{ "id": "nexus-sen-1-0034-982210", "citation": "Res. 00354-2020 Tribunal Contencioso Administrativo Sección III", "section": "nexus_decisions", "doc_type": "court_decision", "title_es": "Rechazo de medida cautelar ambiental por falta de prueba del peligro en la demora", "title_en": "Denial of environmental precautionary measure for failure to prove danger in delay", "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III, actuando como contralor no jerárquico, rechazó la medida cautelar solicitada por una recurrente que buscaba suspender la licencia comercial de un taller mecánico y venta de repuestos, alegando daños al medio ambiente y a su salud. La recurrente fundamentó su petición en el principio precautorio y en normativa municipal y de la Ley General de Administración Pública. Sin embargo, el Tribunal determinó que no se cumplían los presupuestos esenciales para otorgar la medida, especialmente el peligro en la demora. Señaló que la recurrente no aportó prueba alguna que acreditara la existencia de daños graves o de imposible reparación al medio ambiente o a su salud, limitándose a alegaciones genéricas sin sustento probatorio. Además, el Tribunal consideró que las actividades descritas (ruido, emisiones) son propias del giro comercial autorizado y que la licencia debió contar con permisos previos del Ministerio de Salud. Al no demostrarse el daño, la ponderación de intereses se inclinó en favor de la municipalidad y de la titular de la licencia. La resolución aclara que la invocación del principio precautorio no exime de la carga probatoria mínima para acreditar el peligro en la demora en sede cautelar.", "summary_en": "The Administrative Court, Section III, acting as a non-hierarchical legal reviewer, denied a precautionary measure requested by an appellant who sought to suspend the commercial license of an auto mechanic and spare parts shop, alleging environmental damage and harm to her health. The appellant based her request on the precautionary principle and municipal and administrative law. However, the Court found that the essential requirements for granting the measure were not met, particularly danger in delay. The Court held that the appellant failed to provide any evidence demonstrating the existence of serious or irreparable harm to the environment or her health, relying only on generic allegations without evidentiary support. Furthermore, the Court considered that the activities described (noise, emissions) are typical of the authorized commercial activity and that the license presumably required prior permits from the Ministry of Health. Since no harm was proven, the balance of interests favored the municipality and the license holder. The ruling clarifies that invoking the precautionary principle does not relieve a party of the minimal evidentiary burden to prove danger in delay in precautionary proceedings.", "court_or_agency": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección III", "date": "15/06/2020", "year": "2020", "topic_ids": [ "procedural-environmental", "art-50-constitution" ], "primary_topic_id": "procedural-environmental", "es_concept_hints": [ "medida cautelar", "peligro en la demora", "principio precautorio", "contralor no jerárquico", "Plan Regulador" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 148", "law": "Ley General de la Administración Pública" }, { "article": "Art. 171", "law": "Código Municipal" }, { "article": "Art. 41.1.1", "law": "Código Procesal Civil" } ], "keywords_es": [ "medida cautelar", "peligro en la demora", "principio precautorio", "contaminación sónica", "licencia comercial", "taller mecánico", "Municipalidad de Belén", "control no jerárquico", "carga probatoria", "ponderación de intereses" ], "keywords_en": [ "precautionary measure", "danger in delay", "precautionary principle", "noise pollution", "commercial license", "auto mechanic shop", "Municipality of Belén", "non-hierarchical review", "evidentiary burden", "balance of interests" ], "excerpt_es": "En cuanto al peligro en la demora, este Tribunal ha sostenido que la demostración probatoria del mismo corresponde a la parte que gestiona la medida cautelar. En el presente asunto, la parte recurrente no aporta ningún elemento de prueba que le permita a este Juzgador determinar si la ejecución del acto impugnado le puede causar perjuicios graves o de imposible o difícil reparación, es más, la recurrente omite toda manifestación respecto a los motivos por los cuales realiza dicha petición, limitándose a señalar que solicita la suspensión de la actividad ejercida “ante la ocurrencia de los daños al medio ambiente que hemos explicado, con la afectación especialmente a mi familia”, adicionando la transcripción del principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo; de forma que no puede este juzgador realizar suposiciones en cuanto a la existencia de los daños y perjuicios.", "excerpt_en": "Regarding danger in delay, this Court has held that the evidentiary demonstration thereof corresponds to the party requesting the precautionary