sea de rango mínimo legal, no siendo por ende posible que por medio de una simple resolución se pueda realizar el acto habilitante. Consecuencia de ello, ante la falta de investidura suficiente de la Reguladora Adjunta, se produce una nulidad sobre lo actuado conforme los numerales 129, 158 y 166 de la Ley General de Administración Pública, siendo que hubo para el presente asunto un rompimiento de identidad entre quien ordenó el procedimiento y quien lo resolvió. En otro orden de ideas, alega la excepción de prescripción contra lo resuelto, dado que la denuncia de agosto de 2014, se fundamenta en supuestos hechos del 30 de junio y 22 de julio, siendo resuelto el asunto hasta marzo de 2018, más de tres años después, por lo que, a su consideración con fundamento en el 225 de la Ley General referida y de la aplicación de la resolución 104-2017-VI de la Sección Sexta de este Tribunal, el proceso se encuentra prescrito; no obstante, en conclusiones, la parte actora retira el alegato de prescripción al afirmar “En esta fase de conclusiones debemos corregir una parte de nuestro discurso que titulamos coma “SEXTA PARTE- PRESCRIPCIÓN”. Ese apartado de la demanda reclamamos prescripción y nulidad del procedimiento, creemos que en realidad se trata únicamente de un tema de nulidad”. Por otra parte, considera que lo resuelto de igual forma encuentra problemas de motivación y fundamentación en ocasión de que, con la prueba obrante en el procedimiento administrativo, no bastaba para extraer una responsabilidad empresarial, incumpliendo así el voto del Tribunal Constitucional 2015-001781 ya citado, sobre todo por el hecho de que no se demostró que la empresa como tal de manera rutinaria y no aislada, separada de una eventual conducta irregular de un trabajador, realizara las conductas reprochadas, siendo que ni tan siquiera se demostró que se contara con el equipo suficiente para ello, alegando en esta línea que “si en dos ocasiones por su cuenta alguno de esos trabajadores de una estación en Santa Ana hubiese incurrido en la conducta denunciada, habría sido absolutamente incontrolable para la administración de la empresa… Investigada en nuestra empresa la denuncia, uno de nuestros trabajadores en mayo de 2017, indicó que creía recordar que años atrás llegaron unas personas en un pick up rogando que se les “llenara” un cilindro de gas porque estaban en una fiesta y se les había vaciado, no hay forma razonable de saber si en mayo de 2017 (una vez recibida la denuncia el 25 de ese mes) alguno de nuestros trabajadores recordase a cabalidad los hechos ocurridos 34 meses antes, aun así con el testimonio que ofrecemos será suficiente para sustentar que no hay responsabilidad empresarial”, considerando así que las pruebas aportadas por la denunciante constituyen actuaciones calificables de agentes provocadores encubiertos e interesados. Sobre esta línea, considera que la prueba utilizada es espuria, dado que no cumplen las actas notariales con los requisitos del Código Notarial artículos 42, 101 y 104 siendo que “no dejó constancia de que haya solicitado los nombres de los trabajadores, de que les haya advertido que estaba levantando un acta notarial y no solo eso sino que parece ser, dicho sea con el mayor respeto pero con rigurosidad jurídica, con vista de las propias actas que el Señor notario participó de los hechos, él era según su propio dicho una de las personas que solicitaron el presunto envasado de los cilindros de gas… Los testigos y el notario no fueron simples agentes presenciales en el acto, fueron protagonistas de los hechos. Los testigos tenían interés, pues Nombre22215  era “colaborador” de Gas Nacional Zeta y el testigo Nombre22214 asistió como tal pero en una diligencia notarial que no fue puesta en conocimiento del trabajador de mi representada que los atendió y este testigo al parecer participó como parte del grupo que indujo una venta de gas” violentando con ello el principio de imparcialidad notarial y apoyándose en la resolución 189 de las 15:10 horas del 6 de setiembre de 2012 del Tribunal Notarial. Todo lo anterior, provocó un daño material por las sumas canceladas a razón de la sanción impuesta e intereses en carácter de perjuicios.\n\nIV. SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LA ARESEP: La representación de la entidad demandada al contestar la acción, alega que la denuncia fue respaldada no solamente por las actas notariales, sino también por fotografías correspondientes a las instalaciones de la actora y las facturas emitidas por funcionarios de ella, acreditándose así la causal sancionatoria y motivando el procedimiento administrativo sancionador, a saber, la prestación de servicio no autorizado y con montos fuera de los regulados. Referente al cuestionamiento de la competencia de la Reguladora Adjunta, manifiesta que había operado una delegación, por lo que no existía impedimento para que participara de las gestiones, e indicando que en la resolución que conoce la apelación contra el traslado, incluyó el rechazo de la caducidad alegada. Atinente a ello, manifiesta que el acto que resuelve la revocatoria rompe la inactividad de los seis meses en los actos posteriores a la audiencia oral y privada, siendo de igual forma cierto que los actos previos y posteriores se dieron dentro de dicho plazo, haciendo por ende inaplicable dicho instituto regulado en el 340 de la Ley General de Administración Pública. De igual forma, afirma que la alegación de la caducidad fue planteada en un momento posterior a la resolución ROD-DGAU-19-2018 del 9 de febrero de 2014 que resolvía el recurso de revocatoria contra el traslado de cargos, con lo cual siguiendo la tesitura de antecedentes del Tribunal de Casación como la 09-TC-2016 y de la Sala Primera en votos 1001-A-S1-2013 y N° 286-F-S1-2014 el argumento fue realizado fuera de tiempo al plantearse hasta el 14 de febrero, es decir, 5 días posterior, con ello, la indicada resolución administrativa tuvo la capacidad de eliminar la caducidad del procedimiento conforme el 329 de la Ley General de Administración Pública siguiendo la tesis del Tribunal de Casación de lo contencioso – administrativo 59-F-TC-2017, en concordancia con el 260.1 de la LGAP, fortaleciendo el argumento con el hecho de que el procedimiento sancionatorio giró sobre hechos que tratan de un tema de interés general, por lo que conforme el 339.3 y 340.1 de la LGAP, no es aplicable el instituto en cuestión, tal y como lo han indicado resoluciones de este Tribunal como la 588-2017-T y 2463-2017. En lo referente a la discusión respecto de la correcta intimación e imputación en el traslado de cargos, la parte demandada ante el alegato de la falta de separación de responsabilidad entre el servidor de la actora y ella misma, señala que carece de fundamento, por una parte, por el hecho de que el procedimiento administrativo fue instaurado contra ella en su condición de concesionaria, además de que tenía por objeto determinar si tenía o no, un grado de responsabilidad en los hechos denunciados, los cuales solamente se confirmarían con el acto final del propio procedimiento, habiéndose claramente expuesto cuáles eran los hechos a investigar y sus posibles consecuencias, el cual, dicho sea de paso, confirmó la responsabilidad en el la resolución que impone la sanción administrativa, pero que, además, implica una correspondencia entre lo intimado y lo resuelto, dando de igual forma argumentos utilizados en la resolución que acreditaron la imputación de responsabilidad de la actora, concretamente, que la actuación del dependiente a nombre y por cuenta de la empresa o la entidad para la cual laboran y bajo su dirección, resultando improcedente lo argumentado. En cuanto a la proporcionalidad de la sanción y acreditación del daño, esta fue interpuesta dentro de los parámetros que dispone la norma, y en cuanto a la demostración de la afectación alegó que: “la demostración del daño, queda supeditada a la verificación real de los hechos, conforme a la normativa citada, los cuales fueron debidamente probados y en lo que interesa, corresponden a la conducta tipificada en el artículo 38 inciso d) de la Ley N° 7593… una vez acreditada la falta incurrida por la parte actora, se desprende del artículo de cita que, dicha norma atribuye como consecuencia, una multa de cinco a diez veces el valor del daño causado”, así, se equivoca la actora al afirmar que en la resolución final en el acápite de hechos “no probados” no se acreditara el daño, sino que “lo único que no se logró acreditar fue, la cuantía del daño ocasionado a la colectividad por la prestación no autorizada del servicio público de envasado y distribución de gas LP, al consumidor final, por parte de la investigada”, permitiendo con ello la aplicación del régimen sancionatorio basado en salarios base y no en el quantum del daño, pero que se tuvo por acreditado la existencia de éste; en conclusiones refuerza esta argumentación indicando que “se acreditó que la parte actora incurrió en la falta tipificada en dicho artículo, la cual erróneamente a lo que interpreta la parte actora, se configura con la prestación no autorizada de un servicio público, indistintamente de la cantidad de veces que dicho ilícito se configure, para describirla coma una ‘práctica comercial consuetudinaria’, acreedora de consecuencias legales”. Ahora bien, en cuanto al reclamo de que no se hizo un exhaustivo análisis y recaudación de prueba del daño utilizando para ello un criterio de la Procuraduría General de la República (C-024-2002), hace ver que dicho criterio fue variado al año siguiente (C-156-2003) el cual con la actuación de su representada, concretamente, en la tesis de la inexistencia de prueba idónea que permita determinar el quantum del daño y por ende, la aplicación subsidiaria del sistema sancionatorio fundamentado en salarios base. De igual forma, refiriéndose a la proporcionalidad de utilizar el tope máximo de la multa, manifiesta que la parte actora considera que lo que hubo fue un simple “riesgo”, lo cual no es cierto, tal y como lo afirma la resolución final que incorporó en su razonamiento “…el daño a la colectividad en este caso, además del provocado por prestar un servicio que es titularidad del Estado sin haber pasado por todos los trámites, procedimientos, y cumplimiento de requisitos; consiste en el riesgo en que se puso a los usuarios de la estación de servicio, a sus propios empleados, a los vecinos de este, y al medio ambiente, por no contar con las medidas que el ordenamiento establece en protección de esos derechos, y por haberlo hecho sin contar con los implementos necesarios para el correcto envasado. Dado la relevancia de lo que se puso en riesgo, la sanción a imponer debe ser la más drástica, sea la de 20 salarios”, con lo cual se concluye una correcta motivación y sustento de la sanción, alegando además que, a su consideración “la parte actora, incurrió en dos faltas de prestación no autorizada del servicio público de envasado de gas licuado de petróleo, conducta tipificada en el inciso d) del artículo 38 de la ley N° 7593. Dicha situación generó un perjuicio mucho mayor a los usuarios, a la colectividad, ya que el daño ocasionado es mayor que, si la falta se hubiera presentado en una sola ocasión… congruente para la determinación del quantum de la multa, no correspondiendo por ende el monto impuesto a una decisión discrecional invulnerable a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, pues, tal y como se desprende de la sentencia supra mencionada de la Sala Constitucional, al analizar la constitucionalidad del artículo 38 de la Ley N° 7593, queda claro que la Aresep, cuenta con ‘un margen para valorar cada caso en particular’, es decir, un margen de aplicación de la multa según cada falta sancionada, entre las bandas que la citada norma le permite escoger”, argumento que reiteró en conclusiones. Descarga de igual forma contra el cuestionamiento de competencia de la Reguladora Adjunta quien fungió como órgano decisor, lo fue en razón de la delegación que previamente había operado a favor de esta funcionaria, acto plasmado en la resolución RRG-320-2018 del 5 de marzo de 2018, siendo congruente con el ámbito de competencia de cada uno según el artículo 57 de la Ley N° 7593 en relación al 40 del Reglamento a dicha norma, decreto 29732-MP y los artículos 9 inciso 17 y numeral 10 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora (RIOF), frente a las reglas de delegación de la Ley General de Administración Pública artículos 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 y 91, acto que fue publicado en el Alcance N° 55 a La Gaceta N° 46 del 12 de marzo de 2018, cumpliendo con todos los requisitos de ley y siendo avalado por criterios de la Procuraduría General de la República como el C-217-2013, recordando que el cuestionamiento de constitucionalidad de una norma reglamentaria como las del RIOF, no corresponde a la vía contenciosa su conocimiento, sino la constitucional. Por otra parte, siguiendo la línea respecto de los cuestionamientos de prescripción de la potestad sancionatoria, afirma que el antecedente citado de la Sección VI de este Tribunal en realidad se refiere a una dilación en el trámite de la caducidad, y no abordó el tema de la prescripción de la potestad sancionatoria de la demandada, considerando que aplica los 4 años del 198 de la Ley General de Administración Pública, los mismos que corren desde que el Regulador General, tiene el conocimiento calificado de la infracción, ello pese a que en el “marco normativo referenciado no se establece un plazo de prescripción de la potestad sancionatoria de la Autoridad Reguladora, para imponer la multa o revocar la concesión o el permiso, que establecen dichos numerales, cabe señalar que se desprende de las artículos 38 y 41 de la Ley N° 7593, que, en cuanto a la potestad sancionatoria de la Aresep, esta, deberá ejercerse siguiendo los procedimientos establecidos en la LGAP. De acuerdo a lo anterior, y de conformidad con el principio de auto integración del Derecho Administrativo, regulado en el artículo 9 de la LGAP, al no existir norma expresa, se debe recurrir a la normativa administrativa, en la cual se regula tal instituto y por ende aquella que, establezca el plazo en el que opera la prescripción”, criterio que igual que en otros argumentos, se sustentan en la posición del Abogado del Estado quien fungiendo de asesor conforme su Ley Orgánica en criterio C-007-2011 llega a dicha conclusión. De igual forma, afirma que la contabilización del plazo es desde el momento en que quien sanciona tiene una posibilidad de conocer el evento a sancionar o, si se requiere una investigación preliminar, desde que dicho informe se pone en conocimiento del competente para sancionar, apoyándose en criterio del mismo órgano C-120-2007, C-178-2008 y el voto de Sala Primera 1426-F-S1-2011, Sentencia N° 000125-A-TC-2017 del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, y sentencias N° 009-2018-VI y N° 68-2017-VI de la Sección Sexta de este Tribunal, concluyendo que desde que se da la orden de apertura al procedimiento por el Órgano Decisor y el traslado de cargos, no había acaecido el plazo de prescripción. Entrando a un aspecto de fondo cuestionado, específicamente respecto de la base utilizada en el proceso, a saber, que no puede tener control sobre las actuaciones recae en improcedente, dado que, fueron los dependientes de la actora los que realizaron las conductas ,lo cual fue acreditado con prueba documental (inspección realizada, recibos de compra), testimonial (declaraciones de Nombre22215   y Nombre22214  ) y pericial (ingeniero químico Nombre22216  ), por lo que “no puede alegar la parte actora, desconocimiento de las acciones realizadas por sus empleados, máxime si se toman en cuenta, que los hechos denunciados fueron ejecutados dentro del centro de trabajo de la empresa actora y en el ejercicio de sus funciones, hechos que en lo que corresponde, se tuvieron por probados”, insistiendo en conclusiones que, conforme el voto de esta Sección N° 23-2017-I, no es posible desvincular la actuación del dependiente de la actora de ésta. En esa misma línea, el cuestionamiento de las actas notariales resulta insuficiente puesto que la resolución final del procedimiento sancionatorio se fundamentó, además, en otros tipos de pruebas, y que, en todo caso, por la condición de documento público que poseen las actas notariales, fungiendo de plena prueba, mantienen su valor probatorio hasta que se demuestre su falsedad en la vía correspondiente y anule su contenido, independientemente de si existen problemas en la forma o actuar del notario, el cual estaría en todo caso sujeto a responsabilidad disciplinaria, en todo caso, afirma que debe analizarse de manera conjunta con los demás elementos probatorios (documental, testimonial y pericial) habidos dentro del procedimiento administrativo, argumento reiterado en conclusiones. Atacó el cuestionamiento de la actora sobre la nulidad de lo actuado dado que, en todas las gestiones realizadas, se contaron con los elementos de motivo, contenido, fin y fueron emitidos en los tiempos y por los órganos competentes para ello, cada reclamo, recurso y gestión de la actora fue debidamente tramitada, y se agotaron todas las etapas del procedimiento administrativo, no observándose vicio alguno de nulidad. Consecuencia de todo lo dicho, considera improcedente el cobro de los daños y perjuicios, haciendo notar que la multa impuesta aún no ha sido cancelada por la actora. Alega de forma complementaria la excepción de falta de derecho y la condenatoria en costas a la actora.\n\nV. SOBRE EL OBJETO DE FONDO. SERVICIO PÚBLICO REGULADO. POTESTADES DE FISCALIZACIÓN DE LA ARESEP: Esta Cámara toma como base de discusión del presente asunto la postura expuesta por la Sección Sexta de este Tribunal en su resolución 190-2015 de las once horas treinta y cinco minutos del nueve de noviembre del dos mil quince, la cual sobre el thema decidendi dijo: “VIII.- DEL ENVASADO, TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) A CONSUMIDORES FINALES, COMO SERVICIO PÚBLICO.- En tanto ha sido alegada la infracción del contenido esencial de la libertad de empresa, contenido en el artículo 46 de la Constitución Política, con ocasión de la adopción e implementación de la resolución RIE-052-2014, de las catorce horas veintiséis minutos del veintiuno de agosto del dos mil catorce, dictada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y que fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 163, del veintiséis de agosto del dos mil catorce, que son Lineamientos para la trazabilidad en la comercialización de cilindros de gas licuado de petróleo en plantas envasadoras; se estima pertinente, previo a la revisión de la legalidad de la actuación impugnada, determinar el régimen jurídico de la distribución de este producto a los consumidores finales, desde la etapa de envasado hasta el consumidor final en nuestro país. En efecto, debe considerarse que al tenor de lo establecido en el artículo 5 inciso d) subinciso 2) de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, número 7593, del veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, y vigente a partir del cinco de setiembre siguiente, y sus reformas, esta actividad se constituye en servicio público. Esta condición hace por sí mismo que su ejercicio esté sujeto a regulaciones del Derecho Administrativo, tanto en lo atinente al sujeto encargado de la materia y el fin -por reserva legal, como expresión del principio de regulación mínima establecido en el numeral 12 de la Ley General de la Administración Pública-, como en lo que refiere a los principios que lo rigen -continuidad, eficiencia, adaptación al cambio, igualdad, calidad, cantidad, oportunidad y confiabilidad necesarios para que la prestación sea óptima (artículos 4 de la citada Ley General, número 6227 y 4 inciso d) de la Ley número 7593)-; y su desarrollo, a través de concesión tanto a entes públicos como de particulares, conforme a las previsiones establecidas en la ley. Al tenor de lo anterior, su ejercicio no es libre, en un doble sentido, en tanto no puede ser realizada por cualquier persona, en virtud de la autonomía de su voluntad, sino que requiere de un título habilitante para que pueda participar de ella -en este caso, referida al envasado, transporte, distribución y comercialización al consumidor final del gas licuado de petróleo (GLP) en el ámbito nacional- a través de la correspondiente concesión y/o permiso, autorizado por sujeto competente; y además, necesariamente se sujeta el desarrollo de esta actividad a las disposiciones legales que regulan la prestación de los servicios públicos en general y de esta actividad, que valga la indicación, es de carácter sumamente técnico y científico, por ser de alta peligrosidad y riesgosa la actividad que comprende su realización. En razón de lo anterior, se configura en un régimen de sujeción especial de los concesionarios en su relación con la Administración, al tenor del cual, se reconocen facultades especiales al ente encargado de la materia. En este caso, debe de recordarse que entre otras funciones, le corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía, la definición y planificación de las políticas nacionales relacionadas con los recursos energéticos y de protección ambiental -como se infiere del artículo 2 incisos a) y b) de la Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente y Energía, número 7152-; así como la dirección, control, fiscalización y vigilancia de las actividades relacionadas con el suministro de combustibles, como lo prevé de manera expresa el numeral 5 de la citada Ley 7593, cometido al tenor del cual, le corresponde dar autorización de las concesiones en esta materia. Por su parte, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, funge como ente regulador que fiscaliza el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima de este servicio público, labor que hace a través de la regulación y fiscalización contable, financiera y técnica de los prestatarios, para lo cual puede dictar los reglamentos técnicos que estime necesario para el cumplimiento de los principios que rigen la materia (artículo 25 Ídem); hace inspecciones técnicas a las plantas y equipos afectos a la prestación del servicio público, fija las tarifas y precios del servicio, investiga y resuelve quejas (en los términos del numeral 10 Ibidem); y tiene competencia para otorgar, modificar, traspasar, declarar caduca o revocar una concesión, así como establecer las multas correspondientes, ante el incumplimiento de parte del prestatario (artículos 15 y 38 Ibídem). Consecuentemente, al tenerse esta actividad (la de distribución y comercialización del gas licuado de petróleo -GLP-) como servicio público, su regulación, desarrollo e implementación debe tender a la satisfacción del interés general, que priva por sobre el interés particular, como se infiere de lo dispuesto en los numerales 4 y 10.1 de la Ley General de la Administración Pública” (Resaltado es nuestro). Sin embargo, a esta postura tenemos que adicionar, por un efecto relevante en el razonamiento del presente asunto, que dicha facultad conlleva tanto la posibilidad del control de quienes son beneficiarios de un título habilitante contenido en un contrato administrativo – concesión en este caso –, como de cualquier sujeto que se enmarque dentro de las conductas sancionables en la normativa citada, es decir, los artículos 38 y 44 de la ley 7593, no siendo susceptible de pensarse que tales normas existen en forma exclusiva para el ejercicio de un control sobre los contratos administrativo vigentes, sino, deben visualizarse como un ejercicio del Poder de Policía que las entidades indicadas poseen por las razones expuestas en la citada sentencia; tómese así en cuenta que, ambos numerales, tanto el 38 como el 44, no establecen condiciones sancionatorias diferenciadas (agravantes o atenuantes) atendiendo al sujeto actuante, ergo, resulta irrelevante si la conducta a reprochar proviene o no de un titular de una habilitación concesionaria, sino si el hecho investigado o denunciado, puede acreditarse en modo, tiempo y lugar, sobre determinado sujeto, independientemente de su naturaleza, pública o privada, física o jurídica. Fundamentamos así esta posición en el antecedente emitido por el Tribunal Constitucional en su voto 14796 – 2005 de las diez horas con treinta y un minutos del veintiocho de octubre del dos mil cinco que dispuso: “El numeral 38 inciso d) de la misma Ley le confiere la potestad de imponer la sanción de multa, cumpliendo el procedimiento administrativo previsto en la Ley General de la Administración Pública, a quien suministre un servicio público sin estar autorizado a ello. Y el artículo 44 ibídem confiere competencia a la Autoridad Reguladora para decretar las medidas cautelares de cierre inmediato de las empresas que utilicen sin autorización los servicios públicos o que sean proveedoras de un servicio público sin contar con la respectiva concesión o permiso; así como de remover cualquier equipo o instrumento que permita el uso abusivo e ilegal de los servicios regulados, para lo cual podrá contar con la ayuda de la fuerza pública”. Esta potestad, tenemos que enmarcarla dentro de la disposición 66 de la Ley General de la Administración Pública que dispone en su párrafo primero “Las potestades de imperio y su ejercicio, y los deberes públicos y su cumplimiento, serán irrenunciables, intransmisibles e imprescriptibles”, sin embargo, el párrafo final complementa tal afirmación disponiendo: “El ejercicio de las potestades en casos concretos podrá estar expresamente sujeto a caducidad, en virtud de otras leyes”, por lo que analizaremos tanto este tema de aspecto temporal como el de la prescripción en el siguiente considerando.