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  "citation": "Ley 6955",
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  "doc_type": "law",
  "title_es": "Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público",
  "title_en": "Public Sector Financial Balance Law",
  "summary_es": "La Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, N° 6955, es una ley de carácter fiscal y presupuestario de Costa Rica, promulgada en 1984. Su objetivo principal es ordenar, sanear y fortalecer la Hacienda Pública mediante un régimen jurídico moderno que regule la elaboración y control del Presupuesto Nacional. La ley creó una Comisión de Reordenamiento Hacendario para elaborar proyectos de ley en materia tributaria, presupuestaria y de gasto público. Estableció reglas para la estructuración del presupuesto, incluyendo el financiamiento del gasto, límites al crédito del Gobierno con el sistema bancario y responsabilidades de los funcionarios por violaciones. Incluyó medidas de reducción del gasto mediante la racionalización de plazas en el sector público, la cancelación de compromisos pendientes de 1983 y un programa de movilidad laboral voluntaria. Modificó el Impuesto sobre la Renta para personas jurídicas, creó incentivos a la exportación no tradicional, y ajustó selectivamente el impuesto de consumo. También reformó el Arancel Consular, los derechos de residencia y los impuestos de salida del país, así como el Código Fiscal en materia de papel sellado y timbres. Contiene disposiciones sobre protección a usuarios de servicios públicos y deudores, y autorizó la venta de acciones de empresas de CODESA. La ley es de orden público y sus disposiciones fueron aplicables a partir de su publicación en 1984. La mayoría de sus artículos han sido derogados, reformados o declarados inconstitucionales, por lo que su vigencia actual es limitada.",
  "summary_en": "The Public Sector Financial Balance Law (Ley No. 6955), enacted in 1984, is a Costa Rican fiscal and budgetary statute aimed at ordering, sanitizing, and strengthening the Public Treasury through a modern legal framework for the preparation and control of the National Budget. It created a Treasury Reorganization Commission to draft bills on taxation, budget, and public spending. The law established budget structuring rules, including spending financing, limits on government borrowing from the banking system, and personal liability of officials for violations. It introduced spending reductions through public sector job rationalization, cancellation of pending 1983 commitments, and a voluntary labor mobility program. The law amended the Income Tax for legal entities, created incentives for non-traditional exports, and adjusted selective consumption taxes. It also reformed the Consular Tariff, residency fees, departure taxes, and the Fiscal Code regarding stamped paper and revenue stamps. Provisions addressed public service users and debtor protection, and authorized the sale of CODESA company shares. The law is of public order; most of its articles have been repealed, amended, or declared unconstitutional, so its current validity is limited.",
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  "date": "24/02/1984",
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    "impuesto de salida"
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    "Presupuesto Nacional",
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    "reordenamiento hacendario",
    "gasto público",
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    "National Budget",
    "Public Treasury",
    "treasury reorganization",
    "public spending",
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    "extraordinary contribution"
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  "excerpt_es": "TÍTULO PRIMERO\nReordenamiento de la Hacienda Pública\nCAPÍTULO PRIMERO\nDe la Comisión de Reordenamiento Hacendario\nArtículo 1º.- Con el propósito de ordenar, sanear y mantener fortalecida la Hacienda Pública, deberá dictarse un régimen jurídico moderno, con regulaciones eficientes para la elaboración y el control del Presupuesto Nacional, especialmente en sus aspectos de ingresos y egresos.\n\nArtículo 2º.- La Comisión de Reordenamiento Hacendario deberá rendir su informe de labores y elaborar los proyectos de ley correspondientes, antes del 15 de noviembre de 1984. Tales proyectos, cuando impliquen modificaciones a la Constitución Política, deberán proponerse conjuntamente con éstas, a fin de que el ordenamiento jurídico, en sus diversas jerarquías, permita lograr lo siguiente:\na) Un sistema tributario eficaz desde el punto de vista fiscal, socialmente justo, que contribuya al desarrollo económico del país y que permita la competitividad de la economía costarricense en el comercio internacional.\nb) Mecanismos para la calificación de prioridades del sector público, dentro de las orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo, a fin de establecer programaciones anuales del endeudamiento externo.",
  "excerpt_en": "TITLE ONE\nReorganization of the Public Treasury\nCHAPTER ONE\nThe Treasury Reorganization Commission\nArticle 1.- For the purpose of ordering, sanitizing, and keeping the Public Treasury strong, a modern legal regime must be enacted, with efficient regulations for the preparation and control of the National Budget, especially in its income and expenditure aspects.\n\nArticle 2.- The Treasury Reorganization Commission must render its work report and prepare the corresponding bills before November 15, 1984. Such bills, when they imply amendments to the Political Constitution, must be proposed jointly with them, so that the legal system, in its various hierarchies, allows the following to be achieved:\na) A tax system that is effective from a fiscal standpoint, socially fair, that contributes to the country's economic development and enables the competitiveness of the Costa Rican economy in international trade.\nb) Mechanisms for qualifying public sector priorities, within the guidelines of the National Development Plan, in order to establish annual schedules for external indebtedness.",
  "outcome": {
    "label_en": "Partially repealed",
    "label_es": "Derogada parcialmente",
    "summary_en": "Law 6955 established a framework for public sector financial balance in 1984, but most of its provisions have been repealed or declared unconstitutional, with only a few articles on labor mobility and other residual matters remaining in force.",
    "summary_es": "La Ley 6955 estableció un marco para el equilibrio financiero del sector público en 1984, pero la mayoría de sus disposiciones han sido derogadas o declaradas inconstitucionales, quedando vigentes solo algunos artículos sobre movilidad laboral y otras materias residuales."
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  "pull_quotes": [
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      "quote_en": "In order to promote the rationalization of employment in the public sector, the Budgetary Authority shall establish guidelines on public employment, which may include limits on the number of positions per institution.",
      "quote_es": "Para propiciar la racionalización del empleo en el sector público, la Autoridad Presupuestaria fijará los lineamientos en materia de empleo público, los cuales podrán incluir límites al número de puestos por institución."
    },
    {
      "context": "Artículo 13",
      "quote_en": "Decentralized public sector institutions may not obtain or use external credit for their current operating expenses, and only the exception of those destined for specific development programs whose objective requires current expenses is authorized.",
      "quote_es": "Las instituciones descentralizadas del sector público no podrán obtener o utilizar crédito externo para sus gastos corrientes de operación y únicamente se autoriza la excepción de los destinados a programas específicos de desarrollo cuyo objetivo requiera gastos corrientes."
    },
    {
      "context": "Artículo 14",
      "quote_en": "Officials who are responsible for decisions that violate the provisions of this law shall be personally liable with their own assets.",
      "quote_es": "Los funcionarios que sean responsables de decisiones que violen las disposiciones de esta ley, responderán personalmente y con sus propios bienes."
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      "redactor": "Eva María Camacho Vargas",
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      "redactor": "Julia Varela Araya",
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      "restrictores": "Análisis acerca del régimen legal aplicable a las relaciones laborales con sus empleados, Reconocimiento a auditor interno de correos de Costa Rica, Reconocimiento de beneficio salarial por prohibición, Reconocimiento de beneficio salarial por prohibición a auditor interno de correos de Costa Rica, Necesaria aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad en materia salarial, Necesaria aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad en materia salarial a servidor de correos de Costa Rica",
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      "redactor": "Eva María Camacho Vargas",
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      "restrictores": "Beneficio salarial por prohibición debe reconocerse solo a servidores que desempeñen labores estrictamente relacionadas con materia tributaria y estén en supuestos de las normas que la conceden, Inexistencia de quebranto al denegar pago de beneficio salarial por prohibición a servidora municipal, Reconocimiento solo a servidores municipales que desempeñen labores estrictamente relacionadas con materia tributaria y estén en supuestos de las normas que la conceden",
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      "date": "22-Abr-2005",
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      "redactor": "Juan Carlos Brenes Vargas",
      "descriptores": "Persona trabajadora municipal, Prestaciones laborales, Reinstalación",
      "restrictores": "Concepto y casos en que opera, Funcionario que pasa del puesto de encargado de la unidad de catastro al de alcalde, Trabajador municipal que pasa del puesto de encargado de la unidad de catastro al de alcalde, Plazo de prescripción para reclamar el pago de aquellas derivadas del primer cargo se suspende mientras se ejerce el segundo, Plazo de prescripción para reclamar el pago de prestaciones laborales derivadas del primer cargo se suspende mientras se ejerce el segundo",
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      "date": "11-Feb-2005",
      "expediente": "993000050337LA",
      "redactor": "Zarella María Villanueva Monge",
      "descriptores": "Preaviso, Movilidad laboral",
      "restrictores": "Fundamento de la improcedencia del pago del preaviso cuando el trabajador se acoge al programa, Fundamento de su reconocimiento en favor del trabajador, Improcedencia del pago en caso de renuncia por acogerse a programa de movilidad laboral",
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      "redactor": "Carlos Manuel Arguedas Ramírez",
      "descriptores": "Ministerio de Gobernación y Policía, Traslado del trabajador, Competencia de la Sala Constitucional",
      "restrictores": "Reclama el recurrente que sin restituirle el llamado riesgo policial se le dijo que debe realizar funciones policiales lo que implica una variación de funciones en su perjuicio, Se estima que se deberá gestionar sobre el pago del plus salarial ante las autoridades competentes del Ministerio recurrido, Se estima que se permite al Ministerio a que se den este tipo de cambios de funciones todo a fin de cumplir con el bien jurídico de la seguridad ciudadana",
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      "date": "20-Feb-2004",
      "expediente": "950013440214LA",
      "redactor": "Eva María Camacho Vargas",
      "descriptores": "Movilidad laboral, Indemnizaciones laborales, Demanda laboral, Costas del proceso laboral",
      "restrictores": "Exención con respecto a reclamo derivado de pago tardío de incentivos contenidos en Programa de Movilidad Laboral Voluntaria, Fijación del objeto del litigio, Funcionario del ICAFE a quién se le cancelan tardíamente los incentivos estipulados en el programa voluntario, Funcionario del ICAFE a quién se le cancelan tardíamente los incentivos estipulados en Programa Voluntario de Movilidad Laboral, Interpretación jurisprudencial sobre el plazo que comprende la indemnización por el retraso creada mediante la Ley Nº 7560",
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      "redactor": "José Joaquín Villalobos Soto",
      "descriptores": "Prestaciones laborales, Auxilio de cesantía, Renuncia al trabajo",
      "restrictores": "Funcionario público que ocupa cargo de embajador, Renuncia de funcionario público que ocupa cargo de embajador, Reconocimiento y cálculo de cesantía, Reconocimiento y cálculo de prestaciones laborales",
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      "date": "17-Jul-2001",
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      "redactor": "Luis Fernando Solano Carrera",
      "descriptores": "Movilidad laboral",
      "restrictores": "Cancelación de sumas de dinero respecto al programa de reducción voluntaria de puestos del sector público",
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      "anno": "2001",
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      "redactor": "María Enilda Alvarado Rodríguez",
      "descriptores": "Anualidad, Persona trabajadora municipal, Persona empleada pública",
      "restrictores": "Derecho al pago de anualidades, Derecho del trabajador municipal, Derecho del trabajador municipal de recibir aumentos por anualidad",
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      "expediente": "960002840215LA",
      "redactor": "Eva María Camacho Vargas",
      "descriptores": "Auxilio de cesantía, Antigüedad, Persona empleada pública, Administración pública",
      "restrictores": "Improcedente reconocer tiempo servido en otros entes estatales, Límites al reconocimiento de antigüedad para pago de cesantía, Reconocimiento improcedente para pago de auxilio de cesantía, Aplicación del principio de legalidad",
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      "redactor": "Alvaro Fernández Silva",
      "descriptores": "Movilidad laboral, Persona empleada pública, Estado, Principio protector laboral, Administración pública",
      "restrictores": "Movilidad laboral es potestad discrecional del patrono, Potestad discrecional del patrono, Improcedencia del pago de incentivos cuando no se han ofrecido, Inexistencia de quebranto",
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      "date": "18-Dic-1998",
      "expediente": "973000150417LA",
      "redactor": "Alvaro Fernández Silva",
      "descriptores": "Prestaciones laborales, Compensación en materia laboral, Preaviso, Auxilio de cesantía, Vacaciones, Derechos laborales",
      "restrictores": "Análisis sobre el instituto de la compensación de deudas, Análisis sobre la compensación de deudas, Improcedencia de la compensación de deudas, Improcedencia en relación con salario y prestaciones laborales",
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      "redactor": "Alfonso Chaves Ramírez",
      "descriptores": "Homicidio culposo, Responsabilidad solidaria de la Administración",
      "restrictores": "Causado por conductor de grúa contratado por el Estado, Homicidio culposo, Análisis sobre responsabilidad solidaria",
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      "redactor": "Hugo Picado Odio",
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Tales\nproyectos, cuando impliquen modificaciones a\nla Constitución Política,\ndeberán proponerse conjuntamente con éstas, a fin de que el ordenamiento\njurídico, en sus diversas jerarquías, permita lograr lo siguiente:\n\n \n\na)\nUn sistema tributario eficaz desde el punto de vista fiscal, socialmente justo,\nque contribuya al desarrollo económico del país y que permita la competitividad\nde la economía costarricense en el comercio internacional.\n\nb)\nMecanismos para la calificación de prioridades del sector público, dentro de\nlas orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo, a fin de establecer\nprogramaciones anuales del endeudamiento externo. Tales programaciones deberán\nestar acordes con la capacidad de pagos al exterior y ser aprobadas por las\nautoridades del Poder Ejecutivo y por\nla Asamblea Legislativa\nal conocerse el presupuesto ordinario de\nla República. Se\nexcluyen de esa aprobación los créditos al Sistema Bancario Nacional.\n\nc)\nPautas al sector público en materia de empréstitos.\n\nch) Normas concretas para hacer\nefectivo el principio constitucional de caja única y medidas que impidan el\nestablecimiento de tributos con destino específico, los cuales se atenderán\nmediante subvenciones legislativas.\n\nd)\nReglas para que, dentro de las pautas del Plan Nacional de Desarrollo, se\nasignen subvenciones, por iniciativa de los legisladores, a fin de que\nsustituyan el sistema de partidas específicas.\n\ne)\nMétodos para la revisión periódica de los programas y funciones de los órganos\ndel Poder Ejecutivo y de las instituciones descentralizadas, con el propósito\nde racionalizar el gasto público y eliminar la duplicidad de los objetivos y\nprogramas.\n\nf)\nFormas de fiscalización del presupuesto por programas de\nla Administración Pública,\nincluidas las descentralizadas y las subvenciones, y determinación de los\ncostos de operación, a fin de evaluar los resultados de los programas,\nestablecer costos unitarios y disponer de un sistema permanente de revisión por\nparte de la\n Contraloría General de\nla República. A esta\ninstitución se le indicarán los mecanismos para que el sector público descrito\ncumpla estrictamente con las orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo.\n\nLa Contraloría\ninformará de su gestión a\nla Autoridad Presupuestaria,\ny ésta presentará a la\n Asamblea Legislativa, antes del treinta de setiembre de cada\naño, una liquidación del Presupuesto - Programa, por objetivos, del ejercicio\nfiscal anterior.\n\ng)\nRegulaciones vinculantes para que todas las dependencias del Poder Ejecutivo\nacaten las directrices y políticas que dispongan para ellas\nla Autoridad Presupuestaria.\n\n Ficha articulo\n\nCAPITULO\nSEGUNDO\n\n \n\nDe la estructuración del presupuesto\n\n \n\nArtículo\n3º.- La preparación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos, del\npresupuesto de la República\npor programas, la hará el departamento especializado en la materia, al tenor de\nlo que dispone el artículo 177 de\nla Constitución Política.\nTal dependencia funcionará bajo los lineamientos que determine el Ministerio de\nHacienda.\n\n \n\nTransitorio:\nSe traslada el Programa 024 del Presupuesto Nacional, Título 04 - Presidencia\nde la República,\nal Título 09 - Ministerio de Hacienda. Los funcionarios de la dependencia\ntrasladada conservarán todos los derechos e incentivos que tuvieran a la fecha\nde vigencia de la presente ley.\n\n Ficha articulo\n\nCAPITULO TERCERO\n\n \n\nDe los\npresupuestos\n\n \n\nArtículo 4º.- El proyecto de presupuesto\npreparado por la Oficina de Presupuesto Nacional y sometido a la Asamblea\nLegislativa por el Poder Ejecutivo y la Ley de Presupuesto Ordinario y\nExtraordinario de la República, se ajustarán a las siguientes reglas básicas:\n\na) Se ajustará al Plan Nacional de Desarrollo\ndentro de las posibilidades fiscales reales.\n\nb) Deberá ser remitido a la Asamblea\nLegislativa y comprenderá la totalidad de los gastos previsibles equilibrados\ncon los ingresos probables, debidamente certificados por la Contraloría General\nde la República en cuanto a su efectividad fiscal.\n\nc) Los gastos corrientes del Presupuesto\nNacional sólo podrán financiarse con ingresos corrientes.\n\nLas instituciones descentralizadas del sector\npúblico, excepto las municipalidades, deberán remitir sus presupuestos a la\nContraloría General de la República, antes del 30 de setiembre del año anterior\nal presupuesto respectivo, con copia a la Autoridad Presupuestaria, con la\nversión del presupuesto por programas y la indicación del costo unitario de los\nservicios que presten.\n\n(Mediante resolución de la Sala\nConstitucional\n N° 12019 del 18 de diciembre del 2002, se anuló el párrafo tercero de este\nartículo)\n\n(Mediante resolución de la Sala\nConstitucional\n N° 12019 del 18 de diciembre del 2002, se anuló el párrafo cuarto de este\nartículo)\n\n(Mediante resolución de la Sala\nConstitucional\n N° 12019 del 18 de diciembre del 2002, se anuló el párrafo quinto de este\nartículo)\n\n(Así reformado por el\nartículo 13 de la Ley de Prórrogas y Nuevos Ingresos\ny Riesgos del Trabajo de la Policía Ley de Riesgos del Trabajo de las Fuerzas\nde Policía, Nº 6999 de 3 de setiembre de 1985)\n\n Ficha articulo\n\nArtículo\n5º.- A partir de 1985, en el Presupuesto Nacional, no podrá disponerse de las\npartidas destinadas a servicios especiales para el pago de servicios que puedan\nser obtenidos en el sector público, ni a la contratación de personal a cargo\ndel Estado, excepto que se incluya el respectivo desglose en el correspondiente\npresupuesto.\n\n Ficha articulo\n\nArtículo\n6º.- A partir de 1985, las partidas consignadas en el Presupuesto para obras\nespecíficas no podrán destinarse a la remuneración de personal permanente de\nlas instituciones que las reciban, y sólo podrá pagarse con ellas personal\ncontratado temporalmente para laborar específicamente en la obra o servicio que\ntales partidas financian.\n\n Ficha articulo\n\nArtículo\n7º.- La\n Contraloría General de\nla República deberá\npresentar a la\n Asamblea Legislativa, a partir de 1984 y a más tardar en\njunio de cada año, los informes de auditoría correspondientes a las partidas\nespecíficas, transferencias y subvenciones de los diversos presupuestos de\nla República.\n\n Ficha articulo\n\nArtículo\n8º.- El Poder Ejecutivo, dentro de los noventa días posteriores a la entrada en\nvigencia de esta ley, emitirá un reglamento con disposiciones precisas sobre la\naplicación y control de las partidas para obras específicas, y no podrá\nautorizar el cambio de destino de las mismas, salvo en lo referente a los\nsaldos que se produjeren una vez concluida la obra financiada con esa partida.\n\nLa Asamblea\n Legislativa podrá modificar el destino de las\npartidas específicas en los proyectos de presupuesto extraordinarios.\n\n Ficha articulo\n\nCAPITULO\nCUARTO\n\n \n\nFinanciamiento del gasto público\n\n \n\nArtículo\n9º.- Con excepción del financiamiento del sistema bancario nacional, que\nautoriza con letras del tesoro la ley Nº 4646 del 20 de octubre de 1970, el\nGobierno central solamente podrá obtener crédito con dicho sistema hasta por el\ncinco por ciento del saldo de gastos del año inmediato anterior, de los\npresupuestos ordinario y extraordinario de\nla República.\n\n Ficha articulo\n\nArtículo\n10.- Constituyen el financiamiento del Gobierno Central, a que se refiere el\nartículo anterior, los siguientes conceptos:\n\n \n\na)\nCréditos directos que los bancos otorguen al Gobierno en virtud del artículo\n64, inciso 5), de la ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.\n\nb)\nToda clase de títulos o valores mobiliarios emitidos por el Gobierno, que los\nbancos comerciales o el Banco Central de Costa Rica, o las instituciones\nfinancieras sujetas a la supervisión de\nla Superintendencia General\nde Entidades Financieras (*), adquieran como inversión, según el inciso 7) del\ncitado artículo y el inciso 10) del numeral 62 de\nla Ley Orgánica del\nBanco Central de Costa Rica.\n\n(*)(Así modificado el nombre del\nente contralor bancario por el artículo 176 de\nla Ley Orgánica del\nBanco Central de Costa Rica No.7558 de 3 de noviembre de 1995)\n\nc)\nAvales directos o indirectos, fondos de fideicomiso o cualquier otra\ntransacción financiera equivalente, celebrados con financiamiento interno.\n\nch) Los valores mobiliarios del\nGobierno central en poder de las instituciones antes citadas, que formen parte\ndel encaje mínimo legal.\n\n \n\n(Nota de SINALEVI: Según el dictamen número C-347-2007 del 02 de octubre\ndel 2007, este artículo resulta derogado tácitamente, en razón de lo dispuesto\nen los artículos 81 y 85 de la Ley\nde Administración Financiera y Presupuestos Públicos.)\n\n Ficha articulo\n\nArtículo\n11.- Los saldos deudores del Gobierno central al 31 de diciembre de 1983,\nseñalados en el artículo 9º por cualesquiera de los\nconceptos indicados en el artículo anterior, no se tomarán en cuenta para\ndeterminar el límite señalado en el artículo con el cual se inicia el presente\ncapítulo de esta ley.\n\n Ficha articulo\n\nArtículo\n12.- La Asamblea\n Legislativa conocerá, trimestralmente, el monto de los\nsaldos del financiamiento del Sistema Bancario Nacional, que éste\nrealiza en favor del Gobierno central y del resto del sector público.\nPara tales efectos el Banco Central de Costa Rica enviará oportunamente\nlos correspondientes informes.\n\n Ficha articulo\n\nArtículo\n13.- Las instituciones descentralizadas del sector público no\npodrán obtener o utilizar crédito externo para sus gastos\ncorrientes de operación y únicamente se autoriza la\nexcepción de los destinados a programas específicos de desarrollo\ncuyo objetivo requiera gastos corrientes.\n\nDel\nmismo modo, ni el Banco Central de Costa Rica ni los otros bancos del Sistema\nBancario Nacional podrán canalizar recursos provenientes de\ncrédito externo para gastos corrientes de operación del sector\npúblico. La\n Contraloría General de\nla República\nvelará por el cumplimiento de esta disposición, e\ninformará anualmente sobre su observación a\nla Asamblea Legislativa,\nla cual deberá conocer de inmediato, en su capítulo de\ncorrespondencia, el respectivo informe.\n\n Ficha articulo\n\nArtículo 14.- Los funcionarios que sean\nresponsables de decisiones que violen las disposiciones de esta ley,\nresponderán personalmente y con sus propios bienes, de conformidad con lo\ndispuesto en el artículo 6º de la Ley de la Administración Financiera de la\nRepública.\n\n(Así reformado por el\nartículo 13 de la Ley de Prórrogas y Nuevos Ingresos y Riesgos del Trabajo de\nla Policía Ley de Riesgos del Trabajo de las Fuerzas de Policía, Nº 6999 de 3 de\nsetiembre de 1985)\n\n Ficha articulo\n\nArtículo\n15.- En los casos en que su gravedad lo amerite, el Consejo de Gobierno, previo\ndictamen favorable de la\n Junta Directiva del Banco Central, con el voto afirmativo de\npor lo menos cinco directores, podrá proponer a\nla Asamblea Legislativa,\npara ocasiones concretas, la ruptura de uno o varios de los límites\nestablecidos en los artículo 9 y 13 de esta ley. Esta propuesta se\nhará mediante un proyecto de ley que enviará el Poder Ejecutivo,\nen el cual deberá establecerse cuantitativamente el monto de exceso por\npermitir. Este acto legislativo será de naturaleza administrativa,\nsegún los términos del párrafo final del artículo\n124 de la\n Constitución Política. Si\nla Asamblea Legislativa\nno resuelve sobre el proyecto de ley en el curso de treinta días\nhábiles, el límite en cuestión podrá ser\nsobrepasado en los términos propuestos en el proyecto de ley, por una\nsola vez para el caso en cuestión.\n\n Ficha articulo\n\nTITULO\nSEGUNDO\n\n \n\nDe la reducción del gasto del sector público\n\n \n\nCAPITULO\nPRIMERO\n\n \n\nDe las plazas vacantes\n\n \n\nArtículo\n16.- Para propiciar la racionalización del empleo en el sector público,\nla Autoridad Presupuestaria\nfijará los lineamientos en materia de empleo público,  los cuales podrán incluir límites al número\nde puestos por institución. El cumplimiento de tales lineamientos quedará bajo\nresponsabilidad de la máxima autoridad de la \nrespectiva institución. Asimismo, las instituciones deberán remitir la\ninformación que se les solicite para verificar dicho cumplimiento.\n\n \n\n(Así reformado por el inciso e) del\nartículo 126 de la Ley N° 8131 del 18 de setiembre del 2001. \"Ley de\nAdministración Financiera de la\n República y Presupuestos Públicos\")\n\n Ficha articulo\n\nArtículo\n17.- (Derogado por el inciso d) del\nartículo 127 de la Ley N°\n8131 de 18 de setiembre del 2001. \"Ley de Administración Financiera de\nla República y Presupuestos\nPúblicos\") \n\n Ficha articulo\n\nArtículo\n18.- (Derogado\npor el inciso d) del artículo 127 de\nla Ley N° 8131 de 18 de setiembre del 2001. \"Ley de\nAdministración Financiera de la\n República y Presupuestos Públicos\".)\n\n Ficha articulo\n\nArtículo\n19.- (Derogado\npor el inciso d) del artículo 127 de\nla Ley N° 8131 de 18 de setiembre del 2001. \"Ley de\nAdministración Financiera de la\n República y Presupuestos Públicos\".)\n\n Ficha articulo\n\nArtículo 20.- Para la aplicación de lo\ndispuesto en los artículos 16 y 18, no se considerarán vacantes las plazas que\na la fecha de entrada en vigencia de la presente ley estén ocupadas por\nfuncionarios nombrados interinamente.