{
  "id": "nexus-sen-1-1011-1279293",
  "citation": "Res. 00010-2025 Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Anulación de sentencia por falta de motivación en la admisión de prueba para mejor proveer",
  "title_en": "Annulment of judgment for lack of reasoning on admission of evidence for better provision",
  "summary_es": "El Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda anuló la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que rechazó la demanda de Christian Campos Monge contra el Estado y la Contraloría General de la República. El actor, exmiembro del Consejo de Administración del CONAVI, fue sancionado por la CGR con dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por su voto afirmativo en un acuerdo que solicitaba autorización para un procedimiento especial de contratación para la construcción del acceso a la Terminal de Contenedores de Moín, pese a conocer un desfase técnico. El Tribunal de Casación encontró que el tribunal de instancia omitió pronunciarse sobre la admisión del informe técnico ofrecido como prueba para mejor proveer por el actor, limitándose a rechazar la prueba de la parte contraria. Esta omisión constituye una falta de motivación que vulneró el debido proceso, exigiendo el artículo 50.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo un pronunciamiento expreso sobre la admisibilidad de toda prueba para mejor proveer. Se casa la sentencia y se reenvía el asunto para nuevo fallo.",
  "summary_en": "The Administrative Contentious and Civil Hacienda Cassation Court annulled the lower court’s judgment that had dismissed the lawsuit of Christian Campos Monge against the State and the Office of the Comptroller General. The plaintiff, a former member of CONAVI’s Board of Directors, was sanctioned by the Comptroller with a two-year ban from public office for voting in favor of a request to authorize a special procurement procedure for the construction of the access road to the Moín Container Terminal, despite being aware of a technical mismatch. The Cassation Court found that the trial court failed to rule on the admission of the technical expert report offered as evidence for better provision by the plaintiff, and only addressed the evidence offered by the opposing party. This omission constitutes a lack of reasoning that violated due process, as Article 50.2 of the Administrative Contentious Procedure Code requires an express ruling on the admissibility of all evidence for better provision. The judgment is quashed and the case remanded for a new decision.",
  "court_or_agency": "Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda",
  "date": "30/01/2025",
  "year": "2025",
  "topic_ids": [
    "_off-topic"
  ],
  "primary_topic_id": "_off-topic",
  "es_concept_hints": [
    "prueba para mejor proveer",
    "debido proceso",
    "motivación de sentencia",
    "reenvío",
    "casación contencioso administrativo",
    "culpa grave",
    "CGR",
    "CONAVI"
  ],
  "concept_anchors": [
    {
      "article": "Art. 50.2",
      "law": "Código Procesal Contencioso Administrativo"
    },
    {
      "article": "Art. 137.1",
      "law": "Código Procesal Contencioso Administrativo"
    },
    {
      "article": "Art. 145.1",
      "law": "Código Procesal Contencioso Administrativo"
    },
    {
      "article": "Art. 72",
      "law": "Ley Orgánica de la Contraloría General de la República"
    }
  ],
  "keywords_es": [
    "prueba para mejor proveer",
    "motivación de sentencia",
    "debido proceso",
    "anulación de sentencia",
    "reenvío",
    "Código Procesal Contencioso Administrativo",
    "contratación administrativa",
    "CONAVI",
    "CGR",
    "sanción administrativa"
  ],
  "keywords_en": [
    "evidence for better provision",
    "judgment reasoning",
    "due process",
    "annulment of judgment",
    "remand",
    "Administrative Contentious Procedure Code",
    "administrative procurement",
    "CONAVI",
    "Comptroller General",
    "administrative sanction"
  ],
  "excerpt_es": "En ese sentido, el Tribunal omitió pronunciarse sobre la prueba ofrecida por el actor en la víspera del juicio oral y público, misma que fue justificada y refutada, respectivamente, tanto por la parte accionante como por los demandados; y cuya admisibilidad reservó para el momento de sentenciar el asunto sometido a su conocimiento. [...] si bien esa admisibilidad es facultativa del Tribunal, ergo, el Órgano Jurisdiccional decide si la admite o no, ese pronunciamiento está impuesto por el propio canon 50.2 ibidem, y a su respecto, si ha de denegarla debe indicar las razones de esa decisión, en un ejercicio similar al realizado con respecto a la otra prueba, atribuida en el juicio a la CGR y en la sentencia al Estado.",
  "excerpt_en": "In that sense, the Court omitted to rule on the evidence offered by the plaintiff on the eve of the oral and public trial, which was justified and rebutted, respectively, by both the plaintiff and the defendants; and whose admissibility it reserved for the time of rendering judgment on the matter submitted to its knowledge. [...] although that admissibility is discretionary for the Court, ergo, the jurisdictional body decides whether to admit it or not, that ruling is required by canon 50.2 ibidem itself, and in that regard, if it must deny it, it must state the reasons for that decision, in an exercise similar to that carried out with respect to the other evidence, attributed in the trial to the CGR and in the judgment to the State.",
  "outcome": {
    "label_en": "Granted (on procedural grounds)",
    "label_es": "Con lugar (por razones procesales)",
    "summary_en": "The Cassation Court quashes the challenged judgment for lack of reasoning on the admission of evidence for better provision offered by the plaintiff and orders the case remanded to the lower court for a new decision.",
    "summary_es": "El Tribunal de Casación anula la sentencia impugnada por falta de motivación en el pronunciamiento sobre la prueba para mejor proveer ofrecida por el actor y ordena el reenvío del asunto al tribunal de instancia para nuevo fallo."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "although that admissibility is discretionary for the Court, ergo, the jurisdictional body decides whether to admit it or not, that ruling is required by canon 50.2 ibidem itself, and in that regard, if it must deny it, it must state the reasons for that decision",
      "quote_es": "si bien esa admisibilidad es facultativa del Tribunal, ergo, el Órgano Jurisdiccional decide si la admite o no, ese pronunciamiento está impuesto por el propio canon 50.2 ibidem, y a su respecto, si ha de denegarla debe indicar las razones de esa decisión"
    },
    {
      "context": "Considerando V",
      "quote_en": "in the present case a violation of the proponent's due process is demonstrated by failing to provide reasoning on the admissibility of the evidence",
      "quote_es": "en el presente caso se demuestra una vulneración al debido proceso del proponente por faltar a la motivación sobre la admisibilidad de la prueba"
    }
  ],
  "cites": [],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [],
    "external": []
  },
  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-1011-1279293",
  "tier": 2,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "amendments_by_article": null,
  "dictamen_by_article": null,
  "concordancias_by_article": null,
  "afectaciones_by_article": null,
  "resoluciones_by_article": null,
  "cited_by_votos": [],
  "cited_norms": [],
  "cited_norms_inverted": [],
  "sentencias_relacionadas": [],
  "temas_y_subtemas": [],
