{ "id": "nexus-sen-1-0034-976279", "citation": "Res. 00366-2020 Tribunal Agrario", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Medida cautelar agraria para uso de agua de naciente en copropiedad", "title_en": "Agrarian Precautionary Measure for Spring Water Use in Co-ownership", "summary_es": "El Tribunal Agrario confirma una medida cautelar que ordena mantener el flujo de agua desde una naciente ubicada en la finca de la demandada hacia la finca de los actores, donde se cultivan manzanas y aguacates. La demandada apeló argumentando nulidad del reconocimiento judicial por haberse realizado sin su presencia y falta de notificación previa, así como la existencia de una concesión de aguas a su favor que le otorgaría exclusividad sobre el recurso hídrico. El Tribunal rechaza los argumentos, señalando que el Código de Trabajo, de aplicación supletoria, permite la realización anticipada de la prueba sin la presencia de la parte, y que la audiencia posterior garantizó el derecho de defensa. En cuanto al fondo, considera que en esta etapa inicial basta un juicio de verosimilitud sobre el uso previo del agua para mantener el estado actual de las cosas, sin que sea necesario analizar la titularidad del derecho de uso ni la concesión administrativa, aspectos que se dilucidarán en sentencia. Se imponen contracautelas para evitar modificar el terreno de la demandada o contaminar la fuente.", "summary_en": "The Agrarian Tribunal upholds a precautionary measure ordering the continued flow of water from a spring on the defendant's property to the plaintiffs' land, used for apple and avocado cultivation. The defendant appealed, claiming the on-site judicial inspection was conducted without her presence and without prior notice, violating due process, and asserting her exclusive water concession rights. The Tribunal rejects the nullity plea, holding that labor procedural law, applied supplementarily, allows early inspection without the party's presence, and the subsequent hearing preserved her defense rights. On the merits, it finds sufficient prima facie evidence of prior water use to maintain the status quo, deferring the determination of legal title and concession validity to the final judgment. Counter-guarantees are imposed to prevent alteration of the defendant's land or pollution of the water source.", "court_or_agency": "Tribunal Agrario", "date": "24/04/2020", "year": "2020", "topic_ids": [ "water-law", "procedural-environmental" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "medida cautelar", "reconocimiento judicial", "copropiedad", "contracautela", "concesión de aguas", "juicio de verosimilitud", "debido proceso", "derecho de defensa" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 489", "law": "Código de Trabajo" }, { "article": "Art. 486", "law": "Código de Trabajo" }, { "article": "Art. 27", "law": "Ley de Aguas" }, { "article": "Art. 4", "law": "Ley de Aguas" }, { "article": "Arts. 270, 864", "law": "Código Civil" } ], "keywords_es": [ "medida cautelar agraria", "agua de naciente", "reconocimiento judicial anticipado", "copropiedad", "derecho de aguas", "concesión de aguas", "juicio de verosimilitud", "contracautela", "debido proceso", "actividad agrícola" ], "keywords_en": [ "agrarian precautionary measure", "spring water", "early judicial inspection", "co-ownership", "water rights", "water concession", "prima facie case", "counter-guarantee", "due process", "agricultural activity" ], "excerpt_es": "Nótese la a-quo observó la existencia de una finca dedicada al cultivo de manzanas y aguacate en su totalidad, requiriendo del agua que se viene aprovechando de la finca del demandado hacia la finca del actor y que es canalizada a través de una tubería para desarrollar su actividad agrícola. (...) Al constarse estos tres aspectos, se cumple con lo dispuesto en el artículo 489 del Código de Trabajo que indica es factible el dictado de la medida cautelar para la preservación del ejercicio de un futuro derecho, así como cualquier otra medida atípica necesaria para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Se debe entonces, a través de esta medida cautelar, garantizar la continuidad de la actividad productiva con el uso del agua que se venía dando a través de la tubería en conflicto, manteniendo con ello el estado actual de las cosas hasta tanto en sentencia se determine con prueba abundante cual de las dos partes lleva razón en el derecho que alegan.", "excerpt_en": "The lower court noted the existence of a farm entirely dedicated to apple and avocado cultivation, requiring water that has been used from the defendant's farm to the plaintiff's farm and is channeled through piping to carry out agricultural activity. (...) With these three aspects verified, the provision of Article 489 of the Labor Code is satisfied, which states that a precautionary measure may be issued to preserve the exercise of a future right, as well as any other atypical measure necessary to provisionally protect and guarantee the object of the process and the effectiveness of the judgment. Therefore, through this precautionary measure, the continuity of productive activity must be ensured by using the water that had been flowing through the disputed piping, thereby maintaining the current state of affairs until the judgment determines, with ample evidence, which of the two parties is correct in the right they claim.", "outcome": { "label_en": "Confirmed", "label_es": "Confirmada", "summary_en": "The nullity plea is rejected and the resolution granting the precautionary measure is confirmed, with counter-guarantees imposed.", "summary_es": "Se rechaza la nulidad planteada y se confirma la resolución que concedió la medida cautelar, imponiendo contracautelas." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando IV", "quote_en": "Therefore, through this precautionary measure, the continuity of productive activity must be ensured by using the water that had been flowing through the disputed piping, thereby maintaining the current state of affairs until the judgment determines, with ample evidence, which of the two parties is correct in the right they claim.", "quote_es": "Se debe entonces, a través de esta medida cautelar, garantizar la continuidad de la actividad productiva con el uso del agua que se venía dando a través de la tubería en conflicto, manteniendo con ello el estado actual de las cosas hasta tanto en sentencia se determine con prueba abundante cual de las dos partes lleva razón en el derecho que alegan." }, { "context": "Considerando IV", "quote_en": "It is inconceivable to use potable water for crop irrigation, because it affects the scarcity of service to the community. The Water Law, in its Article 27, establishes as a priority the use of water for human consumption and thereafter the rest of productive activities.", "quote_es": "No es concebible se utilice agua potable para el riego de cultivos, porque incide en la escasez del servicio a la comunidad. La Ley de Aguas en su artículo 27, dispone como prioridad el uso del agua para consumo humano y luego de ello el resto de actividades productivas." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-976279", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [ { "doc_id": "norm-11950", "norm_num": "276", "norm_name": "Ley de Aguas", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "27/08/1942" }, { "doc_id": "norm-64786", "norm_num": "8687", "norm_name": "Ley de Notificaciones Judiciales", "tipo_norma": "Ley", "norm_fecha": "04/12/2008" } ], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Agrario\n\nResolución Nº 00366 - 2020\n\nFecha de la Resolución: 24 de Abril del 2020 a las 14:55\n\nExpediente: 19-000070-0699-AG\n\nRedactado por: Alexandra Alvarado Paniagua\n\nClase de asunto: Medida cautelar\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\n\nRama del Derecho: Derecho Procesal Agrario\n\nTema: Medidas cautelares del proceso agrario\n\nSubtemas:\n\nPosibilidad de efectuar prueba de reconocimiento judicial de forma anticipada sin la presencia de la parte.\nSolicitud de uso de derecho de agua de naciente en fundo en copropiedad.\n\nTema: Copropiedad agraria\n\nSubtemas:\n\nEfecto de reconocimiento de uso de derecho de agua de naciente como medida cautelar.\n\n\"I.-  Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se tiene como hecho probado lo siguiente: La parte actora tiene en su terreno cultivos de manzana y aguacate en su totalidad, siendo sembrado aproximadamente cinco mil metros cuadrados, siendo que venía utilizando para el riego de los mismos la red de cañería que transcurría de la finca de la parte demandada y tomaba el agua de una naciente dentro del inmueble de la demandada.- (Ver reconocimiento judicial en imágenes 48-49 del expediente en formato PDF).- 2) Se observó en la colindancia de ambas partes, un tubo cortado y una cerca con siete hilos de alambre que modifica la cerca anterior para impedir el paso hacia la naciente.- (Misma cita anterior).-\n\n II.