{
  "id": "norm-62595",
  "citation": "Resolución 640",
  "section": "norms",
  "doc_type": "resolution",
  "title_es": "Designación de diputada a la Comisión Paz con la Naturaleza es incompatible con el cargo",
  "title_en": "Designation of Legislator to Peace with Nature Commission is Incompatible with Office",
  "summary_es": "El Tribunal Supremo de Elecciones resolvió una consulta sobre si una diputada podía integrar la Comisión Paz con la Naturaleza, creada por decreto ejecutivo. Concluyó que aceptar ese cargo quebrantaría la prohibición del artículo 111 de la Constitución Política, que impide a los diputados desempeñar cargos en otros poderes del Estado o instituciones autónomas. La Comisión es de naturaleza presidencial, adscrita al Poder Ejecutivo, y su membresía colocaría a la legisladora en subordinación jerárquica respecto del Presidente de la República. Ello contraviene el espíritu constitucional de garantizar la independencia del Poder Legislativo.",
  "summary_en": "The Supreme Electoral Tribunal ruled on a consultation whether a legislator could serve on the Peace with Nature Commission, created by executive decree. It concluded that accepting such a position would breach the prohibition in Article 111 of the Constitution, which bars legislators from holding positions in other branches of government or autonomous institutions. The Commission is presidential in nature, attached to the Executive Branch, and membership would place the legislator in hierarchical subordination to the President. This contravenes the constitutional intent of ensuring the independence of the Legislative Branch.",
  "court_or_agency": "",
  "date": "20/02/2008",
  "year": "2008",
  "topic_ids": [
    "_off-topic"
  ],
  "primary_topic_id": "_off-topic",
  "es_concept_hints": [
    "artículo 111 Constitución Política",
    "independencia de poderes",
    "decreto ejecutivo",
    "subordinación jerárquica",
    "Ley General de la Administración Pública",
    "artículo 26 LGAP",
    "artículo 59 LGAP",
    "reglamento autónomo"
  ],
  "concept_anchors": [
    {
      "article": "Art. 111",
      "law": "Constitución Política"
    },
    {
      "article": "Art. 26",
      "law": "Ley General de la Administración Pública (LGAP)"
    },
    {
      "article": "Art. 59",
      "law": "Ley General de la Administración Pública (LGAP)"
    },
    {
      "article": "Art. 103",
      "law": "Ley General de la Administración Pública (LGAP)"
    },
    {
      "law": "Decreto Ejecutivo 33487-MP"
    }
  ],
  "keywords_es": [
    "Tribunal Supremo de Elecciones",
    "Comisión Paz con la Naturaleza",
    "artículo 111 Constitución Política",
    "independencia de poderes",
    "diputada",
    "cargo incompatible",
    "decreto ejecutivo",
    "subordinación jerárquica",
    "prohibición constitucional"
  ],
  "keywords_en": [
    "Supreme Electoral Tribunal",
    "Peace with Nature Commission",
    "Article 111 Constitution",
    "separation of powers",
    "legislator",
    "incompatible office",
    "executive decree",
    "hierarchical subordination",
    "constitutional prohibition"
  ],
  "excerpt_es": "La aceptación de la designación como miembro de la Comisión Paz con la Naturaleza, por parte de un diputado, contravendría la prohibición establecida en el artículo 111 de la Constitución Política.\n\nEn síntesis, en tanto el desempeño como miembro de la Comisión Paz con la Naturaleza, colocarla a la diputada consultante en la posición de realizar funciones dentro del poder ejecutivo y asimismo, en la de subordinación respecto del Presidente de la Republica, se configuraría la amenaza de su independencia como legisladora, en los términos que el constituyente quiso proteger. Razón, esta, para concluir que la aceptación de dicho cargo quebrantaría el impedimento establecido en el artículo 111 de la Constitución Política.",
  "excerpt_en": "The acceptance of the designation as a member of the Peace with Nature Commission by a legislator would contravene the prohibition established in Article 111 of the Constitution.\n\nIn sum, insofar as serving as a member of the Peace with Nature Commission would place the consulting legislator in the position of performing functions within the executive branch and likewise in a position of subordination to the President of the Republic, it would constitute a threat to her independence as a legislator, in the terms the framers sought to protect. This, therefore, is reason to conclude that accepting such a position would breach the impediment established in Article 111 of the Constitution.",
  "outcome": {
    "label_en": "Incompatible",
    "label_es": "Incompatible",
    "summary_en": "The Tribunal determined that a legislator cannot serve on the Peace with Nature Commission as it contravenes the prohibition in Article 111 of the Constitution.",
    "summary_es": "El Tribunal determinó que una diputada no puede integrar la Comisión Paz con la Naturaleza por contravenir la prohibición del artículo 111 constitucional."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "The Peace with Nature Commission is a presidential commission, which places it within the category of positions that legislators are barred from accepting, that is, other branches of government and autonomous institutions.",
      "quote_es": "La Comisión Paz con la Naturaleza es una comisión presidencial, lo que la ubica dentro de la categoría de lugares en los que a los diputados les esta vedado aceptar cargos, esto es, otros poderes del estado e instituciones autónomas."