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda\n\nResolución Nº 00010 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 30 de Enero del 2025 a las 10:46\n\nExpediente: 19-007751-1027-CA\n\nRedactado por: Carlos Guillermo Zamora Campos\n\nClase de asunto: Proceso de conocimiento contencioso administrativo\n\nAnalizado por: TRIBUNAL CASACIÓN CONTENCIOSO ADM\n\n\n\n\n\nContenido de Interés:\n\nTipo de contenido: Voto unánime\n\nRama del Derecho: Contencioso-Administrativo\n\nTema: Prueba\n\nSubtemas:\n\nFalta de motivación para la omisión del análisis de la ofrecida para mejor proveer.\nQuebranto al debido proceso.\n\nTema: Prueba para mejor proveer\n\nSubtemas:\n\nFalta de motivación para la omisión de su análisis y quebranto al debido proceso.\n\nTema: Debido proceso\n\nSubtemas:\n\nFalta de motivación para la omisión del pronunciamiento acerca de la prueba para mejor proveer.\n\n\"V [...] En ese sentido, el Tribunal omitió pronunciarse sobre la prueba ofrecida por el actor en la víspera del juicio oral y público, misma que fue justificada y refutada, respectivamente, tanto por la parte accionante como por los demandados; y cuya admisibilidad reservó para el momento de sentenciar el asunto sometido a su conocimiento. En relación con la admisión de la prueba para mejor resolver por parte del Tribunal Contencioso Administrativo, el canon 50, inciso 2) del CPCA, dispone: «De los documentos presentados después de la demanda y la contestación, y antes de concluida la audiencia preliminar, se dará traslado a la contraparte, por un plazo de tres días hábiles; sobre su admisibilidad se resolverá en sentencia. Los que se presenten después de dicha audiencia solo podrán ser valorados por el órgano jurisdiccional, en caso de ser admitidos como prueba para mejor resolver.». En el presente caso acaeció el segundo supuesto indicado en el citado precepto, en tanto, con posterioridad a la audiencia la prueba fue ofrecida por el actor para mejor proveer, y así fue entendida por el Tribunal, quien dispuso aplazar el pronunciamiento sobre su admisibilidad para el momento del dictado de la sentencia, lo que desatendió. Si bien esta Sala ya ha indicado anteriormente que, el CPCA no dispone taxativamente la anulación del fallo por esa falencia (sentencia de esta Sala número 2769-F-S1-2020 de las 9:50 horas del 24 de noviembre de 2020), lo cierto es que, en casos como el presente se demuestra una vulneración al debido proceso del proponente por faltar a la motivación sobre la admisibilidad de la prueba. En primer lugar, el numeral 50.2 ibid, se encuentra redactado en un sentido imperativo categórico en el sentido que, sobre su admisibilidad se resolverá en sentencia, lo que aplica para aquella prueba ofrecida antes de concluida la audiencia preliminar, como posterioridad a la misma. En ese sentido, si bien esa admisibilidad es facultativa del Tribunal, ergo, el Órgano Jurisdiccional decide si la admite o no, ese pronunciamiento está impuesto por el propio canon 50.2 ibidem, y a su respecto, si ha de denegarla debe indicar las razones de esa decisión, en un ejercicio similar al realizado con respecto a la otra prueba, atribuida en el juicio a la CGR y en la sentencia al Estado. En ese sentido, el accionante desde su ofrecimiento indicó la necesidad de su análisis para efectos de ponderar su teoría del caso, y en casación lo reitera, al punto que ha solicitado en esta sede llamar al perito para que se pronuncie sobre aquel informe técnico ofrecido, lo cual resulta improcedente en esta sede, por cuanto, el primer filtro sobre la admisibilidad de este último no se realizó en la instancia precedente. De esa cuenta, analizarlo en esta sede implicaría una vulneración a los derechos de las partes: en cuanto al actor, porque sería injusto aplicarle los filtros de admisión probatoria a esta altura procesal, señalados en el canon 145.1 del CPCA, y para los demandados, porque implicaría una valoración en única instancia que vulneraría sus derechos. En ese sentido, en el presente caso se considera la concurrencia de una falta de motivación en la sentencia precedente, la cual, como se ha evidenciado, tiene relevancia, por lo que se impone la anulación del fallo aquí recurrido y el reenvío de las actuaciones al órgano de la instancia precedente para el dictado de uno nuevo\".\n\n\n... Ver más\nCitas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas\nTexto de la resolución\n\n\n\nExp. 19-007751-1027-CA\n\nRes. 000010-F-TC-2025\n\n TRIBUNAL DE CASACIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. San José, a las diez horas cuarenta y seis minutos del treinta de enero de dos mil veinticinco.\n\n En el proceso de conocimiento establecido por el abogado CHRISTIAN ENRIQUE CAMPOS MONGE, contra el ESTADO, por medio de su Procuradora, Ana Cecilia Arguedas Chen Apuy, y la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por medio de su representante David Oconitrillo Fonseca, fue admitido el recurso de casación interpuesto por el actor contra la sentencia número 31-2022-IV de las 11:15 horas del 29 de marzo de 2022, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Cuarta, integrado por los Jueces: José Iván Salas Leitón, Felipe Córdoba Ramírez y Elías Baltodano Gómez. Los abogados José Ant. Barletta Ck. (así se lee el sello acompañado a la firma del patrocinio de la demanda), Aldo Milano Sánchez y la abogada Adriana María Vargas Núñez han representado en esa calidad al actor.\n\nRedacta el magistrado Zamora Campos\n\nCONSIDERANDO\n\n I.- La plataforma fáctica fijada por el Tribunal establece, en resumen: como hechos probados: que, el señor Christian Campos Monge participó en las sesiones de trabajo del Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad (en lo sucesivo, CONAVI) celebradas los días 27 de abril, 22 de junio y 14 de setiembre, todas de 2015; asimismo, en el Acta de la Sesión Ordinaria número 1229-15 celebrada por el Consejo de Administración del CONAVI el 30 de julio de ese año, con la asistencia de las y los Directores: Ing. Giselle Alfaro Bogantes Vicepresidenta, Licda. Ana Lizeth Rodríguez Barquero Directora, Licda. Mónica Navarro Del Valle Directora, Lic. Christian Campos Monge Director, Ing. Mauricio Salom Echeverría Director Ejecutivo a.i., Licda. Magally Mora Solís Secretaria de Actas y la Licda. Gabriela Trejos Amador Gerente a.i. Gestión de Asuntos Jurídicos; «… en el punto 4.2) se indicó: \"Acceso Provisional a la Terminal de Contenedores de Moín: En otro orden de ideas, el director Campos Monge informa que la Gerente de APM Terminals está planteando inquietudes respecto al avance sobre el acceso provisional a la TCM; por lo que solicita al Ing. Salom preparar un informe al respecto para la próxima sesión. Agrega que UCCAEP está valorando hacer un acompañamiento más visible para el seguimiento, en razón de la importancia de esa carretera. La señora Viceministra indica que actualmente se cuenta con el acompañamiento de Casa Presidencial, y desde que ingresó al cargo, ha venido dando seguimiento al proyecto; sin embargo el tema está complicado porque CONAVI debe sufragar $70 millones que no tiene. Agrega que efectivamente se cuentan con 22 meses de plazo para cumplir esa condición precedente, porque de lo contrario, se pierde el descuento de $20 por contenedor. Por otra parte comenta, que hoy en una reunión que sostuvo con personeros del ICE les dejó claro que no era posible que lanzaran la línea de alta tensión sobre la estructura de la calzada, porque se perderían 6 metros del derecho de vía, por lo tanto, lo que se les podía conceder era el uso en precario en el área que queda en el derecho de vía, pero no sobre la plataforma de la estructura. Por otro lado, se está analizando cómo resolver el tema de la licencia ambiental, ya que, en virtud que APM va avanzando más rápido que la Administración, cuando ellos solicitaron la información, la Administración no contaba con el diseño final del trazado de la ruta, y ahora hay un desfase de 80 metros, por lo que la Administración debe ajustarlo; y en razón de ello, según Setena, se debe hacer una nueva evaluación ambiental o una modificación del proyecto; sobre esto el ICE ofreció colaborar con un criterio legal al respecto. Concluye indicando que se está trabajando coordinadamente para lograr resolver todos estos temas. Se toma nota.\" (Ver página 3 del Acta de la Sesión Ordinaria No.1229-15 celebrada por el Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad, en el Consejo Nacional de Vialidad el día 30 de julio de 2015 aportada en versión digital).» (transcripción así consignada en el segundo hecho probado). Luego, el señor Campos Monge, como miembro del Consejo de Administración del CONAVI concurrió con su voto afirmativo en la sesión celebrada el 18 de diciembre de 2015, artículo 2 del acta 1274-2015, por el cual, se solicitó a la Contraloría General de la República (en lo sucesivo, CGR), sin ser una solución integral, autorización para tramitar un procedimiento especial de contratación conforme a lo establecido en los artículos 2bis inciso c de la LCA y 146 de su Reglamento (Contratación Directa Concursada) para «… la selección y contratación de una empresa o consorcio de empresas para \"La Ejecución de Estudios Previos, Diseño y Construcción de la Ruta Nacional No. 257, Acceso definitivo a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM)\". Gestión que fue aprobada por la División de Contratación Administrativa de la C.G.R. por oficio DCA-0411 (02184) del 12 de febrero de 2016, y adjudicada por ese Consejo el día 30 de junio de 2016 en su sesión No. 134, art. 4 a la empresa CONSORCIO ATLÁNTICO, por un monto de $71,857,857,500.00 dólares…» (transcripción así consignada en el tercer hecho probado). Después, para subsanar el desfase existente en la conexión entre la Ruta Nacional número 257 y la Terminal de Contenedores de Moín; por oficio DIE-07-17-1081 de 18 de abril de 2017 se solicitó a la CGR modificar los alcances de la Contratación Directa 2016CD-000026-00DIE. Así, la División de Contratación Administrativa de la CGR, por oficio 07467 (DCA-183) de 30 de junio de 2017 autorizó al CONAVI a «… modificar parcialmente el objeto contractual de la \"Contratación Directa