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  "id": "norm-107235",
  "citation": "Decreto Ejecutivo 45817",
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  "doc_type": "executive_decree",
  "title_es": "Ampliación provisional y excepcional de la vigencia de la autorización establecida en el decreto ejecutivo N° 29559-MINAE, de 31 de mayo de 2001, que autoriza la ruta del cable submarino de fibra óptica ARCOS-1",
  "title_en": "Provisional and exceptional extension of the authorization for the ARCOS-1 submarine fiber optic cable route",
  "summary_es": "Este decreto ejecutivo, motivado por la inminente caducidad del plazo original de 25 años otorgado en 2001, amplía de forma provisional y excepcional la vigencia de la autorización para la ruta y anclaje del cable submarino de fibra óptica ARCOS-1. La extensión se mantiene hasta que el Poder Ejecutivo resuelva definitivamente la solicitud de prórroga presentada por el ICE, con el fin de evitar un apagón de conectividad internacional, preservar la seguridad jurídica y garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones, considerados de interés público y vinculados a derechos fundamentales.",
  "summary_en": "This executive decree, prompted by the imminent expiration of the original 25-year term granted in 2001, provisionally and exceptionally extends the authorization for the route and anchoring of the ARCOS-1 submarine fiber optic cable. The extension remains in effect until the Executive Branch definitively resolves the extension request filed by ICE, aiming to prevent an international connectivity blackout, preserve legal certainty, and ensure the continuity of telecommunications services, deemed of public interest and linked to fundamental rights.",
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  "date": "05/06/2026",
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    "telecomunicaciones",
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    "Decreto Ejecutivo 29559-MINAE",
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    "Executive Decree 29559-MINAE",
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  "excerpt_es": "ARTÍCULO 1.- Amplíase, con carácter provisional y excepcional, la vigencia de la autorización otorgada para el paso, ruta y anclaje en el suelo y subsuelo marino del cable submarino de fibra óptica denominado ARCOS-1, conferida originalmente mediante el Decreto Ejecutivo N.º 29559-MINAE de fecha 31 de mayo de 2001, denominado 'Autorización de la Ruta que seguirá el Cable Submarino de Fibra Óptica por ARCOS-1', publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.º 110 de fecha 8 de junio de 2001, por el plazo estrictamente necesario para que se resuelva en forma definitiva la solicitud de prórroga de dicha autorización. Las condiciones originales de la autorización deberán ser respetadas por los administrados.\n\nARTÍCULO 2. Rige a partir de su publicación.",
  "excerpt_en": "ARTICLE 1.- The validity of the authorization granted for the passage, route, and anchoring on the seabed and subsoil of the submarine fiber optic cable named ARCOS-1, originally conferred by Executive Decree No. 29559-MINAE dated May 31, 2001, titled 'Authorization of the Route to be Followed by the ARCOS-1 Submarine Fiber Optic Cable' and published in the Official Gazette La Gaceta No. 110 on June 8, 2001, is hereby provisionally and exceptionally extended, for the period strictly necessary until the definitive resolution of the request for extension of said authorization. The original conditions of the authorization must be respected by the parties.\n\nARTICLE 2. It shall enter into force upon publication.",
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    "summary_en": "Provisionally and exceptionally extends the validity of the ARCOS-1 submarine cable authorization until the extension request is definitively resolved.",
    "summary_es": "Amplía provisional y excepcionalmente la vigencia de la autorización del cable submarino ARCOS-1 hasta que se resuelva definitivamente la solicitud de prórroga."
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      "quote_en": "The expiration of the term of said authorization would legally force the cessation of operations of the infrastructure, causing a potential blackout of international connectivity transiting through it, or a critical degradation of service to the detriment of the population.",
      "quote_es": "La caducidad del plazo de la citada autorización obligaría jurídicamente al cese de operaciones de la infraestructura, provocando un potencial apagón de conectividad internacional que transita por esta, o una degradación crítica del servicio en perjuicio de la población."
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  "body_es_text": "en la totalidad del texto\n\n                    -\n\nTexto Completo Norma 45817\n\n                        Ampliación provisional y excepcional de la vigencia de la autorización establecida en el decreto ejecutivo N° 29559-MINAE, de 31 de mayo de 2001, que autoriza la ruta del cable submarino de fibra óptica ARCOS-1\n\nN° 45817 -MICITT\n\nLA PRESIDENTE DE LA\nREPÚBLICA Y\n\nEL MINISTRO A. l. DE\nCIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y\n\nTELECOMUNICACIONES\n\nEn ejercicio de las\natribuciones que les confieren los artículos 6, 11, 24, 121 inciso 14) subinciso\nc), 140 incisos 3), 8), 18) y 20), y 146 de la \"Constitución Política de\nla República de Costa Rica\", emitida en fecha 07 de noviembre de 1949 y\npublicada en la Colección de Leyes y Decretos del Año: 1949, Semestre: 2, Tomo:\n2, Página: 724 y sus reformas; y en razón de lo dispuesto en los artículos 3,\n56, 58, 77, 79, 112 a 115 de la Ley N.º 7291, que ratificó por parte de\nla Asamblea Legislativa el \"Convenio de las Naciones Unidas sobre el\nDerecho del Mar\", emitida en fecha 23 de marzo de 1992, publicada en el\nAlcance N.° 10 al Diario Oficial La Gaceta N.° 134 de fecha 15 de\njulio de 1992; en los artículos 11, 16 inciso 1), 25 inciso 1), 27 inciso 1),\n28 inciso 2) acápite b), 113,120,121,154, 240 inciso 1), 337, 338, 339 y 342 de\nla Ley N.º 6227, \"Ley General de la Administración Pública\", emitida\nen fecha 02 de mayo de 1978 y publicada en la Colección de Leyes y Decretos del\nAño: 1978, Semestre: 1, Tomo: 4, Página: 1403 y sus reformas; en los artículos\n8, 17, 18 y 83 de la Ley Nº 7554, \"Ley Orgánica del Ambiente\", emitida\nen fecha 04 de octubre de 1995 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.º\n215 de fecha 13 de noviembre de 1995 y sus reformas; en el artículo 26 de\nla Ley N.º 7615, \"Convención de Viena sobre el Derecho de los\nTratados\", emitida en fecha 24 de julio de 1996 y publicada en el Diario\nOficial La Gaceta N.º 164 de fecha 29 de agosto de 1996; en los artículos 59,\n60, 73 y 74 Ley N.º 7593, \"Ley de la Autoridad Reguladora de los\nServicios Públicos (ARESEP)\", emitida en fecha 09 de agosto de 1996 y\npublicada en el Diario Oficial La Gaceta N.º 169 en fecha 05 de\nsetiembre de 1996 y sus reformas; en los artículos 1 al 6 de la Ley N.º 7832,\nLey que \"Autoriza Anclaje y Paso de Cables Submarinos por Mar Territorial\",\nemitida en fecha 30 de setiembre de 1998, y publicada en el Diario Oficial La\nGaceta N.º 203 en fecha 20 de octubre de 1998 y sus reformas; en los artículos\n1 y 6 del Tratado Internacional ratificado por Costa Rica mediante la Ley Nº 8100,\n\"Aprobación de la Constitución y Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones\n(Firmado en Ginebra el 22 de diciembre de 1992) y el instrumento de enmienda a\nla Constitución y al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones\n(Kyoto, 1994)\", emitida en fecha 04 de abril de 2002, publicada en el\nAlcance Nº 44 al Diario Oficial La Gaceta Nº 114 de fecha 14 de junio de 2002;\nen el Anexo 13 del Capítulo 13 de la Ley N.° 8622, \"Tratado de Libre\nComercio República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos (TLC)\"\n(conocido también por sus siglas en inglés como DR-CAFTA), aprobado por\nreferéndum popular y promulgado en fecha 21 de noviembre de 2007 y publicada en\nel Alcance N.° 40 al Diario Oficial La Gaceta N.º 246 de fecha 21 de\ndiciembre de 2007; en los artículos 3 inciso h), 59, 60, 61 y 75 de la Ley N.º\n8642, \"Ley General de Telecomunicaciones\", emitida en fecha 04 de\njunio de 2008 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 125 de\nfecha 30 de junio de 2008 y sus reformas; en los artículos 38 y 39 de la Ley N.°\n8660, \"Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades\nPúblicas del Sector Telecomunicaciones\", emitida en fecha 08 de agosto de\n2008 y publicada el Alcance N.