{ "id": "nexus-sen-1-0034-972999", "citation": "", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Absolución por adquisición de madera sin trazabilidad", "title_en": "Acquittal for acquiring timber without traceability", "summary_es": "El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal confirma la absolución del imputado por el delito de adquisición de productos forestales sin requisitos legales, previsto en el inciso b) del artículo 61 de la Ley Forestal. La sentencia analiza el tipo penal y concluye que no toda posesión de madera sin permisos constituye delito, sino que la conducta típica exige participar en la cadena productiva y comercial con conocimiento y voluntad de legitimar madera ilegal. En este caso, no se demostró que el imputado hubiera cortado el árbol, aprovechado la madera o participado en la cadena de comercialización. Los testigos solo ubicaron trozas cerca de su vivienda, pero el acusado alegó que terceros talaron el árbol y dejaron la madera en su cafetal. La Cámara estima que los indicios son insuficientes para descartar esa versión y condenar. Se rechaza la apelación fiscal.", "summary_en": "The Criminal Sentence Appeals Tribunal upholds the acquittal of the defendant for the crime of acquiring forest products without legal requirements, under subsection b) of Article 61 of the Forestry Law. The ruling analyzes the criminal offense and concludes that not every possession of timber without permits constitutes a crime; instead, the typical conduct requires participation in the productive and commercial chain with knowledge and intent to legitimize illegal timber. In this case, it was not proven that the defendant felled the tree, used the timber, or participated in the chain of commerce. Witnesses only located logs near his home, but the defendant claimed third parties felled the tree and left the timber in his coffee plantation. The Court finds the circumstantial evidence insufficient to discard that version and convict. The prosecution's appeal is dismissed.", "court_or_agency": "", "date": "", "year": "", "topic_ids": [ "criminal-environmental", "forestry-law-7575" ], "primary_topic_id": "criminal-environmental", "es_concept_hints": [ "Ley Forestal 7575", "artículo 61 inciso b", "adquisición de productos forestales", "trazabilidad", "cadena productiva", "ius puniendi", "tipicidad", "antijuridicidad", "in dubio pro reo" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 61 inciso b", "law": "Ley 7575" }, { "article": "Art. 1", "law": "Ley 7575" }, { "article": "Art. 55", "law": "Ley 7575" }, { "article": "Art. 56", "law": "Ley 7575" }, { "article": "Art. 30", "law": "Código Penal" } ], "keywords_es": [ "Ley Forestal", "adquisición ilegal de madera", "absolución", "trazabilidad", "cadena productiva forestal", "ius puniendi", "in dubio pro reo", "apelación de sentencia penal", "productos forestales", "SINAC" ], "keywords_en": [ "Forestry Law", "illegal timber acquisition", "acquittal", "traceability", "forest productive chain", "ius puniendi", "in dubio pro reo", "criminal sentence appeal", "forest products", "SINAC" ], "excerpt_es": "Interpretar que cualquier adquisición de madera sin permisos es constitutiva del delito en cuestión no es más que aceptar la expansión irracional del ius puniendi, criminalizando a personas que podrían entrar en posesión de productos forestales sin tener participación alguna en la cadena productiva, y por ende, desconociendo los requisitos legales establecidos para la producción, aprovechamiento e industrialización de los productos forestales, llegando el extremo de criminalizar, por ejemplo, a quien recibe en donación sobrantes de madera que ilegalmente fue aprovechada por terceros, o a quien compra madera en un aserradero o depósito de materiales sin que le extiendan un factura por la compra (infracción tributaria). Además, una posición como la sostenida por el recurrente olvida aspectos básicos de la teoría del delito, como son los estadios de la tipicidad y la antijuridicidad. Solo aquellas conductas que se hayan cometido con conocimiento y voluntad de legitimar madera ilegal podrían ser constitutivas de la adquisición o procesamiento ilegal que se regula en el artículo 61 inciso b) de la Ley Forestal, y acreditado lo anterior, será necesario demostrar que dicha conducta sea susceptible de haber puesto en peligro los recursos naturales como para que pueda ser responsabilizada una persona por esa conducta.", "excerpt_en": "Interpreting that any acquisition of timber without permits constitutes the offense in question merely accepts the irrational expansion of the ius puniendi, criminalizing individuals who may come into possession of forest products without any participation in the productive chain, thus disregarding the legal requirements for production, harvesting, and industrialization of forest products, going so far as to criminalize, for example, someone who receives leftover timber illegally harvested by third parties as a gift, or someone who buys timber from a sawmill or building supply store without receiving an invoice (a tax infraction). Furthermore, a position like that argued by the appellant ignores basic aspects of criminal theory, such as the stages of typicality and unlawfulness. Only those acts committed with knowledge and intent to legitimize illegal timber could constitute the illegal acquisition or processing regulated in Article 61(b) of the Forestry Law, and once that is proven, it will be necessary to demonstrate that such conduct was capable of endangering natural resources to the extent that a person can be held liable for it.", "outcome": { "label_en": "Rejected", "label_es": "Sin lugar", "summary_en": "The acquittal of the defendant for the crime of acquiring forest products without legal requirements is confirmed.", "summary_es": "Se confirma la absolución del imputado por el delito de adquisición de productos forestales sin requisitos legales." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando II", "quote_en": "Interpreting that any acquisition of timber without permits constitutes the offense in question merely accepts the irrational expansion of the ius puniendi.", "quote_es": "Interpretar que cualquier adquisición de madera sin permisos es constitutiva del delito en cuestión no es más que aceptar la expansión irracional del ius puniendi." }, { "context": "Considerando II", "quote_en": "Only those acts committed with knowledge and intent to legitimize illegal timber could constitute the illegal acquisition or processing.", "quote_es": "Solo aquellas conductas que se hayan cometido con conocimiento y voluntad de legitimar madera ilegal podrían ser constitutivas de la adquisición o procesamiento ilegal." }, { "context": "Considerando II", "quote_en": "These are very weak circumstantial indicators to discard the defendant's version that third parties carried out the illegal felling and simply left the timber there.", "quote_es": "Se trata de indicios muy débiles para descartar la versión del imputado de que fueron terceras personas quienes realizaron la tala ilegal y que simplemente dejaron la madera en ese lugar." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-41661", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 7575 Art. 61 inciso b" } ], "external": [] }, "source_url": "", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [ { "doc_id": "norm-41661", "norm_num": "7575", "norm_name": "Ley Forestal", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "13/02/1996" } ], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Documento PJEDITOR\n\n1\n\n*180000770634PE*\n\n \n\nExpediente: 18-000077-0634-PE\n\nContra: [Nombre1] \n\nDelito: Infracción a La Ley Forestal \n\nParte ofendida: Los Recursos Naturales\n\nRes: 2020-240\n\nExp: 18-000077-0634-PE \n\n Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, sección Primera. A las diez horas veintidós\nminutos del veinte de abril de dos mil veinte.\n\n Recurso de apelación interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1] , mayor, nacido el\nquince de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho, con cédula de identidad número CED1 – – , por\nel delito de Infracción a La Ley Forestal en la modalidad de adquisición de productos forestales, en\nperjuicio de Los Recursos Naturales. Intervienen en la decisión del recurso los jueces Christian\nFernández Mora, David Fallas Redondo y la jueza Ivette Carranza Cambronero. Se apersonó en apelación\nel licenciado José Humberto Fernández González, representante del Estado.\n\nResultando:\n\n 1. Que mediante sentencia número 19-2020 de las once horas del trece de enero de dos mil veinte, el\nTribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Pérez Zeledón, resolvió: \"POR\nTANTO: De conformidad con lo expuesto artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 8 inciso 1 y 2\nde la Convención Americana de Derechos Humanos; artículos 1, 11, 30, 45 del Código Penal, artículos\n1, 6, 142, 184, 265 a 267, 360 al 364 al 365 Y 366 del Código Procesal Penal, y la ley 7575 artículo\n61 inciso b) se ABSUELVE de toda pena y responsabilidad al encausado [Nombre1] por el delito de\nINFRACCIÓN FORESTAL EN LA MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES en perjuicio de LOS\nRECURSO NATURALES. Se ordena el comiso de la madera de conformidad con el artículo 110 del Código\nPenal y el artículo 65 de la Ley Forestal a favor del Ministerio de Ambiente y Energía. Se ordena\nlevantar cualquier medida cautelar que pese sobre el acusado en relación con esta causa, quedando\nlos gastos del proceso en lo penal a cargo del Estado. Quedan las partes notificadas de manera oral.\n(respaldo en audio y video), [Nombre2] , .\"\n\n 2. Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado José Humberto Fernández González interpuso\nel recurso de apelación.\n\n 3. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 466\ndel Código Procesal Penal, reformado por Ley 8837 publicada el nueve de diciembre de dos mil once\n(Creación de Recurso de Apelación de la Sentencia), el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas\nen el recurso.\n\n 4. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.\n\n Redacta el Juez Fernández Mora, y;\n\nConsiderando:\n\nI.