    },
    {
      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "its performance would frustrate the constituent intent embodied in this norm. [...] The framers warned of the danger posed to the separation of powers by the president resorting to flattery or pressure, through special designations or the removal of legislators to place them under his hierarchical direction.",
      "quote_es": "su desempeño frustraría el espíritu constituyente recogido por esta norma. [...] Advertían los señores constituyentes del peligro que representaba, para la independencia de poderes, el que el presidente recurriera al halago o a la presión, a través de designaciones especiales o de la sustracción de legisladores para colocarlos bajo su dirección jerárquica."
    },
    {
      "context": "Considerando III",
      "quote_en": "if Deputy Ballestero Vargas were to join the Commission [...] it would place her in a position of subordination to the President of the Republic, who would be, for the purposes of that commission's work, her hierarchical superior.",
      "quote_es": "si la diputada Ballestero Vargas formara parte de la Comisión [...] la ubicaría en posición de subordinación respecto del Presidente de la República quien sería, para los efectos de la labor de dicha comisión, su superior jerárquico."
    }
  ],
  "cites": [],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [
      {
        "target_id": "norm-58722",
        "kind": "concept_anchor",
        "label": "Decreto Ejecutivo 33487-MP"
      }
    ],
    "external": []
  },
  "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=62595&strTipM=TC&nValor3=0",
  "tier": 2,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "amendments_by_article": null,
  "dictamen_by_article": null,
  "concordancias_by_article": null,
  "afectaciones_by_article": null,
  "resoluciones_by_article": null,
  "cited_by_votos": [],
  "cited_norms": [],
  "cited_norms_inverted": [],
  "sentencias_relacionadas": [],
  "temas_y_subtemas": [],
  "cascade_only": true,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "en la totalidad del texto\n\n                    -\n\n                        Texto Completo Norma 640\n\n                        Consulta respecto de la designación de Diputada como integrante de la\nComisión Paz con la Naturaleza\n\nTexto Completo acta: B798B\nN° 640-E8-2008\n\nN° 640-E8-2008.-Tribunal Supremo de Elecciones.-San\nJosé, a las catorce horas quince minutos del veinte de febrero de dos mil ocho.\n\nConsulta formulada por la señora Maureen Ballestero\nVargas, Diputada, respecto de su designación como integrante de la Comisión Paz\ncon la Naturaleza.\n\nResultando:\n\n1º-En escrito recibido en la Secretaria de este\nTribunal el 21 de febrero del 2007, la señora Maureen Ballestero Vargas,\nDiputada, consulta si integrar la Comisión Paz con la Naturaleza, seria\ncontrario a lo establecido en el artículo 111 de nuestra Constitución Política.\n\n2º-En\nel procedimiento se han observado las prescripciones de ley y no se notan\ndefectos capaces de invalidar lo actuado.\n\nRedacta\nel Magistrado Sobrado González; y,\n\nConsiderando:\n\nI.-Sobre la legitimación de la consultante:\nSobre la legitimación para plantear solicitudes de interpretación o consultas\ncomo la presente, este Tribunal establecido, entre otras, desde la resolución\nN° 1748-99 de las 15:30 horas del 31 de agosto de 1999, lo siguiente:\n\n\"El inciso 3) del artículo 102 de la Constitución Política reconoce,\nen cabeza del Tribunal Supremo de Elecciones, la función de Interpretar en\nforma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales\nreferentes a la materia electoral, lo que impide que la asamblea Legislativa de\ninterpretación auténtica, según lo reconoce su numeral 121 inciso 1).\n\nEl inciso c) del artículo 19 del Código Electoral,\nal desarrollar ese precepto, dispone en lo que interesa: \"Tales\ninterpretaciones podrán darse de oficio o a solicitud de los miembros del\nComité Ejecutivo Superior de las partidos políticos inscritos\"\n\n\"Se colige de las anteriores disposiciones que,\nen nuestra legislación, solo los partidos políticos, a través de su Comité\nEjecutivo Superior, están legitimados para provocar una declaración\ninterpretativa\" (el resaltado es nuestro).\n\nEn virtud de lo indicado, la presente consulta, en principio,\nresultaría improcedente, en tanto la gestionante carece de legitimación para\nsolicitar la declaración interpretativa de este Tribunal. Sin embargo,\natendiendo a la potestad de interpretación oficiosa prevista en el inciso c)\ndel artículo 19 del Código Electoral -potestad que fue aclarada par este\nTribunal en la resolución N° 1863, de las 09:40 horas del 23 de setiembre de\n1999, en la que precisoó los términos bajo los cuales procedía-, se vierte, de\nmanera oficiosa, la siguiente interpretación.\n\nII.