º 31 al Diario Oficial La Gaceta N.º 156 de fecha\n13 de agosto de 2008 y sus reformas; en el artículo 8 de la Ley N.º 9046, Ley\n\"Traslado del Sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente,\nEnergía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología\",\nemitida en fecha 25 de junio de 2012 y publicada en el Alcance N.º 104 al\nDiario Oficial La Gaceta N.º 146 de fecha 20 de julio de 2012 y sus reformas;\nen el artículo 3 inciso a) de la Ley N.º 10216, \"Ley para incentivar y\npromover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa\nRica\", emitida en fecha 05 de mayo de 2022 y publicada en el Diario\nOficial La Gaceta N.º 106 de fecha 08 de junio de 2022; en el Decreto Ejecutivo\nN.º 29559-MINAE, \"Autorización de la Ruta que seguirá el Cable Submarino\nde Fibra Óptica por ARCOS-1 \", emitido en fecha de fecha 31 de mayo de\n2001 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N. º 110 de fecha 8 de junio de\n2001; en el artículo 76 del Decreto Ejecutivo N.º 34765-MINAET,\n\"Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones\" (RLGT), emitido en\nfecha 22 de setiembre de 2008 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.º\n186 de fecha 26 de setiembre de 2008 y sus reformas; el Decreto Ejecutivo N.º\n43898-MINAES-MOPT-MAG-MEIC, \"Reglamento de Evaluación, Control y\nSeguimiento Ambiental\", emitido en fecha 21 de diciembre de 2022 y\npublicado en el Alcance N.º 65 al Diario Oficial La Gaceta N.º 67\nde fecha 19 de abril de 2023 y el Acuerdo N.º 021-P emitido por la Presidente\nde la República que nombra como Ministro a.i. de Ciencia, Innovación, Tecnología\ny Telecomunicaciones al señor Viceministro de Telecomunicaciones durante el\nperíodo comprendido de las 07:00 horas del día 31 de mayo de 2026 hasta las\n17:30 horas del día 05 de junio de 2026.\n\nCONSIDERANDO:\n\nl. Que de acuerdo con el artículo 24 de la \"Constitución Política de\nla República de Costa Rica\": \"(...) Toda persona tiene el derecho\nfundamental al acceso a las telecomunicaciones, y tecnologías de la\ninformación y comunicaciones en todo el territorio nacional. El Estado\ngarantizará, protegerá y preservará este derecho. (...)\".\n\n11. Que según el artículo 7 de la \"Constitución Política de la\nRepública de Costa Rica\": \"Los tratados públicos, los convenios\ninternacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea\nLegislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen,\nautoridad superior a las leyes. (. .. )\".\n\n111. Que la \"Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del\nMar\" (CONVEMAR), aprobada en Costa Rica mediante la Ley N.º 7291\nemitida en fecha 23 de marzo de 1992, reconoce en sus artículos 58, 79 y 112 la\nlibertad de todos los Estados de tender, conservar y reparar cables y tuberías\nsubmarinos en la zona económica exclusiva, la plataforma continental y la alta\nmar, respectivamente. En conjunto con las obligaciones de protección y\ntipificación de infracciones previstas en los artículos 113 a 115, este régimen\nconvencional impone a los Estados el deber de adoptar medidas para preservar y\nproteger esta infraestructura de comunicaciones submarinas de interés internacional.\nEn consecuencia, el Estado costarricense debe facilitar, regular y proteger la\ninstalación y operación de la infraestructura internacional de\ntelecomunicaciones, en particular los cables submarinos, conforme al interés\npúblico y a su ordenamiento jurídico interno.\n\nIV. Que mediante la Ley N.º 8100,\n\"Aprobación de la Constitución y Convenio de la Unión Internacional de\nTelecomunicaciones (firmado en Ginebra el 22 de diciembre de 1992) y el\nInstrumento de Enmienda a la Constitución y al Convenio de la Unión Internacional\nde Telecomunicaciones (Kyoto, 1994)\", Tratado Internacional ratificado en\nfecha 04 de abril de 2002 y publicado en el Alcance N.º 44 al Diario Oficial La\nGaceta N.º 114 de fecha 14 de junio de 2002, nuestro país incorporó a su\nordenamiento interno la Constitución y el Convenio de la Unión Internacional de\nTelecomunicaciones, así como el citado Instrumento de Enmienda. En consecuencia,\nel principio de buena fe en las relaciones internacionales, en concordancia con\nel principio \"pacta sunt servanda\" consagrado en el artículo\n26 de la \"Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados\",\nimpone al Estado costarricense la obligación de cumplir los compromisos\njurídicos asumidos mediante tratados y acuerdos internacionales. Dicho\ninstrumento fundamental establece, entre sus fines esenciales, el deber de los\nEstados Miembros de asegurar y promover el funcionamiento eficiente de las\ntelecomunicaciones internacionales, el desarrollo armónico de las facilidades\nmundiales de comunicación y la extensión de las nuevas tecnologías de la\ninformación y las telecomunicaciones en beneficio del público. La protección\nregulatoria de los cables de fibra óptica internacionales se alinea\ndirectamente con estos objetivos y con los fines de desarrollo social y económico\ntutelados por la Constitución Política y por el referido tratado internacional\n\nV. Que el \"Tratado de Libre Comercio\nRepública Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos (TLC)\" (DR-CAFTA),\naprobado en Costa Rica mediante la Ley N.º 8622, establece en su Anexo 13\ndenominado \"Compromisos Específicos de Costa Rica en Materia de Servicios\nde Telecomunicaciones\" la obligación del Estado costarricense de\ngarantizar el acceso y el uso de las redes y servicios públicos de telecomunicaciones\nen condiciones razonables y no discriminatorias. En particular, Costa Rica se\ncomprometió a asegurar un trato razonable y no discriminatorio para el acceso a\nlos sistemas de cables submarinos de telecomunicaciones, incluyendo sus\ninstalaciones de puesta a tierra, cuando estos se presten como servicios públicos\nde telecomunicaciones. Los cables submarinos de telecomunicaciones constituyen\nuna infraestructura de transporte internacional esencial, que posibilita la\nlibre competencia en los mercados de telecomunicaciones, el comercio electrónico\ntransfronterizo y el cumplimiento de los compromisos de interconexión internacional\nasumidos por Costa Rica ante sus socios comerciales, por lo que su adecuada\nregulación y protección resulta de interés público.\n\nVI. Que mediante la Ley N.° 7832, Ley que\n\"Autoriza Anclaje y Paso de Cables Submarinos por Mar Territorial\",\nemitida en fecha 30 de setiembre de 1998, se le otorgó al Poder Ejecutivo la\ncompetencia para autorizar la instalación y anclaje de cables submarinos de\ntelecomunicaciones internacionales, en el suelo o subsuelo del mar territorial\nde Costa Rica, y a través de la zona marítima terrestre.\n\nVII. Que el artículo 1 la Ley N.° 7832, Ley que\n\"Autoriza Anclaje y Paso de Cables Submarinos por Mar Territorial\" dispone\nque el \"(...) plazo máximo de la autorización será de veinticinco años\ny podrá prorrogarse hasta por otro igual según acuerdo de las partes\ncontratantes. Cumplido el término del contrato, la autorización caduca de pleno\nderecho y el Estado adquiere la propiedad sobre el cable y las obras complementarias\ntanto en el territorio nacional como en el mar territorial\".\n\nVIII. Que el artículo 2 la Ley N.º 7832, Ley que \"Autoriza Anclaje\ny Paso de Cables Submarinos por Mar Territorial\" establece que \"La\nestación de anclaje de cada cable será parte del sistema de cable\nsubmarino\".\n\nIX. Que el artículo 2 inciso i) de la Ley N.º 8642, \"Ley General\nde Telecomunicaciones\", dispone dentro de sus objetivos \"Procurar\nque el país obtenga los máximos beneficios del progreso tecnológico y de la\nconvergencia\".\n\nX. Que la Ley N.º 8642, \"Ley General de\nTelecomunicaciones\", califica a los servicios de telecomunicaciones como\nservicios que se ofrecen al público en general a cambio de una contraprestación\neconómica de interés general, sujetos a los principios de continuidad, igualdad\ny universalidad.\n\nXI. Que el artículo 3 inciso a) de la Ley N.° 10216, \"Ley para\nincentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones\nen Costa Rica\" establece dentro de sus principios rectores la\n\"Asignación eficiente de los recursos\" el cual orienta a que\"(.\n. .) se deberá asegurar que la asignación y utilización de toda aquella infraestructura\nque soporta redes públicas de telecomunicaciones se haga de manera objetiva,\noportuna, transparente y eficiente, de forma tal que se mantenga la competencia\nefectiva y la expansión y mejora de las redes públicas y los servicios\".\n\nXII. Que el artículo 74 de Ley N.