- La demandada apela  con nulidad concomitante la resolución de las ocho horas treinta minutos del once de octubre del dos mil diecinueve, al considerar debe declararse la nulidad del reconocimiento judicial pues éste se realizó antes de que fuera notificada de la demanda con la antelación debida, lo que la coloca en estado de indefensión y viola el debido proceso y derecho de defensa, por lo que no estuvo presente en la realización de esta prueba. Además, al analizarse ese reconocimiento judicial como única prueba sin que se tome en cuenta la prueba de descargo, de la cual ni siquiera se hace mención, siendo que se omite los alegatos efectuados al respecto en la audiencia conferida sobre esta única prueba, con entera prescindencia de todas las demás, siendo una omisión de valoración de prueba ofrecida, la cual no se consideró en su conjunto. Indica la demandada es la propietaria registral y en ejercicio del dominio de su fundo, sobre el cual no pesa gravamen alguno, por lo que puede ejercer su derecho de defensa y cerramiento, que fue lo que hizo al modificar la cerca que impidiera el paso de una persona, siendo amparada por lo dispuesto en el artículo 302 y 295 del Código Civil. Es un derecho pleno que ejerce sobre su predio y donde no existe permiso de paso, de uso y aprovechamiento de aguas de persona alguna, ni mucho menos alegar derechos como el de servidumbre de cualquier especie constituida a favor del predio de los demandantes o de uso y aprovechamiento de agua. Cualquier derecho que consideren los demandantes no ha sido acreditado más que por sus propios dichos y no por cualquier medio probatorio. Indica, según lo estipulado en el artículo 4 de la Ley de Aguas 276, que las aguas de dominio privado pertenecen al dueño del terreno, por lo que la demandada está en ejercicio de sus derechos legalmente amparados con su dominio a título de propietaria, máxime cuenta con concesión de uso de aguas sobre la naciente y quebrada de marras por parte de la resolución R-10772019 Aguas-Minae de las 8 horas 34 minutos del 12 de junio del 2019 de la Dirección de Aguas, lo que tiene la entera exclusividad sobre ese recurso hídrico. Aduce en el reconocimiento judicial no hay certeza se haya realizado en la finca de los actores matrícula de folio real CED1 plano catastrado 1-2045363-2018 o en otro, sino tan solo en forma genérica indica se encuentran en el lugar conocido como [Dirección1] , [Dirección2]  , siendo así consignado en el reconocimiento judicial, por lo que es una prueba nula. Tampoco se constata el área total del inmueble, pues lo que tienen son varios derechos de esa finca no individualizados legalmente, lo que tampoco fue consignado en el acta, fundo el cual adquirieron recientemente el 23 de agosto del 2018 como copropietarios, siendo una prueba incompleta y parcial con solo el dicho de un copropietario y no de la totalidad de ellos. Indica tampoco se probó  la existencia de trámites para obtener la debida concesión de aguas sobre su finca ante la Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente, por lo que induce en forma errónea e ilegal al Despacho a instaurar medidas cautelares improponibles sobre un fundo ajeno a fin de defraudar al Estado. Indica no se analiza el documento de evaluación ambiental D2 de los actores, donde consta el proyecto cuenta con agua propia y no tienen necesidad alguna para abastecerse de vecino alguno, lo cual sin concesión es usurpación de aguas del dominio público y nada de esto fue valorado, siendo que no existe peligro de demora ni apariencia de buen derecho, por lo que deben revocarse las medidas solicitadas. Impugna también el que no se haya integrado la litis con relación a la Procuraduría General   de la República pues es parte interesada dado el uso del recurso hídrico siendo de su propiedad como dominio público.- (Ver escrito de apelación en archivo del 16/10/2019 13:42:42).-\n\n III.- Respecto al primer motivo referido a la nulidad del reconocimiento judicial y de la resolución por no haberse realizado ante su presencia, y por haberse omitido la debida notificación con la debida antelación, se  resuelve: En primer término ha de indicarse que el artículo 486 párrafo segundo del Código de Trabajo de aplicación supletoria a la materia agraria por remisión del artículo 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria,  otorga la posibilidad de realización anticipada de esta prueba sin la presencia de la parte, a la que se le pondrá en conocimiento posteriormente o se tendrá por notificada con su apersonamiento al proceso según lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Notificaciones Judiciales.  El artículo 26 párrafo segundo de la Ley de Jurisdicción Agraria dispone lo siguiente: \" Cuando sea del caso, los tribunales podrán, por iniciativa propia, declarar nulidades y disponer la reposición de trámites, a fin de corregir irregularidades que pudieran afectar la validez del proceso, e igualmente están autorizados ante el silencio de la ley, para aplicar, por analogía, las normas de la legislación laboral, o en su defecto, el código de procedimientos respectivo, con el objeto de proveer la debida celeridad y eficacia al proceso\". ( El subrayado es nuestro). Se desprende de esta norma que la declaratoria de nulidades y reposición de trámites para subsanar el proceso, y la aplicación supletoria de normativa procesal lo es con el objeto de dar celeridad y eficacia al proceso. Es decir, en atención a ese objeto es de aplicación el principio de conservación de los actos procesales por economía procesal, siempre y cuando se resguarde el derecho de defensa de las partes, garantizándose el principio del contradictorio que lo ejerce la apelante al contestar la audiencia donde se le puso en conocimiento el resultado del reconocimiento judicial,  y en esta instancia oponiendo sus argumentos teniendo la posibilidad de ofrecer contra prueba pertinente.  Al apersonarse al proceso asume el conocimiento de todo lo actuado y al otorgarse la audiencia sobre el reconocimiento judicial,  tuvo la oportunidad de ejercer el principio del contradictorio al contestar la misma, sin que se observe haya un menoscabo en el derecho de defensa como lo afirma la  apelante.  La siguiente oportunidad es en el momento de impugnación de la medida cautelar donde se observa la prueba y argumentos a los que nos referiremos posteriormente. Lo anterior también encuentra sustento en lo estipulado en el artículo 474 del Código de Trabajo y de aplicación supletoria a esta materia, dispone que: \"Los vicios procesales deberán ser corregidos, subsanados o saneados y la nulidad se decretará, únicamente, cuando la subsanación no sea posible; pero en tal caso se procurará siempre evitar la pérdida, repetición o destrucción innecesarias de etapas del proceso, los actos o las diligencias cumplidos y se conservarán todas las actuaciones que en sí mismas sean válidas, de modo que puedan ser aprovechadas, una vez que el proceso se ajuste a la normalidad\".  En el caso concreto resulta innecesario la destrucción de la prueba de reconocimiento judicial que refleja lo observado en el campo por la persona juzgadora, dado que  la parte demandada tiene a través de la materia recursiva hacer valer sus puntos de vista sobre el reconocimiento judicial realizado sin su presencia, pero al apersonarse al proceso y notificarle la audiencia sobre el resultado del reconocimiento judicial,  pudo solicitar la ampliación sobre aspectos puntuales, siendo de esta forma que se logra el equilibrio procesal, sin que sea necesario anular el reconocimiento judicial o la resolución impugnada por ese motivo. Igualmente, tampoco es motivo de nulidad el que no se valorara el resto de la prueba aportado por la parte actora, pues no se está en el pronunciamiento de fondo del conflicto, basta en esta etapa inicial determinar la urgencia de la medida. La prueba documental ofrecida, será de interés para cuando se resuelva por el fondo del asunto, pues no incide en el motivo principal que es determinar la urgencia o no del uso del agua que fue suprimido.- Por lo expuesto se rechaza la nulidad planteada.-\n\n    IV.-\n\n  En cuanto a los argumentos de fondo, respecto a los presupuestos procesales de las medidas cautelares, que indica el apelante no se cumplen, tampoco son de recibo.- Nótese la a-quo observó la existencia de una finca dedicada al cultivo de manzanas y aguacate en su totalidad,  requiriendo del agua que se viene aprovechando de la finca del demandado hacia la finca del actor y que es canalizada a través de una tubería para  desarrollar su actividad agrícola.  (ver reconocimiento judicial en imágenes 48-49 del expediente formato PDF).-   Lo anterior es contrario a lo afirmado por la  recurrente en uno de sus agravios, quien dice no se identifica la finca en el reconocimiento judicial, pues de forma genérica se indicó solo su ubicación en el Cantón, pero no se detalló el número de matrícula y plano correspondiera al inmueble en cuestión. Al constatar la a-quo se trata de un terreno con cultivos de manzana y aguacate y que se desarrollan por el uso de agua que viene entubada desde la naciente del terreno de la parte demandada, donde coinciden las características de la existencia de una cerca nueva a siete hilos de alambre que se distingue del resto de la cerca existente entre ambos fundos, así como la existencia de tubería cortada, permite concluir dicho reconocimiento fue realizado en el sitio en conflicto y no otro. La parte demandada no desvirtúa tales características presentes in situ, como para pensar el reconocimiento fue realizado en otro inmueble distinto. La misma apelante, indica como parte de sus agravios, que está en su derecho de exclusión y defensa la colocación de la cerca en protección de su derecho de propiedad. Siendo tal característica sobre la existencia de la cerca que permite concluir se trata ambos fundos los involucrados en esta causa y no otro ajeno al conflicto. Así como no es motivo de nulidad el no haberse identificado el área que corresponde a los derechos que tiene como copropietario, pues el artículo 270 del Código Civil establece: “ Cuando una cosa pertenezca simultáneamente a dos o más personas; los dueños ejercen conjuntamente todos los derechos del propietario singular, en proporción a la parte que cada uno tenga en la propiedad común.” Todo copropietario puede accionar en favor del resto de copropietarios, para su beneficio, principio contenido en el artículo 864 del Código Civil. Es decir, si se pretende el reconocimiento del derecho de uso de aguas a favor del fundo en copropiedad, ello le beneficia tanto a quien lo solicita como al resto de sus copropietarios, de allí no se comparte el agravio de la recurrente al indicar debe contarse con la presencia del resto del copropietarios, así como la localización y materialización de los derechos indivisos de la parte actora, pues es en beneficio de todos y no les perjudica.  