{ "id": "norm-49046", "citation": "Resolución 1404", "section": "norms", "doc_type": "resolution", "title_es": "Obligación patronal de pagar salario a miembros de Junta Receptora", "title_en": "Employer obligation to pay wages to polling station members", "summary_es": "El Tribunal Supremo de Elecciones interpreta exclusiva y obligatoriamente el artículo 69 inciso j) del Código de Trabajo, estableciendo que los patronos deben conceder el tiempo necesario para el ejercicio del voto sin reducción de salario. La interpretación extiende esta obligación a los trabajadores que fungen como miembros de las Juntas Receptoras de Votos el día de las elecciones populares, considerando que su labor facilita el sufragio, función cívica primordial y obligatoria. Se fundamenta en la trascendencia del sufragio para la democracia representativa, la inmunidad y obligatoriedad del cargo de miembro de mesa (artículos 41 y 17 del Código Electoral), y la preeminencia del interés público sobre el particular del patrono. La resolución busca garantizar que ningún trabajador sufra perjuicio salarial por cumplir este deber cívico, incentivando la participación electoral y protegiendo el sistema democrático costarricense.", "summary_en": "The Supreme Electoral Tribunal issues an exclusive and binding interpretation of Article 69(j) of the Labor Code, ruling that employers must grant workers the necessary time to vote without any salary reduction. The interpretation extends this obligation to workers serving as members of Polling Station Boards on election day, given their role in facilitating suffrage as a fundamental civic duty. Grounded in the importance of suffrage for representative democracy, the honorary and compulsory nature of board membership (Articles 41 and 17 of the Electoral Code), and the primacy of public interest over private employer interests, the resolution ensures no worker suffers wage loss for fulfilling this civic duty, thereby encouraging electoral participation and protecting Costa Rica's democratic system.", "court_or_agency": "", "date": "29/07/2002", "year": "2002", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "sufragio", "Junta Receptora de Votos", "Código de Trabajo", "patrono", "función cívica primordial", "inmunidad", "artículo 69 inciso j)", "Tribunal Supremo de Elecciones" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 69 inciso j", "law": "Código de Trabajo" }, { "article": "Arts. 11, 17, 39, 41, 168", "law": "Código Electoral" }, { "article": "Arts. 93, 99, 102", "law": "Constitución Política" } ], "keywords_es": [ "Tribunal Supremo de Elecciones", "interpretación obligatoria", "sufragio", "Junta Receptora de Votos", "Código de Trabajo", "obligación patronal", "salario", "derecho electoral", "función cívica", "inmunidad" ], "keywords_en": [ "Supreme Electoral Tribunal", "binding interpretation", "suffrage", "polling station", "Labor Code", "employer obligation", "wages", "electoral law", "civic duty", "immunity" ], "excerpt_es": "De la integración de las normas constitucionales y legales citadas, este Tribunal interpreta en forma exclusiva y obligatoria que el contenido del artículo 69 inciso j) del Código de Trabajo contempla, entre otras, la obligación de los patronos de pagar el salario respectivo, sin rebaja alguna, a sus trabajadores que laboren como miembros de Junta Receptora de Votos el día que haya una elección popular.", "excerpt_en": "From the integration of the cited constitutional and legal provisions, this Tribunal exclusively and mandatorily interprets that the content of Article 69(j) of the Labor Code includes, among others, the obligation of employers to pay the respective wages, without any reduction, to their workers who serve as members of Polling Station Boards on the day of a popular election.", "outcome": { "label_en": "Binding interpretation", "label_es": "Interpretación obligatoria", "summary_en": "The Supreme Electoral Tribunal issues an exclusive and binding interpretation that Article 69(j) of the Labor Code requires employers to pay full wages, without any reduction, to workers serving as Polling Station Board members on election day.", "summary_es": "El Tribunal Supremo de Elecciones interpreta de manera exclusiva y obligatoria que el artículo 69 inciso j) del Código de Trabajo obliga a los patronos a pagar el salario íntegro a los trabajadores que funjan como miembros de Junta Receptora de Votos el día de las elecciones, sin reducción alguna." }, "pull_quotes": [ { "context": "Considerando III", "quote_en": "The position of member of the Electoral Boards is honorary and obligatory; 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Del\nTribunal dependen los demás organismos electorales.