-Sobre la prohibición para los diputados de\naceptar cargos o empleos, contenida en el artículo 111 de la Constitución Política:\nEl artículo 111 de la Constitución Política dice:\n\nNingún diputado podrá aceptar, después de juramentado, bajo pena de\nperder su credencial, cargo o empleo de los otros poderes del estado o de las\ninstituciones autónomas, salvo cuando se trate de un ministerio de gobierno. En\neste caso se reincorporara a la Asamblea al cesar en sus funciones.\n\nEsta prohibición no rige para los que sean llamados\na formar parte de delegaciones internacionales, ni para los que desempeñan\ncargos en instituciones de beneficencia, o sean catedráticos de la Universidad\nde Costa Rica o en otras instituciones de enseñanza superior del estado:\n\nCon el fin de aclarar la situación planteada,\nconviene precisar el contenido de la prohibición establecida en el artículo 111\nde la Constitución Política, que impide a los diputados aceptar cargos en otros\npoderes del estado o en las instituciones autónomas; esto a la luz de su\nevolución normativa desde su redacción original por la Asamblea Nacional\nConstituyente, en 1949 y pasando por dos reformas constitucionales.\n\nLos diputados constituyentes en 1949, con base en\nartículo 80 de la Constitución de 1871, dieron forma a este numeral 111 en tres\nsesiones (sesión ordinaria celebrada el 9 de mayo de 1949, acta N° 63; sesión\nordinaria celebrada el 10 de mayo de 1949, acta N° 64; sesión ordinaria\ncelebrada el 27 de junio de 1949; acta N° 97). Su redacción original es la\nsiguiente:\n\n\"Ningún Diputado podrá aceptar, bajo pena de perder su credencial,\ncargo o empleo de los otros poderes del estado o de las instituciones\nautónomas, salvo cuando se trate de un Ministerio de Gobierno. En este caso se\nreincorporará a la asamblea al cesar en sus funciones.\n\nEsta prohibición no rige para los que desempeñan\ncargos en instituciones de beneficencia, o sean catedráticos de la Universidad\nde Costa Ri.a\".\n\nComo se aprecia, la estructura del artículo es\nsimple. Establece la prohibición general de que los diputados no pueden\ndesempeñar cargos públicos (en otros poderes del estado ni en las instituciones\nautónomas), la sanción que ello apareja y tres excepciones (ministerios de\ngobierno, instituciones de beneficencia y docencia en la Universidad de Costa\nRica).\n\nLa inspiración del constituyente se encuentra en la\nnecesidad de garantizar la independencia y profesionalismo de la función\nlegislativa. El centro del debate giro en torno a la conveniencia de las\nexcepciones planteadas a la prohibición general, salvo en lo que respecta a las\ninstituciones de beneficencia, sobre lo cual no hubo conflicto. Es decir, hubo\ncontroversia en relación con el ejercicio de la docencia en la Universidad de\nCosta Rica, que se aprobó; en los centros educativos de segunda enseñanza, que\nse rechazo; en misiones diplomáticas, que se rechazo; y en ministerios de\ngobierno, que se aprobó. La principal preocupación de los señores\nconstituyentes era el riesgo de que el diputado que ejerciera ese otro cargo\nviera disminuida su independencia respecto del ejecutivo y, por ahí, se\nafectará la propia del Poder Legislativo.\n\nCasi catorce años después, la asamblea legislativa\nreformó el artículo 111 constitucional mediante Ley N° 3118 de 16 de mayo de\n1963, para que dijera como sigue:\n\n\"Ningún diputado podrá aceptar, después de juramentado, bajo pena de\nperder su credencial, cargo o empleo de los otros poderes del estado o de las\ninstituciones autónomas, salvo cuando se trate de un Ministerio de Gobierno. En\neste caso se reincorporará a la asamblea al cesar en sus funciones.\n\nEsta prohibición no rige para los llamados a\nformar parte de delegaciones que integre el Poder Ejecutivo para asistir a\nconferencias internacionales, ni para los que desempeñan cargos en\ninstituciones de beneficencia, o sean catedráticos de la Universidad de Costa\nRica.\" (el resaltado es nuestro).\n\nLa iniciativa de esta reforma constitucional fue planteada\npor el diputado Alberto Cañas Escalante y se fundamentó en que la limitación\nque impedía a los legisladores ser parte de las representaciones diplomáticas\ndel país era un anacronismo contraproducente para los intereses de Costa Rica,\ndado que, en aquel entonces, las naciones estrechaban, cada vez más, lazos\nentre sí. El dictamen favorable del proyecto de reforma, tramitado en el\nexpediente legislativo N° 221, por parte de la Comisión Especial, fue acogido\npor el plenario que, tras los respectivos debates, aprobó la reforma.\n\nFinalmente,\nel artículo adquirió su redacción actual tras la reforma constitucional\nrealizada mediante Ley N° 5697 del 9 de junio de 1975, por iniciativa, entre\notros, del diputado Sandoval Aguilar:\n\n\"Ningún diputado podrá aceptar, después de\njuramentado, bajo pena de perder su credencial, cargo o empleo de los otros\npoderes del estado o de las instituciones autónomas, salvo cuando se trate de\nun Ministerio de Gobierno. En este caso se reincorporará a la asamblea al cesar\nen sus funciones.\n\nEsta\nprohibición no rige para los llamados a formar parte de delegaciones\ninternacionales, ni para los que desempeñan cargos en instituciones de\nbeneficencia, o seas catedráticos de la Universidad de Costa Rica o en otras\ninstituciones de enseñanza superior del estado.