\n\nA partir de la vigencia de esta ley, no se\npodrán hacer nuevos nombramientos o prórrogas de anteriores, en plazas\ninterinas, excepto en los siguientes casos:\n\n1) Plazas de naturaleza docente,\nadministrativo-docente y de seguridad e higiene del Ministerio de Educación\nPública y del Instituto Nacional de Aprendizaje.\n\n2) Plazas en las que el funcionario nombrado\nen propiedad tenga un permiso temporal.\n\n3) Plazas de los programas de salud del\nMinisterio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social.\n\n4) Plazas de jefatura y las que se consideren\nindispensables para los objetivos del programa, institución o empresa, a juicio\nde la Autoridad Presupuestaria.\n\n(Así reformado por el\nartículo 13 de la Ley de Prórrogas y Nuevos Ingresos y Riesgos del Trabajo de\nla Policía Ley de Riesgos del Trabajo de las Fuerzas de Policía, Nº 6999 de 3 de\nsetiembre de 1985)\n\n Ficha articulo\n\nCAPITULO\nSEGUNDO\n\n \n\nDe los compromisos pendientes de 1983\n\n \n\nArtículo\n21.- A la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se tendrán\npor cancelados, automáticamente, en su totalidad, los compromisos\npendientes del presupuesto del Gobierno de\nla República de\n1983, que no correspondan a pagos por: a) obligaciones adquiridas en contratos\nfirmados antes del inicio de la vigencia de esta ley: b) compra de\nmercancías, maquinaria, equipo, construcción de obras, adiciones,\nmejoras y prestación de servicios al Estado, siempre y cuando la\nmercancía, maquinaria y equipo hayan sido efectivamente transferidos en\npropiedad al Gobierno de la\n República; y siempre que las obras, el servicio\nprestado, la construcción, las adiciones o mejoras, ya hayan iniciado;\ntodo antes de la entrada en vigencia de la presente ley. Se exceptúan de\nlos alcances de este artículo las transferencias corrientes y de capital\ndel Presupuesto de la\n República de 1983.\n\n Ficha articulo\n\nCAPITULO TERCERO\n\n \n\nDe la\nautorización para pensionar a servidores públicos\n\n \n\nArtículo 22.- (Anulado por Resolución de la Sala Constitucional Nº1146-90 del 21 de setiembre de\n1990 y posteriormente derogado por el artículo 71 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor,\nN°  7935 de 25 de octubre de 1999).\n\n Ficha articulo\n\nArtículo 23.-(Derogado por el artículo 71\nde la Ley\nIntegral para la Persona Adulta Mayor, N°  7935 de 25 de octubre de\n1999)\n\n Ficha articulo\n\nArtículo 24.- (Anulado por Resolución de la Sala Constitucional Nº1146-90 del 21 de\nsetiembre de 1990 y posteriormente derogado por el artículo 71 de la Ley\nIntegral para la Persona Adulta Mayor, N°  7935 de 25 de octubre de 1999).\n\n Ficha articulo\n\nCAPITULO CUARTO\n\n \n\nDe la\nautorización para pagar prestaciones a los servidores públicos\n\n \n\nArtículo 25.- La Administración\nPública, centralizada y descentralizada, y las empresas públicas\npodrán ofrecer el pago de sus prestaciones más una\nbonificación a los servidores que ellas estimen conveniente, si estos\nestán de acuerdo y renuncian para dedicarse a actividades ajenas al\nsector público.\n\nEsta bonificación se limitará a\nlos términos y condiciones que se señalan a continuación:\n\na) Para pagar el auxilio de cesantía,\nse reconocerán los años de servicio laborado en forma continua e\nininterrumpida, hasta un máximo de doce. Este incentivo será un\nexcepción a las reglas para calcular el auxilio de cesantía.\n\nb) Adicionalmente al reconocimiento que se\nrealice por años de servicio, podrá otorgarse a cada servidor un\nincentivo adicional hasta de cuatro mensualidades del salario promedio de los\núltimos seis (6) meses efectivamente laborados.\n\n (Así reformado por el\nartículo 1 de la ley No.7560 del 9 de noviembre de 1995, “Sobre el\npago para funcionarios públicos acogidos a la movilidad laboral antes de\nla presente reforma”, véase el Transitorio X)\n\n Ficha articulo\n\nArtículo 26-\nSerán elegibles para lo que dispone el artículo anterior\núnicamente los funcionarios nombrados en propiedad, y que no hayan sido\ndespedidos por causa justa.\n\n(Así reformado\npor el artículo único de la ley N° 10154 del 24 de marzo del\n2022)\n\n Ficha articulo\n\nArtículo 27- Los funcionarios que se acojan a los beneficios establecidos en el artículo 25 de esta\nley no podrán ocupar puesto alguno en la Administración Pública, centralizada o descentralizada, ni\nen las empresas públicas, sino después de siete años (07) contados a partir de la fecha de su\nrenuncia, además de cumplir con Io establecido en el artículo 686 del Código de Trabajo, de manera\nque, en caso de que reingresen al sector público y se aojan nuevamente a la movilidad laboral\nvoluntaria, no se incluyan dentro del cálculo de sus prestaciones, los años indemnizados\npreviamente.\n\nLa Autoridad\nPresupuestaria reglamentará los procedimientos para controlar que se\ncumpla con esta disposición.\n\n(Así\nreformado por el artículo único de la ley N° 10154 del 24 de\nmarzo del 2022)\n\n Ficha articulo\n\nArtículo 28.- Las plazas que quedaren vacantes por el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos\n22, 24 y 25 de la presente ley, deberán ser eliminados del presupuesto respectivo. Los órganos del\nEstado y las instituciones públicas deberán suministrar a la Autoridad Presupuestaria la información\nque ésta les solicite, para controlar el cumplimiento de lo que dispone el presente artículo, e\ninformarán a ésta de las plazas que eliminen de sus presupuestos.\n\n Ficha articulo\n\nCAPITULO\nQUINTO\n\nDe las plazas nuevas\ny las contrataciones\n\nArtículo 29.- El número total de plazas\nocupadas por cargos fijos, jornales y servicios especiales, de todas las\ndependencias del Estado y del sector público, incluidos los Poderes Ejecutivo,\nLegislativo y Judicial, las instituciones autónomas y semiautónomas, así como\nlas empresas públicas y sus subsidiarias constituidas como sociedades, y toda\naquella institución pública creada por ley general o especial, excepto las\nmunicipalidades, durante los ejercicios presupuestarios de los años 1987, 1988\ny 1989, no podrá ser mayor al de las ocupadas al 2 de marzo de 1984. Sin la\nautorización previa de la Autoridad Presupuestaria, las entidades públicas no\npodrán llenar plazas para desarrollar funciones diferentes a las establecidas\nen el correspondiente manual descriptivo de puestos.\n\nLas entidades públicas que aquí se señalan estarán obligadas a registrar ante la Contraloría General\nde la República, las plazas ocupadas al primero de enero de 1984, con los nombres, sueldos o  \nsalarios y otras remuneraciones de las personas que los ocupe, así como cualquier otra información\nque la Contraloría considere conveniente. En la liquidación de los presupuestos de 1984, 1985 y\n1986, la Contraloría General de la República solamente podrá tomar en cuenta las plazas que\naparezcan en el mencionado registro.\n\nTanto la Contraloría General de la República\ncomo la Autoridad Presupuestaria no tramitarán documentos de presupuestos,\npresupuestos o sus modificaciones, de entidades o instituciones públicas que no\nhayan cumplido con lo que aquí se dispone. A más tardar quince días naturales\ndespués de la entrada en vigencia de la presente ley, las entidades e\ninstituciones públicas deberán presentar el registro de plazas antes citado\nante la Contraloría General de la República, con copia a la Autoridad\nPresupuestaria.\n\nLa Contraloría General de la República\nfiscalizará la aplicación de este artículo.\n\n (Así reformado por el artículo 17 de la Ley de\nPresupuesto para el año 1987,  Nº 7055 de\n18 de diciembre de 1986)\n\n Ficha articulo\n\nArtículo 30.- Las juntas, concejos, organizaciones adscritas, o entidades\ndescentralizadas que dependan de los ministerios, únicamente podrán contratar\npersonal mediante los procedimientos regulares de los respectivos departamentos\nde personal, siguiendo los trámites establecidos por la Dirección General de\nServicio Civil.\n\nPara poder recibir transferencias del Gobierno de la República y de otros\nentes públicos, en el Presupuesto Nacional de 1985 y de los años siguientes, deberá\nincluirse el desglose de las plazas que correspondan a los organismos a que se\nrefiere el párrafo anterior, como parte de un programa en el presupuesto del\nministerio relevante.\n\n   \n(El párrafo tercero de este numeral fue anulado por resolución de la Sala\nConstitucional, N° 00140 del 12 de enero de 1993. Anteriormente este párrafo\nhabía sido reformado  por el artículo 27 de la Ley de Presupuesto Extraordinario, N° 6962\ndel 26 julio de 1984)\n\n Ficha articulo\n\nArtículo\n31.- Cuando en los poderes del Estado, en las instituciones descentralizadas y\nen las empresas públicas se haya consolidado situaciones laborales, en\nque un solo individuo trabaja en forma permanente la jornada ordinaria y una jornada\nextraordinaria, su superior jerárquico inmediato, deberá tomar\ninmediatamente las medidas correspondientes para que cese tal situación,\nso pena de ser responsable directo ante el Estado del monto de las jornadas\nextraordinarias que así se pagaren. De inmediato, también, se\ntomarán medidas por parte del Poder, institución o empresa, para\nque las funciones que originaron la jornada extraordinaria permanente se\nasignen a un empleado o funcionario específicamente nombrado para\ndesempeñarlas, cuando tales funciones fueren de carácter\nindispensable.\n\n Ficha articulo\n\nCAPITULO SEXTO\n\nDe las reducciones en los presupuestos de las instituciones públicas y\nde la inflación financiera\n\nArtículo 32.- Inaplicable. (La Corte\n Suprema de Justicia, mediante resolución de las 8:00 horas\ndel 24 de mayo de 1989 (expediente N° 101-87, promovido\npor el Instituto Nacional de Seguros) declaró inconstitucional e inaplicable\neste artículo cuyo texto disponía textualmente: \"Durante 1984, se establece una\ncontribución extraordinaria que deberán pagar al Gobierno de\nla República las\ninstituciones públicas estatales nombradas en el anexo a la presente ley, según\nel monto fijado para cada una. Para financiar tales contribuciones, las\nentidades señaladas en la lista del anexo* deberán rebajar sus gastos, excepto\nen las partidas de servicios personales, adquisición de títulos valores,\nservicio de la deuda y programas de inversión real considerados prioritarios\npor el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Además, la\nrebaja afectará sólo los gastos financiados con recursos, internos.\"). En este\nmismo sentido, dispuso el artículo 67\nde la Ley Nº 7064 de 29 de abril de 1987 que, al entrar en vigencia la\nmisma, quedó automáticamente derogada, y sin ningún efecto, la obligación de\nlos bancos del Estado de contribuir con lo dispuesto por este artículo.\n\n Ficha articulo\n\nArtículo\n33.- La\n Autoridad Presupuestaria y\nla Contraloría General\nde la República\nverificarán el cumplimiento de lo que dispone el artículo 32 de\nla presente ley. La\n Autoridad Presupuestaria emitirá un reglamento donde\nse regulen los procedimientos de control, forma, y plazos en los que las\ninstituciones realizarán el pago de la contribución\nextraordinaria al Gobierno de\nla República.\n\nPor\nregla general, el pago de la contribución se realizará en un\nnúmero de cuotas mensuales iguales.\n\nSe\nconsiderará falta grave, por parte de los funcionarios responsables, el\nincumplimiento de lo que se establece en el presente capítulo. Igual\nresponsabilidad les incumbirá a las juntas directivas, presidentes\nejecutivos, gerentes y administradores de la institución respectiva.\n\n Ficha articulo\n\nArtículo\n34.- Previa certificación por parte de\nla Autoridad Presupuestaria,\nde que la rebaja cumple con lo dispuesto en el artículo 31, las\ninstituciones y empresas públicas deberán enviar a\nla Contraloría\n\nGeneral de\nla República la\nmodificación presupuestaria correspondiente.\n\nEn\nla modificación, y para mantener el equilibrio en el presupuesto, se\nincluirá el monto de la contribución al Gobierno central, y se\nrebajaran en esa cantidad los otros gastos, con las excepciones que se\nseñalan en el artículo 32.\n\nLas\ninstituciones y empresas públicas enviarán la modificación\npresupuestaria a la\n Autoridad Presupuestaria, a más tardar quince\ndías naturales después de la entrada en vigencia de la presente\nley. En un plazo no mayor de cinco días naturales después de obtenida\nla certificación de\nla Autoridad Presupuestaria,\nla institución presentará la modificación del presupuesto\nante la\n Contraloría General de\nla República.\n\n Ficha articulo\n\nArtículo\n35.- Los bancos y financieras del Sistema Bancario Nacional estarán\nobligados a informar a\nla Autoridad Presupuestaria y al Banco Central de\nCosta Rica, sobre los saldos en las cuentas corrientes y a plazo que cada\ninstitución y empresa pública mantenga en ellos, a la fecha de\nentrada en vigencia de la presente ley, lo cual harán a más\ntardar quince días naturales después de esa fecha.\n\nAdemás,\ncuando la\n Autoridad Presupuestaria y el Banco Central lo requieran,\ndeberán ser informados de los saldos en cuenta corriente y a plazo, y de\notras tenencias de títulos valores y de fondos especiales de reserva,\nque las instituciones y empresas públicas mantengan en aquellas\ninstituciones.\n\n Ficha articulo\n\nArtículo\n36.- Las instituciones públicas estarán obligadas a enviar a\nla Autoridad Presupuestaria\ny al Banco Central de Costa Rica, copia de los saldos conciliados de las\ncuentas, depósitos y reservas que mantengan en los bancos, a más\ntardar quince días naturales después de recibir el balance del\nbanco respectivo, e informarán, cuando éstas lo requieran, los\nsaldos por tenencia de otros títulos valores.\nLa Contraloría General\nde la República\nno dará trámite a los presupuestos y sus modificaciones, de las instituciones\nque no se encuentren al día en el suministro de la información\nindicada, para lo que deberá obtener una constancia escrita de\nla Autoridad\npresupuestaria.\n\n Ficha articulo\n\nCAPITULO SETIMO\n\n \n\nDe la\nevaluación del gasto público\n\n \n\nArtículo 37.- (Derogado por el inciso d) del artículo 127 de la Ley N° 8131 de 18\nde setiembre del 2001. \"Ley de Administración Financiera de la República y\nPresupuestos Públicos\") \n\n Ficha articulo\n\nTITULO\nTERCERO\n\nDe la modificación al Impuesto sobre\nla Renta\n\ny los Impuestos Selectivos de Consumo\n\nCAPITULO\nPRIMERO\n\nDe la modificación al Impuesto sobre\nla Renta\n\nde las personas jurídicas\n\n \n\nArtículo 38.- Refórmanse los artículo 14, inciso 2) y 63 de la ley del Impuesto sobre la  Renta Nº\n837 del 20 de diciembre de 1946 y sus reformas y adiciónase a la misma un nuevo artículo, que será\nel número 65. Sus textos serán los siguientes:\n\n \n\n\"Artículo\n14.-...Inciso 2): En el caso de sociedades de hecho o de derecho, patrimonios\nhereditarios indivisos, establecimientos permanentes, fideicomisos o encargos\nde confianza, se aplicarán sobre la renta líquida obtenida la escala progresiva\nque sigue:\n\n \n\nDe\ncero (0) hasta mil colones (100.000) un diez por ciento (10%) anual.\n\nSobre\nel exceso de cien mil colones (¢ 100.000) y hasta doscientos cincuenta mil\ncolones (250.000) un veinte por ciento (20%) anual.\n\nSobre\nel exceso de doscientos cincuenta mil colones (¢ 250.000) y hasta quinientos mil\ncolones (¢ 500.000) un veinticinco por ciento (25%) anual.\n\nSobre\nel exceso de quinientos mil colones (¢ 500.000) y hasta setecientos cincuenta\nmil colones (¢ 750 000) un treinta y cinco por ciento (35%) anual.\n\nSobre\nel exceso de setecientos cincuenta mil colones (¢ 750.000) y hasta un millón de\ncolones (¢ 1.000.000) un cincuenta por ciento (50%) anual.\"\n\n \n\n\"Artículo\n63: Los contribuyentes comprendidos en el inciso 2) del artículo 14, que paguen\no acrediten dividendos de acciones de cualquier tipo o participaciones sociales\na socios, o cualquier otra clase de beneficios asimilables a dividendos en\nefectivo, pagados o acreditados a personas físicas domiciliadas en el país,\nestán obligados a retener el quince por ciento (15%) de tales sumas.\n\nLa\nretención debe considerarse como pago único y definitivo del impuesto por tales\nconceptos y practicarse en la fecha en que se efectúe el pago o crédito que les\nden origen.\n\nLas\nsumas retenidas deben depositarse en el Banco Central de Costa Rica o en sus\ntesorerías auxiliares, dentro de los primeros quince días del mes siguiente a\naquella fecha.\"\n\n \n\n\"Artículo\n65: Los declarantes del impuesto sobre la renta están obligados a presentar\nconstancia, exenta del pago de especies fiscales, expedida por\nla Dirección General\nde la Tributación\n Directa, de estar al día en la presentación de sus\ndeclaraciones en las gestiones administrativas con instituciones o empresas\npúblicas y dependencias del Estado, según lo establezca el Reglamento.\"\n\n Ficha articulo\n\nArtículo\n39.- El Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Hacienda, emitirá las\ndisposiciones reglamentarias correspondientes a las normas modificadas y\ncreadas en el artículo 38 de esta ley, de tal forma que surtan efecto a partir\ndel período fiscal Nº 84 (del 1º de octubre de 1983 al 30 de setiembre de\n1984.)\n\n Ficha articulo\n\nCAPITULO\nSEGUNDO\n\n \n\nDe los incentivos a la exportación\n\n \n\nArtículo\n40.- Se adicionan los siguientes artículos a\nla Ley del Impuesto sobre\nla Renta, Nº 837 del 20 de\ndiciembre de 1946 y sus reformas:\n\n\"Artículo\n66.- Incentivos a las exportaciones\n\nLos\nbeneficios que en adelante se establecen, se concederán durante doce (12) años\na partir del período fiscal del impuesto sobre la renta Nº 84, a aquellas empresas\nexportadoras de productos no tradicionales, no amparados a tratados de libre\ncomercio.\n\na)\nDeducción del ciento por ciento del impuesto sobre aquella parte de las\nutilidades netas del período, obtenidas únicamente por las exportaciones no\ntradicionales que efectúe el declarante a terceros mercados. Esta utilidad\nnunca podrá ser mayor al resultado de aplicar la proporción de las ventas\ntotales sobre el valor de las exportaciones citadas a las utilidades netas del\nexportador.\n\nEn\nel caso de empresas nuevas, este incentivo se otorgará a partir del ejercicio\nfiscal en que efectúen la primera exportación.\n\n \n\nb)\nDeducción del cincuenta por ciento (50%) del monto de lo pagado, por medio de\nuna bolsa de comercio, por la compra de acciones nominativas de sociedades\nanónimas domiciliadas en el país, que tengan programas de exportación del\nciento por ciento (100%) de su producción o que estén exportando ese total.\n\n \n\nNo\npodrán deducirse por este concepto, más de un veinticinco por ciento (25%) de\nla renta neta del período en el que se realice la compra; ni las adquisiciones\nde acciones podrán hacerse recíprocamente o en cadena, con el propósito de\nevadir el pago del impuesto.\n\nLas\nacciones adquiridas deben quedar en fideicomiso en un banco del Estado o en una\nbolsa de comercio, por un plazo no menor de tres años, sin posibilidades de\ndisponer más que de los dividendos que produzcan.\n\n \n\nc)\nLas materias primas, insumos y envases no producidos en el país que formen\nparte componente de los productos no tradicionales exportados a mercados nuevos\n(terceros mercados) estarán exentos de todos los impuestos de importación,\nincluidos el impuesto contemplado en el Protocolo de Estabilización Económica\n(Protocolo de San José), y las sobretasas temporales a la importación.\n\nPara\ndisfrutar de los beneficios que se conceden en este artículo, la empresa deberá\naportar lo siguiente:\n\n1)\nCertificación del monto de las exportaciones realizadas, emitidas por el Banco\nCentral de Costa Rica.\n\n2)\nCertificación sobre la aprobación de sus programas de exploración, emitida por\nel Consejo Nacional de Inversiones.\n\n3)\nAdemás deberá probar que ha cumplido con los controles y normas que establezcan\nel reglamento de esta ley.\n\n \n\nComete\nel delito de defraudación fiscal el declarante que para obtener los incentivos\nseñalados en este artículo, incurra en falsedades o en maniobras fraudulentas.\n\n \n\nArtículo\n67.- El contrato de exportación\n\nSe\ncrea el contrato de exportación, como un instrumento para coordinar las\nventajas, y facilitar los beneficios que diversas leyes otorgan a las empresas\nexportadoras tales, como: a) tarifas portuarias especiales; b) simplificación\nde procedimientos y trámites; c) créditos bancarios con tasas de interés preferencial;\nch) reducciones impositivas; d) depreciaciones aceleradas; e) certificados de\nabono tributario, sobre la base de productos y mercados, f) certificados de\nincremento de las exportaciones.\n\nEl\nConsejo Nacional de Inversiones coordinará con los distintos entes estatales, y\nde acuerdo con las leyes respectivas, el señalamiento de los requisitos y\ncondiciones, así como la determinación de los alcances de las ventajas y\nbeneficios, todo dirigido a la obtención de resultados positivos en la balanza\nde pagos, mediante el incremento de las exportaciones.\n\n \n\nArtículo\n68.- El Consejo Nacional de Inversiones\n\nSe\ncrea el Consejo Nacional de Inversiones, integrado por dos ministros del sector\neconómico o sus representantes, por el Director Ejecutivo del Centro para\nla Promoción de las\nExportaciones y las Inversiones, y por dos representantes del sector privado\npertenecientes a esta última dependencia, escogidos por el Presidente de\nla República. El Poder\nEjecutivo reglamentará su funcionamiento.\n\n \n\nArtículo\n69.- Función del Consejo Nacional de\nInversiones\n\n \n\nCorresponde\nal Consejo Nacional de Inversiones\n\n \n\na)\nAprobar o improbar los programas y los contratos de exportación.\n\nb)\nCoordinar con los entes estatales que corresponda, los beneficios plazos y\ncondiciones que en cada caso otorgará en los contratos de exportación, de\nacuerdo con las leyes respectivas.\n\nc)\nAprobar y recomendar al Banco Central de Costa Rica el otorgamiento de los\ncertificados de abono tributario y de incremento de las exportaciones.\n\n \n\nArtículo\n70.- El régimen de admisión temporal\n\n \n\nSe\nestablece un régimen de admisión temporal, mediante el cual se permite recibir\ndentro del territorio aduanero en suspensión de toda clase de tributos, las\nmercancías destinadas al exterior, después de haber sido sometidas a procesos\nde reparación, reconstrucción, montaje, ensamblaje, incorporación a conjuntos o\naparatos de mayor complejidad tecnológica y funcional, o a uso en equipos de\ntransporte y otros fines.\n\nTambién\npodrán ingresar al país mediante el presente procedimiento, hasta por un plazo\nde doce meses, muestras, modelos, patrones y artículos similares, para fines\ndemostrativos de investigación, instrucción o exportación en ferias.\n\nAsimismo,\nquedan comprendidos dentro de este régimen los equipos y repuestos necesarios\npara realizar los procesos citados y las mercancías que desaparezcan total o\nparcialmente en los mismos, así como los bienes destinados a ofrecer una mayor\ncomodidad laboral a los empleados de las plantas, estos últimos de acuerdo con\nlo que al respecto señale una reglamentación especial.\n\nQuienes\nse acojan a este régimen, otorgarán prenda aduanera, sin necesidad de garantía\nadicional, y los propietarios de los bienes, por el simple hecho de remitirlos\nal país, otorgan poder suficiente al consignatario para imponer dicho gravamen.\nEsta prenda se tramitará de oficio, servirá exclusivamente para los propósitos\nde este régimen y tendrá prioridad sobre cualquier otro gravamen o garantía.\n\nEl\nMinisterio de Hacienda velará por la correcta aplicación de este régimen y\nreglamentará el destino de las mermas y desperdicios que se produzcan en los\nprocesos productivos señalados.\"\n\n Ficha articulo\n\nCAPITULO\nTERCERO\n\n \n\nDe las modificaciones a los Impuestos Selectivos de Consumo\n\n \n\nArtículo 41.- Se aumentan en cinco puntos porcentuales las tarifas ad-valorem aplicables a las\nmercancías incluidas en los anexos 1 y 2 de la ley de Consolidación de Impuestos Selectivos de\nConsumo, Nº 4961 del 10 de marzo de 1972 y sus reformas. Se autoriza al Poder Ejecutivo para que,\nmediante decreto del Ministro de Hacienda, reduzca las tarifas ad-valorem aplicables a las\nmercancías de las listas 1, 2 y 3 de la citada ley.\n\nSe\nentiende que el aumento de cinco puntos porcentuales que aquí se establece es\nadicional a los porcentuales autorizados en el artículo 5º de la ley Nº 6820\ndel 3 de noviembre de 1982.\n\nLas\ndisposiciones del presente artículo entrarán en vigencia a partir de la fecha\nde publicación de la presente ley.\n\n Ficha articulo\n\nTITULO\nCUARTO\n\n \n\nDE LAS\nMODIFICACIONES AL ARANCEL CONSULAR, A LOS\n\nDERECHOS DE\nRESIDENCIA Y A LOS IMPUESTOS\n\nPOR EL USO\nDE PUERTOS Y FRONTERAS\n\n \n\nCAPITULO\nPRIMERO\n\n \n\nDe las modificaciones al Arancel Consular\n\n \n\nArtículo 42.- Se aumentan en un trescientos por ciento, en cada partida los derechos fijados en el\nArancel Consular, creados por las leyes Nº 46 del 7 de julio de 1925 y sus reformas, Nº 29 del 23 de\nnoviembre de 1945 y Nº 3872 del 22 de mayo de 1967. Se autoriza al Poder Ejecutivo para que\nactualice los items del Arancel Consular, en el que podrá incluir aquellos que considere necesarios\ny excluir únicamente los que en la actualidad no tengan función alguna.\n\n Ficha articulo\n\nArtículo\n43.- El incremento en la recaudación por el aumento establecido en el\nartículo anterior se distribuirá, por medio del presupuesto del\nGobierno de la\n República, de la siguiente manera:\n\na)\nUna tercera parte al Instituto Mixto de Ayuda Social, el cual utilizará\nestos fondos únicamente para financiar programas sociales.\n\nb)\nDos terceras partes a la caja única del Estado, para sufragar gastos\ngenerales del Gobierno.\n\n Ficha articulo\n\nArtículo\n44.- El Banco Central de Costa Rica venderá los timbres consulares en\ndólares, o en colones al equivalente del tipo de cambio libre del\ndía.\n\n Ficha articulo\n\nCAPITULO\nSEGUNDO\n\n \n\nDe las modificaciones a los derechos de residencia y a los impuestos\n\npor el uso de puertos y fronteras\n\n \n\nArtículo\n45.- Refórmase el artículo 2º de la ley Nº 37 del 7\nde junio de 1940, reformada por el artículo 11 de la ley Nº5358 del 26 de\nsetiembre de 1973, en la siguiente forma:\n\n \n\n\"Artículo\n2º.- Todo extranjero residente en el país por un término de seis o más meses\ndebe proveerse de una cédula de residencia, que expedirá el Ministerio de\nGobernación, por medio de una oficina creada con este exclusivo objeto. En esa\ncédula constarán, principalmente, los datos de identificación. Deberá renovarse\ndentro de los primeros treinta días de cada año, aunque podrá renovarse por dos\naños mediante pago adelantado.\n\nPor\nla expedición o renovación de cada cédula de residencia, el interesado por cada\naño, pagará en colones, el equivalente de veinticinco dólares en timbres\nfiscales, al tipo de cambio libre del día. Los timbres se cancelarán en el\nmomento de emitirse el respectivo documento, no obstante podrán cancelarse\nmediante entero a favor del Gobierno.\n\nSe\nexceptúan del pago de timbre fiscal los ciudadanos de aquellos países con los\nque se tienen tratados de reciprocidad para el no pago de estas tasas.\n\nLos\nextranjeros aquí señalados deberán comunicar cada año su dirección exacta, o\ncualquier cambio en ella, a más tardar treinta días naturales después de\nocurrido el cambio. El incumplimiento de este requisito podrá ser motivo para\nque se cancele la cédula de residencia.\"\n\n Ficha articulo\n\nArtículo\n46.- Refórmanse los artículos 1º, 2º y 7º de la ley\nNº 5874 del 23 de diciembre de 1975, que dirán así;\n\n \n\n\"Artículo\n1º.- Establécese un impuesto del equivalente en\ncolones de diez dólares al tipo de cambio libre del día, que deberá pagar cada\npersona de nacionalidad extranjera no residente en Costa Rica, cada vez que\nsalga del territorio de la\n República utilizando cualquiera de los puertos marítimos o\naéreos o que cruce las fronteras. Se exceptúa del anterior impuesto a las\npersonas de nacionalidad extrajera que permanezcan en tránsito en el país, por\nun período menor de cuarenta y ocho horas, y a los miembros del cuerpo\ndiplomático, de misiones internacionales y funcionarios de gobierno de países\ncon los cuales Costa Rica mantenga relaciones diplomáticas, que viajen en\nmisión oficial.\n\nLas\nautoridades de migración se encargarán de que se cumpla con el pago del\nanterior impuesto, e impedirán la salida del país a aquellos que estando obligados\na pagarlos no lo hicieren.\n\n \n\nArtículo\n2º.- Establécese un impuesto del equivalente en\ncolones de treinta dólares, al tipo de cambio libre del día, que deberá pagar\ncada costarricense o extranjero con cédula de residente en Costa Rica, cada vez\nque salga del territorio de la\n República utilizando cualquiera de los puertos, marítimos o\naéreos, o que cruce las fronteras. Se exceptúa del anterior impuesto a los\nmiembros del cuerpo diplomático y de misiones internacionales, y a los\nportadores de pasaporte diplomático. Las autoridades de migración se encargarán\nde que se cumpla con el pago del anterior impuesto, e impedirán la salida del\npaís a aquellos que estando obligadas a pagarlo no lo hicieren. Para tener\nderecho al régimen de cortesía en las aduanas del país, los costarricenses y\nlos extranjeros residentes en Costa Rica deberán cancelar el impuesto que aquí\nse establece.