{ "id": "norm-28691", "citation": "Ley 7333-A", "section": "norms", "doc_type": "law", "title_es": "Ley Orgánica del Poder Judicial de 1993", "title_en": "Organic Law of the Judiciary of 1993", "summary_es": "Esta ley, aunque principalmente reforma la organización del Poder Judicial y el régimen disciplinario del Colegio de Abogados, contiene un artículo que crea el Tribunal Superior de San Carlos, con competencia en cantones que incluyen zonas de alta relevancia ambiental. Esta disposición tiene implicaciones para el acceso a la justicia en disputas ambientales en la región norte, donde existen importantes áreas protegidas, territorios indígenas y conflictos de uso del suelo. La ley deroga además normas previas y modifica la suspensión de abogados, pero su núcleo de interés ambiental es la nueva circunscripción judicial.", "summary_en": "This law, while primarily reforming the organization of the Judiciary and the disciplinary regime of the Bar Association, contains an article that creates a Superior Court in San Carlos, with jurisdiction in cantons that include areas of high environmental relevance. This provision has implications for access to justice in environmental disputes in the northern region, where there are important protected areas, indigenous territories, and land-use conflicts. The law also repeals previous norms and modifies the suspension of lawyers, but its core environmental interest is the new judicial jurisdiction.", "court_or_agency": "", "date": "05/05/1993", "year": "1993", "topic_ids": [], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "Tribunal Superior", "circunscripción judicial", "competencia territorial", "Poder Judicial", "Sala Constitucional", "acceso a la justicia" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 8", "law": "Ley 7333" } ], "keywords_es": [ "Tribunal Superior San Carlos", "circunscripción judicial", "competencia territorial", "Poder Judicial", "Ciudad Quesada", "reforma orgánica", "acceso a la justicia", "San Carlos", "Upala", "Guatuso", "Los Chiles" ], "keywords_en": [ "Superior Court San Carlos", "judicial district", "territorial jurisdiction", "Judiciary", "Ciudad Quesada", "organic reform", "access to justice", "San Carlos", "Upala", "Guatuso", "Los Chiles" ], "excerpt_es": "ARTICULO 8.- Créase el Tribunal Superior en el cantón de San Carlos, con asiento en Ciudad Quesada.\n\nEste Tribunal tendrá competencia territorial en los cantones de San Carlos, Upala, Guatuso y Los Chiles; asimismo, la Corte efectuará los estudios correspondientes para determinar cuáles otros cantones o distritos pueden formar parte de esta circunscripción judicial, según lo que más convenga para una mejor administración de justicia y tomando en cuenta la facilidad de los medios de comunicación. La Corte queda facultada para realizar las modificaciones correspondientes en la competencia territorial de los tribunales afectados.", "excerpt_en": "ARTICLE 8.- The Superior Court in the canton of San Carlos is created, with its seat in Ciudad Quesada.\n\nThis Court shall have territorial jurisdiction in the cantons of San Carlos, Upala, Guatuso, and Los Chiles; likewise, the Court shall carry out the corresponding studies to determine which other cantons or districts may form part of this judicial district, as most convenient for a better administration of justice and taking into account the ease of means of communication. 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Quesada Vargas", "descriptores": "Procedimiento administrativo disciplinario, Colegio de abogados y abogadas", "restrictores": "Sanción de suspensión en el ejercicio profesional en contra de abogada litigante quien ofreció los mismos testigos falsos en varios procesos judiciales", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "00022", "anno": "2021", "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII Res. 00022-2021", "url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/ext-1-0034-299573" }, { "doc_id": "nexus-ext-1-0034-276819", "parent_doc_id": "nexus-sen-1-0034-947973", "despacho": "Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José", "date": "11-Nov-2019", "expediente": "190013151178LA", "redactor": "Diamantina Romero Cruz", "descriptores": "Calificación de la huelga, Huelga, Huelga política", "restrictores": "Alcances