- Se admite para su estudio de fondo el recurso de apelación de sentencia incoado por [Nombre4] ,\nen su condición de procurador penal, pues del estudio del sumario se colige que dicho recurso se\npresentó en tiempo, conforme al plazo de ley, y de acuerdo a los presupuestos que se requieren para\nque dicha impugnación posibilite el adecuado conocimiento de las inconformidades planteadas por el\ngestionante, en orden al examen integral de la sentencia impugnada, tal y como lo establece el\nartículo 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los artículos 458, 459, 460 y 462\ndel Código Procesal Penal.\n\nII.- En su primer motivo de impugnación el recurrente alega la indebida fundamentación por omisión\nen la valoración de la prueba de valor decisivo, derivación de la prueba y sana crítica racional,\nerrónea fundamentación probatoria intelectiva y la no congruencia de la sentencia entre lo\npeticionado y lo resuelto. Manifiesta que durante el jucio se demostró que alguien aprovechó el\nárbol talado, ya que lo convirtió en dos trozas y que por arrastre, las colocaron al lado de la casa\nde habitación del imputado, a escasos 20 metros, introducidas en una especie de cafetal para que no\nfueran vistas desde la calle. Ese cafetal es del imputado, quien ejerce dominio y posesión sobre\neste, pues ahí habita, configurándose una adquisición ilegal de madera al tenerla en su posesión sin\ndocumento alguno. El imputado declaró que la finca le pertenece y la madera se encontró cerca de su\ncasa de habitación, por lo que estaba ejerciendo posesión y tenencia sobre dicha madera. El tribunal\nsustenta la absolutoria en que ninguno de los testigos de cargo observó al imputado cortando,\naprovechando o acarreando la madera hacia el costado de su casa, por ello no obtuvo un beneficio,\npero la jueza lo que realizó fue un análisis del artículo 61 inciso a) de la Ley Forestal,\nrelacionándolo con el artículo 3 de ese cuerpo legal, pero los hechos acusados y la calificación\njurídica aplicable era la del inciso b) del artículo 61, “adquisición”. Cuestiona que la juzgadora\nhaya señalado que la madera no estaba dentro de la casa o en el corredor de esta, porque resultaba\nimposible introducir dichas trozas, pero sí se demostró que ejercía posesión sobre la madera\nadquirida porque estaban a escasos 20 metros de su casa, en un cafetal de su posesión, en una finca\ncercada. Menciona que el artículo 61 inciso b) no refiere nada que tenga que ver con una utilidad o\nbeneficio como lo señala la juzgadora de mérito, ni tampoco con el aprovechamiento. Fustiga que lo\nimportante no es quién movilizó las piezas de madera, sino que el imputado las adquirió, pues\nejercía la posesión sobre estas. El delito en cuestión no requiere un beneficio o una utilidad, sino\nsolo probar la adquisición ilegal de la madera. La jueza absuelve al imputado por el principio in\ndubio pro reo, al no comprobarse que cortó el árbol, que no aprovechó la madera y que no se sabe\nquién la movilizó, pero se tiene claro que la madera es ilegal y fue cortada cerca de una quebrada,\nsin ningún permiso de la Administración Forestal del Estado, y por ello ordena el comiso de la\nmadera, pero nuevamente reitera el aprovechamiento ilegal, lo que no está contemplado en el inciso\nb) de la norma. Además, la juzgadora nunca realizó una debida fundamentación de los hechos, de la\nprueba y de la calificación que las partes acusadoras solicitaron. Sostiene que debió analizarse el\nasunto mediante la inferencia de los indicios, al no existir prueba directa. Luego de explorar\nvarias definiciones de lo que significa adquisición, concluye que la sentencia impugnada realizó una\nmala valoración de la prueba de cargo admitida, pues no se analizó de manera conjunta para\ndeterminar el grado de participación del imputado en los hechos. Sostiene que el fundamento\nintelectivo de la autoridad es errado, pues vino a analizar una calificación penal que no fue\nacusada y por ello, existe una incongruencia de la sentencia. Solicita que se revoque la sentencia y\nse reenvíe para una nueva sustanciación, donde se condene al imputado por una infracción a la Ley\nForestal, lo cual se omitió en el fallo recurrido. En un segundo motivo, se alega un error in\niudicando por violación a ley sustantiva. Inobservancia del numeral 61 inciso b) de la Ley Forestal\ny análisis de la responsabilidad penal. Considera que el Tribunal de Juicio no aplicó el artículo 61\ninciso b) de la Ley Forestal, como se expuso en el primer motivo, por lo que solicita que se revoque\nla sentencia y se remita para nueva sustanciación, fundamentación y análisis de dicho tipo penal. El\nrecurso se declara sin lugar: Es cierto que el inciso b) del artículo 61 de la Ley Forestal sanciona\na quien: “b) Adquiera o procese productos forestales sin cumplir con los requisitos establecidos en\nesta ley”, pero eso no quiere decir que cualquier tipo de adquisición de productos forestales sin\nrequisitos legales sea la que se tutela en la Ley Forestal, como parece entenderlo el recurrente. La\npromulgación del tipo penal en cuestión va en consonancia con lo dispuesto por el artículo 1 de\ndicha normativa, que establece en su primer párrafo lo siguiente: “La presente ley establece, como\nfunción esencial y prioritaria del Estado, velar por la conservación, protección y administración de\nlos bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de\nlos recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y\nsostenible de los recursos naturales renovables” (el resaltado se suple). En otras palabras, el\ninterés del legislador, además de la conservación, protección y administración de los bosques,\npretende controlar toda la cadena productiva y comercial de los recursos forestales del país, con el\nfin de evitar el “blanqueamiento” o “lavado de madera”, que consiste en “…insertar madera ilegal al\nmercado bajo la sombra de los permisos de otra madera” ([Nombre5] (2013), citado por [Nombre6] , .