° 7593, \"Ley de la Autoridad\nReguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)\", establece que debe\nconsiderarse \"(...) una actividad de interés público el\nestablecimiento, la instalación, la ampliación, la renovación y la operación\nde las redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de sus elementos\".\n\nXIII. Que el artículo 39 de la Ley N.° 8660, \"Ley de Fortalecimiento y\nModernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones\",\nestablece la rectoría del Sector Telecomunicaciones en el Ministerio de\nCiencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones.\n\nXIV. Que el artículo 113 acápites 2) y 3) de la Ley N.º 6227, \"Ley\nGeneral de la Administración Pública\", disponen que \"2. El interés\npúblico prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda\nestar en conflicto. // 3. En la apreciación del interés público se\ntendrá en cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad jurídica y justicia\npara la comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún caso anteponerse\nla mera conveniencia\".\n\nXV. Que mediante el Decreto Ejecutivo N.º 29559-MINAE de fecha 31 de mayo de\n2001, \"Autorización de la Ruta que seguirá el Cable Submarino de Fibra\nÓptica por ARCOS-1 \", publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.º 110 de\nfecha 8 de junio de 2001, el cual en su artículo 1 dispuso: \"Autorizar\nla ruta que seguirá el cable submarino de fibra óptica denominado ARCOS-1 que\ninstalará el Consorcio Desarrollador del sistema denominado ARCOS-1; conforme a\nlos términos del Contrato de Construcción y Mantenimiento, de fecha 25 de\nfebrero de 1999, suscrito por la empresa estatal Radiográfica Costarricense, S.\nA. y al Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Secretaría Técnica\nNacional Ambiental para este Proyecto\".\n\nXVI. Que el artículo 5 del Decreto Ejecutivo N.º 29559-MINAE de fecha 31 de\nmayo de 2001, \"Autorización de la Ruta que seguirá el Cable Submarino de\nFibra Óptica por ARCOS-1\", publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.º\n110 de fecha 8 de junio de 2001 estableció en su artículo 5 que este \"Rige\na partir de su publicación\".\n\nXVII. Que posteriormente el Consejo de la Superintendencia de\nTelecomunicaciones (SUTEL), mediante Resolución N.º RCS-255-2014, aprobada en\nla sesión ordinaria N.º 061-2014, celebrada en fecha 15 de octubre de 2014,\nmediante Acuerdo N.º 007-061-2014, de las 10:15 horas, autorizó la operación de\nconcentración sometida a autorización por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE\nELECTRICIDAD (ICE) para la adquisición de las capacidades de cable submarino de\nRadiográfica Costarricense, Sociedad Anónima. Dicha concentración a favor del\nICE incluyó adquirir la titularidad, operación, mantenimiento técnico y\nexplotación del Cable Submarino ARCOS-1.\n\nXVIII. Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha puesto de\nmanifiesto el interés público inherente a las telecomunicaciones y al\ndesarrollo de la infraestructura asociada a su prestación efectiva, sobre lo\ncual resulta de relevancia referir la Resolución N.º 015763-2011 de las 09:46\nhoras de fecha 16 de noviembre de 2011, la cual en lo conducente dispone, que:\n\n\"( ... ) IMPORTANCIA,\nINTERÉS PÚBLICO Y VOCACIÓN NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS\nTELECOMUNICACIONES EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL E INFRACONST/TUCIONAL. A\npartir de un análisis sistemático del ordenamiento jurídico constitucional e infraconstitucional\nvigente, es factible concluir que la infraestructura, en materia de\ntelecomunicaciones, tiene una relevancia que excede la esfera de lo local o cantonal,\nasumiendo un claro interés público y, desde luego, erigiéndose como una\ncuestión que atañe a la órbita de lo nacional con, incluso, proyecciones en el\nterreno del Derecho Internacional Público al suponer su desarrollo el cumplimiento\nde una serie de obligaciones internacionales asumidas previamente por el Estado\ncostarricense. En primer término, como lo ha indicado este Tribunal Constitucional,\nel tema de las telecomunicaciones tiene gran relevancia constitucional, tanto\nque en el artículo 121, inciso 14), subinciso c), de la Constitución se indica\nque los 'servicios inalámbricos' o el espectro electromagnético forma parte del\ndominio público constitucional y concretamente es un bien propio de la Nación,\nsiendo que no puede ser desafectado o salir del dominio del Estado. La Ley\nGeneral de Telecomunicaciones N°. 8642 de 4 de junio de 2008 -en adelante LGT-,\nal enunciar los principios rectores en este sector, indica en su artículo 3º,\ninciso i), que debe haber una 'optimización de los recursos escasos',\ndestacando que la utilización de las infraestructuras de telecomunicaciones\ndebe ser '(...) objetiva, oportuna, transparente, no discriminatoria y\neficiente, con el doble objetivo de asegurar una competencia efectiva, así como\nla expansión y mejora de las redes y seNicios' (El resaltado es nuestro) (...)\nPor su parte la Ley de la Autoridad Reguladora de los SeNicios Públicos\n['(ARESEP}1, No. 7593 de 9 de agosto de 1993, en su artículo 74, modificado por\nla Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector\nTelecomunicaciones No. 8660 de 8 de agosto de 2008, hizo una declaratoria de\ninterés público de la infraestructura y las redes en telecomunicaciones al\npreceptuar lo siguiente: 'Considérase una actividad de interés público el\nestablecimiento, la instalación, la ampliación, la renovación y la operación de\nlas redes públicas de telecomunicaciones o de cualquiera de sus elementos'. Tal\ndeclaratoria tiene grandes repercusiones, por cuanto, se reconoce, por ley, que\nel tema de la infraestructura en la materia reviste un claro e inequívoco\ninterés público o general que trasciende la esfera de lo local o regional a lo\ninterno del país, para proyectarse en el ámbito nacional e internacional, al\npermitirle al Estado costarricense cumplir, de buena fe, una serie de\nobligaciones y compromisos asumidos en el contexto del Derecho Internacional\nPúblico. (. .. )\".\n\nXIX. Que la propia Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha\nreconocido en forma expresa la transversalidad del derecho fundamental de\nacceso a las telecomunicaciones. De esta forma mediante Resolución N.º\n2010-10627 de las 08:31 de fecha 18 de junio de 2010, ha manifestado:\n\n\"V.- B- Sobre los\nderechos fundamentales a la información y la\ncomunicación.- En este caso concreto, por el seNicio público en\ncuestión -el seNicio de telecomunicaciones- también están involucrados otros\ndos derechos fundamentales, el derecho a la comunicación y el derecho a la información.\nEn cuanto a estos derechos, debe indicarse que, a la luz de la sociedad de la\ninformación y del conocimiento actual, el derecho de todas las personas de\nacceder y participar en la producción de la información, y del conocimiento, se\nvuelve una exigencia fundamental, por ello tal acceso y tal participación deben\nestar garantizados a la totalidad de la población. Sí bien son derechos\nrelacionados con otros, tales como la libertad de expresión, y la libertad de\nprensa, estos derechos tienen su particularidad propia. Asimismo, aunque se\nperfilan más claramente en la actualidad, tienen sus raíces en la Declaración\nUniversal de Derechos Humanos, promulgada el 10 de diciembre de 1948, cuando\nseñala en su artículo 19° que 'todo individuo tiene derecho a la libertad de\nopinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa\nde sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de\ndifundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión', y\nen la Convención Americana sobre Derechos Humanos, promulgada el año 1969\n(Pacto de San José), cuando indica que la libertad de pensamiento y expresión\ncomprenden '(... ) la libertad de buscar, recibir y difundir información e\nideas (...)'. En este sentido, todas las entidades encargadas del servicio público\nde telecomunicaciones están en la obligación de respetar dichos derechos, claro\nestá, una vez cumplidos los requisitos establecidos (...). 'No debe entenderse\nque porque una zona está alejada, sea poco rentable la construcción de la\ninfraestructura necesaria, o existe una limitante técnica que no permite\nla instalación del servicio, entonces existe una justificación válida para no\nprestar el servicio solicitado, pues la expansión de esta red es responsabilidad\nde la institución recurrida. Esto por cuanto, conforme se dijo, cuando un ente\n(público o privado, pero sobre todo cuando es público) ha sido encargado\nde la misión de prestación de un servicio público tiene la obligación de\nprestarlo de forma continua, adaptable, eficiente y por igual a todos\nlos habitantes, máxime cuando dicho servicio público está asociado a otros\nderechos fundamentales, como sería en este caso, a los derechos a la\ncomunicación y la información'. (... )\"\n\nXX. Que, de manera\ncomplementaria, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,\nmediante la Resolución N.