\n\n\n\n\n\nEl artículo 11 del Código Electoral, Ley N° 1536 de 10 de diciembre de 1952, indica que los\norganismos electorales son: el Tribunal Supremo de Elecciones, el Registro Civil y las Juntas\nElectorales. Por su parte, el numeral 39 de la misma fuente normativa distribuye las Juntas\nElectorales en: Juntas Cantonales, una en cada cantón, y Juntas Receptoras de Votos, en cada\ndistrito electoral tantas como lleguen a establecerse para cada elección.\n\n\n\n\n\nII.—El inciso 3) del artículo 102 de la Constitución Política otorga al Tribunal Supremo de\nElecciones la facultad de interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones\nconstitucionales y legales referentes a la materia electoral. El inciso c) del artículo 19 del\nCódigo Electoral, al desarrollar ese precepto constitucional, dispone en lo que interesa: \"Tales\ninterpretaciones podrán darse de oficio o a solicitud de los miembros del Comité Ejecutivo Superior\nde los partidos políticos inscritos.\"\n\n\n\n\n\nEste organismo electoral, mediante resolución N° 1863 de las 9,40 horas del 23 de setiembre de 1999,\nprecisó que tales interpretaciones oficiosas resultan procedentes cuando el Tribunal, en cualquier\nmomento, perciba la exigencia de interpretar o integrar el ordenamiento, en punto a aquellas de sus\ndisposiciones que no sean claras o suficientes, cuando su entendimiento literal conduzca a la\ndesaplicación o distorsión de sus principios rectores o a una contradicción con mandatos\nconstitucionales o cuando las previsiones requieran de una posterior complementación práctica para\nque surtan sus efectos.\n\n\n\n\n\nIII.—De conformidad con el artículo 1° de nuestra Constitución Política, Costa Rica es una república\ndemocrática, libre e independiente. La democracia costarricense es el producto de una serie de\nesfuerzos y sacrificios que los costarricenses han realizado a través del tiempo, de tal suerte que\nel sistema político e institucional del que hoy disfrutamos y que nos permite realizar todas\nnuestras actividades en los diversos campos: económico, laboral, cultural, cívico, etcétera, es\nposible gracias a la propia estructura constitucional y legal que nos rige, así como a la conciencia\nsocial que existe para respetar y poner en práctica dicha estructura.\n\n\n\n\n\nEn una democracia representativa como la nuestra, la práctica de acudir a las urnas electorales para\nelegir a nuestros gobernantes es un hecho insoslayable de la más alta trascendencia jurídica y\ncívica; de ahí el valor ético y patriótico que nuestro constituyente le otorgó al instituto del\nsufragio. El artículo 93 de nuestra Carta Magna consagra dicho instituto de la siguiente forma: \"El\nsufragio es función cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las Juntas Electorales en\nvotación directa y secreta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil.\". Este Tribunal, en\nsesión N° 7707 del 13 de junio de 1983, interpretó que al hablarse, en el artículo transcrito, de\nJuntas Electorales, debe entenderse Juntas Receptoras de Votos, pues es únicamente ante éstas que se\nejerce el derecho al sufragio por parte de los electores.\n\n\n\n\n\nAsí como el sufragio es una función cívica primordial y obligatoria, la cual se ejerce únicamente\nante las Juntas Receptoras de Votos, igualmente lo es, amén de honorífica, el ser miembro de dicho\norganismo electoral que facilita o permite a los ciudadanos ejercer el sagrado derecho al voto. Bajo\nesa inteligencia el artículo 41 del Código Electoral, en lo que interesa, establece: \"El cargo de\nmiembro de las Juntas Electorales es honorífico y obligatorio; con la salvedad del artículo 17,\nlleva adscrita inmunidad y por ello, desde el nombramiento hasta la declaratoria de elección\ncorrespondiente, no podrá detenerse a ningún miembro de una Junta, excepto si mediare orden escrita\nde juez competente o en caso de haber sido sorprendido por la autoridad en flagrante delito. (...)\".