Concursada No. 2016CD-000026-0DE00\", y en razón de ello se suscribió el \"Convenio de Cooperación para el desarrollo de las obras de conexión entre la Terminal de Contenedores de Moín y la Ruta Nacional No. 257\" y el 10 de julio de 2017 se formalizó la Orden de Modificación de Obra No. 1 por un monto de $5.397.194.72 (cinco millones trescientos noventa y siete mil ciento noventa y cuatro dólares con 72/100), para una variación de 7,51 % del monto contractual original…» (transcripción parcial del cuarto hecho probado). Seguidamente, la CGR inició una investigación preliminar y, por informe DFOE-1FR-1P-00001-2018 de 21 de junio de 2018 recomendó la apertura de un procedimiento administrativo debido al desfase existente en la conexión de la Ruta Nacional número 257 y la Terminal de Contenedores. Así, por resolución número 10372-2018 (DJ-0968) de las 14:00 horas del 24 de julio de ese año se dio inicio al procedimiento sancionatorio bajo expediente No. CGR-PA-2018004426, contra el actor y otros miembros del Consejo de Administración del CONAVI y su ex Director Ejecutivo a.i., donde se intimó al aquí accionante haber concurrido con su voto afirmativo en la sesión número 1274-2015 del 18 de diciembre de 2015, en la cual, ese Consejo aprobó la propuesta presentada por el Director Ejecutivo del CONAVI «… por oficio No. DIE-07-2015-3554 del 15 de diciembre de 2015 \"Borrador para la solicitud de autorización a la Contraloría General de la República para promover un procedimiento especial de contratación administrativa para el desarrollo del proyecto Ruta Nacional No. 257, Acceso a la Terminal de Contenedores de Moín\". Presentando dicha gestión como si esta fuese la solución final para satisfacer la necesidad pública de conexión como ruta de acceso funcional entre la Ruta Nacional No. 257 y la nueva Terminal de Contenedores de Moín, a pesar de su conocimiento que lo gestionado no aseguraba la conexión requerida, con lo que su accionar violentó principios éticos tales como, la transparencia, buena fe y probidad…» (transcripción parcial del sexto hecho probado). Finalmente, la CGR dispuso en cuanto al actor, por resolución No. 17037-2018 (DJ-1559) de las 13:30 horas del 27 de noviembre de 2018: «… \"RESUELVE: I. Declarar a los señores (...) Christian Campos Monge, responsables administrativamente en grado de culpa grave, razón por la cual se dispone de forma vinculante sancionarlos con el impedimento previsto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República que consiste en la prohibición de ingreso o reingreso a cargos de la Hacienda Pública por el plazo de DOS años, con la consecuencia del cese inmediato de cualquier cargo de la Hacienda Pública que ocupen. Dicho plazo de la prohibición empezará a computarse a partir del día hábil siguiente de que adquiera firmeza el presente acto final.\"…» (transcripción parcial del séptimo hecho probado); resolución contra la cual, el actor interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, ambos rechazados: el primero, por el Órgano Decisor y el segundo, por resolución del Despacho de la Contralora General de la República número R-DC-61-2019 del 19 de junio de 2019. De tal forma, la sanción impuesta fue inscrita en el Sistema de Registro de Sanciones de la Contraloría General de la República (en lo sucesivo, SIRSA), y publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 141 del lunes 29 de julio de 2019. A continuación, el A Quo tuvo por indemostrados los siguientes hechos: que, «… la Comisión Mixta COSEVI-CNC, conformado por la Unidad Ejecutora del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial a cargo de la Inga. Andrea Soto Rojas y la Unidad Ejecutora TCM del CNC, al preparar y someter a conocimiento del Director Ejecutivo y del Consejo de Administración del CONAVI el oficio No. POE-01-2015-1107 del 15 de diciembre de 2015; indujera dolosamente en error al actor, para que concurriera con su voto afirmativo en la solicitud de autorización para que se tramitara ante la C.G.R., 2 procedimientos especiales de contratación (arts. 2bis inciso c de la LCA y 146 de su Reglamento). El primero para la selección y contratación de una empresa o consorcio de empresas para \"La Ejecución de Estudios Previos, Diseño y Construcción de la Ruta Nacional No. 257, Acceso definitivo a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM)\" por un monto de 78 millones de dólares y el segundo para la selección y contratación de una empresa o consorcio para la supervisión del primer contrato, por un monto de 5.500.000 dólares. Acuerdo que fue tomado por el Consejo de Administración del CONAVI en su sesión del día 18 de diciembre de 2015, artículo 2 del acta No. 1274-2015…»; y también tuvo por indemostrado que, el acto administrativo adoptado por el Consejo de Administración del CONAVI en su sesión del día 18 de diciembre de 2015, artículo 2 del acta No. 1274-2015, donde el actor concurrió con su voto afirmativo, mediante el cual se solicitó a la CGR autorización para tramitar 2 procedimientos especiales de contratación «… para la selección y contratación de una empresa o consorcio de empresas para \"La Ejecución de Estudios Previos, Diseño y Construcción de la Ruta Nacional No. 257, Acceso definitivo a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM)\" por un monto de 78 millones de dólares y para la selección y contratación de una empresa o consorcio para la supervisión del primer contrato, por un monto de 5.500.000 dólares…» estuviera acorde u obedeciera a la satisfacción del interés público conforme lo exige el artículo 113 de la LGAP.\n\nII.- El señor Christian Campos Monge demandó al Estado y a la Contraloría General de la República solicitando, en resumen: 1) la nulidad de las resoluciones: a) 10372-2018 (DJ-0968) de las 14:00 horas del 24 de julio de 2018 que resolvió dar inicio al procedimiento administrativo número CGR-PA-2018004426; b) 17037-2018 (DJ-1559) de las 13:31 horas del 27 de noviembre de 2018 correspondiente al acto final del procedimiento; c) 220-2019 (DJ-0014) de las 15:30 horas del 11 de enero de 2019 que resolvió el recurso de revocatoria; d) R-DC-2019 (DC-0185) de las 13:00 horas del 19 de junio del 2019 que resolvió el recurso de apelación; e) todos los demás actos relacionados con los antes citados; 2) la condena solidaria entre el Estado y la CGR: al pago de ambas costas; el daño moral objetivo por la suma de ₡30.000.000,00; daño moral subjetivo en la suma de ₡30.000.000,00 y los perjuicios ocasionados, ello, a liquidar en proceso de ejecución de sentencia. Al respecto, ambos demandados contestaron separadamente y en forma negativa la demanda; la CGR opuso las excepciones de: falta de legitimación activa y falta de derecho, y el Estado: falta de legitimación ad causam activa y pasiva y falta de derecho.\n\n III.- El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Cuarta, integrado por los Jueces: José Iván Salas Leitón, Elías Baltodano Gómez y Felipe Alberto Córdoba Ramírez dictó su sentencia número 31-2022-IV de las 11:15 horas del 29 de marzo de 2022, por la cual, rechazó la prueba para mejor resolver así como las excepciones de falta de legitimación en sus dos vertientes, acogió la de falta de derecho y declaró sin lugar la demanda con imposición de las costas y sus intereses a cargo del actor, quien, inconforme, recurre en casación, cuyos motivos recursivos son resumidos y analizados como a continuación se expone. De previo, es menester acotar, la parte promovente ha solicitado audiencia oral dentro del presente recurso de casación, la cual se estima innecesaria por el sentido en que se dicta esta sentencia. De tal manera, la solicitud debe rechazarse.\n\nCasación por razones procesales\n\nIV.