\"\n\n \n\n\"Artículo\n7º.- El doce y medio por ciento del producto de los impuestos indicados en los\nartículos 1º y 2º, será girado mensualmente por el Banco Central de Costa Rica\nal Instituto Mixto de Ayuda Social, el cual destinará dichos recursos única y\nexclusivamente a la realización de programas de vivienda popular.\"\n\n Ficha articulo\n\nArtículo 46 bis.- La Dirección General de\nHacienda podrá exonerar del impuesto de salida a que se refiere la reforma del\nartículo 1º de la ley Nº 5874 del 23 de diciembre de 1975, contenida en el\nartículo 10 anterior de la presente ley, a los grupos culturales y deportivos\nque, oficialmente y en representación de nuestro país, viajen al exterior,\nprevia recomendación al respecto del Ministerio de Cultura, Juventud y\nDeportes; o a los de promoción turística debidamente acreditados como tales,\npatrocinados por el Instituto Costarricense de Turismo.\n\nQuedan exonerados del pago del impuesto de\nsalida, los conductores costarricenses de furgones de carga y de líneas de\ntransporte internacional de pasajeros, que se dediquen en forma habitual al\ntransporte de mercancías o de personas al territorio centroamericano y\npanameño, y que estén debidamente acreditados como tales ante la Dirección\nGeneral de Migración y Extranjería. Sus homólogos centroamericanos y panameños\npodrán, asimismo, ser exonerados del pago del impuesto de salida, siempre y\ncuando, bajo las mismas condiciones, demuestren que en sus respectivos países se\nda un trato igual para los costarricenses. La Dirección de Migración y\nExtranjería informará a la Dirección General de Hacienda sobre lo anterior,\npara su debido control.\n\nTransitorio.- La exoneración de pago a que se\nrefiere el párrafo segundo de este artículo, podrá otorgarse en forma efectiva\na partir del día 2 de marzo de 1984.\n\n(Así adicionado por\nel artículo 11 de la Ley de Presupuesto Extraordinario, Nº 6962 de 26 de julio\nde 1984)\n\n Ficha articulo\n\nTITULO\nQUINTO\n\n \n\nDE LAS\nMODIFICACIONES AL CODIGO FISCAL\n\nY A\nLA LEY ORGANICA DEL\nNOTARIADO\n\n \n\nCAPITULO\nPRIMERO\n\n \n\nDe las modificaciones al título VI, \"del papel sellado\"\n\ndel Código Fiscal\n\n \n\nArtículo\n47.- Modifícase el título VI, \"Del papel sellado\", del Código Fiscal,\nen sus artículo 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,\n250, 251, 252 y 253, los cuales dirán así:\n\n \n\n\"Artículo 238.- Habrá un solo tipo de papel de oficio de buena calidad, que consistirá en una hoja\nsimple de treinta y dos centímetros de largo por veintidós de ancho, y que llevará siempre un sello\nde agua con el escudo nacional; tendrá el anverso orlado en el centro de la parte superior con la\nsiguiente inscripción: Papel de Oficio, e impresas dos líneas verticales colocadas una a tres\ncentímetros del borde izquierdo y la otra a dos centímetros del borde derecho; entre ellas tendrá\nimpresas treinta líneas horizontales, fuera de las cuales no deberá escribirse, y separadas una de\notra por un espacio de ocho y medio milímetros, y colocada la primera a veinticinco milímetros del\nborde superior de la  hoja. En el reverso será igual, salvo que no llevará la inscripción\nanteriormente indicada.\n\n \n\nArtículo\n239.- El valor del papel de oficio lo determinará el Poder Ejecutivo, por medio\ndel Ministerio de Hacienda, previa consulta al Banco Central de Costa Rica. Los\nreintegros que se fijan en los siguientes artículos podrán efectuarse en\ntimbres fiscales, o mediante pago de un entero a favor del Gobierno de\nla República a conveniencia\ndel contribuyente. Los particulares podrán utilizar papel de buena calidad de\nlas mismas dimensiones establecidas en el artículo anterior, que no sea papel\nde oficio con el sello de agua que ordena ese mismo artículo, para la\ntramitación judicial, los testimonios de escrituras públicas y certificaciones\nnotariales, siempre que se reintegre con los timbres de los valores que se\nestablecen en los artículos siguientes y en las demás disposiciones legales\nsimilares.\n\n \n\nArtículo\n240.- Se usará papel de oficio con reintegro de quinientos colones (¢ 500,00)\nen timbres fiscales:\n\n \n\n1)\nEn el primer pliego de todo testimonio de instrumento o documento público,\ninscribible o no en el Registro Nacional, sobre cantidades y obligaciones cuyo\nprincipal exceda de un millón quinientos mil colones (¢ 1.500.000,00); y en el\nprimer pliego del original de los documentos privados de contratos sobre esa\ncuantía.\n\n \n\n2)\nEn el primer pliego de las ejecutorias no inscribibles en el Registro Nacional,\nde sentencias pronunciadas en juicio cuyo valor exceda de un millón quinientos\nmil colones (¢ 1.500.000,00).\n\n \n\n3)\nEn las patentes de buques de más de doscientas toneladas de porte.\n\n \n\n4)\nEn los títulos de Doctor de cualquier facultad expedidos en el país.\n\n \n\nArtículo\n241.- Se usará papel de oficio con reintegro de doscientos cincuenta colones (¢\n250,00) en timbre fiscal.\n\nEn\nlos casos previstos en los incisos 1) y 2) del artículo 240, cuando el valor\ndel negocio pase de un millón de colones (¢1.000.000,00) y no exceda de un millón\nquinientos mil colones (¢1.500.000,00).\n\n \n\nArtículo\n242.- Se usará papel de oficio con reintegro de ciento veinticinco colones (¢\n125,00) en timbre fiscal:\n\n1)\nEn los casos determinados en los incisos 1) y 2) del artículo 240, cuando el\nvalor del negocio exceda de quinientos mil colones (¢500.000,00) y no pase de\nun millón de colones (¢ 1.000.000,00).\n\n \n\n2)\nEn las licencias para buques de ciento una a doscientas toneladas de porte.\n\n \n\n\"Artículo\n243.- Se usará papel de oficio con reintegro de cien colones (¢ 100,00) en\ntimbre fiscal:\n\n1)\nEn los casos señalados en los incisos 1) y 2) el artículo 240, cuando el valor\ndel negocio pase de doscientos cincuenta mil colones (¢250.000,00) y no exceda\nde quinientos mil colones (¢500.000,00).\n\n2)\nEn los títulos de Licenciado, de cualquier facultad, y en los de Arquitecto o\nIngeniero, expedidos en el país.\n\n3)\nEn los títulos de Notarios Públicos y de Corredores Jurados.\n\n4)\nEn el primer pliego de todo testimonio de instrumentos o documentos públicos,\ninscribibles o no en el Registro Nacional, de cuantía inestimable, incluidos\nlos poderes generales, generalísimos, especiales, especialísimos; en el primer\npliego del original de los contratos privados de naturaleza inestimable y en el\nprimer pliego de las ejecutorias de sentencias no inscribibles en el Registro\ncitado, dictadas en negocios o asuntos no susceptibles de estimación\npecuniaria, o de cuantía indeterminada, como los relativos al estado civil de\nlas personas, testamentos y similares. En cuanto a los poderes especiales judiciales\notorgados apud acta, se estará a lo dispuesto en la ley procesal civil\ncorrespondiente.\n\n5)\nEn las licencias para embarcaciones de diez a cien toneladas.\n\n \n\nArtículo\n244.- Se usará papel de oficio con reintegro de cincuenta colones ¢ 50,00) en\ntimbre fiscal:\n\n1)\nEn los casos previstos en los incisos 1) y 2) del artículo 240, cuando el valor\ndel negocio pase de cien mil colones (¢ 100.000,00) y no exceda de doscientos\ncincuenta mil colones (¢ 250.000,00).\n\n2)\nEn los títulos de Bachiller universitario, expedidos en el país.\n\n \n\nArtículo\n245.- Se usará papel de oficio con reintegro de veinticinco colones (¢ 25,00)\nen timbre fiscal en los casos previstos en los incisos 1) y 2) del artículo\n240, cuando el valor del negocio pase de setenta y cinco mil colones (¢\n75.000,00) y no exceda de cien mil colones (¢ 100.000,00).\n\n \n\nArtículo\n246.- Se usará papel de oficio con reintegro de veinte colones (¢ 20,00) en\ntimbre fiscal en los casos previstos por los incisos 1) y 2) del articulado\n240, cuando el valor del negocio sea mayor de veinticinco mil colones (¢\n25.000,00) y no exceda de setenta y cinco mil colones (¢ 75.000,00).\n\n \n\nArtículo\n247.- Se usará papel de oficio con reintegro de diez colones (¢ 10,00) en\ntimbre fiscal:\n\n1)\nEn los casos señalados en los incisos 1) y 2) del artículo 240, cuando el valor\ndel negocio no exceda de veinticinco mil colones (¢25.000,00).\n\n2)\nEn todo vale o pagaré, o contrato de crédito en cuenta corriente.\n\n3)\nEn los registros de embarcaciones y licencias para navegar.\n\n4)\nEn las autenticaciones de firmas de documentos extranjeros.\n\n5)\nEn la cubierta de los testamentos cerrados.\n\n6) En los segundos y siguientes pliegos de los testimonios de escrituras públicas o ejecutorias no\ninscribibles en el Registro Nacional, o de documentos o contratos privado cuyo primer pliego deba\nser de mayor valor.\n\n7)\nEn los testimonios de escrituras adicionales no inscribibles en el Registro\ncitado, en que simplemente se rectifiquen errores materiales o de concepto o se\nsubsanen omisiones de pura forma, que no alteren el valor principal de la\nescritura original.\n\n8)\nEn los testimonios de revocatoria o sustitución de poderes y en los de\ncualquier cancelación, cuando de los mismos no deba tomar nota el Registro\nNacional.\n\n9)\nEn las certificaciones de actos notariales, de autos, de piezas de expedientes\no documentos que no van a ser aducidos como prueba en juicio, ni que se\ndestinen a inscripciones, o anotaciones que deben practicarse en el Registro\nNacional. Cuando la certificación haya de formar parte de un expediente como\nprueba, se extenderá precisamente en la clase de papel correspondiente al\njuicio.\n\n \n\nArtículo\n248.- En cada folio de los protocolos de los notarios públicos se utilizará\npapel de oficio con reintegro de cinco colones (¢ 5,00) en timbre fiscal. Cada\nuno de los folios deberá ajustarse al artículo 238 y la cancelación del timbre\nfiscal deberá hacerla la\n Secretaría de\nla Corte Suprema de Justicia, previamente a la\napertura del respectivo tomo del protocolo; el valor correspondiente a un tomo\ndel protocolo podrá ser cancelado mediante pago de entero a favor del Gobierno\nde la República,\nen cuyo caso la Secretaría\nde la Corte\nhará constar esa circunstancia en la razón de apertura, y archivará el entero.\n\n \n\nArtículo\n249.- Para la tramitación judicial en materia civil y mercantil, se utilizará\npapel de oficio en los escritos, pedimentos, pruebas y, en general, en la\nsustanciación de asuntos de la naturaleza indicada, con reintegro en timbre\nfiscal de los siguientes valores:\n\n1)\nAsuntos en que la cuantía del negocio sea mayor de cincuenta mil colones (¢\n50.000,00), timbre fiscal de diez colones (10,00).\n\n2)\nAsuntos en que la cuantía del negocio sea mayor de veinte mil colones (¢\n20.000,00) y no exceda de cincuenta mil colones (¢50.000,00), timbre fiscal de\nocho colones (¢ 8,00).\n\n3)\nAsuntos en que la cuantía sea mayor de cinco mil colones (¢ 5.000,00) y no\nsupere la de veinte mil colones (¢ 20.000,00, timbre fiscal de seis colones (¢\n6,00)\n\n4)\nAsuntos en que la cuantía del negocio exceda de mil colones ....\n(¢ 1.000,00) y no pase de cinco mil colones (¢ 5.000,00), timbre fiscal de\ncuatro colones (¢ 4,00).\n\n5)\nEn informaciones fuera de juicio o ad perpétuam, que no estén regidas por leyes\nespeciales, timbre fiscal de cuatro colones (¢4,00).\n\n6)\nLos asuntos estimables pecuniariamente con una cuantía inferior a un mil\ncolones no requieren ser tramitados en papel de oficio con reintegro.\"\n\n \n\nArtículo\n250.- Para los memoriales o escritos de toda clase, dirigidos a las\ncorporaciones, autoridades o funcionario públicos de cualquier Poder, categoría\no fuero, en materia administrativa, se utilizará papel de oficio con reintegro\nde dos colones (¢ 2,00) en timbre fiscal.\n\n \n\nArtículo\n251.- Se usará papel de oficio para uso exclusivo de autoridades:\n\n \n\n1)\nEn los negocios civiles en que sea parte el Fisco, en todo lo que a su\ninstancia o en su interés se actúe.\n\n2)\nEn todos los casos en que la ley autorice para usarlo y para proceder de oficio\nen materia civil.\n\n \n\nArtículo\n252.- El bastanteo de poderes o mandatos para gestionar, representar o\nadministrar en nombre ajeno, será extendido en papel de oficio, reintegrándose\nel correspondiente timbre fiscal; de tal manera que el poder alcance hasta la\ncuantía que corresponde el valor del timbre, con arreglo a lo que disponen los artículos\n240 a\n249. Se observará esta regla, aunque el poderdante haya fijado al mandato una\nextensión mayor de la que cabe a la suma reintegrada en timbre fiscal, o no le\nhaya dado alguna. Los poderes para asuntos que no son susceptibles de\nestimación pecuniaria se testimoniarán conforme al artículo 244 anterior.\n\n \n\nArtículo\n253.- En los juicios de sucesión o mortuorios, en los de insolvencia, concurso\no quiebra, se usará papel de oficio con el reintegro de los siguientes valores\nen timbre fiscal:\n\n1)\nEn asuntos cuya cuantía sea inferior a un mil colones (¢ 1.000,00) no se\nrequerirá reintegro alguno.\n\n2)\nEn asuntos que excedan de un mil colones (¢ 1.000,00) y no sobrepasen de cinco\nmil colones (¢ 5.000,00), timbre fiscal de dos colones (¢ 2,00).\n\n3)\nSi la cuantía es mayor de cinco mil colones (¢ 5.000,00) pero no excede de diez\nmil colones (¢ 10.000,00), timbre fiscal de cuatro colones (¢ 4,00).\n\n4)\nSi la cuantía supera los diez mil colones (¢ 1.000,00) pero no sobrepasa los\ncincuenta mil colones (¢ 50.000,00), timbre fiscal de seis colones ¢ 6,00).\n\n5)\nSi la cuantía supera los cincuenta mil colones (¢ 50.000,00) pero no sobrepasa\nde cien mil colones (¢ 100.000,00), timbre fiscal de ocho colones (¢ 8,00).\n\n6)\nSi la cuantía es superior a cien mil colones (¢ 100.000,00), timbre fiscal de\ndiez colones (¢ 10,00). En las reivindicaciones, reclamaciones de acreedores de\nla masa o con privilegios, legalizaciones de \ncrédito, incidentes y juicios incidentales que con motivo de los universales\nse susciten por los interesados, se usará el papel de oficio con reintegro que\ncorresponda según la cuantía de la reclamación que cada uno entable. Esta misma\nregla se observará en el uso del papel de oficio de las tercerías.\"\n\n Ficha articulo\n\nCAPITULO\nSEGUNDO\n\n \n\nDe las modificaciones al Título VII, \"Del Timbre\", del Código\nFiscal\n\n \n\nArtículo\n48.- Modifícanse los artículos 271, 272, en sus\nincisos 1) y 5); 273, en sus incisos 1), 12), 13), 15), 16), 17), 18), 19),\n20), 21), 22), 23), 24), 25), 27), 28); 286 y 289 del Título VII, \"Del\nTimbre\", del Código Fiscal, en la siguiente forma:\n\n \n\n\"Artículo\n271.-Habrá timbres de las denominaciones que determine\nla Junta Directiva\ndel Banco Central de Costa Rica, los cuales se adecuarán a las disposiciones de\neste Código.\n\n \n\nArtículo\n272.-El impuesto del timbre será pagado en timbres o mediante entero a favor\ndel Gobierno de la República,\na conveniencia del contribuyente, y se aplicará sobre:\n\n \n\n1)\nEn todo testimonio o certificación de instrumento, o documentos públicos no\nsujetos a inscripción en el Registro Nacional.\n\n2) ...\n\n3) ...\n\n4) ...\n\n5)\nEn toda autenticación de firmas que haga cualquier autoridad judicial o\nadministrativa, se pagará un impuesto de timbre de cien colones, con excepción\nde lo dispuesto en el Código Electoral y de las autenticaciones hechas por\nabogados o notarios, para efectos judiciales o administrativos.\n\nPor\nregla general, esa contribución fiscal de timbre que grava los documentos se\npagará a razón de cuatro por mil, y el cómputo se hará tomando como base el\nvalor nominal principal o el precio que el documento determine. El mínimo que\nse pagará en cualquier documento será de timbre fiscal de veinte colones.\nCuando las denominaciones aprobadas en el artículo 271 no permitan pagar, en timbres,\nla cantidad exacta calculada de acuerdo con lo que se establece en esta ley, se\npagará la cantidad inferior más cercana. En el artículo siguiente se harán las\nexcepciones.\n\n \n\nArtículo\n273.- En la aplicación del impuesto de timbre se observarán las reglas y\nsalvedades siguientes:\n\n1)\nPor los documentos de actos o contratos cuyo valor sea indeterminado, o cuya\ncuantía sea inestimable, se pagará conforme lo establece el artículo 244.\n\n2) ...\n\n3) ...\n\n4) ...\n\n5) ...\n\n6) ...\n\n7) ...\n\n8) ...\n\n9) ...\n\n10) ...\n\n11) ...\n\n12)\nLos vales o pagarés satisfarán el impuesto, a razón de cinco céntimos por cada\ndiez colones o fracción sobre el monto de la obligación principal. El mínimo\nque se pagará será de diez colones (¢10,00) de timbre.\n\n13)\nPor letras de cambio y cheques girados sobre plazas extranjeras se pagarán\nveinte colones de timbre en cada libranza. Por letras de cambio y cheques\ngirados en el exterior, sobre plazas en Costa Rica, se pagarán dos colones de\ntimbre en cada libranza cuando fueren a la vista. Por letras, pagarés,\nfacturas, que impliquen créditos girados en el exterior contra entidades en\nCosta Rica, se pagarán cinco céntimos por cada diez colones o fracción sobre el\nde la obligación principal. Los timbres deberán adherirse en el momento de la\nemisión de las letras o cheques si son girados en Costa Rica, o al de su\npresentación para ser pagados o aceptados, si han sido librados en otro país.\nLas letras a la vista o a plazo, girados en Costa Rica y pagaderas en el mismo\npaís satisfarán diez céntimos por cada diez colones o fracción. El mínimo que\nse pagará en estos casos será de diez colones (¢ 10,00) de timbre.\n\nLos\ncheques que se giren contra cuentas corrientes establecidas en los bancos del\npaís deberán pagar un impuesto de treinta céntimos de colón. Este impuesto será\ncobrado por el Banco respectivo en el momento de entregar los talonarios. Del\nmonto recaudado, se girará a\nla Junta Administrativa del Archivo Nacional lo\nindicado en los artículos 7º y 8º de la ley Nº 5574,\nen la forma señalada en esa ley.\n\nTodos los\npagarés o hipotecas deberán anotarse en el Departamento de Anotación de\nla Tributación Directa,\nen las oficinas regionales o en las delegaciones cantonales. Para los efectos\nde este artículo, el interesado presentará el documento original y una copia. A\nambos documentos se les pondrá el \"anotado\" y el original deberá\ndevolverse de inmediato al interesado.\n\nEl\nDepartamento de Anotación de\nla Tributación Directa, con la copia, deberá llevar,\npara fines fiscales, un registro de acreedores de estos documentos. Para el\ncálculo del pago del impuesto sobre la renta, y únicamente para este efecto, se\npresumirá en estos documentos un interés no menor del uno por ciento (1%)\nmensual. Los documentos indicados deberán anotarse dentro de un término no\nmayor de tres meses después de su expedición.\n\nEl\nincumplimiento de lo dispuesto en este artículo dejará sin efecto el carácter\nde título ejecutivo de estos documentos, salvo en lo que se refiere a\nhipotecas. Se exceptúan de esa disposición los documentos que suscriban las instituciones\nestatales, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y las cooperativas de\nahorro y préstamo.\n\n14) ...\n\n15)\nPor pasaportes y salvoconductos de cualquier índole, que se expidan o visen a\nciudadanos costarricenses y a visitantes extranjeros, se pagarán mil colones (¢\n1.000,00) de timbres. Por las visas de salida a cualquier parte del exterior\ndel país se pagarán quinientos colones (¢ 500,00). Los trabajadores agrícolas\nque hayan ingresado al país, en razón de su empleo, pagarán cinco colones (¢ 5,00)\nde timbre.\n\nPor\ncédulas de residencia que se expidan deberán cancelarse mil colones (¢\n1.000,00) de timbre fiscal. Los derechos de residencia correspondientes se\npagarán de conformidad con la ley Nº 37 del 7 de\njunio de 1940 y sus reformas.\n\n16)\nPor todo aviso, anuncio o edicto en interés particular, que haya de publicarse\nen el Diario Oficial y en el Boletín Judicial, se pagarán diez colones en\ntimbre fiscal.\n\n17)\nPor documentos de toda acción en sociedades, compañías, empresas o\nestablecimientos mercantiles o de carácter civil, se pagará el timbre de diez\ncéntimos por cada diez colones o fracción que la acción represente. El mínimo\nque se pagará de timbre fiscal en este rubro es de veinte colones (¢ 20,00).\n\n18)\nPor cada patente de establecimiento de comercio se pagará cien colones (¢\n100,00) de timbres fiscales.\n\n19)\nPor toda primera certificación de una matrícula o inscripción de embarcaciones\ndestinadas al cabotaje en aguas costarricenses, se pagará el timbre a razón de\ndiez colones por tonelada de registro o fracción.\n\n20)\nPor toda certificación o constancia extendida por la autoridad judicial\ncompetente de pensiones alimenticias, para efectos de salida del país, se\npagarán cien colones (¢ 100,00) en timbre fiscal.\n\n21)\nPor toda certificación o copia autorizada de piezas de expedientes, o de actas\no asientos de libros, apud acta o extendida por separado, a solicitud\nparticular, o en virtud de mandamiento o resolución judicial, se pagarán cinco\ncolones (¢5,00) de timbre por la primera hoja o fracción y dos colones (¢ 2,00)\npor cada hoja o fracción de hoja adicional. Por las certificaciones que\nextiendan los registros públicos se pagarán diez colones (¢ 10,00) de timbre\nfiscal por asiento, lo mismo que cuando no aparezca asiento inscrito. Las\ncertificaciones en materia penal, las expedidas para efectos o fines\nelectorales, para efectos de pensión, y las extendidas de oficio para intereses\no servicios públicos, están exentas del impuesto del timbre.\n\n22)\nPor patentes de privilegios exclusivos se pagarán timbres de doscientos\ncincuenta colones (¢ 250,00). Por cada ejemplar de modelo de marca de fábrica o\nde comercio se pagará de timbre fiscal cien colones (¢ 100,00). Por toda\ninscripción o certificación de inscripciones, traspaso,\ncancelación o enmienda y otros, de marca inscritas en el Registro\nNacional, se pagarán cien colones (¢ 100,00) de timbres fiscales.\n\n23)\nPor títulos universitarios o profesionales que se ostenten o hagan valer en\nCosta Rica, se pagarán cien colones (¢ 100,00) de timbre fiscal.\n\n24)\nPor cada libro de contabilidad mercantil se pagarán cien colones (¢ 100,00) de\ntimbre fiscal. El timbre se agregará al pie de la razón que debe poner\nla Dirección General\nde la Tributación\n Directa, y será cancelado por dicha oficina.\n\n25)\nPor las ejecutorias no inscribibles en el Registro Nacional se pagarán timbres\nasí: diez colones (¢ 10,00) las sentencias dictadas en negocios de cuenta\ninestimable; en las demás el impuesto tendrá como base la estimación de la\ncuantía del juicio.\n\n26) ...\n\n27)\nAdemás, estarán exentos del impuesto de timbre: la revocación de poderes; los\nexhortos y mandamientos en lo judicial; los testimonios de escrituras\ncomplementarias o adicionales, que no aumenten la cuantía ni modifiquen\nsustancialmente el contenido del contrato principal; toda garantía-caución,\nhipoteca, prenda o fianza, si se otorga en el mismo documento en que consta la\nobligación que se garantiza; las pólizas de compañías nacionales de seguros de\nvida; y las cancelaciones o pagos, que se hagan constar en el mismo documento\nde la obligación principal o en otro documento, en que el mismo deudor\ncontraiga nueva obligación.\n\nTodo\notro documento en que especialmente se haga constar cancelación, satisfará el\nimpuesto general de cinco céntimos de timbre por cada diez colones fracción. Lo\nanterior, tratándose de documentos no inscribibles en el Registro de\nla Propiedad, pues en\ncuanto a lo inscribible, se estará a lo dispuesto en la ley respectiva. Por los\nendosos, modificaciones y prórrogas por el total o saldo, en su caso, que se\npractiquen en el Registro General de Prendas, se pagará el timbre de acuerdo\ncon la siguiente tabla:\n\nDe\n¢ 1 a ¢ 1.000 ... ... ... ... ... ... ¢ 2,00\n\nDe\n1.001 a\n5.000 ... ... ... ... ... .... 4,00\n\nDe\n5.001 a\n10.000 ... ... ... ... ... .... 10,00\n\nDe\n10.001 a\n20.000 ... ... ... ... ... .... 20,00\n\nDe\n20.001 a\n50.000 ... ... ... ... ... .... 40,00\n\nDe\n50.001 en adelante ... ... ... ... ... ... . 40,00\n\nmás un colón (¢ 1,00) por cada\nmillar o fracción.\n\n28)\nPor todo documento que deba ser inscrito en el Registro de Importaciones del\nBanco Central, se pagará veinte colones (¢20,00) de timbre fiscal.\"\n\n \n\n\"Artículo\n286.- No se admitirá no se recibirá en las oficinas públicas ningún documento\nque, debiendo haber pagado timbre, sea presentado sin él en todo o en parte. El\ndocumento en que no se haya satisfecho ese impuesto del todo, o que no esté\ncompleto, o no haya sido cancelado conforme a las reglas del artículo 285, será\ninútil e ineficaz para apoyar en él acción o derecho alguno, mientras no se   pague\nla multa que se dirá, y los tribunales y funcionarios de\nla Administración Pública\nlo declararán así de oficio.\n\nSin\nembargo, tales documentos surtirán efecto legal, si el interesado agrega los\ntimbres en cantidad de diez veces la que correspondía, cuando nada se hubiere\npagado o estuvieren los timbres sin cancelar o mal cancelados; y diez veces la\ncantidad que hubiere dejado de pagarse si el timbre estuviere incompleto.\n\nLos\ninstrumentos y documentos sujetos a inscripción en el Registro Nacional quedan\nexcluidos del pago de la multa en referencia. El Registro no inscribirá\ndocumento alguno sujeto al pago del timbre fiscal que no lo haya satisfecho\ndebidamente.\"\n\n \n\n\"Artículo\n289.- Los notarios y demás funcionarios públicos o particulares, que expidieren,\nlibraren o autorizaren testimonios, certificaciones u otros documentos sujetos\nal impuesto de timbre, en que se deje de pagar ese impuesto, o que les\nreconocieren eficacia legal sin tenerla, o que de cualquier otra manera\ninfringieren las disposiciones de este Título, incurrirán en cada caso en un\nmulta a favor del Tesoro Nacional, equivalente a diez veces el impuesto no\ncancelado.\"\n\n Ficha articulo\n\nCAPITULO TERCERO\n\n \n\nDe las\nmodificaciones a la\n Ley Orgánica del Notariado\n\nArtículo 49.-(Derogado por el artículo 190, inciso b), de la Ley\n“Código Notarial, No.7764 de 17 de abril de 1998)\n\n Ficha articulo\n\nTITULO SEXTO\n\n \n\nDE\nLA PROTECCION A LOS\nUSUARIOS DE LOS SERVICIOS\n\nPUBLICOS Y A\nDEUDORES\n\n \n\nCAPITULO\nUNICO\n\n \n\nArtículo\n50.- Las tarifas por cualquier clase de servicios públicos que presten\nlas instituciones que deban realizar contribuciones extraordinarias al Gobierno\nCentral, de conformidad con el anexo de esta ley, no podrán sufrir\naumento alguno por razón de ese concepto a partir de la fecha de esta\nley, y en los aumentos posteriores a esta fecha no podrán resarcirse las\nsumas que transfieran al Gobierno Central \ndurante 1984. Tampoco podrán aumentarse durante 1984 las primas\nde los seguros de cosechas y de vehículos que cobra el Instituto\nNacional de Seguros. Esta prohibición se aplicará también\na los aumentos en las tasas de interés que las instituciones\npúblicas cobren sobre sus operaciones financieras, si estas fueran para\nfinanciar las contribuciones de esos organismos al Gobierno de\nla República.\n\n Ficha articulo\n\nArtículo 51.- Las instituciones del Estado,\nincluidos los bancos de éste, el Instituto Nacional de Seguros y el Banco\nPopular, que hayan otorgado créditos para la construcción y adquisición de casa\ny lotes destinados a habitación familiar, cobrarán las cuotas que tengan\natrasadas los deudores a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, después\nde concluido el plazo total original, en cuotas iguales a la forma de pago\ninicial, sin más recargos que los que correspondan a intereses moratorios\ncausados hasta la entrada en vigencia de esta ley, más las costas personales y\nprocesales de las acciones de cobro \njudicial que hayan sido notificados a los deudores. Las instituciones\ncomprendidas en esta disposición desistirán, sin responsabilidad de su parte,\nde toda acción de cobro judicial sobre los créditos comprendidos en este artículo.\n\n (Nota de Sinalevi: Prorrogados sus efectos\nhasta el 1º de abril de 1986, por el artículo 69 de la Ley de Presupuesto\nExtraordinario, Nº 7015 de 22 de noviembre de 1985)\n\n Ficha articulo\n\nTITULO\nSETIMO\n\n \n\nDISPOSICIONES\nGENERALES\n\n \n\nCAPITULO\nUNICO\n\n \n\nArtículo\n52.- A efecto de que\nla Tesorería Nacional pueda ajustar las\ndisponibilidades de recursos a los compromisos de pago, surgidos de la\nejecución del presupuesto, los funcionarios responsables de la\npreparación y ejecución presupuestaria a que se refiere el\nartículo 63 de la Ley\nde la\n Administración Financiera de\nla República,\ndeberán llenar, en los primeros treinta días de cada año\nlos cronogramas de ejecución financiera y presupuestaria que para tal\nefecto distribuirá\nla Tesorería Nacional.\n\n Ficha articulo\n\nArtículo\n53.- La\n Refinadora Costarricense de Petróleo, S. A.,\nenterará a favor de\nla Tesorería Nacional los montos que ingresen\npor todos los impuestos, en los que actúe como agente recaudador del\nGobierno de la\n República, a más tardar diez días\nhábiles del día en el que haya recibido el pago.\nLa Contraloría General\nde la República\ny la\n Autoridad Presupuestaría no aprobarán el\npresupuesto, ni sus modificaciones, de la citada empresa, si no demuestra con\nuna certificación del Director General de\nla Tributación Directa,\nque está al día en el cumplimiento de lo que aquí se\nestablece.