\nPor su parte, el artículo 17 del Código Electoral contempla como obligación ineludible de los\nmiembros de mesa, para cuyo cumplimiento no pueden alegar la citada inmunidad, que la asistencia a\nlas sesiones de las Juntas Electorales es obligatoria y, lo es de tal forma, que el miembro que se\nrehúse a asistir será conducido por la fuerza pública a cumplir con sus funciones si así lo solicita\ncualquiera de sus compañeros de Junta, el Delegado del Tribunal Supremo de Elecciones, o el\nrepresentante de cualquier partido político. Agrega el citado numeral que \"no obstante dicho recurso\ncomplulsorio, quien evada el cumplimiento después de haber sido requerido a presentarse, incurrirá\nen la sanción señalada en el inciso b) del artículo 149\"; es decir, será sancionado con multa de uno\na cinco salarios base, lo cual implica un castigo pecuniario considerable para el miembro de mesa\nincumpliente con su deber.\n\n\n\n\n\nLa norma de comentario se justifica plenamente toda vez que, como se ha indicado, el ejercicio del\nsufragio, garante nuestro sistema democrático, se puede hacer efectivo únicamente ante las Juntas\nReceptoras de Votos, las cuales no son un concepto abstracto en sí mismas, sino que están integradas\npor ciudadanos diligentes, responsables, con conciencia cívica y social quienes, precisamente para\ngarantizar su libertad de actuación en la delicada labor que el ordenamiento jurídico les\nencomienda, son protegidos con el velo de la inmunidad, la cual se extiende aún más allá del propio\ndía que en principio concluye su labor fundamental: el día de las elecciones.\n\n\n\n\n\nNo cabe la menor duda que nuestro legislador quiso proteger a los miembros de las Juntas Electorales\nde forma tal que ningún elemento exógeno pueda impedir el cumplimiento de su labor, pues la\ninmunidad de que gozan únicamente se otorga a funcionarios que la requieren para el ejercicio de su\nfunción sin condicionantes externos que estorben su actuar, cual es el caso, verbigracia, del\nPresidente y de los Vicepresidentes de la República, de los Diputados a la Asamblea Legislativa y\ndemás miembros de los Supremos Poderes, entre otros altos funcionarios del Estado. Así las cosas,\nnuestro ordenamiento jurídico pretende proteger al miembro de mesa de suerte tal que su actuar no se\nvea impedido u obstaculizado por amenazas externas. Existe un interés superior para que los miembros\nde mesa puedan realizar su labor sin obstáculos ni amenaza alguna, haciendo prevalecer dicho interés\nsobre el de la propia Administración, de existir un conflicto entre éstos y, con mucho más razón,\nanteponiéndolo a cualquier interés particular en caso de contraposición de los mismos. (Artículo 113\nincisos 2) y 3) de la Ley General de Administración Pública).\n\n\n\n\n\nEn virtud de la trascendencia del sufragio en nuestro sistema democrático, el legislador, procurando\nque todo ciudadano tenga el tiempo suficiente para ejercerlo, contempló en el artículo 168 del\nCódigo Electoral que \"Los trabajadores o empleados podrán ausentarse de su trabajo el día de las\nelecciones, durante una hora –que designará el jefe superior- a fin de emitir el voto sin quedar\nsujetos a pena o reducción de salario. (...)\" (El subrayado no es del original) . Dicha norma\nresuelve el inconveniente que puedan tener los ciudadanos que deban trabajar el día de las\nelecciones. El legislador laboral fue aún más allá y creo una norma de carácter electoral que\ngarantiza de mejor manera el derecho de los ciudadanos a cumplir con su obligación cívica de\nsufragar, de tal suerte que pensando en los trabajadores, en el inciso j) del artículo 69 estipuló:\n\"Artículo 69.—Fuera de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus Reglamentos y en sus\nleyes supletorias o conexas, son obligaciones de los patronos: (...) j) Conceder a los trabajadores\nel tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares, sin reducción de\nsalario;\" (El subrayado no es del original). La norma transcrita está impregnada de la misma\nfilosofía que destaca el valor del sufragio y la importancia de las Juntas Electorales, de tal forma\nque su espíritu le impone a los patronos la obligación de permitir que tanto los trabajadores que\nsean electores como aquellos que sean miembros de Junta Receptora de Votos puedan ejercer el\nderecho-deber de sufragar y facilitar, respectivamente, dicho derecho, sin sancionar en forma alguna\nal trabajador, lo cual abarca también la improcedencia de la rebaja salarial en cualquier caso.