º 15763-2011, de las 09:46 horas de fecha 16 de\nnoviembre de 2011, profundizó sobre los compromisos internacionales asumidos\npor el país en materia de infraestructura de telecomunicaciones, al señalar\nque:\n\n\"( ... ) existen\nvarias declaraciones que destacan la importancia de la creación, mejora y\ndesarrollo de la infraestructura en telecomunicaciones como factor clave para\nel desarrollo social y económico, tales como la 'Declaración de Florianópolis'\nde 21 de junio de 2000, la 'Declaración de Principios de Ginebra' (Primera Fase\nde la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información) de 12 de diciembre de\n2003 y su 'Plan de Acción', el 'Compromiso de Túnez' (Segunda Fase de la Cumbre\nMundial sobre la Sociedad de la Información) de 18 de noviembre de 2005 y su\n'Agenda'. Específicamente el 'Plan de Acción' de la Declaración de Principios\nde Ginebra en el punto C. 2 denominado 'Infraestructura de la\ninformación y la comunicación: fundamentó básico para la Sociedad de la\nInformación', se indica lo siguiente: '9. La infraestructura es fundamental\npara alcanzar el objetivo de la integración en el ámbito digital, propicia el acceso\nuniversal, sostenible, ubicuo y asequible a /as TIC para todos,\nteniendo en cuenta las soluciones pertinentes ya aplicadas en los países en\ndesarrollo y en los países con economías en transición para ofrecer conectividad\ny acceso a zonas distantes y marginadas en los ámbitos regional y nacional'.\n(...) En definitiva, la construcción, desarrollo, mejoramiento y ampliación de\nuna infraestructura sólida y robusta de telecomunicaciones ha sido denunciada\nen diversos instrumentos del Derecho Internacional Público como un compromiso y\nuna obligación indeclinable de los Estados nacionales.\n\n(... )\".\n\nXXI. Que, en adición, considerando los\ncompromisos internacionales adquiridos por Costa Rica en el marco de la Unión\nInternacional de Telecomunicaciones (UIT) y otros instrumentos, y conforme con\nla reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de\nJusticia, en la cual se reconoce la infraestructura de telecomunicaciones como\nun elemento esencial para el desarrollo social y económico; así como para la\nreducción de las brechas digitales; se establece que la construcción,\ndesarrollo, mejoramiento y ampliación de una infraestructura sólida y robusta\nde telecomunicaciones constituye un deber fundamental del Estado. Este deber ha\nsido reconocido como una condición indispensable para garantizar un acceso\nsostenible, generalizado y asequible a las tecnologías de la información y la\ncomunicación.\n\nXXII. Que los cables submarinos de\ntelecomunicaciones constituyen infraestructura esencial para la conectividad\ninternacional del país, al transportar tráfico global de datos, voz e Internet,\npermitiendo la interconexión de Costa Rica con redes, servicios digitales,\nplataformas tecnológicas, centros de datos y mercados internacionales; y que su\nadecuada protección, resiliencia y desarrollo resultan esenciales para\ngarantizar la continuidad de las comunicaciones electrónicas, la transformación\ndigital, la competitividad económica, la atracción de inversiones, la prestación\nde servicios públicos y privados, así como el ejercicio de derechos fundamentales\nasociados al acceso de las telecomunicaciones y las tecnologías de información.\n\nXXIII. Que el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE), como parte del Consorcio\nDesarrollador del sistema denominado ARCOS-1, en fecha 3 de junio de 2026,\nmediante oficio N.º 6000-543-2026 de misma fecha, presentó en el\nMinisterio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT),\nformal \"Solicitud de prórroga de autorización de la ruta y anclaje del\ncable submarino ARCOS-1. Decreto Ejecutivo Nº 29559-MINAE\", e\nindicó lo siguiente:\n\n\"Con el fin de tutelar\nla continuidad de los servicios mayoristas y minoristas de telecomunicaciones,\nen virtud de dicho interés público, se solicita prorrogar al 15 de diciembre de\n2026 la autorización de la existente ruta de cable submarino de fibra óptica\nARCOS-1 originalmente autorizada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto\nEjecutivo Nº 29559-MINAE del 31 de mayo de 2001, publicado en el Diario Oficial\nLa Gaceta Nº 110 del 8 de junio de 2001.\n\nDe manera interlocutoria,\nmientras se resuelve la prórroga\nen cuestión, solicitamos que no opere la caducidad del plazo\noriginal\". (Resaltado no es del\noriginal).\n\nXXIV. Que mediante el oficio N.º MICITT-DCNT-DNPT-OF-197-2026 de fecha 4 de\njunio de 2026, el Departamento de Normas y Procedimientos en Telecomunicaciones\nde la Dirección de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones, del\nViceministerio de Telecomunicaciones del MICITT, dentro de las diligencias de\ntrámite correspondientes para su resolución por parte del Poder Ejecutivo,\nsolicitó el respectivo dictamen técnico a la Superintendencia de\nTelecomunicaciones.\n\nXXV. Que en fecha 4 de junio de 2026, el Comité de Gestión de ARCOS-1 (el\n\"Comité\") y Columbus Networks Wholesale (Costa Rica), Limitada\n(\"Liberty Networks\"), en condición de terceros interesados,\npresentaron en el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y\nTelecomunicaciones (MICITT), manifestando interés legítimo en su\napersonamiento, y manifestaron que:\n\n\"Con fundamento en los\nhechos y consideraciones expuestos, y sin perjuicio de las gestiones que\ncontinúan desarrollándose de buena fe entre Liberty Networks y el ICE para\nformalizar los acuerdos necesarios relativos al período de extensión del\nSistema ARCOS-1, el Comité y Liberty Networks solicitan respetuosamente al\nMinisterio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones lo\nsiguiente: que, en caso de que la renovación de la autorización correspondiente\nno se materialice por el ICE antes del vencimiento del Decreto Ejecutivo N.º\n29559-MINAE, se suspenda el cómputo del plazo de caducidad de dicho\ninstrumento mientras se concluyen las negociaciones actualmente en curso entre\nlas partes involucradas. Asimismo, se solicita que esa Autoridad adopte las\nmedidas administrativas necesarias para garantizar la continuidad operativa del\nSistema ARCOS-1 durante el período de extensión de diez (10) años aprobado por\nlos miembros del Consorcio ARCOS-1, es decir, hasta el 26 de diciembre de 2036.\n\". (Resaltado no es del original).\n\nXXVI. Que, ante la inminencia del vencimiento del plazo original de la citada\nautorización, y considerando la fecha de presentación de la solicitud de\nprórroga por parte de Consorcio desarrollador autorizado, resulta materialmente\nimposible para las autoridades sectoriales, concluir el procedimiento ordinario\nde revisión jurídica y técnica previo a que opere el instituto jurídico de la\ncaducidad. En virtud de ello, y en estricto resguardo de los principios\nconstitucionales de continuidad, regularidad y eficiencia que rigen los\nservicios esencial de telecomunicaciones, así como de la jurisprudencia\nvinculante de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se estima\nnecesario y procedente garantizar la permanencia ininterrumpida de la autorización\notorgada mediante Decreto Ejecutivo N.º 29559-MINAE de fecha 31 de mayo de\n2001, denominado \"Autorización de la Ruta que seguirá el Cable Submarino\nde Fibra Óptica por ARCOS-1 \", publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.º\n110 de fecha 8 de junio de 2001, por el plazo indispensable para que el Poder Ejecutivo\nemita el acto final que resuelva la solicitud de prórroga para el anclaje, paso\ny ruta de la infraestructura del sistema de cable submarino de fibra óptica denominado\nARCOS-1. Lo anterior, a fin de evitar la caducidad de la autorización, preservar\nla seguridad jurídica de la operación y prevenir una eventual afectación material\ndel sistema que comprometa el interés público, ponderando las obligaciones\npositivas de carácter constitucional que derivan para el Estado costarricense,\nen relación con el acceso al servicio de telecomunicaciones de garantizar,\nproteger y preservar este derecho fundamental.