\n\nSe\nconsidera falta grave, por parte del funcionario competente, el incumplimiento\nde lo establecido en el presente artículo. Igual responsabilidad les\nincumbirá a los gerentes, administradores, directores, ejecutivos y\njuntas directivas de la respectiva institución.\n\n Ficha articulo\n\nArtículo 54.- Refórmase\nel artículo 23 de la ley Nº 6890 del 14 de setiembre de 1983, para que diga\nasí:\n\n\"Artículo 23.- Autorízase\nal Banco Central de Costa Rica a girar durante 1983, 1984, 1985 y 1986 el\nproducto de las sobretasas temporales a las importaciones, a las instituciones\ny programas que a continuación se enumeran, según los montos o porcentajes que\nse indican: 1983\n\n1) Instituto de Fomento y Asesoría Municipal:\nciento veinticinco millones de colones (¢ 125.000.000,00), para transferencias\na las municipalidades, a fin de que cubran faltantes presupuestarios\ncorrespondientes a salarios y cargas sociales, para enjugar los déficit\npresupuestarios de ejercicios anteriores, para la atención de sus deudas, para\nla ejecución de obras y como recurso de contrapartida para el financiamiento de\nobras y servicios. Para la utilización de estos recursos no serán aplicables a\nlas municipalidades los artículos 121, 122, y 123 del Código Municipal.\n\n2) Instituto Mixto de Ayuda Social; ciento\nsetenta y cinco millones de colones (¢ 175.000.000,00), únicamente para la\ncompra de tierras destinadas a viviendas y para materiales de construcción de\nlas mismas, así como para gastos relacionados con el asentamiento de grupos de\nmarginados en los programas de vivienda de interés social.\n\n3) Instituto de Desarrollo Agrario: setenta y\ncinco millones de colones (¢ 75.000.000,00), para asentamientos campesinos.\n\n4) Programa Nacional de Alimentos: ciento\ncuarenta millones de colones (¢ 140.000.000,00).\n\n5) Instituto Nacional de Fomento Cooperativo:\ncuarenta y cinco millones de colones (¢ 45.000.000,00), destinados al\nfinanciamiento del movimiento cooperativo, especialmente cooperativas\nestudiantiles y juveniles y cooperativas de cogestión y autogestión. Del\nrendimiento financiero de estos recursos se destinará un veinticinco por ciento\ncomo aporte al sostenimiento del programa de cooperativas juveniles y\nestudiantiles, de conformidad con el decreto ejecutivo Nº 13924-E. El INFOCOOP\naportará adicionalmente una suma de cinco millones de colones (¢ 5.000.000,00)\nal mismo programa para sus gastos generales, a través del Comité\nInterinstitucional que se establece en el mismo decreto. El INFOCOOP destinará\ncinco millones de colones (¢ 5.000.000,00) al Consejo Nacional de Cooperativas\npara programas cooperativos; aportará cinco millones de colones (¢5.000.000,00)\na La Unión Regional de Cooperativas de la Provincia de Cartago, para programas\nde comercialización de productos perecederos y cinco millones de colones (¢5.000.000,0)\na la Comisión Nacional de Cooperativas de Autogestión.\n\n6) Instituto Nacional de Vivienda y\nUrbanismo: ciento quince millones de colones (¢ 115.000.000,00), únicamente\npara subsidiar programas de lotes con servicios y construcción de viviendas de\ninterés social. Para efecto de la canalización de estos recursos, se dará\nprioridad a grupos organizados bajo el modelo cooperativo, de asociaciones de\ndesarrollo comunal y de otras similares que tengan como finalidad la solución\ndel problema de la vivienda para sus asociaciones.\n\nAsimismo, se utilizarán estos recursos para\ncancelar la compra de la finca denominada Los Cuadros.\n\n7) Instituto Costarricense de Acueductos y\nAlcantarillados: veinticinco millones de colones (¢ 25.000.000,00) para dotar\nde agua los proyectos mencionados en esta ley.\n\n8) Centro de Promoción para las Exportaciones\ny las Inversiones: treinta millones de colones (¢ 30.000.000,00) para el\ndesarrollo de sus programas.\n\nLos saldos no cubiertos durante 1983 lo serán\nen el año 1984. Durante 1984, para los mismos fines y con las mismas\nprioridades, se destinará a las siguientes instituciones los porcentajes que se\nindican:\n\n1) Instituto de Fomento y Asesoría Municipal:\nocho por ciento (8%).\n\n2) Instituto Mixto de Ayuda Social: siete por\nciento (7%).\n\n3) Instituto de Desarrollo Agrario: cinco por\nciento (5%).\n\n4) Instituto Nacional de Fomento Cooperativo:\ncuatro por ciento (4%).\n\nEl INFOCOOP destinará los recursos que le\ncorrespondan de conformidad con lo que establece el numeral 5) anterior\ncorrespondiente al año 1983.\n\n5) Instituto Nacional de Vivienda y\nUrbanismo: ocho por ciento (8%).\n\n6) Instituto Nacional de Aprendizaje: uno por\nciento (1%), para la construcción de talleres públicos y programas de\npreparación de mano de obra.\n\n7) Instituto costarricense de Acueductos y\nAlcantarillados dos por ciento (2%).\n\n8) Dirección Nacional de Desarrollo de la\nComunidad: dos por ciento (2%), para programas productivos y de desarrollo\ncomunal.\n\n9) Centro de Promoción para las Exportaciones\ny las Inversiones: cuatro por ciento (4%), el cual no podrá exceder de treinta\ny cinco millones.\n\n (Así reformado el inciso anterior por el\nartículo 32 de la Ley de Presupuesto Extraordinario, Nº 6962 de 26 de julio de\n1984)\n\n10) Comisión Nacional de Emergencia: cuatro\npor ciento (4%), para el cumplimiento de los fines que establece la Ley\nNacional de Emergencia, número 4374 del 14 de agosto de 1969 y sus reformas. El\n55% restante se girará a la caja única del Estado.\n\n(Así reformado el\ninciso anterior por el artículo 32 de la Ley de Presupuesto Extraordinario, Nº\n6962 de 26 de julio de 1984)\n\nDurante los años 1985 y 1986, los montos se\ngirarán de acuerdo con el total recaudado en virtud de las sobretasas\ntemporales a la importación menos el monto que deba girarse al Gobierno\nCentral, de conformidad con los porcentajes siguientes:\n\n1) Instituto de Fomento y Asesoría Municipal:\ncinco por ciento (5%).\n\n2) Instituto Mixto de Ayuda Social:\nDiecisiete por ciento (17%). El treinta ciento de esos recursos de destinará\nexclusivamente al desarrollo del proyecto denominado Los Cuadros y de los\nproyectos de Los Diques de Cartago.\n\n(Así reformado el\ninciso anterior por el artículo 140 de la Ley de Presupuesto Extraordinario, Nº\n6995 de 22 de julio de 1985)\n\n3) Instituto de Desarrollo Agrario: cuatro\npor ciento (4%).\n\n4) Instituto Nacional de Fomento Cooperativo:\ndoce por ciento (12%).\n\nEl INFOCOOP destinará los recursos que le\ncorrespondan de conformidad con lo que establece esta ley para los años 1983 y\n1984.\n\nAsimismo, el Instituto asignará un mínimo del\ntreinta por ciento de los ingresos producto de esta ley a la promoción y\nfinanciamiento de programas cooperativos de vivienda, especialmente para grupos\nmarginados.\n\n (Así reformado el inciso 4) anterior por el\nartículo 140 de la Ley de Presupuesto Extraordinario, Nº 6995 de 22 de julio de\n1985)\n\n5) Instituto Nacional de Vivienda y\nUrbanismo: nueve por ciento (9%).\n\n6) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,\ncinco por ciento (5%), para el programa de subsidio a desocupados. El\nMinisterio girará a la Dirección General de Bibliotecas del Ministerio de\nCultura, Juventud y Deportes, la suma de ¢ 5.500.000 para la construcción de la\nBiblioteca Joaquín García Monge de Desamparados, ¢ 2.500.000 para la Asociación\nIntegral de Desarrollo de Barrio Corazón de Jesús de Heredia, para compra de\nmobiliario, equipo y libros de la Biblioteca Pública de Heredia, ¢ 2.500.000\npara la Biblioteca de Limón.\n\n (Así reformado el inciso anterior por el inciso\n33 del artículo 14 de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario, Nº 7018\nde 20 de diciembre de 1985)\n\n7) Instituto Nacional de Aprendizaje: dos por\nciento (2%).\n\n8) Instituto Costarricense de Acueductos y\nAlcantarillados: tres por ciento (3%).\n\n9) Dirección Nacional de Desarrollo de la\nComunidad: tres por ciento (3%).\n\n10) Centro de Promoción para las\nExportaciones y las Inversiones: cuatro por ciento (4%).\n\n11) (Suprimido  por el artículo 140 de la Ley de Presupuesto\nextraordinario, Nº 6995 de 22 de julio de 1985)\n\nSalvo aquellos casos en que se establezca un destino\ndiferente, los recursos anteriores se utilizarán para los mismos fines y con\nlas mismas prioridades que en el año 1983.\n\nEl treinta y siete por ciento restante se\ngirará a la caja única del Estado.\n\nNinguna de las instituciones, con excepción\nde las municipalidades y del Centro de Promoción para las Exportaciones y las\nInversiones, podrá utilizar estos fondos para el pago de funciones, cargas\nsociales, aumentos de salarios, ni para gastos no indicados expresamente en\neste artículo, y en ningún caso podrán ser utilizados para la creación de\nnuevas plazas.\n\nLas instituciones y programas citados en este\nartículo canalizarán tales recursos prioritariamente a través de organizaciones\ncooperativas, comunales y otras similares. Previamente a la utilización de\ntales fondos, las instituciones que los reciban deberán un presupuesto\ndetallado de gastos a la Contraloría General de la República, el cual deberá\nresolverse en un plazo de quince días naturales.\n\nLa Contraloría incorporará un informe de\nestos presupuestos en su memoria anual. Las respectivas instituciones\nreglamentarán lo necesario para establecer un trabajo comunal adecuado, como\ncontrapartida de los subsidios anteriores.\n\nEl Banco Central de Costa Rica girará\nbimestralmente los montos que correspondan a cada institución o programa y al\nGobierno Central, de conformidad con los porcentajes especificados.\n\n(Suprimido este\npárrafo  por el artículo 140 de la Ley de\nPresupuesto Extraordinario, Nº 6995 de 22 de julio de 1985)\n\nA más tardar el 30 de junio de 1984, el Poder\nEjecutivo deberá rendir a la Asamblea Legislativa un informe detallado de la\nmarcha del plan de compensación social, y presentará, junto con ese informe, un\nproyecto de desarrollo social integral del país, con propuestas en los campos\njurídico, social, económico e institucional, a fin de ponerlo en ejecución.\n\nEn caso de que las instituciones y programas\nenumerados anteriormente no programen parte de los recursos que les\ncorresponden, tales montos se girarán a la Comisión Nacional de Emergencia,\nla   cual los programará de conformidad\ncon los lineamientos establecidos en este artículo. El Instituto Nacional de\nVivienda y Urbanismo traspasará al Instituto Mixto de Ayuda Social la finca de\nsu propiedad denominada Los Cuadros, sita en el cantón de Goicoechea. El\ntraspaso se hará por la Notaría del Estado, libre de todo gravamen, derechos de\nregistro, especies fiscales y honorarios de notario. El valor de la finca, de\nacuerdo con el avalúo de la Dirección General de la Tributación Directa, se\ncancelará de la suma asignada en el punto 6) al Instituto Nacional de Vivienda\ny Urbanismo.\n\nSe autoriza a las instituciones del Estado\npara comprar, en forma directa, tierras para los fines indicados en este\nartículo, previo avalúo de la Dirección General de la Tributación Directa, por\nun precio no mayor a éste.\n\nSe declara actividad ordinaria del Instituto\nMixto de Ayuda Social, la construcción de vivienda y la adquisición de bienes y\nservicios para ese fin, con el objetivo de solucionar los problemas\nhabitacionales de la clase marginada del país.\"\n\n Ficha articulo\n\nArtículo 55.- Se autoriza a la Corporación\nCostarricense de Desarrollo, S. A., para que pueda vender las acciones de sus\nempresas, previo acuerdo, en cada caso, del Consejo de Gobierno, en la forma y\ncondiciones que el mismo establezca, para lo cual se ajustará a las\nestipulaciones siguientes:\n\na) CODESA podrá vender la totalidad de sus\nacciones en empresas creadas por escritura pública, salvo lo que se establece\nen los incisos h) y l).\n\nb) La Contraloría General de la República\nrendirá a la Asamblea Legislativa un informe sobre la venta de cada empresa, a\nmás tardar treinta días después de realizada la misma.\n\nc) La venta de cualesquiera acciones a que se\nrefiere este artículo se hará mediante licitación pública, salvo lo que se\nestablece en el inciso l), y el cartel respectivo deberá ser aprobado\npreviamente por la Contraloría General de la República dentro de un plazo de\nquince días.\n\nch) (Derogado\npor el artículo 6º de la Ley de Democratización de Subsidiarias de CODESA, Nº\n7330 de 17 de marzo de 1993)\n\nd) Las apelaciones de las adjudicaciones se\nharán ante la Contraloría General de la República, de conformidad con lo\nestablecido en la Ley de la Administración Financiera de la República y en el\nReglamento de la Contratación Administrativa. La Contraloría deberá resolver la\napelación en un plazo no mayor de dos meses.\n\ne) (Derogado\npor el artículo 6º de la Ley de Democratización de Subsidiarias de CODESA, Nº\n7330 de 17 de marzo de 1993)\n\nf) Los ingresos que CODESA reciba, como\nproducto de la venta de las acciones de sus empresas, se destinarán, en su\ntotalidad, al pago de sus obligaciones con el Banco Central de Costa Rica.\n\n(Así reformado el\ninciso anterior por el artículo 1º de la Ley de Democratización de Subsidiarias\nde CODESA, Nº 7330 de 17 de marzo de 1993)\n\ng) Las acciones pertenecientes al Estado, en\nlas empresas Fertilizantes de Centroamérica S.A. (FERTICA) y Cementos del\nPacífico S.A. (CEMPASA), se venderán de conformidad con las siguientes normas:\n\ni) En la primera licitación que se realice\ndespués de la publicación de esta Ley, las acciones de CEMPASA y de FERTICA se\nofrecerán separadamente. Las acciones de CEMPASA, por un precio igual al\ncincuenta por ciento del avalúo No. 94-90 del 12 de julio de 1990, efectuado por\nla Contraloría General de la República y las acciones de FERTICA, por un precio\nigual al veinticinco por ciento del avalúo No. 20.486 del 21 de noviembre de\n1986, realizado por la Contraloría General de la República.\n\nii) Para el remanente de las acciones no\nvendidas, se efectuará otra licitación: en el caso de CEMPASA, por un precio\nque no podrá ser inferior al cuarenta por ciento del citado avalúo y en el de\nFERTICA, por un precio que no podrá ser inferior al quince por ciento del\ncitado avalúo. El precio en esta etapa, que en ningún caso podrá ser superior\nal de la primera licitación, lo determinará el Poder Ejecutivo con base en\nestudios técnicos y financieros, de conformidad con lo que disponga el\nReglamento de la presente Ley.\n\niii) El precio de venta de las acciones, en\ncada licitación, será fijo e igual para todos los adjudicatarios, aun en el\ncaso de que alguien ofrezca una suma mayor.\n\niv) Las acciones no adjudicadas podrán ser\nadquiridas, a igual precio, por los mismos oferentes que estén legitimados y\nque tengan interés en aumentar su participación, en proporción con las acciones\nprimeramente adjudicadas, para lo cual no regirán las limitaciones porcentuales\ndel grupo, excepto las establecidas en el inciso j.\n\nv) Las organizaciones sociales de la zona\ndonde se encuentran ubicadas las plantas principales tendrán, en igualdad de\ncondiciones, preferencia sobre los demás oferentes para adquirir el porcentaje\nde acciones asignado a ellas.\n\nvi) Si quedare algún remanente de acciones de\nCEMPASA y de FERTICA, el Poder Ejecutivo está facultado para vender su\ntotalidad al \"Fondo en Fideicomiso Proyecto CODESA\", creado para\nayudar a esta corporación en la venta de sus empresas, sin fines de lucro, y\nque administra, como fiduciaria, la sociedad de esta plaza denominada\n\"Fiduciaria de Inversiones Transitorias S.A.\" (FINTRA), inscrita en\nla Sección Mercantil del Registro Público, tomo 405, folio 255, asiento 239,\ncédula de persona jurídica número 3-101-072415-16. En esta etapa, el precio de\nlas acciones de CEMPASA no podrá ser inferior al treinta por ciento ni superior\nal cuarenta por ciento del citado avalúo, mientras que el precio de las\nacciones de FERTICA no podrá ser inferior al diez por ciento ni superior al\nquince por ciento del citado avalúo. FINTRA estará obligada a vender todas las\nacciones que adquiera, a los grupos citados en el inciso k) de este artículo,\nsegún los porcentajes indicados en él. Asimismo, FINTRA no podrá vender las\nacciones a un precio superior al costo de su adquisición. Cuando en algún grupo\nno se presenten suficientes interesados, las acciones no deseadas se\ndistribuirán entre los otros grupos.\n\nSi en el plazo de dieciocho meses, a partir\nde la adquisición de las acciones, por parte de FINTRA, no se concreta la\ntotalidad de su venta, de acuerdo con las reglas aquí establecidas, tales\nacciones podrán venderse sin sujeción a los límites porcentuales o grupales, en\nuna bolsa de valores, al mejor postor y sin ninguna limitación, salvo las que\nse indican en el inciso j.\n\n(Así reformado el\ninciso g) anterior por el artículo 1º de la Ley de Democratización de\nSubsidiarias de CODESA, Nº 7330 de 17 de marzo de 1993)\n\nh) Ninguna de las empresas que desarrolle\ncualquiera de las actividades especificadas en el artículo 121, inciso 14), de\nla Constitución Política podrá ser enajenada en ningún porcentaje.\n\ni) El Sistema Bancario Nacional podrá\nfinanciar la adquisición de acciones en las empresas de la Corporación\nCostarricense de Desarrollo, S. A., a pequeños inversionistas nacionales y a\nlas organizaciones sociales de los trabajadores.\n\nj) Los pequeños inversionistas, los\nproductores agrícolas y pecuarios y los trabajadores de CEMPASA y de FERTICA no\npodrán, a título individual, adquirir ni poseer, por sí o por interpósita\npersona, más del cuarto del uno por ciento (0,25%) del capital accionario, para\nlo cual se aplicarán las disposiciones cualitativas contenidas en el artículo\n128 y las normas conexas de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y Reformas\nal Código de Comercio, Nº 7201 del 10 de octubre de 1990.\n\n(Así reformado el\ninciso anterior por el artículo 1º de la Ley de Democratización de Subsidiarias\nde CODESA, Nº 7330 de 17 de marzo de 1993)\n\nk) Las acciones de CEMPASA y de FERTICA se\nvenderán, de forma separada, únicamente a los siguientes grupos nacionales, de\nacuerdo con estos porcentajes:\n\n1.- El 30% a las asociaciones de trabajadores\nde CEMPASA y de FERTICA y a los trabajadores de CEMPASA y de FERTICA.\n\n2.- El 9% a los sindicatos.\n\n3.- El 8% a las cooperativas.\n\n4.- El 8% a las asociaciones integrales de\ndesarrollo comunal.\n\n5.- El 9% a las asociaciones solidaristas.\n\n6.- El 8% a las asociaciones y miembros de asociaciones\nde pequeños productores agrícolas y pecuarios.\n\n7.- El 8% a las cámaras.\n\n8.- El 20% a los pequeños inversionistas.\n\n(Así reformado el\ninciso k) anterior por el artículo 1º de la Ley de Democratización de\nSubsidiarias de CODESA, Nº 7330 de 17 de marzo de 1993)\n\n Ficha articulo\n\nArtículo\n56.- Se autoriza al Banco Central de Costa Rica para que conceda financiamiento\na los intereses corrientes que\nla Corporación Costarricense\nde Desarrollo, S. A., debe pagarle durante 1984, por concepto de préstamos\notorgados antes de 1º de enero de 1984. Este financiamiento tendrá las\nsiguientes características.\n\n1)\nA los créditos que se otorguen para financiar los intereses sobre préstamos\nconcedidos a CODESA con recursos externos, se les aplicará una tasa de interés\nigual al promedio ponderado de la otorgada en el principal, a ocho años con\ntres años de gracia.\n\n2)\nA los créditos que se otorguen para financiar los intereses de los préstamos\nconcedidos en recursos internos, se les aplicará una tasa de interés igual al\npromedio ponderado de la otorgada en el principal, a veinte años plazo con tres\nde gracia.\n\n \n\nEl\nBanco Central de Costa Rica exigirá las garantías del caso en los préstamos que\naquí se autorizan.\n\n Ficha articulo\n\nArtículo\n57.- Todas las instituciones y empresas públicas que compren\ntítulos valores o que realicen cualquier otra operación\nbursátil, deberán hacerlo a través del puesto que CODESA\ntiene en la Bolsa\n Nacional de Valores. Se exceptúan de esta\ndisposición los Bancos del Estado.\n\n Ficha articulo\n\nArtículo 58.- El personal nombrado para la vigilancia y el\nmantenimiento del orden público desempeñará, exclusivamente, las funciones\npropias de su cargo. A partir de la vigencia de la presente Ley, los códigos\npresupuestarios de plazas para el servicio de la seguridad y el orden público,\nque se encuentren ocupados por servidores que desempeñen otras funciones,\ndeberán destinarse a acatar lo dispuesto por el párrafo anterior.\n\n(Así reformado por el artículo 25° de la Ley que Reforma varias leyes sobre la participación de la\nContraloría General de la República para la simplificación y el Fortalecimiento de la Gestión\nPública, N° 8823 del 5 de mayo de 2010)\n\n Ficha articulo\n\nArtículo\n59.- Los servidores públicos mayores de sesenta y cinco años con\nlas cuotas cubiertas para pensionarse, podrán continuar laborando,\ncuando así lo acuerden mutuamente el servidor y el patrono.\n\n Ficha articulo\n\nArtículo\n60.- La presente ley es de orden público y deroga cualquier otra ley o\ndecreto, general o especial, que se le oponga.\n\n Ficha articulo\n\nArtículo\n61.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley a más tardar\ntreinta días naturales después de su publicación.\n\n Ficha articulo\n\nArtículo 62.- Esta\nLey entrará en vigencia a partir de su publicación, con excepción de la\nderogatoria que se establece en el artículo 46 de la misma, relativa a los\nincisos 2) de los artículo 246 y al artículo 253 del Código Fiscal, que elimina\nel impuesto fiscal a todo escrito o pedimento ante los estrados judiciales,\ncuya vigencia rige a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de\npublicación del reglamento en el Diario Oficial, el cual lo deberá preparar el\nPoder Ejecutivo por medio del Ministerio de Hacienda. No obstante, si el\nreglamento no se publicara en un plazo máximo de dos meses, entrará en vigencia\na partir del primer día del tercer mes de publicación de esta ley.\n\n Ficha articulo\n\nTRANSITORIO\nI.- Unicamente por el año 1984, se fija un límite máximo de doscientos\ncincuenta millones de colones para la contribución que del Fondo de Desarrollo\nSocial y Asignaciones Familiares se hace al programa no contributivo de\npensiones por monto básico, establecida en el artículo 4º de la ley Nº 5662\ndel 23 de diciembre de 1974. La diferencia entre el monto correspondiente al\nveinte por ciento del fondo que el artículo 4º anteriormente citado asigna al\nprograma no contributivo de pensiones y los doscientos cincuenta millones\nmencionados, se transferirá, por modificación presupuestaria, al Gobierno de\nla República.\n\n Ficha articulo\n\nTRANSITORIO\nII.- Unicamente por el año 1984, de la totalidad de la recaudación del\nimpuesto establecido en el artículo 3º de la ley Nº 6879 del 21 de julio de\n1983 y sus reformas, se destinarán, por medio del presupuesto de la República,\ntrescientos millones de colones para el programa, de Centros de Educación y\nNutrición y Centros Infantiles de Atención Integral del Ministerio de salud.\nCualquier exceso en la recaudación de dicho impuesto, por encima de los\ntrescientos millones de colones, se destinará a cubrir faltantes en el\npresupuesto de la República por concepto de la aplicación de la escala\nsalarial de la ley Nº 6835.\n\n Ficha articulo\n\nTRANSITORIO\nIII.- Unicamente para el ejercicio fiscal Nº 84 (del 1º de octubre de 1983 al\n30 de setiembre de 1984), se establece una contribución extraordinaria, a una\ntasa del quince por ciento (15%), cuya base gravable será el monto del impuesto\nsobre la renta que deban pagar los contribuyentes mencionados en el numeral\nsegundo, en el citado período, según el artículo 14 de la ley Nº 837 del 20\nde diciembre de 1946 y sus reformas.\n\nCuando\nlos contribuyentes no tengan que pagar impuesto sobre la renta en el período\nfiscal Nº 84, por gozar de exención, en virtud de contratos concedidos con\nbase en el Convenio Centroamericano   de\nIncentivos Fiscales al Desarrollo Industrial, de acuerdo con la ley Nº 3142 del\n29 de julio de 1963, o según la Ley Forestal Nº 4465 del 25 de noviembre de\n1969, pagarán una contribución especial del tres por ciento (3%) sobre aquella\nparte de las utilidades netas exentas del pago del impuesto sobre la renta.\n\nLa\ncontribución extraordinaria deberá liquidarse en un anexo a la declaración\njurada del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal Nº 84, y deberá\npagarse antes del último día del mes de diciembre de 1984.\n\nEsta\ncontribución no será deducible para determinar el impuesto sobre la renta. Están\nexentas de la contribución extraordinaria las utilidades netas obtenidas por la\nexportación de productos no tradicionales a terceros países, producidos por el\npropio contribuyente.\n\nLa\nDirección General de la Tributación Directa administrará y fiscalizará la\ncontribución que aquí se establece.\n\n Ficha articulo\n\nTRANSITORIO\nIV.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 63 y en el inciso 2) del\nartículo 64 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Nº 837 del 20 de diciembre\nde 1946 y sus reformas, el veinticinco por ciento (25%) de la renta disponible\nde los contribuyentes comprendidos en el inciso 2) del artículo 14 de la citada\nley, debe considerarse acreditado a los socios, y por tanto dicha renta estará\nsujeta a la retención respectiva.\n\nEsta\ndisposición regirá para los períodos fiscales de 1984 y 1985.\n\n Ficha articulo\n\nTRANSITORIO\nV.- Unicamente para 1984, se varía, en la forma que a continuación se señala,\nel destino específico de los siguientes impuestos:\n\n1)\nDe lo recaudado según las leyes Nº 4760 del 4 de mayo de 1971 y su reforma y Nº\n6443 del 23 de junio de 1980, el Instituto Mixto de Ayuda Social* girará a la\ncaja única del Estado un veinte por ciento.\n\nNOTA:\nel artículo 130 de la Ley No. 6995 de 22 de julio de 1985, con respecto a esta\nobligación indica:  \"Se exime al IMAS de la obligación contenida en\neltransitorio V. párrafo primero, de la ley Nº 6955 del 24 de febrero\nde1984\".\n\n2)\nDe lo recaudado por concepto del Timbre del Registro Nacional, establecido en la\nley Nº 4656 del 31 de octubre de 1970, reformada por las leyes Nos. 5695 del 28\nde mayo de 1975 y 6575 del 27 de abril de 1981, el Banco Central de Costa Rica\ndestinará un cincuenta por ciento (50%) a la caja única del Estado.\n\n3)\nModifícase el artículo 9º de la ley Nº 6914 del 28 de noviembre de 1983,\npara que del producto del impuesto general de las ventas, establecido en la ley\nNº 6826 del 10 de noviembre de 1982, el Banco Central de Costa Rica gire, en\nforma directa y trimestral, a la Dirección General de Desarrollo Social y\nAsignaciones Familiares, el diecisiete por ciento (17%), para el fondo creado y\nadministrado según lo indica la ley Nº 5662 del 23 de diciembre de 1974. Lo\nrecaudado por los tres puntos porcentuales restantes de los veinte establecidos\nen la ley Nº 6914 ingresará a la caja única del Estado.\n\n4)\nDe lo recaudado por concepto del impuesto de cero setenta y cinco por ciento\nsobre el valor FOB de las exportaciones de café, establecido en la ley Nº 3062\ndel 14 de noviembre de 1962, reformada por las leyes Nº 6406 del 8 de diciembre\nde 1979 y Nº 6542 del 16 de diciembre de 1980, la Oficina del Café girará un\nveinte por ciento (20%) a la caja única del Estado.\n\n5)\nDel porcentaje de utilidades netas de los bancos estatales, asignado al\nInstituto de Fomento Cooperativo en las leyes Nº 4179 del 2 de agosto de 1968,\nNº 5185 del 20 de febrero de 1973 y Nº 6756 del 30 de abril de 1982, las\ncitadas instituciones bancarias girarán la mitad al Gobierno de la República.\n\n6)\nDe lo recaudado por concepto del impuesto a las planillas, establecido en la ley\nNº 6868 del 6 de mayo de 1983, se girará a la caja única del Estado la suma\nde ciento veinticinco millones de colones (125.000.000,00).\n\n7)\nDe lo recaudado por concepto del impuesto sobre el consumo de licores\nnacionales, establecido en la ley Nº 2940 del 18 de diciembre de 1961,\nreformada por las leyes Nº 4716 del 9 de febrero de 1971, Nº 6282 del 14 de\nagosto de 1979 y Nº 6820 del 3 de noviembre de 1982, el Banco Central de Costa\nRica girará al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal un setenta y cinco\npor ciento (75%) y el veinticinco por ciento (25%) pasará a la caja única del\nEstado.\n\n8)\nDel Fondo del Plan Nacional de Desarrollo, creado en el artículo 21 de la ley Nº\n5525 del 2 de mayo de 1974, el Ministerio de Planificación Nacional y Política\nEconómica girará a la caja única del Estado la suma de treinta millones de\ncolones (30.000.000,00).\n\n9)\nDe lo recaudado por el impuesto a los pasajes internacionales, establecido en la\nley Nº 1917 del 30 de junio de 1955, reformada por las leyes Nº 2723 del 20 de\nfebrero de 1961 y Nº 2763 del 22 de junio de 1961, el Instituto Costarricense\nde Turismo girará el cincuenta por ciento (50%) a la caja única del Estado.\n\nEn\naquellos casos en los que las instituciones deban girar directamente a la caja\núnica del Estado las sumas establecidas en los incisos anteriores, lo harán a\nmás tardar quince días naturales después de recaudado el impuesto, o en\ncuotas quincenales iguales, según corresponda.