\n\nVI. SOBRE LA PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD EN MATERIA SANCIONATORIA ANTE LA ARESEP: Con la finalidad de analizar las excepciones de caducidad y prescripción contra el procedimiento administrativo alegados por la parte actora, se dividirá el presente acápite en dos tantos, uno destinado al abordaje teórico de ambos institutos y otro referido al caso concreto. A) Aproximación a las nociones de prescripción y caducidad en procedimiento administrativo sancionatorio realizado por la ARESEP: De previo a entrar a analizar el tema, es importante destacar dos factores transversales a considerar en la aplicación de los institutos de la caducidad y la prescripción, frente a un caso conocido y sancionado por la ARESEP, y que, de hecho, es utilizable para cualquier procedimiento administrativo. Primero, tal y como se indicó en el párrafo final del considerando anterior, la potestad pública en sí es imprescriptible, por lo que no está sometida – salvo norma en contrario - al transcurso del tiempo (doctrina del 66 de la Ley General de Administración Pública), empero, su aplicación a casos concretos sí puede ser limitada temporalmente. Así, enmarcamos nuestro análisis temporal en tres momentos procedimentales: antes, durante y después del procedimiento sancionatorio; así, en los casos de antes del procedimiento entendido desde el acaecimiento del hecho sancionable y hasta el momento en que inicia el procedimiento administrativo, le es aplicable el instituto de la prescripción. Una vez iniciado éste y hasta la firmeza de la resolución sancionatoria opera la caducidad; mientras que para la ejecución de ésta, encontramos de nuevo el instituto de la prescripción. Segundo, tenemos que diferenciar si estamos frente a argumentos relacionados al régimen de responsabilidad contractual o si estamos frente a situaciones de relación extracontractual, dado que el escenario en uno y otro resulta sustancialmente diferente. Así, hacemos propia la dificultad del tema partiendo de las opiniones del voto salvado de los Magistrados en aquél entonces Jinesta Lobo y Hernández López, emitidos en ocasión de la resolución 1781-2015 de la Sala Constitucional, manifestando la heterogeneidad normativa que respecto del tema y que sería susceptible de aplicar, considerando normativa pública y privada civil e incluso comercial. Sobre ello, es clara la base del problema: no existe norma específica que regule el tema de la prescripción en esta materia, por lo que resulta un caso de ejercicio de integración normativa, conforme el 9 de la Ley General de Administración Pública. Por ello, para el caso en marras descartamos la postura de aplicar plazos propios de la concesión y sus prórrogas, es decir, la tesis contractualista utilizando este tiempo para su ponderación, dado que éste está diseñado para discutir aspectos propios de la relación contractual – acto habilitante, y que es posible su cuestionamiento mientras la relación se mantenga vigente (doctrina clásica contractual), ya sea con el acto inicial o sus prórrogas, permitiendo a las partes realizar los reajustes y reclamos de dicha relación jurídico – administrativa contractual, como lo serían la impugnación de cláusulas abusivas o reajuste de precios (1023 del Código Civil, principio de conservación del equilibrio contractual, etc.). En cambio, cuando se trata de un acto concreto (hechos histórico identificado) al amparo de la ejecución de un contrato administrativo, en este caso, de naturaleza concesionaria, es el parecer de esta Cámara que la utilización de la duración macro de la relación jurídico administrativa contractual recae en excesiva, opinando de igual manera que los Magistrados en el voto salvado citado; sino que, en utilización de criterios de razonabilidad y proporcionalidad, el plazo de prescripción aplicable desde el hecho originado en la ejecución de determinado contrato concesionario, sería en aplicación supletoria a la norma de responsabilidad más próxima, la cual estaría contemplada en la Ley de Contratación Administrativa, dado que la Ley General de Concesiones no posee norma temporal alguna, en concreto, estaríamos haciendo uso del plazo quinquenal contenido en el numeral 35 que afirma: “En cinco años, prescribirá la facultad de la Administración de reclamar, al contratista, la indemnización por daños y perjuicios, originada en el incumplimiento de sus obligaciones”. Ahora bien, es de recordar que, de igual forma a lo que acontece en la relación contractual privada, al amparo de ésta, pueden originarse actuaciones que no tienen vinculación directa y que son calificables de naturaleza extracontractual. Es en este marco que encontramos el caso de marras, como se afirmó en el considerando anterior, la sanción a imponer es achacable tanto a quien es concesionario, como quien no lo es, dado que la conducta imputada fue la de “prestación no autorizada”, con lo que se enmarca no como una prestación defectuosa del servicio, sino como una conducta desplegada fuera de la habilitación otorgada. Así, es la consideración de esta Cámara de Juzgadores, que la Ley de Contratación Administrativa no sería la aplicable para estos supuestos, sino sería, ante la ausencia de una norma de este tipo, la dispuesta en el numeral 198 de la Ley General de Administración Pública, la cual regula la base genérica de responsabilidad civil extracontractual, excluyendo de manera subsecuente, la aplicación de normativa de carácter privado. Así, siguiendo lo que dispone esta norma, aplicaríamos el párrafo primero que establece como punto de inicio de la contabilización del plazo el evento que motiva la responsabilidad. Es así como, de la interpretación anterior, encontraríamos que la prescripción de una falta no originada en la ejecución de un título habilitante concesionario, sino al margen de éste o sin poseer título alguno, sería de cuatro años contados desde que se realiza la conducta, o en su defecto, cuando se trata de conductas de carácter continuado, desde que cesa ésta, siendo por el contrario, de aquellas faltas originadas de la relación contractual, la prescripción de cinco años desde la acción concreta, siguiendo la misma lógica, ya sea desde el evento o desde que cesa en caso de conductas continuadas. Ahora bien, una vez iniciado el procedimiento lo aplicable es la caducidad, tal y como se dijo supra, remitiéndonos para ello lo que dispone el Reglamento interno de organización y funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su órgano desconcentrado (RIOF), ya que la tramitación de investigaciones de carácter sancionable, tanto de oficio como a raíz de denuncia, se encuentran estrictamente regulados, con base en ello, el artículo 22 inciso 11 de dicha normativa establece que le corresponde a la Dirección General de Atención al Usuario la “gestión de los procedimientos de resolución de quejas, denuncias, controversias y conflictos de competencia por razón de territorio, así como aquellos procedimientos en los cuales, se conozca sobre presuntas infracciones a los artículos 38, 41 y 44 de la Ley 7593, sean estos promovidos por un tercero o por la propia Autoridad Reguladora, controlando la ejecución de cada una de sus etapas: admisión, investigación preliminar, conciliación (cuando aplique), instrucción del procedimiento, análisis de fondo, recomendaciones y propuesta de resolución dirigidas al órgano decisor (Regulador General o Junta Directiva, según corresponda)”, aunque esta norma fue modificada en el año 2014 por lo que, a efectos de análisis de esta resolución, su redacción anterior indicaba que le correspondía a este órgano “llevar a cabo la instrucción de los procedimientos de resolución de quejas, denuncias y controversias, controlando la ejecución de cada una de sus etapas: admisión, investigación preliminar, conciliación (cuando aplique), instrucción del procedimiento, análisis de fondo, recomendaciones y propuesta de resolución dirigidas al órgano decisor (Regulador General o Junta Directiva, según corresponda)”, notándose que, en lo que respecta al procedimiento administrativo sancionatorio, no hubo variación, constituyéndose dicha instancia en el Órgano Director tanto de las investigaciones preliminares, como de instrucción ordinaria. En este supuesto, hay que traer a colación el análisis sobre la duración temporal en la etapa de investigación preliminar, la cual correría desde que se realiza la denuncia, hasta que se ordena la apertura formal del procedimiento sancionatorio, ello por cuanto la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional se ha decantado por no ponerle ni un mínimo ni un máximo de tiempo a su duración, sino utilizando un criterio de mesura o \"plazo razonable\" sobre todo si acompañado a la investigación preliminar  existe una medida cautelar (véase entra muchas otras, sentencia 2003-2459, reiterada en 2009-3315 y 15424-2010, todas de la Sala Constitucional), aunque este Tribunal, específicamente la Sección Sexta ha realizado controles de razonabilidad de las actuaciones de investigación, utilizando como mecanismos de control los numerales 128, 132, 158, 164.1, 166, 167, 171, 339, 340, todos de la LGAP, canon 39.2, 122 incisos a) y k) y 131 del CPCA, ello por cuanto la dilación injustificada de la investigación preliminar conculca la garantía constitucional a la justicia administrativa pronta y cumplida, afirmando que no es posible que el administrado sea mantenido en un estado de incertidumbre jurídica durante plazos tan extensos (pueden verse razonamientos de esta naturaleza como las resoluciones 50-2014-VI, 67-2014-VI, 17-2015-VI y 138-2018-VI), postura que ha sido compartida recientemente por esta Sección en resoluciones como la número 39-I-2019 de las diez horas del ocho de mayo del dos mil diecinueve. Superada tal etapa, ordenado el procedimiento sancionatorio, correría el plazo semestral de caducidad ante la inactividad achacable a la Administración dispuesto en el numeral 340 de la Ley General de Administración Pública, empero, es de aclarar que ya la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido en su jurisprudencia el criterio de que la caducidad aludida requiere de haber sido alegada dentro del procedimiento de previo al dictado del acto final, siendo por ende un aspecto que no puede ser declarado de manera oficiosa, tómese como antecedente en el voto No. 1001 de las 16 horas 15 minutos del primero de agosto del 2013, el cual señaló: “IV. - Sobre la caducidad del procedimiento administrativo cabe mencionar que La figura de la caducidad se encuentra regulada en el canon 340 de la LGAP, norma que fue reformada por el canon 200 inciso 10 del CPCA. Dicha norma indica: “1) Cuando el procedimiento se paralice por más de seis meses en virtud de causa, imputable exclusivamente al interesado que lo haya promovido o a la Administración que lo haya iniciado, de oficio o por denuncia, se producirá la caducidad y se ordenará su archivo, a menos que se trate del caso previsto en el párrafo final del artículo 339 de este Código (se refiere a la misma LGAP y no al CPCA). 2) No procederá la caducidad del procedimiento iniciado a gestión de parte, cuando el interesado haya dejado de gestionar por haberse operado el silencio positivo o negativo, o cuando el expediente se encuentre listo para dictar el acto final. 3) La caducidad del procedimiento administrativo no extingue el derecho de las partes; pero los procedimientos se tienen por no seguidos, para los efectos de interrumpir la prescripción.” El análisis de la naturaleza de esta figura permite concluir que se trata de un hecho jurídico dentro del procedimiento que se justifica, como un medio de evitar la prolongación excesiva de los procedimientos, en aras de la seguridad jurídica, así como en la necesidad de garantizar la continuidad y eficiencia de la actividad administrativa. Resulta inviable cuando el asunto se encuentre listo para el dictado del acto final. Para que opere, según lo establece la norma aludida, la caducidad requiere de varios elementos. En un primer término, que el asunto haya ingresado en un estado de abandono procesal, esto es, una inactividad. Segundo, que dicho estancamiento sea producto de causas imputables al administrado, cuando haya iniciado a gestión de parte, o bien de la Administración, si fue instaurado de oficio. Tercero, que ese estado se haya mantenido por un espacio de, al menos, seis meses. Esto último exige que la inercia sea de seis meses al menos, es decir, no se constituye como un plazo máximo para actuar, sino como límite temporal mínimo de inercia, ergo, debe computarse desde la última acción dentro del expediente y no desde la apertura del procedimiento. Ello supone que, en los procedimientos instruidos de oficio, la caducidad es factible cuando concurran dichos presupuestos. Asimismo, sobre esta figura, recientemente, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el fallo 34-F-S1-2011 señaló en lo medular sobre el instituto de comentario: “En primer término, se puede observar que la norma recién transcrita se encuentra redactada en forma imperativa, es decir, no regula una facultad; por el contrario, una vez cumplidos los presupuestos de hecho en ella contenidos, la consecuencia deviene en obligatoria para el órgano encargado de la tramitación. Esto implica que sus efectos se producen de pleno derecho, y por ende su reconocimiento tiene efectos meramente declarativos, no constitutivos. Vale aclarar que lo anterior no debe ser interpretado como una pérdida de competencia –la cual es, por definición, irrenunciable, intransmisible e imprescriptible según el numeral 66 LGAP-, sino, únicamente, como la imposibilidad de continuar con la tramitación del procedimiento específico en el que se produjo la inercia. “Empero, los efectos procedimentales de la caducidad requiere que se haya solicitado o declarado dentro del procedimiento, precisamente para ponerle fin. Ello conlleva a que la decisión administrativa dictada luego de una inercia de seis meses atribuible con exclusividad a la Administración, cuando no se haya alegado o declarado la caducidad, sea totalmente válida. De la doctrina del canon 59 en relación al 66, ambos de la LGAP, las competencias públicas se otorgan para ser ejercitadas. Solo en los supuestos en que el legislador de manera expresa disponga un fenecimiento de esa competencia por factores temporales, el órgano público se encuentra imposibilitado de actuar. Ya explicamos que, por regla general, las competencias no se extinguen por el transcurso del plazo señalado para ejercerlas. La excepción a esta regla la contempla el mismo ordinal cuando indica que habrá una limitación de la competencia por razón del tiempo cuando expresamente el legislador disponga que su existencia o ejercicio esté sujeto condiciones o términos de extinción. En este sentido, insistimos que el precepto 329 ibídem señala con toda contundencia que el acto dictado fuera de plazo es válido para todo efecto legal, salvo disposición expresa de ley, lo que aquí no ocurre. La caducidad es una forma anticipada de terminar el procedimiento y como tal, debe decretarse para generar ese efecto de cierre. Por ende, mientras no se disponga, o al menos, no se haya solicitado (pues de haberse requerido, la emisión de un acto final sin considerar si procede o no la caducidad sería nulo), no produce esa consecuencia procedimental”. En este sentido, pese a que algunos miembros de esta Cámara no comparten esta interpretación por razones que no vienen al caso desarrollar, lo cierto es que, siendo la Sala Primera la encargada del conocimiento de la Casación, constituyen sus pronunciamientos fuente no escrita de derecho administrativo conforme el artículo 7.1 y 9.2 de la LGAP en relación con el 9 del Código Civil, es decir, jurisprudencia. Empero, una vez estando los autos listos para el dictado final, entiéndase agotadas todas las etapas del procedimiento, no le resulta aplicable el instituto bajo estudio, por mandato del numeral 340.2 in fine de la LGAP. B) Sobre las excepciones alegadas el caso concreto: La parte actora plantea caducidad específicamente por el lapso contenido entre la audiencia oral y privada del 30 de junio de 2017 y la resolución ROD-DGAU-19-2018 del 9 febrero de 2018, dado que habían transcurrido un lapso de 7 meses y 10 días entre una y otra, ello conforme la medición temporal dispuestas en los numerales 15 y 16 del Código Civil referenciado al calendario Gregoriano; y frente a este evento, considera la actora que todas las actuaciones sucesivas, se encuentran caducas, tal y como lo hizo ver días después de la citada resolución, en los argumentos de la demanda, así como en las conclusiones rendidas en este proceso. Dicho reparo no es susceptible de aceptación por parte de esta Cámara por las razones que de inmediato se detallan: Tal y como recién se expuso en el acápite anterior, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido la postura de que la caducidad no es susceptible de aplicación automática, sino que debe ser alegada por la parte antes de que la Administración inactiva reaccione a través de la emisión de algún acto procedimental, ello al amparo de la interpretación que realizan entre el 329.3 y 340 de la Ley General de Administración Pública, lo cual fue, justamente, lo que ocurrió en el presente asunto. De la revisión de los autos se logra colegir que la alegación de caducidad por parte de la actora dentro del procedimiento administrativo se da posteriormente a la emisión de un acto, a saber, el que resuelve el recurso de apelación contra el acto de traslado, con lo cual, dejó pasar la oportunidad para requerir la aplicación de la caducidad procedimental, siguiendo los lineamientos antes expuestos, siendo que su alegación fue tardía al plantearse hasta el 14 de febrero 2018, es decir, 5 días después. Nótese que, previo a la emisión de la resolución ROD-DGAU-19-2018 efectivamente existió una pasividad exclusivamente achacable a la demandada, téngase presente que los alegatos de ésta sobre la pendencia a razón del recurso planteado no eran atendibles en ese momento, dado que había operado un silencio negativo al tenor del 261.3 de la Ley Generado de Administración Pública, por lo que la aplicación en ese momento de la caducidad era posible; sin embargo, ante la comunicación del citado acto, conforme el 329.3 en relación a la jurisprudencia de la Sala Primera mencionada en este considerando (voto 1001-2013), pese a estar fuera de tiempo, la resolución bajo análisis se beneficia del efecto de validez contenida en dicha norma, con lo cual mantiene en movimiento el procedimiento, impidiendo la aplicación del instituto de la caducidad. Ahora bien, la parte actora en su escrito de conclusiones indica que “corrige” los argumentos relacionados con la prescripción y los convierte en alegatos de “nulidad” al tenor de lo dicho por la Sección Sexta de este Tribunal en sentencia 104-2017-VI. Al respecto, lo primero que debe indicársele al promotor de la acción es que en la etapa de conclusiones no es posible realizar una modificación de la teoría del caso, ni es susceptible de introducir alegatos novedosos, con lo cual, desde la técnica procesal, no es posible dicha “corrección”, con lo que se conservan y analizan los alegatos inicialmente planteados. Admitir lo contrario, violentaría las reglas del debido proceso y derecho de defensa de la parte contraria. En este orden de ideas, las alegaciones de duración entre los hechos y la resolución definitiva del procedimiento no observa, al tenor de lo expuesto en el acápite anterior, vicios de nulidad susceptibles de ser castigados en esta sede: desde los hechos investigados a la denuncia solamente transcurrieron uno y dos meses aproximadamente, entre la denuncia y la apertura del procedimiento 2 años y nueve meses, con lo que, siguiendo la línea argumentativa dispuesta en la primera parte de este considerando, no habría acaecido el plazo de prescripción extracontractual expuesta de 4 años y, una vez iniciado el procedimiento, lo aplicable es la caducidad, no la prescripción, la cual ya fue analizada, por lo que este argumento de igual forma, debe rechazarse.\n\nVII. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COMPETENCIA DEL DECISOR. ALEGATOS DE IMPUTACIÓN, VALORACIÓN DE PRUEBA Y PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN: La actora en cuanto al fondo del asunto acusa básicamente tres cuestiones, primero, la competencia del órgano decisor recaída en la Reguladora General Adjunta; segundo, un alegato respecto a la errónea imputación de responsabilidad; un tercero, relacionado con la valoración de la prueba y supuesta prueba “espuria”; un cuarto, referente a la falta de demostración de daño y la proporcionalidad de la multa, por lo que separaremos cada uno de estos aspectos. 1) Referente a la competencia del órgano decisor: El primer aspecto a evacuar planteado en la teoría del caso de la actora, refiere a un eventual vicio que posee la resolución final y definitiva al haber sido emitido por la Reguladora Adjunta y no por el Regulador General, sobre el cual, la demandada afirma que dicho argumento resulta insostenible por cuanto había operado una delegación debidamente publicada en el diario oficial La Gaceta. Sobre el tema, es necesario traer a colación lo dicho por el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo en su resolución 34-2019 de las nueve horas veinte minutos del catorce de marzo de dos mil diecinueve que relacionado al tema de la delegación de la potestad sancionatoria expuso: “La competencia consiste en un conjunto de facultades o prerrogativas otorgadas a un órgano administrativo a efectos de cumplir un fin determinado. Para Nombre28 , la competencia “es la medida normativa de la cantidad de medios materiales y jurídicos puestos por el ordenamiento a disposición del Estado para el cumplimiento de un fin público determinado, a través de un centro parcial de acción […]” (Nombre28 , . Tesis de Derecho Administrativo. T.II. Ed. Diké: San José, 2002. p 50). Esta debe ser ejercida por el titular a quien le fue asignada y, en principio es irrenunciable, intransmisible e imprescriptible. No obstante, de conformidad con los cánones 70 y 84 de la LGAP, excepcionalmente un órgano puede transferir algunas de sus competencias a otro mediante delegación, avocación, sustitución, subrogación o suplencia. La delegación es el acto por medio del cual el superior transfiere alguna de sus atribuciones a un inferior jerárquico. Con ello, se descarga de parte de sus funciones, creando una competencia alternativa en el delegado, quien adquiere las mismas potestades del delegante en lo que constituye el objeto de la delegación. Ese cambio de transferencias se justifica en la necesidad de mantener y mejorar la eficiencia y continuidad de la actuación administrativa, que podría empeorarse o afectarse ante la concentración de funciones en un solo órgano. Ahora bien, esa cesión de atribuciones está sujeta a límites. Uno de los más relevantes es que no puede ser total ni permanente. Incluso puede ser revocada en cualquier momento por el órgano que la ha conferido (artículos 87 y 90 de la LGAP). Tampoco puede referir a una competencia esencial del órgano, que le da nombre o justifica su existencia, pues ello implicaría vaciarlo de su razón de ser. Además, debe contar con norma expresa (sea legal o reglamentaria) que habilite su ejercicio, la cual debe tener rango igual o superior a la que crea la competencia transferida (artículo 85 de la LGAP)… Según el canon 102.c de la LGAP, el superior jerárquico tendrá el ejercicio de la potestad disciplinaria. Debe destacarse, la norma habla de “superior jerárquico” y no de “superior jerárquico supremo”, como lo interpretó el Tribunal. Las atribuciones exclusivas de este último quedaron definidas en el cardinal 103 ídem, sin que allí se incluyera la que constituye el objeto de examen. Por ello, no es preciso inferir que la potestad sancionatoria es única y exclusiva de aquel. Ciertamente, en muchos casos su titularidad se asigna al jerarca supremo de la Institución, tal cual sucede en el subexamine, mas no puede concluirse que es una atribución propia, ineludible y exclusiva de ese órgano, en tanto la Ley así no lo establece expresamente. En segundo lugar, no comparte esta Cámara la tesis sostenida por el Tribunal, respecto a que tal potestad resulta indelegable. Primero, no se trata de una atribución esencial, que le da nombre al órgano o justifica su existencia (supuesto contemplado en el inciso c) del canon 90 de la LGAP, empleado por el Tribunal). Evidentemente, la Rectoría de la UTN no se creó con el fin de disciplinar las faltas de los servidores de la entidad. Es decir, no es esa su esencia o su razón de ser. Si bien es una de sus atribuciones, no podría decirse que se trata de una esencial que justifica su existencia. Segundo, el canon 102, inciso d) ibídem le otorga al superior jerárquico la potestad de delegar sus funciones. En igual sentido, el ordinal 22, inciso q) del Estatuto Orgánico permite al Rector delegar sus atribuciones en los vicerrectores o en otros funcionarios de la universidad, salvo cuando su intervención personal sea legalmente obligatoria. Así, el ordenamiento jurídico le atribuye al Rector una facultad genérica de delegar las atribuciones que el mismo ordenamiento le ha impuesto. Valga destacar, una de las atribuciones dadas en ese mismo cardinal, es el ejercicio de disciplinar a los funcionarios de la entidad. Además, según ha considerado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, la referida potestad puede ser transferida mediante delegación (sentencias No. 994 de las 16 horas 10 minutos del 22 de setiembre de 2016 y No. 1489 de las 9 horas 45 minutos del 30 de noviembre de 2017)…”. En esta línea, comparte este Tribunal la tesis expuesta por el Tribunal de Casación en un paralelismo entre la potestad disciplinaria (sancionatoria interna) y la sancionatoria administrativa (sancionatoria externa), en tanto ambas se basan justamente en lo mismo, la facultad de imponer un acto ablativo que debe soportar un tercero. Tomando en consideración lo anterior, analizando no sólo el expediente administrativo, sino en consulta del Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI), encontramos que por resolución RRG-320-2018 de las 10 horas del 5 de marzo de 2018 y publicada en el Alcance 55 de La Gaceta 46 del 12 de marzo de 2018, se delegó por parte del Regulador General en la Reguladora Adjunta la potestad de fungir como órgano decisor en este tipo de procedimiento, indicando la citada resolución en su considerando cuarto que la razón de fondo para emitir la delegación fue por “Que en el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, se encuentra en curso una investigación penal, expediente 17-000079-1218-PE y debido al régimen de protección de testigos requiere un replanteamiento de las relaciones entre el Despacho y la Dirección General de Atención al Usuario”, resolución que se mantuvo vigente hasta el 17 de julio de 2019, dado que por Gaceta 134 de ese día se emitió la resolución RE-0051-RG-2019 de las 14:30 horas del 11 de julio donde se deja sin efecto la mencionada delegación, afirmando en su considerando quinto “Que mediante la resolución RRG-320-2018, del 5 de marzo de 2018, este Despacho delegó temporalmente en la Reguladora General Adjunta, fungir como órgano decisor en los procedimientos que instruye la Dirección General de Atención al Usuario (DGAU), así como la atención de todos los aspectos administrativos y de direccionamiento estratégico de esa dependencia, con el fin de proteger a la entonces titular de esa Dirección, como testigo en el proceso judicial tramitado en el expediente 17-000079-1218-PE”, mientras afirma el octavo “…siendo que no existen motivos para proteger a la titular de la DGAU, lo procedente es que este Despacho retome las funciones que demanda el fungir como jerarca superior administrativo y las que en esa condición se deban asumir, conforme lo dispuesto en el artículo 22 del RIOF”. Como puede verse, en el fondo no se trató de una delegación propiamente dicha a razón de un criterio organizacional de libre apreciación del jerarca, en evaluación de criterios de oportunidad y conveniencia, eficiencia y eficacia, sino que venía relacionado a una causa penal abierta que involucraba tanto la instancia de la Dirección General de Atención al Usuario como a la persona del Regulador General. Así, pareciera que el instituto a aplicarse correctamente era el de la inhibitoria o recusación, al existir razones de peso para que la persona física investida con el cargo de Regulador General imputado en dicha causa penal no conociese de asuntos de un inferior que se encontraba protegido bajo el programa de protección de testigos, provocando con ello, el traslado de la competencia a quien suple en tales casos, concretamente, la propia Reguladora Adjunta, mas no conociendo por potestad delegada, sino como Reguladora a.i. ante la imposibilidad del titular de conocer el asunto, hecho que se corrobora dado que, ante la desaparición del impedimento penal, se revocó la “delegación planteada”. En conclusión, siguiendo la tesis de Sala Primera y el Tribunal de Casación que avala la posibilidad de delegación de potestad sancionatoria, o la tesis alterna de que lo aplicable era una inhibitoria a razón de la causa penal existente al momento de la resolución del procedimiento administrativo en discusión, lo cierto es que, bajo ambos escenarios, le correspondía a la Reguladora Adjunta el conocimiento del asunto, por lo que no se detectan vicios de nulidad al respecto, ni indefensión en perjuicio de la actora, por lo que este argumento planteado por la promotora de la acción debe ser rechazado. 