\n\nXXVII. Que la caducidad del plazo de la citada autorización obligaría\njurídicamente al cese de operaciones de la infraestructura, provocando un\npotencial apagón de conectividad internacional que transita por esta, o una\ndegradación crítica del servicio en perjuicio de la población. Por\nconsiguiente, siendo que se ha mostrado el interés en mantener la autorización\npara el paso, ruta y anclaje en el suelo y subsuelo marino del Cable Submarino\nde Fibra Óptica denominado ARCOS-1, y con el fin de salvaguardar la seguridad\njurídica, la estabilidad económica del país y el derecho fundamental al acceso\na las telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicaciones,\nresulta posible otorgar la ampliación provisional y excepcional del plazo\nconferido de manera inicial por parte del Poder Ejecutivo, la cual mantendrá la\nplena vigencia y legalidad de la autorización otorgada mediante el Decreto\nEjecutivo N.º 29559-MINAE de fecha 31 de mayo de 2001, a partir del día 9 de\njunio de 2026 y hasta tanto el Poder Ejecutivo dicte el acto administrativo final\nque resuelva en forma definitiva la solicitud de prórroga del plazo original de\n25 años presentada por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD.\n\nPOR TANTO,\n\nDECRETAN:\n\n\"AMPLIACIÓN\nPROVISIONAL Y EXCEPCIONAL DE LA VIGENCIA DE LA\n\nAUTORIZACIÓN ESTABLECIDA EN\nEL DECRETO EJECUTIVO N. º 29559-MINAE,\n\nDE 31 DE MAYO DE 2001, QUE\nAUTORIZA LA RUTA DEL CABLE SUBMARINO DE\n\nFIBRA ÓPTICA ARCOS-1\"\n\nARTÍCULO 1.-Amplíase, con carácter provisional y excepcional, la vigencia de la autorización\notorgada para el paso, ruta y anclaje en el suelo y subsuelo marino del cable submarino\nde fibra óptica denominado ARCOS-1, conferida originalmente mediante el Decreto\nEjecutivo N.º 29559-MINAE de fecha 31 de mayo de 2001, denominado \"Autorización\nde la Ruta que seguirá el Cable Submarino de Fibra Óptica por ARCOS-1\",\npublicado en el Diario Oficial La Gaceta N.º 110 de fecha 8 de junio de 2001,\npor el plazo estrictamente necesario para que se resuelva en forma definitiva\nla solicitud de prórroga de dicha autorización. Las condiciones originales de\nla autorización deberán ser respetadas por los administrados.\n\nARTÍCULO 2. Rige a partir de su publicación.\n\nDado en la Presidencia de la República, a los 4\ndías del mes de junio del año 2026.",
  "body_en_text": "in the entirety of the text\n\n                    -\n\nComplete Text of Regulation 45817\n\n                        Provisional and exceptional extension of the validity of the authorization established in Executive Decree No. 29559-MINAE, of May 31, 2001, which authorizes the route of the ARCOS-1 fiber optic submarine cable\n\nNo. 45817 -MICITT\n\nTHE PRESIDENT OF THE\nREPUBLIC AND\n\nTHE ACTING MINISTER OF\nSCIENCE, INNOVATION, TECHNOLOGY AND\n\nTELECOMMUNICATIONS\n\nIn exercise of the\npowers conferred upon them by Articles 6, 11, 24, 121 subsection 14) sub-subsection\nc), 140 subsections 3), 8), 18) and 20), and 146 of the Political Constitution of\nthe Republic of Costa Rica (\"Constitución Política de\nla República de Costa Rica\"), issued on November 7, 1949, and\npublished in the Collection of Laws and Decrees of the Year: 1949, Semester: 2, Volume:\n2, Page: 724 and its amendments; and by reason of the provisions of Articles 3,\n56, 58, 77, 79, 112 to 115 of Law No. 7291, by which the Legislative Assembly ratified the United Nations Convention on the Law of the Sea (\"Convenio de las Naciones Unidas sobre el\nDerecho del Mar\"), issued on March 23, 1992, published in\nSupplement No. 10 to Official Gazette La Gaceta No. 134 of July\n15, 1992; in Articles 11, 16 subsection 1), 25 subsection 1), 27 subsection 1),\n28 subsection 2) item b), 113, 120, 121, 154, 240 subsection 1), 337, 338, 339, and 342 of\nLaw No. 6227, General Law of Public Administration (\"Ley General de la Administración Pública\"), issued\non May 2, 1978, and published in the Collection of Laws and Decrees of the\nYear: 1978, Semester: 1, Volume: 4, Page: 1403 and its amendments; in Articles\n8, 17, 18, and 83 of Law No. 7554, Organic Law of the Environment (\"Ley Orgánica del Ambiente\"), issued\non October 4, 1995, and published in Official Gazette La Gaceta No.\n215 of November 13, 1995, and its amendments; in Article 26\nof Law No. 7615, Vienna Convention on the Law of Treaties (\"Convención de Viena sobre el Derecho de los\nTratados\"), issued on July 24, 1996, and published in Official Gazette La Gaceta No. 164 of August 29, 1996; in Articles 59,\n60, 73, and 74 of Law No. 7593, Law of the Regulatory Authority for Public Services (ARESEP) (\"Ley de la Autoridad Reguladora de los\nServicios Públicos (ARESEP)\"), issued on August 9, 1996,\nand published in Official Gazette La Gaceta No. 169 on September\n5, 1996, and its amendments; in Articles 1 to 6 of Law No. 7832,\nLaw that Authorizes the Anchoring and Passage of Submarine Cables Through Territorial Sea (\"Ley que Autoriza Anclaje y Paso de Cables Submarinos por Mar Territorial\"),\nissued on September 30, 1998, and published in Official Gazette La Gaceta No. 203 on October 20, 1998, and its amendments; in Articles\n1 and 6 of the International Treaty ratified by Costa Rica through Law No. 8100,\n\"Approval of the Constitution and Convention of the International Telecommunication Union\n(Signed in Geneva on December 22, 1992) and the Instrument Amending\nthe Constitution and Convention of the International Telecommunication Union\n(Kyoto, 1994)\" (\"Aprobación de la Constitución y Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones\n(Firmado en Ginebra el 22 de diciembre de 1992) y el instrumento de enmienda a\nla Constitución y al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones\n(Kyoto, 1994)\"), issued on April 4, 2002, published in\nSupplement No. 44 to Official Gazette La Gaceta No. 114 of June 14, 2002;\nin Annex 13 of Chapter 13 of Law No. 8622, Dominican Republic - Central America - United States Free Trade Agreement (CAFTA-DR)\n(\"Tratado de Libre\nComercio República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos (TLC)\")\n(also known by its English acronym DR-CAFTA), approved by\npopular referendum and promulgated on November 21, 2007, and published in\nSupplement No. 40 to Official Gazette La Gaceta No. 246 of December\n21, 2007; in Articles 3 subsection h), 59, 60, 61 and 75 of Law No.\n8642, General Telecommunications Law (\"Ley General de Telecomunicaciones\"), issued on June\n4, 2008, and published in Official Gazette La Gaceta No. 125 of\nJune 30, 2008, and its amendments; in Articles 38 and 39 of Law No.\n8660, Law for the Strengthening and Modernization of Public\nEntities in the Telecommunications Sector (\"Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades\nPúblicas del Sector Telecomunicaciones\"), issued on August 8,\n2008, and published in Supplement No. 31 to Official Gazette La Gaceta No. 156 of August 13, 2008, and its amendments; in Article 8 of Law No. 9046, Law\n\"Transfer of the Telecommunications Sector from the Ministry of Environment,\nEnergy and Telecommunications to the Ministry of Science and Technology\" (\"Ley Traslado del Sector Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente,\nEnergía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología\"),\nissued on June 25, 2012, and published in Supplement No. 104 to\nOfficial Gazette La Gaceta No. 146 of July 20, 2012, and its amendments;\nin Article 3 subsection a) of Law No. 10216, Law to Incentivize and\nPromote the Construction of Telecommunications Infrastructure in Costa\nRica (\"Ley para incentivar y\npromover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa\nRica\"), issued on May 5, 2022, and published in Official Gazette La Gaceta No. 106 of June 8, 2022; in Executive Decree\nNo. 29559-MINAE, \"Authorization of the Route to be Followed by the Fiber Optic Submarine Cable by ARCOS-1\", issued on May 31,\n2001, and published in Official Gazette La Gaceta No. 110 of June 8,\n2001; in Article 76 of Executive Decree No. 34765-MINAET,\n\"Regulation to the General Telecommunications Law\" (RLGT), issued on\nSeptember 22, 2008, and published in Official Gazette La Gaceta No.\n186 of September 26, 2008, and its amendments; Executive Decree No.\n43898-MINAES-MOPT-MAG-MEIC, \"Regulation for Environmental Assessment, Control and\nFollow-up\" (\"Reglamento de Evaluación, Control y\nSeguimiento Ambiental\"), issued on December 21, 2022, and\npublished in Supplement No. 65 to Official Gazette La Gaceta No. 67\nof April 19, 2023, and Agreement No. 021-P issued by the President\nof the Republic appointing the Vice Minister of Telecommunications as Acting Minister of Science, Innovation, Technology\nand Telecommunications for the period from 07:00 on May 31, 2026, until\n17:30 on June 5, 2026.