\n\n\n\n\n\nCiertamente, si el patrono está imposibilitado de rebajar el salario por el tiempo que el trabajador\ndeba emplear para trasladarse a ejercer su derecho al sufragio, sin importar cuánto tiempo sea éste,\ncon mucho más razón, tiene el patrono esa misma imposibilidad para con sus trabajadores quienes,\nademás de cumplir con su deber de sufragar, laboran como miembros de Junta Receptora de Votos\nfacilitando precisamente el ejercicio de ese derecho-deber a sus conciudadanos. Esa colaboración que\nrealiza el patrono para con su empleado puede considerarse como una forma de servicio a la Patria, a\ntenor de lo que establece el artículo 18 de la Constitución Política. En todo caso, como ya hemos\nindicado, de existir un conflicto entre el interés particular del patrono en que su trabajador\nejecute las labores propias de su empleo para acceder al salario correspondiente, y el interés\npúblico en que en su lugar realice las labores de miembro de Junta Receptora de Votos y así\nfacilitar y garantizar el funcionamiento del aparato electoral el día que haya elecciones populares,\nno podríamos anteponer dicho interés particular económico del patrono al interés público harto\nmencionado. La solidaridad del patrono antes de serla para con su colaborador, debe serla para con\nla Patria y su sistema que le permiten y facilitan no sólo desarrollar su actividad dentro de los\nmedios productivos del país, sino que más aún le garantiza y protege esa práctica en condiciones de\nigualdad, respeto y seguridad jurídica, sin lo cual su accionar se vería amenazado por inseguro. Lo\nanterior es causa suficiente para que el patrono, independientemente del sector que se trate,\ncoadyuve con el Estado en el proceso electoral incentivando a sus trabajadores a participar como\nmiembros de Junta Receptora de Votos, con garantía plena de que su salario no será rebajado por el\ntiempo en que funja como tal. Máxime que los eventos eleccionarios de magnitud popular a nivel\nnacional se realizan de manera ocasional, prácticamente cada cuatro años. Por tanto,\n\n\n\n\n\nDe la integración de las normas constitucionales y legales citadas, este Tribunal interpreta en\nforma exclusiva y obligatoria que el contenido del artículo 69 inciso j) del Código de Trabajo\ncontempla, entre otras, la obligación de los patronos de pagar el salario respectivo, sin rebaja\nalguna, a sus trabajadores que laboren como miembros de Junta Receptora de Votos el día que haya una\nelección popular.\n\n\n\n\nFicha articulo\n\n\n\n\n\nFecha de generación: 6/3/2026 16:17:00\n\nIr al principio del documento", "body_en_text": "Interpretation exclusively and bindingly of the content covered by Article 69 subsection j) of the Labor Code\n\nRESOLUTIONS\n\nNo. 1404-E.—San José, at twelve thirty-five on the twenty-ninth of July of two thousand two.\n\nInterpretative declaration concerning the facilities that employers must provide to citizens who make up the Vote Receiving Boards.\n\nDrafted by Judge Sobrado González, and;\n\nConsidering:\n\nI.—Articles 99 of the Political Constitution and 1 of the Organic Law of the Supreme Electoral Tribunal and the Civil Registry, No. 3504 of May 10, 1965, provide that the organization, direction, and oversight of acts relating to suffrage are the exclusive responsibility of the Supreme Electoral Tribunal, which enjoys independence in the performance of its mission. The other electoral bodies depend upon the Tribunal.\n\nArticle 11 of the Electoral Code, Law No. 1536 of December 10, 1952, indicates that the electoral bodies are: the Supreme Electoral Tribunal, the Civil Registry, and the Electoral Boards. For its part, numeral 39 of the same regulatory source distributes the Electoral Boards into: Cantonal Boards, one in each canton, and Vote Receiving Boards (Juntas Receptoras de Votos), in each electoral district as many as may be established for each election.\n\nII.—Subsection 3) of Article 102 of the Political Constitution grants the Supreme Electoral Tribunal the power to interpret, exclusively and bindingly, the constitutional and legal provisions concerning electoral matters. Subsection c) of Article 19 of the Electoral Code, in developing that constitutional precept, provides where pertinent: \"Such interpretations may be given ex officio or at the request of the members of the Superior Executive Committee of the registered political parties.\"\n\nThis electoral body, through resolution No. 1863 at 9:40 a.m. on September 23, 1999, specified that such ex officio interpretations are appropriate when the Tribunal, at any time, perceives the need to interpret or supplement the legal system, with respect to those of its provisions that are not clear or sufficient, when their literal understanding leads to the non-application or distortion of their guiding principles or to a contradiction with constitutional mandates, or when the provisions require subsequent practical complementation to produce their effects.\n\nIII.