2) Respecto de la imputación de responsabilidad: Otro de los argumentos de la actora para atacar el acto administrativo sancionatorio, es que no se realizó un deslinde entre la responsabilidad del funcionario y la de la empresa, tesis que rechaza la demandada indicando por un lado de que la actora no puede exonerarse de responsabilidad por las actuaciones de sus trabajadores, y que en todo caso, a lo largo de todo el procedimiento administrativo la imputación fue clara y directa a la actora, haciendo indudable la imputación realizada. Sobre ello, este Tribunal concuerda con la tesis de la demandada de que no es necesario imputar responsabilidad de manera personal al trabajador, por cuanto las reglas tanto del Código de Comercio (artículos 369 a 371), Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (artículos 2 y 35) y el Código de Trabajo (artículos 1 a 4) son unísonas en que la actuación de un dependiente de comercio vincula al comerciante – patrono – proveedor de bien o servicio con sus actuaciones. Ya esta Cámara en otras ocasiones ha optado por darle crédito a la determinación espacio- temporal de la conducta sancionable y no a individualizar el sujeto particular dependiente de comercio que realiza la conducta, ya que ello es propio de un régimen de responsabilidad interno empresarial, mas no necesariamente extensivo a razón de una litisconsorcio pasiva necesaria con ejercicio de potestad fiscalizadora (véase considerando IV de la sentencia 23-2017-I de las trece horas del veintitrés de febrero de 2017), por lo que no existe vicio apreciable de nulidad que deba ser valorado por esta Cámara. 3) Relacionado con la valoración de la prueba y supuesta prueba “espuria”: Otro de los reproches dados por la actora para atacar la actuación sancionatoria de la demandada, gira entorno a la exposición de una tesis de “agente provocador” dado que quien denunció fue una empresa competidora, quienes visitaron el local fueron empleados de ésta y/o contratados por ésta en el caso de los notarios, generando con ello prueba que a su consideración es ilícita y espuria, provocando nulidad de las actas notariales presentadas y la valoración de la prueba dentro del procedimiento; hecho que descarta la demandada al mantener la tesis de que esa no fue la única prueba valorada, sino también prueba documental (recibos de venta), pericial (declaración de un ingeniero químico) y testimonial (de quienes participaron en los hechos). Al respecto, esta Cámara le da la razón a la demandada por varias razones: primero, la tesis del “agente provocador” de la competencia no es atendible por cuanto el curso causal planteado en el expediente administrativo no es provocado a manera de excepción, utilizando algún tipo de violencia o forzando la generación de la conducta denunciada, todo lo contrario, de los autos del expediente administrativo, en específico, de la declaración de los testigos, se logra apreciar que ante el simple requerimiento, uno de los dependientes facilitó la prestación del servicio no autorizado, utilizando incluso un adaptador o herramienta de compatibilidad para cumplir con lo pedido, cobrando y emitiendo recibido con naturalidad, no existiendo por parte de la actora dentro del expediente administrativo ni tampoco en esta sede, prueba que obligue a revalorar los acontecimientos denunciados, es decir, no se presentó prueba de descargo frente a tales elementos probatorios, pese a que le correspondía a ella, en soporte de la carga demostrativa, la acreditación de algún vicio en los términos indicados. Eliminando dicho argumento, como un segundo aspecto lleva de igual razón la parte demandada de que las actas notariales no fueron la única prueba que se utilizó para comprobar la existencia de los hechos denunciados, se recurrió asimismo a prueba testimonial directa de quienes participaron en los eventos del 30 de junio y 22 de julio de 2014, sino también el recibo – que no fue rebatido por la actora – así como la declaración pericial del ingeniero químico – tampoco rebatida por la promovente de la demanda – acreditándose con ello en modo, tiempo y lugar los hechos base del procedimiento administrativo sancionatorio. Por último y como un tercer aspecto, en cuanto a los alegatos que atacan la formalidad del acta notarial (procedimiento de elaboración y participación personal del notario) se coincide con la demandada de que ello forma parte de aspectos propios y eventuales de responsabilidad notarial, pero que no afectan la validez del acta emitida. Téngase presente que la apreciación probatoria de este tipo de prueba ha sido desarrollada bajo la doctrina del “documento público”, el cual – en tesis de principio – configura plena prueba dado que solamente a través de su declaratoria de falsedad es posible eliminar su valor de convicción; no obstante, la misma doctrina procesalista ha especificado que el efecto de “plena prueba” no abarca el contenido del acto notarial, sino a la identificación de espacio, tiempo y quiénes forman parte del acto, es decir, del cuadro fáctico que presencia el notario como fedatario público, dejando con ello los calificativos y determinación de la consecuencia de lo acaecido no en manos del notario, sino de la respectiva autoridad ya sea administrativa o judicial. En este sentido, si bien el nuevo Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme el 220 de Código Procesal Contencioso Administrativo le otorga la posibilidad a la parte de atacar la validez de un documento (público o privado) para que no sea utilizable y oponible dentro de determinado proceso, en este caso los alegatos de la actora no son suficientes para demeritar el valor asignado a tal prueba y los hechos acreditados por éste, por cuanto, bajo los parámetros dichos, no demostró que lo contenido en el acta sea: la fecha del evento, la presencia de los sujetos, el lugar de los hechos y la conducta descrita, haya sido rebatida o desacreditada por la accionante, con lo que su deposición no permite concluir vicio alguno dentro del procedimiento. 4) Sobre la supuesta falta de demostración de daño y la proporcionalidad de la multa: Básicamente el reclamo de la actora torna frente al alegato de que la demandada no hizo un mínimo esfuerzo por demostrar el supuesto daño causado, y que no existe en los actos cuestionados una justificación para no haber investigado el supuesto daño y la preferencia de optar por la sanción económica subsidiaria de una vez y sobre esta última, la más gravosa. Al respecto, la demandada descarga y desecha las alegaciones afirmando que el daño sí se demostró, pero que no se pudo de determinar la cuantía, contando además de que el evento fue demostrado dos veces, resulta fundamentado el acto final del procedimiento sancionatorio, la forma de imposición y el quantum dispuesto. Comenzamos el análisis de este aspecto trayendo a colación lo dicho por la Sala Constitucional respecto de la sanción contenida en el numeral 38 de la Ley 7593 en su voto 16239-2017 de las nueve horas quince minutos del once de octubre de dos mil diecisiete que afirmó: “Los accionantes estiman que el artículo 38, inciso d) cuestionado, viola los principios referidos. En relación con este aspecto, este Tribunal, en la sentencia No. 2008-017303 de las 14:56 hrs. del 19 de noviembre de 2008, resolvió: ‘V.- De la acusada violación a los principios de razonabilidad y proporcionalidad del artículo 38 in fine de la Ley N°7593 de 09 de agosto de 1996. El recurrente acusa que la sanción de multa del artículo 38 in fine de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que es de cinco a veinte salarios base mínimos fijados en el presupuesto ordinario de la República, de acuerdo con la Ley No. 7337, y que se impone a quien suministre un servicio público que incurra en cualquiera de los supuestos descritos en los incisos anteriores de ese mismo artículo, lesiona el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Del estudio de la norma sometida a análisis, no existe en opinión de la Sala, por sí misma una desproporción entre la conducta y la sanción que se cuestiona; tomando en cuenta que la tutela de los bienes jurídicos tutelados-, entre los que están: seguridad, salud, intereses económicos y sociales de los distintos usuarios de los servicios públicos-, son de la máxima relevancia para el sistema democrático. Se reitera en esta acción, que la Sala en el caso de las penas, y al igual que lo es por ejemplo en materia tributaria, sólo puede eliminar normas evidentemente desproporcionadas. Así, en el caso de los impuestos para poner un ejemplo, pueden existir normas muy gravosas, pero mientras no sean confiscatorias, están dentro del marco de la política tributaria del Estado que permite el orden constitucional. Lo mismo sucede con el quantum de las penas de prisión y de las multas, en los que la Sala sólo puede analizar si rebasa límites (topes) de razonabilidad. Ahora bien, en cuanto a la proporcionalidad de la pena de 5 a 12 salarios que se analiza en esta acción, en relación con la relevancia del bien jurídico tutelado, no parece entonces irrazonable la multa fijada, tomando en cuenta que la tutela de los bienes jurídicos tutelados-, entre los que están: seguridad, salud, intereses económicos y sociales de los distintos usuarios de los servicios públicos-, pues como se dijo son de la máxima relevancia para el sistema democrático. Este Tribunal estima que la imposición de la sanción de 5 a 12 salarios base, como sanción residual, no resulta desproporcionada al atenderse y aceptarse como razonable, la consideración esgrimida por la Reguladora General de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos en el informe rendido a la Sala, en el sentido de que la sanción opera en el tanto no sea posible determinar el daño causado y que para su imposición se ponderan criterios de riesgo para la salud, la seguridad, el medio ambiente, la gravedad del incumplimiento o la infracción, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad del daño, en relación con los supuestos  establecidos en el artículo 38 transcrito en el Considerando III de esta sentencia. En este caso, la sanción como pena es razonable por cuanto es adecuada para regular y proteger los bienes jurídicos que se pretender tutelar; y en esa medida es proporcional por cuanto hay relación entre el medio escogido y el fin buscado. Por otro lado, de la lectura de la norma se entiende que la multa de 5 a 12 salarios base, como resultado de las infracciones contenidas en el mismo artículo, ofrece a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos un sistema de bandas que le permite escoger entre diversas sanciones y aplicarla en la medida en que sea diferente la conducta así como el destinatario de la sanción; de modo que ajuste correctamente la pena a las particularidades del caso sometido a su conocimiento. En efecto, la sanción se puede relacionar en este caso con la actuación que tuvo el infractor y en esa medida será impuesta la sanción, lo que presupone en cada caso, la necesaria exigencia de una valoración razonable y proporcional entre el hecho cometido, la afectación del bien jurídico que se dio con la acción atribuida al sujeto activo de la infracción y la sanción con la cual se pretende castigar la actividad ilícita, siendo que en este caso el Legislador fijó parámetros en cuanto al monto de la pena a imponer, de 5 a 12 salarios base; pudiendo adecuar la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos su actuación al determinar la pena, con la posibilidad de realizar una acertada individualización y utilizar su potestad valorativa al fijar el quantum de la sanción en la resolución que la impone; lo que es un margen para valorar cada caso en particular; que se ajusta a los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad constitucionales. Así las cosas, este Tribunal no constata ninguna arbitrariedad ni desproporcionalidad en la posibilidad de determinar la sanción de multa en los términos del artículo 38 in fine de la Ley Reguladora de los Servicios Públicos, y en consecuencia procede declarar sin lugar la acción en todos sus extremos’…”. Con ello, descartamos la genérica afirmación de que el contenido sancionatorio de la norma 38 de la Ley 7593 resulte desproporcionado. Enfocándose en el argumento dado por el actor entre la diferencia entre un “riesgo” y un “daño” y cómo, a su criterio, existe una confusión en el caso de marras tesis que, como se verá de seguido, no concuerda esta Cámara. La base interpretativa de la actora supone que el articulo 38 se limita a la existencia de daños concretos, excluyendo con ello los riesgos no consumados, lo cual es incorrecto. En la doctrina de los daños, efectivamente se encuentran diferenciados los daños directos e indirectos, mediatos e inmediatos, originarios, derivados, potenciales, efectivos, entre otras tantas clasificaciones dependiendo de la fuente de conocimiento que se consulte, y es donde la denominada Doctrina del Riesgo entra en juego y a valorarse en un asunto como en el presente. Valga la pena aclarar la razón de la disertación, la cual es, determinar si la parte actora posee razón al decir que el numeral 38 se encuentra limitado de forma exclusiva a “daños”, no incluyendo “riesgos”. Sobre esta Teoría, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha expuesto considerándolo una variable de responsabilidad objetiva exponiendo que “…En ella, se prescinde del elemento culpa como criterio de imputación, enfocándose en una conducta o actividad de un sujeto físico o jurídico, caracterizada por la puesta en marcha de una actividad peligrosa, o la mera tenencia de un objeto de peligro. El elemento de imputación de esta responsabilidad es el riesgo creado, o la conducta creadora del riesgo. Por ello, se afirma, la noción de riesgo sustituye los conceptos de culpa y antijuridicidad... La responsabilidad objetiva reside en el hecho de que, aquél que, para su propio provecho, crea una fuente de probables daños y expone a las personas y bienes ajenos a peligro, queda obligado si el daño se verifica. Para determinar esta responsabilidad, debe existir un nexo de causalidad entre la actividad riesgosa puesta en marcha y el daño ocasionado. Nuestra jurisprudencia, desde épocas pretéritas, ha reconocido este tipo de responsabilidad. Sobre el particular, pueden consultarse las sentencias de la antigua Sala de Casación número 97 de las 16 hrs. del 20 de agosto de 1976; y de esta Sala, entre otras, las números 26 de las 15:10 hrs. del 10 de mayo de 1989; 263 de las 15:30 hrs. del 22 de agosto de 1990; 354 de las 10 hrs. del 14 de diciembre de 1990; 138 de las 15:05 hrs. del 23 de agosto de 1991; 112 de las 14:15 hrs. del 15 de julio de 1992; y, 61 de las 14:50 hrs. del 19 de junio de 1996. En consecuencia, la responsabilidad objetiva emerge de la realización de actividades lícitas o autorizadas, pero que constituyen una fuente de riesgo. En relación, el artículo señalado del Código Civil, en su párrafo 5to. señala: “Y si una persona muriere o fuere lesionada por una máquina motiva, o un vehículo de ferrocarril, tranvía u otro modo de transporte análogo, la empresa o persona explotadora está obligada a reparar el perjuicio que de ello resulte, si no prueba que el accidente fue causado por fuerza mayor o por la propia falta de la persona muerta o lesionada.”. De acuerdo con la anterior disposición, la carga de la prueba se invierte. Sea, le corresponde a la persona o empresa a quien se le atribuye la responsabilidad, demostrar que los daños se produjeron por fuerza mayor o por culpa de la víctima. (Resolución no. 376-1999 de las 14 horas 40 minutos del 9 de julio de 1999)… En ella se parte de la hipótesis de que la fuente de obligaciones es el uso lícito de cosas peligrosas, que por el hecho de causar daño, obligan al que se sirve de ellas, a reparar el daño causado. Tres son los elementos que conforman este tipo de responsabilidad, a saber: a) el empleo de cosas que conllevan peligro o riesgo; b) causar un daño de carácter patrimonial; c) la relación o nexo de causa efecto entre el hecho y el daño… No existe discusión en cuanto a que la responsabilidad objetiva reside en el hecho de que, aquél quien, para su propio provecho, crea un riesgo y expone a las personas y bienes ajenos a peligro, está en consecuencia obligado a resarcirlos si el daño se verifica” (Voto 167-F-S1-2018 de las catorce horas treinta y dos minutos del primero de marzo de dos mil dieciocho); empero, debe destacarse que esta postura se presenta cuando se crea un riesgo al amparo de una actividad lícita, es decir, cuando el operador cuenta con los respectivos permisos, licencias o concesiones para el ejercicio de la actividad riesgosa. A contrario sensu, la generación de un riesgo a partir de una actividad no autorizada es susceptible de ser sancionada, dado que resultaría ilógico y arbitrario tener que esperar a que el riesgo se consolide o materialice para que la conducta fuese reprochable, lo cual parece ser lo que procura la parte actora con su argumento. En otras palabras, el riesgo creado forma parte de la doctrina del daño, concretamente como un daño potencial, el cual cuando la actividad es lícita sólo es indemnizable ante la concretización del riesgo en un daño concreto, pero es perseguible y sancionable, cuando la actividad resulta ilícita o al margen de la legalidad, sin necesidad de la concreción de un daño concreto. En esta línea de pensamiento, este Tribunal se decanta por interpretar que el riesgo generado es un resultado lesivo tutelado por el artículo 38 de la Ley 7593, pensar lo contrario implicaría aceptar que un sujeto generador de riesgo y que saca provecho de él, resultaría ileso de imposición de responsabilidad si el riesgo creado no se materializase, lo cual no puede ser aceptado por esta Cámara. Así, para el caso concreto, queda claro que en el procedimiento administrativo seguido en contra de la actora, tomando en consideración tanto la prueba testimonial como la pericial recabada, sí se realizó, al menos en dos eventos, uno en junio y otro en julio de 2014, un riesgo ante la prestación de servicio no autorizado de gas licuado de petróleo al consumidor final, conducta que, como se ha expuesto, forma parte de una actividad ilícita sancionada por la ley 7593 y que hace que el argumento de la promotora de la acción no sea de recibo. Respecto del alegato de proporcionalidad de la sanción impuesta, debe considerar que, en el acto final, se fundamenta la imposición de la sanción en el salario base vigente al momento de los hechos denunciados (considerando V, punto j) de la resolución RRGA-150-2018), por lo que no es posible hablar de una desproporción en este sentido. Ahora bien, referente a la proporcionalidad del quantum de la multa, es decir, al por qué fijar la sanción en la banda superior permitida, es necesario considerar los siguientes factores: primero, ya ha sido esclarecido que el riesgo en sí mismo provocado por una actividad ilícita es una actividad lesiva sancionable; segundo, que al tenor del caso concreto la actividad se comprobó dos veces (nunca se acreditó que se tratase de una conducta rutinaria, ni se le dio tratamiento de esta forma por lo que las alegaciones de las partes al respecto resultan ajenas al asunto de fondo); y tercero, que en el procedimiento administrativo hubo prueba técnica pericial (ingeniero químico) que expuso sobre la magnitud del riesgo generado con la actividad no autorizada, prueba que no fue desacreditada por la actora en este proceso. Así, en la citada resolución que constituye acto final del procedimiento administrativo, se fundamentó la sanción de la siguiente manera: “Como se expuso líneas arriba, el daño a la colectividad en este caso, además del provocado por prestar un servicio que es titularidad del Estado sin haber pasado por todos los tramites, procedimientos, y cumplimiento de requisitos; consiste en el riesgo en que se puso a los usuarios de la estación de servicio, a sus propios empleados, a los vecinos de esta, y al medio ambiente, por no contar con las medidas que el ordenamiento establece en protección de esos derechos, y por haberlo hecho sin contar con los implementos necesarios para el correcto envasado. Dada la relevancia de lo que se puso en riesgo, la sanción a imponer debe ser la más drástica, sea la de 20 salarios” (considerando VII), con ello, se tiene claro que se utilizaron dos factores de ponderación: un daño al Estado por la realización de un servicio de su propiedad sin la respectiva autorización para ello, y segundo, el riesgo provocado así como su gravedad (expuesto por la declaración del ingeniero químico en considerando IV acápite b); así las cosas, esta Cámara considera que no solamente que la resolución de final RRGA-150-2018 cuenta con los elementos mínimos de motivación e integridad para extraer los factores de motivo, contenido y fin, fundamentales del acto administrativo, sino que la ponderación realizada en la imposición de la sanción resulta acorde a los principios rectores de razonabilidad y proporcionalidad, que los alegatos de la parte actora, así como la ausencia de prueba en contrario, pudieron en este proceso debatir o desacreditar el resultado. Consecuentemente, el reclamo por la parte actora no resulta de recibo, siendo por ello rechazada la demanda en todos sus extremos.\n\nVIII.- SOBRE LAS DEFENSAS ALEGADAS: Es por las razones ampliamente expuestas, se acoge la excepción de Falta de Derecho, por los motivos indicados a lo largo de la presente resolución.\n\nIX. LAS COSTAS: Respecto a las costas, de conformidad con el numeral ciento noventa y tres del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena sólo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, el Tribunal considera que no estamos ante tales supuestos, por lo que las costas corren a cargo de la actora, las cuales se liquidarán en ejecución de sentencia.\n\nPOR TANTO\n\nCon base en los fundamentos de hecho y derecho desarrollados en esta resolución, se acoge la excepción de Falta de Derecho interpuesta por la demandada. En consecuencia, se declara SIN LUGAR la demanda planteada por Blue Flame Fuel Technology Corporation Sociedad Anónima, cédula jurídica CED17838, contra de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Las costas son a cargo de la actora, mismas que serán liquidadas en sentencia. Notifíquese.\n\n \n\nCarlos José Mejías Rodríguez\n\n \n\nClaudia Bolaños Salazar                      Laura Gómez Chacón\n\n \n\n\t\n\n\n*EQCWKII7WOW61*\nEQCWKII7WOW61\nCARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\n*XTDBNPGZTZA61*\nXTDBNPGZTZA61\nLAURA GOMEZ CHACON - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n*BWLSJPIJO0U61*\nBWLSJPIJO0U61\nCLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 18-004121-1027-CA\n\nGoicoechea, Dirección01 , 50 metros oeste del BNCR, frente a Dirección02 . Teléfonos: 2545-0099, 2545-0107, 2545-0158. Fax: 2241-5664 y 2545-0006. Correo electrónico: ...01\n\n \n\nClasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 00:24:28.