- Con fundamento en el artículo 137.1, incisos d) y g) del Código Procesal Contencioso Administrativo (en lo sucesivo, CPCA), acusa falta de motivación e inobservancia de las reglas previstas en el citado ordenamiento para: la deliberación, el plazo del dictado de la sentencia o la redacción del fallo en sus elementos esenciales. Al respecto, en el apartado intitulado como «FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA y JURÍDICA[.] Antecedentes.», menciona lo dispuesto en el acto final y su impugnación en sede administrativa, así como la sentencia dictada por el A Quo y su aclaración y adición. Cuestiona del fallo su criterio de fondo, en no más de 3 páginas, con ayuno de análisis real y graves omisiones, e incluso, la resolución basada en hechos que no fueron objeto de intimación e imputación por parte del órgano contralor. En relación con lo considerado en el apartado de prueba para mejor resolver, señala, el Tribunal denota su desconocimiento del expediente, su ausencia de revisión y lectura del escrito fechado 9 de marzo de 2022 donde fue explicada brevemente la citada prueba, considerada como esencial y del todo omitida. Asegura nunca haber presentado copia de ningún escrito de demanda como tampoco de la resolución de las 8:15 horas del 9 de diciembre de 2019, ni mencionado el expediente número 19-004188-1027-CA, prueba rechazada por impertinente, inútil e innecesaria. Así, asevera, se citan documentos o prueba con datos desconocidos por el recurrente, error sumado a la falta de motivación de las razones para rechazar la prueba bajo la creencia del Tribunal sobre su discrecionalidad, como una licencia para decidir, sin motivación en justicia, sus decisiones. Sumado a esos errores, apunta, no sólo la prueba para mejor resolver presentada en ese escrito es vital, la cual, en términos correctos consiste en un informe técnico realizado por el ingeniero Alexander Moya Lacayo dentro del expediente judicial número 19-4186-1027-CA; además, el A Quo descartó referirse y analizar los testigos evacuados: señora María del Milagro Alvarado Cruz e ingeniero Carlos Luis Villalta Villegas. De tal manera, el Tribunal omitió indicar la evacuación de esas declaraciones, las cuales, el casacionista califica de esenciales para dar razón a su teoría del caso. Según indica, en su adición y aclaración hizo ver esos fallos elementales del debido proceso, de motivación y valoración de la prueba con sana crítica. Así, solicitó se adicionara a qué se refería el A Quo con la cita de la supuesta demanda presentada y requirió se informara sobre el resto de prueba para mejor resolver ofrecida. Sin embargo, el A Quo optó por resolver que ello no era objeto de aclaración y adición; con ello, nada aclaró sobre citar supuesta prueba (escrito de demanda) y un número de expediente desconocido por el actor, como tampoco nada dijo ante la omisión de los testigos fundamentales. Seguidamente, bajo el subtítulo: Sobre los otros puntos, refiere, luego de copiar los alegatos de las partes el Tribunal indicó su criterio en la página 37 bajo los siguientes temas: 1) Participación en sesiones de trabajo o pre-juntas, donde únicamente copió lo expuesto por el ahora actor cuestionando que este por un lado dio valor a esas sesiones; y «… afirma: “se limitó a escuchar los informes que presentaban los encargados”, además de que las “minutas carecen de su aprobación y firma”. El Tribunal afirma que “en ellas se discutió el tema del cambio de trazado”. Luego, en esta (sic) mismo punto 1), que es sobre las sesiones pre-juntas, muy convenientemente el Tribunal copia una parte de mi demanda, donde sí mencioné el tema técnico de marras, pero en otro contexto; incluso en este extracto refiero a un informe que brindó la Viceministra Alfaro…». Es decir, asevera la representación casacionista, se abordan las sesiones pre-juntas y el Tribunal comprueba que sí se conoció el tema técnico en esas sesiones, pero utiliza un texto donde no se habla del contenido de las mal llamadas minutas de esas sesiones; además, el A Quo agrega que estas no pueden ser desconocidas, lo que el actor nunca dijo, sino que, en esas sesiones no se advirtió como impedimento que había un problema técnico sin el cual no podía avanzarse en el acceso a la terminal. En cuanto al segundo punto: 2) Que al suscribir el acuerdo nunca fue informado del desfase existente, afirma, para el Tribunal el accionante votó el borrador de autorización con conciencia de no incluir una solución que se ajustara a la realidad, y que la primera adjudicación fue sin que dicha contratación contemplara una solución integral de la obra, con lo cual, el A Quo se basa en lo expuesto por la entonces viceministra Alfaro el 30 de julio de 2015 cuando señaló lo de solventar el asunto de la licencia ambiental; por lo que, en la psiquis del actor era de esperar que todos los asuntos técnicos debían ser trabajados por los funcionarios responsables, y este no probó haber sido inducido en error. Además, para el Tribunal la información que el actor recibió en las sesiones de trabajo o pre-juntas, referidas al desfase en la conexión y de la propia señora Guiselle Alfaro, no es admisible que, como miembro, con ligereza asumiera que por el tiempo transcurrido el problema del desfase hubiese sido resuelto sin constatarlo. Así, para el A Quo, el ahora recurrente recibió informes que justifican técnica y legalmente el borrador; le dieron aval, y algo tan evidente no es suficiente para estimar que, el actor y demás integrantes del Consejo, ni en esos documentos, ni cuando el director ejecutivo expone el tema, fueran alertados o advertidos de algún pendiente técnico. Luego, en el tercer punto: 3) Que no se acreditó dentro del procedimiento que hubiese actuado con dolo o culpa grave, señala, para el A Quo el actuar del accionante fue negligente porque no podía asumir que el supuesto desfase sería revisado por la Administración. Así, para el Tribunal el actor debió consultar si el borrador a adoptar contemplaba una solución integral incluyendo el desfase «Ergo, dice, actué con culpa grave.». Luego, el A Quo se refiere a los vicios, y como punto 1) se acota la no valoración objetiva del informe de auditoría interna del MOPT y que sí había un error de coordenadas en 2013, pero, ante ello, el actor omitió la mínima previsión, y ello es en extremo reprochable. Después, en el punto 2) la falta de valoración sobre el envío del borrador por la ingeniera Andrea Soto Rojas y, de acuerdo con las minutas se advirtió el problema del desfase. Además, el Tribunal se refiere al valor que se le dio a las minutas carentes de firmas, entre otros, y dice que estas se levantaron en razón de las sesiones de trabajo, son un respaldo, y el actor no discutió el contenido sino el valor probatorio, y la testigo Alvarado cruz «… señaló que “lo que se consignó era lo que en realidad se analizó en dichas sesiones”…». Luego, concluye que hay falta de tipicidad y que no se consideró que el proceder fuera en aras del interés público concluyendo que, ese interés demandaba que el acuerdo no presentara yerros.\n\nV.- Resolución del planteamiento recursivo. En relación con el alegato del casacionista dirigido al pronunciamiento del Tribunal sobre la prueba para mejor resolver, se observa lo siguiente: en su solicitud, ingresada al Escritorio Virtual el 9 de marzo de 2022 a las 13:12:16, el actor solicitó la admisión del informe técnico realizado por el ingeniero Alexander Moya Lacayo, el cual había sido admitido en el proceso con número de expediente 19-4186-1027-CA. En ese sentido, acompañó el citado informe, así como la minuta de la audiencia preliminar concerniente a ese expediente judicial. Como parte de su justificación, indicó en esa oportunidad: «… En gran medida, la teoría de caso de la demanda, expone que el Consejo de Administración del Conavi, adoptó el pedido de autorización a CGR, basado en insumos de la Administración adecuados; que de lo visto y aprobado, no había nada, desde lo técnico, que hiciera creer que había un error en los datos técnicos; que parte de lo que CGR vio y autorizó, era precisamente realizar estudios previos, diseño, y construcción y que, técnicamente, es inviable estimar que debe haber perfecta exactitud, cuando CGR conocía, y autorizó, un proceso de contratación abreviada, entre otros. Así, este informe aporta un análisis técnico objetivo que ayuda, desde un ojo diferente al criterio subjetivo CGR, en dejar claro el cuadro fáctico, y la técnica que imperó y justifica lo hecho por la Administración.» (imágenes 336 a 366 del expediente judicial en formato PDF concerniente a este recurso de casación). Al día siguiente, 10 de marzo de 2022, se llevó a cabo el juicio oral y público donde el Tribunal indicó: «… Igualmente, el Tribunal tiene conocimiento sobre la prueba para mejor proveer que, desde un momento en la audiencia preliminar la representación de la Contraloría General de la República ofreció, la cual, evidentemente queda o reservada a ser conocida en sentencia conforme lo que dispone el artículo 50 en su inciso segundo del Código Procesal Contencioso Administrativo; no obstante que, las partes puedan hacer uso de ellas en el sentido que ya ustedes la conocen porque desde ese momento fue presentada y así ofrecida. El día de ayer, la representación del actor presentó prueba para mejor resolver que constituye un informe técnico del ingeniero Alexander Moya Lacayo, que es un criterio técnico que el Tribunal lo analizó y es un tipo de pericia de parte porque fue ofrecido dentro de otro proceso semejante al que nos ocupa el día de hoy, no obstante que, el escrito de la representación de la parte actora indica que se tenga como prueba para mejor resolver en razón de lo que nos va a manifestar de seguido. En torno a ello, el Tribunal lo hace siempre para que no vengamos después a volver sobre fases y entonces preferimos dejar en limpio el proceso de estas gestiones. Como es prueba para mejor proveer se les advierte a las partes que corresponde al Tribunal su admisibilidad igual en sentencia conforme al artículo 50.2; sin embargo, sí es necesario que nos indiquen cuál es la pertinencia y trascendencia de esta prueba, y a qué hechos estaría referida. Luego, la prueba ya está subida en internet como debe ser tratándose de un expediente digital las partes pueden mirarla y podemos dar audiencia durante unos 5 minutos para que se refieran a ella, o si ya la conocieron, igualmente enseguida se refieran.» (audiencia del juicio, minuto 6:06 a 8:14). A continuación, el Tribunal le solicitó al actor su justificación de la pertinencia de la citada prueba y, a su respecto, le concedió a las partes demandadas la audiencia respectiva. Sin embargo, en sentencia, al pronunciarse sobre la prueba para mejor resolver, el A Quo consideró lo siguiente: «I.