\n\nConforme\nse ve, se trato de una reforma de menor trascendencia para el tema de la\nindependencia de poderes, que solo modificó semánticamente lo dispuesto en\nrelación a las legaciones internacionales (de lo que se carece información, toda\nvez que el expediente legislativo fue extraviado y en la reconstrucción no\naparece discusión al respecto) y una ampliación de la excepción referida a la\nUniversidad de Costa Rica, para que cubriera a los dos nuevos centros de\nenseñanza superior del estado a ese momento: la Universidad Nacional y el\nInstituto Tecnológico de Costa Rica. De hecho, esta reforma al artículo 111\nconstitucional, tramitada bajo el expediente legislativo N° 5719 y dictaminada\npor la Comisión de Gobierno y Administración, se enmarca dentro de una amplia\nreforma a varios numerales relacionados con la educación superior estatal,\nrazón por la cual la independencia de poderes no fue discutida en esta\noportunidad, al menos en las piezas reconstruidas por el archivo de la Asamblea\nLegislativa.\n\nEs a la\nluz de esta comprensión del numeral 111 constitucional, que procede analizar la\npresente consulta.\n\nIII.-Sobre\nla consulta planteada por la Diputada Maureen Ballestero Vargas: La señora\nDiputada Ballestero Vargas consulta si su designación para integrar la Comisión\nPaz con la Naturaleza, contraviene la prohibición del artículo 111 de la\nConstitución Política. Dos razones asisten a este Tribunal para concluir que la\naceptación de dicho cargo sí quebrantaría el numeral de cita:\n\n1.  La primera razón para entender que la aceptación de la\nreferida designación sí está prohibida por el artículo 111 de la Constitución\nPolítica, es el hecho de que la Comisión Paz con la Naturaleza es una comisión\npresidencial, lo que la ubica dentro de la categoría de lugares en los que a\nlos diputados les esta vedado aceptar cargos, esto es, otros poderes del estado\ne instituciones autónomas.\n\nLa\nComisión Paz con la Naturaleza fue creada por el Presidente de la República y\nel Ministro de la Presidencia mediante decreto ejecutivo N° 33487-MP, publicado\nen La Gaceta N° 250 del 29 de diciembre de 2006. La Comisión se enmarca\ndentro de una estructura tripartita compuesta por esta, por el comité ejecutivo\ny por la oficina ejecutiva, adscrita la última, a la Presidencia de la República,\npara que dé soporte secretarial a la Comisión y al Comité.\n\nLa Ley\nGeneral de la Administración Pública (Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978,\npublicada en La Gaceta N° 102 de 30 de mayo del 1978), en su artículo\n26, autoriza al Presidente de la República la conformación de este tipo de\ncomisiones:\n\n\"Artículo 26.-El Presidente de la República ejercerá en forma\nexclusiva las siguientes atribuciones:\n\n.\n\ng)  Nombrar las comisiones auxiliares o de trabajo transitorias o\npermanentes que estime necesarias...\".\n\nComo se\nve, la invocación de este numeral para la creación de la Comisión Paz con la\nNaturaleza, evidencia que se trata de una comisión presidencial, un órgano del\npoder ejecutivo adscrito a la Presidencia de la Republica y que puede ser\ncreada por decreto en tanto supone distribución de competencias internas que no\ninvolucran de potestades de imperio frente a los administrados.\n\nEs\nclaro, entonces, que la Comisión Paz con la Naturaleza no solo no puede\nubicarse dentro de ninguna de las excepciones del artículo 111 constitucional\nsino que, por el contrario, se inserta en un Poder de la Republica, en el\nejecutivo, que, como se lee en las actas referidas de la Asamblea Nacional\nConstituyente, era del que mas se quería alejar a los diputados. De hecho, dentro\ndel poder ejecutivo, esta comisión se ubica en la propia Presidencia de la\nRepublica, constituyendo por ello el mejor ejemplo del tipo de espacios de los\nque el constituyente quiso alejar a los legisladores.\n\n2.  La segunda razón para entender que la aceptación del cargo\nque se consulta esta prohibida por el artículo 111 de la Constitución Política,\nes que su desempeño frustraría el espíritu constituyente recogido por esta\nnorma. Como se dijo en el considerando segundo, el constituyente reformuló el\nprecedente normativo (artículo 80 de la Constitución de 1871), con el propósito\nde evitar cualquier forma de subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo.\nAdvertían los señores constituyentes del peligro que representaba, para la\nindependencia de poderes, el que el presidente recurriera al halago o a la\npresión, a través de designaciones especiales o de la sustracción de\nlegisladores para colocarlos bajo su dirección jerárquica.\n\nPor ello, puede afirmarse que el espíritu de la\nnorma es favorecer el profesionalismo de la función legislativa y más\nimportante aún, garantizar su independencia respecto del poder ejecutivo. Desde\nluego que, en tanto el artículo refiere a \"los otros Poderes del Estado\" el\nPoder Judicial esta incluido (también se quiso evitar que en rangos inferiores,\na lo interno de la administración publica, el legislador gozara de influencias\nindebidas gracias a su investidura de diputado), pero el acento de la norma lo\nes en la relación legisladores-Poder Ejecutivo, lo cual explica, además, lo\nreferente a las instituciones autónomas, sobre las que el Presidente de la\nRepublica ejerce mecanismos de tutela administrativa.