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "III. OF THE CLAIMS OF THE PLAINTIFF: The plaintiff's representation states in its statement of claim that on June 30, 2017, the oral and private hearing of the sanctioning procedure contained in file OT-184-2014 was held. It was not until February 9, 2018, that the appeal against the statement of charges was resolved by resolution ROD-DGAU-19-2018, with the plaintiff appearing before the superior on February 15 of that year, reiterating grievances and alleging the expiration of the procedure, the subsidiary appeal being rejected by resolution RRGA-140-2018 at 3:50 p.m. on March 14, 2018, issued by the Deputy Regulator General, against which a motion for annulment was filed on March 19 and has not been resolved. By resolution RRGA - 150 - 2018 at 1:00 p.m. on March 16, 2018, the Deputy Regulator issued the final sanctioning act against the plaintiff for the unauthorized provision of the public service of filling and distribution to the final consumer of liquefied petroleum gas, imposing a fine of ₡7,988,000 (seven million nine hundred eighty-eight thousand colones), and the respective motions for reconsideration and subsidiary appeal were filed on March 21, 2018, which have not been resolved. In light of these facts, the plaintiff considers that the procedure had expired due to the statute of limitations (caducidad), given the inexcusable inertia of six months established by the General Law of Public Administration, specifically, article 340, and that the First Chamber, in rulings such as 34-F-S1-2011, has stated that once the factual prerequisites contained therein are met, the consequence becomes mandatory for the body in charge of the proceeding, provided it is alleged within the procedure [...]\n\nV. ON THE MERITS OF THE CASE. REGULATED PUBLIC SERVICE. ARESEP'S SUPERVISORY POWERS: This Chamber takes as the basis for discussion of this matter the position set forth by the Sixth Section of this Court in its resolution 190-2015 at eleven thirty-five hours on November nine, two thousand fifteen, which, regarding the thema decidendum, stated: \"VIII.- OF THE FILLING, TRANSPORT, DISTRIBUTION, AND MARKETING OF LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TO FINAL CONSUMERS, AS A PUBLIC SERVICE.- Inasmuch as the infringement of the essential content of the freedom of enterprise, contained in article 46 of the Political Constitution, has been alleged, on the occasion of the adoption and implementation of resolution RIE-052-2014, at fourteen twenty-six hours on August twenty-one, two thousand fourteen, issued by the Public Services Regulatory Authority, and which was published in the Official Gazette La Gaceta number 163, of August twenty-six, two thousand fourteen, which are Guidelines for traceability in the marketing of liquefied petroleum gas cylinders in filling plants; it is deemed pertinent, prior to the review of the legality of the challenged action, to determine the legal regime for the distribution of this product to final consumers, from the filling stage to the final consumer in our country. Indeed, it must be considered that pursuant to the provisions of article 5, subsection d), sub-subsection 2) of the Law of the Public Services Regulatory Authority, number 7593, of March twenty-eight, nineteen ninety-six, and effective as of the following September five, and its amendments, this activity constitutes a public service. This condition inherently means that its exercise is subject to regulations of Administrative Law, both regarding the subject in charge of the matter and the purpose -by legal reservation, as an expression of the principle of minimum regulation established in article 12 of the General Law of Public Administration-, and regarding the principles that govern it -continuity, efficiency, adaptation to change, equality, quality, quantity, opportunity, and reliability necessary for optimal provision (articles 4 of the cited General Law, number 6227, and 4, subsection d) of Law number 7593)-; and its development, through concession to both public entities and private individuals, in accordance with the provisions established by law. Pursuant to the foregoing, its exercise is not free, in a double sense, as it cannot be carried out by any person, by virtue of their autonomy of will, but requires an enabling title to be able to participate in it -in this case, referring to the filling, transport, distribution, and marketing to the final consumer of liquefied petroleum gas (LPG) at the national level- through the corresponding concession and/or permit, authorized by the competent subject; and furthermore, the development of this activity is necessarily subject to the legal provisions that regulate the provision of public services in general and of this activity, which, it is worth noting, is highly technical and scientific in nature, as the activity involved in its execution is highly dangerous and risky. For this reason, a special subjection regime is configured for the concessionaires and permitees in their relationship with the Administration, under which special powers are recognized for the entity in charge of the matter. In this case, it must be remembered that among other functions, the Ministry of Environment and Energy is responsible for the definition and planning of national policies related to energy resources and environmental protection -as inferred from article 2, subsections a) and b) of the Organic Law of the Ministry of Environment and Energy, number 7152-; as well as the direction, control, supervision, and surveillance of activities related to the supply of fuels, as expressly provided for in article 5 of the cited Law 7593, a task under which it is responsible for authorizing concessions in this matter. For its part, the Public Services Regulatory Authority functions as the regulatory body that supervises compliance with the standards of quality, quantity, reliability, continuity, opportunity, and optimal provision of this public service, a task it carries out through the accounting, financial, and technical regulation and supervision of the providers, for which it may issue the technical regulations it deems necessary for the fulfillment of the principles governing the matter (article 25 Ibid.); conducts technical inspections of the plants and equipment used for the provision of the public service, sets the service rates and prices, investigates and resolves complaints (under the terms of article 10 Ibid.); and has the competence to grant, modify, transfer, declare expired, or revoke a concession, as well as to establish the corresponding fines, in the event of non-compliance by the provider (articles 15 and 38 Ibid.). Consequently, since this activity (the distribution and marketing of liquefied petroleum gas -LPG-) is considered a public service, its regulation, development, and implementation must tend toward the satisfaction of the general interest, which prevails over the particular interest, as inferred from the provisions of articles 4 and 10.1 of the General Law of Public Administration\" (Our highlighting). However, to this position we must add, for a relevant effect on the reasoning of this matter, that said power entails both the possibility of controlling those who are beneficiaries of an enabling title contained in an administrative contract – concession in this case –, and any subject that falls within the sanctionable conducts in the cited regulations, that is, articles 38 and 44 of Law 7593, and it cannot be thought that such rules exist exclusively for the exercise of control over current administrative contracts, rather, they must be viewed as an exercise of the Police Power that the indicated entities possess for the reasons stated in the cited judgment; thus, it should be noted that both articles, 38 and 44, do not establish differentiated sanctioning conditions (aggravating or mitigating) based on the acting subject, ergo, it is irrelevant whether the conduct to be reproached comes from the holder of a concessionary authorization or not, but rather whether the investigated or reported fact can be proven in manner, time, and place, against a specific subject, regardless of its nature, public or private, natural or legal. We thus base this position on the precedent issued by the Constitutional Court in its vote 14796 – 2005 at ten hours thirty-one minutes on October twenty-eight, two thousand five, which stated: \"Article 38, subsection d) of the same Law confers on it the power to impose the sanction of a fine, following the administrative procedure provided for in the General Law of Public Administration, on anyone who provides a public service without being authorized to do so. And article 44 ibidem confers competence on the Regulatory Authority to decree the precautionary measures of immediate closure of companies that use public services without authorization or that are providers of a public service without having the respective concession or permit; as well as to remove any equipment or instrument that allows the abusive and illegal use of the regulated services, for which purpose it may have the assistance of the public force\". This power must be framed within provision 66 of the General Law of Public Administration, which states in its first paragraph: \"The powers of authority and their exercise, and public duties and their fulfillment, shall be inalienable, non-transferable, and imprescriptible\", however, the final paragraph complements this affirmation by stating: \"The exercise of powers in specific cases may be expressly subject to expiration, by virtue of other laws\", so we will analyze both this temporal aspect and the statute of limitations in the following recital.\n\nVI. ON THE STATUTE OF LIMITATIONS AND EXPIRATION IN SANCTIONING MATTERS BEFORE ARESEP: In order to analyze the objections of expiration (caducidad) and statute of limitations (prescripción) against the administrative proceeding alleged by the plaintiff, this section will be divided into two parts, one aimed at the theoretical approach to both concepts and another referring to the specific case. A) Approach to the notions of statute of limitations and expiration in an administrative sanctioning procedure carried out by ARESEP: Before proceeding to analyze the issue, it is important to highlight two transversal factors to consider in the application of the concepts of expiration and statute of limitations, in the face of a case known and sanctioned by ARESEP, and which, in fact, is usable for any administrative procedure. First, as indicated in the final paragraph of the previous recital, public power itself is imprescriptible, so it is not subject – unless a rule provides otherwise – to the passage of time (doctrine of article 66 of the General Law of Public Administration), however, its application to specific cases may be temporally limited. Thus, we frame our temporal analysis in three procedural moments: before, during, and after the sanctioning procedure; thus, in cases before the procedure, understood from the occurrence of the sanctionable fact until the moment the administrative procedure begins, the concept of statute of limitations (prescripción) applies. Once it has begun and until the sanctioning resolution becomes final, expiration (caducidad) operates; while for the execution of the sanction, we again find the concept of statute of limitations (prescripción). Second, we must differentiate whether we are facing arguments related to the contractual liability regime or whether we are facing situations of an extracontractual relationship, given that the scenario in one and the other is substantially different. Thus, we adopt the difficulty of the issue starting from the opinions of the dissenting vote of Magistrates Jinesta Lobo and Hernández López, issued on the occasion of resolution 1781-2015 of the Constitutional Chamber, noting the normative heterogeneity that on this topic and that would be susceptible to application, considering public and private civil and even commercial regulations. On this, the basis of the problem is clear: there is no specific rule that regulates the issue of the statute of limitations in this matter, making it a case of normative integration exercise, pursuant to article 9 of the General Law of Public Administration. Therefore, for the case at hand, we reject the position of applying time periods of the concession and its extensions, that is, the contractualist thesis using this time for its weighting, given that this is designed to discuss aspects of the contractual relationship – enabling act, and its challenge is possible while the relationship remains in force (classical contractual doctrine), whether with the initial act or its extensions, allowing the parties to make adjustments and claims of said contractual legal-administrative relationship, such as the challenge of abusive clauses or price readjustment (article 1023 of the Civil Code, principle of conservation of contractual balance, etc.). In contrast, when dealing with a specific act (identified historical facts) under the execution of an administrative contract, in this case, of a concessionary nature, it is the opinion of this Chamber that the use of the macro duration of the contractual legal-administrative relationship is excessive, agreeing with the Magistrates in the cited dissenting vote; rather, using criteria of reasonableness and proportionality, the applicable statute of limitations period from the fact originating in the execution of a specific concessionary contract would be, in supplementary application to the closest liability rule, which would be contemplated in the Law of Administrative Procurement, given that the General Law of Concessions does not possess any temporal rule, specifically, we would be using the five-year period contained in article 35, which states: \"In five years, the power of the Administration to claim from the contractor indemnification for damages and losses, originating from the breach of its obligations, shall prescribe.\" Now, it is worth remembering that, similarly to what happens in a private contractual relationship, under it, actions may arise that have no direct link and that are qualifiable as extracontractual in nature. It is within this framework that we find the case at hand, as stated in the previous recital, the sanction to be imposed is attributable to both whoever is a concessionaire and whoever is not, given that the imputed conduct was that of \"unauthorized provision,\" thereby framing itself not as a defective provision of the service, but as conduct deployed outside the granted authorization. Thus, it is the consideration of this Chamber of Judges that the Law of Administrative Procurement would not be applicable to these situations, rather, in the absence of a rule of this type, the applicable one would be that provided in article 198 of the General Law of Public Administration, which regulates the generic basis of extracontractual civil liability, subsequently excluding the application of private law regulations. Thus, following what this rule provides, we would apply the first paragraph, which establishes the event that motivates the liability as the starting point for calculating the period. Consequently, from the foregoing interpretation, we would find that the statute of limitations (prescripción) for a fault not originating in the execution of a concessionary enabling title, but rather outside of it or without possessing any title, would be four years counted from when the conduct is carried out, or failing that, in the case of continuous conducts, from when it ceases, whereas, for those faults originating from the contractual relationship, the statute of limitations would be five years from the specific action, following the same logic, either from the event or from when it ceases in the case of continuous conducts. Now, once the procedure has begun, what applies is expiration (caducidad), as stated supra, referring for this purpose to the provisions of the Internal Regulation of organization and functions of the Public Services Regulatory Authority and its decentralized body (RIOF), since the processing of investigations of a sanctionable nature, both ex officio and as a result of a complaint, are strictly regulated. Based on this, article 22, subsection 11 of said regulation establishes that the General Directorate of User Services is responsible for the \"management of the procedures for resolving complaints, reports, controversies, and conflicts of jurisdiction by reason of territory, as well as those procedures in which alleged infractions of articles 38, 41, and 44 of Law 7593 are heard, whether these are initiated by a third party or by the Regulatory Authority itself, controlling the execution of each of its stages: admission, preliminary investigation, conciliation (when applicable), instruction of the procedure, analysis of the merits, recommendations, and proposed resolution directed to the decision-making body (Regulator General or Board of Directors, as applicable)\", although this rule was modified in 2014, so that, for the purposes of analyzing this resolution, its previous wording indicated that this body was responsible for \"carrying out the instruction of the procedures for the resolution of complaints, reports, and controversies, controlling the execution of each of its stages: admission, preliminary investigation, conciliation (when applicable), instruction of the procedure, analysis of the merits, recommendations, and proposed resolution directed to the decision-making body (Regulator General or Board of Directors, as applicable)\", noting that, with respect to the administrative sanctioning procedure, there was no variation, said instance constituting the Directing Body for both preliminary investigations and ordinary instruction [...]\n\nAnalysis of the nature of this concept allows for the conclusion that it is a legal event within the procedure that is justified as a means of avoiding the excessive prolongation of procedures, in the interest of legal certainty, as well as the need to guarantee the continuity and efficiency of administrative activity. It is unfeasible when the matter is ready for the issuance of the final act. For it to operate, as established by the aforementioned rule, expiration (caducidad) requires several elements. First, that the matter has entered a state of procedural abandonment, that is, inactivity. Second, that this stagnation is due to causes attributable to the administered party, when the party initiated the proceeding, or to the Administration, if it was initiated ex officio. Third, that this state has been maintained for a period of at least six months. This last point requires that the inertia be of at least six months, that is, it is not constituted as a maximum period to act, but as a minimum temporal limit of inertia, ergo, it must be computed from the last action within the file and not from the opening of the procedure. This means that, in ex officio procedures, expiration is feasible when these prerequisites concur [...]\n\nB) On the objections raised in the specific case: The plaintiff argues expiration (caducidad) specifically for the period between the oral and private hearing of June 30, 2017, and resolution ROD-DGAU-19-2018 of February 9, 2018, given that a period of 7 months and 10 days had elapsed between one and the other, according to the temporal measurement established in articles 15 and 16 of the Civil Code referenced to the Gregorian calendar; and in light of this event, the plaintiff considers that all subsequent actions are expired, as it made known days after the cited resolution, in the arguments of the claim, as well as in the conclusions rendered in this proceeding. This objection cannot be accepted by this Chamber for the reasons detailed immediately below: As just set out in the previous section, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has maintained the position that expiration is not susceptible to automatic application, but must be alleged by the party before the inactive Administration reacts through the issuance of a procedural act, under the interpretation made between articles 329.3 and 340 of the General Law of Public Administration, which is precisely what happened in the present matter. From the review of the case file, it can be inferred that the allegation of expiration by the plaintiff within the administrative procedure occurred after the issuance of an act, namely, the one resolving the appeal against the act of notification of charges, whereby it missed the opportunity to request the application of procedural expiration, following the guidelines set forth above, its allegation being untimely as it was raised until February 14, 2018, that is, 5 days later. Note that, prior to the issuance of resolution ROD-DGAU-19-2018, there was indeed a passivity exclusively attributable to the defendant, bearing in mind that the defendant's arguments regarding the pendency due to the filed appeal were not admissible at that time, given that a negative silence had operated pursuant to article 261.3 of the General Law of Public Administration, so the application of expiration at that time was possible; however, upon notification of the cited act, pursuant to article 329.3 in relation to the jurisprudence of the First Chamber mentioned in this recital (vote 1001-2013), despite being out of time, the resolution under analysis benefits from the validity effect contained in said rule, thereby keeping the procedure moving, preventing the application of the concept of expiration. Now, the plaintiff, in its closing arguments, indicates that it \"corrects\" the arguments related to the statute of limitations (prescripción) and converts them into \"annulment\" arguments under what was said by the Sixth Section of this Court in judgment 104-2017-VI. In this regard, the first thing that must be indicated to the plaintiff is that in the closing arguments stage, it is not possible to modify the theory of the case, nor can novel arguments be introduced, whereby, from a procedural technique standpoint, such a \"correction\" is not possible, and the initially raised arguments are thus preserved and analyzed. To admit otherwise would violate the rules of due process and the right of defense of the opposing party. In this vein, the allegations regarding the duration between the facts and the final resolution of the procedure do not reveal, in light of what was set out in the previous section, defects of nullity susceptible to being punished in this venue: from the investigated facts to the complaint, only approximately one and two months elapsed, and between the complaint and the opening of the procedure, two years and nine months, whereby, following the line of argument set forth in the first part of this recital, the exposed extracontractual statute of limitations period of 4 years would not have expired, and once the procedure began, what applies is expiration (caducidad), not the statute of limitations (prescripción), which has already been analyzed, so this argument must likewise be rejected.\n\nVII. ON THE MERITS OF THE CASE. COMPETENCE OF THE DECISION-MAKER. CLAIMS OF IMPUTATION, ASSESSMENT OF EVIDENCE, AND PROPORTIONALITY OF THE SANCTION [...]\n\n4) On the alleged lack of demonstration of harm and the proportionality of the fine: The plaintiff's claim essentially revolves around the argument that the defendant made no minimum effort to demonstrate the alleged harm caused, and that there is no justification in the challenged acts for not having investigated the alleged harm and the preference for opting for the subsidiary economic sanction outright and, regarding the latter, the most severe one. In response, the defendant refutes and dismisses the allegations, stating that the harm was indeed demonstrated, but that the amount could not be determined, and furthermore, since the event was demonstrated twice, the final act of the sanctioning procedure, the method of imposition, and the quantum ordered are substantiated. We begin the analysis of this aspect by citing what the Constitutional Chamber stated regarding the sanction contained in article 38 of Law 7593 in its vote 16239-2017 at nine hours fifteen minutes on October eleven, two thousand seventeen, which affirmed: \"The plaintiffs consider that the challenged article 38, subsection d), violates the referenced principles. In relation to this aspect, this Court, in judgment No. 2008-017303 at 2:56 p.m. on November 19, 2008, resolved: 'V.- On the alleged violation of the principles of reasonableness and proportionality of article 38 in fine of Law No. 7593 of August 9, 1996. The appellant alleges that the fine sanction in article 38 in fine of the Law of the Public Services Regulatory Authority, which is from five to twenty minimum base salaries fixed in the ordinary budget of the Republic, in accordance with Law No. 7337, and which is imposed on anyone who provides a public service and incurs in any of the situations described in the preceding subsections of that same article, injures the principle of reasonableness and proportionality. From the study of the rule under analysis, in the opinion of the Chamber, there is no disproportion, in and of itself, between the conduct and the challenged sanction; taking into account that the protection of the protected legal interests- among which are: safety, health, economic and social interests of the different users of the public services- are of the utmost relevance for the democratic system. It is reiterated in this action, that the Chamber, in the case of penalties, and just as in tax matters for example, can only eliminate evidently disproportional rules. Thus, in the case of taxes, for example, there may be very burdensome rules, but as long as they are not confiscatory, they fall within the framework of the State's tax policy permitted by constitutional order. The same occurs with the quantum of prison sentences and fines, in which the Chamber can only analyze whether it exceeds limits (ceilings) of reasonableness. Now, regarding the proportionality of the penalty of 5 to 12 salaries analyzed in this action, in relation to the relevance of the protected legal interest, the established fine does not seem unreasonable then, taking into account that the protection of the protected legal interests- among which are: safety, health, economic and social interests of the different users of the public services-, as stated, are of the utmost relevance for the democratic system. This Court considers that the imposition of the sanction of 5 to 12 base salaries, as a residual sanction, is not disproportional when considering and accepting as reasonable the consideration put forward by the Regulator General of the Public Services Regulatory Authority in the report rendered to the Chamber, in the sense that the sanction operates insofar as it is not possible to determine the harm caused and that for its imposition, criteria of risk to health, safety, the environment, the severity of the non-compliance or the infraction, the amount of the benefit obtained, the degree of intentionality, the severity of the harm are weighed, in relation to the cases established in article 38 transcribed in Recital III of this judgment. In this case, the sanction as a penalty is reasonable as it is adequate to regulate and protect the legal interests sought to be protected; and to that extent it is proportional as there is a relationship between the means chosen and the goal sought.