measure. In this case, the appellant did not provide any evidence allowing this Judge to determine whether the execution of the challenged act could cause serious or irreparable harm; moreover, the appellant omitted any statement about the reasons for her request, merely stating that she sought suspension of the activity 'given the occurrence of environmental damage that we have explained, especially affecting my family,' adding the transcription of Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development; therefore, this judge cannot make assumptions regarding the existence of harm and damages.", "outcome": { "label_en": "Precautionary measure denied", "label_es": "Medida cautelar rechazada", "summary_en": "The precautionary measure is denied for failure to prove danger in delay and fumus boni iuris.", "summary_es": "Se rechaza la medida cautelar por no acreditarse el peligro en la demora ni la apariencia de buen derecho." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando III", "quote_en": "This Court has held that the evidentiary demonstration thereof corresponds to the party requesting the precautionary measure.", "quote_es": "Este Tribunal ha sostenido que la demostración probatoria del mismo corresponde a la parte que gestiona la medida cautelar." }, { "context": "Considerando III", "quote_en": "The allegation of environmental damage must be proven and a mere allegation is not enough; this implies the duty to provide the necessary elements to conclude, with a certain degree of certainty, that there exists a serious or irreversible affectation or threat to the environment or human health.", "quote_es": "La alegación del daño al medio ambiente debe ser demostrado y no basta con su simple alegación; lo que implica el deber de aportar los elementos necesarios para concluir, con cierto grado de certeza, que existe una afectación o amenaza para el medio ambiente o la salud humana de forma grave o irreversible." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [], "external": [] }, "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-982210", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [ { "idTipoVoto": 1, "nombreTipoVoto": "Voto de mayoría", "id": 1, "nombre": "Medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo", "Subtemas": [ { "id": 1, "nombre": "Presupuestos esenciales para su otorgamiento" } ] } ], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Contencioso Administrativo Sección III\n\nResolución Nº 00354 - 2020\n\nFecha de la Resolución: 15 de Junio del 2020 a las 14:25\n\nExpediente: 20-002865-1027-CA\n\nRedactado por: Marco Antonio Hernández Vargas\n\nClase de asunto: Jerarquía Impropia\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\nTipo de contenido: Voto de mayoría\nTemas (descriptores): Medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo\nSubtemas:\nPresupuestos esenciales para su otorgamiento.\nSentencias en igual sentido\n\nSentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente\n\n\n\nTexto de la resolución\nTribunal Contencioso Administrativo\nII Circuito Judicial de San José, Edificio Anexo A\nCentral 2545-00-03                                                        Fax 2545-0033\nCorreo electrónico tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n_________________________________________________________________________________________________\nExpediente: 20-002865-1027-CA\nAsunto: Control no jerárquico\nRecurrente: [Nombre 001]\nRecurrido: Municipalidad de  Goicoechea\nNo. 354-2020\n              Tribunal Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Anexo A del II Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las catorce horas veinticinco minutos del quince de junio de dos mil veinte.-\n              Conoce este Tribunal en condición de contralor no jerárquico de legalidad, de la medida cautelar solicitada por la señora [Nombre 001], cédula nú mero [Valor 001], dentro del expediente en el que se tramita el recurso de apelación formulado contra la resolución MG-AG-3129-2020 de fecha 02 de junio de 2020, emitida por la Alcaldía Municipal de Belén.\n              Redacta el juez Hern ández Vargas.\nConsiderando\n              I.-Antecedentes.- La presente medida cautelar se gestiona junto con el recurso de apelación formulado contra la resolución MG-AG-3129-2020 de fecha 02 de junio de 2020, en la cual, la Alcaldía Municipal de Belén rechazó el recurso extraordinario de revisión formulado contra la licencia otorgada el día 28 de febrero de 2017 para el desarrollo de la actividad comercial de Taller Mecánico y Venta de Repuestos.\n              II. Sobre los motivos de la medida cautelar. En el presente asunto, la recurrente se limita a señalar: “De conformidad con los numerales 161 del Có digo Municipal, 144 y 146 inciso 3 de la Ley General de la Administración Pública así como el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo que establece: \"Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza cientí fica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.