de las directrices del Comité de Libertad Sindical y la Comisión de expertos en aplicación de Convenios de la OIT, así como la aplicación del art. 371del Código de Trabajo en relación con el Convenio N° 87 de la OIT, Falta de incorporación de la política dentro del Código de Trabajo no implica su prohibición, Imposibilidad de exigir los mismos requisitos de la huelga laboral de agotar alguna alternativa de conciliación previa al movimiento por su naturaleza contra políticas públicas, Aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad y criterios de interpretación para establecer sus límites, Consideraciones de la huelga en contra de políticas económicas sociales como parte de los derechos fundamentales, y aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad y los criterios de interpretación para establecer sus límites, Declaratoria de calificación de huelga sin lugar contra la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Declaratoria sin lugar de la interpuesta contra la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE)", "tipoDocumento": "EXT", "numeroDocumento": "01279", "anno": 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El\ntexto de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial puede consultarse\nen el siguiente links: Ley\nN° 7333 del 5 de mayo de 1993)\n\n Ficha articulo\n\nARTICULO 2.-\nDeróganse la Ley de la Dirección Administrativa y de Auditoría\ndel Poder Judicial No. 6152 del l8 de noviembre de l977, y la Ley de Actuarios\nJudiciales No. 4322 del 11 de febrero de 1969. Asimismo, se derogan todas las\nnormas en las que se fija como exigencia la firma del Secretario o\nProsecretario de las oficinas judiciales, o testigos de asistencia, en\ncualquier resolución o actuación jurisdiccional de los titulares\ndel Despacho.\n\n Ficha articulo\n\nARTICULO 3.- Refórmase el artículo 3 y adiciónase\nun nuevo Capítulo III a la Ley Orgánica del Colegio de Abogados,\nNo. 13 del 28 de octubre de 1941, que dirá así:\n\n\"Artículo\n3.- No puede ser miembro del Colegio, el abogado que estuviere inhabilitado por\nsentencia para ejercer cargos públicos y profesiones liberales, o el que\nestuviere cumpliendo condena penal por delito.\"\n\nCAPITULO III\n\nDE LAS\nSANCIONES A LOS ABOGADOS\n\nArtículo 10.- Deberán\nser suspendidos en el ejercicio de su profesión los abogados:\n\n1.- Cuando se hubiera\ndictado contra ellos auto firme de elevación a juicio, por delito doloso\nque merezca pena de prisión mayor de tres años, siempre que a\njuicio de la Junta Directiva del Colegio de Abogados el hecho atribuido afecte\ngravemente el ejercicio correcto de la abogacía.\n\nAsimismo,\ndeberán ser suspendidos cuando fueren condenados por delito a una pena\nde prisión o de suspensión para cargos y oficios públicos\ny profesiones liberales. Para tales efectos, el tribunal respectivo deberá\ncomunicar lo pertinente a la Fiscalía del Colegio de Abogados.\n\n2.- Cuando se\nnieguen, sin motivo justificado, a rendir cuentas a sus poderdantes o clientes.\n\n3.- Cuando en cualquier\nforma apareciere que han incurrido en apropiación, malversación,\ndefraudación, exacción o uso indebido de fondos en daño de\nsus clientes, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles\nconsiguientes.\n\n4.- Cuando el abogado\nhaya autenticado firma falsa, o firma no puesta en su presencia, o cuando se\npreste a que, por su medio, litiguen personas no autorizadas por la ley.\n\n5.- Cuando su\nconducta sea notoriamente viciosa por embriaguez, por drogadicción o\ncualquier trastorno grave de conducta que comprometa el ejercicio de la\nprofesión.\n\n6.- Cuando, en\ngeneral, cometan alguna falta de probidad u honradez en el ejercicio de la\nprofesión, no comprendida en ninguno de los números anteriores.\n\nArtículo 11.- La\nJunta Directiva del Colegio de Abogados deberá decretar la suspensión\ndel profesional que se encuentre en los supuestos del inciso primero del\nartículo anterior. La suspensión se mantendrá mientras el\nabogado no sea absuelto, no cumpla la pena o no sea rehabilitado.\n\nEl procedimiento para\nla imposición de la suspensión será fijado por la Asamblea\nGeneral del Colegio, especialmente convocada al efecto y en él se\ngarantizarán los principios del debido proceso y defensa.\n\nArtículo 12.