\n\nCONSIDERING:\n\nI. That according to Article 24 of the Political Constitution of\nthe Republic of Costa Rica (\"Constitución Política de\nla República de Costa Rica\"): \"(...) Every person has the fundamental right to access telecommunications and information and communication technologies throughout the national territory. The State shall guarantee, protect, and preserve this right. (...)\".\n\nII. That according to Article 7 of the Political Constitution of\nthe Republic of Costa Rica (\"Constitución Política de la\nRepública de Costa Rica\"): \"Public treaties, international conventions, and concordats, duly approved by the Legislative Assembly, shall have, from their promulgation or from the day they designate, authority superior to the laws. (...)\".\n\nIII. That the United Nations Convention on the Law of the Sea (\"Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del\nMar\") (CONVEMAR), approved in Costa Rica through Law No. 7291\nissued on March 23, 1992, recognizes in its Articles 58, 79, and 112 the\nfreedom of all States to lay, maintain, and repair submarine cables and pipelines in the exclusive economic zone, the continental shelf, and the high\nseas, respectively. Together with the protection and definition of offenses obligations provided in Articles 113 to 115, this conventional regime imposes upon States the duty to adopt measures to preserve and protect this submarine communications infrastructure of international interest.\nConsequently, the Costa Rican State must facilitate, regulate, and protect the\ninstallation and operation of international telecommunications infrastructure, particularly submarine cables, in accordance with the public interest and its domestic legal order.\n\nIV. That through Law No. 8100,\n\"Approval of the Constitution and Convention of the International Telecommunication Union (signed in Geneva on December 22, 1992) and the Instrument Amending the Constitution and Convention of the International Telecommunication Union (Kyoto, 1994)\" (\"Aprobación de la Constitución y Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (firmado en Ginebra el 22 de diciembre de 1992) y el Instrumento de Enmienda a la Constitución y al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Kyoto, 1994)\"), an International Treaty ratified on April 4, 2002, and published in Supplement No. 44 to Official Gazette La Gaceta No. 114 of June 14, 2002, our country incorporated into its domestic order the Constitution and Convention of the International Telecommunication Union, as well as the cited Amending Instrument. Consequently, the principle of good faith in international relations, in accordance with the principle \"pacta sunt servanda\" enshrined in Article 26 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (\"Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados\"), imposes on the Costa Rican State the obligation to fulfill the legal commitments assumed through international treaties and agreements. Said fundamental instrument establishes, among its essential purposes, the duty of Member States to ensure and promote the efficient functioning of international telecommunications, the harmonious development of global communication facilities, and the extension of new information and telecommunications technologies for the benefit of the public. The regulatory protection of international fiber optic cables aligns directly with these objectives and with the goals of social and economic development protected by the Political Constitution and by the referred international treaty.\n\nV. That the Dominican Republic - Central America - United States Free Trade Agreement (CAFTA-DR) (\"Tratado de Libre Comercio\nRepública Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos (TLC)\") (DR-CAFTA), approved in Costa Rica through Law No. 8622, establishes in its Annex 13, named \"Specific Commitments of Costa Rica Regarding Telecommunications Services,\" the obligation of the Costa Rican State to guarantee access to and use of public telecommunications networks and services under reasonable and non-discriminatory conditions. In particular, Costa Rica committed to ensuring reasonable and non-discriminatory treatment for access to submarine telecommunications cable systems, including their landing facilities, when these are provided as public telecommunications services. Submarine telecommunications cables constitute essential international transport infrastructure, enabling free competition in telecommunications markets, cross-border electronic commerce, and the fulfillment of international interconnection commitments assumed by Costa Rica before its trading partners, for which reason their adequate regulation and protection are of public interest.\n\nVI. That through Law No. 7832, Law that Authorizes the Anchoring and Passage of Submarine Cables Through Territorial Sea (\"Ley que Autoriza Anclaje y Paso de Cables Submarinos por Mar Territorial\"), issued on September 30, 1998, the Executive Branch was granted the competence to authorize the installation and anchoring of international submarine telecommunications cables on the seabed or subsoil of the Costa Rican territorial sea and through the terrestrial maritime zone.\n\nVII. That Article 1 of Law No. 7832, Law that Authorizes the Anchoring and Passage of Submarine Cables Through Territorial Sea (\"Ley que Autoriza Anclaje y Paso de Cables Submarinos por Mar Territorial\") provides that the \"(...) maximum term of the authorization shall be twenty-five years and may be extended for another equal term according to the agreement of the contracting parties. Upon the fulfillment of the contract term, the authorization expires by operation of law and the State acquires ownership of the cable and the complementary works both in the national territory and in the territorial sea.\"\n\nVIII. That Article 2 of Law No. 7832, Law that Authorizes the Anchoring and Passage of Submarine Cables Through Territorial Sea (\"Ley que Autoriza Anclaje y Paso de Cables Submarinos por Mar Territorial\") establishes that \"The anchoring station of each cable shall be part of the submarine cable system.\"\n\nIX. That Article 2 subsection i) of Law No. 8642, General Telecommunications Law (\"Ley General de Telecomunicaciones\"), provides within its objectives to \"Ensure that the country obtains the maximum benefits from technological progress and convergence.\"\n\nX. That Law No. 8642, General Telecommunications Law (\"Ley General de Telecomunicaciones\"), qualifies telecommunications services as services offered to the general public in exchange for an economic consideration of general interest, subject to the principles of continuity, equality, and universality.\n\nXI. That Article 3 subsection a) of Law No. 10216, Law to Incentivize and Promote the Construction of Telecommunications Infrastructure in Costa Rica (\"Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica\") establishes within its guiding principles the \"Efficient allocation of resources,\" which directs that \"(...) the allocation and utilization of all infrastructure supporting public telecommunications networks must be ensured in an objective, timely, transparent, and efficient manner, in such a way that effective competition and the expansion and improvement of public networks and services are maintained.\"\n\nXII. That Article 74 of Law No. 7593, Law of the Regulatory Authority for Public Services (ARESEP) (\"Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)\"), establishes that it must be considered \"(...) an activity of public interest the establishment, installation, expansion, renovation, and operation of public telecommunications networks or any of their elements.\"\n\nXIII. That Article 39 of Law No. 8660, Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Telecommunications Sector (\"Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones\"), establishes the stewardship of the Telecommunications Sector in the Ministry of Science, Innovation, Technology, and Telecommunications.\n\nXIV. That Article 113 subsections 2) and 3) of Law No. 6227, General Law of Public Administration (\"Ley General de la Administración Pública\"), provide that \"2. The public interest shall prevail over the interest of the Public Administration when they may be in conflict. // 3. In the assessment of public interest, the values of legal certainty and justice for the community and the individual shall be taken into account, first and foremost, to which mere convenience may in no case be preferred.