\" Respetuosamente solicitamos se realicen las inspecciones y suspensiones de actividades al taller mecá nico multi servicios alejo con patente CTA 1-469600-07-00000 a nombre de [Nombre 002] para prevenir que las infracciones ac á denunciadas se continúen dando en esta zona, ante la ocurrencia de los daños al medio ambiente que hemos explicado, con la afectación especialmente a mi familia, al estar trabajando en una zona no autorizada por el Plan Regulador para ello” .\n              III. Sobre el caso concreto. Este Juzgador es del criterio que la atención de las medidas cautelares constituye un derecho fundamental de las partes (Sala Constitucional, voto número 06224-2005, de las a las quince horas con dieciséis minutos del veinticinco de mayo del dos mil cinco. Criterio reiterado en votos número 2006-9570 de las dieciséis horas con trece minutos del cinco de julio del dos mil seis, 2006-1030 de catorce horas con treinta y cinco minutos del primero de febrero del dos mil seis), por lo que, en las siguientes líneas se procede a su análisis. Ahora bien, al tratarse del procedimiento de impugnación ante este Tribunal, en condición de contralor no jerárquico de legalidad, el artículo 171 del Código Municipal dispone que, por regla general, la impugnación no suspenderá los efectos del acto, pero el superior o el mismo órgano que lo dictó puede disponer la implementación de alguna medida cautelar al recibir el recurso. Asimismo, el artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública dispone, expresamente, que la autoridad que decide el recurso o su superior jerárquico, podrán suspender la ejecución cuando la misma pueda causar perjuicios graves o de imposible o difícil reparación. Entendidos de lo anterior, a efectos de realizar el análisis de la medida cautelar solicitada, se debe tener presente que la misma, tiene el carácter de instrumentalidad  -por encontrarse amparada al recurso de apelación ante este Tribunal- y provisionalidad -por cuanto sus efectos se disponen, como máximo, hasta la resolución del recurso de apelación interpuesto-, de forma que el conocimiento de esta se encuentra sujeta a la admisibilidad del recurso ante esta jerarquía impropia y a las condiciones que podrían imperar en la solicitud de la medida cautelar. Adicionalmente, a efectos de realizar el análisis de la medida cautelar, este Juzgador hace extensivos los presupuestos esenciales dispuestos jurisprudencialmente -y legalmente en la jurisdicción contencioso administrativa- para la atención de la misma, a saber: 1. La apariencia de buen derecho: se refiere a la acreditación de que lo pretendido no sea en forma palmaria carente de seriedad o temerario; 2. El peligro en la demora: Implica que de mantenerse o ejecutarse la conducta administrativa impugnada se causen daños graves, a la situación jurídica del recurrente, de forma que, la parte interesada deberá acreditar en su solicitud, mediante un mínimo probatorio ya sea por indicios o aproximaciones probatorias, la probabilidad o la existencia del daño, la magnitud del mismo, es decir, su gravedad, y el necesario nexo de causalidad entre la conducta y el daño grave actual o potencial que se aduce, tal y como lo dispone el artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública. 3. Ponderaci ón de los intereses en juego: Conlleva la valoración, conforme al principio de proporcionalidad, de los intereses públicos y privados que se afectarían de tomarse o no la medida cautelar, de manera tal que el Juzgador ha de decidir cuál de estos ha de prevalecer. En lo que respecta al análisis de los presupuestos citados, se considera pertinente traer a colación lo señalado por el Tribunal Contencioso Administrativo, el cual, de forma atinada señaló: \"Se deberá tomar en consideración que tanto el presupuesto de apariencia de buen derecho como la ponderació n de intereses en Juego son de análisis, comprobación y estudio por parte del Juez para verificar su cumplimiento y determinar si la demanda puede o no ser conocida en un proceso de conocimiento ante esta Jurisdicción (apariencia de buen derecho), y si la determinación que se toma afecta o no el interés público o de terceros interesados (ponderación de intereses en Juego); pero uno de los presupuestos o requisitos para la procedencia de la medida cautelar se encuentra en manos de quien acude a este tipo de procesos (peligro en la demora), ya que la demostración del daño, es inherente a la persona que lo sufre y será quien deberá probar su dicho con prueba pertinente y conducente a tal fin (artículo 317 del Código Procesal Civil), y es precisamente el presupuesto que no fue amparado y respaldado como era el deber y obligación de la parte actora, no teniendo este Tribunal el porque suplir las omisiones apuntadas en el apartado correspondiente. \" (Tribunal Conten cioso Administrativo, resolución número el 2206-2017-T de las dieciséis horas diez minutos del día veintiocho de Setiembre del año dos mil diecisiete). Entendido de lo anterior, a continuación, se procederá al análisis correspondiente