\n(2019). Certificaciones de legalidad de productos maderables en Costa Rica: una propuesta de\nservicios profesionales. Tesis para optar por el título de ingeniero forestal con el grado académico\nde licenciatura. Costa Rica: Instituto Tecnológico de Costa Rica, pág. 1). La intención de la norma\nes que se respete la trazabilidad de los productos forestales que se comercializan en el territorio\nnacional, de manera que se pueda establecer que los mismos provienen de fuentes legales. Es por ello\nque el referido inciso b) del artículo 61 de la Ley Forestal hace expresa referencia a que se deben\ncumplir los requisitos exigidos por la ley, que no son otros que la demostración del permiso de\naprovechamiento o la documentación para demostrar la procedencia de los productos forestales, según\nlo establecen los artículos 55 y 56 de la Ley Forestal. Dichos requisitos son complementadas en el\nReglamento a Ley Forestal, referidos a las personas físicas o jurídicas que se dediquen a la\nadquisición y procesamiento de madera, como es que se encuentren inscritas como contribuyentes en la\nDirección General de Tributación Directa, que utilicen facturas timbradas (artículo 72) y que\ncuenten con las guías y certificados de origen de la madera (artículos 31 y 77). La doctrina\nnacional ha señalado que: “De esta forma, se configura el delito si se determina que una industria o\npersona física adquiere o procesa madera, sin estar inscritas o sin contar con facturas timbradas.\nTambién se configura si a pesar de estar inscrita y tener facturas timbradas, no tiene los\ndocumentos que respaldan la madera como las guías, certificados de origen o marchamos. Lógicamente,\ntambién comete el delito quien compre madera a sabiendas de que su aprovechamiento se dio, sin\ncontar con los permisos respectivos, o que los documentos son falsos, en cuyo caso, también se\npodría perseguir otro tipo de delincuencia. Por tratarse de un delito con sujeto activo\nindeterminado, pueden cometerlo los que operen aserraderos portátiles, sin importar que no cuenten\ncon las mismas condiciones físicas y operativas de los estacionarios, por lo que debe dárseles el\nmismo tratamiento jurídico” (González Montero, J. P. (2007). Manual de delitos ambientales. San\nJosé, Costa Rica: Escuela Judicial, pág. 308). Como se observa, se trata de un tipo penal que busca\nsancionar a quienes intervengan en esa cadena productiva de los bienes forestales de manera ilegal y\nno cualquier particular que, sin ningún tipo de participación en esa cadena productiva, adquiera\nmadera que no haya contado con los permisos respectivos, como parece entenderlo el recurrente.\nInterpretar que cualquier adquisición de madera sin permisos es constitutiva del delito en cuestión\nno es más que aceptar la expansión irracional del ius puniendi, criminalizando a personas que\npodrían entrar en posesión de productos forestales sin tener participación alguna en la cadena\nproductiva, y por ende, desconociendo los requisitos legales establecidos para la producción,\naprovechamiento e industrialización de los productos forestales, llegando el extremo de\ncriminalizar, por ejemplo, a quien recibe en donación sobrantes de madera que ilegalmente fue\naprovechada por terceros, o a quien compra madera en un aserradero o depósito de materiales sin que\nle extiendan un factura por la compra (infracción tributaria). Además, una posición como la\nsostenida por el recurrente olvida aspectos básicos de la teoría del delito, como son los estadios\nde la tipicidad y la antijuridicidad. Solo aquellas conductas que se hayan cometido con conocimiento\ny voluntad de legitimar madera ilegal podrían ser constitutivas de la adquisición o procesamiento\nilegal que se regula en el artículo 61 inciso b) de la Ley Forestal, y acreditado lo anterior, será\nnecesario demostrar que dicha conducta sea susceptible de haber puesto en peligro los recursos\nnaturales como para que pueda ser responsabilizada una persona por esa conducta. En el presente caso\nno se pudo acreditar ninguna de las dos situaciones como para tener por demostrada la “adquisición”\nilegal de la madera por parte del encartado [Nombre1] , ni siquiera indiciariamente como lo acusa el\nimpugnante, razón por la que no encuentra esta Cámara que exista el vicio en la fundamentación\nprobatoria de la sentencia que se alega en el recurso. En ese sentido, en la sentencia se indica que\nlos testigos [Nombre7] y [Nombre8] , como funcionarios del SINAC no lograron determinar quién había\nsido la persona encargada de cortar el árbol de cedro amargo, ni quién aprovechó la madera; sino\nsimplemente que la finca donde se ubicó el tocón es poseída por el