—In accordance with Article 1 of our Political Constitution, Costa Rica is a democratic, free, and independent republic. Costa Rican democracy is the product of a series of efforts and sacrifices that Costa Ricans have made over time, such that the political and institutional system we enjoy today and that allows us to carry out all our activities in various fields: economic, labor, cultural, civic, etc., is possible thanks to the constitutional and legal structure itself that governs us, as well as the social conscience that exists to respect and put into practice said structure.\n\nIn a representative democracy such as ours, the practice of going to the electoral polls to elect our leaders is an unavoidable fact of the highest legal and civic transcendence; hence the ethical and patriotic value that our constituent assigned to the institution of suffrage. Article 93 of our Magna Carta enshrines said institution in the following way: \"Suffrage is a primordial and obligatory civic function and is exercised before the Electoral Boards in a direct and secret vote, by citizens registered in the Civil Registry.\" This Tribunal, in session No. 7707 of June 13, 1983, interpreted that when speaking, in the transcribed article, of Electoral Boards, it must be understood as Vote Receiving Boards (Juntas Receptoras de Votos), since it is only before these that the right to suffrage is exercised by the electors.\n\nJust as suffrage is a primordial and obligatory civic function, which is exercised only before the Vote Receiving Boards (Juntas Receptoras de Votos), so too is being a member of said electoral body that facilitates or allows citizens to exercise the sacred right to vote, in addition to being honorific. Under that understanding, Article 41 of the Electoral Code, where pertinent, establishes: \"The position of member of the Electoral Boards is honorific and obligatory; with the exception of Article 17, it carries attached immunity and therefore, from the appointment until the corresponding election proclamation, no member of a Board may be arrested, except if by written order of a competent judge or in the event of having been caught by the authority in flagrante delicto. (...).\" For its part, Article 17 of the Electoral Code contemplates as an inescapable obligation of the board members, for whose fulfillment they cannot claim the cited immunity, that attendance at the sessions of the Electoral Boards is obligatory, and it is obligatory in such a way that the member who refuses to attend shall be brought by the public force to fulfill their functions if so requested by any of their fellow Board members, the Delegate of the Supreme Electoral Tribunal, or the representative of any political party. The aforementioned numeral adds that \"notwithstanding said compulsory recourse, anyone who evades compliance after having been required to appear shall incur the penalty indicated in subsection b) of Article 149\"; that is, they shall be penalized with a fine of one to five base salaries, which implies a considerable pecuniary punishment for the board member who fails in their duty.\n\nThe provision under comment is fully justified, since, as has been indicated, the exercise of suffrage, the guarantor of our democratic system, can only be made effective before the Vote Receiving Boards (Juntas Receptoras de Votos), which are not an abstract concept in themselves, but are composed of diligent, responsible citizens with civic and social conscience who, precisely to guarantee their freedom of action in the delicate work entrusted to them by the legal system, are protected by the veil of immunity, which extends even beyond the day on which their fundamental work originally concludes: election day.\n\nThere is no doubt that our legislator intended to protect the members of the Electoral Boards in such a way that no exogenous element could prevent the fulfillment of their work, since the immunity they enjoy is only granted to officials who require it to exercise their function without external conditions hindering their actions, as is the case, for example, of the President and Vice Presidents of the Republic, the Deputies to the Legislative Assembly, and other members of the Supreme Branches, among other high officials of the State. Thus, our legal system aims to protect the board member in such a way that their actions are not prevented or obstructed by external threats. A superior interest exists for board members to be able to carry out their work without obstacles or threats of any kind, making said interest prevail over that of the Administration itself, should a conflict exist between them, and, with even more reason, placing it before any private interest in case of a conflict between them. (Article 113 subsections 2) and 3) of the General Law of Public Administration).