al presente asunto, tomando en consideración que el mismo se circunscribe únicamente a la medida cautelar interpuesta y a los argumentos expuestos por la parte recurrente sobre este, de allí que no se realiza ningún análisis sobre la admisibilidad ni sobre el fondo de la impugnación formulada. Ahora bien, tal y como se precisó líneas atrás, a efectos de atender una solicitud de medida cautelar, se debe verificar la existencia de los presupuestos esenciales para su otorgamiento, lo cual se realiza a continuación. En cuanto a la apariencia de buen derecho, este Juzgador es del criterio que la verificación de la fase de admisibilidad del recurso de apelación conlleva cierto grado de cumplimiento del presupuesto, no obstante, dentro del mismo, se incluye, además, el análisis del grado de probabilidad de que el recurso sea acogido en favor de la parte recurrente. Al respecto, véase que mediante el recurso formulado la parte recurrente plantea su oposición al acto administrativo que le es adverso, denotándose que sus agravios se encuentran debidamente fundamentados en argumentos que deberán ser valorados por este Tribunal al conocerse por el fondo dicha impugnación, de forma que será en ese momento en donde se determinará si se present ó alguna violaci ón como lo arguye la parte recurrente. En cuanto al peligro en la demora, este Tribunal ha sostenido que la demostración probatoria del mismo corresponde a la parte que gestiona la medida cautelar. En el presente asunto, la parte recurrente no aporta ningún elemento de prueba que le permita a este Juzgador determinar si la ejecución del acto impugnado le puede causar perjuicios graves o de imposible o difícil reparación, es más, la recurrente omite toda manifestación respecto a los motivos por los cuales realiza dicha petición, limitándose a señalar que solicita la suspensión de la actividad ejercida “ante la ocurrencia de los daños al medio ambiente que hemos explicado, con la afectación especialmente a mi familia”, adicionando la transcripci ón del principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo; de forma que no puede este juzgador realizar suposiciones en cuanto a la existencia de los daños y perjuicios. En el recurso de apelación formulado, para fundamentar dicho argumento, señala que esa actividad de Taller genera gran contaminación sónica por los clientes que lo visitan y que, adicionalmente, “ (…) al ser un taller mecánico automotriz, además del ruido, se generan contaminantes gaseosos de los escapes de los motores diese! y gasolina cuando se arrancan y aceleran para diagnosticarlos y probarlos, así  como por la utilización de solventes y otros productos como gasolina, diesel, canfín y demás, los cuales provoca que por la acción del viento, se metan a la casa contigua, la cual es justamente nuestra casa de habitación (… )” . Como se puede apreciar, de los argumentos expuestos, no puede este Juzgador afirmar la existencia de daño al medio ambiente, dado que las acciones descritas son propias de este tipo de actividad, y por consiguiente, para el otorgamiento de la respectiva licencia, de previo, debió contarse con los permisos otorgados por el Ministerio de Salud, lo cual no se valora en esta resolución por ser materia competencia de éste último y porque lo que se conoce es únicamente la medida cautelar solicitada para suspensión de la licencia comercial. Sobre este particular, es necesario señalar que la alegación del daño al medio ambiente debe ser demostrado y no basta con su simple alegación; lo que implica el deber de aportar los elementos necesarios para concluir, con cierto grado de certeza, que existe una afectación o amenaza para el medio ambiente o la salud humana de forma  grave o irreversible , lo que no sucede en el presente asunto. En los argumentos del recurso, la recurrente arguye que la contaminación y ruido afectan su salud y de su familia, e incluso afirma que “no se podría descartar, que esta contaminación ambiental, fuera un factor desencadenante y o agravante de mi condición”, haciendo alusión a la cirugía que aduce se le realizó de Cáncer de Tiroides hace año y diez meses. Sobre este particular, no se aporta elemento probatorio alguno relativo a las afectaciones de salud, y menos aún, que demuestren que la actividad autorizada en la Licencia Comercial impugnada por medio del recurso extraordinario de revisión guarde relación directa alguna con tales afectaciones. Así las cosas, se tiene que la recurrente no arguye la existencia de daño o perjuicio grave, actual o potencial, y menos aún aporta elementos probatorios, reiterándose que, esta es una carga procesal que le corresponde asumir a la parte que formula la pretensión, tal y como lo dispone el artículo 41.1.1 del Código Procesal Civil. En virtud de lo expuesto, se logra determinar que en el caso concreto la parte recurrente no cumple con el presupuesto de peligro en la demora. Por último, en la ponderación de intereses en juego, a partir de la ausencia del presupuesto de peligro en la demora, se determina que la valoración de este presupuesto se inclina en favor de la corporación local, en el tanto, la recurrente no demuestra que deba sobreponerse su derecho sobre el interés público resguardado por la corporación local de regular las actividades comerciales, e incluso, en este caso, debe ponderarse el interés particular de la propietaria de la licencia comercial, el cual debe respetarse, hasta tanto se analice por el fondo el recurso de apelación formulado. Al tenor de lo señalado, al no haberse cumplido con los presupuestos requeridos para el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, se rechaza la misma.