imputado y que las trozas de\nmadera provenientes del árbol las dejaron en un cafetal contiguo a la vivienda del imputado. Como se\naprecia, no son indicios concluyentes de que este haya sido el responsable de la corta o de la\nutilización de la madera (mucho menos del aprovechamiento, según se verá). Si a lo anterior se le\nune el hecho de que el imputado declaró durante el debate y manifestó que el árbol fue cortado por\nsus hermanos y que fueron ellos quienes dejaron la madera en el cafetal que se encuentra cerca de su\nvivienda, resulta todavía más difícil establecer la responsabilidad del imputado en los hechos\natribuidos por los acusadores en este proceso. Ciertamente en la fundamentación jurídica existe el\nyerro de utilizar argumentos que van referidos al tipo penal del aprovechamiento forestal ilegal del\ninciso a) del artículo 61 de la Ley Forestal, pero dicho error no tiene la virtud de provocar la\nnulidad de lo resuelto, puesto que el análisis probatorio permite llegar a la misma conclusión\nabsolutoria, pues si no se logró demostrar que el imputado fuese el responsable de talar el árbol o\nde utilizar los productos derivados de dicha actividad, mucho menos sería posible encontrarlo\nresponsable de la adquisición en los términos requeridos por el tipo penal antes analizado, pues no\nes posible descartar su versión sobre la forma en la que la madera llegó hasta su propiedad, tampoco\nse acreditó que el imputado fuese una persona dedicada a la actividad maderera, como para que\nestuviese inscrito como contribuyente por esa actividad y debiese contar con los certificados de\norigen de la madera o los permisos para su aprovechamiento, sino que lo único que se sabe es que la\nmadera se taló en su propiedad y se encontraba apilada en un cafetal aledaño a su vivienda. Como se\ndijo, se trata de indicios muy débiles para descartar la versión del imputado de que fueron terceras\npersonas quienes realizaron la tala ilegal y que simplemente dejaron la madera en ese lugar, sin que\néste tuviera responsabilidad alguna en dicha conducta. Existe probabilidad de que el imputado sí\nhaya encargado la tala del árbol y que la madera la haya dejado en el lugar para posteriormente\nutilizarla en su provecho, pero no existen ulteriores elementos probatorios para acreditar en grado\nde certeza esa conducta, que, en todo caso, sería constitutiva del delito de aprovechamiento de\nproductos forestales que analizó la juzgadora en la sentencia, pero que no fue acusada de ninguna\nforma, quizás porque los acusadores conocían que no podían acreditar ese comportamiento y por eso,\nintentaron atribuirle al justiciable el tipo penal regulado en el inciso b), considerando que\ncualquier tipo de adquisición sería constitutivo del delito, situación que, como se indicó, no es\ncorrecta. De conformidad con lo anterior, procede declarar sin lugar el recurso de apelación incoado\npor el representante del Estado y confirmar la resolución impugnada en todos sus extremos.\n\n \n\nPor Tanto:\n\nSe declara sin lugar el recurso de apelación incoado por el representante del Estado y se confirma\nla resolución impugnada en todos sus extremos. Notifíquese. -\n\n \n\n \n\n*J9OL143TEILU61*\nJ9OL143TEILU61\nCHRISTIAN FERNANDEZ MORA - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\n*UT47NUGOWIPG61*\nUT47NUGOWIPG61\nDAVID FALLAS REDONDO - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\n*YPXIZUISZSG61*\nYPXIZUISZSG61\nIVETTE CARRANZA CAMBRONERO - JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 18-000077-0634-PE\n\n \n\nCircuito Judicial de Cartago Teléfonos: 2551-2713 ó 2553-0340. Fax: 2551-2355. Correo electrónico:\n[...]", "body_en_text": "**File:** 18-000077-0634-PE\n\n**Against:** [Nombre1]\n\n**Offense:** Violation of the Forestry Law (*Infracción a La Ley Forestal*)\n\n**Aggrieved Party:** Natural Resources (*Los Recursos Naturales*)\n\n**Case No.:** 2020-240\n\n**File No.:** 18-000077-0634-PE\n\nCriminal Sentence Appeals Tribunal of Cartago, First Section. At ten twenty-two hours on the twentieth of April, two thousand twenty.\n\nAppeal (*Recurso de apelación*) filed in the present case against [Nombre1], of legal age, born on the fifteenth of December, nineteen sixty-eight, with identity card number CED1 – – , for the offense of Violation of the Forestry Law (*Infracción a La Ley Forestal*) in the modality of acquisition of forest products, to the detriment of Natural Resources (*Los Recursos Naturales*). Judges Christian Fernández Mora, David Fallas Redondo, and Judge Ivette Carranza Cambronero intervene in the decision of the appeal. Licentiate José Humberto Fernández González, representative of the State, appeared on appeal.