- En\nlos demás casos del artículo transanterior,\nla Junta Directiva del Colegio de Abogados, siguiendo el procedimiento\nestablecido en la Ley General de Administración Pública,\ndecretará la supensión, por\nmayoría absoluta de votos presentes y en votación secreta. La\nresolución final tendrá únicamente el recurso de\nrevocatoria, cuya decisión dará por agotada la vía\nadministrativa.\n\nArtículo 13.- La\nsuspensión no podrá ser inferior de un mes ni mayor de doce\naños, atendiendo a la gravedad de la falta.\n\nEl abogado que dejare\nde ser miembro del Colegio por las causas que se indican en el artículo\n3 de esta Ley, podrá solicitar su reinscripción, sin perjuicio de\ncumplir la sanción, lo que podrá ser acordado por la Junta\nDirectiva del Colegio de Abogados, siempre que con ello no se hagan nugatorios\nlos fines del régimen disciplinario.\n\nArtículo 14.- La\nsuspensión podrá pedirla el Ministerio Público, el Fiscal\ndel Colegio o cualquier persona mayor de edad con interés\nlegítimo.\n\nArtículo 15.- Decretada\nla suspensión, la Junta Directiva ordenará su publicación\nen el Boletín Judicial y lo comunicará al Consejo Superior del\nPoder Judicial. La medida surtirá efectos a partir de la\npublicación.\"\n\n Ficha articulo\n\nARTICULO 4.- Los\ncapítulos III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley Orgánica del\nColegio de Abogados, No. 13 del 28 de octubre de 1941, pasarán a ocupar\nlos números IV, V, VI, VII, VIII, IX Y X, respectivamente. Asimismo, los\nartículos enumerados del 10 al 43, que forman parte de esos\ncapítulos, pasarán a ocupar los números del 16 al 49,\ninclusive, de aquella ley.\n\n Ficha articulo\n\nARTICULO 5.- Refórmanse el inciso 11 del artículo 22 y el\nartículo 45, según la numeración modificada en el\nartículo anterior, de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados,\nNo. 13 del 28 de octubre de 1941, para que digan así:\n\n\"Artículo\n22.-\n\n...\n\n11.- Conocer de las\nfaltas de los miembros del Colegio en la forma que establece esta Ley,\nasí como de las que cometan los empleados y demás funcionarios\ndel Colegio, y aplicar las sanciones correspondientes.\"\n\n\"Artículo\n45.- Cuando se presente queja contra un abogado, por algún hecho que vaya\nen desdoro de la profesión, ya sea que constituya delito o siquiera\nprocedimiento torcido, o por alguno de los motivos señalados en los\nincisos 2 al 6 del artículo 10, se procederá en la forma indicada\nen los artículos 11 al 16 de esta Ley.\n\nSi la solicitud de\nsuspensión resultare imprudente o maliciosa, la Directiva del Colegio\npodrá imponer al quejoso, cuando sea un particular, una multa de mil a\ncinco mil colones, convertible en prisión por falta de pago, a razón\nde un día por cada cien colones de multa, sin perjuicio de los derechos\nque pueda ejercitar el profesional absuelto. La multa se depositará a la\norden del Colegio de Abogados.\"\n\n Ficha articulo\n\nARTICULO 6.- El Poder\nEjecutivo dictará, a más tardar seis meses después de su\nentrada en vigencia, los reglamentos necesarios para la aplicación de la\npresente Ley, a propuesta de la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, la\nfalta de reglamentación no impedirá su aplicación.\n\n Ficha articulo\n\nARTICULO 7.- La Corte\nSuprema de Justicia reconocerá los beneficios establecidos en la Ley No.\n5867, del 15 de diciembre de 1975 y sus reformas, al personal técnico\ndel Departamento de Auditoría Judicial y a los auditores investigadores\ndel Organismo de Investigación Judicial.\n\n Ficha articulo\n\nARTICULO 8.-\nCréase el Tribunal Superior en el cantón de San Carlos, con\nasiento en Ciudad Quesada.\n\nEste Tribunal\ntendrá competencia territorial en los cantones de San Carlos, Upala,\nGuatuso y Los Chiles; asimismo, la Corte efectuará los estudios\ncorrespondientes para determinar cuáles otros cantones o distritos\npueden formar parte de esta circunscripción judicial, según lo que\nmás convenga para una mejor administración de justicia y tomando\nen cuenta la facilidad de los medios de comunicación. La Corte queda facultada\npara realizar las modificaciones correspondientes en la competencia territorial\nde los tribunales afectados.\n\n Ficha articulo\n\nARTICULO 9.- Esta Ley\nrige seis meses después de su publicación y deroga las que se le\nopongan.