\nPor tanto\n              Se rechaza la medida cautelar solicitada.\n \nMarco Antonio Hernández Vargas\nJuez\nExpediente: 20-002865-1027-CA\nAsunto: Control no jerárquico\nRecurrente: [Nombre 001]\nRecurrido: Municipalidad de Goicoechea\n\n \n \n\n\n- Código Verificador -\n*GYQQEUNXICI61*\nGYQQEUNXICI61\n\n\n \nDocumento firmado por:\n\nMARCO ANTONIO HERNÁNDEZ VARGAS, JUEZ/A TRAMITADOR/A\n \n1 de 7\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 09-05-2026 00:29:58.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República", "body_en_text": "Tribunal Contencioso Administrativo Section III\n\nResolution No. 00354 - 2020\n\nDate of Resolution: June 15, 2020, at 2:25 p.m.\n\nCase File (Expediente): 20-002865-1027-CA\n\nDrafted by: Marco Antonio Hernández Vargas\n\nType of matter: Improper Hierarchy (Jerarquía Impropia)\n\nAnalyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\nContent type: Majority Vote\nTopics (descriptors): Precautionary measures (Medidas cautelares) in the contentious-administrative process\nSubtopics:\nEssential prerequisites for their granting.\nRulings in the same vein\n\nRuling with protected data, in accordance with current regulations\n\n\n\nText of the resolution\nTribunal Contencioso Administrativo\nII Judicial Circuit of San José, Annex Building A\nMain line 2545-00-03 Fax 2545-0033\nEmail tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n_________________________________________________________________________________________________\nCase File (Expediente): 20-002865-1027-CA\nMatter: Non-hierarchical Control\nAppellant: [Nombre 001]\nRespondent: Municipalidad de Goicoechea\nNo. 354-2020\nTribunal Contencioso Administrativo. Section Three, Annex A of the II Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at two twenty-five in the afternoon on June fifteenth, two thousand twenty.-\nThis Court hears, in its capacity as non-hierarchical controller of legality, the precautionary measure (medida cautelar) requested by Mrs. [Nombre 001], identification number [Valor 001], within the case file in which the appeal (recurso de apelación) filed against resolution MG-AG-3129-2020 dated June 2, 2020, issued by the Municipal Mayor's Office of Belén, is being processed.\nJudge Hernández Vargas drafts.\nConsidering\nI.-Background.- This precautionary measure (medida cautelar) is processed along with the appeal (recurso de apelación) filed against resolution MG-AG-3129-2020 dated June 2, 2020, in which the Municipal Mayor's Office of Belén rejected the extraordinary motion for review (recurso extraordinario de revisión) filed against the license granted on February 28, 2017, for the development of the commercial activity of a Mechanical Workshop and Parts Sales.\nII. On the grounds for the precautionary measure (medida cautelar). In this matter, the appellant merely states: “In accordance with numerals 161 of the Municipal Code (Código Municipal), 144 and 146 subsection 3 of the General Law on Public Administration (Ley General de la Administración Pública), as well as principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, which establishes: 'In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.' We respectfully request that inspections and suspensions of activities be carried out at the talleres mecánico multi servicios alejo workshop with patent CTA 1-469600-07-00000 in the name of [Nombre 002] to prevent the violations denounced herein from continuing to occur in this area, given the occurrence of the environmental damages we have explained, with the impact especially on my family, by working in an area not authorized for this by the Regulatory Plan (Plan Regulador).”\nIII. On the specific case. This Judge believes that the consideration of precautionary measures (medidas cautelares) constitutes a fundamental right of the parties (Constitutional Chamber, vote number 06224-2005, of fifteen hours sixteen minutes on May twenty-fifth, two thousand five. Criterion reiterated in votes number 2006-9570 of sixteen hours thirteen minutes on July fifth, two thousand six, and 2006-1030 of fourteen hours thirty-five minutes on February first, two thousand six); therefore, its analysis proceeds in the following lines. Now, since this concerns the challenge procedure before this Court, in its capacity as non-hierarchical controller of legality, Article 171 of the Municipal Code (Código Municipal) provides that, as a general rule, the