\n\nEl\nincumplimiento de la presente disposición por parte de los funcionarios\nresponsables de la ejecución de la misma, será causa grave de despido.\n\nLos\ningresos que perciba el Estado por la aplicación de esta disposición, serán\nincorporados al Presupuesto Nacional mediante la correspondiente modificación.\n\nLas\nmodificaciones de destino específico que contempla este transitorio rigen únicamente\npara el año 1984.\n\nLas\ninstituciones afectadas por el presente transitorio deberán presentar ante la\nContraloría General de la República, una modificación de su presupuesto del año\n1984, rebajando de sus ingresos el monto que en los anteriores incisos se\ndestina a la caja única del Estado. Para mantener el equilibrio presupuestario,\ndichas instituciones deberán rebajar sus gastos presupuestados. Estas\nmodificaciones deberán presentarse a la Contraloría General de la República,\na más tardar quince días naturales después de la fecha de entrada en vigencia\nde la presente ley.\n\n Ficha articulo\n\nTRANSITORIO\nVI.- Las contribuciones que el Gobierno de la República reciba de las\ninstituciones públicas, según lo establecido en el artículo 31 de la presente\nley, se incorporarán, mediante la correspondiente modificación, al Presupuesto\nNacional de 1984. Dichas instituciones no podrán acreditar a las contribuciones\nespecíficas en el anexo a la presente ley, ninguna cantidad que transfieran o\npaguen al Gobierno de la República por otros conceptos.\n\n Ficha articulo\n\nTransitorio\nVII.- Se modifica la ley N° 6837 del 22 de diciembre\nde 1982, para que el Poder Ejecutivo entregue al Instituto de Desarrollo Agrario,\ndurante 1984, ciento cincuenta millones de colones en bonos agrarios. Los\nrestantes cien millones de colones en bonos agrarios de la partida de 1984, que\ndicha ley le asignaba a esa institución, los entregará el Poder Ejecutivo en\ndos cuotas de cincuenta millones, una durante 1985 y la otra en 1986.\n\n \n\nSe\nentiende que estas dos cuotas son adicionales a las sumas de doscientos cincuenta\nmillones de colones que la citada ley asigna para los años 1985 y 1986.  \n\n \n\n Ficha articulo\n\nTransitorio\nVIII.- Las entidades públicas,  incluidas\nlas  instituciones autónomas, semiautónomas y municipalidades, así como las empresas públicas\ny sus subsidiarias constituidas como sociedades, y toda aquella institución pública\ncreada por ley general o especial, no podrán, durante 1984, mantener saldos en\nsus cuentas corrientes y depósitos a plazo en los bancos del sistema bancario\nnacional, menores de a los que tenía al final del año 1983, sino es con la\naprobación por escrito del Ministerio de Hacienda y del Presidente Ejecutivo\ndel Banco Central de Costa Rica.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nTRANSITORIO\nIX.- En el caso de las plazas del programa 001 del Presupuesto de la República,\nel número total de plazas ocupadas durante los años 1984, 1985 y 1986 no podrá\nser mayor al número de plazas ocupadas al 30 de junio de 1984. También se\nexceptúa del límite que establece el artículo 29 de la presente ley las\nplazas nuevas de los programas de salud rural de la Caja Costarricense de Seguro\nSocial y del Ministerio de Salud, siempre y cuando estas plazas tengan la\naprobación de la Autoridad Presupuestaria. Queda entendido que el límite y la\nfecha que señala el citado artículo se aplicarán durante 1984, 1985 y 1986 al\nnúmero total de plazas de los otros programas de la Caja Costarricense de\nSeguro Social y el Ministerio de Salud.\n\n Ficha articulo\n\nTRANSITORIO X.- Los funcionarios públicos que, instados por\nel Gobierno, se acogieron, según las disposiciones incluidas en el artículo 25\nde esta ley, al programa de reducción voluntaria del sector público, durante\n1995 y hasta la fecha de vigencia de la presente reforma, y no recibieron el\npago de sus prestaciones legales o los beneficios adicionales ofrecidos por\nla Administración y\nprevistos en el artículo 25 aquí reformado, recibirán una bonificación\nadicional o indemnización equivalente al monto de los salarios dejados de\npercibir, calculados con base en el salario promedio de los últimos seis (6)\nmeses laborados efectivamente, desde la fecha del cese efectivo de sus\nfunciones y hasta la fecha en que el monto por cancelar se encuentre en\n\nla Pagaduría Nacional.\nPara estos efectos deberá publicarse la lista de pagos disponibles en un medio\nde circulación nacional. El Poder Ejecutivo cubrirá el monto correspondiente a\neste último extremo, con una factura adicional que se tramitará de oficio o a\nsolicitud del funcionario público afectado.\n\nEl Poder Ejecutivo cancelará todos los extremos laborales,\nincluidas las prestaciones legales hasta por un máximos de doce mensualidades,\ncalculadas sobre el promedio de los últimos seis (6) meses efectivamente\nlaborados y hasta cuatro (4) meses adicionales como incentivo salarial.\n\nA los funcionarios a quienes, por convención colectiva o por\notra norma con rango de ley, se les reconozca un tope de auxilio de cesantía\nsuperior a los doce (12) años, aparte de su derecho por concepto de auxilio de\ncesantía, se les reconocerá a título de incentivo salarial, el equivalente a\ncuatro mensualidades, calculadas sobre el promedio de los últimos seis (6)\nmeses efectivamente laborados.\n\nEl Poder Ejecutivo cancelará el incentivo salarial a que se\nrefieren los párrafos anteriores, así como las mensualidades correspondientes\nal rompimiento del tope de auxilio de cesantía, independientemente de la\ninstitución o empresa pública para la que laboran los funcionarios comprendidos\nen este transitorio.\n\nEl Poder Ejecutivo asumirá, inclusive, los montos\ncorrespondientes a las prestaciones legales de acuerdo con el artículo 28 del\nCódigo de Trabajo, las convenciones colectivas o las normas con rango de ley,\nsegún sea el caso, a que tengan derecho los funcionarios de las instituciones y\nempresas públicas, cuando estas no cuenten con el financiamiento necesario para\nenfrentar ese extremo.\n\n(Así adicionado por el artículo 2 de\nla ley No.7560 del 9 de noviembre de 1995)\n\n Ficha articulo\n\nANEXO A LA LEY PARA EL EQUILIBRIO FINANCIERO\n\nDEL SECTOR PUBLICO\n\nA continuación se especifican los montos de la\ncontribución extraordinaria que las instituciones pagarán al Gobierno de la\nRepública durante 1984, de acuerdo con lo que establece el artículo 32 de la\nley Nº 6955 para el Equilibrio Financiero del Sector Público.\n\n----------------------------------------------------------------------------------------\n\n| Institución | Monto de la contribución (millones de colones ) |\n| --- | --- |\n| Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico ... ... | 20 millones |\n| Junta Administrativa Portuaria de la Vertiente Atlántica.. .. .. .. | 125 millones |\n| Estaciones Experimentales ... ... ... ... ... ... ... | 10 millones |\n| Junta Administrativa de la Imprenta Nacional ... ... | 5 millones |\n| Fábrica Nacional de Licores ... ... ... ... ... ... | 15 millones |\n| Junta de Protección Social de San José .. ... ... ... | 55 millones |\n| Consejo Técnico de Aviación Civil ... ... ... ... ... | 15 millones |\n| Dirección Nacional de Comunicaciones ... ... ... ... | 15 millones |\n| Instituto Costarricense de Electricidad . ... ... ... | 100 millones |\n| Consejo Nacional de Producción ... ... .. ... ... ... | 150 millones |\n| Refinadora Costarricense de Petróleo ... ... ... ... | 150 millones |\n| Instituto Nacional de Seguros ... ... ... ... ... ... | 250 millones |\n| Banco Crédito Agrícola de Cartago ... ... ... ... ... | 10 millones |\n| Banco de Costa Rica ... ... ... ... ... ... ... ... | 45 millones |\n| Banco Nacional de Costa Rica ... ... ... ... ... ... | 100 millones |\n| Departamento de Ahorro y Préstamo (DECAP) ... ... ... | 5 millones |\n| Banco Anglo Costarricense ... ... ... ... ... ... ... | 20 millones |\n| Banco Central de Costa Rica ... ... ... ... ... ... | 85 millones |\n| TOTAL : | ¢ 1.175 millones |\n\n            Presidente de la República.-San\nJosé, a los veinticuatro días del mes de febrero de mil novecientos ochenta y\ncuatro.\n\n Ficha articulo\n\nFecha de generación: 7/5/2026 04:58:21\n\n                                        Ir al principio del documento",
  "body_en_text": "TITLE ONE\n\nReorganization of the Public Treasury\n\nCHAPTER ONE\n\nOf the Commission on Treasury Reorganization\n\nArticle 1.- With the purpose of organizing, cleaning up, and keeping the Public Treasury strengthened, a modern legal regime must be enacted, with efficient regulations for the preparation and control of the National Budget, especially in its income and expenditure aspects.\n\nFor the purpose of preparing the projects of the required reorganization, the Legislative Assembly shall appoint a special joint commission, denominated Commission on Treasury Reorganization, within a non-extendable period of fifteen business days, counted from the effective date of this law.\n\nThis commission shall be composed of thirteen members, in the following manner: The Comptroller General of the Republic, who shall coordinate it; five deputies appointed by the Legislative Assembly; five professionals with experience in treasury matters, chosen by the five deputies of the aforementioned commission; the head of the Department of Economic Studies of the Central Bank of Costa Rica; and the head of the Department of Budget referred to in article 177 of the Political Constitution.\n\n Article detail\n\nArticle 2.- The Commission on Treasury Reorganization must render its work report and prepare the corresponding bills of law, before November 15, 1984. Such bills, when they imply modifications to the Political Constitution, must be proposed jointly with the latter, so that the legal reorganization, at its various levels, allows for the achievement of the following:\n\na) A tax system that is effective from a fiscal standpoint, socially just, that contributes to the country's economic development and that enables the competitiveness of the Costa Rican economy in international trade.\n\nb) Mechanisms for the qualification of priorities of the public sector, within the guidelines of the Plan Nacional de Desarrollo, in order to establish annual schedules for external debt. Such schedules must be in accordance with the foreign payment capacity and be approved by the authorities of the Executive Branch and by the Legislative Assembly upon the review of the ordinary budget of the Republic. Credits to the Sistema Bancario Nacional are excluded from that approval.\n\nc) Guidelines for the public sector regarding loans.\n\nch) Concrete rules to make effective the constitutional principle of a single fund (caja única) and measures that prevent the establishment of taxes with specific purposes, which shall be addressed through legislative subsidies.\n\nd) Rules so that, within the guidelines of the Plan Nacional de Desarrollo, subsidies may be assigned, at the initiative of the legislators, in order to substitute the system of specific line items.\n\ne) Methods for the periodic review of the programs and functions of the organs of the Executive Branch and of the decentralized institutions, with the purpose of rationalizing public spending and eliminating the duplication of objectives and programs.\n\nf) Forms of oversight of the program budget of the Public Administration, including the decentralized ones and the subsidies, and determination of operation costs, in order to evaluate the results of the programs, establish unit costs, and have a permanent review system by the Contraloría General de la República. This institution shall be provided with the mechanisms so that the described public sector strictly complies with the guidelines of the Plan Nacional de Desarrollo.\n\nThe Contraloría shall report on its oversight to the Autoridad Presupuestaria, and the latter shall present to the Legislative Assembly, before the thirtieth of September of each year, a liquidation of the Budget - Program, by objectives, of the previous fiscal year.\n\ng) Binding regulations so that all agencies of the Executive Branch comply with the directives and policies that the Autoridad Presupuestaria establishes for them.\n\n Article detail\n\nCHAPTER TWO\n\nOf the structuring of the budget\n\nArticle 3.- The preparation of the draft budget of income and expenditures, of the budget of the Republic by programs, shall be carried out by the department specialized in the matter, in accordance with the provisions of article 177 of the Political Constitution. Such department shall function under the guidelines determined by the Ministry of Finance.\n\nTransitory: Program 024 of the National Budget, Title 04 - Presidencia de la República, is transferred to Title 09 - Ministry of Finance. The employees of the transferred department shall retain all the rights and incentives they had as of the effective date of this law.\n\n Article detail\n\nCHAPTER THREE\n\nOf the budgets\n\nArticle 4.- The draft budget prepared by the Oficina de Presupuesto Nacional and submitted to the Legislative Assembly by the Executive Branch and the Ordinary and Extraordinary Budget Law of the Republic, shall conform to the following basic rules:\n\na) It shall conform to the Plan Nacional de Desarrollo within the real fiscal possibilities.\n\nb) It must be sent to the Legislative Assembly and shall comprise the totality of foreseeable expenditures balanced with probable income, duly certified by the Contraloría General de la República as to their fiscal effectiveness.\n\nc) The current expenditures of the National Budget may only be financed with current income.\n\nThe decentralized institutions of the public sector, except the municipalities, must send their budgets to the Contraloría General de la República, before September 30 of the year prior to the respective budget, with a copy to the Autoridad Presupuestaria, with the program budget version and the indication of the unit cost of the services they provide.\n\n(By resolution of the Sala Constitucional No. 12019 of December 18, 2002, the third paragraph of this article was annulled)\n\n(By resolution of the Sala Constitucional No. 12019 of December 18, 2002, the fourth paragraph of this article was annulled)\n\n(By resolution of the Sala Constitucional No. 12019 of December 18, 2002, the fifth paragraph of this article was annulled)\n\n(Thus amended by article 13 of the Law of Extensions and New Income and Work Risks of the Police Law of Work Risks of the Police Forces, No. 6999 of September 3, 1985)\n\n Article detail\n\nArticle 5.- As of 1985, in the National Budget, the line items intended for special services may not be used for the payment of services that can be obtained in the public sector, nor for the contracting of personnel on behalf of the State, unless the respective breakdown is included in the corresponding budget.\n\n Article detail\n\nArticle 6.- As of 1985, the line items consigned in the Budget for specific works may not be used for the remuneration of permanent personnel of the institutions that receive them, and only personnel temporarily contracted to work specifically on the work or service that such line items finance may be paid with them.\n\n Article detail\n\nArticle 7.- The Contraloría General de la República must present to the Legislative Assembly, as of 1984 and no later than June of each year, the audit reports corresponding to the specific line items, transfers, and subsidies of the various budgets of the Republic.\n\n Article detail\n\nArticle 8.- The Executive Branch, within ninety days following the entry into force of this law, shall issue a regulation with precise provisions on the application and control of line items for specific works, and may not authorize the change of their purpose, except regarding the surpluses produced once the work financed with that line item is concluded.\n\nThe Legislative Assembly may modify the purpose of the specific line items in extraordinary budget projects.\n\n Article detail\n\nCHAPTER FOUR\n\nFinancing of public spending\n\nArticle 9.- With the exception of the financing of the national banking system, which is authorized with treasury bills by Law No. 4646 of October 20, 1970, the central Government may only obtain credit with said system up to five percent of the expenditure balance of the immediately preceding year, from the ordinary and extraordinary budgets of the Republic.\n\n Article detail\n\nArticle 10.- The financing of the Central Government, referred to in the previous article, consists of the following concepts:\n\na) Direct credits that banks grant to the Government by virtue of article 64, subsection 5), of the Organic Law of the Sistema Bancario Nacional.\n\nb) Any type of securities or marketable securities issued by the Government, that commercial banks or the Central Bank of Costa Rica, or the financial institutions subject to the supervision of the Superintendencia General de Entidades Financieras (*), acquire as investment, according to subsection 7) of the cited article and subsection 10) of numeral 62 of the Organic Law of the Central Bank of Costa Rica.\n\n(*)(Thus modified the name of the banking controlling entity by article 176 of the Organic Law of the Central Bank of Costa Rica No. 7558 of November 3, 1995)\n\nc) Direct or indirect endorsements, trust funds, or any other equivalent financial transaction, entered into with domestic financing.\n\nch) The marketable securities of the central Government in the possession of the aforementioned institutions, that form part of the minimum legal reserve requirement.\n\n(Note from SINALEVI: According to legal opinion number C-347-2007 of October 2, 2007, this article is tacitly repealed, by reason of the provisions in articles 81 and 85 of the Law of Financial Administration and Public Budgets.)\n\n Article detail\n\nArticle 11.- The debit balances of the central Government as of December 31, 1983, indicated in article 9 for any of the concepts stated in the previous article, shall not be taken into account to determine the limit set forth in the article with which this chapter of this law begins.\n\n Article detail\n\nArticle 12.- The Legislative Assembly shall be informed, on a quarterly basis, of the amount of the financing balances of the Sistema Bancario Nacional, that the latter provides in favor of the central Government and the rest of the public sector. For such purposes, the Central Bank of Costa Rica shall send the corresponding reports in a timely manner.\n\n Article detail\n\nArticle 13.- The decentralized institutions of the public sector may not obtain or use external credit for their current operating expenses, and only the exception is authorized for those intended for specific development programs whose objective requires current expenses.\n\nLikewise, neither the Central Bank of Costa Rica nor the other banks of the Sistema Bancario Nacional may channel resources from external credit for current operating expenses of the public sector. The Contraloría General de la República shall ensure compliance with this provision, and shall report annually on its observance to the Legislative Assembly, which must immediately review the respective report in its correspondence chapter.\n\n Article detail\n\nArticle 14.- The officials who are responsible for decisions that violate the provisions of this law shall be personally liable and with their own assets, in accordance with the provisions of article 6 of the Law of Financial Administration of the Republic.\n\n(Thus amended by article 13 of the Law of Extensions and New Income and Work Risks of the Police Law of Work Risks of the Police Forces, No. 6999 of September 3, 1985)\n\n Article detail\n\nArticle 15.- In cases where its seriousness warrants it, the Government Council, with the prior favorable opinion of the Board of Directors of the Central Bank, with the affirmative vote of at least five directors, may propose to the Legislative Assembly, for specific occasions, the breaking of one or more of the limits established in articles 9 and 13 of this law. This proposal shall be made through a bill of law that the Executive Branch shall send, in which the amount of excess to be allowed must be established quantitatively. This legislative act shall be of an administrative nature, according to the terms of the final paragraph of article 124 of the Political Constitution. If the Legislative Assembly does not resolve on the bill of law within thirty business days, the limit in question may be exceeded under the terms proposed in the bill of law, on a one-time basis for the case in question.\n\n Article detail\n\nTITLE TWO\n\nOf the reduction of public sector spending\n\nCHAPTER ONE\n\nOf the vacant positions\n\nArticle 16.- To promote the rationalization of employment in the public sector, the Autoridad Presupuestaria shall establish the guidelines regarding public employment, which may include limits on the number of positions per institution. Compliance with such guidelines shall be the responsibility of the highest authority of the respective institution. Likewise, the institutions must send the information requested of them to verify said compliance.\n\n(Thus amended by subsection e) of article 126 of Law No. 8131 of September 18, 2001. \"Law of Financial Administration of the Republic and Public Budgets\")\n\n Article detail\n\nArticle 17.- (Repealed by subsection d) of article 127 of Law No. 8131 of September 18, 2001. \"Law of Financial Administration of the Republic and Public Budgets\")\n\n Article detail\n\nArticle 18.- (Repealed by subsection d) of article 127 of Law No. 8131 of September 18, 2001. \"Law of Financial Administration of the Republic and Public Budgets\".)\n\n Article detail\n\nArticle 19.- (Repealed by subsection d) of article 127 of Law No. 8131 of September 18, 2001. \"Law of Financial Administration of the Republic and Public Budgets\".)\n\n Article detail\n\nArticle 20.- For the application of the provisions of articles 16 and 18, positions that, as of the date of entry into force of this law, are occupied by officials appointed on an interim basis shall not be considered vacant.\n\nAs of the effective date of this law, no new appointments or extensions of previous ones may be made in interim positions, except in the following cases:\n\n1) Positions of a teaching, administrative-teaching, and security and hygiene nature of the Ministry of Public Education and of the Instituto Nacional de Aprendizaje.\n\n2) Positions in which the official appointed permanently has a temporary leave.\n\n3) Positions in the health programs of the Ministry of Health and of the Caja Costarricense de Seguro Social.\n\n4) Management positions and those considered indispensable for the objectives of the program, institution, or company, in the judgment of the Autoridad Presupuestaria.\n\n(Thus amended by article 13 of the Law of Extensions and New Income and Work Risks of the Police Law of Work Risks of the Police Forces, No. 6999 of September 3, 1985)\n\n Article detail\n\nCHAPTER TWO\n\nOf the pending commitments of 1983\n\nArticle 21.- As of the date of entry into force of this law, the pending commitments of the 1983 budget of the Government of the Republic, that do not correspond to payments for: a) obligations acquired in contracts signed before the entry into force of this law: b) purchase of goods, machinery, equipment, construction of works, additions, improvements, and provision of services to the State, provided that the goods, machinery, and equipment have been effectively transferred in ownership to the Government of the Republic; and provided that the works, the service provided, the construction, the additions or improvements have already commenced; all before the entry into force of this law, shall be considered automatically canceled in their entirety. The current and capital transfers of the 1983 Budget of the Republic are excepted from the scope of this article.\n\n Article detail\n\nCHAPTER THREE\n\nOf the authorization to pension public servants\n\nArticle 22.- (Annulled by Resolution of the Sala Constitucional No. 1146-90 of September 21, 1990 and subsequently repealed by article 71 of the Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, No. 7935 of October 25, 1999).\n\n Article detail\n\nArticle 23.-(Repealed by article 71 of the Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, No. 7935 of October 25, 1999)\n\n Article detail\n\nArticle 24.- (Annulled by Resolution of the Sala Constitucional No. 1146-90 of September 21, 1990 and subsequently repealed by article 71 of the Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, No. 7935 of October 25, 1999).\n\n Article detail\n\nCHAPTER FOUR\n\nOf the authorization to pay benefits to public servants\n\nArticle 25.- The Public Administration, centralized and decentralized, and public companies may offer the payment of their benefits plus a bonus to the servants they deem appropriate, if they agree and resign to dedicate themselves to activities outside the public sector.\n\nThis bonus shall be limited to the terms and conditions set forth below:\n\na) To pay the severance aid, the years of service worked continuously and uninterruptedly shall be recognized, up to a maximum of twelve. This incentive shall be an exception to the rules for calculating severance aid.\n\nb) In addition to the recognition made for years of service, an additional incentive of up to four monthly payments of the average salary of the last six (6) months actually worked may be granted to each servant.\n\n (Thus amended by article 1 of Law No. 7560 of November 9, 1995, “On the payment for public officials availing themselves of labor mobility before this reform”, see Transitory X)\n\n Article detail\n\nArticle 26- Only permanently appointed officials who have not been dismissed for just cause shall be eligible for the provisions of the previous article.\n\n(Thus amended by the sole article of Law No. 10154 of March 24, 2022)\n\n Article detail\n\nArticle 27- Officials who avail themselves of the benefits established in article 25 of this law may not occupy any position in the Public Administration, centralized or decentralized, nor in public companies, except after seven (07) years counted from the date of their resignation, in addition to complying with the provisions of article 686 of the Labor Code, such that, in the event they re-enter the public sector and avail themselves again of voluntary labor mobility, the years previously indemnified are not included in the calculation of their benefits.\n\nThe Autoridad Presupuestaria shall regulate the procedures to control compliance with this provision.\n\n(Thus amended by the sole article of Law No. 10154 of March 24, 2022)\n\n Article detail\n\nArticle 28.- The positions that become vacant due to compliance with the provisions of articles 22, 24, and 25 of this law must be eliminated from the respective budget. The organs of the State and the public institutions must supply the Autoridad Presupuestaria with the information it requests from them, to control compliance with the provisions of this article, and shall inform it of the positions they eliminate from their budgets.\n\n Article detail\n\nCHAPTER FIVE\n\nOf new positions and\ncontracting\n\nArticle 29.- The total number of positions occupied by fixed posts, day laborers, and special services, of all agencies of the State and of the public sector, including the Executive, Legislative, and Judicial Branches, the autonomous and semi-autonomous institutions, as well as public companies and their subsidiaries constituted as corporations, and any other public institution created by general or special law, except the municipalities, during the budget years of 1987, 1988, and 1989, may not be greater than that of those occupied as of March 2, 1984. Without the prior authorization of the Autoridad Presupuestaria, public entities may not fill positions to develop functions different from those established in the corresponding descriptive manual of posts.\n\nThe public entities indicated herein shall be obliged to register before the Contraloría General de la República, the positions occupied as of January 1, 1984, with the names, wages or salaries, and other remunerations of the persons who occupy them, as well as any other information the Contraloría deems appropriate. In the liquidation of the budgets of 1984, 1985, and 1986, the Contraloría General de la República may only take into account the positions that appear in the aforementioned registry.\n\nBoth the Contraloría General de la República and the Autoridad Presupuestaria shall not process budget documents, budgets, or their modifications, from public entities or institutions that have not complied with the provisions herein. No later than fifteen calendar days after the entry into force of this law, the public entities and institutions must submit the aforementioned registry of positions to the Contraloría General de la República, with a copy to the Autoridad Presupuestaria.\n\nThe Contraloría General de la República shall supervise the application of this article.