\n\nBy virtue of the transcendence of suffrage in our democratic system, the legislator, seeking to ensure that every citizen has sufficient time to exercise it, provided in Article 168 of the Electoral Code that \"Workers or employees may leave their work on election day, for one hour – to be designated by the superior chief – in order to cast their vote without being subject to penalty or salary reduction. (...)\" (The underlining is not in the original). Said provision resolves the inconvenience that citizens who must work on election day may have. The labor legislator went even further and created an electoral provision that better guarantees the right of citizens to fulfill their civic obligation to vote, such that, thinking of the workers, subsection j) of Article 69 stipulated: \"Article 69.—In addition to those contained in other articles of this Code, in its Regulations, and in its supplementary or related laws, the obligations of employers are: (...) j) To grant workers the necessary time to exercise the vote in popular elections, without salary reduction;\" (The underlining is not in the original). The transcribed provision is imbued with the same philosophy that highlights the value of suffrage and the importance of the Electoral Boards, such that its spirit imposes on employers the obligation to allow both workers who are electors and those who are members of a Vote Receiving Board (Junta Receptora de Votos) to exercise the right-duty of suffrage and to facilitate said right, respectively, without penalizing the worker in any way, which also encompasses the inadmissibility of a salary reduction in any case.\n\nCertainly, if the employer is unable to reduce the salary for the time the worker must use to travel to exercise their right to suffrage, regardless of how long this may be, with much more reason does the employer have that same impossibility with respect to their workers who, in addition to fulfilling their duty to vote, serve as members of a Vote Receiving Board (Junta Receptora de Votos), precisely facilitating the exercise of that right-duty for their fellow citizens. This collaboration that the employer provides for their employee can be considered a form of service to the Fatherland, pursuant to what is established in Article 18 of the Political Constitution. In any case, as we have already indicated, should a conflict exist between the private interest of the employer in having their worker perform the tasks of their employment to receive the corresponding salary, and the public interest in having them instead perform the duties of a member of a Vote Receiving Board (Junta Receptora de Votos) and thereby facilitate and guarantee the functioning of the electoral apparatus on the day of popular elections, we could not place said private economic interest of the employer before the much-mentioned public interest. The solidarity of the employer, before being with their collaborator, must be with the Fatherland and its system, which allow and facilitate not only developing their activity within the productive means of the country, but furthermore guarantee and protect that practice under conditions of equality, respect, and legal certainty, without which their actions would be threatened by insecurity. The foregoing is sufficient cause for the employer, regardless of the sector involved, to cooperate with the State in the electoral process by encouraging their workers to participate as members of a Vote Receiving Board (Junta Receptora de Votos), with a full guarantee that their salary will not be reduced for the time they serve as such. Especially since popular election events at the national level occur occasionally, practically every four years. Therefore,\n\nFrom the integration of the cited constitutional and legal provisions, this Tribunal interprets exclusively and bindingly that the content of Article 69 subsection j) of the Labor Code contemplates, among others, the obligation of employers to pay the respective salary, without any reduction, to their workers who serve as members of a Vote Receiving Board (Junta Receptora de Votos) on the day of a popular election.\n\nRecord article\n\nGeneration date: 6/3/2026 16:17:00\n\nGo to the beginning of the document" }