\n\nLa\nComisión Paz con la Naturaleza esta prevista, en los términos del artículo 1 de\nsu decreto de creación, para que \"asesore y apoye al Presidente de la\nRepública en la toma de decisiones y el desarrollo de las actividades\nnecesarias para la puesta en marcha de la iniciativa Paz con la Naturaleza\"; a\nlo que el artículo 2 agrega: \"fungirá como foro máximo de discusión y\naprobación de las iniciativas a ser presentadas a consideración del Presidente\nde la República\" Con esto, si la diputada Ballestero Vargas formara parte\nde la Comisión para la que fue designada, no solo participaría de labores\npropias del ejecutivo sino que también esto la ubicaría en posición de\nsubordinación respecto del Presidente de la República quien sería, para los\nefectos de la labor de dicha comisión, su superior jerárquico. Es, ciertamente,\nuna forma de sometimiento que el constituyente, por desaconsejable para la independencia\nde poderes, vedó a los señores y señoras diputadas.\n\nPrecisamente,\nlos artículos 59 incisos 2) y 3), y 103 inciso 1) de la Ley General de la\nAdministración Pública prescriben:\n\n \n\n\"Artículo 59.-\n\n1. \n\n2.  La distribución interna de competencias, así como la creación\nde servicios sin potestades de imperio, se podrá hacer por reglamento autónomo,\npero el mismo estará subordinado a cualquier ley futura sobre la materia.\n\n3.  Las relaciones entre órganos podrán\nser reguladas mediante reglamento autónomo, que estará también subordinado a\ncualquier ley futura.\n\n \n\nArtículo 103.-\n\n1.  El jerarca o superior jerárquico supremo tendrá, además la\nrepresentación extrajudicial de la administración pública en su ramo y el poder\nde organizar esta mediante reglamentos autónomos de organización y de\nservicio, internos o externos, siempre que, en este último caso, la actividad\nregulada no implique el uso de potestades de imperio frente administrado. (El\nresaltado es nuestro).\n\nNuevamente, la propia invocación, en el Decreto\nEjecutivo N° 33487-MP, de estos numerales de la Ley General de la\nAdministración Pública, confirman lo que se viene diciendo: la Comisión Paz con\nla Naturaleza y por ende, sus miembros, se ubican, en virtud del acto normativo\nque las crea, en posición de subordinación respecto del Presidente de la\nRepublica, quien es, para todos los efectos, su superior jerárquico.\n\nEn síntesis, en tanto el desempeño como miembro de\nla Comisión Paz con la Naturaleza, colocarla a la diputada consultante en la\nposición de realizar funciones dentro del poder ejecutivo y asimismo, en la de\nsubordinación respecto del Presidente de la Republica, se configuraría la\namenaza de su independencia como legisladora, en los términos que el\nconstituyente quiso proteger. Razón, esta, para concluir que la aceptación de\ndicho cargo quebrantaría el impedimento establecido en el artículo 111 de la\nConstitución Política. Por tanto,\n\nLa\naceptación de la designación como miembro de la Comisión Paz con la Naturaleza,\npor parte de un diputado, contravendría la prohibición establecida en el\nartículo 111 de la Constitución Política. Comuníquese en la forma establecida\nen el inciso c) del artículo 19 del Código Electoral. Notifíquese.",
  "body_en_text": "in the entirety of the text\n\n                    -\n\n                        Complete Text of Norm 640\n\n                        Consultation regarding the designation of a Deputy as a member of the\nPeace with Nature Commission\n\nComplete Text of record: B798B\nN° 640-E8-2008\n\nN° 640-E8-2008.-Supreme Electoral Tribunal.-San\nJosé, at fourteen hours and fifteen minutes on the twentieth of February, two thousand and eight.\n\nConsultation made by Mrs. Maureen Ballestero\nVargas, Deputy, regarding her designation as a member of the Peace\nwith Nature Commission.\n\nWhereas:\n\n1º-In a document received in the Secretariat of this\nTribunal on February 21, 2007, Mrs. Maureen Ballestero Vargas,\nDeputy, consults whether being a member of the Peace with Nature Commission would be\ncontrary to the provisions of Article 111 of our Political Constitution.\n\n2º-In\nthe proceeding, the prescriptions of law have been observed and no\ndefects capable of invalidating what has been done are noted.\n\nDrafted by\nMagistrate Sobrado González; and,\n\nConsidering:\n\nI.-On the standing of the consultant:\nRegarding the standing to raise requests for interpretation or consultations\nsuch as the present one, this Tribunal established, among others, since resolution\nN° 1748-99 at 15:30 hours on August 31, 1999, the following:\n\n\"Subsection 3) of Article 102 of the Political Constitution recognizes,\nin the head of the Supreme Electoral Tribunal, the function of interpreting\nexclusively and obligatorily the constitutional and legal provisions\nconcerning electoral matters, which prevents the Legislative Assembly from\nauthentic interpretation, as recognized by its Article 121, subsection 1).