\n\nDado en la\nPresidencia de la república.-San José, a los treinta y un\ndías del mes de marzo de mil novecientos noventa y tres.\n\n Ficha articulo\n\nFecha de generación: 7/5/2026 07:01:11\n\n Ir al principio del documento", "body_en_text": "Remember that Control F is an option that allows you to search within the entire text.\n\nGo to the end of the document\n\n- You are on the latest version of the regulation\n-\n\nComplete Text of Norm 7333\n\nAmendment to the LOPJ, Law of the Administrative and Audit Directorate of the Judiciary, Organic Law of the Bar Association, and Creates the Superior Tribunal of San Carlos\n\nComplete Text of record: 27B0E\n1\n\nN°\n7333\n\nTHE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA\n\nDECREES:\n\nORGANIC LAW OF THE JUDICIARY\n\nARTICLE 1.- The Organic Law of the Judiciary, No. 8 of November 29, 1937, and its Amendments are modified, the text of which shall read:\n\n(NOTE: The text of the amendment to the Organic Law of the Judiciary can be consulted at the following link: Ley N° 7333 of May 5, 1993)\n\nArticle file\n\nARTICLE 2.- The Law of the Administrative and Audit Directorate of the Judiciary No. 6152 of November 18, 1977, and the Law of Judicial Clerks No. 4322 of February 11, 1969, are repealed. Likewise, all rules requiring the signature of the Secretary or Pro-Secretary of judicial offices, or witnesses of assistance, on any resolution or jurisdictional action by the office holders are repealed.\n\nArticle file\n\nARTICLE 3.- Article 3 of the Organic Law of the Bar Association, No. 13 of October 28, 1941, is amended and a new Chapter III is added, which shall read as follows:\n\n\"Article 3.- No lawyer may be a member of the Association who is disqualified by judgment from holding public office and practicing liberal professions, or who is serving a criminal sentence for a crime.\"\n\nCHAPTER III\n\nON SANCTIONS FOR LAWYERS\n\nArticle 10.- Lawyers shall be suspended from practicing their profession in the following cases:\n\n1.- When a final order of indictment (auto firme de elevación a juicio) has been issued against them for an intentional crime carrying a prison sentence of more than three years, provided that, in the judgment of the Board of Directors of the Bar Association, the attributed act seriously affects the proper practice of law.\n\nLikewise, they shall be suspended when convicted of a crime punishable by imprisonment or suspension from public offices and positions and liberal professions. For such purposes, the respective court shall communicate the pertinent information to the Office of the Prosecutor (Fiscalía) of the Bar Association.\n\n2.- When they refuse, without justified reason, to render accounts to their principals or clients.\n\n3.- When it appears in any way that they have incurred in misappropriation, embezzlement, fraud, exaction, or improper use of funds to the detriment of their clients, without prejudice to the consequent criminal and civil liabilities.\n\n4.- When the lawyer has authenticated a false signature, or a signature not affixed in their presence, or when they lend themselves to allowing persons not authorized by law to litigate through them.\n\n5.- When their conduct is notoriously vicious due to drunkenness, drug addiction, or any serious behavioral disorder that compromises the practice of the profession.\n\n6.- When, in general, they commit an act of dishonesty or lack of probity in the practice of the profession not covered by any of the preceding subsections.\n\nArticle 11.- The Board of Directors of the Bar Association must decree the suspension of a professional who falls under the circumstances of the first subsection of the preceding article. The suspension shall be maintained as long as the lawyer is not acquitted, does not complete the sentence, or is not rehabilitated.\n\nThe procedure for imposing the suspension shall be established by the General Assembly of the Association, specially convened for that purpose, and it shall guarantee the principles of due process and defense.\n\nArticle 12.- In the other cases of the article before the last, the Board of Directors of the Bar Association, following the procedure established in the General Law of Public Administration, shall decree the suspension by an absolute majority of votes present and by secret ballot. The final resolution shall only have the remedy of revocation (recurso de revocatoria), the decision of which will exhaust the administrative venue.