- DE LA PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER: La representación estatal ofreció como prueba para mejor resolver copia del escrito de demanda y de la resolución de las 8 horas y 15 minutos del 9 de diciembre del 2019 dictada por este Tribunal Contencioso Administrativo, ambos documentos referidos al proceso judicial que se tramita bajo expediente judicial No. 19-004188-1027-CA. Criterio de este Tribunal. Como es sabido, este tipo probanzas, aunque hayan sido propuestas por alguna de las partes, son de exclusivo resorte del Tribunal, quien cuenta con una amplia discrecionalidad a efecto de decidir sobre la misma. Ahora bien, tal y como puede apreciarse, tales documentos se refieren a otro proceso, en el cual, si bien se impugnan conductas que también se hace en el presente proceso, dichos documentos no tienen pertinencia con el presente proceso. De ahí que, a juicio de este órgano Colegiado, la misma no resulta útil, ni pertinente, ni necesaria como prueba para mejor resolver el fondo del presente asunto y en ese tanto procede su rechazo, como en efecto se dispone.». En ese sentido, el Tribunal omitió pronunciarse sobre la prueba ofrecida por el actor en la víspera del juicio oral y público, misma que fue justificada y refutada, respectivamente, tanto por la parte accionante como por los demandados; y cuya admisibilidad reservó para el momento de sentenciar el asunto sometido a su conocimiento. En relación con la admisión de la prueba para mejor resolver por parte del Tribunal Contencioso Administrativo, el canon 50, inciso 2) del CPCA, dispone: «De los documentos presentados después de la demanda y la contestación, y antes de concluida la audiencia preliminar, se dará traslado a la contraparte, por un plazo de tres días hábiles; sobre su admisibilidad se resolverá en sentencia. Los que se presenten después de dicha audiencia solo podrán ser valorados por el órgano jurisdiccional, en caso de ser admitidos como prueba para mejor resolver.». En el presente caso acaeció el segundo supuesto indicado en el citado precepto, en tanto, con posterioridad a la audiencia la prueba fue ofrecida por el actor para mejor proveer, y así fue entendida por el Tribunal, quien dispuso aplazar el pronunciamiento sobre su admisibilidad para el momento del dictado de la sentencia, lo que desatendió. Si bien esta Sala ya ha indicado anteriormente que, el CPCA no dispone taxativamente la anulación del fallo por esa falencia (sentencia de esta Sala número 2769-F-S1-2020 de las 9:50 horas del 24 de noviembre de 2020), lo cierto es que, en casos como el presente se demuestra una vulneración al debido proceso del proponente por faltar a la motivación sobre la admisibilidad de la prueba. En primer lugar, el numeral 50.2 ibid, se encuentra redactado en un sentido imperativo categórico en el sentido que, sobre su admisibilidad se resolverá en sentencia, lo que aplica para aquella prueba ofrecida antes de concluida la audiencia preliminar, como posterioridad a la misma. En ese sentido, si bien esa admisibilidad es facultativa del Tribunal, ergo, el Órgano Jurisdiccional decide si la admite o no, ese pronunciamiento está impuesto por el propio canon 50.2 ibidem, y a su respecto, si ha de denegarla debe indicar las razones de esa decisión, en un ejercicio similar al realizado con respecto a la otra prueba, atribuida en el juicio a la CGR y en la sentencia al Estado. En ese sentido, el accionante desde su ofrecimiento indicó la necesidad de su análisis para efectos de ponderar su teoría del caso, y en casación lo reitera, al punto que ha solicitado en esta sede llamar al perito para que se pronuncie sobre aquel informe técnico ofrecido, lo cual resulta improcedente en esta sede, por cuanto, el primer filtro sobre la admisibilidad de este último no se realizó en la instancia precedente. De esa cuenta, analizarlo en esta sede implicaría una vulneración a los derechos de las partes: en cuanto al actor, porque sería injusto aplicarle los filtros de admisión probatoria a esta altura procesal, señalados en el canon 145.1 del CPCA, y para los demandados, porque implicaría una valoración en única instancia que vulneraría sus derechos. En ese sentido, en el presente caso se considera la concurrencia de una falta de motivación en la sentencia precedente, la cual, como se ha evidenciado, tiene relevancia, por lo que se impone la anulación del fallo aquí recurrido y el reenvío de las actuaciones al órgano de la instancia precedente para el dictado de uno nuevo.\n\nVI.- En virtud de lo antes considerado, el recurso ha de declararse con lugar por razones procesales, al evidenciarse una falta de motivación en el pronunciamiento sobre la prueba para mejor proveer ofrecida por la parte actora en su escrito ingresado al Escritorio Virtual el 9 de marzo de 2022. En ese sentido, vuelvan las actuaciones al órgano jurisdiccional de la instancia precedente para la emisión de nuevo pronunciamiento conforme a derecho. Finalmente, por la forma en que se resuelve este recurso se omite consignar los alegatos de fondo expuestos por la parte actora y pronunciarse sobre los mismos.\n\nPOR TANTO\n\nSe rechaza la solicitud de audiencia oral. Se declara con lugar el recurso por razones procesales. Se casa en su totalidad la sentencia impugnada. Vuelva el asunto al órgano jurisdiccional de la instancia precedente para que emita nuevo pronunciamiento conforme a derecho. JRODRIGUEZBAR\n\n \n\n\t\n\n\n\nJYEBWWNYFSU61\nLUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - MAGISTRADO/A\n\n\t\n\n \n\n\n\n\n\n\nSZRAKQYPYAG61\nIRIS ROCIO ROJAS MORALES - MAGISTRADO/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n\n\nMD5GY0ZFSDG61\nCARLOS GUILLERMO ZAMORA CAMPOS - MAGISTRADO/A\n\n \n\n1\n\n \n\nClasificación elaborada por TRIBUNAL CASACIÓN CONTENCIOSO ADMdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.\n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:46:47.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "**CONSIDERING**\n\n**I.** The factual platform established by the Court states, in summary: as proven facts: that Mr. Christian Campos Monge participated in the work sessions of the Board of Directors of the National Road Council (hereinafter, CONAVI) held on April 27, June 22, and September 14, all in 2015; likewise, in the Minutes of Ordinary Session number 1229-15 held by the CONAVI Board of Directors on July 30 of that year, with the attendance of the Directors: Eng. Giselle Alfaro Bogantes Vice President, Licda. Ana Lizeth Rodríguez Barquero Director, Licda. Mónica Navarro Del Valle Director, Lic. Christian Campos Monge Director, Eng. Mauricio Salom Echeverría Acting Executive Director, Licda. Magally Mora Solís Minutes Secretary, and Licda. Gabriela Trejos Amador Acting Manager of Legal Affairs Management; \"... in point 4.2) it was stated: \\\"Provisional Access to the Moín Container Terminal: In another order of ideas, Director Campos Monge reports that the Manager of APM Terminals is raising concerns regarding the progress on the provisional access to the TCM; therefore, he requests Eng. Salom to prepare a report on the matter for the next session. He adds that UCCAEP is considering providing more visible support for follow-up, due to the importance of that road. The Vice Minister indicates that there is currently support from Casa Presidencial, and since she took office, she has been following up on the project; however, the issue is complicated because CONAVI must pay $70 million which it does not have. She adds that effectively there are 22 months to fulfill that condition precedent, because otherwise, the $20 per container discount is lost. On the other hand, she comments that today in a meeting she held with ICE personnel, she made it clear to them that it was not possible to launch the high-tension line over the roadway structure, because 6 meters of the right of way would be lost; therefore, what could be granted was the precarious use in the area remaining in the right of way, but not on the structure platform. On the other hand, they are analyzing how to resolve the environmental license issue, since, by virtue of APM moving forward faster than the Administration, when they requested the information, the Administration did not have the final design of the route layout, and now there is an 80-meter offset, so the Administration must adjust it; and because of this, according to SETENA, a new environmental assessment or a project modification must be done; on this, ICE offered to collaborate with a legal opinion on the matter. She concludes by indicating that they are working in coordination to resolve all these issues. It is noted.