\"\n\nXV. That through Executive Decree No. 29559-MINAE of May 31, 2001, \"Authorization of the Route to be Followed by the Fiber Optic Submarine Cable by ARCOS-1\", published in Official Gazette La Gaceta No. 110 of June 8, 2001, which in its Article 1 provided: \"To authorize the route to be followed by the fiber optic submarine cable named ARCOS-1 to be installed by the Developer Consortium of the system named ARCOS-1; in accordance with the terms of the Construction and Maintenance Agreement, dated February 25, 1999, signed by the state company Radiográfica Costarricense, S. A., and the Environmental Impact Study approved by the National Environmental Technical Secretariat for this Project.\"\n\nXVI. That Article 5 of Executive Decree No. 29559-MINAE of May 31, 2001, \"Authorization of the Route to be Followed by the Fiber Optic Submarine Cable by ARCOS-1\", published in Official Gazette La Gaceta No. 110 of June 8, 2001, established in its Article 5 that it \"Shall be effective from its publication.\"\n\nXVII. That subsequently the Council of the Superintendency of Telecommunications (SUTEL), through Resolution No. RCS-255-2014, approved in ordinary session No. 061-2014, held on October 15, 2014, through Agreement No. 007-061-2014, at 10:15 a.m., authorized the concentration operation submitted for authorization by the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) for the acquisition of the submarine cable capacities of Radiográfica Costarricense, Sociedad Anónima. Said concentration in favor of ICE included acquiring the ownership, operation, technical maintenance, and exploitation of the ARCOS-1 Submarine Cable.\n\nXVIII. That the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice has highlighted the public interest inherent in telecommunications and in the development of the infrastructure associated with their effective provision, regarding which it is relevant to cite Resolution No. 015763-2011 at 09:46 hours on November 16, 2011, which, in its relevant part, provides that:\n\n\"(...) IMPORTANCE, PUBLIC INTEREST, AND NATIONAL DIMENSION OF TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE IN THE CONSTITUTIONAL AND INFRACONSTITUTIONAL LEGAL ORDER. Based on a systematic analysis of the current constitutional and infraconstitutional legal order, it is feasible to conclude that infrastructure in the field of telecommunications has a relevance that exceeds the local or cantonal sphere, assuming a clear public interest and, of course, establishing itself as an issue that pertains to the national orbit with, even, projections into the field of Public International Law, as its development implies the fulfillment of a series of international obligations previously assumed by the Costa Rican State. Firstly, as this Constitutional Court has indicated, the topic of telecommunications has great constitutional relevance, so much so that in Article 121, subsection 14), sub-subsection c), of the Constitution, it is indicated that 'wireless services' or the electromagnetic spectrum is part of the constitutional public domain and specifically is a good belonging to the Nation, which cannot be removed from the public domain or leave the domain of the State. The General Telecommunications Law No. 8642 of June 4, 2008—hereinafter LGT—when enunciating the guiding principles in this sector, indicates in its Article 3, subsection i), that there must be an 'optimization of scarce resources,' highlighting that the use of telecommunications infrastructure must be '(...) objective, timely, transparent, non-discriminatory, and efficient, with the dual objective of ensuring effective competition, as well as the expansion and improvement of networks and services' (Emphasis added) (...) For its part, the Law of the Regulatory Authority for Public Services [(ARESEP)], No. 7593 of August 9, 1993, in its Article 74, amended by the Law for the Strengthening and Modernization of Public Entities in the Telecommunications Sector No. 8660 of August 8, 2008, made a declaration of public interest regarding infrastructure and networks in telecommunications by prescribing the following: 'An activity of public interest is considered to be the establishment, installation, expansion, renovation, and operation of public telecommunications networks or any of their elements.' This declaration has major repercussions, since it is recognized, by law, that the issue of infrastructure in this matter has a clear and unequivocal public or general interest that transcends the local or regional sphere within the country, to project itself at the national and international level, by allowing the Costa Rican State to fulfill, in good faith, a series of obligations and commitments assumed in the context of Public International Law. (...).\"\n\nXIX. That the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice itself has expressly recognized the transversal nature of the fundamental right of access to telecommunications. In this way, through Resolution No. 2010-10627 at 08:31 on June 18, 2010, it has stated:\n\n\"V.- B- On the fundamental rights to information and communication.- In this specific case, for the public service in question—the telecommunications service—two other fundamental rights are also involved: the right to communication and the right to information. Regarding these rights, it must be indicated that, in light of the current information and knowledge society, the right of all individuals to access and participate in the production of information and knowledge becomes a fundamental requirement; therefore, such access and participation must be guaranteed to the entire population. Although they are rights related to others, such as freedom of expression and freedom of the press, these rights have their own particularity. Similarly, although they are more clearly defined today, they have their roots in the Universal Declaration of Human Rights, promulgated on December 10, 1948, when it states in its Article 19 that 'everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes the freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers,' and in the American Convention on Human Rights, promulgated in 1969 (Pact of San José), when it indicates that freedom of thought and expression comprises '(...) the freedom to seek, receive, and impart information and ideas (...).' In this sense, all entities responsible for the public telecommunications service have the obligation to respect said rights, of course, once the established requirements have been met (...). 'It should not be understood that because an area is remote, the construction of the necessary infrastructure is not very profitable, or there is a technical limitation that does not allow the installation of the service, then there is a valid justification for not providing the requested service, since the expansion of this network is the responsibility of the respondent institution. This is because, as stated, when an entity (public or private, but especially when it is public) has been entrusted with the mission of providing a public service, it has the obligation to provide it in a continuous, adaptable, efficient manner and equally to all inhabitants, especially when said public service is associated with other fundamental rights, as would be the case here, with the rights to communication and information.' (...)\"\n\nXX. That, in a complementary manner, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, through Resolution No. 15763-2011, at 09:46 hours on November 16, 2011, delved into the international commitments assumed by the country regarding telecommunications infrastructure, by pointing out that:\n\n\"(...) there are various declarations highlighting the importance of the creation, improvement, and development of telecommunications infrastructure as a key factor for social and economic development, such as the 'Florianópolis Declaration' of June 21, 2000, the 'Geneva Declaration of Principles' (First Phase of the World Summit on the Information Society) of December 12, 2003, and its 'Plan of Action', the 'Tunis Commitment' (Second Phase of the World Summit on the Information Society) of November 18, 2005, and its 'Agenda.' Specifically, the 'Plan of Action' of the Geneva Declaration of Principles in point C.2, called 'Information and communication infrastructure: basic foundation for the Information Society,' indicates the following: '9. Infrastructure is fundamental to achieving the goal of digital inclusion, enabling universal, sustainable, ubiquitous, and affordable access to ICTs for all, taking into account relevant solutions already applied in developing countries and countries with economies in transition to provide connectivity and access to remote and marginalized areas at the regional and national levels.' (...) In short, the construction, development, improvement, and expansion of solid and robust telecommunications infrastructure has been denounced in various instruments of Public International Law as a commitment and an undeniable obligation of national States. (...).