\n\n (Thus amended by article 17 of the Budget Law for the year 1987, No. 7055 of December 18, 1986)\n\n Article detail\n\nArticle 30.- The boards, councils, attached organizations, or decentralized entities that depend on the ministries, may only contract personnel through the regular procedures of the respective personnel departments, following the procedures established by the Dirección General de Servicio Civil.\n\nIn order to receive transfers from the Government of the Republic and from other public entities, in the 1985 National Budget and for the following years, the breakdown of the positions corresponding to the bodies referred to in the preceding paragraph must be included, as part of a program in the budget of the relevant ministry.\n\n(The third paragraph of this numeral was annulled by resolution of the Sala Constitucional, No. 00140 of January 12, 1993. Previously, this paragraph had been amended by article 27 of the Extraordinary Budget Law, No. 6962 of July 26, 1984)\n\n Article detail\n\nArticle 31.- When in the branches of the State, in the decentralized institutions, and in public companies, labor situations have been consolidated in which a single individual permanently works the ordinary workday and an extraordinary workday, their immediate hierarchical superior must immediately take the corresponding measures to cease such situation, under penalty of being directly liable to the State for the amount of the extraordinary workdays thus paid. Immediately, also, measures shall be taken by the Branch, institution, or company, so that the functions that gave rise to the permanent extraordinary workday are assigned to an employee or official specifically appointed to perform them, when such functions are of an indispensable nature.\n\n Article detail\n\nCHAPTER SIX\n\nOf the reductions in the budgets of public institutions and\nof financial inflation\n\nArticle 32.- Inapplicable. (The Supreme Court of Justice, by means of a resolution at 8:00 a.m. on May 24, 1989 (case file No. 101-87, initiated by the Instituto Nacional de Seguros) declared this article unconstitutional and inapplicable, the text of which literally provided: \"During 1984, an extraordinary contribution is established that the state public institutions named in the annex to this law must pay to the Government of the Republic, according to the amount fixed for each one. To finance such contributions, the entities indicated in the list of the annex* must reduce their expenditures, except in the line items of personal services, acquisition of securities, debt service, and real investment programs considered priority by the Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Furthermore, the reduction shall affect only expenditures financed with domestic resources.\"). In this same sense, article 67 of Law No. 7064 of April 29, 1987, provided that, upon its entry into force, the obligation of the state banks to contribute under the provisions of this article was automatically repealed, and without any effect.\n\n Article detail\n\nArticle 33.- The Autoridad Presupuestaria and the Contraloría General de la República shall verify compliance with the provisions of article 32 of this law. The Autoridad Presupuestaria shall issue a regulation to govern the control procedures, form, and deadlines in which the institutions shall make payment of the extraordinary contribution to the Government of the Republic.\n\nAs a general rule, the payment of the contribution shall be made in a number of equal monthly installments.\n\nIt shall be considered a serious fault by the responsible officials, the non-compliance with what is established in this chapter. Equal liability shall fall upon the boards of directors, executive presidents, managers, and administrators of the respective institution.\n\n Article detail\n\nArticle 34.- Upon prior certification by the Autoridad Presupuestaria, that the reduction complies with the provisions of article 31, the public institutions and companies must send the corresponding budget modification to the Contraloría General de la República.\n\nIn the modification, and to maintain balance in the budget, the amount of the contribution to the central Government shall be included, and the other expenditures shall be reduced by that amount, with the exceptions set forth in article 32.\n\nThe public institutions and companies shall send the budget modification to the Autoridad Presupuestaria, no later than fifteen calendar days after the entry into force of this law. Within a period of no more than five calendar days after obtaining the certification from the Autoridad Presupuestaria, the institution shall submit the budget modification to the Contraloría General de la República.\n\n Article detail\n\nArticle 35.- The banks and financial institutions of the Sistema Bancario Nacional shall be obliged to inform the Autoridad Presupuestaria and the Central Bank of Costa Rica, of the balances in the checking and time deposit accounts that each public institution and company maintains with them, as of the date of entry into force of this law, which they shall do no later than fifteen calendar days after that date.\n\nFurthermore, when the Autoridad Presupuestaria and the Central Bank require it, they must be informed of the balances in checking and time deposit accounts, and of other holdings of securities and special reserve funds, that the public institutions and companies maintain in those institutions.\n\n Article detail\n\nArticle 36.- The public institutions shall be obliged to send to the Autoridad Presupuestaria and to the Central Bank of Costa Rica, a copy of the reconciled balances of the accounts, deposits, and reserves they maintain in the banks, no later than fifteen calendar days after receiving the statement from the respective bank, and shall inform, when these require it, of the balances for holdings of other securities. The Contraloría General de la República shall not process the budgets and their modifications, of the institutions that are not up to date in providing the indicated information, for which purpose it must obtain a written certification from the Autoridad Presupuestaria.\n\n Article detail\n\nCHAPTER SEVEN\n\nOf the evaluation of public spending\n\nArticle 37.- (Repealed by subsection d) of article 127 of Law No. 8131 of September 18, 2001. \"Law of Financial Administration of the Republic and Public Budgets\")\n\n Article detail\n\nTITLE THREE\n\nOf the modification to the Impuesto sobre la Renta\nand the Selective Consumption Taxes\n\nCHAPTER ONE\n\nOf the modification to the Impuesto sobre la Renta\nof legal entities\n\nArticle 38.- Article 14, subsection 2) and article 63 of the Ley del Impuesto sobre la Renta No. 837 of December 20, 1946 and its amendments are amended, and a new article is added to the same, which shall be number 65. Their texts shall be the following:\n\n\"Article 14.-...Subsection 2): In the case of de facto or de jure partnerships, undivided hereditary estates, permanent establishments, trusts, or fiduciary assignments, the following progressive scale shall be applied to the net income obtained:\n\nFrom zero (0) up to one hundred thousand colones (100,000) ten percent (10%) annually.\n\nOn the excess of one hundred thousand colones (¢ 100,000) and up to two hundred and fifty thousand colones (250,000) twenty percent (20%) annually.\n\nOn\nthe excess over two hundred fifty thousand colones (¢ 250,000) and up to five hundred thousand\ncolones (¢ 500,000), twenty-five percent (25%) annually.\n\nOn\nthe excess over five hundred thousand colones (¢ 500,000) and up to seven hundred fifty\nthousand colones (¢ 750,000), thirty-five percent (35%) annually.\n\nOn\nthe excess over seven hundred fifty thousand colones (¢ 750,000) and up to one million\ncolones (¢ 1,000,000), fifty percent (50%) annually.\"\n\n \n\n\"Article\n63: Taxpayers covered by subsection 2) of Article 14, who pay\nor credit dividends from shares of any type or partnership interests\nto partners, or any other class of benefits assimilable to cash dividends,\npaid or credited to individuals domiciled in the country,\nare required to withhold fifteen percent (15%) of such sums.\n\nThe\nwithholding must be considered as a single and final payment of the tax for such\nconcepts and must be made on the date the payment or credit giving rise to them is made.\n\nThe\nwithheld sums must be deposited with the Banco Central de Costa Rica or its\nauxiliary treasuries, within the first fifteen days of the month following\nthat date.\"\n\n \n\n\"Article\n65: Income tax filers are required to submit a certificate, exempt from the payment of fiscal stamps (especies fiscales), issued by\nthe Dirección General\nde la Tributación\n Directa, confirming they are up to date in the filing of their\nreturns in administrative proceedings with public institutions or companies\nand State agencies, as established by the Regulations.\"\n\n Article file\n\nArticle\n39.- The Poder Ejecutivo, through the Ministerio de Hacienda, shall issue the\nregulatory provisions corresponding to the norms amended and\ncreated in Article 38 of this law, so that they take effect from\nfiscal period No. 84 (from October 1, 1983 to September 30, 1984).\n\n Article file\n\nCHAPTER\nTWO\n\n \n\nOn Export Incentives\n\n \n\nArticle\n40.- The following articles are added to\nthe Ley del Impuesto sobre\nla Renta, No. 837 of\nDecember 20, 1946 and its amendments:\n\n\"Article\n66.- Export Incentives\n\nThe\nbenefits established hereinafter shall be granted for twelve (12) years\nfrom fiscal period No. 84 of the income tax, to those\nexporting companies of non-traditional products not covered by free trade\nagreements.\n\na)\nDeduction of one hundred percent of the tax on that portion of the\nnet profits of the period, obtained solely from non-traditional\nexports made by the filer to third markets. This profit\nmay never be greater than the result of applying the proportion of total\nsales over the value of the cited exports to the exporter's net profits.\n\nIn\nthe case of new companies, this incentive shall be granted as of the fiscal\nyear in which they make their first export.\n\n \n\nb)\nDeduction of fifty percent (50%) of the amount paid, through\na stock exchange (bolsa de comercio), for the purchase of registered shares (acciones nominativas) of corporations\ndomiciled in the country that have export programs for\none hundred percent (100%) of their production or that are exporting that total.\n\n \n\nNo\nmore than twenty-five percent (25%)\nof the net income (renta neta) for the period in which the purchase is made may be deducted for this concept; nor may\nacquisitions of shares be made reciprocally or in a chain, with the purpose of\nevading tax payment.\n\nThe\nacquired shares must remain in trust with a State bank or a\nstock exchange, for a term of no less than three years, without any possibility\nof disposing of anything other than the dividends they produce.\n\n \n\nc)\nRaw materials, inputs, and packaging not produced in the country that form\na component part of non-traditional products exported to new markets\n(third markets) shall be exempt from all import taxes,\nincluding the tax contemplated in the Economic Stabilization Protocol\n(Protocolo de San José), and temporary import surcharges (sobretasas temporales a la importación).\n\nTo\nenjoy the benefits granted in this article, the company must provide the following:\n\n1)\nCertification of the amount of exports made, issued by the Banco\nCentral de Costa Rica.\n\n2)\nCertification of the approval of its exploration programs, issued\nby the Consejo Nacional de Inversiones.\n\n3)\nIt must also prove that it has complied with the controls and rules established\nby the regulations (reglamento) of this law.\n\n \n\nThe\ncrime of tax fraud is committed by the filer who, in order to obtain the incentives\nindicated in this article, incurs in falsehoods or fraudulent maneuvers.\n\n \n\nArticle\n67.- The Export Contract\n\nThe\nexport contract is created as an instrument to coordinate the\nadvantages and facilitate the benefits that various laws grant to\nexporting companies, such as: a) special port tariffs; b) simplification\nof procedures and formalities (trámites); c) bank credits with preferential interest rates;\nch) tax reductions; d) accelerated depreciations; e) tax credit certificates (certificados de abono tributario, CATs), based on products and markets; f) export increase certificates.\n\nThe\nConsejo Nacional de Inversiones shall coordinate with the different state entities, and\nin accordance with the respective laws, the specification of the requirements and\nconditions, as well as the determination of the scope of the advantages and\nbenefits, all aimed at obtaining positive results in the balance\nof payments, through the increase of exports.\n\n \n\nArticle\n68.- The Consejo Nacional de Inversiones\n\nThe\nConsejo Nacional de Inversiones is created, composed of two ministers from the economic\nsector or their representatives, the Executive Director of the Centro para\nla Promoción de las\nExportaciones y las Inversiones, and two representatives from the private sector\nbelonging to this latter entity, chosen by the President of\nthe Republic. The Poder\nEjecutivo shall regulate its functioning.\n\n \n\nArticle\n69.- Function of the Consejo Nacional de\nInversiones\n\n \n\nIt is the responsibility of the Consejo Nacional de Inversiones:\n\n \n\na)\nTo approve or disapprove export programs and contracts.\n\nb)\nTo coordinate with the corresponding state entities the benefits, terms, and\nconditions that in each case it shall grant in the export contracts, in\naccordance with the respective laws.\n\nc)\nTo approve and recommend to the Banco Central de Costa Rica the granting of\ntax credit certificates (certificados de abono tributario) and export increase certificates.\n\n \n\nArticle\n70.- The Temporary Admission Regime (régimen de admisión temporal)\n\n \n\nA temporary admission regime is established, whereby it is permitted to receive\nwithin the customs territory, in suspension of all kinds of taxes,\ngoods destined for abroad, after having been subjected to processes\nof repair, reconstruction, assembly, incorporation into assemblies or\ndevices of greater technological and functional complexity, or for use in transportation\nequipment and other purposes.\n\nAlso,\nsamples, models, patterns, and similar articles may enter the country through this procedure,\nfor a period of up to twelve months, for\ndemonstration, research, instruction, or export purposes at fairs.\n\nLikewise,\nthe equipment and spare parts necessary\nto carry out the cited processes and the goods that disappear totally or\npartially therein are included in this regime, as well as goods intended to offer greater\nworkplace comfort to the plant employees, the latter in accordance with\nwhat a special regulation indicates on the matter.\n\nThose\nwho avail themselves of this regime shall grant a customs pledge (prenda aduanera), without the need for additional\nguarantee, and the owners of the goods, by the simple fact of sending them\nto the country, grant sufficient power to the consignee to impose said encumbrance.\nThis pledge shall be processed ex officio, shall serve exclusively for the purposes\nof this regime, and shall have priority over any other encumbrance or guarantee.\n\nThe\nMinisterio de Hacienda shall ensure the correct application of this regime and\nshall regulate the destination of the shrinkage (mermas) and waste produced in the\nindicated productive processes.\"\n\n Article file\n\nCHAPTER\nTHREE\n\n \n\nOn the Amendments to the Impuestos Selectivos de Consumo\n\n \n\nArticle 41.- The ad valorem rates applicable to the\ngoods included in Anexo 1 and Anexo 2 of the ley de Consolidación de Impuestos Selectivos de\nConsumo, No. 4961 of March 10, 1972 and its amendments, are increased by five percentage points. The Poder Ejecutivo is authorized, through\na decree of the Ministro de Hacienda, to reduce the ad valorem rates applicable to the\ngoods in lists 1, 2, and 3 of the cited law.\n\nIt\nis understood that the increase of five percentage points established herein is\nadditional to the percentage points authorized in Article 5 of Law No. 6820\nof November 3, 1982.\n\nThe\nprovisions of this article shall enter into force as of the\npublication date of this law.\n\n Article file\n\nTITLE\nFOUR\n\n \n\nON THE\nAMENDMENTS TO THE ARANCEL CONSULAR, TO THE\n\nDERECHOS DE RESIDENCIA, AND TO THE TAXES\n\nFOR THE\nUSE OF PORTS AND BORDERS\n\n \n\nCHAPTER\nONE\n\n \n\nOn the amendments to the Arancel Consular\n\n \n\nArticle 42.- The fees (derechos) established in the Arancel Consular, created by Laws No. 46 of July 7, 1925 and its amendments, No. 29 of November 23, 1945, and No. 3872 of May 22, 1967, are increased by three hundred percent in each item. The Poder Ejecutivo is authorized to\nupdate the items of the Arancel Consular, in which it may include those it deems necessary\nand exclude only those that currently have no function whatsoever.\n\n Article file\n\nArticle\n43.- The increase in collection from the increase established in the\nprevious article shall be distributed, through the\nGovernment of the\n Republic budget, as follows:\n\na)\nOne third to the Instituto Mixto de Ayuda Social, which shall use\nthese funds solely to finance social programs.\n\nb)\nTwo thirds to the single treasury (caja única) of the State, to cover general\nGovernment expenses.\n\n Article file\n\nArticle\n44.- The Banco Central de Costa Rica shall sell the consular stamps (timbres consulares) in\ndollars, or in colones at the equivalent of the free exchange rate of the\nday.\n\n Article file\n\nCHAPTER\nTWO\n\n \n\nOn the amendments to the derechos de residencia and the taxes\n\nfor the use of ports and borders\n\n \n\nArticle\n45.- Article 2 of Law No. 37 of June 7, 1940, amended by Article 11 of Law No. 5358 of September 26, 1973, is amended as follows:\n\n \n\n\"Article 2.- Every foreigner residing in the country for a term of six or more months must obtain a residence card (cédula de residencia), which shall be issued by the Ministerio de\nGobernación, through an office created for this exclusive purpose. This\ncard shall contain, primarily, the identification data. It must be renewed\nwithin the first thirty days of each year, although it may be renewed for two\nyears through advance payment.\n\nFor\nthe issuance or renewal of each residence card, the interested party, for each\nyear, shall pay in colones the equivalent of twenty-five dollars in fiscal stamps (timbres fiscales), at the free exchange rate of the day. The stamps shall be canceled at the\nmoment the respective document is issued; however, they may be canceled\nthrough a deposit (entero) in favor of the Government.\n\nCitizens of those countries with which there are reciprocity treaties for the non-payment of these fees are exempted from the payment of fiscal stamps.\n\nThe\nforeigners indicated here must communicate their exact address each year, or\nany change thereof, no later than thirty calendar days after\nthe change occurs. Non-compliance with this requirement may be grounds for\ncanceling the residence card.\"\n\n Article file\n\nArticle\n46.- Articles 1, 2, and 7 of Law\nNo. 5874 of December 23, 1975 are amended, which shall read as follows:\n\n \n\n\"Article\n1.- A tax is established for the equivalent in\ncolones of ten dollars at the free exchange rate of the day, which each\nperson of foreign nationality not resident in Costa Rica must pay each time\nthey leave the territory of the\n Republic using any of the maritime or\nair ports or crossing the borders. Excluded from the above tax are\npersons of foreign nationality who remain in transit in the country for\na period of less than forty-eight hours, and members of the diplomatic\ncorps, international missions, and government officials of countries\nwith which Costa Rica maintains diplomatic relations, traveling on official\nmission.\n\nThe\nmigration authorities shall ensure compliance with the payment of the\nabove tax and shall prevent the departure from the country of those who, being obligated\nto pay it, have not done so.\n\n \n\nArticle\n2.- A tax is established for the equivalent in\ncolones of thirty dollars, at the free exchange rate of the day, which each\nCosta Rican or foreigner with a resident card (cédula de residente) in Costa Rica must pay each time\nthey leave the territory of the\n Republic using any of the maritime or air\nports, or crossing the borders. Exempted from the above tax are\nmembers of the diplomatic corps and international missions, and\nholders of diplomatic passports. The migration authorities shall ensure\ncompliance with the payment of the above tax and shall prevent the departure from the\ncountry of those who, being obligated to pay it, have not done so. To be entitled\nto the courtesy regime at the country's customs offices, Costa Ricans and\nforeigners resident in Costa Rica must pay the tax established here.\"\n\n \n\n\"Article\n7.- Twelve and a half percent of the proceeds from the taxes indicated in\nArticles 1 and 2 shall be transferred monthly by the Banco Central de Costa Rica\nto the Instituto Mixto de Ayuda Social, which shall allocate said resources solely\nand exclusively to the implementation of popular housing programs.\"\n\n Article file\n\nArticle 46 bis.- The Dirección General de\nHacienda may exempt from the exit tax referred to in the amendment of\nArticle 1 of Law No. 5874 of December 23, 1975, contained in\nArticle 10 above of this law, those cultural and sports groups that\nofficially and on behalf of our country travel abroad,\nupon prior recommendation from the Ministerio de Cultura, Juventud y\nDeportes; or those touristic promotion groups duly accredited as such,\nsponsored by the Instituto Costarricense de Turismo.\n\nCosta Rican drivers of cargo containers (furgones de carga) and international passenger transport lines, who habitually engage in the\ntransport of goods or persons to Central American and\nPanamanian territory and are duly accredited as such before the Dirección\nGeneral de Migración y Extranjería, are exempted from paying the exit tax.\nTheir Central American and Panamanian counterparts may\nlikewise be exempted from paying the exit tax, provided that,\nunder the same conditions, they demonstrate that in their respective countries\nequal treatment is given to Costa Ricans. The Dirección de Migración y\nExtranjería shall inform the Dirección General de Hacienda of the foregoing,\nfor its due control.\n\nTransitory.- The payment exemption referred to in the second paragraph of this article may be effectively granted\nstarting from March 2, 1984.\n\n(Thus added by\nArticle 11 of the Ley de Presupuesto Extraordinario, No. 6962 of July 26,\n1984)\n\n Article file\n\nTITLE\nFIVE\n\n \n\nON THE\nAMENDMENTS TO THE CODIGO FISCAL\n\nAND\nTO THE LEY ORGANICA DEL\nNOTARIADO\n\n \n\nCHAPTER\nONE\n\n \n\nOn the amendments to Title VI, \"On Stamped Paper (papel sellado)\"\n\nof the Código Fiscal\n\n \n\nArticle\n47.- Title VI, \"On Stamped Paper\", of the Código Fiscal,\nis amended in its Articles 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,\n249, 250, 251, 252, and 253, which shall read as follows:\n\n \n\n\"Article 238.- There shall be a single type of good quality official paper (papel de oficio), which shall consist of a single sheet\nthirty-two centimeters long by twenty-two wide, and which shall always bear a watermark\nwith the national coat of arms; it shall have the obverse bordered, in the upper center, with the\nfollowing inscription: Papel de Oficio, and printed with two vertical lines placed one at three\ncentimeters from the left edge and the other at two centimeters from the right edge; between them it shall have\nthirty printed horizontal lines, outside of which one shall not write, separated one from\nanother by a space of eight and a half millimeters, with the first placed twenty-five millimeters from the\ntop edge of the sheet. The reverse shall be the same, except that it shall not bear the\naforementioned inscription.\n\n \n\nArticle\n239.- The value of the official paper shall be determined by the Poder Ejecutivo, through\nthe Ministerio de Hacienda, after consulting the Banco Central de Costa Rica. The\nreintegros (stamp taxes) established in the following articles may be paid in fiscal stamps (timbres fiscales), or through payment of a deposit (entero) in favor of the Government of\nthe Republic, at the taxpayer's convenience. Private individuals may use good quality paper of\nthe same dimensions established in the previous article, which is not official\npaper with the watermark required by that same article, for\njudicial proceedings, testimonies of public instruments, and notarial\ncertifications, provided that the reintegro is made with stamps of the values\nestablished in the following articles and other similar legal provisions.\n\n \n\nArticle\n240.- Official paper with a reintegro of five hundred colones (¢ 500.00)\nin fiscal stamps shall be used:\n\n \n\n1)\nIn the first sheet of every testimony of a public instrument or document,\nregistrable or not in the Registro Nacional, involving sums and obligations whose\nprincipal exceeds one million five hundred thousand colones (¢ 1,500,000.00); and in the\nfirst sheet of the original of private contract documents for that amount.\n\n \n\n2)\nIn the first sheet of enforceable judgments (ejecutorias) not registrable in the Registro Nacional,\nfor sentences pronounced in trials whose value exceeds one million five hundred\nthousand colones (¢ 1,500,000.00).\n\n \n\n3)\nIn ship patents (patentes de buques) for more than two hundred tons burden.\n\n \n\n4)\nIn Doctorate degrees (títulos de Doctor) of any faculty issued in the country.\n\n \n\nArticle\n241.- Official paper with a reintegro of two hundred fifty colones (¢\n250.00) in fiscal stamps shall be used:\n\nIn\nthe cases provided in subsections 1) and 2) of Article 240, when the value\nof the transaction exceeds one million colones (¢1,000,000.00) and does not exceed one million\nfive hundred thousand colones (¢1,500,000.00).\n\n \n\nArticle\n242.- Official paper with a reintegro of one hundred twenty-five colones (¢\n125.00) in fiscal stamps shall be used:\n\n1)\nIn the cases provided in subsections 1) and 2) of Article 240, when the value\nof the transaction exceeds five hundred thousand colones (¢500,000.00) and does not exceed\none million colones (¢ 1,000,000.00).\n\n \n\n2)\nIn licenses for vessels of one hundred one to two hundred tons burden.\n\n \n\n\"Article\n243.- Official paper with a reintegro of one hundred colones (¢ 100.00) in\nfiscal stamps shall be used:\n\n1)\nIn the cases indicated in subsections 1) and 2) of Article 240, when the value\nof the transaction exceeds two hundred fifty thousand colones (¢250,000.00) and does not exceed\nfive hundred thousand colones (¢500,000.00).\n\n2)\nIn Licentiate degrees (títulos de Licenciado), of any faculty, and in those of Architect or\nEngineer, issued in the country.\n\n3)\nIn the titles of Notaries Public (Notarios Públicos) and Sworn Brokers (Corredores Jurados).\n\n4)\nIn the first sheet of every testimony of public instruments or documents,\nregistrable or not in the Registro Nacional, of unquantifiable value, including\ngeneral powers of attorney (poderes generales), most general powers of attorney (generalísimos), special powers of attorney (especiales), and most special powers of attorney (especialísimos); in the\nfirst sheet of the original of private contracts of an unquantifiable nature and in the\nfirst sheet of the enforceable judgments (ejecutorias) of sentences not registrable in the\ncited Registro, issued in matters or affairs not susceptible to pecuniary\nestimation, or of undetermined value, such as those relating to the civil status of\npersons, wills and the like. Regarding special judicial powers of attorney\ngranted apud acta, the provisions of the corresponding civil procedural law shall apply.\n\n5)\nIn licenses for vessels from ten to one hundred tons burden.\n\n \n\nArticle\n244.- Official paper with a reintegro of fifty colones (¢ 50.00) in\nfiscal stamps shall be used:\n\n1)\nIn the cases provided in subsections 1) and 2) of Article 240, when the value\nof the transaction exceeds one hundred thousand colones (¢ 100,000.00) and does not exceed two hundred\nfifty thousand colones (¢ 250,000.00).\n\n2)\nIn university Bachelor's degrees (títulos de Bachiller universitario), issued in the country.\n\n \n\nArticle\n245.- Official paper with a reintegro of twenty-five colones (¢ 25.00)\nin fiscal stamps shall be used in the cases provided in subsections 1) and 2) of Article\n240, when the value of the transaction exceeds seventy-five thousand colones (¢\n75,000.00) and does not exceed one hundred thousand colones (¢ 100,000.00).\n\n \n\nArticle\n246.- Official paper with a reintegro of twenty colones (¢ 20.00) in\nfiscal stamps shall be used in the cases provided for in subsections 1) and 2) of Article\n240, when the value of the transaction is greater than twenty-five thousand colones (¢\n25,000.00) and does not exceed seventy-five thousand colones (¢ 75,000.00).