\n\nSubsection c) of Article 19 of the Electoral Code,\nin developing that precept, provides what is relevant: 'Such\ninterpretations may be given ex officio or at the request of the members of the\nSuperior Executive Committee of registered political parties.'\n\n'It is inferred from the previous provisions that,\nin our legislation, only political parties, through their Superior Executive\nCommittee, have standing to provoke an\ninterpretative declaration' (the emphasis is ours).\n\nBy virtue of the above, the present consultation, in principle,\nwould be inadmissible, as the requester lacks standing to\nrequest the interpretative declaration of this Tribunal. However,\nattending to the power of ex officio interpretation provided for in subsection c)\nof Article 19 of the Electoral Code - a power that was clarified by this\nTribunal in resolution N° 1863, at 09:40 hours on September 23,\n1999, in which it specified the terms under which it proceeded -, the following interpretation is rendered, in an\nex officio manner.\n\nII.-On the prohibition for deputies from\naccepting positions or employments, contained in Article 111 of the Political Constitution:\nArticle 111 of the Political Constitution states:\n\nNo deputy may accept, after having been sworn in, under penalty of\nforfeiting their credentials, a position or employment in the other branches of state or in the\nautonomous institutions, except when it concerns a Government Ministry. In\nthis case, they shall rejoin the Assembly upon ceasing their functions.\n\nThis prohibition does not apply to those who are called\nto be part of international delegations, nor to those who hold\npositions in charitable institutions, or are professors of the University\nof Costa Rica or in other institutions of higher education of the state.\n\nIn order to clarify the situation raised,\nit is appropriate to specify the content of the prohibition established in Article 111\nof the Political Constitution, which prevents deputies from accepting positions in other\nbranches of state or in the autonomous institutions; this in light of its\nnormative evolution from its original drafting by the National Constituent\nAssembly, in 1949 and going through two constitutional reforms.\n\nThe constituent deputies in 1949, based on\nArticle 80 of the 1871 Constitution, shaped this numeral 111 in three\nsessions (ordinary session held on May 9, 1949, record N° 63; ordinary session\nheld on May 10, 1949, record N° 64; ordinary session\nheld on June 27, 1949; record N° 97). Its original wording is\nthe following:\n\n\"No Deputy may accept, under penalty of forfeiting their credentials, a\nposition or employment in the other branches of state or in the autonomous\ninstitutions, except when it concerns a Government Ministry. In this case, they\nshall rejoin the Assembly upon ceasing their functions.\n\nThis prohibition does not apply to those who hold\npositions in charitable institutions, or are professors of the University\nof Costa Rica.\"\n\nAs can be seen, the structure of the article is\nsimple. It establishes the general prohibition that deputies cannot\nhold public positions (in other branches of state nor in the autonomous\ninstitutions), the sanction that this entails, and three exceptions (government\nministries, charitable institutions, and teaching at the University of Costa\nRica).\n\nThe inspiration of the constituent power lies in the\nneed to guarantee the independence and professionalism of the legislative\nfunction. The center of the debate revolved around the advisability of the\nexceptions raised to the general prohibition, except regarding\ncharitable institutions, about which there was no conflict. That is, there was\ncontroversy regarding the exercise of teaching at the University of\nCosta Rica, which was approved; in secondary educational centers, which\nwas rejected; in diplomatic missions, which was rejected; and in government\nministries, which was approved. The main concern of the gentlemen\nconstituents was the risk that the deputy who exercised that other position\nwould see their independence diminished with respect to the executive and, thereby, the\nindependence of the Legislative Branch itself would be affected.\n\nAlmost fourteen years later, the Legislative Assembly\nreformed constitutional Article 111 through Law N° 3118 of May 16,\n1963, so that it read as follows:\n\n\"No deputy may accept, after having been sworn in, under penalty of\nforfeiting their credentials, a position or employment in the other branches of state or in the\nautonomous institutions, except when it concerns a Government Ministry. In\nthis case, they shall rejoin the Assembly upon ceasing their functions.\n\nThis prohibition does not apply to those called to\nbe part of delegations formed by the Executive Branch to attend\ninternational conferences, nor to those who hold positions in\ncharitable institutions, or are professors of the University of Costa\nRica.