\n\n**Whereas:**\n\n1. That by judgment number 19-2020 at eleven hours on the thirteenth of January, two thousand twenty, the Trial Court of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón Seat, resolved: \"THEREFORE: In accordance with the above, articles 39 and 41 of the Political Constitution; 8 subsections 1 and 2 of the American Convention on Human Rights; articles 1, 11, 30, 45 of the Penal Code, articles 1, 6, 142, 184, 265 to 267, 360 to 364 to 365 AND 366 of the Criminal Procedure Code, and Law 7575 article 61 subsection b), the defendant [Nombre1] is ACQUITTED of all penalty and responsibility for the offense of FORESTRY VIOLATION IN THE MODALITY OF ACQUISITION OF FOREST PRODUCTS to the detriment of NATURAL RESOURCES. The confiscation (*comiso*) of the wood is ordered in accordance with article 110 of the Penal Code and article 65 of the Forestry Law (*Ley Forestal*) in favor of the Ministry of Environment and Energy (MINAE). It is ordered to lift any precautionary measure that weighs on the accused in relation to this case, with the costs of the criminal process being borne by the State. The parties are notified orally. (backup in audio and video), [Nombre2], .\"\n\n2. That against the previous pronouncement, Licentiate José Humberto Fernández González filed the appeal (*recurso de apelación*).\n\n3. That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of article 466 of the Criminal Procedure Code, amended by Law 8837 published on the ninth of December, two thousand eleven (Creation of the Sentence Appeal Resource), the Tribunal considered the questions formulated in the appeal.\n\n4. That the pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.\n\nJudge Fernández Mora writes, and;\n\n**Considering:**\n\nI.- The sentence appeal (*recurso de apelación de sentencia*) filed by [Nombre4], in his capacity as criminal prosecutor (*procurador penal*), is admitted for its substantive study, since from the study of the summary it is inferred that said appeal was filed in a timely manner, in accordance with the legal term, and according to the requirements necessary for said challenge to enable adequate knowledge of the disagreements raised by the petitioner, in order to comprehensively examine the contested judgment, as established by article 8.2h of the American Convention on Human Rights, and articles 458, 459, 460 and 462 of the Criminal Procedure Code.\n\nII.- In his first ground for challenge, the appellant alleges improper reasoning due to omission in the assessment of evidence of decisive value, derivation of evidence and sound rational criticism (*sana crítica racional*), erroneous intellective evidentiary reasoning, and lack of congruence of the judgment between what was requested and what was decided. He states that during the trial it was demonstrated that someone exploited the felled tree, since they converted it into two logs (*trozas*) and by dragging, placed them next to the defendant's dwelling house, a scant 20 meters away, placed in a kind of coffee plantation so they would not be seen from the street. That coffee plantation belongs to the defendant, who exercises dominion and possession over it, as he lives there, constituting an illegal acquisition of wood by having it in his possession without any document. The defendant declared that the property belongs to him and the wood was found near his dwelling house, therefore he was exercising possession and tenure over said wood. The court bases the acquittal on the fact that none of the prosecution witnesses observed the defendant cutting, exploiting, or hauling the wood to the side of his house, therefore he did not obtain a benefit, but what the judge performed was an analysis of article 61 subsection a) of the Forestry Law (*Ley Forestal*), relating it to article 3 of that legal body, but the charged facts and the applicable legal classification were that of subsection b) of article 61, \"acquisition\". He questions that the judge pointed out that the wood was not inside the house or in its corridor, because it was impossible to place said logs there, but it was demonstrated that he exercised possession over the acquired wood because they were a scant 20 meters from his house, in a coffee plantation in his possession, on a fenced property. He mentions that article 61 subsection b) refers to nothing having to do with a utility or benefit as the merit judge points out, nor with exploitation. He chastises that what is important is not who moved the pieces of wood, but that the defendant acquired them, as he exercised possession over them. The offense in question does not require a benefit or utility, but only proving the illegal acquisition of the wood. The judge acquits the defendant based on the principle *in dubio pro reo*, as it was not proven that he cut the tree, that he did not exploit the wood, and that it is unknown who moved it, but it is clear that the wood is illegal and was cut near a stream (*quebrada*), without any permit from the State Forestry Administration, and for this reason orders the confiscation (*comiso*) of the wood, but once again reiterates illegal exploitation, which is not contemplated in subsection b) of the norm. Furthermore, the judge never carried out a proper reasoning of the facts, the evidence, and the classification that the accusing parties requested. He maintains that the matter should have been analyzed through the inference of circumstantial evidence (*indicios*), given the absence of direct proof. After exploring various definitions of what acquisition means, he concludes that the contested judgment carried out a poor assessment of the admitted prosecution evidence, as it was not analyzed jointly to determine the degree of the defendant's