También se constata del citado reconocimiento judicial, que las tuberías transportan el agua necesaria para la continuidad del cultivo de manzanas y aguacate, como se indica se ha venido haciendo desde hace tiempo, dado las manzanas ya están cosechando al momento del reconocimiento por parte de la a-quo, por lo que no se trata de un cultivo recién sembrado. La apelante indica la finca de la parte actora tiene su propia agua, lo cual no tendría que acudir a tomar agua de su naciente, sin embargo, no existe prueba de su dicho, pues del reconocimiento judicial no se observó otra fuente de agua que sea para el abastecimiento para el riego de sus cultivos. No tendría porque ahora modificarse esa actividad. Siendo que con la medida cautelar, se pretende el mantenimiento del estado actual de las cosas tal y como se venían dando, según lo afirma el actor en su escrito inicial y  que no ha sido controvertido su uso al contestar la acción, ya que en su misma contestación, refiere a la existencia de la cerca que se indica es la que impide el paso, y que aduce la apelante está en su derecho a cerrar con base en los artículos 302 y 295 del Código Civil , que indica puede actuar en defensa de su derecho de propiedad y con base en su título como dueña del inmueble tiene derecho a impedir a quienes le inquieten. Si la demandada tenía o no derecho a cerrar el paso y a impedir el uso del agua ubicado en su propiedad, es un aspecto de derecho de fondo que se debe demostrar en la fase conclusiva y analizarse en la sentencia, y no siendo este momento procesal idóneo dado que se está en un juicio de verosimilitud en la etapa inicial del proceso, donde aún falta por evacuar la etapa probatoria en la que el cuadro fáctico podría cambiar e incidir en esta medida cautelar que es temporal hasta que se resuelva en definitiva este asunto.- La prueba principal para determinar la procedencia de la medida cautelar es el reconocimiento judicial, incluso es factible sea la única prueba suficiente para acoger una medida cautelar, sin que sea necesario acudir a la valoración de documentos que se relacionan más con el pronunciamiento de fondo en sentencia y no siendo de interés para la medida cautelar que es propia de la etapa inicial. Igual ocurre con el agravio referido a que debió demostrar el derecho sobre el uso del agua, lo cual ha de analizarse en sentencia sobre si el actor tenía o no derecho de uso del agua en cuestión. Igualmente, no se determinó en el reconocimiento judicial que el inmueble de la parte actora tuviera agua de otros medios distintos al que se toma de la naciente, para ser utilizado para el riego de cultivos; ello se dilucidará en sentencia, pues basta a esta altura procesal contar con un juicio de verosimilitud sobre el antecedente del uso del agua entre ambos fundos, sobre lo cual se admite en la contestación de demanda al aceptar cerró el paso con la cerca y afirma ser quien puede aprovecharla el agua debido a la concesión que le fuera otorgada, con exclusión del actor, que no cuenta con alguna concesión de agua como lo afirma en su apelación.-   Aduce el apelante, existe para la finca del actor otro abastecimiento de agua, pero no aporta prueba de ello, sin embargo sea que se trate del servicio público de agua en el sector, este argumento no sería de recibo, pues el agua potable que se brinda por el servicio público, es para consumo humano, siendo ese su uso prioritario. No es concebible se utilice agua potable para el riego de cultivos, porque incide en la escasez del servicio a la comunidad. La Ley de Aguas en su artículo 27, dispone como prioridad el uso del agua para consumo humano y luego de ello el resto de actividades productivas. En tiempos donde es un hecho público y notorio la existencia del calentamiento global y la escasez de agua potable para las comunidades, es insensato ordenar el uso de agua potable que se brinda como servicio público, pues es ir en detrimento del derecho al agua de los miembros de esa comunidad, y un desperdicio del preciado líquido, además de que encarecería los costos de la producción agraria. Deberá mantenerse hasta que en sentencia se determine si la parte actora tenía derecho a ello o no, o de tenerlo cuáles serían las condiciones,  siendo tales aspectos de fondo que se determinarán en la fase conclusiva, no siendo relevante determinar en esta etapa inicial. Será en sentencia donde se determinará si el uso de agua de la naciente le correspondía en derecho. Lo mismo ocurre sobre los agravios referidos a quien le corresponde el derecho de uso de la naciente, si a la parte demandada que indica ya tiene el uso exclusivo a través de la concesión administrativa declarada a su favor, o si el actor no tendría tal derecho dado que no ha iniciado los respectivos trámites para obtener dicha concesión ante el ente Administrativo de Aguas, ya que no prueba concesión de aguas a su favor o si la misma será sobrevenida como consecuencia de algún  trámite pendiente. Tales aspectos no son de análisis en esta etapa inicial, donde para el dictado de la medida cautelar que aprobó la a-quo, bastaba con demostrar: 1) la existencia de la actividad agrícola, 2)  que había venido utilizando el agua a través de la tubería que logró constatar en el campo, y 3)  que de dicha agua es necesario para la continuidad de la producción, no siendo viable la opción de utilizar el agua potable de uso preferente para consumo humano si es que a esas otras opciones de agua son a las que hace referencia la impugnante.  Al constarse estos tres aspectos, se cumple con lo dispuesto en el artículo 489 del Código de Trabajo que indica es factible el dictado de la medida cautelar para la preservación del ejercicio de un futuro derecho, así como cualquier otra medida atípica necesaria para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Se debe entonces,  a través de esta medida cautelar, garantizar la continuidad de la actividad productiva con el uso del agua que se venía dando a través de la tubería en conflicto, manteniendo con ello el estado actual de las cosas hasta tanto en sentencia se determine con prueba abundante cual de las dos partes lleva razón en el derecho que alegan, y si alguno de los dos contendientes tienen actuación ilegal, pues esa ilegalidad que aduce el apelante que tiene el actor, por falta de la concesión, es parte del derecho de fondo que ha analizarse en sentencia y si esto afecta o no a la constitución del derecho que pretende para sí el accionante.- Tampoco es factible en esta medida  entrar a analizar la existencia o no de un litis consorcio necesario respecto a la representación estatal, lo cual sería de análisis para el proceso principal en caso de que allí se excepcione, dada la naturaleza provisional de este proceso cautelar.- Para generar un equilibrio procesal entre las partes, de oficio en carácter de contracautela se dispone: se previene a la parte  actora debe abstenerse de modificar la naturaleza actual del terreno de la parte demandada; es decir, el paso sólo se autoriza cuando sea estrictamente necesario para el mantenimiento de las tuberías actuales, sin que pueda ampliar el sendero, ni introducir nueva infraestructura en el terreno de la parte demandada. La actora debe abstenerse de contaminar la fuente de agua en cuestión.- Se indica esta medida cautelar es provisional, hasta tanto no existan otros elementos probatorios que puedan variar la situación fáctica. Por lo expuesto, se confirma lo resuelto en lo que ha sido objeto de apelación.\"\n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina\nTexto de la resolución\n\nFirmar Documento\n\n*190000700699AG*\n\n \n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\nEXPN1 - 3\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nMEDIDA CAUTELAR\n\n\n\n\nACTOR/A:\n\n\t\n\nADOLFO MONGE ALTAMIRANO\n\n\n\n\nDEMANDADO/A:\n\n\t\n\n[Nombre3]     \n\n \n\n \n\nVOTO N° 366-F-2020\n\n \n\n TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las catorce horas y cincuenta y cinco minutos del veinticuatro de abril de dos mil veinte.-\n\n MEDIDA CAUTELAR incoado por [Nombre1]  , adulto mayor, agricultor, vecino de Dota, cédula de identidad CED1 -      -    ; y [Nombre2]  , mayor, agricultor, vecino de Dota, cédula de identidad CED2 -   -     contra [Nombre3]   , adulta mayor, divorciada una vez, empresaria, vecina de Dota, cédula de identidad CED3 -     -    . Actúa como defensor público de la parte actora, el licenciado Jesús Chaves Mora; de la demandada [Nombre3] , la letrada Patricia Vanolli, de calidades desconocidas en autos. Tramitado ante el Juzgado Agrario de Cartago.-\n\n Redacta la jueza ALVARADO PANIAGUA, y ;\n\nCONSIDERANDO:\n\n I.-  Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se tiene como hecho probado lo siguiente: La parte actora tiene en su terreno cultivos de manzana y aguacate en su totalidad, siendo sembrado aproximadamente cinco mil metros cuadrados, siendo que venía utilizando para el riego de los mismos la red de cañería que transcurría de la finca de la parte demandada y tomaba el agua de una naciente dentro del inmueble de la demandada.- (Ver reconocimiento judicial en imágenes 48-49 del expediente en formato PDF).- 2) Se observó en la colindancia de ambas partes, un tubo cortado y una cerca con siete hilos de alambre que modifica la cerca anterior para impedir el paso hacia la naciente.- (Misma cita anterior).-\n\n II.