\\\" (See page 3 of the Minutes of Ordinary Session No. 1229-15 held by the Board of Directors of the National Road Council, at the National Road Council on July 30, 2015, provided in digital version).» (transcription as recorded in the second proven fact). Subsequently, Mr. Campos Monge, as a member of the CONAVI Board of Directors, concurred with his affirmative vote in the session held on December 18, 2015, article 2 of minute 1274-2015, by which the Comptroller General of the Republic (hereinafter, CGR) was requested, without being a comprehensive solution, authorization to process a special contracting procedure in accordance with the provisions of articles 2bis paragraph c of the LCA and 146 of its Regulations (Concursed Direct Contracting) for \"... the selection and contracting of a company or consortium of companies for 'The Execution of Preliminary Studies, Design and Construction of National Route No. 257, Definitive Access to the Moín Container Terminal (TCM)'\". A procedure that was approved by the Administrative Contracting Division of the C.G.R. by official letter DCA-0411 (02184) of February 12, 2016, and awarded by said Board on June 30, 2016, in its Session No. 134, art. 4 to the company CONSORCIO ATLÁNTICO, for an amount of $71,857,857,500.00 dollars...\" (transcription as recorded in the third proven fact). Later, to correct the existing offset in the connection between National Route 257 and the Moín Container Terminal; by official letter DIE-07-17-1081 of April 18, 2017, the CGR was requested to modify the scope of Direct Contracting 2016CD-000026-00DIE. Thus, the Administrative Contracting Division of the CGR, by official letter 07467 (DCA-183) of June 30, 2017, authorized CONAVI to \"... partially modify the contractual object of the 'Concursed Direct Contracting No. 2016CD-000026-0DE00', and by reason thereof, the 'Cooperation Agreement for the development of the connection works between the Moín Container Terminal and National Route No. 257' was signed, and on July 10, 2017, Work Modification Order No. 1 was formalized for an amount of $5,397,194.72 (five million three hundred ninety-seven thousand one hundred ninety-four dollars and 72/100), for a variation of 7.51% of the original contractual amount...\" (partial transcription of the fourth proven fact). Following this, the CGR initiated a preliminary investigation and, by report DFOE-1FR-1P-00001-2018 of June 21, 2018, recommended the opening of an administrative procedure due to the existing offset in the connection of National Route 257 and the Container Terminal. Thus, by resolution number 10372-2018 (DJ-0968) at 2:00 p.m. on July 24 of that year, the sanctioning procedure under file No. CGR-PA-2018004426 was initiated against the plaintiff and other members of the CONAVI Board of Directors and its former Acting Executive Director, where the plaintiff here was charged with having concurred with his affirmative vote in session number 1274-2015 of December 18, 2015, in which said Board approved the proposal presented by the Executive Director of CONAVI \"... by official letter No. DIE-07-2015-3554 of December 15, 2015, 'Draft for the request for authorization to the Comptroller General of the Republic to promote a special administrative contracting procedure for the development of the National Route No. 257 project, Access to the Moín Container Terminal'. Presenting said action as if it were the final solution to satisfy the public need for connection as a functional access route between National Route No. 257 and the new Moín Container Terminal, despite his knowledge that what was being requested did not ensure the required connection, whereby his actions violated ethical principles such as transparency, good faith, and probity...\" (partial transcription of the sixth proven fact). Finally, the CGR ordered regarding the plaintiff, by resolution No. 17037-2018 (DJ-1559) at 1:30 p.m. on November 27, 2018: \"... 'HEREBY ORDERS: I. To declare Messrs. (...) Christian Campos Monge, administratively liable to a degree of gross fault, for which reason it is bindingly ordered to sanction them with the impediment provided in article 72 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic, consisting of the prohibition of entry or re-entry to Public Treasury positions for a period of TWO years, with the consequence of the immediate cessation of any Public Treasury position they hold. Said period of prohibition shall begin to be computed from the business day following the date on which this final act becomes final.'...\" (partial transcription of the seventh proven fact); a resolution against which the plaintiff filed an appeal for revocation with subsidiary appeal, both rejected: the first, by the Deciding Body and the second, by resolution of the Office of the Comptroller General of the Republic number R-DC-61-2019 of June 19, 2019. In this manner, the imposed sanction was registered in the Sanction Registration System of the Comptroller General of the Republic (hereinafter, SIRSA), and published in the Official Gazette La Gaceta number 141 of Monday, July 29, 2019. Subsequently, the A Quo held the following facts as unproven: that \"... the COSEVI-CNC Joint Commission, comprised of the Executing Unit of the Strategic Road Infrastructure Works Program, headed by Eng. Andrea Soto Rojas, and the TCM Executing Unit of the CNC, when preparing and submitting to the knowledge of the Executive Director and the Board of Directors of CONAVI official letter No. POE-01-2015-1107 of December 15, 2015, fraudulently induced the plaintiff into error, so that he would concur with his affirmative vote on the request for authorization to process before the C.G.R. 2 special contracting procedures (arts. 2bis paragraph c of the LCA and 146 of its Regulations). The first for the selection and contracting of a company or consortium of companies for 'The Execution of Preliminary Studies, Design and Construction of National Route No. 257, Definitive Access to the Moín Container Terminal (TCM)' for an amount of 78 million dollars, and the second for the selection and contracting of a company or consortium for the supervision of the first contract, for an amount of 5,500,000 dollars. Agreement that was adopted by the CONAVI Board of Directors in its session of December 18, 2015, article 2 of minute No. 1274-2015...\"; and it also held as unproven that, the administrative act adopted by the CONAVI Board of Directors in its session of December 18, 2015, article 2 of minute No. 1274-2015, where the plaintiff concurred with his affirmative vote, by means of which the CGR was requested authorization to process 2 special contracting procedures \"... for the selection and contracting of a company or consortium of companies for 'The Execution of Preliminary Studies, Design and Construction of National Route No. 257, Definitive Access to the Moín Container Terminal (TCM)' for an amount of 78 million dollars, and for the selection and contracting of a company or consortium for the supervision of the first contract, for an amount of 5,500,000 dollars...\" was in accordance with or responded to the satisfaction of the public interest as required by article 113 of the LGAP.\n\n**II.** Mr. Christian Campos Monge sued the State and the Comptroller General of the Republic, requesting, in summary: 1) the annulment of resolutions: a) 10372-2018 (DJ-0968) at 2:00 p.m. on July 24, 2018, which resolved to initiate administrative procedure number CGR-PA-2018004426; b) 17037-2018 (DJ-1559) at 1:31 p.m. on November 27, 2018, corresponding to the final act of the procedure; c) 220-2019 (DJ-0014) at 3:30 p.m. on January 11, 2019, which resolved the revocation appeal; d) R-DC-2019 (DC-0185) at 1:00 p.m. on June 19, 2019, which resolved the appeal; e) all other acts related to the aforementioned; 2) the joint and several liability of the State and the CGR: for the payment of both costs; objective moral damages for the sum of ₡30,000,000.00; subjective moral damages for the sum of ₡30,000,000.00 and the damages caused, to be liquidated in sentence execution proceedings. In this regard, both defendants answered the lawsuit separately and negatively; the CGR raised the defenses of: lack of active standing and lack of right, and the State: lack of active and passive standing ad causam and lack of right.\n\n**III.