\" (the emphasis is ours).\n\nThe initiative for this constitutional reform was raised\nby Deputy Alberto Cañas Escalante and was based on the fact that the limitation\nthat prevented legislators from being part of the country's diplomatic\nrepresentations was a counterproductive anachronism for the interests of Costa Rica,\ngiven that, at that time, nations were increasingly tightening\nties among themselves. The favorable opinion of the reform project, processed in\nlegislative file N° 221, by the Special Commission, was welcomed\nby the plenary which, after the respective debates, approved the reform.\n\nFinally,\nthe article acquired its current wording after the constitutional reform\ncarried out through Law N° 5697 of June 9, 1975, on the initiative, among\nothers, of Deputy Sandoval Aguilar:\n\n\"No deputy may accept, after having been\nsworn in, under penalty of forfeiting their credentials, a position or employment in the other\nbranches of state or in the autonomous institutions, except when it concerns\na Government Ministry. In this case, they shall rejoin the Assembly upon ceasing\ntheir functions.\n\nThis\nprohibition does not apply to those called to be part of international\ndelegations, nor to those who hold positions in charitable\ninstitutions, or are professors of the University of Costa Rica or in other\ninstitutions of higher education of the state.\"\n\nAs\ncan be seen, it was a reform of lesser transcendence for the issue of the\nseparation of powers, which only semantically modified what was provided concerning\ninternational delegations (about which information is lacking, since\nthe legislative file was lost and in the reconstruction no discussion on the matter\nappears) and an expansion of the exception referring to the\nUniversity of Costa Rica, so that it covered the two new state higher\neducation centers at that time: the Universidad Nacional and the\nInstituto Tecnológico de Costa Rica. In fact, this reform to constitutional Article\n111, processed under legislative file N° 5719 and recommended\nby the Government and Administration Commission, is framed within a broad\nreform of several articles related to state higher education,\nwhich is why the separation of powers was not discussed on this\noccasion, at least in the pieces reconstructed by the archive of the Legislative\nAssembly.\n\nIt is in\nlight of this understanding of constitutional numeral 111 that it is appropriate to analyze the\npresent consultation.\n\nIII.-Regarding\nthe consultation raised by Deputy Maureen Ballestero Vargas: Deputy\nBallestero Vargas consults whether her designation to be part of the Peace\nwith Nature Commission contravenes the prohibition of Article 111 of the\nPolitical Constitution. Two reasons assist this Tribunal in concluding that the\nacceptance of said position would indeed breach the cited numeral:\n\n1.  The first reason for understanding that the acceptance of the\naforementioned designation is indeed prohibited by Article 111 of the Political Constitution\nis the fact that the Peace with Nature Commission is a presidential\ncommission, which places it within the category of places in which\ndeputies are forbidden from accepting positions, that is, other branches of state\nand autonomous institutions.\n\nThe\nPeace with Nature Commission was created by the President of the Republic and\nthe Minister of the Presidency through Executive Decree N° 33487-MP, published\nin La Gaceta N° 250 of December 29, 2006. The Commission is framed\nwithin a tripartite structure composed of the Commission itself, the executive committee,\nand the executive office, the latter attached to the Presidency of the Republic,\nto provide secretarial support to the Commission and the Committee.\n\nThe General\nLaw of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) (Law N° 6227 of May 2, 1978,\npublished in La Gaceta N° 102 of May 30, 1978), in its Article\n26, authorizes the President of the Republic to form this type of\ncommissions:\n\n\"Article 26.-The President of the Republic shall exercise in an\nexclusive manner the following attributions:\n\n.\n\ng)  Appoint the auxiliary or working commissions, transitory or\npermanent, that they deem necessary...\"\n\nAs is\nseen, the invocation of this numeral for the creation of the Peace with Nature\nCommission demonstrates that it is a presidential commission, a body of the\nexecutive branch attached to the Presidency of the Republic and that can be\ncreated by decree insofar as it involves the distribution of internal competencies that do not\ninvolve powers of authority (potestades de imperio) before the citizens.\n\nIt is\nclear, then, that the Peace with Nature Commission not only cannot\nbe placed within any of the exceptions of constitutional Article 111\nbut, on the contrary, is inserted into a Branch of the Republic, the\nexecutive, which, as is read in the referred records of the National Constituent\nAssembly, was the one from which the deputies were most desired to be kept away. In fact, within\nthe executive branch, this commission is located in the very Presidency of the\nRepublic, thereby constituting the best example of the type of spaces\nfrom which the constituent power wanted to keep the legislators away.