- La demandada apela  con nulidad concomitante la resolución de las ocho horas treinta minutos del once de octubre del dos mil diecinueve, al considerar debe declararse la nulidad del reconocimiento judicial pues éste se realizó antes de que fuera notificada de la demanda con la antelación debida, lo que la coloca en estado de indefensión y viola el debido proceso y derecho de defensa, por lo que no estuvo presente en la realización de esta prueba. Además, al analizarse ese reconocimiento judicial como única prueba sin que se tome en cuenta la prueba de descargo, de la cual ni siquiera se hace mención, siendo que se omite los alegatos efectuados al respecto en la audiencia conferida sobre esta única prueba, con entera prescindencia de todas las demás, siendo una omisión de valoración de prueba ofrecida, la cual no se consideró en su conjunto. Indica la demandada es la propietaria registral y en ejercicio del dominio de su fundo, sobre el cual no pesa gravamen alguno, por lo que puede ejercer su derecho de defensa y cerramiento, que fue lo que hizo al modificar la cerca que impidiera el paso de una persona, siendo amparada por lo dispuesto en el artículo 302 y 295 del Código Civil. Es un derecho pleno que ejerce sobre su predio y donde no existe permiso de paso, de uso y aprovechamiento de aguas de persona alguna, ni mucho menos alegar derechos como el de servidumbre de cualquier especie constituida a favor del predio de los demandantes o de uso y aprovechamiento de agua. Cualquier derecho que consideren los demandantes no ha sido acreditado más que por sus propios dichos y no por cualquier medio probatorio. Indica, según lo estipulado en el artículo 4 de la Ley de Aguas 276, que las aguas de dominio privado pertenecen al dueño del terreno, por lo que la demandada está en ejercicio de sus derechos legalmente amparados con su dominio a título de propietaria, máxime cuenta con concesión de uso de aguas sobre la naciente y quebrada de marras por parte de la resolución R-10772019 Aguas-Minae de las 8 horas 34 minutos del 12 de junio del 2019 de la Dirección de Aguas, lo que tiene la entera exclusividad sobre ese recurso hídrico. Aduce en el reconocimiento judicial no hay certeza se haya realizado en la finca de los actores matrícula de folio real CED4 plano catastrado 1-2045363-2018 o en otro, sino tan solo en forma genérica indica se encuentran en el lugar conocido como Río Blanco, Copey de Dota, siendo así consignado en el reconocimiento judicial, por lo que es una prueba nula. Tampoco se constata el área total del inmueble, pues lo que tienen son varios derechos de esa finca no individualizados legalmente, lo que tampoco fue consignado en el acta, fundo el cual adquirieron recientemente el 23 de agosto del 2018 como copropietarios, siendo una prueba incompleta y parcial con solo el dicho de un copropietario y no de la totalidad de ellos. Indica tampoco se probó  la existencia de trámites para obtener la debida concesión de aguas sobre su finca ante la Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente, por lo que induce en forma errónea e ilegal al Despacho a instaurar medidas cautelares improponibles sobre un fundo ajeno a fin de defraudar al Estado. Indica no se analiza el documento de evaluación ambiental D2 de los actores, donde consta el proyecto cuenta con agua propia y no tienen necesidad alguna para abastecerse de vecino alguno, lo cual sin concesión es usurpación de aguas del dominio público y nada de esto fue valorado, siendo que no existe peligro de demora ni apariencia de buen derecho, por lo que deben revocarse las medidas solicitadas. Impugna también el que no se haya integrado la litis con relación a la Procuraduría General   de la República pues es parte interesada dado el uso del recurso hídrico siendo de su propiedad como dominio público.- (Ver escrito de apelación en archivo del 16/10/2019 13:42:42).-\n\n III.- Respecto al primer motivo referido a la nulidad del reconocimiento judicial y de la resolución por no haberse realizado ante su presencia, y por haberse omitido la debida notificación con la debida antelación, se  resuelve: En primer término ha de indicarse que el artículo 486 párrafo segundo del Código de Trabajo de aplicación supletoria a la materia agraria por remisión del artículo 26 de la Ley de Jurisdicción Agraria,  otorga la posibilidad de realización anticipada de esta prueba sin la presencia de la parte, a la que se le pondrá en conocimiento posteriormente o se tendrá por notificada con su apersonamiento al proceso según lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Notificaciones Judiciales.  El artículo 26 párrafo segundo de la Ley de Jurisdicción Agraria dispone lo siguiente: \" Cuando sea del caso, los tribunales podrán, por iniciativa propia, declarar nulidades y disponer la reposición de trámites, a fin de corregir irregularidades que pudieran afectar la validez del proceso, e igualmente están autorizados ante el silencio de la ley, para aplicar, por analogía, las normas de la legislación laboral, o en su defecto, el código de procedimientos respectivo, con el objeto de proveer la debida celeridad y eficacia al proceso\". ( El subrayado es nuestro). Se desprende de esta norma que la declaratoria de nulidades y reposición de trámites para subsanar el proceso, y la aplicación supletoria de normativa procesal lo es con el objeto de dar celeridad y eficacia al proceso. Es decir, en atención a ese objeto es de aplicación el principio de conservación de los actos procesales por economía procesal, siempre y cuando se resguarde el derecho de defensa de las partes, garantizándose el principio del contradictorio que lo ejerce la apelante al contestar la audiencia donde se le puso en conocimiento el resultado del reconocimiento judicial,  y en esta instancia oponiendo sus argumentos teniendo la posibilidad de ofrecer contra prueba pertinente.  Al apersonarse al proceso asume el conocimiento de todo lo actuado y al otorgarse la audiencia sobre el reconocimiento judicial,  tuvo la oportunidad de ejercer el principio del contradictorio al contestar la misma, sin que se observe haya un menoscabo en el derecho de defensa como lo afirma la  apelante.  La siguiente oportunidad es en el momento de impugnación de la medida cautelar donde se observa la prueba y argumentos a los que nos referiremos posteriormente. Lo anterior también encuentra sustento en lo estipulado en el artículo 474 del Código de Trabajo y de aplicación supletoria a esta materia, dispone que: \"Los vicios procesales deberán ser corregidos, subsanados o saneados y la nulidad se decretará, únicamente, cuando la subsanación no sea posible; pero en tal caso se procurará siempre evitar la pérdida, repetición o destrucción innecesarias de etapas del proceso, los actos o las diligencias cumplidos y se conservarán todas las actuaciones que en sí mismas sean válidas, de modo que puedan ser aprovechadas, una vez que el proceso se ajuste a la normalidad\".  En el caso concreto resulta innecesario la destrucción de la prueba de reconocimiento judicial que refleja lo observado en el campo por la persona juzgadora, dado que  la parte demandada tiene a través de la materia recursiva hacer valer sus puntos de vista sobre el reconocimiento judicial realizado sin su presencia, pero al apersonarse al proceso y notificarle la audiencia sobre el resultado del reconocimiento judicial,  pudo solicitar la ampliación sobre aspectos puntuales, siendo de esta forma que se logra el equilibrio procesal, sin que sea necesario anular el reconocimiento judicial o la resolución impugnada por ese motivo. Igualmente, tampoco es motivo de nulidad el que no se valorara el resto de la prueba aportado por la parte actora, pues no se está en el pronunciamiento de fondo del conflicto, basta en esta etapa inicial determinar la urgencia de la medida. La prueba documental ofrecida, será de interés para cuando se resuelva por el fondo del asunto, pues no incide en el motivo principal que es determinar la urgencia o no del uso del agua que fue suprimido.- Por lo expuesto se rechaza la nulidad planteada.-\n\n    IV.-   En cuanto a los argumentos de fondo, respecto a los presupuestos procesales de las medidas cautelares, que indica el apelante no se cumplen, tampoco son de recibo.- Nótese la a-quo observó la existencia de una finca dedicada al cultivo de manzanas y aguacate en su totalidad,  requiriendo del agua que se viene aprovechando de la finca del demandado hacia la finca del actor y que es canalizada a través de una tubería para  desarrollar su actividad agrícola.  (ver reconocimiento judicial en imágenes 48-49 del expediente formato PDF).-   Lo anterior es contrario a lo afirmado por la  recurrente en uno de sus agravios, quien dice no se identifica la finca en el reconocimiento judicial, pues de forma genérica se indicó solo su ubicación en el Cantón, pero no se detalló el número de matrícula y plano correspondiera al inmueble en cuestión. Al constatar la a-quo se trata de un terreno con cultivos de manzana y aguacate y que se desarrollan por el uso de agua que viene entubada desde la naciente del terreno de la parte demandada, donde coinciden las características de la existencia de una cerca nueva a siete hilos de alambre que se distingue del resto de la cerca existente entre ambos fundos, así como la existencia de tubería cortada, permite concluir dicho reconocimiento fue realizado en el sitio en conflicto y no otro. La parte demandada no desvirtúa tales características presentes in situ, como para pensar el reconocimiento fue realizado en otro inmueble distinto. La misma apelante, indica como parte de sus agravios, que está en su derecho de exclusión y defensa la colocación de la cerca en protección de su derecho de propiedad. Siendo tal característica sobre la existencia de la cerca que permite concluir se trata ambos fundos los involucrados en esta causa y no otro ajeno al conflicto. Así como no es motivo de nulidad el no haberse identificado el área que corresponde a los derechos que tiene como copropietario, pues el artículo 270 del Código Civil establece: “ Cuando una cosa pertenezca simultáneamente a dos o más personas; los dueños ejercen conjuntamente todos los derechos del propietario singular, en proporción a la parte que cada uno tenga en la propiedad común.” Todo copropietario puede accionar en favor del resto de copropietarios, para su beneficio, principio contenido en el artículo 864 del Código Civil. Es decir, si se pretende el reconocimiento del derecho de uso de aguas a favor del fundo en copropiedad, ello le beneficia tanto a quien lo solicita como al resto de sus copropietarios, de allí no se comparte el agravio de la recurrente al indicar debe contarse con la presencia del resto del copropietarios, así como la localización y materialización de los derechos indivisos de la parte actora, pues es en beneficio de todos y no les perjudica.  