\n\nOn the other hand, from a reading of the provision, it is understood that the fine of 5 to 12 base salaries, as a result of the infractions contained in the same article, offers the Public Services Regulatory Authority a system of bands that allows it to choose among various sanctions and apply them to the extent that the conduct and the recipient of the sanction differ; so that it correctly adjusts the penalty to the particularities of the case brought before it. Indeed, the sanction can be related in this case to the conduct of the offender, and to that extent the sanction will be imposed, which presupposes in each case the necessary requirement of a reasonable and proportional assessment between the act committed, the impact on the legal interest caused by the action attributed to the active subject of the infraction, and the sanction with which the illegal activity is intended to be punished, given that in this case the Legislator set parameters regarding the amount of the penalty to be imposed, from 5 to 12 base salaries; the Public Services Regulatory Authority being able to adapt its actions when determining the penalty, with the possibility of carrying out an accurate individualization and using its evaluative power when setting the quantum of the sanction in the resolution imposing it; which constitutes a margin to assess each particular case; which conforms to the constitutional parameters of proportionality and reasonableness. Thus, this Tribunal does not find any arbitrariness or disproportionality in the possibility of determining the fine sanction under the terms of article 38 in fine of the Ley Reguladora de los Servicios Públicos, and consequently, it is appropriate to declare the action without merit in all its aspects'...\". With this, we dismiss the generic assertion that the sanctioning content of provision 38 of Ley 7593 is disproportionate. Focusing on the argument given by the plaintiff regarding the difference between a \"risk\" and a \"damage\" and how, in their view, there is confusion in the case at hand—a thesis with which, as will be seen below, this Chamber does not agree. The plaintiff's interpretive basis assumes that article 38 is limited to the existence of concrete damages, thereby excluding unconsummated risks, which is incorrect. In the doctrine of damages, direct and indirect damages, mediate and immediate, original, derivative, potential, effective, among many other classifications, are indeed differentiated depending on the source of knowledge consulted, and this is where the so-called Doctrine of Risk comes into play and is to be assessed in a matter such as the present one. It is worth clarifying the reason for the dissertation, which is to determine whether the plaintiff is correct in saying that numeral 38 is exclusively limited to \"damages,\" not including \"risks.\" On this Theory, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has ruled, considering it a variable of strict liability (responsabilidad objetiva), stating that \"...In it, the element of fault is disregarded as a criterion for imputation, focusing on a conduct or activity of a physical or legal subject, characterized by the initiation of a dangerous activity, or the mere possession of a dangerous object. The element of imputation for this liability is the risk created, or the risk-creating conduct. Therefore, it is affirmed, the notion of risk replaces the concepts of fault and unlawfulness... Strict liability resides in the fact that one who, for their own benefit, creates a source of probable damages and exposes the persons and property of others to danger, becomes obligated if the damage occurs. To determine this liability, there must be a causal link between the risky activity initiated and the damage caused. Our case law, since past eras, has recognized this type of liability. On this matter, one may consult the judgments of the former Cassation Chamber, number 97 of 4:00 p.m. of August 20, 1976; and of this Chamber, among others, numbers 26 of 3:10 p.m. of May 10, 1989; 263 of 3:30 p.m. of August 22, 1990; 354 of 10:00 a.m. of December 14, 1990; 138 of 3:05 p.m. of August 23, 1991; 112 of 2:15 p.m. of July 15, 1992; and, 61 of 2:50 p.m. of June 19, 1996. Consequently, strict liability emerges from the performance of lawful or authorized activities, but which constitute a source of risk. In relation to this, the cited article of the Civil Code, in its 5th paragraph, states: 'And if a person dies or is injured by a motive machine, or a railway, tram, or other analogous mode of transport vehicle, the operating company or person is obligated to repair the resulting harm, if it does not prove that the accident was caused by force majeure or by the fault of the deceased or injured person themselves.' According to the preceding provision, the burden of proof is reversed. That is, it is up to the person or company to whom liability is attributed to demonstrate that the damages were produced by force majeure or by fault of the victim. (Resolution no. 376-1999 of 2:40 p.m. of July 9, 1999)… In it, the hypothesis is that the source of obligations is the lawful use of dangerous things, which, by the mere fact of causing damage, obligate the one who uses them to repair the damage caused. There are three elements that make up this type of liability, namely: a) the use of things that entail danger or risk; b) causing damage of a patrimonial nature; c) the relationship or causal link between the act and the damage… There is no discussion that strict liability resides in the fact that one who, for their own benefit, creates a risk and exposes the persons and property of others to danger, is consequently obligated to compensate them if the damage occurs\" (Voto 167-F-S1-2018 of two thirty-two p.m. of March first, two thousand eighteen); however, it must be noted that this position arises when a risk is created under the protection of a lawful activity, that is, when the operator has the respective permits, licenses, or concessions for the exercise of the risky activity. A contrario sensu, the generation of a risk from an unauthorized activity is susceptible to sanction, given that it would be illogical and arbitrary to have to wait for the risk to consolidate or materialize for the conduct to be reproachable, which appears to be what the plaintiff seeks with their argument. In other words, the risk created forms part of the doctrine of damage, specifically as a potential damage, which, when the activity is lawful, is only compensable upon the concretization of the risk into a concrete damage, but is pursuable and sanctionable when the activity is illegal or outside the bounds of legality, without the need for the concretization of a concrete damage. In this line of thought, this Tribunal leans toward interpreting that the risk generated is a harmful result protected by article 38 of Ley 7593; to think otherwise would imply accepting that a subject who generates risk and profits from it would remain unscathed from the imposition of liability if the created risk did not materialize, which cannot be accepted by this Chamber. Thus, for the specific case, it is clear that in the administrative procedure (procedimiento administrativo) brought against the plaintiff, taking into consideration both the testimonial and the expert evidence gathered, a risk was indeed created, in at least two events, one in June and another in July 2014, through the unauthorized provision of liquefied petroleum gas service to the final consumer, a conduct that, as has been stated, forms part of an illegal activity sanctioned by Ley 7593 and which makes the argument of the action's promoter untenable.\n\nRegarding the claim of proportionality of the imposed sanction, it must be considered that, in the final act, the imposition of the sanction is based on the base salary in force at the time of the reported facts (Considerando V, point j) of resolution RRGA-150-2018), so it is not possible to speak of a disproportion in this sense. Now, concerning the proportionality of the quantum of the fine, that is, why the sanction was set in the upper permitted band, it is necessary to consider the following factors: first, it has already been clarified that the risk itself caused by an illegal activity is a sanctionable harmful activity; second, that according to the specific case, the activity was proven twice (it was never proven that it was a routine conduct, nor was it treated as such, so the parties' allegations in this regard are extraneous to the substantive issue); and third, that in the administrative procedure there was expert technical evidence (chemical engineer) that expounded on the magnitude of the risk generated by the unauthorized activity, evidence that was not discredited by the plaintiff in this process. Thus, in the cited resolution that constitutes the final act of the administrative procedure, the sanction was justified as follows: \"As stated above, the damage to the community in this case, in addition to that caused by providing a service that is owned by the State without having gone through all the formalities, procedures, and compliance with requirements; consists of the risk to which the users of the service station, its own employees, its neighbors, and the environment were exposed, by not having the measures that the legal system establishes to protect those rights, and for having done so without the necessary implements for correct filling. Given the relevance of what was put at risk, the sanction to be imposed must be the most drastic, that is, 20 salaries\" (Considerando VII), with this, it is clear that two weighting factors were used: a damage to the State for carrying out a service of its ownership without the respective authorization to do so, and second, the risk caused as well as its severity (expounded by the statement of the chemical engineer in Considerando IV subsection b); thus, this Chamber considers that not only does the final resolution RRGA-150-2018 contain the minimum elements of motivation and integrity to extract the factors of motive, content, and purpose, fundamental to the administrative act (acto administrativo), but also that the weighing carried out in imposing the sanction is in accordance with the guiding principles of reasonableness and proportionality, which the plaintiff's allegations, as well as the absence of evidence to the contrary, could have debated or discredited the result in this process. Consequently, the claim by the plaintiff is untenable, and the lawsuit is therefore rejected in all its aspects\".\n\n... See more\nCitations of Legislation and Doctrine Related Judgments\nText of the resolution\n\nEV Generación de Machote: F:\\Gestion-Judicial\\Servidor de Archivos\\Modelos\\Contencioso\\TCRESOL016.dpj\n\n \n\n*180041211027CA*\n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n \n\n18-004121-1027-CA - 0\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n \n\nCONOCIMIENTO\n\n\n\n\nACTOR/A:\n\n \n\nBLUE FLAME FUEL TECHNOLOGY CORPORATION S.A.\n\n\n\n\nDEMANDADO/A:\n\n \n\nAUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS\n\n \n\nNº33-2020-I\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at eight o'clock on the twenty-third of March, two thousand twenty.-\n\n \n\nProcess of conocimiento established by Blue Flame Fuel Technology Corporation Sociedad Anónima, legal ID number CED17838, represented in this act by its legal representative Nombre22213 , of legal age, single, identity card number CED17837 - - , resident of San José and its special judicial representative Licenciado Ronald Freddy Zúñiga Rojas, against the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), represented by its general judicial representative Licenciado Luis Daniel Chacón Solórzano and its special judicial representative Licenciada Daniela Retana Vargas, the legal standing of the parties having been reviewed in the case file; and\n\nRESULTANDO:\n\n1.- The plaintiff appeared before this jurisdiction to request, as deduced from the complaint filed on May 25, 2018, as well as from the adjustments made at the preliminary hearing held on February 21, 2019, the following: \"1. BLUE FLAME FUEL TECHNOLOGY CORPORATION S. A. requests that the absolute nullity be declared of resolution RRGA - 150 - 2018 of 1:00 p.m. of March 16, 2018, by the REGULADORA GENERAL ADJUNTA. 2. As a consequence of the foregoing, declare the nullity of the fine imposed on my represented party of TWENTY BASE SALARIES, a fine amounting to ?7,988,000.00. 3. Declare the nullity of the related administrative acts including the notification of the administrative procedure and those subsequent to the decision on the merits\". At the preliminary hearing, this last claim was clarified to mean that the acts whose nullity is requested are the notification acts of administrative procedure ROD-DGA10-2017 and resolution RE1197-RGA-2018 resolving the ordinary appeals. \"4. Order the defendant to pay damages and losses, which will be liquidated in the execution of judgment.\" Clarifying at the preliminary hearing that the damages are in the order of ?7,988,000 colones (seven million nine hundred eighty-eight thousand colones) and the losses are the legal interest on said sum. \"5. Declare that ARESEP must index, in favor of my represented party, the amount of damages determined, in order to compensate for the variation in purchasing power occurring during the period between the date the obligation became due and its extinction by effective payment\". At the preliminary hearing, it was clarified that the indexation will be subject to the execution of judgment. \"6. Order the defendant to pay the personal and procedural costs of the lawsuit\". (Images 38 and 39 of the electronic case file, as well as what was recorded in the preliminary hearing visible in its audio and minute at image 219 of the electronic case file)\n\n2.- Upon transfer, the Autoridad Reguladora de Servicios Públicos responded negatively to the complaint on September 20, 2018, and raised the defense of lack of right. (Images 82 to 186 of the electronic case file)\n\n3.- The preliminary hearing was held on February 21, 2019; in it, the claims were set, the disputed facts were established, and evidence was admitted. (See audio of the hearing, as well as the minute visible at images 218 to 221 of the electronic case file).\n\n4.- By means of a filing dated February 12, 2020, by ARESEP, the offered witness was deemed waived, and by the plaintiff likewise, by filing dated the 13th of the same month, both parties requesting that they proceed to submit written conclusions, accepting said request, setting aside the oral and public trial hearing date and converting the matter to one of pure law by means of a resolution of this Chamber, at ten hours and zero minutes of February seventeenth, two thousand twenty, and granting a period for conclusions, these being rendered by both parties (see images 235 to 288 of the electronic case file).\n\n5.- The procedures have observed the prescriptions and terms of the law, and no flaws, defects, or omissions capable of producing nullity of the proceedings or defenselessness of the parties are perceived. This judgment is issued within the legal term.\n\nThis resolution is issued unanimously and after prior deliberation.\n\nJudge Mejías Rodríguez writes with the favorable vote of judges Gómez Chacón and Bolaños Salazar\n\nCONSIDERANDO:\n\nI. PROVEN FACTS: The following are taken as such, having the corresponding support and being relevant to this matter: 1. That originally in file ES-1-09-03-04, initially TA-970, by resolution R-D-102-2012-MINAET, at 8:37 a.m. on March 19, 2012, and for a term of five years, they had been granted the authorization for a service station with provision of LP Gas (Liquefied Petroleum Gas) and also, as part of the public service of LP gas sales, the transport of LP gas fuel from the authorized storage tank to authorized self-consumption tanks of third parties authorized by MINAET, by means of bulk LP gas fuel transport equipment according to resolution R-MINAE-DGTCC-707-2015 of 10:00 a.m. on July 21, 2015. (See images 112 to 127 of administrative file OT-184-2014). 2. That on August 21, 2014, the plaintiff company was reported for the alleged unauthorized provision of the public service of filling portable liquefied petroleum gas cylinders, violation of LP gas filling regulations, charging an unauthorized tariff, and others, using as evidence two notarial acts performed on June 30 and July 22, 2014, in which the filling of fuel and charging by one of the plaintiff's commercial employees is narrated, which, despite the fact that a precautionary measure was filed together with the complaint, was rejected. (See images 4 to 76 of administrative file OT-184-2014); 3. On July 31, 2015, the complainant was requested to provide more information regarding the filed complaint, which was fulfilled by the complainant on August 17 of that year. (See images 78 to 98 of administrative file OT-184-2014); 4. On May 20, 2016, an inspection was ordered, which was carried out on July 21 of that year. (See images 99 to 144 of administrative file OT-184-2014); 5. The Regulador General ordered the opening of the procedure, and a directing body was named on May 15, 2017, by resolution RRG-159-2017 at 11:50 a.m. of said day. (See images 168 to 173 of administrative file OT-184-2014). 6. By resolution ROD-DGAU-10-2017 at 9:37 a.m., the statement of charges is transferred to the plaintiff company, the facts to be investigated being the following: a) Unauthorized provision of distribution of liquefied petroleum gas to final consumers, from the filling stage to the final consumer, on the dates of June 30 and July 22, 2014, using as the imputation framework subparagraph d) of article 38 of Ley 7593, warning that the legal consequence, if proven, is 5 to 10 times the damage caused, or failing that, a fine of 5 to 20 base salaries if the amount of the damage is not proven, calculating that, for the year of the events, i.e., 2014, the eventual fine could range between ?1,997,000 (one million nine hundred ninety-seven thousand colones) and ?7,998,000 (seven million nine hundred ninety-eight thousand colones). In turn, the investigated party is summoned to the oral and private hearing for June 30, 2017. (See images 177 to 184 of administrative file OT-184-2014); 7. Against the transfer, appeals for revocation and appeal with concomitant nullity were filed on the 26th by the plaintiff, alleging the statute of limitations between the facts and the transfer based on article 261 of the LGAP, as well as nullity of the notification, absence of demonstration of damages, and use of an agent provocateur. (See images 266 to 233 of administrative file OT-184-2014); 8. The oral and private hearing was held on June 30, 2017, in the absence of the investigated party, although it was properly summoned. At the hearing, the following were admitted as testimonial evidence: the statement of Nombre22214 and Nombre22215 and the private expert statement of chemical engineer Nombre22216 , environmental regent in the field of filling and distribution of liquefied petroleum gas, as well as the incorporation of the written expert report prepared by the indicated engineer. (See images 258 to 290 of administrative file OT-184-2014, as well as audio \"OT-184-2014 BLU FLAME FUEL TECNOLOGY CORPORATION S.A..MP3\" provided in compressed format with the evidence CD of the indicated administrative file); 9. The appeal for revocation against the statement of charges was resolved by resolution ROD-DGAU-19-2018 at 11:31 a.m. on February 9, 2018, and knowledge on appeal of the appeal remedy is transferred. (See images 291 to 300 of administrative file OT-184-2014); 10. On February 16, 2018, the final report 1284-DGAU-2018/46971 is issued (see images 424 to 450 of administrative file OT-184-2014); 11. The plaintiff, on February 14, 2018, alleged the defense of the statute of limitations and the lapsing of the instance against ROD-DGAU-10-2017. (See images 302 to 307 of administrative file OT-184-2014); 12. On March 14, 2018, the Adjutant Regulator rejects the subsidiary appeal filed against the statement of charges by resolution RRGA-140-2018. (See images 335 to 352 of administrative file OT-184-2014); 13. On the 16th of the same month, the final act RRGA-150-2018 is issued (see images 452 to 471 of administrative file OT-184-2014); 14. The plaintiff, on March 19, filed a motion for nullity and on March 21, both in 2018, filed the appeals for revocation and appeal. (See images 361 to 405 of administrative file OT-184-2014); 15. On April 12, 2018, the second payment demand for the fine imposed by the final resolution of the administrative procedure was made. (See images 481 to 482 of administrative file OT-184-2014); 16. By September 2018, by means of an act issued on the 11th of that month, both the nullity motions and the revocation filed were resolved. This, by resolution of the Adjutant Regulator number RE-1197-RGA-2018, exhausting the administrative remedy. (See images 496 to 535 of administrative file OT-184-2014).\n\nII. UNPROVEN FACTS: The following are taken as facts that could not be proven: 1. That the fine imposed by resolution RRGA-150-2018 was paid by the plaintiff. 2. That the institute of the statute of limitations or lapsing operated in the sanctioning procedure OT-184-2014. 3. That there is a defect of nullity in resolution RRGA-150-2018 (final act) or resolution RE-1197-RGA-2018 (definitive act).\n\nIII. OF THE PLAINTIFF'S ALLEGATIONS: The plaintiff's representation indicates in its complaint that on June 30, 2017, the oral and private hearing of the sanctioning procedure contained in file OT-184-2014 was held. It was not until February 9, 2018, that the revocation against the statement of charges was resolved by resolution ROD-DGAU-19-2018, the plaintiff appearing before the superior body on February 15 of that year, reiterating grievances and alleging the lapsing of the procedure, the subsidiary appeal being rejected by resolution RRGA-140-2018 at 3:50 p.m. on March 14, 2018, issued by the Adjutant General Regulator, which was challenged with a nullity motion on March 19 and which has not been resolved. By resolution RRGA - 150 - 2018 at 1:00 p.m. on March 16, 2018, the Adjutant Regulator issues a final sanctioning act against the plaintiff for the unauthorized provision of the public service of filling and distribution to the final consumer of liquefied petroleum gas, imposing a fine of ?7,988,000 colones (seven million nine hundred eighty-eight thousand colones), the respective appeals for revocation and subsidiary appeal being filed on March 21, 2018, which have not been resolved. Given these facts, the plaintiff party considers that the procedure had expired due to the institute of lapsing, given the inexcusable inertia of six months established by the Ley General de Administración Pública, specifically, article 340, and that the First Chamber, in rulings such as 34-F-S1-2011, has stated that once the factual prerequisites contained therein are met, the consequence becomes obligatory for the body in charge of the processing, provided it is alleged within the procedure. This implies that its effects occur ipso jure, and therefore, its recognition has merely declarative, not constitutive, effects, citing as precedents resolution 104-2017-VI of the sixth section of this Tribunal, being applicable based on a dual thesis: on one hand, lapsing is not applicable to the appeal regime, and on the other, that the alleged lapsing covers the time elapsed from the oral and private hearing to the resolution of the final act (from June 30, 2017, to February 9, 2018). Additionally, the plaintiff alleges flaws in the imputation of liability regarding the individualization of liability, as the statement of charges does not differentiate between the liability of the company's worker and the company itself (according to the reported facts), which is mandatory according to the precedent of the Sala Constitucional 2015-001781. On the other hand, they allege a disproportionality of the sanction, infringing the provisions of article 38 of Ley 7593, given the directing body's complete lack of effort to investigate the existence of damage, leading to the contradiction that the damage caused by the reported facts is classified as an \"unproven fact\" and, despite this, it imposed the maximum fine of 20 base salaries, punishing for a \"risk\" (not proven) and not for damage, which is what the norm requires, thus confusing both concepts, and without explaining in detail the reasons that justify the use of the maximum penalty and not lesser ones, even though, in the best of cases, they are two isolated events and not a generalized practice, thereby causing defects of absolute nullity. They affirm that \"what appears in the administrative file is that based on a complaint by an 'agent provocateur', which is the competitor company of BLUE FLAME TECHNOLOGY CORPORATION S.A., with two notarial acts that we consider invalid for transgression of the principle of notarial impartiality, the Adjutant General Regulator (who lacks competence to issue the act), found that my represented party incurred in the unauthorized provision of public service… Arbitrarily, the resolution chooses the maximum sanction as if it were a discretionary decision invulnerable to the principles of reasonableness and proportionality. The fine is unreasonable and disproportionate.