participation in the events. He maintains that the authority's intellective reasoning is erroneous, as it came to analyze a criminal classification that was not charged and therefore, there is an incongruence in the judgment. He requests that the judgment be revoked and remanded for a new substantive proceeding, where the defendant is convicted of a violation of the Forestry Law (*Ley Forestal*), which was omitted in the appealed ruling. In a second ground, an *error in iudicando* is alleged for violation of substantive law. Non-observance of numeral 61 subsection b) of the Forestry Law (*Ley Forestal*) and analysis of criminal responsibility. He considers that the Trial Court did not apply article 61 subsection b) of the Forestry Law (*Ley Forestal*), as stated in the first ground, for which he requests that the judgment be revoked and remanded for new substantive proceedings, reasoning, and analysis of said criminal type. The appeal is dismissed: It is true that subsection b) of article 61 of the Forestry Law (*Ley Forestal*) sanctions whoever: \"b) Acquires or processes forest products without complying with the requirements established in this law,\" but that does not mean that any type of acquisition of forest products without legal requirements is what is protected in the Forestry Law (*Ley Forestal*), as the appellant seems to understand it. The enactment of the criminal type in question is in accordance with the provisions of article 1 of said regulation, which establishes in its first paragraph the following: \"This law establishes, as an essential and priority function of the State, to ensure the conservation, protection, and administration of natural forests and the production, exploitation, industrialization, and promotion of the country's forest resources destined for that purpose, in accordance with the principle of adequate and sustainable use of renewable natural resources\" (highlighting supplied). In other words, the interest of the legislator, in addition to the conservation, protection, and administration of the forests, aims to control the entire productive and commercial chain of the country's forest resources, in order to prevent the \"whitening\" or \"wood laundering\" (*blanqueamiento o lavado de madera*), which consists of \"...inserting illegal wood into the market under the shadow of permits for other wood\" ([Nombre5] (2013), cited by [Nombre6], . (2019). Certifications of legality of timber products in Costa Rica: a proposal of professional services. Thesis to opt for the title of forestry engineer with the academic degree of licentiate. Costa Rica: Technological Institute of Costa Rica, page 1). The intention of the norm is that the traceability of forest products marketed within the national territory be respected, so that it can be established that they come from legal sources. That is why the referenced subsection b) of article 61 of the Forestry Law (*Ley Forestal*) makes express reference to the fact that the requirements demanded by law must be met, which are none other than the demonstration of the exploitation permit or documentation to demonstrate the origin of the forest products, as established in articles 55 and 56 of the Forestry Law (*Ley Forestal*). Said requirements are complemented in the Regulations to the Forestry Law, referring to natural or legal persons engaged in the acquisition and processing of wood, such as being registered as taxpayers in the Directorate General of Direct Taxation, using stamped invoices (article 72), and having the guides and certificates of origin of the wood (articles 31 and 77). National doctrine has indicated that: \"In this way, the offense is configured if it is determined that an industry or natural person acquires or processes wood, without being registered or without having stamped invoices. It is also configured if, despite being registered and having stamped invoices, they do not have the documents supporting the wood such as guides, certificates of origin, or tags (*marchamos*). Logically, anyone who buys wood knowingly that its exploitation took place without the respective permits, or that the documents are false, also commits the offense, in which case, another type of criminality could also be pursued. As it is an offense with an indeterminate active subject, those who operate portable sawmills can commit it, regardless of whether they do not have the same physical and operational conditions as stationary ones, therefore they must be given the same legal treatment\" (González Montero, J. P. (2007). Manual of Environmental Offenses. San José, Costa Rica: Judicial School, page 308). As observed, it is a criminal type that seeks to sanction those who intervene in that productive chain of forest goods illegally and not any individual who, without any type of participation in that productive chain, acquires wood that did not have the respective permits, as the appellant seems to understand it. Interpreting that any acquisition of wood without permits constitutes the offense in question is nothing more than accepting the irrational expansion of the *ius puniendi*, criminalizing persons who could come into possession of forest products without having any