También se constata del citado reconocimiento judicial, que las tuberías transportan el agua necesaria para la continuidad del cultivo de manzanas y aguacate, como se indica se ha venido haciendo desde hace tiempo, dado las manzanas ya están cosechando al momento del reconocimiento por parte de la a-quo, por lo que no se trata de un cultivo recién sembrado. La apelante indica la finca de la parte actora tiene su propia agua, lo cual no tendría que acudir a tomar agua de su naciente, sin embargo, no existe prueba de su dicho, pues del reconocimiento judicial no se observó otra fuente de agua que sea para el abastecimiento para el riego de sus cultivos. No tendría porque ahora modificarse esa actividad. Siendo que con la medida cautelar, se pretende el mantenimiento del estado actual de las cosas tal y como se venían dando, según lo afirma el actor en su escrito inicial y  que no ha sido controvertido su uso al contestar la acción, ya que en su misma contestación, refiere a la existencia de la cerca que se indica es la que impide el paso, y que aduce la apelante está en su derecho a cerrar con base en los artículos 302 y 295 del Código Civil , que indica puede actuar en defensa de su derecho de propiedad y con base en su título como dueña del inmueble tiene derecho a impedir a quienes le inquieten. Si la demandada tenía o no derecho a cerrar el paso y a impedir el uso del agua ubicado en su propiedad, es un aspecto de derecho de fondo que se debe demostrar en la fase conclusiva y analizarse en la sentencia, y no siendo este momento procesal idóneo dado que se está en un juicio de verosimilitud en la etapa inicial del proceso, donde aún falta por evacuar la etapa probatoria en la que el cuadro fáctico podría cambiar e incidir en esta medida cautelar que es temporal hasta que se resuelva en definitiva este asunto.- La prueba principal para determinar la procedencia de la medida cautelar es el reconocimiento judicial, incluso es factible sea la única prueba suficiente para acoger una medida cautelar, sin que sea necesario acudir a la valoración de documentos que se relacionan más con el pronunciamiento de fondo en sentencia y no siendo de interés para la medida cautelar que es propia de la etapa inicial. Igual ocurre con el agravio referido a que debió demostrar el derecho sobre el uso del agua, lo cual ha de analizarse en sentencia sobre si el actor tenía o no derecho de uso del agua en cuestión. Igualmente, no se determinó en el reconocimiento judicial que el inmueble de la parte actora tuviera agua de otros medios distintos al que se toma de la naciente, para ser utilizado para el riego de cultivos; ello se dilucidará en sentencia, pues basta a esta altura procesal contar con un juicio de verosimilitud sobre el antecedente del uso del agua entre ambos fundos, sobre lo cual se admite en la contestación de demanda al aceptar cerró el paso con la cerca y afirma ser quien puede aprovecharla el agua debido a la concesión que le fuera otorgada, con exclusión del actor, que no cuenta con alguna concesión de agua como lo afirma en su apelación.-   Aduce el apelante, existe para la finca del actor otro abastecimiento de agua, pero no aporta prueba de ello, sin embargo sea que se trate del servicio público de agua en el sector, este argumento no sería de recibo, pues el agua potable que se brinda por el servicio público, es para consumo humano, siendo ese su uso prioritario. No es concebible se utilice agua potable para el riego de cultivos, porque incide en la escasez del servicio a la comunidad. La Ley de Aguas en su artículo 27, dispone como prioridad el uso del agua para consumo humano y luego de ello el resto de actividades productivas. En tiempos donde es un hecho público y notorio la existencia del calentamiento global y la escasez de agua potable para las comunidades, es insensato ordenar el uso de agua potable que se brinda como servicio público, pues es ir en detrimento del derecho al agua de los miembros de esa comunidad, y un desperdicio del preciado líquido, además de que encarecería los costos de la producción agraria. Deberá mantenerse hasta que en sentencia se determine si la parte actora tenía derecho a ello o no, o de tenerlo cuáles serían las condiciones,  siendo tales aspectos de fondo que se determinarán en la fase conclusiva, no siendo relevante determinar en esta etapa inicial. Será en sentencia donde se determinará si el uso de agua de la naciente le correspondía en derecho. Lo mismo ocurre sobre los agravios referidos a quien le corresponde el derecho de uso de la naciente, si a la parte demandada que indica ya tiene el uso exclusivo a través de la concesión administrativa declarada a su favor, o si el actor no tendría tal derecho dado que no ha iniciado los respectivos trámites para obtener dicha concesión ante el ente Administrativo de Aguas, ya que no prueba concesión de aguas a su favor o si la misma será sobrevenida como consecuencia de algún  trámite pendiente. Tales aspectos no son de análisis en esta etapa inicial, donde para el dictado de la medida cautelar que aprobó la a-quo, bastaba con demostrar: 1) la existencia de la actividad agrícola, 2)  que había venido utilizando el agua a través de la tubería que logró constatar en el campo, y 3)  que de dicha agua es necesario para la continuidad de la producción, no siendo viable la opción de utilizar el agua potable de uso preferente para consumo humano si es que a esas otras opciones de agua son a las que hace referencia la impugnante.  Al constarse estos tres aspectos, se cumple con lo dispuesto en el artículo 489 del Código de Trabajo que indica es factible el dictado de la medida cautelar para la preservación del ejercicio de un futuro derecho, así como cualquier otra medida atípica necesaria para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. Se debe entonces,  a través de esta medida cautelar, garantizar la continuidad de la actividad productiva con el uso del agua que se venía dando a través de la tubería en conflicto, manteniendo con ello el estado actual de las cosas hasta tanto en sentencia se determine con prueba abundante cual de las dos partes lleva razón en el derecho que alegan, y si alguno de los dos contendientes tienen actuación ilegal, pues esa ilegalidad que aduce el apelante que tiene el actor, por falta de la concesión, es parte del derecho de fondo que ha analizarse en sentencia y si esto afecta o no a la constitución del derecho que pretende para sí el accionante.- Tampoco es factible en esta medida  entrar a analizar la existencia o no de un litis consorcio necesario respecto a la representación estatal, lo cual sería de análisis para el proceso principal en caso de que allí se excepcione, dada la naturaleza provisional de este proceso cautelar.- Para generar un equilibrio procesal entre las partes, de oficio en carácter de contracautela se dispone: se previene a la parte  actora debe abstenerse de modificar la naturaleza actual del terreno de la parte demandada; es decir, el paso sólo se autoriza cuando sea estrictamente necesario para el mantenimiento de las tuberías actuales, sin que pueda ampliar el sendero, ni introducir nueva infraestructura en el terreno de la parte demandada. La actora debe abstenerse de contaminar la fuente de agua en cuestión.- Se indica esta medida cautelar es provisional, hasta tanto no existan otros elementos probatorios que puedan variar la situación fáctica. Por lo expuesto, se confirma lo resuelto en lo que ha sido objeto de apelación.-\n\nPOR TANTO:\n\n     Se rechaza la nulidad y se confirma la resolución impugnada en lo que ha sido objeto de apelación. De oficio en carácter de contracautela se dispone: se previene a la parte  actora debe abstenerse de modificar la naturaleza actual del terreno de la parte demandada; es decir, el paso sólo se autoriza cuando sea estrictamente necesario para el mantenimiento de las tuberías actuales, sin que pueda ampliar el sendero, ni introducir nueva infraestructura en el terreno de la parte demandada. La actora debe abstenerse de contaminar la fuente de agua en cuestión.-\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\t\n\n*EPYJBGUAVGC61*\n\nEPYJBGUAVGC61\n\n[Nombre4]   - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n\n\n\n*O4SUUO5VNQE61*\n\nO4SUUO5VNQE61\n\n[Nombre5]    - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n*RMOFIP4EDXO61*\n\nRMOFIP4EDXO61\n\n[Nombre6]   - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\n\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n \n\nEXP: EXPN1\n\nII Circuito Judicial San José, [Dirección1] ,     , [Dirección2]  de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...]\n\n \n\nClasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 00:28:57.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "**I.** Proven facts: For the resolution of this matter, the following is taken as a proven fact: The plaintiff party has on their land crops of apples and avocados in their entirety, with approximately five thousand square meters planted, and had been using for the irrigation of the same the pipeline network that ran from the farm of the defendant party and took the water from a spring (naciente) within the defendant's property. (See on-site judicial inspection (reconocimiento judicial) in images 48-49 of the file in PDF format). 2) It was observed on the boundary line of both parties, a cut pipe and a fence with seven strands of wire that modifies the previous fence to prevent passage to the spring (naciente). (Same previous citation).\n\n**II.