** The Administrative and Civil Treasury Court of Appeals, Fourth Section, composed of Judges: José Iván Salas Leitón, Elías Baltodano Gómez, and Felipe Alberto Córdoba Ramírez, issued its judgment number 31-2022-IV at 11:15 a.m. on March 29, 2022, by which it rejected the evidence for better decision-making as well as the defenses of lack of standing in both aspects, upheld the lack of right defense, and dismissed the lawsuit, ordering costs and interest to be borne by the plaintiff, who, dissatisfied, appeals in cassation, whose grounds for appeal are summarized and analyzed as set forth below. First, it is necessary to note that the moving party has requested an oral hearing within the present cassation appeal, which is deemed unnecessary due to the manner in which this judgment is issued. Therefore, the request must be denied.\n\n**Cassation on procedural grounds**\n\n**IV.** Based on article 137.1, paragraphs d) and g) of the Contentious Administrative Procedure Code (hereinafter, CPCA), the plaintiff alleges lack of reasoning and non-observance of the rules provided in said regulation for: deliberation, the deadline for issuing the judgment, or the drafting of the ruling in its essential elements. In this regard, in the section entitled \"FACTUAL AND LEGAL BASIS[.] Background.\", he mentions the provisions in the final act and its challenge in administrative venue, as well as the judgment issued by the A Quo and its clarification and supplementation. He questions the judgment's substantive criterion, in no more than 3 pages, lacking real analysis and with serious omissions, and even a resolution based on facts that were not the subject of charge and imputation by the audit body. In relation to what was considered in the section on evidence for better decision-making, he points out that the Court shows its lack of knowledge of the case file, its absence of review and reading of the brief dated March 9, 2022, where said evidence, considered essential and entirely omitted, was briefly explained. He asserts that he never presented a copy of any lawsuit brief, nor of the resolution at 8:15 a.m. on December 9, 2019, nor mentioned file number 19-004188-1027-CA, evidence rejected as irrelevant, useless, and unnecessary. Thus, he asserts, documents or evidence with data unknown to the appellant are cited, an error added to the lack of reasoning of the reasons for rejecting the evidence under the Court's belief regarding its discretion, as if it were a license to decide its decisions without reasoning in justice. In addition to these errors, he notes, not only is the evidence for better decision-making presented in that brief vital, which, in correct terms, consists of a technical report prepared by engineer Alexander Moya Lacayo within judicial file number 19-4186-1027-CA; furthermore, the A Quo omitted to refer to and analyze the witnesses examined: Mrs. María del Milagro Alvarado Cruz and engineer Carlos Luis Villalta Villegas. In this way, the Court omitted to indicate the examination of these statements, which the cassation appellant qualifies as essential to support his theory of the case. According to him, in his supplementation and clarification, he brought to light these fundamental failures of due process, reasoning, and assessment of evidence with sound criticism. Thus, he requested that the A Quo supplement what it meant by the citation of the alleged lawsuit presented and required information about the rest of the evidence offered for better decision-making. However, the A Quo chose to resolve that this was not subject to clarification and supplementation; thereby, it clarified nothing about citing alleged evidence (lawsuit brief) and a file number unknown to the plaintiff, nor did it say anything about the omission of the fundamental witnesses. Subsequently, under the subtitle: On the other points, he states, after copying the parties' arguments, the Court indicated its criterion on page 37 under the following topics: 1) Participation in work sessions or pre-meetings, where it only copied what was stated by the now plaintiff, questioning that the latter on one hand attributed value to those sessions; and \"... states: 'he limited himself to listening to the reports presented by those in charge', in addition to the fact that the 'minutes lack his approval and signature'. The Court states that 'in them the issue of the layout change was discussed'. Then, in this same point 1), which is about the pre-meeting sessions, very conveniently the Court copies a part of my lawsuit, where I did mention the technical issue in question, but in another context; even in this excerpt I refer to a report provided by Vice Minister Alfaro...\". That is, the cassation representation asserts, the pre-meeting sessions are addressed and the Court confirms that the technical issue was indeed discussed in those sessions, but it uses a text where the content of the so-called minutes of those sessions is not discussed; furthermore, the A Quo adds that these cannot be ignored, which the plaintiff never said, but rather that, in those sessions, it was not warned as an impediment that there was a technical problem without which progress on access to the terminal could not be made. Regarding the second point: 2) That when signing the agreement, he was never informed of the existing offset, he states, for the Court, the plaintiff voted for the draft authorization with awareness of not including a solution that adjusted to reality, and that the first award was without said contracting contemplating a comprehensive solution for the work, whereby the A Quo relies on what was stated by then Vice Minister Alfaro on July 30, 2015, when she pointed out settling the environmental license matter; therefore, in the plaintiff's psyche, it was expected that all technical matters should be worked on by the responsible officials, and he did not prove having been induced into error. Moreover, for the Court, the information the plaintiff received in the work sessions or pre-meetings, referred to the offset in the connection and from Mrs. Guiselle Alfaro herself, it is not admissible that, as a member, he carelessly assumed that due to the time elapsed the offset problem had been resolved without verifying it. Thus, for the A Quo, the now appellant received reports that technically and legally justify the draft; they gave approval, and something so evident is not sufficient to consider that the plaintiff and other Board members, neither in those documents, nor when the executive director presented the matter, were alerted or warned of any pending technical issue. Then, in the third point: 3) That it was not proven within the procedure that he had acted with willful misconduct or gross fault, he notes, for the A Quo, the plaintiff's conduct was negligent because he could not assume that the supposed offset would be reviewed by the Administration. Thus, for the Court, the plaintiff should have consulted whether the draft to be adopted contemplated a comprehensive solution including the offset. \"Ergo, it says, I acted with gross fault.\" Then, the A Quo refers to the defects, and as point 1) it notes the non-objective assessment of the MOPT internal audit report and that there indeed was a coordinate error in 2013, but, in light of this, the plaintiff omitted the minimum foresight, and this is extremely reprehensible. Later, in point 2) the lack of assessment regarding the sending of the draft by engineer Andrea Soto Rojas and, according to the minutes, the offset problem was noted. In addition, the Court refers to the value given to the unsigned minutes, among others, and says that these were drawn up by reason of the work sessions, they are a backup, and the plaintiff did not dispute the content but the evidentiary value, and witness Alvarado Cruz \"... stated that 'what was recorded was what was actually analyzed in said sessions'...\". Then, it concludes that there is a lack of classification of the offense and that it was not considered that the proceeding was in the interest of the public interest, concluding that said interest demanded that the agreement not present errors.\n\n**V.** Resolution of the appeal grounds. In relation to the cassation appellant's plea addressed to the Court's pronouncement regarding the evidence for better decision-making, the following is observed: in his request, entered into the Virtual Desk on March 9, 2022, at 1:12:16 p.m., the plaintiff requested the admission of the technical report prepared by engineer Alexander Moya Lacayo, which had been admitted in the process with file number 19-4186-1027-CA. In this regard, he attached the cited report, as well as the minute of the preliminary hearing concerning that judicial file. As part of his justification, he indicated on that occasion: \"... To a large extent, the theory of the case in the lawsuit explains that the CONAVI Board of Directors adopted the authorization request to the CGR, based on adequate inputs from the Administration; that from what was seen and approved, there was nothing, from a technical standpoint, that would lead one to believe there was an error in the technical data; that part of what the CGR saw and authorized was precisely to carry out preliminary studies, design, and construction, and that, technically, it is unfeasible to estimate that there must be perfect accuracy, when the CGR knew about, and authorized, an abbreviated contracting process, among other things. Thus, this report provides an objective technical analysis that helps, from a perspective different from the subjective CGR criterion, in clarifying the factual picture, and the technique that prevailed and justifies what was done by the Administration.