participation in the productive chain, and therefore, disregarding the legal requirements established for the production, exploitation, and industrialization of forest products, going as far as criminalizing, for example, anyone who receives as a donation leftover wood that was illegally exploited by third parties, or anyone who buys wood at a sawmill or materials depot without being given an invoice for the purchase (tax infraction). Furthermore, a position like the one held by the appellant forgets basic aspects of the theory of the offense, such as the stages of actus reus (*tipicidad*) and unlawfulness (*antijuridicidad*). Only those conducts that have been committed with knowledge and will to legitimize illegal wood could constitute the illegal acquisition or processing regulated in article 61 subsection b) of the Forestry Law (*Ley Forestal*), and once the above is proven, it will be necessary to demonstrate that said conduct is capable of having endangered natural resources so that a person can be held responsible for that conduct. In the present case, neither of the two situations could be proven to have demonstrated the illegal \"acquisition\" of the wood by the defendant [Nombre1], not even circumstantially as the challenger accuses, which is why this Chamber does not find that there exists the defect in the evidentiary reasoning of the judgment that is alleged in the appeal. In that sense, the judgment indicates that witnesses [Nombre7] and [Nombre8], as officials of SINAC, were unable to determine who had been the person in charge of cutting the bitter cedar (*cedro amargo*) tree, nor who exploited the wood; but simply that the property where the stump was located is possessed by the defendant and that the wood logs (*trozas*) from the tree were left in a coffee plantation adjacent to the defendant's home. As can be seen, these are not conclusive circumstantial evidence (*indicios*) that he was responsible for the felling or the use of the wood (much less for exploitation, as will be seen). If to the above is joined the fact that the defendant testified during the debate and stated that the tree was cut by his brothers and that it was they who left the wood in the coffee plantation that is near his home, it is even more difficult to establish the responsibility of the defendant in the events attributed by the accusers in this process. Certainly, in the legal reasoning there is the error of using arguments that refer to the criminal type of illegal forest exploitation in subsection a) of article 61 of the Forestry Law (*Ley Forestal*), but said error does not have the virtue of causing the nullity of the ruling, since the evidentiary analysis allows reaching the same acquittal conclusion, because if it was not possible to demonstrate that the defendant was responsible for felling the tree or for using the products derived from said activity, much less would it be possible to find him responsible for the acquisition in the terms required by the criminal type previously analyzed, as it is not possible to rule out his version about the way the wood arrived at his property, nor was it proven that the defendant was a person dedicated to lumber activity, such that he had to be registered as a taxpayer for that activity and have the certificates of origin for the wood or permits for its exploitation, but rather all that is known is that the wood was felled on his property and was found piled in a coffee plantation adjacent to his home. As stated, these are very weak circumstantial evidence (*indicios*) to rule out the defendant's version that it was third parties who carried out the illegal felling and that they simply left the wood in that place, without him having any responsibility in said conduct. There is a probability that the defendant did order the felling of the tree and that he left the wood in the place to later use it for his benefit, but there are no further evidentiary elements to prove that conduct with a degree of certainty, which, in any case, would constitute the offense of exploitation of forest products that the judge analyzed in the judgment, but which was not charged in any way, perhaps because the accusers knew they could not prove that behavior and therefore, tried to attribute to the defendant the criminal type regulated in subsection b), considering that any type of acquisition would constitute the offense, a situation which, as indicated, is not correct. In accordance with the foregoing, it is appropriate to dismiss the appeal (*recurso de apelación*) filed by the representative of the State and confirm the contested resolution in all its aspects.\n\n**Therefore:**\n\nThe appeal (*recurso de apelación*) filed by the representative of the State is dismissed and the contested resolution is confirmed in all its aspects. Notify. -\n\n*J9OL143TEILU61*\nJ9OL143TEILU61\nCHRISTIAN FERNANDEZ MORA - DECISION-MAKING JUDGE\n\n*UT47NUGOWIPG61*\nUT47NUGOWIPG61\nDAVID FALLAS REDONDO - DECISION-MAKING JUDGE\n\n*YPXIZUISZSG61*\nYPXIZUISZSG61\nIVETTE CARRANZA CAMBRONERO - DECISION-MAKING JUDGE\n\nFILE: 18-000077-0634-PE\n\nJudicial Circuit of Cartago Telephones: 2551-2713 or 2553-0340. Fax: 2551-2355. Electronic mail: [...]" }