** The defendant appeals, with concomitant nullity, the resolution of eight thirty in the morning of October eleventh, two thousand nineteen, considering that the nullity of the on-site judicial inspection (reconocimiento judicial) must be declared because it was carried out before she was notified of the lawsuit with due anticipation, which places her in a state of defenselessness and violates due process and the right of defense, such that she was not present at the taking of this evidence. Furthermore, when analyzing that on-site judicial inspection (reconocimiento judicial) as the only evidence without taking into account the exculpatory evidence, which is not even mentioned, the arguments made in this regard at the hearing granted on this sole evidence are omitted, with complete disregard of all others, being an omission in the assessment of the evidence offered, which was not considered as a whole. The defendant indicates she is the registered owner and in exercise of the dominion of her farm, upon which no encumbrance of any kind lies, and therefore she can exercise her right of defense and enclosure, which is what she did by modifying the fence that prevented the passage of a person, being protected by the provisions of article 302 and 295 of the Civil Code. It is a full right she exercises over her property and where there is no permission for passage, for the use and exploitation of waters by any person, much less to claim rights such as an easement (servidumbre) of any kind constituted in favor of the plaintiffs' property or for the use and exploitation of water. Any right the plaintiffs may consider has not been accredited other than by their own statements and not by any evidentiary means. She indicates, according to the stipulations of article 4 of the Water Law 276, that privately owned waters belong to the owner of the land, such that the defendant is in exercise of her rights legally protected by her dominion as owner, especially since she has a water use concession over the spring (naciente) and the stream in question by resolution R-10772019 Aguas-Minae at 8:34 a.m. on June 12, 2019, from the Water Directorate (Dirección de Aguas), meaning she has complete exclusivity over that water resource. She argues that in the on-site judicial inspection (reconocimiento judicial) there is no certainty it was carried out on the plaintiffs' farm, real estate folio registration CED1 cadastral map 1-2045363-2018, or on another one, rather it only generically indicates they are in the place known as Río Blanco, Copey de Dota, being so recorded in the on-site judicial inspection (reconocimiento judicial), which makes it null evidence. Nor is the total area of the property verified, since what they have are various rights to that farm not legally individualized, which was also not recorded in the minutes, a farm they recently acquired on August 23, 2018, as co-owners, being incomplete and partial evidence with only the statement of one co-owner and not the totality of them. She indicates that the existence of proceedings to obtain the proper water concession on her farm before the Water Directorate (Dirección de Aguas) of the Ministry of Environment was also not proven, so it mistakenly and illegally induces the Court to institute unsuitable precautionary measures (medidas cautelares) on an unrelated farm in order to defraud the State. She indicates that the environmental assessment document D2 of the plaintiffs is not analyzed, where it is recorded that the project has its own water and has no need whatsoever to supply itself from any neighbor, which without a concession is water usurpation from the public domain and none of this was assessed, given that there is no danger of delay or appearance of good right, therefore the requested measures should be revoked. She also challenges that the litis was not integrated with respect to the Office of the Attorney General of the Republic, as it is an interested party given the use of the water resource being its property as public domain. (See appeal brief in file dated 10/16/2019 13:42:42).\n\n**III.** Regarding the first reason referring to the nullity of the on-site judicial inspection (reconocimiento judicial) and of the resolution for not having been carried out in her presence, and for having omitted proper notification with due anticipation, we resolve: In the first place, it must be indicated that article 486, second paragraph of the Labor Code, of supplementary application to agrarian matters by remission of article 26 of the Agrarian Jurisdiction Law, grants the possibility of the anticipatory taking of this evidence without the presence of the party, who will be informed of it subsequently or will be deemed notified upon their appearance in the process according to the provisions of article 10 of the Judicial Notifications Law. Article 26, second paragraph of the Agrarian Jurisdiction Law provides the following: \"When applicable, the courts may, on their own initiative, declare nullities and order the reinstatement of proceedings, in order to correct irregularities that could affect the validity of the process, and are equally authorized in the absence of law, to apply, by analogy, the norms of labor legislation, or failing that, the respective procedural code, with the purpose of providing due speed and effectiveness to the process.\" (The underlining is ours). It follows from this norm that the declaration of nullities and reinstatement of proceedings to rectify the process, and the supplementary application of procedural regulations, is for the purpose of giving speed and effectiveness to the process. That is, in light of that purpose, the principle of conservation of procedural acts for procedural economy applies, provided that the right of defense of the parties is safeguarded, guaranteeing the adversarial principle which the appellant exercises by answering the hearing where she was informed of the result of the on-site judicial inspection (reconocimiento judicial), and in this instance by opposing her arguments and having the possibility of offering pertinent counter-evidence. Upon appearing in the process, she assumes knowledge of all actions taken and by being granted the hearing regarding the on-site judicial inspection (reconocimiento judicial), she had the opportunity to exercise the adversarial principle by answering it, without it being observed that there is an impairment to the right of defense as the appellant affirms. The next opportunity is at the moment of challenging the precautionary measure (medida cautelar) where the evidence and arguments to which we will refer later are observed. The foregoing also finds support in what is stipulated in article 474 of the Labor Code and of supplementary application to this matter, which provides that: \"Procedural defects must be corrected, remedied, or cured and nullity shall be decreed, only when cure is not possible; but in such a case, the unnecessary loss, repetition, or destruction of stages of the process, the acts, or the completed proceedings shall always be avoided and all actions that in themselves are valid shall be conserved, so that they can be utilized, once the process is adjusted to normalcy.\" In the specific case, the destruction of the on-site judicial inspection (reconocimiento judicial) evidence that reflects what was observed in the field by the judging person is unnecessary, given that the defendant party has, through appellate matters, the ability to assert her points of view regarding the on-site judicial inspection (reconocimiento judicial) carried out without her presence, but upon appearing in the process and being notified of the hearing regarding the result of the on-site judicial inspection (reconocimiento judicial), she could have requested an extension on specific aspects, thus achieving procedural balance, without it being necessary to annul the on-site judicial inspection (reconocimiento judicial) or the challenged resolution for that reason. Likewise, it is also not a reason for nullity that the rest of the evidence provided by the plaintiff party was not assessed, since we are not at the final pronouncement on the merits of the conflict; at this initial stage, it is sufficient to determine the urgency of the measure.\n\n**IV.** Regarding the substantive arguments, concerning the procedural prerequisites for precautionary measures (medidas cautelares), which the appellant indicates are not met, these are also not admissible. Note that the lower court judge (a-quo) observed the existence of a farm entirely dedicated to the cultivation of apples and avocados, requiring the water that was being utilized from the defendant's farm towards the plaintiff's farm and that is channeled through a pipeline to develop their agricultural activity. (See on-site judicial inspection (reconocimiento judicial) in images 48-49 of the file in PDF format). The foregoing is contrary to what the appellant affirmed in one of her grievances, saying the farm is not identified in the on-site judicial inspection (reconocimiento judicial), as only its location in the Canton was generically indicated, but the registration number and map corresponding to the property in question were not detailed. Upon verifying, the lower court judge (a-quo) that it is a piece of land with apple and avocado crops and that they are developed through the use of water that comes piped from the spring (naciente) on the defendant party's land, where the characteristics of the existence of a new fence with seven strands of wire that is distinct from the rest of the fence existing between both farms coincide, as well as the existence of a cut pipeline, allows concluding that said on-site judicial inspection (reconocimiento judicial) was carried out at the site in conflict and not another. The defendant party does not disprove such characteristics present in situ, enough to think the on-site judicial inspection (reconocimiento judicial) was carried out on a different property. The appellant herself indicates, as part of her grievances, that she is within her right of exclusion and defense in placing the fence to protect her right of property. Such a characteristic regarding the existence of the fence allows concluding that both farms are those involved in this case and not another unrelated to the conflict. Likewise, it is not a reason for nullity that the area corresponding to the rights held as a co-owner was not identified, as article 270 of the Civil Code establishes: \"When a thing belongs simultaneously to two or more persons; the owners jointly exercise all the rights of a single owner, in proportion to the share each one has in the common property.