challenge shall not suspend the effects of the act, but the superior or the same body that issued it may order the implementation of some precautionary measure (medida cautelar) upon receiving the recourse. Likewise, Article 148 of the General Law on Public Administration (Ley General de la Administración Pública) expressly provides that the authority deciding the recourse or its hierarchical superior may suspend execution when it may cause serious harm or harm that is impossible or difficult to repair. Understanding the above, for the purposes of analyzing the requested precautionary measure (medida cautelar), it must be borne in mind that it has the characteristic of instrumentality—as it is supported by the appeal (recurso de apelación) before this Court—and provisionality—since its effects are in force, at most, until the resolution of the appeal (recurso de apelación) filed—, so that the cognizance of this is subject to the admissibility of the recourse before this improper hierarchy (jerarquía impropia) and to the conditions that might prevail in the request for the precautionary measure (medida cautelar). Additionally, for the purposes of analyzing the precautionary measure (medida cautelar), this Judge extends the essential prerequisites jurisprudentially arranged—and legally arranged in the contentious-administrative jurisdiction—for its consideration, namely: 1. The appearance of a good right (apariencia de buen derecho): refers to the accreditation that what is sought is not patently unserious or reckless; 2. Danger in delay (peligro en la demora): Implies that if the challenged administrative conduct is maintained or executed, serious damages will be caused to the appellant's legal situation, so the interested party must demonstrate in their request, through a minimum evidentiary showing, whether by indications or evidentiary approximations, the probability or the existence of damage, the magnitude thereof, that is, its seriousness, and the necessary causal link between the conduct and the alleged serious actual or potential damage, as provided by Article 148 of the General Law on Public Administration (Ley General de la Administración Pública). 3. Balancing of interests at stake (Ponderación de los intereses en juego): Entails the assessment, in accordance with the principle of proportionality, of the public and private interests that would be affected whether or not the precautionary measure (medida cautelar) is taken, such that the Judge must decide which of these must prevail. Regarding the analysis of the cited prerequisites, it is deemed pertinent to bring up what was indicated by the Tribunal Contencioso Administrativo, which, aptly stated: \"It must be taken into consideration that both the prerequisite of appearance of a good right (apariencia de buen derecho) and the balancing of interests at stake are subject to analysis, verification, and study by the Judge to verify their fulfillment and determine whether the lawsuit may or may not be cognized in a plenary proceeding before this Jurisdiction (appearance of a good right), and whether the determination made affects the public interest or that of interested third parties (balancing of interests at stake); but one of the prerequisites or requirements for the granting of the precautionary measure (medida cautelar) lies in the hands of the person who resorts to this type of process (danger in delay (peligro en la demora)), since the demonstration of damage is inherent to the person who suffers it and they will be the one who must prove their claim with pertinent and relevant evidence to that end (Article 317 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil)), and this is precisely the prerequisite that was not supported and backed as was the duty and obligation of the plaintiff, this Court having no reason to supply the omissions noted in the corresponding section.\" (Tribunal Contencioso Administrativo, resolution number 2206-2017-T of sixteen hours ten minutes on September twenty-eighth, two thousand seventeen). Understanding the above, the corresponding analysis in this matter will now proceed, taking into consideration that it is limited solely to the precautionary measure (medida cautelar) filed and to the arguments put forth by the appellant regarding it; hence, no analysis is made on the admissibility or on the merits of the challenge formulated. Now, as specified above, in order to address a request for a precautionary measure (medida cautelar), the existence of the essential prerequisites for its granting must be verified, which is done below. Regarding the appearance of a good right (apariencia de buen derecho), this Judge believes that the verification of the admissibility phase of the appeal (recurso de apelación) entails a certain degree of fulfillment of the prerequisite; however, it also includes the analysis of the degree of probability that the recourse will be granted in favor of the appellant. In this regard, see that through the recourse formulated, the appellant