\" (images 336 to 366 of the judicial file in PDF format concerning this cassation appeal). The following day, March 10, 2022, the oral and public hearing was held where the Court indicated: \"... Likewise, the Court is aware of the evidence for better provision that, from a moment in the preliminary hearing, the representation of the Comptroller General of the Republic offered, which evidently remains or is reserved to be considered in the judgment in accordance with the provisions of article 50, second paragraph, of the Contentious Administrative Procedure Code; notwithstanding that the parties may use them in the sense that you already know them because they were presented from that moment and offered as such. Yesterday, the plaintiff's representation presented evidence for better decision-making which constitutes a technical report by engineer Alexander Moya Lacayo, which is a type of party expert opinion because it was offered within another process similar to the one that occupies us today, however, the brief from the plaintiff's representation indicates that it should be considered as evidence for better decision-making by reason of what he will state next. Regarding this, the Court always does this so that we do not later have to go back over phases and therefore we prefer to leave the process clear of these procedures. Since it is evidence for better provision, the parties are advised that its admissibility corresponds to the Court likewise in the judgment, in accordance with article 50.2; however, it is indeed necessary for you to indicate what the relevance and importance of this evidence is, and to which facts it would refer. Then, the evidence is already uploaded on the internet, as should be the case with a digital file, the parties can view it and we can give a hearing for about 5 minutes for them to refer to it, or if they have already examined it, likewise address it immediately afterwards.\" (hearing of the trial, minute 6:06 to 8:14). Subsequently, the Court asked the plaintiff for his justification of the relevance of said evidence and, in this regard, granted the defendant parties the respective hearing. However, in the judgment, when ruling on the evidence for better decision-making, the A Quo considered the following: \"I.- REGARDING THE EVIDENCE FOR BETTER DECISION-MAKING: The State representation offered as evidence for better decision-making a copy of the lawsuit brief and the resolution at 8 hours and 15 minutes on December 9, 2019, issued by this Contentious Administrative Court, both documents referring to the judicial process being processed under judicial file No. 19-004188-1027-CA. This Court's criterion. As is known, these types of evidence, even if proposed by any of the parties, are the exclusive purview of the Court, which has broad discretion in order to decide on them. Now then, as can be appreciated, such documents refer to another process, in which, although conduct is challenged that is also challenged in the present process, said documents have no relevance to the present process.\n\nHence, in the opinion of this Colegiado body, it is neither useful, nor pertinent, nor necessary as evidence for reaching a better decision on the merits of this matter and, to that extent, its rejection is appropriate, as is hereby ordered.\". In that regard, the Tribunal failed to rule on the evidence offered by the plaintiff on the eve of the oral and public trial, which was justified and refuted, respectively, by both the plaintiff and the defendants; and whose admissibility it reserved for the moment of rendering judgment on the matter submitted for its consideration. Regarding the admission of evidence for reaching a better decision by the Tribunal Contencioso Administrativo, canon 50, subsection 2) of the CPCA, provides: \"Documents presented after the complaint and the answer, and before the conclusion of the preliminary hearing, shall be transferred to the opposing party for a period of three business days; their admissibility shall be decided in the judgment. Those presented after said hearing may only be assessed by the jurisdictional body if they are admitted as evidence for reaching a better decision.\" In the present case, the second scenario indicated in the cited precept occurred, as, after the hearing, the evidence was offered by the plaintiff for reaching a better decision, and was so understood by the Tribunal, which ordered deferring the ruling on its admissibility until the moment of issuing the judgment, which it neglected. Although this Chamber has previously indicated that the CPCA does not expressly provide for the annulment of the ruling due to this deficiency (judgment of this Chamber number 2769-F-S1-2020 of 9:50 a.m. on November 24, 2020), the truth is that, in cases such as the present one, a violation of the due process rights of the proponent is demonstrated due to the lack of reasoning regarding the admissibility of the evidence. In the first place, numeral 50.2 ibid is drafted in a categorical imperative sense in that its admissibility shall be decided in the judgment, which applies to evidence offered both before the conclusion of the preliminary hearing and after it. In that sense, although this admissibility is discretionary for the Tribunal, ergo, the Jurisdictional Body decides whether to admit it or not, this pronouncement is imposed by canon 50.2 ibidem itself, and regarding it, if it is to be denied, it must indicate the reasons for that decision, in an exercise similar to that carried out with respect to the other evidence, attributed in the trial to the CGR and in the judgment to the State. In that regard, the plaintiff, from the moment of its offering, indicated the need for its analysis for the purposes of weighing his theory of the case, and reiterates this in cassation, to the point that he has requested in this venue to call the expert to pronounce on that offered technical report, which is inappropriate in this venue, because the first filter on the admissibility of the latter was not performed in the preceding instance. Consequently, analyzing it in this venue would imply a violation of the parties' rights: with respect to the plaintiff, because it would be unjust to apply the evidentiary admission filters at this procedural stage, as provided in canon 145.1 of the CPCA, and for the defendants, because it would imply a single-instance assessment that would violate their rights. In that sense, in the present case, a concurrence of a lack of reasoning in the preceding judgment is considered, which, as has been demonstrated, is relevant, and therefore, the annulment of the ruling appealed here and the referral of the proceedings to the body of the preceding instance for the issuance of a new one is imposed.\n\nVI.- By virtue of the foregoing, the appeal must be granted on procedural grounds, as a lack of reasoning is evident in the pronouncement on the evidence for reaching a better decision offered by the plaintiff in his brief entered into the Virtual Desktop on March 9, 2022. In that sense, let the proceedings return to the jurisdictional body of the preceding instance for the issuance of a new pronouncement in accordance with the law. Finally, due to the manner in which this appeal is resolved, the substantive arguments presented by the plaintiff are omitted and no ruling is made on them.\n\nPOR TANTO\n\nThe request for an oral hearing is denied. The appeal is granted on procedural grounds. The challenged judgment is reversed in its entirety. Let the matter return to the jurisdictional body of the preceding instance so that it may issue a new pronouncement in accordance with the law. JRODRIGUEZBAR\n\n \n\n\t\n\n \n\n\nJYEBWWNYFSU61\nLUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - MAGISTRADO/A\n\n\t\n\n \n\n \n\n\n\n \n\n\nSZRAKQYPYAG61\nIRIS ROCIO ROJAS MORALES - MAGISTRADO/A\n\n\t\n\n \n\n\t\n\n \n\n\nMD5GY0ZFSDG61\nCARLOS GUILLERMO ZAMORA CAMPOS - MAGISTRADO/A\n\n \n\n1\n\n \n\nClassification prepared by TRIBUNAL CASACIÓN CONTENCIOSO ADM of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.\n\nIt is a faithful copy of the original - Taken from the Nexus.PJ on: 05-08-2026 12:46:47.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
}