\" Regarding the issue of the deciding body, the plaintiff attacks the fact that the Adjutant Regulator heard and resolved the matter, because, according to the applicable regulations, such competence rested exclusively with the Board of Directors of the entity or with the Regulador General pursuant to the Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (RIOF) article 9.17, therefore not being a delegable function. Under their thesis, article 88 of the Ley General de Administración Pública requires that the authorization for delegation be of at least legal rank, it thus not being possible that a simple resolution can perform the enabling act. As a consequence, given the lack of sufficient investiture of the Adjutant Regulator, nullity arises over the actions taken pursuant to articles 129, 158, and 166 of the Ley General de Administración Pública, given that for this matter there was a break in identity between who ordered the procedure and who resolved it. In another line of thought, they raise the exception of the statute of limitations against the resolution, given that the complaint from August 2014 is based on alleged events from June 30 and July 22, the matter only being resolved until March 2018, more than three years later, so, in their consideration, based on article 225 of the aforementioned General Law and the application of resolution 104-2017-VI of the Sixth Section of this Tribunal, the process has prescribed; however, in conclusions, the plaintiff withdraws the allegation of the statute of limitations by stating: \"In this concluding phase, we must correct a part of our argument that we titled 'SIXTH PART - STATUTE OF LIMITATIONS'. In that section of the complaint, we claimed prescription and nullity of the procedure; we believe that it is actually just a matter of nullity.\"\n\nMoreover, it considers that the decision likewise suffers from problems of motivation and substantiation because the evidence in the administrative proceeding was insufficient to establish corporate liability, thus breaching the aforementioned Constitutional Court ruling 2015-001781, especially given that it was not demonstrated that the company, as such, routinely and not in an isolated manner, separate from any eventual irregular conduct of an employee, carried out the reproached conduct, and it was not even demonstrated that it had sufficient equipment to do so, alleging in this line that “if on two occasions, on their own, some of those employees from a station in Santa Ana had engaged in the reported conduct, it would have been absolutely uncontrollable for the company’s management… Having investigated the complaint within our company, one of our employees in May 2017 stated that he believed he remembered that years ago some people arrived in a pick-up truck begging to have a gas cylinder ‘filled’ because they were at a party and theirs had run out, there is no reasonable way of knowing if in May 2017 (once the complaint was received on the 25th of that month) any of our employees could fully remember the events that occurred 34 months earlier, even so, with the testimony we offer, it will be sufficient to support that there is no corporate liability,” thus considering that the evidence provided by the complainant constitutes actions classifiable as those of disguised and interested agent provocateurs. Along this line, it considers the evidence used is spurious, since the notarial deeds do not meet the requirements of the Notarial Code Articles 42, 101, and 104, given that “it did not record that he requested the names of the employees, that he warned them he was recording a notarial deed, and not only that, but it appears, said with the utmost respect but with legal rigor, in view of the deeds themselves, that the Notary participated in the acts, he was, according to his own statement, one of the people who requested the alleged filling of the gas cylinders… The witnesses and the notary were not mere bystanders to the act, they were protagonists of the facts. The witnesses had an interest, since Nombre22215 was a ‘collaborator’ of Gas Nacional Zeta and the witness Nombre22214 attended as such but in a notarial proceeding that was not brought to the attention of the employee of my represented party who attended them, and this witness apparently participated as part of the group that induced a gas sale,” thereby violating the principle of notarial impartiality and relying on resolution 189 of 3:10 p.m. on September 6, 2012, of the Notarial Tribunal. All the foregoing caused material damage for the sums paid by reason of the imposed sanction and interests as damages.\n\nIV. REGARDING THE ARGUMENTS OF ARESEP: The representation of the defendant entity, when answering the action, alleges that the complaint was supported not only by the notarial deeds but also by photographs corresponding to the plaintiff’s facilities and the invoices issued by its officials, thus accrediting the sanctionable cause and motivating the administrative sanctioning proceeding, namely, the provision of unauthorized service and with amounts outside those regulated. Regarding the challenge to the competence of the Deputy Regulator, it states that a delegation had been operative, so there was no impediment to her participating in the proceedings, and indicates that the resolution hearing the appeal against the statement of charges included the rejection of the alleged expiration. Regarding that, it states that the act resolving the revocation breaks the six-month inactivity period for acts subsequent to the oral and private hearing, it being equally true that the prior and subsequent acts occurred within said period, thereby rendering said legal concept regulated in Article 340 of the General Law of Public Administration inapplicable. Likewise, it affirms that the allegation of expiration was raised at a time after resolution ROD-DGAU-19-2018 of February 9, 2014, which resolved the appeal for revocation against the statement of charges, thus, following the tenor of precedents of the Court of Cassation such as 09-TC-2016 and of the First Chamber in rulings 1001-A-S1-2013 and No. 286-F-S1-2014, the argument was made out of time as it was raised until February 14, that is, 5 days later, with this, the indicated administrative resolution had the capacity to eliminate the expiration of the proceeding in accordance with Article 329 of the General Law of Public Administration, following the thesis of the Contentious-Administrative Court of Cassation 59-F-TC-2017, in concordance with Article 260.1 of the LGAP, strengthening the argument with the fact that the sanctioning proceeding concerned facts dealing with an issue of general interest, so that in accordance with Articles 339.3 and 340.1 of the LGAP, the institute in question is not applicable, as indicated by resolutions of this Tribunal such as 588-2017-T and 2463-2017. Regarding the discussion concerning the correct summons and imputation in the statement of charges, the defendant party, in response to the claim of the lack of separation of liability between the plaintiff’s employee and the plaintiff itself, points out that it lacks merit, on the one hand, because the administrative proceeding was instituted against it in its capacity as concessionaire, in addition to the fact that its object was to determine whether or not it had a degree of responsibility in the reported facts, which would only be confirmed with the final act of the proceeding itself, having clearly set out what the facts to be investigated were and their possible consequences, which, incidentally, confirmed the liability in the resolution imposing the administrative sanction, but which also implies a correspondence between what was charged and what was decided, also providing arguments used in the resolution that accredited the imputation of liability to the plaintiff, specifically, that the action of the employee on behalf and on account of the company or the entity for which they work and under its direction, rendering what was argued improper. As for the proportionality of the sanction and accreditation of the damage, this was imposed within the parameters established by the norm, and regarding the demonstration of the harm, it alleged that: “the demonstration of the damage is contingent upon the real verification of the facts, in accordance with the cited regulations, which were duly proven and in what is relevant, correspond to the conduct typified in Article 38 subsection d) of Law No. 7593… once the fault incurred by the plaintiff is accredited, it follows from the cited article that said norm attributes as a consequence a fine of five to ten times the value of the damage caused,” thus, the plaintiff errs in affirming that in the final resolution, in the section of ‘unproven’ facts, the damage was not accredited, rather “the only thing that could not be accredited was the quantification (cuantía) of the damage caused to the community by the unauthorized provision of the public service of filling and distribution of LP gas to the final consumer by the investigated party,” thereby allowing the application of the sanctioning regime based on base salaries and not on the quantum of the damage, but that the existence thereof was taken as accredited; in conclusions, it reinforces this argument indicating that “it was accredited that the plaintiff incurred the fault typified in said article, which, erroneously to what the plaintiff interprets, is constituted by the unauthorized provision of a public service, regardless of the number of times said illicit act is constituted, to describe it as a ‘customary commercial practice,’ worthy of legal consequences.” Now, regarding the claim that an exhaustive analysis and collection of evidence of the damage was not carried out, using for this a criterion of the Attorney General’s Office (Procuraduría General de la República) (C-024-2002), it points out that said criterion was changed the following year (C-156-2003), which, with the action of its represented party, specifically, in the thesis of the non-existence of suitable evidence allowing the determination of the quantum of the damage and therefore, the subsidiary application of the sanctioning system based on base salaries. Likewise, referring to the proportionality of using the maximum fine limit, it states that the plaintiff considers there was only a simple ‘risk,’ which is not true, as affirmed by the final resolution that incorporated into its reasoning “…the damage to the community in this case, in addition to that caused by providing a service owned by the State without having gone through all the formalities, procedures, and compliance with requirements; consists of the risk to which the users of the service station, its own employees, the neighbors thereof, and the environment were exposed, due to not having the measures that the legal system establishes to protect those rights, and for having done so without having the necessary implements for correct filling. Given the relevance of what was put at risk, the sanction to be imposed must be the most drastic, that is, that of 20 salaries,” by which a correct motivation and basis for the sanction is concluded, also alleging that, in its consideration, “the plaintiff incurred two faults of unauthorized provision of the public service of filling liquefied petroleum gas, conduct typified in subsection d) of Article 38 of Law No. 7593. Said situation generated much greater harm to the users, to the community, since the damage caused is greater than if the fault had occurred on a single occasion… congruent for determining the quantum of the fine, the amount imposed therefore not corresponding to a discretionary decision invulnerable to the principles of reasonableness and proportionality, since, as follows from the aforementioned judgment of the Constitutional Chamber, when analyzing the constitutionality of Article 38 of Law No. 7593, it is clear that Aresep has ‘a margin to assess each particular case,’ that is, a margin of application of the fine according to each sanctioned fault, within the ranges that the cited norm allows it to choose,” an argument it reiterated in conclusions. It likewise discharges against the challenge to the competence of the Deputy Regulator who acted as deciding body, stating it was by reason of the delegation that had previously operated in favor of this official, an act embodied in resolution RRG-320-2018 of March 5, 2018, being congruent with the scope of competence of each according to Article 57 of Law No. 7593 in relation to Article 40 of the Regulation to said norm, Decree 29732-MP and Articles 9 subsection 17 and numeral 10 of the Regulation of Organization and Functions of the Regulatory Authority (RIOF), in view of the delegation rules of the General Law of Public Administration Articles 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, and 91, an act that was published in Supplement (Alcance) No. 55 to La Gaceta No. 46 of March 12, 2018, complying with all legal requirements and being endorsed by criteria of the Attorney General’s Office such as C-217-2013, recalling that the constitutional challenge of a regulatory norm such as those of the RIOF, its knowledge does not correspond to the contentious-administrative jurisdiction, but to the constitutional one. On the other hand, following the line regarding the challenges of the statute of limitations (prescripción) of the sanctioning power, it affirms that the cited precedent of Section VI of this Tribunal actually refers to a delay in the procedure of expiration, and did not address the issue of the statute of limitations of the defendant’s sanctioning power, considering that the 4 years of Article 198 of the General Law of Public Administration apply, the same running from when the General Regulator has qualified knowledge of the infraction, this despite the fact that in the “referenced regulatory framework, no statute-of-limitations period is established for the sanctioning power of the Regulatory Authority to impose the fine or revoke the concession or permit established by said numerals, it should be noted that it follows from Articles 38 and 41 of Law No. 7593 that, regarding the sanctioning power of Aresep, it must be exercised following the procedures established in the LGAP. In accordance with the foregoing, and in conformity with the principle of self-integration of Administrative Law, regulated in Article 9 of the LGAP, in the absence of an express norm, one must resort to the administrative regulations in which such institute is regulated and therefore that which establishes the period in which the statute of limitations operates,” a criterion that, like in other arguments, is supported by the position of the State Attorney who, acting as an advisor in accordance with its Organic Law in criterion C-007-2011, reaches said conclusion. Likewise, it affirms that the counting of the period is from the moment when the sanctioning authority has a possibility of knowing the event to be sanctioned or, if a preliminary investigation is required, from the time said report is brought to the attention of the competent authority to sanction, relying on criteria of the same body C-120-2007, C-178-2008 and the ruling of the First Chamber 1426-F-S1-2011, Judgment No. 000125-A-TC-2017 of the Contentious-Administrative Court of Cassation, and Judgments No. 009-2018-VI and No. 68-2017-VI of the Sixth Section of this Tribunal, concluding that from when the order to open the proceeding by the Deciding Body and the statement of charges was issued, the statute-of-limitations period had not elapsed. Entering into a contested substantive aspect, specifically regarding the basis used in the process, namely, that it cannot have control over the actions is improper, given that it was the plaintiff’s employees who performed the conduct, which was accredited with documentary evidence (inspection carried out, purchase receipts), testimonial evidence (statements of Nombre22215 and Nombre22214), and expert evidence (chemical engineer Nombre22216), so that “the plaintiff cannot allege ignorance of the actions carried out by its employees, especially considering that the reported facts were executed within the plaintiff company’s workplace and in the exercise of their functions, facts which, in what corresponds, were taken as proven,” insisting in conclusions that, in accordance with the ruling of this Section No. 23-2017-I, it is not possible to dissociate the actions of the plaintiff’s employee from the plaintiff itself. In that same line, the challenge to the notarial deeds is insufficient since the final resolution of the sanctioning proceeding was based, in addition, on other types of evidence, and that, in any case, due to the condition of public document that notarial deeds possess, serving as full proof, they maintain their evidentiary value until their falsity is proven in the corresponding venue and their content is annulled, independently of whether there are problems in the form or conduct of the notary, who would, in any case, be subject to disciplinary liability, in any case, it affirms that they must be analyzed jointly with the other evidentiary elements (documentary, testimonial, and expert) existing within the administrative proceeding, an argument reiterated in conclusions. It attacked the plaintiff’s challenge regarding the nullity of the proceedings given that, in all the proceedings carried out, the elements of motive, content, purpose were present and they were issued in a timely manner and by the competent bodies for this, each claim, appeal, and proceeding by the plaintiff was duly processed, and all stages of the administrative proceeding were exhausted, no nullity defect being observed. As a consequence of all the foregoing, it considers the claim for damages improper, noting that the imposed fine has not yet been paid by the plaintiff. It additionally alleges the exception of lack of right and the condemnation of the plaintiff to pay costs.\n\nV. ON THE SUBSTANTIVE MATTER. REGULATED PUBLIC SERVICE. FISCALIZATION POWERS OF ARESEP: This Chamber takes as the basis for the discussion of this matter the position set forth by the Sixth Section of this Tribunal in its resolution 190-2015 of eleven hours and thirty-five minutes on November ninth, two thousand fifteen, which stated on the thema decidendi: “VIII. ON THE FILLING, TRANSPORT, DISTRIBUTION, AND COMMERCIALIZATION OF LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TO FINAL CONSUMERS, AS A PUBLIC SERVICE.- Insofar as the infringement of the essential content of the freedom of enterprise, contained in Article 46 of the Political Constitution, has been alleged on the occasion of the adoption and implementation of resolution RIE-052-2014, of fourteen hours and twenty-six minutes on August twenty-first, two thousand fourteen, issued by the Regulatory Authority of Public Services, and which was published in the Official Gazette La Gaceta number 163, of August twenty-sixth, two thousand fourteen, which are Guidelines for the traceability in the commercialization of liquefied petroleum gas cylinders in filling plants; it is deemed pertinent, prior to the review of the legality of the challenged action, to determine the legal regime of the distribution of this product to final consumers, from the filling stage to the final consumer in our country. Indeed, it must be considered that under the terms established in Article 5 subsection d) sub-subsection 2) of the Law of the Regulatory Authority of Public Services, number 7593, of March twenty-eighth, nineteen hundred ninety-six, and effective as of the following September fifth, and its amendments, this activity constitutes a public service. This condition by itself means that its exercise is subject to regulations of Administrative Law, both regarding the subject in charge of the matter and the purpose -by legal reserve, as an expression of the principle of minimum regulation established in numeral 12 of the General Law of Public Administration-, as well as regarding the principles that govern it -continuity, efficiency, adaptation to change, equality, quality, quantity, timeliness, and reliability necessary for the provision to be optimal (Articles 4 of the cited General Law, number 6227, and 4 subsection d) of Law number 7593)-; and its development, through a concession to both public entities and private parties, in accordance with the provisions established in the law. Under the foregoing, its exercise is not free, in a double sense, as it cannot be carried out by any person, by virtue of the autonomy of their will, but requires a qualifying title in order to participate in it -in this case, referring to the filling, transport, distribution, and commercialization to the final consumer of liquefied petroleum gas (LPG) at the national level- through the corresponding concession and/or permit, authorized by the competent subject; and in addition, the development of this activity is necessarily subject to the legal provisions that regulate the provision of public services in general and of this activity, which, it is worth noting, is of a highly technical and scientific nature, because the activity comprising its realization is highly dangerous and risky. By reason of the foregoing, a special subjection regime is configured for the concessionaires in their relationship with the Administration, under which special powers are recognized to the entity in charge of the matter. In this case, it must be remembered that among other functions, the Ministry of Environment and Energy is responsible for the definition and planning of national policies related to energy resources and environmental protection -as inferred from Article 2 subsections a) and b) of the Organic Law of the Ministry of Environment and Energy, number 7152-; as well as the direction, control, fiscalization, and surveillance of activities related to the supply of fuels, as expressly provided for in numeral 5 of the cited Law 7593, a task under which it is responsible for authorizing concessions in this matter. For its part, the Regulatory Authority of Public Services serves as the regulatory entity that supervises compliance with the norms of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision of this public service, a task it performs through the accounting, financial, and technical regulation and fiscalization of the providers, for which it may issue the technical regulations it deems necessary for compliance with the principles governing the matter (Article 25 Idem); it carries out technical inspections of the plants and equipment assigned to the provision of the public service, sets the tariffs and prices of the service, investigates and resolves complaints (under the terms of numeral 10 Ibidem); and has competence to grant, modify, transfer, declare expired, or revoke a concession, as well as to establish the corresponding fines, for the non-compliance on the part of the provider (Articles 15 and 38 Ibidem). Consequently, considering this activity (the distribution and commercialization of liquefied petroleum gas -LPG-) as a public service, its regulation, development, and implementation must tend to the satisfaction of the general interest, which prevails over the particular interest, as inferred from the provisions of numerals 4 and 10.1 of the General Law of Public Administration” (Emphasis is ours). However, to this position we must add, due to a relevant effect on the reasoning of this matter, that said power entails both the possibility of controlling those who are beneficiaries of a qualifying title contained in an administrative contract – concession in this case –, and any subject that falls within the sanctionable conduct in the cited regulations, that is, Articles 38 and 44 of Law 7593, it being unthinkable that such norms exist exclusively for the exercise of control over current administrative contracts, rather, they must be viewed as an exercise of the Police Power that the indicated entities possess for the reasons set forth in the cited judgment; thus, take into account that both numerals, both 38 and 44, do not establish differentiated sanctioning conditions (aggravating or mitigating) based on the acting subject, ergo, it is irrelevant whether the conduct to be reproved comes or not from a holder of a concessionary authorization, but rather whether the investigated or reported fact can be proven in manner, time, and place, regarding a certain subject, regardless of its nature, public or private, natural or legal person. We thus base this position on the precedent issued by the Constitutional Tribunal in its ruling 14796 – 2005 of ten hours and thirty-one minutes on October twenty-eighth, two thousand five, which provided: “Numeral 38 subsection d) of the same Law confers upon it the power to impose the sanction of a fine, following the administrative procedure provided in the General Law of Public Administration, on anyone who provides a public service without being authorized to do so. And Article 44 ibidem confers competence on the Regulatory Authority to decree the precautionary measures of immediate closure of companies that use public services without authorization or that are providers of a public service without the respective concession or permit; as well as to remove any equipment or instrument that allows the abusive and illegal use of regulated services, for which it may count on the assistance of the law enforcement.” This power must be framed within provision 66 of the General Law of Public Administration, which provides in its first paragraph: “The powers of authority and their exercise, and public duties and their fulfillment, shall be inalienable, non-transferable, and imprescriptible,” however, the final paragraph complements this statement by providing: “The exercise of powers in specific cases may be expressly subject to expiration, by virtue of other laws,” so we will analyze both this temporal aspect issue and that of the statute of limitations in the following recital.