\"\n\nXXI. That, in addition, considering the international commitments acquired by Costa Rica within the framework of the International Telecommunication Union (ITU) and other instruments, and in accordance with the reiterated jurisprudence of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, in which telecommunications infrastructure is recognized as an essential element for social and economic development, as well as for reducing digital divides, it is established that the construction, development, improvement, and expansion of solid and robust telecommunications infrastructure constitutes a fundamental duty of the State. This duty has been recognized as an indispensable condition to guarantee sustainable, pervasive, and affordable access to information and communication technologies.\n\nXXII. That submarine telecommunications cables constitute essential infrastructure for the international connectivity of the country, by transporting global data, voice, and internet traffic, enabling the interconnection of Costa Rica with international networks, digital services, technological platforms, data centers, and markets; and that their adequate protection, resilience, and development are essential to guarantee the continuity of electronic communications, digital transformation, economic competitiveness, the attraction of investments, the provision of public and private services, as well as the exercise of fundamental rights associated with access to telecommunications and information technologies.\n\nXXIII. That the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE), as part of the Developer Consortium of the system named ARCOS-1, on June 3, 2026, through official communication No. 6000-543-2026 of the same date, presented to the Ministry of Science, Innovation, Technology, and Telecommunications (MICITT), a formal \"Request for extension of the authorization of the route and anchoring of the ARCOS-1 submarine cable. Executive Decree No. 29559-MINAE,\" and indicated the following:\n\n\"In order to safeguard the continuity of wholesale and retail telecommunications services, by virtue of said public interest, it is requested to extend until December 15, 2026, the authorization of the existing ARCOS-1 fiber optic submarine cable route, originally authorized by the Executive Branch through Executive Decree No. 29559-MINAE of May 31, 2001, published in Official Gazette La Gaceta No. 110 of June 8, 2001.\n\nOn an interlocutory basis, while the extension in question is resolved, we request that the expiry of the original term not operate.\" (Emphasis not in the original).\n\nXXIV. That through official communication No. MICITT-DCNT-DNPT-OF-197-2026 of June 4, 2026, the Department of Telecommunications Norms and Procedures of the Directorate of Telecommunications Concessions and Norms, of the Vice Ministry of Telecommunications of MICITT, within the corresponding processing steps for its resolution by the Executive Branch, requested the respective technical opinion from the Superintendency of Telecommunications.\n\nXXV. That on June 4, 2026, the ARCOS-1 Management Committee (the \"Committee\") and Columbus Networks Wholesale (Costa Rica), Limitada (\"Liberty Networks\"), as interested third parties, appeared before the Ministry of Science, Innovation, Technology, and Telecommunications (MICITT), stating a legitimate interest in their appearance, and stated that:\n\n\"Based on the facts and considerations presented, and without prejudice to the negotiations continuing to be conducted in good faith between Liberty Networks and the ICE to formalize the necessary agreements relating to the extension period of the ARCOS-1 System, the Committee and Liberty Networks respectfully request the Ministry of Science, Innovation, Technology, and Telecommunications the following: that, in the event that the renewal of the corresponding authorization is not completed by the ICE before the expiry of Executive Decree No. 29559-MINAE, the computation of the expiry period of said instrument be suspended while the negotiations currently underway between the involved parties are concluded. Likewise, it is requested that this Authority adopt the necessary administrative measures to guarantee the operational continuity of the ARCOS-1 System during the ten (10) year extension period approved by the members of the ARCOS-1 Consortium, i.e., until December 26, 2036.\" (Emphasis not in the original).\n\nXXVI. That, given the imminence of the expiry of the original term of the cited authorization, and considering the date of submission of the extension request by the authorized Developer Consortium, it is materially impossible for the sectoral authorities to conclude the ordinary legal and technical review procedure before the legal institution of expiry operates. By virtue of this, and in strict safeguarding of the constitutional principles of continuity, regularity, and efficiency that govern essential telecommunications services, as well as the binding jurisprudence of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, it is deemed necessary and appropriate to guarantee the uninterrupted continuation of the authorization granted by Executive Decree No. 29559-MINAE of May 31, 2001, called \"Authorization of the Route to be Followed by the Fiber Optic Submarine Cable by ARCOS-1\", published in Official Gazette La Gaceta No. 110 of June 8, 2001, for the time necessary for the Executive Branch to issue the final act that resolves the request for extension for the anchoring, passage, and route of the infrastructure of the fiber optic submarine cable system named ARCOS-1. The foregoing, in order to avoid the expiry of the authorization, preserve the legal certainty of the operation, and prevent potential material damage to the system that could compromise the public interest, weighing the positive obligations of a constitutional nature that derive for the Costa Rican State regarding access to telecommunications services to guarantee, protect, and preserve this fundamental right.\n\nXXVII. That the expiration of the term of the cited authorization would legally oblige the cessation of the infrastructure’s operations, causing a potential blackout of the international connectivity that transits through it, or a critical degradation of service to the detriment of the population. Consequently, given that an interest has been shown in maintaining the authorization for the passage, route, and anchoring in the marine soil and subsoil of the Fiber Optic Submarine Cable called ARCOS-1, and in order to safeguard legal certainty, the country’s economic stability, and the fundamental right of access to telecommunications and information and communications technologies, it is possible to grant the provisional and exceptional extension of the term initially conferred by the Executive Branch, which will maintain the full validity and legality of the authorization granted through Executive Decree No. 29559-MINAE dated May 31, 2001, as of June 9, 2026, and until the Executive Branch issues the final administrative act that definitively resolves the request for extension of the original 25-year term submitted by the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD.\n\nTHEREFORE,\n\nDECREE:\n\n\"PROVISIONAL AND EXCEPTIONAL EXTENSION OF THE VALIDITY OF THE\n\nAUTHORIZATION ESTABLISHED IN EXECUTIVE DECREE NO. 29559-MINAE,\n\nOF MAY 31, 2001, WHICH AUTHORIZES THE ROUTE OF THE FIBER OPTIC\n\nSUBMARINE CABLE ARCOS-1\"\n\nARTICLE 1.-The validity of the authorization granted for the passage, route, and anchoring in the marine soil and subsoil of the fiber optic submarine cable called ARCOS-1, originally conferred through Executive Decree No. 29559-MINAE dated May 31, 2001, called \"Authorization of the Route to be Followed by the Fiber Optic Submarine Cable ARCOS-1\", published in the Official Gazette La Gaceta No. 110 dated June 8, 2001, is hereby extended, on a provisional and exceptional basis, for the time strictly necessary for the request for extension of said authorization to be definitively resolved. The original conditions of the authorization must be respected by the administered parties.\n\nARTICLE 2. It takes effect upon its publication.\n\nGiven at the Presidency of the Republic, on the 4th day of the month of June of the year 2026."
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