raises her opposition to the administrative act that is adverse to her, noting that her grievances are duly based on arguments that must be assessed by this Court when said challenge is heard on the merits, so it will be at that time that it is determined whether any violation occurred as the appellant argues. Regarding the danger in delay (peligro en la demora), this Court has held that the evidentiary demonstration thereof corresponds to the party managing the precautionary measure (medida cautelar). In this matter, the appellant does not provide any evidentiary element that would allow this Judge to determine if the execution of the challenged act could cause her serious harm or harm that is impossible or difficult to repair; moreover, the appellant omits any statement regarding the reasons for which she makes said petition, merely indicating that she requests the suspension of the activity carried out “given the occurrence of the environmental damages we have explained, with the impact especially on my family,” adding the transcription of principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development; thus, this judge cannot make assumptions regarding the existence of damages and harm. In the appeal (recurso de apelación) filed, to support said argument, she indicates that this Workshop activity generates great noise pollution from the clients who visit it and that, additionally, “(…) being an automotive mechanical workshop, besides the noise, gaseous pollutants are generated from the exhausts of diesel and gasoline engines when they are started and accelerated for diagnosis and testing, as well as from the use of solvents and other products such as gasoline, diesel, kerosene and others, which causes them, by the action of the wind, to enter the adjacent house, which is precisely our dwelling house (… )”. As can be seen, from the arguments presented, this Judge cannot affirm the existence of environmental damage, given that the described actions are typical of this type of activity, and consequently, for the granting of the respective license, prior permits must have been obtained from the Ministry of Health, which is not assessed in this resolution because it is a matter within the competence of the latter and because what is being heard is solely the precautionary measure (medida cautelar) requested for the suspension of the commercial license. On this point, it is necessary to note that the allegation of environmental damage must be proven, and its mere allegation is not sufficient, which implies the duty to provide the necessary elements to conclude, with a certain degree of certainty, that there is a serious or irreversible impact or threat to the environment or human health, which does not occur in this matter. In the arguments of the recourse, the appellant argues that the pollution and noise affect her health and that of her family, and even states that “it could not be ruled out that this environmental pollution was a triggering and/or aggravating factor of my condition,” alluding to the Thyroid Cancer surgery she claims was performed on her a year and ten months ago. On this point, no evidentiary element is provided regarding the health effects, much less that would demonstrate that the activity authorized in the Commercial License challenged by means of the extraordinary motion for review (recurso extraordinario de revisión) has any direct relationship with such effects. This being the case, it is clear that the appellant does not argue the existence of serious, actual, or potential damage or harm, and even less provides evidentiary elements, reiterating that this is a procedural burden that the party formulating the claim must assume, as provided by Article 41.1.1 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil). By virtue of the foregoing, it is determined that in the specific case, the appellant does not meet the prerequisite of danger in delay (peligro en la demora). Finally, in the balancing of interests at stake (ponderación de intereses en juego), given the absence of the prerequisite of danger in delay (peligro en la demora), it is determined that the weighing of this prerequisite leans in favor of the local corporation, insofar as the appellant does not demonstrate that her right should prevail over the public interest safeguarded by the local corporation to regulate commercial activities, and even, in this case, the private interest of the owner of the commercial license must be weighed, which must be respected until the appeal (recurso de apelación) filed is analyzed on its merits. In accordance with what has been stated, the prerequisites required for granting the requested precautionary measure (medida cautelar) having not been met, it is rejected.\nTherefore (Por tanto)\nThe requested precautionary measure (medida cautelar) is rejected.\n \nMarco Antonio Hernández Vargas\nJudge\nCase File (Expediente): 20-002865-1027-CA\nMatter: Non-hierarchical Control\nAppellant: [Nombre 001]\nRespondent: Municipalidad de Goicoechea" }