\n\nArticle 13.- The suspension shall not be less than one month nor more than twelve years, considering the seriousness of the offense.\n\nA lawyer who ceases to be a member of the Association for the causes indicated in Article 3 of this Law may request reinstatement, without prejudice to serving the sanction, which may be agreed upon by the Board of Directors of the Bar Association, provided that this does not nullify the purposes of the disciplinary regime.\n\nArticle 14.- The suspension may be requested by the Public Ministry, the Office of the Prosecutor (Fiscal) of the Association, or any person of legal age with a legitimate interest.\n\nArticle 15.- Once the suspension is decreed, the Board of Directors shall order its publication in the Judicial Bulletin and shall communicate it to the Superior Council of the Judiciary. The measure shall take effect from the date of publication.\"\n\nArticle file\n\nARTICLE 4.- Chapters III, IV, V, VI, VII, VIII, and IX of the Organic Law of the Bar Association, No. 13 of October 28, 1941, shall become chapters IV, V, VI, VII, VIII, IX, and X, respectively. Likewise, the articles numbered from 10 to 43, which form part of those chapters, shall become articles 16 to 49, inclusive, of that law.\n\nArticle file\n\nARTICLE 5.- Subsection 11 of Article 22 and Article 45, according to the numbering amended in the preceding article, of the Organic Law of the Bar Association, No. 13 of October 28, 1941, are amended to read as follows:\n\n\"Article 22.-\n\n... (ellipsis in original)\n\n11.- To hear offenses committed by members of the Association in the manner established by this Law, as well as those committed by employees and other officials of the Association, and to apply the corresponding sanctions.\"\n\n\"Article 45.- When a complaint is filed against a lawyer for any act that brings discredit upon the profession, whether it constitutes a crime or merely a crooked procedure, or for any of the reasons indicated in subsections 2 through 6 of Article 10, the procedure shall follow the form indicated in Articles 11 through 16 of this Law.\n\nIf the request for suspension proves to be imprudent or malicious, the Board of Directors of the Association may impose on the complainant, when a private individual, a fine of one thousand to five thousand colones, convertible into imprisonment for non-payment, at a rate of one day for each one hundred colones of the fine, without prejudice to the rights that the acquitted professional may exercise. The fine shall be deposited to the order of the Bar Association.\"\n\nArticle file\n\nARTICLE 6.- The Executive Branch shall issue, no later than six months after its entry into force, the necessary regulations for the application of this Law, upon the proposal of the Supreme Court of Justice; however, the lack of regulations shall not impede its application.\n\nArticle file\n\nARTICLE 7.- The Supreme Court of Justice shall recognize the benefits established in Law No. 5867 of December 15, 1975, and its amendments, to the technical personnel of the Judicial Audit Department and to the investigative auditors of the Judicial Investigation Agency.\n\nArticle file\n\nARTICLE 8.- The Superior Tribunal is created in the canton of San Carlos, seated in Ciudad Quesada.\n\nThis Tribunal shall have territorial jurisdiction in the cantons of San Carlos, Upala, Guatuso, and Los Chiles; likewise, the Court shall conduct the corresponding studies to determine which other cantons or districts may form part of this judicial circumscription, according to what is most convenient for a better administration of justice and considering the ease of means of communication. The Court is empowered to make the corresponding modifications to the territorial jurisdiction of the affected tribunals.\n\nArticle file\n\nARTICLE 9.- This Law enters into force six months after its publication and repeals any laws contrary to it.\n\nGiven at the Presidency of the Republic. — San José, on the thirty-first day of the month of March of nineteen ninety-three.\n\nArticle file\n\nDate of generation: 7/5/2026 07:01:11\n\nGo to the top of the document" }