\n\n \n\nArticle\n247.- Official paper with a reintegro of ten colones (¢ 10.00) in\nfiscal stamps shall be used:\n\n1)\nIn the cases indicated in subsections 1) and 2) of Article 240, when the value\nof the transaction does not exceed twenty-five thousand colones (¢25,000.00).\n\n2)\nIn every promissory note (vale), IOU (pagaré), or overdraft credit contract.\n\n3)\nIn vessel registrations and licenses to navigate.\n\n4)\nIn the authentications of signatures on foreign documents.\n\n5)\nOn the cover of closed wills.\n\n6) In the second and subsequent sheets of the testimonies of public instruments or enforceable judgments not registrable in the Registro Nacional, or of private documents or contracts whose first sheet must be of a higher value.\n\n7)\nIn testimonies of additional instruments not registrable in the cited\nRegistro, which simply rectify material or conceptual errors or correct\npurely formal omissions, which do not alter the principal value of the\noriginal instrument.\n\n8)\nIn testimonies of revocation or substitution of powers of attorney and in those of\nany cancellation, when the Registro Nacional is not required to take note of them.\n\n9)\nIn certifications of notarial acts, of court orders (autos), of sections of case files (piezas de expedientes),\nor documents that are not to be submitted as evidence in a trial, nor intended\nfor registrations or annotations that must be made in the Registro\nNacional. When the certification is to form part of a case file as\nevidence, it must be drawn up precisely on the class of paper corresponding to the\ntrial.\n\n \n\nArticle\n248.- In each folio of the protocols of notaries public, official paper with a reintegro of five colones (¢ 5.00) in fiscal stamps shall be used. Each\nfolio must conform to Article 238, and the cancellation of the fiscal stamp\nmust be done by the\nSecretaría de\nla Corte Suprema de Justicia, prior to the\nopening of the respective volume of the protocol; the value corresponding to one volume\nof the protocol may be paid via a deposit (entero) in favor of the Government\nof the Republic,\nin which case the Secretaría\nde la Corte\nshall record this circumstance in the opening note (razón de apertura) and shall archive the entero.\n\n \n\nArticle\n249.- For judicial proceedings in civil and commercial matters,\nofficial paper shall be used in the pleadings (escritos), petitions (pedimentos), evidence, and, in general, in the\nsubstantiation of matters of the nature indicated, with a reintegro in fiscal stamps\nof the following values:\n\n1)\nMatters in which the value of the transaction is greater than fifty thousand colones (¢\n50,000.00), fiscal stamp of ten colones (¢10.00).\n\n2)\nMatters in which the value of the transaction is greater than twenty thousand colones (¢\n20,000.00) and does not exceed fifty thousand colones (¢50,000.00), fiscal stamp of\neight colones (¢ 8.00).\n\n3)\nMatters in which the value is greater than five thousand colones (¢ 5,000.00) and does not\nexceed twenty thousand colones (¢ 20,000.00), fiscal stamp of six colones (¢\n6.00).\n\n4)\nMatters in which the value of the transaction exceeds one thousand colones ....\n(¢ 1,000.00) and does not exceed five thousand colones (¢ 5,000.00), fiscal stamp of\nfour colones (¢ 4.00).\n\n5)\nIn out-of-court or ad perpetuam inquiries (informaciones fuera de juicio o ad perpetuam), not governed by special\nlaws, fiscal stamp of four colones (¢4.00).\n\n6)\nMatters estimable in monetary terms with a value of less than one thousand\ncolones do not require being processed on official paper with a reintegro.\"\n\n \n\nArticle\n250.- For petitions (memoriales) or pleadings (escritos) of any kind, addressed to\ncorporations, authorities, or public officials of any branch, category,\nor jurisdiction, in administrative matters, official paper with a reintegro\nof two colones (¢ 2.00) in fiscal stamps shall be used.\n\n \n\nArticle\n251.- Official paper shall be used for the exclusive use of authorities:\n\n \n\n1)\nIn civil proceedings in which the Treasury (Fisco) is a party, in everything that is acted upon\nat its instance or in its interest.\n\n2)\nIn all cases where the law authorizes its use and to proceed ex officio\nin civil matters.\n\n \n\nArticle\n252.- The certification of sufficiency (bastanteo) of powers of attorney (poderes) or mandates to manage, represent, or\nadminister on behalf of another, shall be drawn up on official paper, paying the\ncorresponding fiscal stamp reintegro; in such a way that the power of attorney (poder) covers up to\nthe value corresponding to the stamp, in accordance with the provisions of Articles 240\nto 249. This rule shall be observed even if the grantor (poderdante) has set a scope for the mandate\ngreater than that covered by the sum paid in fiscal stamps, or has not\nspecified any scope. Powers of attorney (poderes) for matters that are not susceptible to\npecuniary estimation shall be testified in accordance with Article 244 above.\n\n \n\nArticle\n253.- In estate (juicios de sucesión) or probate (mortuorios) proceedings, in insolvency, composition with creditors (concurso), or\nbankruptcy (quiebra) proceedings, official paper shall be used with the reintegro of the following values\nin fiscal stamps:\n\n1)\nIn matters whose value is less than one thousand colones (¢ 1,000.00), no\nreintegro whatsoever shall be required.\n\n2)\nIn matters exceeding one thousand colones (¢ 1,000.00) and not exceeding five\nthousand colones (¢ 5,000.00), fiscal stamp of two colones (¢ 2.00).\n\n3)\nIf the value is greater than five thousand colones (¢ 5,000.00) but does not exceed ten\nthousand colones (¢ 10,000.00), fiscal stamp of four colones (¢ 4.00).\n\n4)\nIf the value exceeds ten thousand colones (¢ 10,000.00) but does not exceed\nfifty thousand colones (¢ 50,000.00), fiscal stamp of six colones (¢ 6.00).\n\n5)\nIf the value exceeds fifty thousand colones (¢ 50,000.00) but does not exceed\none hundred thousand colones (¢ 100,000.00), fiscal stamp of eight colones (¢ 8.00).\n\n6)\nIf the value exceeds one hundred thousand colones (¢ 100,000.00), fiscal stamp of\nten colones (¢ 10.00). In actions for recovery (reivindicaciones), claims by creditors of the\nestate (masa) or with privileges, legalizations of\ncredit, incidents, and incidental proceedings that arise from the universal proceedings\nand are brought by interested parties, the official paper with the reintegro\ncorresponding to the value of the claim that each one files shall be used. This same\nrule shall be observed in the use of official paper for third-party claims (tercerías).\"\n\n Article file\n\nCHAPTER\nTWO\n\n \n\nOn the amendments to Title VII, \"On Stamps (Timbre)\", of the Código\nFiscal\n\n \n\nArticle\n48.- Articles 271; 272, in its\nsubsections 1) and 5); 273, in its subsections 1), 12), 13), 15), 16), 17), 18), 19),\n20), 21), 22), 23), 24), 25), 27), 28); 286, and 289 of Title VII, \"On Stamps\",\nof the Código Fiscal, are amended as follows:\n\n \n\n\"Article\n271.- There shall be stamps of the denominations determined\nby the Junta Directiva\nof the Banco Central de Costa Rica, which shall conform to the provisions of\nthis Code.\n\n \n\nArticle\n272.- The stamp tax (impuesto del timbre) shall be paid in stamps or through a deposit (entero) in favor\nof the Government of the Republic,\nat the taxpayer's convenience, and shall be applied on:\n\n \n\n1)\nIn every testimony or certification of an instrument, or public documents not\nsubject to registration in the Registro Nacional.\n\n2) ...\n\n3) ...\n\n4) ...\n\n5)\nIn every authentication of signatures made by any judicial or\nadministrative authority, a stamp tax of one hundred colones shall be paid, with the exception\nof what is provided in the Código Electoral and of authentications made by\nlawyers or notaries for judicial or administrative purposes.\n\nAs\na general rule, this fiscal stamp contribution that taxes the documents\nshall be paid at a rate of four per thousand, and the calculation shall be made taking as a basis\nthe nominal principal value or the price that the document determines. The minimum that\nshall be paid on any document shall be a fiscal stamp of twenty colones.\nWhen the denominations approved in Article 271 do not allow payment, in stamps, of\nthe exact amount calculated in accordance with what is established in this law,\nthe nearest lower amount shall be paid. Exceptions shall be made in the following article.\n\n \n\nArticle\n273.- In applying the stamp tax, the following rules and\nexceptions shall be observed:\n\n1)\nFor documents of acts or contracts whose value is undetermined, or whose\namount is unquantifiable, payment shall be made in accordance with the provisions of Article 244.\n\n2) ...\n\n3) ...\n\n4) ...\n\n5) ...\n\n6) ...\n\n7) ...\n\n8) ...\n\n9) ...\n\n10) ...\n\n11) ...\n\n12)\nPromissory notes (vales) or IOUs (pagarés) shall satisfy the tax at a rate of five cents per each\nten colones or fraction thereof on the amount of the principal obligation. The minimum\nto be paid shall be ten colones (¢10.00) in stamps.\n\n13)\nFor bills of exchange and checks drawn on foreign locations, twenty colones of stamp tax shall be paid on each draft. For bills of exchange and checks drawn abroad, on locations in Costa Rica, two colones of stamp tax shall be paid on each draft when they are payable at sight. For bills of exchange, promissory notes, invoices, that involve credits drawn abroad against entities in Costa Rica, five céntimos shall be paid for every ten colones or fraction thereof on the principal obligation. The stamps must be affixed at the time of issuance of the bills or checks if they are drawn in Costa Rica, or at the time of their presentation for payment or acceptance, if they have been drawn in another country. Bills of exchange at sight or on a term, drawn in Costa Rica and payable in the same country, shall satisfy ten céntimos for every ten colones or fraction thereof. The minimum that shall be paid in these cases shall be ten colones (¢ 10.00) in stamp tax.\n\nChecks drawn against current accounts established in the country's banks shall pay a tax of thirty céntimos of a colón. This tax shall be collected by the respective Bank at the time of delivering the checkbooks. From the amount collected, there shall be transferred to the Administrative Board of the National Archive (Junta Administrativa del Archivo Nacional) the amount indicated in Articles 7 and 8 of Law No. 5574, in the manner set forth in that law.\n\nAll promissory notes or mortgages must be annotated in the Annotation Department of Direct Taxation (Departamento de Anotación de la Tributación Directa), in the regional offices, or in the cantonal delegations. For the purposes of this article, the interested party shall present the original document and a copy. The \"annotated\" stamp shall be placed on both documents, and the original must be returned immediately to the interested party.\n\nThe Annotation Department of Direct Taxation, with the copy, must maintain, for tax purposes, a registry of creditors of these documents. For the calculation of income tax (impuesto sobre la renta) payment, and solely for this purpose, an interest of no less than one percent (1%) per month shall be presumed on these documents. The indicated documents must be annotated within a term no greater than three months after their issuance.\n\nNon-compliance with the provisions of this article shall render void the character of an executory title (título ejecutivo) of these documents, except insofar as it pertains to mortgages. Excepted from this provision are documents signed by state institutions, the Banco Popular y de Desarrollo Comunal, and savings and loan cooperatives.\n\n14) ...\n\n15)\nFor passports and safe-conducts of any kind, issued or endorsed to Costa Rican citizens and foreign visitors, one thousand colones (¢ 1,000.00) in stamps shall be paid. For exit visas to any destination outside the country, five hundred colones (¢ 500.00) shall be paid. Agricultural workers who have entered the country, by reason of their employment, shall pay five colones (¢ 5.00) in stamp tax.\n\nFor residence permits (cédulas de residencia) that are issued, one thousand colones (¢ 1,000.00) in fiscal stamp tax must be paid. The corresponding residence fees shall be paid in accordance with Law No. 37 of June 7, 1940, and its amendments.\n\n16)\nFor every notice, advertisement, or edict in a private interest, to be published in the Official Gazette (Diario Oficial) and in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial), ten colones in fiscal stamp tax shall be paid.\n\n17)\nFor documents of any share (acción) in corporations, companies, enterprises, or mercantile or civil establishments, a stamp tax of ten céntimos shall be paid for every ten colones or fraction thereof that the share represents. The minimum fiscal stamp tax to be paid in this category is twenty colones (¢ 20.00).\n\n18)\nFor each commercial establishment license (patente), one hundred colones (¢ 100.00) in fiscal stamps shall be paid.\n\n19)\nFor every first certification of a registration or inscription of vessels destined for cabotage in Costa Rican waters, stamp tax shall be paid at the rate of ten colones per registered ton or fraction thereof.\n\n20)\nFor every certification or proof issued by the competent judicial authority regarding child support payments (pensiones alimenticias), for the purpose of leaving the country, one hundred colones (¢ 100.00) in fiscal stamp tax shall be paid.\n\n21)\nFor every certification or authorized copy of pieces of expedientes, or of minutes or entries in books, *apud acta* or issued separately, at a private request, or by virtue of a judicial order or resolution, five colones (¢ 5.00) in stamp tax shall be paid for the first page or fraction thereof and two colones (¢ 2.00) for each additional page or fraction of a page. For certifications issued by the public registries, ten colones (¢ 10.00) in fiscal stamp tax shall be paid per entry, the same as when no registered entry appears. Certifications in criminal matters, those issued for electoral effects or purposes, for pension purposes, and those issued ex officio for public interests or services, are exempt from the stamp tax.\n\n22)\nFor exclusive privilege patents, two hundred fifty colones (¢ 250.00) in stamps shall be paid. For each specimen of a model of a factory or commerce trademark, one hundred colones (¢ 100.00) in fiscal stamp tax shall be paid. For every inscription or certification of inscription, transfer, cancellation, or amendment and others, of trademarks registered in the National Registry (Registro Nacional), one hundred colones (¢ 100.00) in fiscal stamps shall be paid.\n\n23)\nFor university or professional diplomas that are held or made valid in Costa Rica, one hundred colones (¢ 100.00) in fiscal stamp tax shall be paid.\n\n24)\nFor each mercantile accounting book, one hundred colones (¢ 100.00) in fiscal stamp tax shall be paid. The stamp shall be affixed at the foot of the entry that must be made by the General Directorate of Direct Taxation (Dirección General de la Tributación Directa), and shall be canceled by that office.\n\n25)\nFor executory orders not registrable in the National Registry, stamp taxes shall be paid as follows: ten colones (¢ 10.00) for judgments rendered in matters of inestimable amount; in other matters, the tax shall be based on the estimated amount in controversy.\n\n26) ...\n\n27)\nFurthermore, the following shall be exempt from the stamp tax: the revocation of powers of attorney; rogatory letters and judicial orders; the testimonials of complementary or additional instruments, that do not increase the amount nor substantially modify the content of the principal contract; any guarantee-bond (caución), mortgage, pledge (prenda), or surety (fianza), if it is granted in the same document that records the guaranteed obligation; policies of national life insurance companies; and cancellations or payments, which are recorded in the same document of the principal obligation or in another document, in which the same debtor contracts a new obligation.\n\nAny other document in which a cancellation is specifically recorded shall satisfy the general tax of five céntimos of stamp tax for every ten colones or fraction thereof. The foregoing, in the case of documents not registrable in the Property Registry (Registro de la Propiedad), since insofar as registrable documents are concerned, the provisions of the respective law shall apply. For endorsements, modifications, and extensions for the total or balance, as the case may be, recorded in the General Pledges Registry (Registro General de Prendas), the stamp tax shall be paid according to the following table:\n\n| From ¢ 1 to ¢ 1,000 ... ... ... ... ... ... ¢ 2.00 |\n| --- | --- |\n| From 1,001 to 5,000 ... ... ... ... ... .... 4.00 |\n| From 5,001 to 10,000 ... ... ... ... ... .... 10.00 |\n| From 10,001 to 20,000 ... ... ... ... ... .... 20.00 |\n| From 20,001 to 50,000 ... ... ... ... ... .... 40.00 |\n| From 50,001 onwards ... ... ... ... ... ... . 40.00 |\n\nplus one colón (¢ 1.00) for each thousand or fraction thereof.\n\n28)\nFor every document that must be registered in the Import Registry of the Central Bank, twenty colones (¢ 20.00) in fiscal stamp tax shall be paid.\"\n\n\"Article 286.- No document that should have paid stamp tax shall be admitted or received in public offices if it is presented without such tax, in whole or in part. The document on which that tax has not been entirely satisfied, or that is not complete, or has not been canceled in accordance with the rules of Article 285, shall be useless and ineffective to support any action or right based on it, until the fine that will be specified is paid, and the courts and officials of the Public Administration shall declare this ex officio.\n\nNevertheless, such documents shall take legal effect, if the interested party adds stamps in an amount ten times that which was applicable, when nothing had been paid or the stamps were uncanceled or poorly canceled; and ten times the amount that had been left unpaid if the stamp tax was incomplete.\n\nInstruments and documents subject to inscription in the National Registry are excluded from the payment of the referenced fine. The Registry shall not inscribe any document subject to the payment of fiscal stamp tax that has not duly satisfied it.\"\n\n\"Article 289.- Notaries and other public or private officials, who issue, draw, or authorize testimonials, certifications, or other documents subject to the stamp tax, in which the payment of that tax is omitted, or who recognize legal efficacy in them when they lack it, or who in any other manner infringe the provisions of this Title, shall incur in each case a fine in favor of the National Treasury, equivalent to ten times the unpaid tax.\"\n Article link\n\nCHAPTER THREE\n\nOn Amendments to the Organic Law of the Notariate (Ley Orgánica del Notariado)\n\nArticle 49.- (Repealed by Article 190, subsection b), of the Law “Notarial Code (Código Notarial), No. 7764 of April 17, 1998)\n Article link\n\nTITLE SIX\n\nON THE PROTECTION OF USERS OF PUBLIC SERVICES AND DEBTORS\n\nSINGLE CHAPTER\n\nArticle 50.- The tariffs for any class of public services provided by the institutions that must make extraordinary contributions to the Central Government, in accordance with the annex of this law, may not suffer any increase by reason of that concept after the date of this law, and in the increases subsequent to this date, the sums transferred to the Central Government during 1984 may not be recouped. Nor may the premiums for crop and vehicle insurance charged by the National Insurance Institute (Instituto Nacional de Seguros) be increased during 1984. This prohibition shall also apply to increases in the interest rates that public institutions charge on their financial operations, if these were to finance the contributions of those entities to the Government of the Republic.\n Article link\n\nArticle 51.- The institutions of the State, including its banks, the National Insurance Institute, and the Banco Popular, that have granted credits for the construction and acquisition of houses and lots intended for family dwelling, shall collect the installments that debtors are in arrears on, as of the date of entry into force of this law, after the conclusion of the original total term, in installments equal to the initial payment method, without further surcharges than those corresponding to default interest (intereses moratorios) accrued up to the entry into force of this law, plus the personal and procedural costs of the judicial collection actions that have been notified to the debtors. The institutions included in this provision shall desist, without liability on their part, from any judicial collection action on the credits comprised in this article.\n\n (Sinalevi Note: Its effects extended until April 1, 1986, by Article 69 of the Extraordinary Budget Law, No. 7015 of November 22, 1985)\n Article link\n\nTITLE SEVEN\n\nGENERAL PROVISIONS\n\nSINGLE CHAPTER\n\nArticle 52.- In order for the National Treasury (Tesorería Nacional) to be able to adjust the availability of resources to the payment commitments arising from budget execution, the officials responsible for budgetary preparation and execution referred to in Article 63 of the Law of the Financial Administration of the Republic (Ley de la Administración Financiera de la República), must complete, within the first thirty days of each year, the financial and budgetary execution schedules that the National Treasury shall distribute for that purpose.\n Article link\n\nArticle 53.- The Costa Rican Petroleum Refinery, S. A. (Refinadora Costarricense de Petróleo, S. A.), shall deposit in favor of the National Treasury the amounts received from all taxes, in which it acts as a collection agent for the Government of the Republic, no later than ten business days from the day on which it received the payment. The General Comptrollership of the Republic (Contraloría General de la República) and the Budget Authority shall not approve the budget, nor its modifications, of the cited company, if it does not demonstrate with a certification from the Director General of Direct Taxation (Director General de la Tributación Directa), that it is up to date in the fulfillment of what is established herein.\n\nNon-compliance with what is established in this article shall be considered a serious fault on the part of the competent official. Equal responsibility shall fall upon the managers, administrators, directors, executives, and boards of directors of the respective institution.\n Article link\n\nArticle 54.- Article 23 of Law No. 6890 of September 14, 1983, is amended to read as follows:\n\n\"Article 23.- The Central Bank of Costa Rica is authorized to transfer during 1983, 1984, 1985, and 1986 the proceeds of the temporary import surcharges, to the institutions and programs listed below, according to the amounts or percentages indicated: 1983\n\n1) Institute for Municipal Development and Advisory (Instituto de Fomento y Asesoría Municipal): one hundred twenty-five million colones (¢ 125,000,000.00), for transfers to the municipalities, so that they may cover budgetary shortfalls corresponding to salaries and social charges, to make up budget deficits from previous fiscal years, for the servicing of their debts, for the execution of works, and as a counterpart resource for the financing of works and services. For the use of these resources, Articles 121, 122, and 123 of the Municipal Code (Código Municipal) shall not be applicable to the municipalities.\n\n2) Joint Institute for Social Aid (Instituto Mixto de Ayuda Social): one hundred seventy-five million colones (¢ 175,000,000.00), solely for the purchase of land destined for housing and for construction materials for the same, as well as for expenses related to the settlement of marginalized groups in social-interest housing programs.\n\n3) Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario): seventy-five million colones (¢ 75,000,000.00), for peasant settlements.\n\n4) National Food Program: one hundred forty million colones (¢ 140,000,000.00).\n\n5) National Institute for Cooperative Development (Instituto Nacional de Fomento Cooperativo): forty-five million colones (¢ 45,000,000.00), destined for the financing of the cooperative movement, especially student and youth cooperatives and co-management and self-management cooperatives. From the financial yield of these resources, twenty-five percent shall be allocated as a contribution to the support of the program for youth and student cooperatives, in accordance with Executive Decree No. 13924-E. INFOCOOP shall additionally contribute a sum of five million colones (¢ 5,000,000.00) to the same program for its general expenses, through the Inter-institutional Committee established in the same decree. INFOCOOP shall allocate five million colones (¢ 5,000,000.00) to the National Council of Cooperatives for cooperative programs; it shall contribute five million colones (¢ 5,000,000.00) to the Regional Union of Cooperatives of the Province of Cartago (La Unión Regional de Cooperativas de la Provincia de Cartago), for programs for the commercialization of perishable products, and five million colones (¢ 5,000,000.0) to the National Commission of Self-Management Cooperatives.\n\n6) National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo): one hundred fifteen million colones (¢ 115,000,000.00), solely to subsidize programs for serviced lots and construction of social-interest housing. For the purpose of channeling these resources, priority shall be given to groups organized under the cooperative model, community development associations, and other similar groups whose purpose is solving the housing problem for their members.\n\nLikewise, these resources shall be used to pay for the purchase of the property called Los Cuadros.\n\n7) Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados): twenty-five million colones (¢ 25,000,000.00) to provide water to the projects mentioned in this law.\n\n8) Center for the Promotion of Exports and Investments (Centro de Promoción para las Exportaciones y las Inversiones): thirty million colones (¢ 30,000,000.00) for the development of its programs.\n\nThe balances not covered during 1983 shall be covered in the year 1984. During 1984, for the same purposes and with the same priorities, the following percentages shall be allocated to the following institutions:\n\n1) Institute for Municipal Development and Advisory: eight percent (8%).\n\n2) Joint Institute for Social Aid: seven percent (7%).\n\n3) Institute of Agrarian Development: five percent (5%).\n\n4) National Institute for Cooperative Development: four percent (4%).\n\nINFOCOOP shall allocate the resources corresponding to it in accordance with what is established in numeral 5) above, corresponding to the year 1983.\n\n5) National Institute of Housing and Urbanism: eight percent (8%).\n\n6) National Training Institute (Instituto Nacional de Aprendizaje): one percent (1%), for the construction of public workshops and labor training programs.\n\n7) Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers: two percent (2%).\n\n8) National Directorate of Community Development (Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad): two percent (2%), for productive and community development programs.\n\n9) Center for the Promotion of Exports and Investments: four percent (4%), which may not exceed thirty-five million.\n\n (The foregoing subsection thus amended by Article 32 of the Extraordinary Budget Law, No. 6962 of July 26, 1984)\n\n10) National Emergency Commission (Comisión Nacional de Emergencia): four percent (4%), for the fulfillment of the purposes established by the National Emergency Law, number 4374 of August 14, 1969, and its amendments. The remaining 55% shall be transferred to the single treasury account (caja única) of the State.\n\n(The foregoing subsection thus amended by Article 32 of the Extraordinary Budget Law, No. 6962 of July 26, 1984)\n\nDuring the years 1985 and 1986, the amounts shall be transferred according to the total collected by virtue of the temporary import surcharges less the amount that must be transferred to the Central Government, in accordance with the following percentages:\n\n1) Institute for Municipal Development and Advisory: five percent (5%).\n\n2) Joint Institute for Social Aid: Seventeen percent (17%). Thirty percent of these resources shall be allocated exclusively to the development of the project called Los Cuadros and the projects of Los Diques de Cartago.\n\n(The foregoing subsection thus amended by Article 140 of the Extraordinary Budget Law, No. 6995 of July 22, 1985)\n\n3) Institute of Agrarian Development: four percent (4%).\n\n4) National Institute for Cooperative Development: twelve percent (12%).