\" Every co-owner can take action on behalf of the rest of the co-owners, for their benefit, a principle contained in article 864 of the Civil Code. That is, if the recognition of the right of water use is sought in favor of the farm in co-ownership, this benefits both the one who requests it and the rest of the co-owners; hence, we do not share the appellant's grievance in indicating that the presence of the rest of the co-owners is required, nor the location and materialization of the undivided rights of the plaintiff party, as it is for the benefit of all and does not harm them. It is also confirmed from the cited on-site judicial inspection (reconocimiento judicial) that the pipelines transport the water necessary for the continuity of the apple and avocado cultivation, as indicated has been done for some time, given the apples were already being harvested at the time of the inspection by the lower court judge (a-quo), therefore it is not a recently planted crop. The appellant indicates the plaintiff party's farm has its own water, meaning it would not have to resort to taking water from her spring (naciente); however, there is no proof of her statement, since during the on-site judicial inspection (reconocimiento judicial), no other water source for supplying the irrigation of their crops was observed. There would be no reason to now modify that activity. Given that, with the precautionary measure (medida cautelar), the maintenance of the current state of things is sought just as they had been taking place, as affirmed by the plaintiff in his initial brief and whose use has not been contested when answering the action, since in his very answer, he refers to the existence of the fence that is indicated as the one preventing passage, and which the appellant argues she has the right to close based on articles 302 and 295 of the Civil Code, which indicate she may act in defense of her property right and based on her title as owner of the property has the right to exclude anyone who disturbs her. Whether or not the defendant had the right to close the passage and to prevent the use of the water located on her property is a substantive legal aspect that must be demonstrated in the concluding phase and analyzed in the judgment, and this procedural moment is not suitable given that we are in a plausibility assessment at the initial stage of the process, where the evidentiary phase has yet to be completed, during which the factual picture could change and influence this precautionary measure (medida cautelar) which is temporary until this matter is definitively resolved. The main evidence for determining the appropriateness of the precautionary measure (medida cautelar) is the on-site judicial inspection (reconocimiento judicial); it is even feasible that it is the only sufficient evidence to grant a precautionary measure (medida cautelar), without it being necessary to resort to the assessment of documents that relate more to the final pronouncement in the judgment and are not of interest for the precautionary measure (medida cautelar) which is typical of the initial stage. The same occurs with the grievance referring to the fact that the right over the water use should have been demonstrated, which must be analyzed in the judgment regarding whether or not the plaintiff had the right of use of the water in question. Equally, it was not determined in the on-site judicial inspection (reconocimiento judicial) that the plaintiff party's property had water from other means different from what is taken from the spring (naciente), to be used for crop irrigation; that will be clarified in the judgment, as at this procedural stage it is sufficient to have a plausibility assessment regarding the antecedent of water use between the two farms, about which it is admitted in the answer to the lawsuit when she accepts she closed the passage with the fence and affirms she is the one who can exploit the water due to the concession granted to her, with the exclusion of the plaintiff, who does not have any water concession as she affirms in her appeal. The appellant argues there exists another water supply for the plaintiff's farm, but does not provide proof thereof; however, whether this refers to public water service in the sector, this argument would not be admissible, since the potable water provided by the public service is for human consumption, that being its priority use. It is not conceivable to use potable water for crop irrigation, because it affects the scarcity of service to the community. The Water Law, in its article 27, provides as a priority the use of water for human consumption and after that the rest of productive activities. In times when global warming and the scarcity of potable water for communities are a public and notorious fact, it is senseless to order the use of potable water provided as a public service, as it would be to the detriment of the right to water of the members of that community, and a waste of the precious liquid, besides making agricultural production costs more expensive. The current situation must be maintained until the judgment determines whether the plaintiff party had the right to it or not, or if having it, what the conditions would be, these being substantive aspects that will be determined in the concluding phase, not being relevant to determine at this initial stage. It will be in the judgment where it will be determined if the use of water from the spring (naciente) corresponded to them in law. The same happens regarding the grievances concerning who has the right of use of the spring (naciente), whether the defendant party who indicates she already has exclusive use through the administrative concession declared in her favor, or if the plaintiff would not have such a right given that he has not initiated the respective procedures to obtain said concession before the Administrative Water Entity, as he does not prove a water concession in his favor or whether it will occur subsequently as a consequence of some pending procedure. Such aspects are not for analysis at this initial stage, where for the issuance of the precautionary measure (medida cautelar) that the lower court judge (a-quo) approved, it was sufficient to demonstrate: 1) the existence of the agricultural activity, 2) that the water had been used through the pipeline that could be verified in the field, and 3) that said water is necessary for the continuity of production, the option of using potable water preferentially for human consumption not being viable, if those other water options are what the challenger refers to. By confirming these three aspects, the provisions of article 489 of the Labor Code are met, which indicates that the issuance of a precautionary measure (medida cautelar) for the preservation of the exercise of a future right is feasible, as well as any other atypical measure necessary to protect and guarantee, provisionally, the purpose of the process and the effectiveness of the judgment. Therefore, through this precautionary measure (medida cautelar), the continuity of the productive activity must be guaranteed with the use of the water that had been obtained through the pipeline in conflict, thereby maintaining the current state of things until a judgment determines with abundant evidence which of the two parties is right in the right they claim, and if any of the two contenders is acting illegally, as the illegality the appellant claims the plaintiff has, for lack of the concession, is part of the substantive right to be analyzed in the judgment and whether this affects or not the constitution of the right the claimant seeks for himself. It is also not feasible in this measure to analyze the existence or not of a necessary joinder of parties regarding the state representation, as this would be for analysis in the main process if an exception is made there, given the provisional nature of this precautionary process. To generate a procedural balance between the parties, this court, on its own motion, orders as a counter-security (contracautela): the plaintiff party is warned they must refrain from modifying the current nature of the defendant party's land; that is, passage is only authorized when strictly necessary for the maintenance of the current pipelines, without being able to widen the path, nor introduce new infrastructure on the defendant party's land. The plaintiff must refrain from contaminating the water source in question. It is indicated that this precautionary measure (medida cautelar) is provisional, until such time as there are other evidentiary elements that may vary the factual situation. Based on the foregoing, the resolution is confirmed insofar as it has been the subject of appeal.\n\nThe documentary evidence offered will be relevant when the merits of the matter are decided, as it does not affect the main issue, which is determining the urgency or lack thereof regarding the use of the water that was cut off.- For the foregoing reasons, the motion to nullify is rejected.-\n\n IV.- Regarding the substantive arguments concerning the procedural prerequisites for precautionary measures, which the appellant claims have not been met, they are likewise inadmissible.- Note that the lower court observed the existence of a farm entirely dedicated to the cultivation of apples and avocados, requiring the water that has been utilized from the defendant's farm to the plaintiff's farm and which is channeled through a pipeline to carry out its agricultural activity. (see judicial inspection (reconocimiento judicial) in images 48-49 of the PDF-format case file).- The foregoing is contrary to what was asserted by the appellant in one of her grievances, who states that the farm is not identified in the judicial inspection (reconocimiento judicial), since only its location in the Canton was generically indicated, but the registration number and plat corresponding to the property in question were not detailed. Upon the lower court verifying that it is a piece of land with apple and avocado crops, which are sustained by the use of water piped from the spring (naciente) on the defendant party's land, where the characteristics coincide with the existence of a new seven-strand wire fence that is distinguishable from the rest of the existing fence between both properties, as well as the existence of cut piping, this allows the conclusion that said inspection (reconocimiento) was conducted at the site in conflict and not another. The defendant party does not refute such characteristics present in situ, so as to suggest the inspection (reconocimiento) was conducted on a different property. The appellant herself indicates, as part of her grievances, that she is within her right of exclusion and defense to install the fence in protection of her property right. This very characteristic regarding the existence of the fence allows the conclusion that the two properties involved are those in this case and not others unrelated to the conflict. Likewise, the failure to identify the area corresponding to the rights she holds as a co-owner is not grounds for nullity, as Article 270 of the Civil Code establishes: “When a thing belongs simultaneously to two or more persons; the owners jointly exercise all the rights of a sole owner, in proportion to the share each one has in the common property.” Any co-owner may bring an action on behalf of the other co-owners, for their benefit, a principle contained in Article 864 of the Civil Code. That is, if recognition of the right to use water is sought in favor of the co-owned property, it benefits both the party requesting it and the rest of the co-owners; therefore, the appellant's grievance is not shared when she indicates that the presence of the other co-owners, as well as the location and materialization of the plaintiff party's undivided rights, must be required, since it is for the benefit of all and does not harm them. It is also verified from said judicial inspection (reconocimiento judicial) that the pipelines transport the water necessary for the continuity of the apple and avocado cultivation, as indicated, it has been done for some time, given that the apples are already being harvested at the time of the inspection (reconocimiento) by the lower court, so it is not a recently planted crop. The appellant indicates the plaintiff party's farm has its own water, which would mean it would not need to take water from her spring (naciente); however, there is no proof of her claim, since from the judicial inspection (reconocimiento judicial) no other water source was observed that could supply the irrigation for its crops. There would be no reason to now modify that activity. Given that the precautionary measure seeks to maintain the current state of affairs as they had been occurring, as affirmed by the plaintiff in its initial pleading and whose use has not been challenged upon answering the action, since in that very answer, it refers to the existence of the fence that is allegedly preventing passage, and which the appellant claims she is within her right to close based on Articles 302 and 295 of the Civil Code, noting she can act in defense of her property right and based on her title as owner of the property has the right to prevent those who disturb her. Whether the defendant had or did not have the right to close off passage and prevent the use of the water located on her property is a substantive legal aspect that must be demonstrated in the concluding phase and analyzed in the judgment, and this is not the appropriate procedural stage given that we are in a plausibility (verosimilitud) assessment at the initial stage of the proceeding, where the evidentiary phase still needs to be completed, during which the factual picture could change and affect this precautionary measure that is temporary until this matter is definitively resolved.- The primary evidence for determining the appropriateness of the precautionary measure is the judicial inspection (reconocimiento judicial); it is even feasible that it be the sole evidence sufficient to grant a precautionary measure, without the need to resort to the assessment of documents that relate more to the ruling on the merits in the judgment and not being of interest for the precautionary measure that is characteristic of the initial stage. The same applies to the grievance concerning the requirement that the right to use the water should have been demonstrated, which must be analyzed at judgment on whether the plaintiff had or did not have the right to use the water in question. Equally, it was not determined in the judicial inspection (reconocimiento judicial) that the plaintiff party's property had water from other means different from that taken from the spring (naciente), to be used for crop irrigation; this will be elucidated at judgment, since at this procedural stage it is sufficient to have a plausibility (verosimilitud) assessment regarding the prior history of water use between the two properties, concerning which it is admitted in the answer to the complaint by accepting that she closed off passage with the fence and affirms she is the one who can utilize the water due to the concession granted to her, to the exclusion of the plaintiff, who does not have any water concession as she affirms in her appeal.- The appellant alleges that there is another water supply for the plaintiff's farm, but provides no proof thereof; however, even if this refers to the public water service in the sector, this argument would not be admissible, since the potable water provided by the public service is for human consumption, that being its priority use. It is not conceivable to use potable water for crop irrigation, because it affects the scarcity of service to the community. The Water Law (Ley de Aguas), in its Article 27, provides priority for water use for human consumption and thereafter for other productive activities. In times where global warming and the scarcity of potable water for communities is a public and notorious fact, it is unwise to order the use of potable water provided as a public service, as this would be detrimental to the right to water of the members of that community, and a waste of the precious liquid, in addition to making agricultural production costs more expensive. This must be maintained until the judgment determines whether the plaintiff party had the right to it or not, or if it had it, what the conditions would be, such substantive aspects being determined in the concluding phase, not being relevant to determine at this initial stage. It will be at judgment where it will be determined if the use of water from the spring (naciente) corresponded to it in law. The same applies to the grievances regarding who corresponds to the right to use the spring (naciente), whether the defendant party who indicates she already has exclusive use through the administrative concession granted in her favor, or whether the plaintiff would not have such a right given that it has not initiated the respective procedures to obtain said concession before the Administrative Water Entity, since it does not prove a water concession in its favor or if the same would be supervening as a consequence of some pending procedure. Such aspects are not for analysis at this initial stage, where for the issuance of the precautionary measure that the lower court approved, it was sufficient to demonstrate: 1) the existence of agricultural activity, 2) that it had been using the water through the pipeline that it was able to verify in the field, and 3) that said water is necessary for the continuity of production, the option of using potable water preferentially designated for human consumption not being viable if those other water options are what the challenger refers to. Upon verifying these three aspects, the provision of Article 489 of the Labor Code (Código de Trabajo) is met, which indicates that the issuance of a precautionary measure is feasible for the preservation of the exercise of a future right, as well as any other atypical measure necessary to protect and guarantee, provisionally, the object of the process and the effectiveness of the judgment. Therefore, through this precautionary measure, the continuity of the productive activity must be guaranteed with the use of the water that was being supplied through the pipeline in conflict, thereby maintaining the current state of affairs until, at judgment, it is determined with abundant evidence which of the two parties is correct in the right they claim, and if either of the two litigants has acted illegally, since the illegality that the appellant claims the plaintiff has, due to the lack of a concession, is part of the substantive right to be analyzed at judgment and whether this affects or not the constitution of the right that the claimant seeks for itself.- It is also not feasible at this stage to analyze the existence or not of a necessary joinder of parties (litis consorcio necesario) regarding the state representation, which would be for analysis in the main proceeding should an exception be raised there, given the provisional nature of this precautionary proceeding.- To create a procedural balance between the parties, the following is ordered sua sponte as a counter-security (contracautela): the plaintiff party is warned that it must refrain from modifying the current nature of the defendant party's land; that is, passage is only authorized when strictly necessary for the maintenance of the current pipelines, without being able to widen the path, nor introduce new infrastructure on the defendant party's land. The plaintiff must refrain from contaminating the water source in question.- It is noted that this precautionary measure is provisional, until such time as there are other evidentiary elements that may change the factual situation. For the foregoing reasons, the ruling is confirmed with respect to what has been the subject of appeal.-\n\nTHEREFORE:\n\n The motion to nullify is rejected and the challenged ruling is confirmed with respect to what has been the subject of appeal. Sua sponte, as a counter-security (contracautela), it is ordered: the plaintiff party is warned that it must refrain from modifying the current nature of the defendant party's land; that is, passage is only authorized when strictly necessary for the maintenance of the current pipelines, without being able to widen the path, nor introduce new infrastructure on the defendant party's land. The plaintiff must refrain from contaminating the water source in question.-\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\t\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n*EPYJBGUAVGC61*\n\nEPYJBGUAVGC61\n\n[Nombre4] - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n\n\n*O4SUUO5VNQE61*\n\nO4SUUO5VNQE61\n\n[Nombre5] - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n*RMOFIP4EDXO61*\n\nRMOFIP4EDXO61\n\n[Nombre6] - JUEZ/A DECISOR/A\n\n\n\n \n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n \n\nEXP: EXPN1\n\nII Circuito Judicial San José, [Dirección1] , , [Dirección2] de Goicoechea frente al parqueo del Hospital Hotel La Católica Teléfonos: [Telf1]. Fax: [Telf2] ó [Telf3]. Correo electrónico: [...]\n\n \n\nClasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 00:28:57.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República" }