\n\n2.  The second reason for understanding that the acceptance of the position\nbeing consulted is prohibited by Article 111 of the Political Constitution,\nis that its performance would frustrate the constituent spirit embodied by this\nnorm. As was stated in the second considering section (considerando), the constituent power reformulated the\nnormative precedent (Article 80 of the 1871 Constitution), with the purpose\nof avoiding any form of subordination of the Legislative Branch to the Executive.\nThe gentlemen constituents warned of the danger represented, for the\nseparation of powers, by the president resorting to flattery or\npressure, through special designations or the removal of\nlegislators to place them under their hierarchical direction.\n\nTherefore, it can be affirmed that the spirit of the\nnorm is to favor the professionalism of the legislative function and, more\nimportantly, to guarantee its independence from the executive branch. Of\ncourse, although the article refers to \"the other Branches of State,\" the\nJudicial Branch is included (it was also desired to prevent the legislator, in lower ranks\nwithin the public administration, from enjoying undue\ninfluences thanks to their investiture as deputy), but the accent of the norm\nis on the legislators-Executive Branch relationship, which also explains\nthe matter of the autonomous institutions, over which the President of the\nRepublic exercises administrative oversight mechanisms.\n\nThe\nPeace with Nature Commission is envisioned, in the terms of Article 1 of\nits creation decree, to \"advise and support the President of the\nRepublic in decision-making and the development of the activities\nnecessary for the implementation of the Peace with Nature initiative\"; to\nwhich Article 2 adds: \"it will serve as the maximum forum for discussion and\napproval of the initiatives to be presented for consideration to the President\nof the Republic.\" With this, if Deputy Ballestero Vargas were to form part\nof the Commission for which she was designated, she would not only participate in tasks\nproper to the executive but also this would place her in a position of\nsubordination with respect to the President of the Republic who would be, for\nthe purposes of the work of said commission, her hierarchical superior. It is, certainly,\na form of submission that the constituent power, being inadvisable for the separation\nof powers, prohibited to the deputies.\n\nPrecisely,\nArticles 59 subsections 2) and 3), and 103 subsection 1) of the General Law of\nPublic Administration prescribe:\n\n\"Article 59.-\n\n1.  \n\n2.  The internal distribution of competencies, as well as the creation\nof services without powers of authority (potestades de imperio), may be done by autonomous regulation (reglamento autónomo),\nbut the same shall be subordinate to any future law on the matter.\n\n3.  The relations between bodies may\nbe regulated through autonomous regulation (reglamento autónomo), which shall also be subordinate to\nany future law.\n\nArticle 103.-\n\n1.  The person with the highest authority or supreme hierarchical superior shall also have the\nextrajudicial representation of the public administration in their branch and the power\nto organize it through autonomous regulations of organization and\nservice, internal or external, provided that, in this latter case, the\nregulated activity does not imply the use of powers of authority (potestades de imperio) against citizens. (The\nemphasis is ours).\n\nAgain, the very invocation, in Executive\nDecree N° 33487-MP, of these numerals of the General Law of\nPublic Administration, confirms what has been stated: the Peace with Nature\nCommission and therefore, its members, are placed, by virtue of the normative act\nthat creates them, in a position of subordination with respect to the President of the\nRepublic, who is, for all purposes, their hierarchical superior.\n\nIn summary, insofar as serving as a member of\nthe Peace with Nature Commission would place the consulting deputy in the\nposition of performing functions within the executive branch and likewise, in that of\nsubordination with respect to the President of the Republic, the\nthreat to her independence as a legislator would materialize, in the terms that the\nconstituent power sought to protect. This is the reason to conclude that the acceptance of\nsaid position would breach the impediment established in Article 111 of the\nPolitical Constitution. Therefore,\n\nThe\nacceptance of the designation as a member of the Peace with Nature Commission,\nby a deputy, would contravene the prohibition established in\nArticle 111 of the Political Constitution. Let it be communicated in the manner established\nin subsection c) of Article 19 of the Electoral Code. Let it be notified."
}