\n\nVI. ON THE STATUTE OF LIMITATIONS AND EXPIRATION IN SANCTIONING MATTERS BEFORE ARESEP: In order to analyze the exceptions of expiration and statute of limitations against the administrative proceeding alleged by the plaintiff, this section will be divided into two parts, one dedicated to the theoretical approach of both legal concepts and another referring to the specific case. A) Approach to the notions of statute of limitations and expiration in the administrative sanctioning proceeding conducted by ARESEP: Before proceeding to analyze the issue, it is important to highlight two cross-cutting factors to consider in the application of the legal concepts of expiration and statute of limitations, in a case known and sanctioned by ARESEP, and which, in fact, is usable for any administrative proceeding. First, as indicated in the final paragraph of the preceding recital, the public power itself is imprescriptible, and therefore not subject – unless otherwise provided by a norm – to the passage of time (doctrine of Article 66 of the General Law of Public Administration), however, its application to specific cases can be limited temporally. Thus, we frame our temporal analysis in three procedural moments: before, during, and after the sanctioning proceeding; thus, in cases before the proceeding, understood from the occurrence of the sanctionable act until the moment the administrative proceeding begins, the institute of the statute of limitations applies. Once this has begun and until the sanctioning resolution becomes final, expiration operates; while for the enforcement thereof, we again find the institute of the statute of limitations. Second, we must differentiate whether we are faced with arguments related to the contractual liability regime or whether we are facing extracontractual relationship situations, given that the scenario in one and the other is substantially different. Thus, we adopt the difficulty of the issue starting from the opinions in the dissenting vote of the then-Magistrates Jinesta Lobo and Hernández López, issued on the occasion of resolution 1781-2015 of the Constitutional Chamber, stating the regulatory heterogeneity that, regarding the issue, would be susceptible to application, considering public and private civil and even commercial regulations. On this, the basis of the problem is clear: there is no specific norm that regulates the issue of the statute of limitations in this matter, so it constitutes a case of exercise of regulatory integration, in accordance with Article 9 of the General Law of Public Administration. Therefore, for the case at bar, we dismiss the position of applying periods specific to the concession and its extensions, that is, the contractarian thesis using this time for its assessment, given that this is designed to discuss aspects typical of the contractual relationship – qualifying act –, and which can be challenged as long as the relationship remains in force (classical contractual doctrine), either with the initial act or its extensions, allowing the parties to make the adjustments and claims of said contractual legal-administrative relationship, such as the challenge of abusive clauses or price readjustment (Article 1023 of the Civil Code, principle of preservation of contractual balance, etc.). In contrast, when dealing with a specific act (identified historical facts) under the protection of the execution of an administrative contract, in this case, of a concessionary nature, it is the opinion of this Chamber that using the macro duration of the contractual legal-administrative relationship is excessive, concurring in opinion with the Magistrates in the cited dissenting vote; rather, using criteria of reasonableness and proportionality, the applicable statute-of-limitations period from the act originating in the execution of a given concessionary contract would be in supplementary application to the closest liability norm, which would be contemplated in the Law of Administrative Contracting, given that the General Law of Concessions does not possess any temporal norm, specifically, we would be making use of the five-year period contained in numeral 35, which states: “In five years, the Administration’s power to claim from the contractor indemnification for damages, originating from the breach of its obligations, shall prescribe.” Now, it must be remembered that, just as in the private contractual relationship, under the protection thereof, actions may originate that have no direct link and are classifiable as extracontractual in nature. It is in this framework that we find the case at bar; as stated in the preceding recital, the sanction to be imposed is attributable both to whoever is a concessionaire and to whoever is not, given that the imputed conduct was that of ‘unauthorized provision,’ thereby framing it not as a defective provision of the service, but as conduct deployed outside the granted authorization.\n\nThus, it is the consideration of this Chamber of Judges that the Administrative Procurement Law (Ley de Contratación Administrativa) would not be applicable to these situations; rather, in the absence of a norm of this type, the applicable provision would be that set forth in article 198 of the General Public Administration Law (Ley General de Administración Pública), which regulates the generic basis of tort liability (responsabilidad civil extracontractual), subsequently excluding the application of private-law norms. Thus, following what this norm provides, we would apply the first paragraph, which establishes the event giving rise to liability as the starting point for calculating the time limit. It is thus how, from the foregoing interpretation, we would find that the statute of limitations (prescripción) for an infraction not originating from the execution of an enabling concessionary title, but rather outside of it or without possessing any title, would be four years counted from when the conduct is carried out, or failing that, when dealing with conduct of a continuous nature, from when such conduct ceases; conversely, for those infractions originating from the contractual relationship, the statute of limitations would be five years from the specific action, following the same logic, whether from the event or from when it ceases in the case of continuous conduct. Now then, once the procedure has begun, what is applicable is the expiration (caducidad), as stated supra, referring for this purpose to what is provided in the Internal Regulations for the Organization and Functions of the Regulatory Authority for Public Services and its Deconcentrated Body (Reglamento interno de organización y funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su órgano desconcentrado, RIOF), since the processing of sanctioning investigations, both ex officio and as a result of a complaint, are strictly regulated; based on this, Article 22, subsection 11 of said regulations establishes that the General Directorate of User Attention is responsible for the \"management of procedures for the resolution of complaints, denunciations, controversies, and conflicts of competence based on territory, as well as those procedures in which presumed infractions of Articles 38, 41, and 44 of the Law 7593 are known, whether these are promoted by a third party or by the Regulatory Authority itself, controlling the execution of each of its stages: admission, preliminary investigation, conciliation (when applicable), instruction of the procedure, substantive analysis, recommendations, and proposed resolution directed to the decision-making body (General Regulator or Board of Directors, as applicable),\" although this norm was modified in 2014, so for the purposes of the analysis of this resolution, its previous wording indicated that this body was responsible for \"carrying out the instruction of procedures for the resolution of complaints, denunciations, and controversies, controlling the execution of each of its stages: admission, preliminary investigation, conciliation (when applicable), instruction of the procedure, substantive analysis, recommendations, and proposed resolution directed to the decision-making body (General Regulator or Board of Directors, as applicable),\" noting that, with respect to the administrative sanctioning procedure, there was no variation, with said instance constituting the Directing Body (Órgano Director) for both preliminary investigations and ordinary instruction. In this scenario, it is necessary to bring up the analysis regarding the temporal duration of the preliminary investigation stage, which would run from when the complaint is made until the formal opening of the sanctioning procedure is ordered, given that the jurisprudential line of the Constitutional Court (Tribunal Constitucional) has opted not to set a minimum or maximum time for its duration, but rather uses a criterion of moderation or \"reasonable time\" (plazo razonable), especially if a precautionary measure accompanies the preliminary investigation (see, among many others, judgment 2003-2459, reiterated in 2009-3315 and 15424-2010, all from the Constitutional Chamber), although this Tribunal, specifically Section Six, has conducted reasonableness reviews of investigative actions, using as review mechanisms articles 128, 132, 158, 164.1, 166, 167, 171, 339, 340, all of the LGAP, and canons 39.2, 122 subsections a) and k), and 131 of the CPCA, given that the unjustified delay of the preliminary investigation violates the constitutional guarantee of prompt and complete administrative justice, affirming that it is not possible for the administered party to be kept in a state of legal uncertainty for such extensive periods (reasonings of this nature can be seen in resolutions 50-2014-VI, 67-2014-VI, 17-2015-VI, and 138-2018-VI), a stance recently shared by this Section in resolutions such as number 39-I-2019 at ten o'clock on May eighth, two thousand nineteen. Once that stage has been completed and the sanctioning procedure has been ordered, the six-month expiration period (plazo semestral de caducidad) for inactivity attributable to the Administration, provided in article 340 of the General Public Administration Law, would run; however, it must be clarified that the First Chamber of the Supreme Court of Justice (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia) has maintained in its jurisprudence the criterion that the aforementioned expiration (caducidad) must be alleged within the procedure prior to the issuance of the final act, therefore being an aspect that cannot be declared ex officio; take as precedent vote No. 1001 at sixteen hours fifteen minutes on August first, 2013, which stated: \"IV. - Regarding the expiration of the administrative procedure (caducidad del procedimiento administrativo), it must be mentioned that the figure of expiration is regulated in canon 340 of the LGAP, a norm that was reformed by canon 200, subsection 10 of the CPCA. Said norm indicates: '1) When the procedure is paralyzed for more than six months due to a cause exclusively attributable to the interested party who promoted it or to the Administration that initiated it, ex officio or by complaint, expiration shall occur and its archiving shall be ordered, unless it concerns the case provided for in the final paragraph of Article 339 of this Code (referring to the LGAP itself and not the CPCA). 2) Expiration of the procedure initiated at a party's request shall not proceed when the interested party has ceased to act due to positive or negative silence having operated, or when the file is ready for the final act to be issued. 3) The expiration of the administrative procedure does not extinguish the right of the parties; but the procedures are considered not to have been pursued, for the purposes of interrupting the statute of limitations (prescripción).' The analysis of the nature of this figure allows us to conclude that it is a legal fact within the procedure that is justified as a means of avoiding the excessive prolongation of procedures, for the sake of legal certainty, as well as the need to guarantee the continuity and efficiency of administrative activity. It is unfeasible when the matter is ready for the issuance of the final act. For it to operate, according to the aforementioned norm, expiration requires several elements. Firstly, that the matter has entered a state of procedural abandonment, that is, inactivity. Second, that said stagnation is the product of causes attributable to the administered party, when initiated at a party's request, or to the Administration, if it was instituted ex officio. Third, that said state has been maintained for a period of at least six months. This last requirement demands that the inertia be of at least six months, that is, it is not constituted as a maximum period to act, but rather as a minimum temporal limit of inertia, thus, it must be counted from the last action within the file and not from the opening of the procedure. This implies that, in procedures instructed ex officio, expiration is feasible when these prerequisites concur. Likewise, regarding this figure, the First Chamber of the Supreme Court of Justice, in ruling 34-F-S1-2011, recently stated in essence regarding the institute under discussion: 'First, it can be observed that the norm just transcribed is drafted in an imperative form, that is, it does not regulate a power; on the contrary, once the factual prerequisites contained therein are met, the consequence becomes mandatory for the body responsible for processing. This implies that its effects are produced by operation of law, and therefore its recognition has merely declaratory effects, not constitutive ones. It must be clarified that the foregoing should not be interpreted as a loss of competence – which is, by definition, non-waivable, non-transferable, and imprescriptible according to article 66 of the LGAP – but rather, solely, as the impossibility of continuing with the processing of the specific procedure in which the inertia occurred.' 'However, the procedural effects of expiration require that it must have been requested or declared within the procedure, precisely to bring it to an end. This entails that an administrative decision issued after six months of inertia exclusively attributable to the Administration, when expiration has not been alleged or declared, is fully valid. From the doctrine of canon 59 in relation to canon 66, both of the LGAP, public competences are granted to be exercised. Only in cases where the legislator expressly provides for a termination of that competence due to temporal factors, is the public body unable to act. We have already explained that, as a general rule, competences are not extinguished by the lapse of the period indicated for exercising them. The exception to this rule is contemplated by the same article when it indicates that there shall be a limitation of competence by reason of time when the legislator expressly provides that its existence or exercise is subject to conditions or terms of extinction. In this sense, we insist that precept 329 ibid. states with all forcefulness that an act issued outside the deadline is valid for all legal effects, save for an express legal provision to the contrary, which does not occur here. Expiration is an anticipated way of terminating the procedure, and as such, it must be decreed to generate that closing effect. Therefore, as long as it is not ordered, or at least, not requested (since if it has been requested, the issuance of a final act without considering whether expiration is applicable or not would be null), it does not produce that procedural consequence.'\n\nIn this sense, despite the fact that some members of this Chamber do not share this interpretation for reasons not relevant to develop, the truth is that, with the First Chamber being responsible for hearing Cassation, its pronouncements constitute an unwritten source of administrative law according to Article 7.1 and 9.2 of the LGAP in relation to Article 9 of the Civil Code, that is, jurisprudence. However, once the records are ready for the final issuance, meaning all stages of the procedure have been exhausted, the institute under study is not applicable, by mandate of article 340.2 in fine of the LGAP.\n\nB) Regarding the exceptions alleged in the specific case: The plaintiff argues expiration specifically for the period between the oral and private hearing of June 30, 2017, and resolution ROD-DGAU-19-2018 of February 9, 2018, given that a period of 7 months and 10 days had elapsed between one and the other, according to the temporal measurement provided in articles 15 and 16 of the Civil Code referenced to the Gregorian Calendar; and faced with this event, the plaintiff considers that all successive actions are expired, as was pointed out days after the cited resolution, in the arguments of the lawsuit, as well as in the conclusions rendered in this process. Said objection cannot be accepted by this Chamber for the reasons detailed immediately below: As just stated in the previous section, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has maintained the position that expiration is not susceptible to automatic application, but rather must be alleged by the party before the inactive Administration reacts through the issuance of some procedural act, supported by the interpretation they make between Article 329.3 and 340 of the General Public Administration Law, which is precisely what occurred in the present matter. From the review of the records, it can be gathered that the allegation of expiration by the plaintiff within the administrative procedure occurred after the issuance of an act, namely, the one resolving the appeal against the transfer act, whereby it allowed the opportunity to request the application of procedural expiration to pass, following the previously stated guidelines, with its allegation being untimely as it was raised until February 14, 2018, that is, 5 days later. Note that, prior to the issuance of resolution ROD-DGAU-19-2018, there indeed existed a passivity exclusively attributable to the defendant; bear in mind that its arguments regarding pendency due to the filed appeal were not acceptable at that time, given that a negative silence had operated according to Article 261.3 of the General Public Administration Law, so the application of expiration at that time was possible; however, upon the communication of the cited act, according to Article 329.3 in relation to the jurisprudence of the First Chamber mentioned in this considering paragraph (vote 1001-2013), despite being out of time, the resolution under analysis benefits from the validity effect contained in said norm, thereby keeping the procedure in motion, preventing the application of the institute of expiration.\n\nNow then, the plaintiff in its written conclusions indicates that it \"corrects\" the arguments related to the statute of limitations and turns them into allegations of \"nullity\" (nulidad) according to what was said by Section Six of this Tribunal in judgment 104-2017-VI. In this regard, the first thing that must be indicated to the promoter of the action is that at the conclusions stage it is not possible to make a modification to the theory of the case, nor is it susceptible to introducing novel arguments, whereby, from a procedural technical standpoint, such \"correction\" is not possible, such that the initially raised arguments are preserved and analyzed. Admitting the contrary would violate the rules of due process and the right of defense of the opposing party. In this order of ideas, the allegations concerning the duration between the events and the definitive resolution of the procedure do not manifest, according to what was stated in the previous section, nullity defects susceptible to being punished in this venue: from the investigated events to the complaint, only approximately one and two months elapsed; between the complaint and the opening of the procedure, 2 years and nine months, whereby, following the line of argument presented in the first part of this considering paragraph, the extracontractual statute of limitations period of 4 years set forth would not have occurred, and once the procedure began, what is applicable is expiration (caducidad), not the statute of limitations, which has already been analyzed, so this argument must likewise be rejected.\n\nVII. ON THE MERITS OF THE MATTER. COMPETENCE OF THE DECISION-MAKER. ALLEGATIONS OF IMPUTATION, ASSESSMENT OF EVIDENCE, AND PROPORTIONALITY OF THE SANCTION: Regarding the merits of the matter, the plaintiff essentially challenges three issues: first, the competence of the decision-making body vested in the Deputy General Regulator (Reguladora General Adjunta); second, an argument regarding the erroneous imputation of liability; a third, related to the assessment of the evidence and alleged \"spurious\" proof; a fourth, concerning the lack of demonstration of harm and the proportionality of the fine, so we will separate each of these aspects.\n\n1) Regarding the competence of the decision-making body: The first aspect to be addressed as raised in the plaintiff's theory of the case refers to an eventual defect that the final and definitive resolution possesses by having been issued by the Deputy Regulator and not by the General Regulator, concerning which the defendant asserts that said argument is unsustainable given that a delegation had operated, duly published in the official newspaper La Gaceta. On this matter, it is necessary to bring up what was stated by the Court of Cassation for Administrative Disputes (Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo) in its resolution 34-2019 at nine hours twenty minutes on March fourteenth, two thousand nineteen, which, related to the issue of the delegation of sanctioning power, stated: \"Competence consists of a set of powers or prerogatives granted to an administrative body for the purpose of fulfilling a specific end. For [Name28], competence 'is the normative measure of the amount of material and legal means placed by the legal system at the State's disposal for the fulfillment of a specific public purpose, through a partial center of action [...]' ([Name28], . Tesis de Derecho Administrativo. T.II. Ed. Diké: San José, 2002. p 50). This must be exercised by the holder to whom it was assigned and, in principle, is non-waivable, non-transferable, and imprescriptible. However, in accordance with canons 70 and 84 of the LGAP, a body may exceptionally transfer some of its competences to another through delegation, avocation, substitution, subrogation, or substitution. Delegation is the act by which the superior transfers some of its powers to a hierarchical inferior. Thereby, it offloads part of its functions, creating an alternative competence in the delegate, who acquires the same powers as the delegator regarding the object of the delegation. This transfer of attributions is justified by the need to maintain and improve the efficiency and continuity of administrative action, which could worsen or be affected by the concentration of functions in a single body. Now, this assignment of powers is subject to limits. One of the most relevant is that it cannot be total or permanent. It can even be revoked at any time by the body that conferred it (Articles 87 and 90 of the LGAP). Nor can it refer to an essential competence of the body, which gives it its name or justifies its existence, as this would imply emptying it of its reason for being. Furthermore, it must have an express norm (whether legal or regulatory) that enables its exercise, which must have a rank equal to or higher than the one creating the transferred competence (Article 85 of the LGAP)... According to canon 102.c of the LGAP, the hierarchical superior shall exercise disciplinary power. It should be noted that the norm speaks of 'hierarchical superior' and not 'supreme hierarchical superior,' as the Tribunal interpreted it. The exclusive powers of the latter were defined in cardinal 103 ibid., without including therein the one that constitutes the object of examination. Therefore, it is not necessary to infer that the sanctioning power is unique and exclusive to that officer. Certainly, in many cases its ownership is assigned to the supreme hierarch of the Institution, as occurs in the sub examine, but it cannot be concluded that it is an inherent, unavoidable, and exclusive power of that body, insofar as the Law does not expressly establish it so. In the second place, this Chamber does not share the thesis sustained by the Tribunal, regarding that such a power is non-delegable. First, it is not an essential power, which gives its name to the body or justifies its existence (a scenario contemplated in subsection c) of canon 90 of the LGAP, used by the Tribunal). Evidently, the Rector's Office of the UTN was not created for the purpose of disciplining infractions of the entity's employees. That is, that is not its essence or its reason for being. Although it is one of its powers, it cannot be said to be an essential one that justifies its existence. Second, canon 102, subsection d) ibid. grants the hierarchical superior the power to delegate its functions. In the same sense, ordinal 22, subsection q) of the Organic Statute allows the Rector to delegate his powers to the vice-rectors or other university officials, except when his personal intervention is legally mandatory. Thus, the legal system grants the Rector a generic power to delegate the powers that the same system has imposed upon him. It is worth noting that one of the powers given in that same cardinal is the exercise of disciplining the entity's officials. Furthermore, as the First Chamber of the Supreme Court of Justice has considered, said power may be transferred through delegation (judgments No. 994 at sixteen hours ten minutes on September 22, 2016, and No. 1489 at nine hours forty-five minutes on November 30, 2017)…\" In this line, this Tribunal shares the thesis set forth by the Court of Cassation in a parallel between the disciplinary power (internal sanctioning) and the administrative sanctioning power (external sanctioning), insofar as both are based precisely on the same thing: the power to impose an ablativo act that a third party must bear. Taking the foregoing into consideration, analyzing not only the administrative file but also consulting the National System of Current Legislation (Sistema Nacional de Legislación Vigente, SINALEVI), we find that by resolution RRG-320-2018 at ten o'clock on March 5, 2018, and published in Alcance 55 of La Gaceta 46 of March 12, 2018, the General Regulator delegated to the Deputy General Regulator the power to act as the decision-making body in this type of procedure, with the cited resolution stating in its fourth considering paragraph that the underlying reason for issuing the delegation was that \"Because a criminal investigation, file 17-000079-1218-PE, is underway in the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of San José, and due to the witness protection regime, a rethinking of the relations between the Office and the General Directorate of User Attention is required,\" a resolution that remained in effect until July 17, 2019, given that by La Gaceta 134 of that day, resolution RE-0051-RG-2019 at fourteen hours thirty minutes on July 11 was issued, leaving the mentioned delegation without effect, stating in its fifth considering paragraph \"That through resolution RRG-320-2018, of March 5, 2018, this Office temporarily delegated to the Deputy General Regulator the function of acting as the decision-making body in the procedures instructed by the General Directorate of User Attention (DGAU), as well as the attention of all administrative aspects and strategic direction of that unit, in order to protect the then head of that Directorate, as a witness in the judicial process processed under file 17-000079-1218-PE,\" while the eighth points out \"…since there are no reasons to protect the head of the DGAU, it is appropriate for this Office to resume the functions demanded by acting as the superior administrative hierarch and those that in that condition must be assumed, in accordance with the provisions of Article 22 of the RIOF.