\n\nINFOCOOP shall allocate the resources corresponding to it in accordance with what is established in this law for the years 1983 and 1984.\n\nLikewise, the Institute shall allocate a minimum of thirty percent of the income from this law to the promotion and financing of cooperative housing programs, especially for marginalized groups.\n\n (The foregoing subsection 4) thus amended by Article 140 of the Extraordinary Budget Law, No. 6995 of July 22, 1985)\n\n5) National Institute of Housing and Urbanism: nine percent (9%).\n\n6) Ministry of Labor and Social Security, five percent (5%), for the subsidy program for the unemployed. The Ministry shall transfer to the General Directorate of Libraries (Dirección General de Bibliotecas) of the Ministry of Culture, Youth, and Sports, the sum of ¢ 5,500,000 for the construction of the Joaquín García Monge Library of Desamparados, ¢ 2,500,000 for the Integral Development Association of Barrio Corazón de Jesús of Heredia, for the purchase of furniture, equipment, and books for the Public Library of Heredia, ¢ 2,500,000 for the Library of Limón.\n\n (The foregoing subsection thus amended by subsection 33 of Article 14 of the Ordinary and Extraordinary Budget Law, No. 7018 of December 20, 1985)\n\n7) National Training Institute: two percent (2%).\n\n8) Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers: three percent (3%).\n\n9) National Directorate of Community Development: three percent (3%).\n\n10) Center for the Promotion of Exports and Investments: four percent (4%).\n\n11) (Suppressed by Article 140 of the Extraordinary Budget Law, No. 6995 of July 22, 1985)\n\nExcept for those cases in which a different destination is established, the foregoing resources shall be used for the same purposes and with the same priorities as in the year 1983.\n\nThe remaining thirty-seven percent shall be transferred to the single treasury account of the State.\n\nNone of the institutions, with the exception of the municipalities and the Center for the Promotion of Exports and Investments, may use these funds for the payment of salaries, social charges, salary increases, nor for expenses not expressly indicated in this article, and in no case may they be used for the creation of new positions.\n\nThe institutions and programs cited in this article shall channel such resources primarily through cooperative, communal, and other similar organizations. Prior to the use of such funds, the receiving institutions must submit a detailed expenditure budget to the General Comptrollership of the Republic, which must be resolved within a period of fifteen calendar days.\n\nThe Comptrollership shall incorporate a report on these budgets in its annual report. The respective institutions shall regulate what is necessary to establish an appropriate community work requirement as a counterpart to the foregoing subsidies.\n\nThe Central Bank of Costa Rica shall transfer bimonthly the amounts corresponding to each institution or program and to the Central Government, in accordance with the specified percentages.\n\n(This paragraph suppressed by Article 140 of the Extraordinary Budget Law, No. 6995 of July 22, 1985)\n\nNo later than June 30, 1984, the Executive Branch must render to the Legislative Assembly a detailed report on the progress of the social compensation plan, and shall present, together with that report, a comprehensive social development project for the country, with proposals in the legal, social, economic, and institutional fields, for its implementation.\n\nIn the event that the institutions and programs listed above do not program part of the resources corresponding to them, such amounts shall be transferred to the National Emergency Commission, which shall program them in accordance with the guidelines established in this article. The National Institute of Housing and Urbanism shall transfer to the Joint Institute for Social Aid the property owned by it called Los Cuadros, located in the canton of Goicoechea. The transfer shall be executed by the State Notary's Office, free of all liens, registration fees, fiscal stamps (especies fiscales), and notary fees. The value of the property, according to the appraisal by the General Directorate of Direct Taxation, shall be paid from the sum assigned in point 6) to the National Institute of Housing and Urbanism.\n\nState institutions are authorized to purchase, directly, lands for the purposes indicated in this article, subject to a prior appraisal by the General Directorate of Direct Taxation, at a price not exceeding it.\n\nThe construction of housing and the acquisition of goods and services for that purpose are declared an ordinary activity of the Joint Institute for Social Aid, with the objective of solving the housing problems of the marginalized class of the country.\"\n Article link\n\nArticle 55.- The Costa Rican Development Corporation, S. A. (Corporación Costarricense de Desarrollo, S. A.), is authorized to sell the shares of its companies, subject to a prior agreement, in each case, of the Government Council, in the form and conditions that it establishes, for which it shall adhere to the following stipulations:\n\na) CODESA may sell all of its shares in companies created by public deed, except as established in subsections h) and l).\n\nb) The General Comptrollership of the Republic shall render a report to the Legislative Assembly on the sale of each company, no later than thirty days after its completion.\n\nc) The sale of any shares referred to in this article shall be carried out through public bidding (licitación pública), except as established in subsection l), and the respective bidding terms shall be previously approved by the General Comptrollership of the Republic within a period of fifteen days.\n\nch) (Repealed by Article 6 of the Law for the Democratization of CODESA Subsidiaries, No. 7330 of March 17, 1993)\n\nd) Appeals of the awards shall be made before the General Comptrollership of the Republic, in accordance with what is established in the Law of the Financial Administration of the Republic and in the Regulation on Administrative Contracting (Reglamento de la Contratación Administrativa). The Comptrollership must resolve the appeal within a period no greater than two months.\n\ne) (Repealed by Article 6 of the Law for the Democratization of CODESA Subsidiaries, No. 7330 of March 17, 1993)\n\nf) The income that CODESA receives as a result of the sale of the shares of its companies shall be allocated, in its entirety, to the payment of its obligations to the Central Bank of Costa Rica.\n\n(The foregoing subsection thus amended by Article 1 of the Law for the Democratization of CODESA Subsidiaries, No. 7330 of March 17, 1993)\n\ng) The shares belonging to the State, in the companies Fertilizantes de Centroamérica S.A. (FERTICA) and Cementos del Pacífico S.A. (CEMPASA), shall be sold in accordance with the following rules:\n\ni) In the first bidding conducted after the publication of this Law, the shares of CEMPASA and FERTICA shall be offered separately. The shares of CEMPASA, at a price equal to fifty percent of Appraisal No. 94-90 of July 12, 1990, conducted by the General Comptrollership of the Republic, and the shares of FERTICA, at a price equal to twenty-five percent of Appraisal No. 20.486 of November 21, 1986, conducted by the General Comptrollership of the Republic.\n\nii) For the remainder of unsold shares, another bidding shall be conducted: in the case of CEMPASA, at a price that may not be less than forty percent of the cited appraisal, and in the case of FERTICA, at a price that may not be less than fifteen percent of the cited appraisal. The price in this stage, which in no case may be higher than that of the first bidding, shall be determined by the Executive Branch based on technical and financial studies, in accordance with the provisions of the Regulation of this Law.\n\niii) The sale price of the shares, in each bidding, shall be fixed and equal for all awardees, even if someone offers a greater sum.\n\niv) The unawarded shares may be acquired, at the same price, by the same bidders who are eligible and who have an interest in increasing their participation, in proportion to the shares initially awarded, for which the percentage limitations of the group shall not apply, except those established in subsection j.\n\nv) The social organizations of the area where the main plants are located shall have, under equal conditions, preference over other bidders to acquire the percentage of shares assigned to them.\n\nvi) If any remainder of shares of CEMPASA and FERTICA exists, the Executive Branch is authorized to sell them in their entirety to the \"Trust Fund Project CODESA\" (Fondo en Fideicomiso Proyecto CODESA), created to assist this corporation in the sale of its companies, non-profit, and which is administered, as trustee, by the corporation of this jurisdiction called \"Fiduciaria de Inversiones Transitorias S.A.\" (FINTRA), registered in the Mercantile Section of the Public Registry, volume 405, folio 255, entry 239, legal entity identification number 3-101-072415-16. In this stage, the price of the CEMPASA shares may not be less than thirty percent nor more than forty percent of the cited appraisal, while the price of the FERTICA shares may not be less than ten percent nor more than fifteen percent of the cited appraisal. FINTRA shall be obligated to sell all the shares it acquires, to the groups cited in subsection k) of this article, according to the percentages indicated therein. Likewise, FINTRA may not sell the shares at a price exceeding their acquisition cost. When in any group there are not enough interested parties, the unwanted shares shall be distributed among the other groups.\n\nIf within a period of eighteen months, from the acquisition of the shares by FINTRA, their sale is not completed in full, in accordance with the rules established herein, such shares may be sold without being subject to the percentage or group limits, on a stock exchange, to the highest bidder and without any limitation, except those indicated in subsection j.\n\n(The foregoing subsection g) thus amended by Article 1 of the Law for the Democratization of CODESA Subsidiaries, No. 7330 of March 17, 1993)\n\nh) None of the companies that carry out any of the activities specified in Article 121, subsection 14), of the Political Constitution may be alienated in any percentage.\n\ni) The National Banking System may finance the acquisition of shares in the companies of the Costa Rican Development Corporation, S. A., for small national investors and the social organizations of workers.\n\nj) Small investors, agricultural and livestock producers, and the workers of CEMPASA and FERTICA may not, on an individual basis, acquire or possess, for themselves or through an intermediary, more than one-quarter of one percent (0.25%) of the share capital, for which the qualitative provisions contained in Article 128 and the related rules of the Law Regulating the Securities Market and Reforms to the Commercial Code (Ley Reguladora del Mercado de Valores y Reformas al Código de Comercio), No. 7201 of October 10, 1990, shall apply.\n\n(As amended by Article 1 of the Law for the Democratization of Subsidiaries of CODESA, No. 7330 of March 17, 1993)\n\nk) The shares of CEMPASA and FERTICA shall be sold, separately, only to the following national groups, in accordance with these percentages:\n\n1.- 30% to the workers' associations of CEMPASA and FERTICA and to the workers of CEMPASA and FERTICA.\n\n2.- 9% to the unions.\n\n3.- 8% to the cooperatives.\n\n4.- 8% to the comprehensive community development associations.\n\n5.- 9% to the solidarity associations.\n\n6.- 8% to the associations and members of associations of small agricultural and livestock producers.\n\n7.- 8% to the chambers.\n\n8.- 20% to small investors.\n\n(Subparagraph k) above as amended by Article 1 of the Law for the Democratization of Subsidiaries of CODESA, No. 7330 of March 17, 1993)\n\nArticle 56.- The Banco Central de Costa Rica is authorized to provide financing for the current interest that the Corporación Costarricense de Desarrollo, S. A., must pay during 1984, for loans granted before January 1, 1984. This financing shall have the following characteristics.\n\n1) Loans granted to finance interest on loans made to CODESA with external resources shall bear an interest rate equal to the weighted average of that granted on the principal, with an eight-year term and three-year grace period.\n\n2) Loans granted to finance interest on loans made with internal resources shall bear an interest rate equal to the weighted average of that granted on the principal, with a twenty-year term and three-year grace period.\n\nThe Banco Central de Costa Rica shall require the guarantees applicable in the loans authorized herein.\n\nArticle 57.- All public institutions and enterprises that purchase securities or carry out any other stock exchange transaction shall do so through the seat that CODESA holds on the Bolsa Nacional de Valores. State Banks are excepted from this provision.\n\nArticle 58.- Personnel appointed for surveillance and the maintenance of public order shall perform exclusively the duties inherent to their position. As of the effective date of this Law, the budget codes for positions for the service of security and public order, which are occupied by servants performing other duties, must be allocated to comply with the provisions of the preceding paragraph.\n\n(As amended by Article 25 of the Law Reforming Several Laws regarding the Participation of the Contraloría General de la República for the Simplification and Strengthening of Public Management, No. 8823 of May 5, 2010)\n\nArticle 59.- Public servants over sixty-five years of age who have sufficient contributions to retire may continue working, when so mutually agreed upon by the servant and the employer.\n\nArticle 60.- This law is a matter of public policy and supersedes any other law or decree, general or special, that contradicts it.\n\nArticle 61.- The Executive Branch shall regulate this law no later than thirty calendar days after its publication.\n\nArticle 62.- This Law shall take effect upon its publication, with the exception of the repeal established in Article 46 thereof, relating to subparagraphs 2) of Article 246 and Article 253 of the Fiscal Code, which eliminates the fiscal tax on all written submissions or petitions before judicial courts, the effective date of which shall be the first day of the month following the date of publication of the regulation in the Diario Oficial, which the Executive Branch shall prepare through the Ministry of Finance. However, if the regulation is not published within a maximum period of two months, it shall take effect on the first day of the third month following the publication of this law.\n\nTRANSITORY PROVISION I.- Solely for the year 1984, a maximum limit of two hundred fifty million colones is set for the contribution that the Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares makes to the non-contributory basic-amount pension program, established in Article 4 of Law No. 5662 of December 23, 1974. The difference between the amount corresponding to the twenty percent of the fund that the aforementioned Article 4 allocates to the non-contributory pension program and the mentioned two hundred fifty million shall be transferred, by means of a budget modification, to the Government of the Republic.\n\nTRANSITORY PROVISION II.- Solely for the year 1984, from the total collection of the tax established in Article 3 of Law No. 6879 of July 21, 1983, and its reforms, three hundred million colones shall be allocated, through the budget of the Republic, for the program of Education and Nutrition Centers and Comprehensive Care Children's Centers of the Ministry of Health. Any surplus in the collection of said tax, exceeding three hundred million colones, shall be allocated to cover shortfalls in the budget of the Republic for the application of the salary scale of Law No. 6835.\n\nTRANSITORY PROVISION III.- Solely for fiscal year No. 84 (from October 1, 1983, to September 30, 1984), an extraordinary contribution is established, at a rate of fifteen percent (15%), whose taxable base shall be the amount of income tax payable by the taxpayers mentioned in numeral two, in the cited period, according to Article 14 of Law No. 837 of December 20, 1946, and its reforms.\n\nWhen taxpayers do not have to pay income tax in fiscal period No. 84, due to enjoying an exemption, by virtue of contracts granted based on the Central American Agreement on Fiscal Incentives for Industrial Development, in accordance with Law No. 3142 of July 29, 1963, or under the Ley Forestal No. 4465 of November 25, 1969, they shall pay a special contribution of three percent (3%) on that portion of the net profits exempt from the payment of income tax.\n\nThe extraordinary contribution must be settled in an annex to the sworn income tax return for fiscal year No. 84, and must be paid before the last day of December 1984.\n\nThis contribution shall not be deductible for determining the income tax. Net profits obtained from the export of non-traditional products to third countries, produced by the taxpayer itself, are exempt from the extraordinary contribution.\n\nThe Dirección General de la Tributación Directa shall administer and oversee the contribution established herein.\n\nTRANSITORY PROVISION IV.- For the effects of the provisions in Article 63 and in subparagraph 2) of Article 64 of the Income Tax Law, No. 837 of December 20, 1946, and its reforms, twenty-five percent (25%) of the available income of the taxpayers included in subparagraph 2) of Article 14 of the cited law must be considered credited to the partners, and therefore said income shall be subject to the respective withholding.\n\nThis provision shall govern for the fiscal periods of 1984 and 1985.\n\nTRANSITORY PROVISION V.- Solely for 1984, the specific allocation of the following taxes is varied in the manner indicated below:\n\n1) From the amount collected under Laws No. 4760 of May 4, 1971, and its reform, and No. 6443 of June 23, 1980, the Instituto Mixto de Ayuda Social* shall transfer twenty percent to the single treasury of the State.\n\nNOTE: Article 130 of Law No. 6995 of July 22, 1985, regarding this obligation states: \"IMAS is exempted from the obligation contained in Transitory Provision V, first paragraph, of Law No. 6955 of February 24, 1984.\"\n\n2) From the amount collected for the National Registry Stamp Tax, established in Law No. 4656 of October 31, 1970, reformed by Laws No. 5695 of May 28, 1975, and No. 6575 of April 27, 1981, the Banco Central de Costa Rica shall allocate fifty percent (50%) to the single treasury of the State.\n\n3) Article 9 of Law No. 6914 of November 28, 1983, is modified so that, from the proceeds of the general sales tax, established in Law No. 6826 of November 10, 1982, the Banco Central de Costa Rica transfers, directly and quarterly, to the Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, seventeen percent (17%), for the fund created and administered as indicated in Law No. 5662 of December 23, 1974. The amount collected from the remaining three percentage points of the twenty established in Law No. 6914 shall enter the single treasury of the State.\n\n4) From the amount collected for the tax of zero point seventy-five percent on the FOB value of coffee exports, established in Law No. 3062 of November 14, 1962, reformed by Laws No. 6406 of December 8, 1979, and No. 6542 of December 16, 1980, the Oficina del Café shall transfer twenty percent (20%) to the single treasury of the State.\n\n5) From the percentage of net profits of state banks, allocated to the Instituto de Fomento Cooperativo in Laws No. 4179 of August 2, 1968, No. 5185 of February 20, 1973, and No. 6756 of April 30, 1982, the cited banking institutions shall transfer one half to the Government of the Republic.\n\n6) From the amount collected for the payroll tax, established in Law No. 6868 of May 6, 1983, the sum of one hundred twenty-five million colones (125,000,000.00) shall be transferred to the single treasury of the State.\n\n7) From the amount collected for the tax on the consumption of domestic liquors, established in Law No. 2940 of December 18, 1961, reformed by Laws No. 4716 of February 9, 1971, No. 6282 of August 14, 1979, and No. 6820 of November 3, 1982, the Banco Central de Costa Rica shall transfer seventy-five percent (75%) to the Instituto de Fomento y Asesoría Municipal and twenty-five percent (25%) shall go to the single treasury of the State.\n\n8) From the Fondo del Plan Nacional de Desarrollo, created in Article 21 of Law No. 5525 of May 2, 1974, the Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica shall transfer the sum of thirty million colones (30,000,000.00) to the single treasury of the State.\n\n9) From the amount collected for the international passenger ticket tax, established in Law No. 1917 of June 30, 1955, reformed by Laws No. 2723 of February 20, 1961, and No. 2763 of June 22, 1961, the Instituto Costarricense de Turismo shall transfer fifty percent (50%) to the single treasury of the State.\n\nIn those cases where the institutions must transfer directly to the single treasury of the State the sums established in the preceding subparagraphs, they shall do so no later than fifteen calendar days after the tax is collected, or in equal biweekly installments, as applicable.\n\nNoncompliance with this provision by the officials responsible for its execution shall be serious cause for dismissal.\n\nThe income received by the State from the application of this provision shall be incorporated into the National Budget through the corresponding modification.\n\nThe modifications of specific allocation contemplated in this transitory provision govern solely for the year 1984.\n\nThe institutions affected by this transitory provision must submit to the Contraloría General de la República a modification of their 1984 budget, reducing from their revenues the amount that in the preceding subparagraphs is allocated to the single treasury of the State. To maintain budgetary balance, said institutions must reduce their budgeted expenses. These modifications must be submitted to the Contraloría General de la República no later than fifteen calendar days after the effective date of this law.\n\nTRANSITORY PROVISION VI.- The contributions that the Government of the Republic receives from public institutions, as established in Article 31 of this law, shall be incorporated, through the corresponding modification, into the 1984 National Budget. Said institutions may not credit against the specific contributions in the annex to this law any amount that they transfer or pay to the Government of the Republic under other concepts.\n\nTransitory Provision VII.- Law No. 6837 of December 22, 1982, is modified so that the Executive Branch delivers to the Instituto de Desarrollo Agrario, during 1984, one hundred fifty million colones in agrarian bonds. The remaining one hundred million colones in agrarian bonds from the 1984 allocation, which said law assigned to that institution, shall be delivered by the Executive Branch in two installments of fifty million, one during 1985 and the other in 1986.\n\nIt is understood that these two installments are in addition to the sums of two hundred fifty million colones that the cited law allocates for the years 1985 and 1986.\n\nTransitory Provision VIII.- Public entities, including autonomous institutions, semi-autonomous institutions, and municipalities, as well as public enterprises and their subsidiaries incorporated as companies, and any public institution created by general or special law, may not, during 1984, maintain balances in their checking accounts and time deposits in banks of the national banking system that are lower than those they had at the end of 1983, except with the written approval of the Ministry of Finance and the Executive President of the Banco Central de Costa Rica.\n\nTRANSITORY PROVISION IX.- In the case of positions in program 001 of the Budget of the Republic, the total number of filled positions during the years 1984, 1985, and 1986 may not exceed the number of filled positions as of June 30, 1984. Also excepted from the limit established by Article 29 of this law are new positions in the rural health programs of the Caja Costarricense de Seguro Social and the Ministry of Health, provided that these positions have the approval of the Budgetary Authority. It is understood that the limit and the date indicated in the cited article shall apply, during 1984, 1985, and 1986, to the total number of positions in the other programs of the Caja Costarricense de Seguro Social and the Ministry of Health.\n\nTRANSITORY PROVISION X.- Public officials who, urged by the Government, availed themselves, according to the provisions included in Article 25 of this law, of the voluntary reduction program of the public sector, during 1995 and up to the effective date of this reform, and did not receive payment of their legal entitlements or the additional benefits offered by the Administration and provided for in Article 25 as reformed herein, shall receive an additional bonus or compensation equivalent to the amount of the salaries not received, calculated based on the average salary of the last six (6) months actually worked, from the date of the effective cessation of their duties and until the date on which the amount to be paid is available at the Pagaduría Nacional. For these purposes, the list of available payments must be published in a national circulation medium. The Executive Branch shall cover the amount corresponding to this last item, with an additional invoice that shall be processed automatically or at the request of the affected public official.\n\nThe Executive Branch shall pay all employment-related items, including legal entitlements up to a maximum of twelve monthly payments, calculated on the average of the last six (6) months actually worked, and up to four (4) additional months as a salary incentive.\n\nFor officials who, by collective bargaining agreement or another norm with the force of law, are recognized a severance pay cap higher than twelve (12) years, apart from their right to severance pay, they shall be recognized, as a salary incentive, the equivalent of four monthly payments, calculated on the average of the last six (6) months actually worked.\n\nThe Executive Branch shall pay the salary incentive referred to in the preceding paragraphs, as well as the monthly payments corresponding to the exceedance of the severance pay cap, regardless of the public institution or enterprise for which the officials covered by this transitory provision work.\n\nThe Executive Branch shall also assume the amounts corresponding to legal entitlements in accordance with Article 28 of the Labor Code, collective bargaining agreements, or norms with the force of law, as the case may be, to which the officials of public institutions and enterprises are entitled, when these lack the necessary financing to meet that item.\n\n(As added by Article 2 of Law No. 7560 of November 9, 1995)\n\nANNEX TO THE LAW FOR THE FINANCIAL BALANCE\n\nOF THE PUBLIC SECTOR\n\nThe amounts of the extraordinary contribution that the institutions shall pay to the Government of the Republic during 1984 are specified below, in accordance with the provisions of Article 32 of Law No. 6955 for the Financial Balance of the Public Sector.\n\n----------------------------------------------------------------------------------------\n\n| Institution | Contribution amount (millions of colones) |\n| --- | --- |\n| Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico ... ... | 20 million |\n| Junta Administrativa Portuaria de la Vertiente Atlántica.. .. .. .. | 125 million |\n| Estaciones Experimentales ... ... ... ... ... ... ... | 10 million |\n| Junta Administrativa de la Imprenta Nacional ... ... | 5 million |\n| Fábrica Nacional de Licores ... ... ... ... ... ... | 15 million |\n| Junta de Protección Social de San José .. ... ... ... | 55 million |\n| Consejo Técnico de Aviación Civil ... ... ... ... ... | 15 million |\n| Dirección Nacional de Comunicaciones ... ... ... ... | 15 million |\n| Instituto Costarricense de Electricidad . ... ... ... | 100 million |\n| Consejo Nacional de Producción ... ... .. ... ... ... | 150 million |\n| Refinadora Costarricense de Petróleo ... ... ... ... | 150 million |\n| Instituto Nacional de Seguros ... ... ... ... ... ... | 250 million |\n| Banco Crédito Agrícola de Cartago ... ... ... ... ... | 10 million |\n| Banco de Costa Rica ... ... ... ... ... ... ... ... | 45 million |\n| Banco Nacional de Costa Rica ... ... ... ... ... ... | 100 million |\n| Departamento de Ahorro y Préstamo (DECAP) ... ... ... | 5 million |\n| Banco Anglo Costarricense ... ... ... ... ... ... ... | 20 million |\n| Banco Central de Costa Rica ... ... ... ... ... ... | 85 million |\n| TOTAL : | ¢ 1,175 million |\n\nPresident of the Republic.- San José, on the twenty-fourth day of February, nineteen hundred eighty-four."
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