\" As can be seen, at its core it was not a delegation per se by reason of an organizational criterion of the hierarch's free assessment, in evaluation of criteria of opportunity and convenience, efficiency and effectiveness, but rather was related to an open criminal case that involved both the instance of the General Directorate of User Attention and the person of the General Regulator. Thus, it would appear that the institute to be correctly applied was that of recusal or challenge (inhibitoria o recusación), as there were weighty reasons for the physical person invested with the position of General Regulator, implicated in said criminal case, not to hear matters of a subordinate who was protected under the witness protection program, thereby causing the transfer of competence to whoever substitutes in such cases, specifically, the Deputy General Regulator herself, but not acting by delegated power, but rather as Acting Regulator (Reguladora a.i.) due to the titular's inability to hear the matter, a fact corroborated given that, upon the disappearance of the criminal impediment, the \"proposed delegation\" was revoked. In conclusion, following the thesis of the First Chamber and the Court of Cassation that endorses the possibility of delegating sanctioning power, or the alternative thesis that what was applicable was a recusal due to the criminal case existing at the time of the resolution of the administrative procedure under discussion, the truth is that, under both scenarios, it was the Deputy General Regulator who was responsible for hearing the matter, so no nullity defects are detected in this regard, nor defenselessness to the detriment of the plaintiff, so this argument raised by the promoter of the action must be rejected.\n\n2) Regarding the imputation of liability: Another of the plaintiff's arguments for attacking the administrative sanctioning act is that no demarcation was made between the liability of the employee and that of the company, a thesis that the defendant rejects, indicating on one hand that the plaintiff cannot exonerate itself from liability for the actions of its workers, and in any case, throughout the entire administrative procedure, the imputation was clear and direct against the plaintiff, making the imputation made undeniable. On this matter, this Tribunal agrees with the defendant's thesis that it is not necessary to personally impute liability to the worker, because the rules of both the Commercial Code (articles 369 to 371), the Law for the Promotion of Competition and Effective Consumer Protection (Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor) (articles 2 and 35), and the Labor Code (Código de Trabajo) (articles 1 to 4) are unanimous in that the action of a commercial dependent binds the merchant – employer – provider of goods or services with their actions. This Chamber on other occasions has opted to give credence to the spatial-temporal determination of the sanctionable conduct and not to individualize the specific commercial dependent subject who carries out the conduct, since that is characteristic of an internal corporate liability regime, but not necessarily extendable by reason of a necessary passive joinder with the exercise of supervisory power (see section IV of judgment 23-2017-I at thirteen hours on February twenty-third, two thousand seventeen), so there is no appreciable nullity defect that must be assessed by this Chamber.\n\n3) Related to the assessment of the evidence and alleged \"spurious\" proof: Another of the criticisms made by the plaintiff to attack the defendant's sanctioning action revolves around the exposition of a thesis of an \"agent provocateur\" (agente provocador) given that the one who filed the complaint was a competing company, and those who visited the premises were employees of that company and/or contracted by it in the case of the notaries, thereby generating evidence that in its consideration is unlawful and spurious, causing the nullity of the presented notarial certificates and the assessment of the evidence within the procedure; a fact that the defendant dismisses by maintaining the thesis that this was not the only evidence assessed, but also documentary evidence (sales receipts), expert evidence (declaration of a chemical engineer), and testimonial evidence (from those who participated in the events). In this regard, this Chamber agrees with the defendant for several reasons: first, the thesis of the \"agent provocateur\" from the competition is not valid because the causal course set forth in the administrative file is not provoked by way of exception, using some type of violence or forcing the generation of the denounced conduct; quite the contrary, from the records of the administrative file, specifically, from the declaration of the witnesses, it can be appreciated that upon a simple request, one of the dependents facilitated the provision of the unauthorized service, even using an adapter or compatibility tool to fulfill the request, charging and issuing a receipt naturally, with no proof existing from the plaintiff within the administrative file, nor in this venue, that would force a reassessment of the denounced events, that is, no exonerating proof was presented against such evidentiary elements, despite the fact that it was her responsibility, in support of the evidentiary burden, to prove some defect under the indicated terms. Eliminating this argument, as a second aspect, the defendant's reasoning is equally valid that the notarial certificates were not the only evidence used to prove the existence of the denounced facts; direct testimonial evidence was also used from those who participated in the events of June 30 and July 22, 2014, as well as the receipt – which was not refuted by the plaintiff – along with the expert declaration of the chemical engineer – also not refuted by the plaintiff of the lawsuit – thereby accrediting in mode, time, and place the basic facts of the administrative sanctioning procedure. Finally, and as a third aspect, regarding the arguments attacking the formality of the notarial certificate (preparation procedure and the notary's personal participation), it is agreed with the defendant that this forms part of own and eventual aspects of notarial liability, but that do not affect the validity of the issued certificate. It must be borne in mind that the evidentiary appreciation of this type of proof has been developed under the doctrine of the \"public document,\" which – in principle – constitutes full proof given that only through its declaration of falsity is it possible to eliminate its value of conviction; however, the same proceduralist doctrine has specified that the effect of \"full proof\" does not encompass the content of the notarial act, but rather the identification of space, time, and who forms part of the act, that is, the factual picture that the notary witnesses as a public attesting officer, thereby leaving the qualifiers and determination of the consequence of what occurred not in the hands of the notary, but of the respective authority, whether administrative or judicial.\n\nIn this regard, while the new Civil Procedure Code, applicable supplementarily pursuant to Article 220 of the Contentious-Administrative Procedure Code, grants a party the possibility of challenging the validity of a document (public or private) so that it cannot be used and asserted within a given proceeding, in this case the plaintiff’s arguments are not sufficient to diminish the value assigned to such evidence and the facts accredited by it, since, under the stated parameters, she did not demonstrate that the content of the record—namely: the date of the event, the presence of the subjects, the place of the facts, and the described conduct—was rebutted or discredited by the plaintiff, such that her testimony does not allow concluding any defect within the proceeding. 4) Regarding the alleged failure to demonstrate damage and the proportionality of the fine: The plaintiff’s claim essentially turns on the argument that the defendant made no minimal effort to demonstrate the alleged damage caused, and that there is no justification in the challenged acts for not having investigated the alleged damage and for the preference of opting for the subsidiary financial penalty right away and, with respect to the latter, the most burdensome one. In this regard, the defendant dismisses and rejects the allegations, affirming that the damage was indeed demonstrated, but that its amount could not be determined, and additionally, since the event was demonstrated twice, the final act of the penalty proceeding, the manner of imposition, and the quantum ordered are substantiated. We begin the analysis of this aspect by bringing up what the Constitutional Chamber stated regarding the penalty contained in Article 38 of Law 7593, in its ruling (voto) 16239-2017 of nine hours fifteen minutes of October eleventh, two thousand seventeen, which affirmed: “The plaintiffs estimate that the challenged Article 38, subsection d), violates the referenced principles. In relation to this aspect, this Court, in judgment No. 2008-017303 of 14:56 hrs. of November 19, 2008, resolved: ‘V.- On the alleged violation of the principles of reasonableness and proportionality of Article 38 in fine of Law No. 7593 of August 9, 1996. The petitioner alleges that the fine penalty in Article 38 in fine of the Law of the Regulatory Authority of Public Services, which is from five to twenty minimum base salaries set in the ordinary budget of the Republic, in accordance with Law No. 7337, and which is imposed on anyone providing a public service who incurs any of the scenarios described in the preceding subsections of that same article, violates the principle of reasonableness and proportionality. From the study of the norm under analysis, there is not, in the Chamber’s opinion, a disproportion in and of itself between the conduct and the penalty being challenged; taking into account that the protection of the protected legal interests—among which are: security, health, economic and social interests of the various users of public services—are of the utmost relevance for the democratic system. It is reiterated in this action that the Chamber, in the case of penalties, and just as it is, for example, in tax matters, can only eliminate evidently disproportionate norms. Thus, in the case of taxes, to give an example, very burdensome norms may exist, but as long as they are not confiscatory, they are within the framework of the State’s tax policy permitted by the constitutional order. The same occurs with the quantum of prison sentences and fines, in which the Chamber can only analyze whether reasonableness limits (ceilings) are exceeded. Now, regarding the proportionality of the penalty of 5 to 12 salaries analyzed in this action, in relation to the relevance of the protected legal interest, the fine set does not seem unreasonable, taking into account that the protection of the protected legal interests—among which are: security, health, economic and social interests of the various users of public services—are, as stated, of the utmost relevance for the democratic system. This Court considers that the imposition of the penalty of 5 to 12 base salaries, as a residual penalty, is not disproportionate when the consideration put forward by the General Regulator of the Regulatory Authority of Public Services in the report rendered to the Chamber is accepted and deemed reasonable, in the sense that the penalty operates insofar as it is not possible to determine the damage caused and that for its imposition, criteria of risk to health, security, the environment, the severity of the non-compliance or infraction, the amount of the benefit obtained, the degree of intentionality, and the severity of the damage are weighed, in relation to the scenarios established in Article 38 transcribed in Considering III (Considerando III) of this judgment. In this case, the penalty as a punishment is reasonable in that it is adequate to regulate and protect the legal interests sought to be safeguarded; and to that extent it is proportional because there is a relationship between the means chosen and the end sought. On the other hand, from the reading of the norm it is understood that the fine of 5 to 12 base salaries, as a result of the infractions contained in the same article, offers the Regulatory Authority of Public Services a band system that allows it to choose among various penalties and apply it to the extent that the conduct and the recipient of the penalty differ; so that it correctly adjusts the penalty to the particularities of the case brought before it. Indeed, the penalty in this case can be related to the conduct that the offender had, and the penalty will be imposed to that extent, which presupposes in each case the necessary requirement of a reasonable and proportional assessment between the act committed, the impact on the legal interest affected by the action attributed to the active subject of the infraction, and the penalty intended to punish the illicit activity, given that in this case the Legislator set parameters regarding the amount of the penalty to be imposed, from 5 to 12 base salaries; the Regulatory Authority of Public Services being able to adapt its action when determining the penalty, with the possibility of making an accurate individualization and using its discretionary power when setting the quantum of the penalty in the resolution imposing it; which constitutes a margin to assess each particular case; which conforms to constitutional parameters of proportionality and reasonableness. Thus, this Court finds no arbitrariness or disproportionality in the possibility of determining the fine penalty under the terms of Article 38 in fine of the Regulatory Law of Public Services, and consequently, the action must be dismissed in its entirety’…”. With this, we dismiss the generic assertion that the penalty content of Article 38 of Law 7593 is disproportionate. Focusing on the argument raised by the plaintiff regarding the difference between a “risk” and a “damage” and how, in her opinion, there is confusion in the case at hand—a thesis with which, as will be seen next, this Chamber does not agree. The plaintiff’s interpretive basis assumes that Article 38 is limited to the existence of concrete damages, thereby excluding non-materialized risks, which is incorrect. In the doctrine of damages, a distinction is indeed made between direct and indirect damages, mediate and immediate damages, original, derivative, potential, and effective damages, among many other classifications depending on the source of knowledge consulted, and it is where the so-called Doctrine of Risk comes into play and is to be assessed in a matter such as the present one. It is worth clarifying the reason for the discussion, which is to determine whether the plaintiff is correct in saying that Article 38 is exclusively limited to “damages,” not including “risks.” Regarding this Theory, the First Chamber (Sala Primera) of the Supreme Court of Justice has expounded upon it, considering it a variable of strict liability (responsabilidad objetiva), stating that “…In it, the element of fault is dispensed with as a criterion of imputation, focusing on a conduct or activity of a physical or legal subject, characterized by the initiation of a dangerous activity, or the mere possession of a dangerous object. The element of imputation of this liability is the risk created, or the risk-creating conduct. For this reason, it is affirmed, the notion of risk replaces the concepts of fault and unlawfulness... Strict liability resides in the fact that he who, for his own benefit, creates a source of probable damages and exposes other persons and property to danger, is obligated if the damage materializes. To determine this liability, a causal link must exist between the risky activity initiated and the damage caused. Our jurisprudence, since ancient times, has recognized this type of liability. On this point, one may consult judgments of the former Court of Cassation (Sala de Casación) No. 97 of 16 hrs. on August 20, 1976; and of this Chamber, among others, numbers 26 of 15:10 hrs. on May 10, 1989; 263 of 15:30 hrs. on August 22, 1990; 354 of 10 hrs. on December 14, 1990; 138 of 15:05 hrs. on August 23, 1991; 112 of 14:15 hrs. on July 15, 1992; and, 61 of 14:50 hrs. on June 19, 1996. Consequently, strict liability emerges from the performance of lawful or authorized activities, but which constitute a source of risk. In relation, the cited article of the Civil Code, in its 5th paragraph, states: ‘And if a person dies or is injured by a motor machine, or a railway vehicle, tramway or other analogous mode of transport, the operating company or person is obligated to repair the resulting injury, if it does not prove that the accident was caused by force majeure (fuerza mayor) or by the own fault of the deceased or injured person.’ According to the foregoing provision, the burden of proof is reversed. That is, it is incumbent upon the person or company to whom liability is attributed to demonstrate that the damages were caused by force majeure or by the fault of the victim. (Resolution No. 376-1999 of 14 hours and 40 minutes of July 9, 1999)… It is based on the hypothesis that the source of obligations is the lawful use of dangerous things, which, by the mere fact of causing damage, obliges the one who makes use of them to repair the damage caused. Three elements make up this type of liability, namely: a) the use of things that entail danger or risk; b) causing damage of a patrimonial nature; c) the relationship or causal link between the act and the damage… There is no dispute that strict liability resides in the fact that he who, for his own benefit, creates a risk and exposes other persons and property to danger, is consequently obligated to compensate them if the damage materializes” (Voto 167-F-S1-2018 of fourteen hours thirty-two minutes of March first, two thousand eighteen); however, it should be highlighted that this position applies when a risk is created under the protection of a lawful activity, that is, when the operator holds the respective permits, licenses, or concessions for the exercise of the risky activity. A contrario sensu, the generation of a risk from an unauthorized activity is subject to penalty, since it would be illogical and arbitrary to have to wait for the risk to consolidate or materialize for the conduct to be reprehensible, which appears to be what the plaintiff seeks with her argument. In other words, the created risk forms part of the doctrine of damage, specifically as potential damage, which when the activity is lawful is compensable only upon the concretization of the risk into a concrete damage, but is actionable and punishable when the activity is unlawful or outside the bounds of legality, without the need for the concretization of a concrete damage. In this line of thought, this Court leans toward interpreting that the generated risk is an injurious result protected by Article 38 of Law 7593; to think otherwise would imply accepting that a risk-generating subject who benefits from it would remain unharmed from the imposition of liability if the created risk did not materialize, which cannot be accepted by this Chamber. Thus, for the specific case, it is clear that in the administrative proceeding brought against the plaintiff, taking into consideration both the testimonial evidence and the expert evidence gathered, a risk was indeed created, on at least two occasions, one in June and another in July 2014, from the unauthorized provision of liquefied petroleum gas service to the end consumer, a conduct which, as has been set forth, forms part of an unlawful activity penalized by Law 7593 and which makes the argument of the petitioner of the action unacceptable. Regarding the allegation of the proportionality of the penalty imposed, it must be considered that, in the final act, the imposition of the penalty is based on the base salary in force at the time of the reported facts (Considering V (Considerando V), point j) of resolution RRGA-150-2018), and therefore it is not possible to speak of a disproportion in this sense. Now, concerning the proportionality of the quantum of the fine, that is, as to why the penalty was set in the upper allowed band, it is necessary to consider the following factors: first, it has already been clarified that the risk in itself caused by an unlawful activity is an injurious and punishable activity; second, that in the specific case the activity was proven twice (it was never proven to be routine conduct, nor was it treated as such, so the parties’ allegations in this respect are extraneous to the substantive matter); and third, that in the administrative proceeding there was technical expert evidence (a chemical engineer) who explained the magnitude of the risk generated by the unauthorized activity, evidence that was not discredited by the plaintiff in this proceeding. Thus, in the cited resolution that constitutes the final act of the administrative proceeding, the penalty was substantiated as follows: “As set forth above, the damage to the community in this case, in addition to that caused by providing a service that is the property of the State without having gone through all the procedures, proceedings, and compliance with requirements, consists of the risk to which the service station users, its own employees, its neighbors, and the environment were exposed, by not having the measures that the legal system establishes to protect those rights, and by having done so without the necessary implements for proper filling. Given the relevance of what was put at risk, the penalty to be imposed must be the most drastic, namely, that of 20 salaries” (Considering VII (Considerando VII)), with this, it is clear that two weighting factors were used: a damage to the State for performing a service that is its property without the respective authorization to do so, and second, the risk caused as well as its severity (set out by the chemical engineer’s statement in Considering IV (Considerando IV) subparagraph b); thus, this Chamber considers not only that the final resolution RRGA-150-2018 contains the minimum elements of reasoning and integrity to extract the essential factors of motive, content, and purpose of the administrative act, but also that the weighting carried out in the imposition of the penalty is in accordance with the guiding principles of reasonableness and proportionality, which the allegations of the plaintiff, as well as the absence of evidence to the contrary, were able to debate or discredit the outcome in this proceeding. Consequently, the claim by the plaintiff is not acceptable, and the lawsuit is therefore dismissed in its entirety.\n\nVIII.- ON THE DEFENSES RAISED: For the reasons extensively set forth, the defense of Lack of Right (Falta de Derecho) is upheld, for the reasons indicated throughout this resolution.\n\nIX. COSTS (COSTAS): Regarding costs (costas), in accordance with Article one hundred ninety-three of the Contentious-Administrative Procedure Code, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being the losing party. Exemption from this condemnation is only viable when, in the Court’s judgment, there was sufficient reason to litigate, or when the judgment is issued by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In the present case, the Court considers that we are not in such circumstances, and therefore costs are to be borne by the plaintiff, which will be liquidated in the execution of judgment.\n\nPOR TANTO\n\nBased on the factual and legal grounds developed in this resolution, the defense of Lack of Right (Falta de Derecho) raised by the defendant is upheld. Consequently, the lawsuit filed by Blue Flame Fuel Technology Corporation Sociedad Anónima, legal identification number CED17838, against the Regulatory Authority of Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP) is declared WITHOUT MERIT (SIN LUGAR). Costs are to be borne by the plaintiff, which shall be liquidated in judgment. Notify.\n\n \nCarlos José Mejías Rodríguez\n\n \nClaudia Bolaños Salazar Laura Gómez Chacón\n\n \n\n*EQCWKII7WOW61*\nEQCWKII7WOW61\nCARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\n \n\n\n\n\n\n*XTDBNPGZTZA61*\nXTDBNPGZTZA61\nLAURA GOMEZ CHACON - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\n \n\n \n\n*BWLSJPIJO0U61*\nBWLSJPIJO0U61\nCLAUDIA BOLAÑOS SALAZAR - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 18-004121-1027-CA\n\nGoicoechea, Dirección01 , 50 metros oeste del BNCR, frente a Dirección02 . Teléfonos: 2545-0099, 2545-0107, 2545-0158. Fax: 2241-5664 y 2545-0006. Correo electrónico: ...01\n\n \nClasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 00:24:28.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }