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  "id": "norm-64542",
  "citation": "Acuerdo 512",
  "section": "norms",
  "doc_type": "agreement",
  "title_es": "Modificación del Acuerdo de Junta Directiva 2006-615 sobre Vulnerabilidad de Acuíferos del Valle Central",
  "title_en": "Amendment of Board Agreement 2006-615 on Aquifer Vulnerability in the Central Valley",
  "summary_es": "El Acuerdo 2008-512 del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) modifica el acuerdo anterior 2006-615, que establecía restricciones de uso del suelo según la vulnerabilidad de los acuíferos en el Valle Central. La modificación surge ante la rigidez del acuerdo original, que exigía sistemas de alcantarillado con planta de tratamiento para todos los desarrollos habitacionales dentro del área del mapa, sin considerar la viabilidad técnica o la inversión del administrado. El nuevo acuerdo introduce una matriz de criterios más flexible, basada en un criterio técnico del SENARA de 2008, que permite evaluar caso por caso aspectos como la aptitud del suelo para tanques sépticos, la existencia de red de alcantarillado en calle pública, la imposibilidad de construir planta de tratamiento y si el proyecto está dentro de áreas ya servidas. Se mantiene la obligación de obtener viabilidad ambiental de SETENA y demás permisos. La reforma busca brindar certeza jurídica y evitar exigencias contradictorias con la ciencia y la técnica, en consonancia con los principios de razonabilidad y prevención de daño ambiental.",
  "summary_en": "Agreement 2008-512 of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) amends the prior Agreement 2006-615, which imposed land-use restrictions based on aquifer vulnerability in the Central Valley. The amendment addresses the rigidity of the original agreement, which required sewer systems with treatment plants for all housing developments within the mapped area, without considering technical feasibility or the developer's investment. The new agreement introduces a more flexible criteria matrix, based on a 2008 technical criterion from SENARA, allowing case-by-case evaluation of factors such as soil suitability for septic tanks, existence of a public sewer network, impossibility of building a treatment plant, and whether the project lies within already serviced areas. The obligation to obtain environmental viability from SETENA and other permits is maintained. The reform aims to provide legal certainty and avoid requirements contrary to science and technique, in line with principles of reasonableness and prevention of environmental harm.",
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  "date": "11/11/2008",
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    "water-law",
    "environmental-law-7554"
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    "viabilidad ambiental (SETENA)",
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    "acuíferos",
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    "aguas subterráneas",
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    "precautionary principle"
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  "excerpt_es": "3º-La nueva categoría de Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico, brinda una mayor claridad y posibilidad de consideración de los siguientes aspectos: a) la viabilidad técnica-administrativa-operativa de que el desarrollador construya una planta de tratamiento; b) si frente a la propiedad se encuentra red prevista en Calle Pública, que es administrada por el AyA; c) Si el área y localización del Proyecto NO permiten la construcción de una Planta de Tratamiento; d) si los proyectos citados se localizan como \"lotes\", dentro de Proyectos Urbanísticos recibidos por el AyA; e) Si la zona en donde se localiza el Proyecto esta dentro del proyecto de área de cobertura del JBIC, \"Contrato de Préstamo Externo Nº CR-P4 con el Banco Japonés para la Cooperación Internacional\"; f) si el suelo es apto para la utilización de tanque séptico. En caso de presentarse los elementos anteriores, en aplicación de los principios de razonabilidad, ciencia y la técnica, resulta procedente NO EXIGIR EL REQUISITO DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES POR MEDIO DE PLANTA DE TRATAMIENTO. Por tanto:\n\nDe acuerdo a lo estipulado en los artículos 6, 11, 18, 21, 33, 45, 50, 69, 89, 128, 188 de la Constitución Política; 1, 2, 8, 264 al 278, 285 al 321 de la Ley General de Salud Nº 5395 del 30 de octubre de 1973; artículos 17, 31,32, 33 y concordantes de la Ley de Aguas Nº 276 del 27 de Agosto de 1942; Ley General de Aguas Potables Nº 1634 del 18 de setiembre de 1953, artículo 4 de la Ley Forestal; artículo 132 de la Ley de Vida Silvestre; artículos 4 y 5 de la Ley Nº 6622 del 27 de agosto de 1981; artículos 1, 2, 3, 4, 5, 11, 21, 22, 23 y 26 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y artículo 4º del Reglamento 30413-MP-MINAE-S-MEIC (Reglamento Sectorial para la Regulación de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario), Primero: Se modifica la Tabla Dictaminada en el acuerdo Nº 2006-615 de la Junta Directiva del AyA, de asignaciones de uso, para diferentes grados de vulnerabilidad. Con fundamento en el Criterio Técnico SB-ADI-2008-179, deberá aplicarse la siguiente nueva categoría de matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico, con la finalidad de que brinde certeza al momento de resolver toda solicitud del administrado, tendiente a la aprobación de desarrollos habitacionales, considerando además los siguientes aspectos: A) La Viabilidad Técnica-Administrativa-Operativa de que el desarrollador construya una planta de tratamiento; B) Si frente a la propiedad se encuentra red prevista en calle pública, que es administrada por el AyA; C) Si el área y localización del proyecto no permiten la construcción de una planta de tratamiento; D) Si los proyectos citados se localizan como \"lotes\", dentro de proyectos urbanísticos recibidos por el AyA; E) Si la zona en donde se localiza el proyecto esta dentro del Proyecto de Área de Cobertura del JBIC, \"Contrato de Préstamo Externo Nº CR-P4 con el Banco Japonés para la Cooperación Internacional\"; F) Si el suelo es apto para la utilización de tanque séptico.\n\nNOTA:  En todos los casos considerados en esta tabla, se debe cumplir con el trámite de aprobación de viabilidad ambiental por parte de SETENA. En todos los casos se debe cumplir con todos los permisos que los diferentes entes soliciten.\n            En todos los casos se debe cumplir con el reglamento de vertidos.\n            Se debe respetar las áreas de protección establecidas por Ley para las nacientes, pozos, riberas de los ríos y otras afectaciones especiales establecidas por ley.\n            La clasificación de agroquímicos en cuanto a la toxicidad, movilidad y persistencia será la aplicada por los entes autorizados, como el Ministerio de Salud.\n\nEn todo lo demás se mantiene vigente lo dictaminado en el acuerdo Nº 2006-615. Notifíquese. Publíquese.",
  "excerpt_en": "The new category of Land Use Criteria Matrix according to the vulnerability to aquifer contamination for the Protection of Water Resources provides greater clarity and the possibility of considering the following aspects: a) the technical-administrative-operational feasibility for the developer to build a treatment plant; b) if there is a planned network on a public road in front of the property, administered by AyA; c) if the area and location of the Project do NOT allow the construction of a Treatment Plant; d) if the cited projects are located as \"lots\" within Urban Development Projects accepted by AyA; e) if the zone where the Project is located is within the JBIC coverage area project, \"External Loan Contract No. CR-P4 with the Japanese Bank for International Cooperation\"; f) if the soil is suitable for the use of a septic tank. In the event that the above elements are present, applying the principles of reasonableness, science and technique, it is appropriate NOT TO REQUIRE THE TREATMENT OF WASTEWATER BY MEANS OF A TREATMENT PLANT. Therefore:\n\nIn accordance with the provisions of articles 6, 11, 18, 21, 33, 45, 50, 69, 89, 128, 188 of the Political Constitution; 1, 2, 8, 264 to 278, 285 to 321 of the General Health Law No. 5395 of October 30, 1973; articles 17, 31, 32, 33 and concordant of the Water Law No. 276 of August 27, 1942; General Law of Drinking Water No. 1634 of September 18, 1953, article 4 of the Forestry Law; article 132 of the Wildlife Law; articles 4 and 5 of Law No. 6622 of August 27, 1981; articles 1, 2, 3, 4, 5, 11, 21, 22, 23 and 26 of the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and article 4 of Regulation 30413-MP-MINAE-S-MEIC (Sectoral Regulation for the Regulation of Aqueduct and Sanitary Sewer Services), First: The Table stated in Agreement No. 2006-615 of the AyA Board of Directors, of use assignments for different degrees of vulnerability, is modified. Based on Technical Criterion SB-ADI-2008-179, the following new category of land use criteria matrix according to the vulnerability to aquifer contamination for the protection of water resources shall be applied, with the purpose of providing certainty when resolving any application from the administered party, aimed at the approval of housing developments, also considering the following aspects: A) The Technical-Administrative-Operational Feasibility for the developer to build a treatment plant; B) If there is a planned network on a public road in front of the property, administered by AyA; C) If the area and location of the project do not allow the construction of a treatment plant; D) If the cited projects are located as \"lots\" within urban development projects accepted by AyA; E) If the zone where the project is located is within the JBIC Coverage Area Project, \"External Loan Contract No. CR-P4 with the Japanese Bank for International Cooperation\"; F) If the soil is suitable for the use of a septic tank.\n\nNOTE: In all cases considered in this table, the environmental viability approval process by SETENA must be completed. In all cases, all permits requested by the different entities must be obtained.\n            In all cases, the discharge regulations must be complied with.\n            The protection areas established by Law for springs, wells, riverbanks and other special encumbrances established by law must be respected.\n            The classification of agrochemicals regarding toxicity, mobility and persistence shall be that applied by authorized entities, such as the Ministry of Health.\n\nIn all other respects, what was stated in Agreement No. 2006-615 remains in force. Notify. Publish.",
  "outcome": {
    "label_en": "Active norm",
    "label_es": "Norma vigente",
    "summary_en": "The land use assignment table established in Agreement 2006-615 is modified by adopting a more flexible criteria matrix that allows, under certain technical conditions, not requiring a wastewater treatment plant for housing developments in the Central Valley.",
    "summary_es": "Se modifica la tabla de asignación de uso del suelo establecida en el Acuerdo 2006-615, adoptando una matriz de criterios más flexible que permite, bajo ciertas condiciones técnicas, no exigir planta de tratamiento de aguas residuales en desarrollos habitacionales en el Valle Central."
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  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando 3º",
      "quote_en": "In applying the principles of reasonableness, science and technique, it is appropriate NOT TO REQUIRE THE TREATMENT OF WASTEWATER BY MEANS OF A TREATMENT PLANT.",
      "quote_es": "En aplicación de los principios de razonabilidad, ciencia y la técnica, resulta procedente NO EXIGIR EL REQUISITO DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES POR MEDIO DE PLANTA DE TRATAMIENTO."
    },
    {
      "context": "Resultando 4º",
      "quote_en": "The prevention of environmental damage as a constitutional precept (...) must respect the precautionary and preventive principle, ensuring that the Environment will not be affected by future urban developments.",
      "quote_es": "La prevención del daño ambiental como precepto constitucional (...) debe respetar el principio precautorio y preventivo, teniendo garantía de que el Ambiente no será afectado con los futuros desarrollos urbanísticos."
    },
    {
      "context": "Considerando 1º",
      "quote_en": "The activity of public entities must be aimed at seeking and ensuring efficiency, continuity and adaptation to social needs, applying the interpretation and integration provided in article 7 of the same legal body.",
      "quote_es": "la actividad de los entes públicos, debe ir encaminada a buscar y asegurar la eficiencia, continuidad y adaptación a la necesidad social, aplicando la interpretación e integración dictaminada en el artículo 7º del mismo cuerpo legal"
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        "label": "Ley de Aguas Nº 276  Art. 31"
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Por ello el Estado debe\nrespetar el principio precautorio y preventivo, teniendo garantía de que el\nAmbiente no será afectado con los futuros desarrollos urbanísticos.\n\n5º-El SENARA, realizó el Estudio Mapa\nHidrogeológico del Valle Central de Costa Rica, remitido mediante oficio ASUB\n351-2006, Asignación de Uso, para diferentes grados de vulnerabilidad y con\nfundamento en este Estudio,\nla Junta Directiva del AyA tomó el acuerdo Nº\n2006-615.\n\n6º-Manifiesta\nla Ley de Creación del Servicio\nNacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento Nº 6877, en su artículo 3º,\nincisos h) e i), corresponde a SENARA:\n\n\"(....)\n\nh) Vigilar el cumplimiento de las\ndisposiciones legales en las materias de su incumbencia. Las decisiones que por\nese motivo tome el Servicio, referentes a la perforación de pozos, y a la\nexplotación, mantenimiento y protección de las aguas -que realicen las\ninstituciones públicas y los particulares- serán definitivas y de\nacatamiento obligatorio. No obstante, tales decisiones podrán apelarse\ndentro del décimo día por razones de ilegalidad, para ante el Tribunal Superior\nContencioso administrativo. El Tribunal resolverá en un plazo no mayor de\nnoventa días.\n\ni) Suministrar asesoramiento técnico y servicios a instituciones\npúblicas y a particulares. Cuando el asesoramiento y la prestación de servicios\na las citadas instituciones no estén concebidos en los programas y proyectos\ndel Servicio, lo mismo que cuando se brinden a particulares, éste cobrará las\ntarifas que fije con la aprobación de\nla Contraloría General\nde la República.\n\n(...)\"\n\n7º-Que el acuerdo Nº 2006-615, establece\nen su por tanto segundo: \"...Se acuerda dotar de los recursos necesarios a\nla Dirección de\nGestión Ambiental para que mantenga actualizados los estudios técnicos y el\nmapa hidrogeológico del Valle Central de Costa Rica, asimismo deberá coordinar\nla Dirección de\nGestión Ambiental y el Departamento de Urbanizaciones, con el SENARA, SETENA,\nINVU, MINSA, Municipalidades del Valle Central, su aplicación para la\nresolución de las peticiones, presentadas por el administrado tendiente a la\naprobación de desarrollos habitacionales...\"\n\n8º-Mediante oficio Nº SB-ADI-2008-179 de\nfecha 31 de octubre del 2008, de\nla Subgerencia Ambiente,\nDesarrollo, se pone en conocimiento la nueva categoría de Matriz de Criterios\nde Uso del Suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de Acuíferos para\nla Protección del\nRecurso Hídrico, puesta en conocimiento al AyA mediante oficios Nos.\nASUB-0291-2008 del 22 de julio del 2008, ASUB-220-08 del 21 de mayo del 2008, y\nASUB-414-2008, del 26 de setiembre del 2008, concluyendo:\n\n\"Debido a que la aplicación irrestricta\ndel acuerdo Nº 2006-615 que ordena: \"....la aplicación del mapa hidrogeológico\ndel Valle Central\" ha creado confusión de criterios dentro de\nla Institución\n(Departamento de Urbanizaciones, Comisión de Exoneraciones de Alcantarillado\nSanitario) y una ausencia de reconocimiento de las potestades de SETENA, ya\nque: 1. Por un lado, proyectos sometidos a evaluación ambiental y con\nla Viabilidad Ambiental\notorgada, una vez que son sometidos a aprobación en AyA, se le solicitan los\nmismos estudios que ya fueron evaluados en SETENA y que involucran además, el\nanálisis de factores ambientales que podrían afectar el entorno ambiental del\nproyecto, incluyendo el recurso hídrico (Superficial o Subterráneo)... 2. Es\nclaro, que la lógica del flujo de trámites del proyecto, lo lleve primero a la\nevaluación ambiental con el fin de estar claros si el proyecto es viable\nambientalmente; con respecto a las aguas residuales, los estudios van más allá\nde simples pruebas de infiltración, como lo es el análisis del tránsito de\ncontaminantes orgánicos, cuyos resultados pueden ser congruentes con la\nutilización de tanque sépticos para el tratamiento de las aguas residuales que\nproduzcan los futuros habitantes de un determinado desarrollo... 3. En algunos\ncasos, ante una solicitud de exoneración, se solicitan estudios adicionales,\npara luego indicarle al administrado, que el proyectos e ubica dentro del área\nque involucra el mapa hidrogeológico y por lo tanto, no procede la exoneración,\nsin importar la inversión adicional que realizado aquél. Más aún, algunas veces\nlos estudios indican que el proyecto puede utilizar tanques sépticos para el\ntratamiento de las aguas domésticas y sin embargo, esto no es tenido en cuenta\ny se ordena la construcción de plantas de tratamiento, sin la visión clara de\nquién será el que administre la citada planta. 4. Por otro lado,\nla Procuraduría General\nde la República\nha indicado que los sistemas de tratamiento de aguas residuales, deben ser\nasumidos y operados por\nla Institución. La atomización de estos sistemas (a\nla luz del acuerdo de Junta Directiva, todos los desarrollos urbanísticos\ndentro del Valle Central deben llevar planta de tratamiento), hace\nmaterialmente imposible que el AyA los asuma... 5. El mapa emitido por SENARA,\nes muy general y a una escala inapropiada para la toma de decisiones puntuales;\na lo cual se le puede adicionar la falta de claridad en cuanto a la\nclasificación de las diferentes zonas de vulnerabilidad, por cuanto para\ncualquiera de las zonas (Alta, Media o Baja), se solicita sin discriminación,\nla \"construcción de sistemas de alcantarillado con planta de tratamiento\", de\neste aspecto, están claros funcionarios del SENARA. Tanto así, que es de\nreciente data (22 de julio del 2008) el cambio de criterio de SENARA con\nrespecto a lo indicado en la\n Tabla de Vulnerabilidades, esto, como resultado de una\nconsulta que realiza directamente un desarrollador al SENARA, con respecto a un\nproyecto que se ubica en la zona de Grecia de Alajuela y que está dentro del\nmapa general en el que se basa el acuerdo. En este caso, el SENARA indica que:\n\"...la zona no cuenta con mapas de recarga acuífera ni de vulnerabilidad a la\ncontaminación del recurso hídrico\", desconociendo de esta manera el mapa que el\nSENARA mismo trazó y segundo, lo que la lógica indica, se le solicitó al\ndesarrollador hacer un estudio específico para el área circundante del\nproyecto, dando como resultado que efectivamente, el área es de baja\nvulnerabilidad y por lo tanto, la nota resolutoria de SENARA a la letra dice:\n\"...De acuerdo a la matriz de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad\na la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico, en el\ncaso de sistemas urbanísticos y condominales sin alcantarillado y sin planta\nde tratamiento, en una zona de vulnerabilidad a la contaminación de los\nacuíferos, se puede permitir su construcción sujeto al diseño apropiado de\nsistemas de eliminación de excretas y aguas servidas\". (La negrita es del\noriginal)...\n\nCONCLUSIONES: 1. En razón de los\nmúltiples reclamos que se han presentado por la aplicación del Acuerdo de Junta\nDirectiva de AyA Nº 2006-615, de la generalidad del mapa para la toma de\ndecisiones y de la falta de claridad de lo que se establece en la tabla de\nvulnerabilidades, además, de que se ha cumplido de manera muy tímida, por no\ndecir nula, de lo ordenado en el punto 2 del POR TANTO, referido a la\nactualización de los estudios técnicos, es criterio del suscrito que el acuerdo\ndebe ser modificado, en el sentido de que el administrado pueda, en caso de\nduda, presentar estudios específicos adicionales, que además, puedan alimentar\nuna base de datos que servirá precisamente, para estar actualizando el mapa\nhidrogeológico del Valle Central... 2. Es claro, que hasta tanto no se\nmodifique el citado acuerdo, no se podrán aprobar las exoneraciones que se\nsometan a análisis, aún cuando técnica y ambientalmente procedan, lo cual\nrepresenta una actuación que contraviene la misma fundamentación legal del\nacuerdo, por cuanto no se estará acorde con lo que indica el artículo 16 de\nla Ley General de\nAdministración Pública, que a la letra indica \"En ningún caso podrán dictarse\nactos contrarios a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica\", lo cual,\ninterpretado por la\n Sala Constitucional establece \"...que frente a la técnica no\nexiste discrecionalidad\"...\"\n\n9º-\nLa Dirección Jurídica,\nmediante criterio DJ-ALA-2008-4123 recomienda: \"...\nLa Tabla dictaminada en el\nacuerdo Nº 2006-615 de Asignaciones de Uso, para diferentes grados de\nvulnerabilidad, viene a ser adicionada y clarificada con la nueva categoría de\nMatriz de Criterios de Uso del Suelo según la vulnerabilidad a la contaminación\nde Acuíferos para la\n Protección del Recurso Hídrico, por lo anterior con\nfundamento en el Criterio Técnico SB-ADI-2008-179, se recomienda la\nmodificación del acuerdo Nº 2006-615 de\nla Junta Directiva,\nde la Tabla de\nAsignaciones de Uso, para diferentes grados de vulnerabilidad., con la\nfinalidad de que brinde certeza al momento de resolver toda solicitud del\nAdministrado, tendiente a la aprobación de Desarrollos Habitacionales.\n\nConsiderando:\n\n1º-Partiendo de\nla Ley General de\nAdministración Pública, que indica que la actividad de los entes públicos, debe\nir encaminada a buscar y asegurar la eficiencia, continuidad y adaptación a la\nnecesidad social, aplicando la interpretación e integración dictaminada en el\nartículo 7º del mismo cuerpo legal, cuando se trate de suplir la ausencia, y no\nla insuficiencia, de las disposiciones que regulan una materia. En el caso de\nuna denegatoria, el acto administrativo no puede ser contrario a reglas\nunívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia,\nlógica o conveniencia.\n\n2º-Que\nla Sala Constitucional\nen la resolución Nº 2004-01923, en cuanto al Instituto Costarricense de\nAcueductos y Alcantarillados, define las siguientes competencias:\n\n1- En el caso de perímetros de protección de\nmantos acuíferos, en aras de conservar el recurso y su entorno, le reconoce\nautoridad al AyA y al MINAE, en sus declaraciones, las cuales deben de ser de\nacatamiento de los gobiernos locales (Municipalidades) y el INVU, de manera que\ndichas declaraciones sean incorporadas en los respectivos Planes Reguladores.\n\n2- Partiendo\ndel artículo 31 y artículo 32 de la\n Ley de Aguas Nº 246, clarifica que el AyA tiene potestad,\ncuando exista peligro de contaminación en las aguas superficiales, en un área\nmayor de la protección perimetral de los pozos o áreas de captación de 200 metros (\"...y, desde\nluego, de las áreas de recarga de los mantos acuíferos - zona en que \"se\nproduce la infiltración de aguas potables\" - que cuenten o deban contar con una\ncapa forestal para su protección que son tan sensibles para su conservación y\nprotección\"...), disponer de medidas que juzgue oportunas para evitar el\npeligro de contaminación. Indica la\n Sala, que el Poder Ejecutivo debe colaborar y cooperar con\nAyA para que este pueda adoptar todos los actos y providencias administrativas\noportunas y convenientes para \"conjurar el peligro de contaminación en un área\nmayor a los perímetros de protección de las áreas de recarga de los acuíferos y\nzonas de captación\", habilitando a tomar cualquier medida oportuna para\nevitar los daños y perjuicios irreversibles.\n\nPor su parte el Voto Nº 2008-004790,\nde la Sala\n Constitucional, dictaminó en relación a la obligación de\ncoordinación con la finalidad de proteger el Recurso Hídrico:\n\n(....)\"\n\nIII.-La coordinación entre las\ndependencias públicas debe garantizar la protección del ambiente. En\ndiversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la\nprotección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es\ndecir, que existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las\nmedidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de\ncontaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o\ninadecuado de los recursos naturales, que pongan el peligro la salud de los\nadministrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse\ncomprendida tanto\nla Administración Central -Ministerios, como el\nMinisterio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la\nmateria, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a\nla conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de\nlas veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo,\nla Dirección\n General de Vida Silvestre,\nla Dirección Forestal,\ny la\n Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); así como\ntambién las instituciones descentralizadas, caso del Instituto Nacional de\nVivienda y Urbanismo, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y\nAvenamiento, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense\nde Acueductos y Alcantarillados; tarea en la que, por supuesto, tienen gran\nresponsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción\nterritorial. Es por ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad\nprovocaría un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por\ncuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de\ndiferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y\nlocales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas\npartes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de\nrelaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo\ny las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a\nfin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta\nSala con anterioridad -y en forma bastante clara- se refirió al principio de\ncoordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la\nrealización de fines comunes -lo cual, obviamente se debe hacer extensivo a la\nrelación que en esta importante función realizan las instituciones de\nla Administración\n Central y las descentralizadas-, para lo cual se remite a lo\nindicado en aquella ocasión (Sentencia Nº 5445-99, de las catorce horas treinta\nminutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve):\n\n\"De manera que la coordinación es la ordenación de las\nrelaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo\nde esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan\npúblico global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes.\nComo no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni\ndel Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la\nimposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el\nimprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto\nlos centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese\nesquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en\nuna misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con\nlos otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad,\nque den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de\ncualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a\nlos entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra\nella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y\nen interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y\nespecíficamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con\npotestades de vigilancia general sobre todo el sector).\"\n\nPor otro lado, las omisiones al deber de protección del ambiente\ny de cumplimiento de la normativa ambiental son de relevancia constitucional,\npor cuanto a consecuencia de la inercia de\nla Administración\nen esta materia, se puede producir un daño al ambiente y a los recursos\nnaturales, a veces, de similares o mayores consecuencias, que de las derivadas\nde las actuaciones de\nla Administración; como lo es la autorización de\nplanes reguladores, o construcciones sin la aprobación del estudio de impacto\nambiental por parte Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o la falta de\ncontrol y fiscalización en la ejecución de los planes de manejo de las áreas\nprotegidas por parte de\nla Dirección General de Vida Silvestre del\nMinisterio del Ambiente y Energía, o el permitir el funcionamiento de empresas\nsin los permisos de salud en lo que respecta al tratamiento de aguas negras o\nresiduales (Acueductos y Alcantarillados y Ministerio de Salud), o no verificar\nlos controles sónicos en bares, karaokes y discoteques (municipalidades y\nMinisterio de Salud), entre otros (ver al respecto sentencia número 2006-005159\nde las trece horas cuatro minutos del siete de abril del dos mil seis).\n\n(...)\n\nXI.-Contaminación de las aguas\nsubterráneas en el Valle Central de Costa Rica. La principal amenaza de\ncontaminación de los mantos acuíferos en Costa Rica y, por consiguiente, de las\naguas subterráneas lo constituyen dos factores: a) el crecimiento de la\npoblación y la expansión urbana descontrolada sobre las áreas de recarga,\nfenómenos que generan lixiviados de desechos sólidos y líquidos de origen\ndoméstico e industrial, la incapacidad de infiltración de los suelos, la\nimpermeabilización de las zonas de recarga y la sobreexplotación de los\nacuíferos; b) la utilización de agroquímicos en la agricultura intensiva del\ncafé, banano, algodón, plantas ornamentales y c) impermeabilización de las\náreas de recarga por cambios en el uso del suelo, deforestación y ganadería\nextensiva. En el caso de los acuíferos que abastecen el Gran Área Metropolitana\n(Colima Superior e Inferior, La\n Libertad y Barva) se han observado evidencias de algún\nimpacto de contaminación bactereológica, industrial e incremento de nitratos,\npor la expansión urbana y la agricultura intensiva en las áreas de recarga. En\nlo relativo a los nitratos, pese a la buena calidad físico-química y\nbactereológica del agua, se ha detectado una tendencia al incremento de las\nconcentraciones de nitrato, gradiente hidráulica abajo, lo que denota que el\nagua subterránea está siendo afectada, directa o indirectamente, por la\ndescarga de tanques sépticos y el uso de fertilizantes nitrogenados utilizados\nen las hortalizas y cafetales. De la misma forma, se ha detectado una\nsobreexplotación de las aguas subterráneas por extracciones concentradas lo que\nha causado un descenso en los niveles de agua y en el caudal de los manantiales\ny una eventual impermeabilización de las áreas de recarga al estar ubicados los\nacuíferos en las zonas de mayor crecimiento urbano con un acelerado desarrollo\nhabitacional mediante urbanizaciones, cuyos efectos, según se estima, serían\nimportantes si se impermeabiliza una zona mayor al 20% del área de recarga.\n\nXII.-Protección de las aguas subterráneas. Por las características\nde la contaminación de los mantos acuíferos destinados al abastecimiento\npúblico y su difícil regeneración, las medidas para evitar la contaminación\ndeben ser preventivas y protectoras, mediante la prohibición de ciertas\nactividades humanas en determinadas zonas u ordenando medidas de seguridad\nsobre ciertas actividades potencialmente contaminantes. Nuestro ordenamiento\njurídico-administrativo (legislación, reglamentos y decretos) carece,\nlamentablemente, de una regulación precisa, clara y completa para la protección\nde los mantos acuíferos, zonas de recarga y áreas de captación de aguas\nsubterráneas. En la legislación extranjera (v. gr. Ley de Aguas española\n29/1985 del 2 de agosto) se prevén algunas potestades extraordinarias de\nintervención administrativa en la economía del agua que atañen directamente a\nla protección de los mantos acuíferos, en aras de lograr un aprovechamiento\nsostenido de los recursos hídricos, esto es, para garantizar una disponibilidad\nde agua en cantidad suficiente y calidad requerida para atender la necesidades\nhumanas y ecológicas presentes y futuras. Estas potestades administrativas\nextraordinarias, que deben ser admitidas en nuestro ordenamiento jurídico -pese\na su falta de regulación- como implícitas en la competencia expresa y general\nde protección y conservación de las aguas subterráneas que tienen atribuidas el\nEstado y los entes descentralizados del sector hídrico, tienen sustento en la\nnecesidad de lograr una utilización racional y equilibrada del agua. La escasez\ny degradación de las condiciones naturales del recurso hídrico imponen la\nposibilidad administrativa de adoptar tales medidas para evitar su agotamiento\no deterioro irreversible y de superar, temporalmente, los efectos nocivos que\npueda generar una crisis hídrica. Este tipo de medidas administrativas suponen\ndiversas restricciones y controles drásticos sobre los múltiples usos o\naprovechamientos de agua -en especial los generales o especiales de carácter\nprivado- y sobre las actividades preexistentes que puedan afectar el recurso en\ncuanto se justifican en un interés público, por lo que no afectan el derecho de\npropiedad o la integridad del patrimonio. En esencia, tales medidas deben ser\nreputadas como limitaciones de interés social que no vacían de contenido el\nderecho de propiedad o amplían el dominio público sobre las aguas subterráneas\nsin previa indemnización sino que moldean su contenido esencial por lo que\ndeben ser soportadas, al tratarse de un sacrificio o una carga general, por\ntodos los usuarios, los que, en último término, son los beneficiarios de éstas,\nen tanto están orientadas a corregir una situación coyuntural de carestía o\ncontaminación inminente que afecta la economía del recurso hídrico en una zona\ndeterminada. Tales medidas administrativas de intervención, virtualmente\ncontenidas en los artículos 32 de la\n Ley de Aguas de 1942 y 10 del Reglamento de Perforación y\nExplotación de Aguas Subterráneas (Decreto Ejecutivo Nº 30387 del 29 de abril\ndel 2002)....\"\n\nExp: 06-012316-0007-CO, Res. Nº 2008004790. SALA CONSTITUCIONAL\nDE LA CORTE SUPREMA\nDE JUSTICIA. San José, a las doce horas y treinta y nueve minutos del\nveintisiete de marzo del dos mil ocho.\n\n3º-La nueva categoría de Matriz de\nCriterios de Uso del Suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de\nAcuíferos para la\n Protección del Recurso Hídrico, brinda una mayor claridad y\nposibilidad de consideración de los siguientes aspectos: a) la viabilidad\ntécnica-administrativa-operativa de que el desarrollador construya una planta\nde tratamiento; b) si frente a la propiedad se encuentra red prevista en Calle\nPública, que es administrada por el AyA; c) Si el área y localización del\nProyecto NO permiten la construcción de una Planta de Tratamiento; d) si los\nproyectos citados se localizan como \"lotes\", dentro de Proyectos Urbanísticos\nrecibidos por el AyA; e) Si la zona en donde se localiza el Proyecto esta\ndentro del proyecto de área de cobertura del JBIC, \"Contrato de Préstamo\nExterno Nº CR-P4 con el Banco Japonés para\nla Cooperación\n Internacional\"; f) si el suelo es apto para la utilización de\ntanque séptico. En caso de presentarse los elementos anteriores, en aplicación\nde los principios de razonabilidad, ciencia y la técnica, resulta procedente NO\nEXIGIR EL REQUISITO DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES POR MEDIO DE PLANTA\nDE TRATAMIENTO. Por tanto:\n\nDe acuerdo a lo estipulado en los\nartículos 6, 11, 18, 21, 33, 45, 50, 69, 89, 128, 188 de\nla Constitución\n Política; 1, 2, 8, 264 al 278, 285 al 321 de\nla Ley General de Salud\nNº 5395 del 30 de octubre de 1973; artículos 17, 31,32, 33 y concordantes de\nla Ley de Aguas Nº 276 del 27 de\nAgosto de 1942; Ley General de Aguas Potables Nº 1634 del 18 de setiembre de\n1953, artículo 4 de la\n Ley Forestal; artículo 132 de\nla Ley de Vida Silvestre;\nartículos 4 y 5 de la Ley Nº\n6622 del 27 de agosto de 1981; artículos 1, 2, 3, 4, 5, 11, 21, 22, 23 y 26 de\nla Ley Constitutiva\ndel Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y artículo 4º del\nReglamento 30413-MP-MINAE-S-MEIC (Reglamento Sectorial para\nla Regulación de\nlos Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario), Primero: Se modifica\nla Tabla Dictaminada\nen el acuerdo Nº 2006-615 de\nla Junta Directiva del AyA, de asignaciones de uso,\npara diferentes grados de vulnerabilidad. Con fundamento en el Criterio Técnico\nSB-ADI-2008-179, deberá aplicarse la siguiente nueva categoría de matriz de\ncriterios de uso del suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de\nacuíferos para la protección del recurso hídrico, con la finalidad de que\nbrinde certeza al momento de resolver toda solicitud del administrado,\ntendiente a la aprobación de desarrollos habitacionales, considerando además\nlos siguientes aspectos: A)\nLa Viabilidad\n Técnica-Administrativa-Operativa de que el desarrollador\nconstruya una planta de tratamiento; B) Si frente a la propiedad se encuentra\nred prevista en calle pública, que es administrada por el AyA; C) Si el área y\nlocalización del proyecto no permiten la construcción de una planta de\ntratamiento; D) Si los proyectos citados se localizan como \"lotes\", dentro de\nproyectos urbanísticos recibidos por el AyA; E) Si la zona en donde se localiza\nel proyecto esta dentro del Proyecto de Área de Cobertura del JBIC, \"Contrato\nde Préstamo Externo Nº CR-P4 con el Banco Japonés para\nla Cooperación Internacional\";\nF) Si el suelo es apto para la utilización de tanque séptico.\n\n \n\n \n\nAprobada por\nla Junta Directiva\ndel SENARA en sesión del 26 de setiembre de 2006.\n\nElaborada por el Servicio Nacional de\nAguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) en coordinación de\nla Comisión\n Interinstitucional del Cantón de Poás conformada por\nMunicipalidad de Poás, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y\nGanadería, Ministerio de Ambiente y Energía, Departamento Aguas del MINAE,\nSecretaria Técnica Nacional Ambiental y SENARA.\n\nEsta matriz de vulnerabilidad se debe\naplicar en conjunto con el mapa de vulnerabilidad a la contaminación elaborado\npor el SENARA, que debe tener escala 1:50000 o menor.\n\nClasificación de comercios, industrias y\nservicios.\n\nClasificación Industrial Internacional\nUniforme de Todas las Actividades Económicas\" (CIIU).\n\nReglamento general para el otorgamiento\nde permisos de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud.\n\nDecreto Nº 30465 S.\n\nNOTA:  En todos los casos considerados en esta tabla,\nse debe cumplir con el trámite de aprobación de viabilidad ambiental por parte\nde SETENA. En todos los casos se debe cumplir con todos los permisos que los\ndiferentes entes soliciten.\n\n            En\ntodos los casos se debe cumplir con el reglamento de vertidos.\n\n            Se\ndebe respetar las áreas de protección establecidas por Ley para las nacientes,\npozos, riberas de los ríos y otras afectaciones especiales establecidas por\nley.\n\n            La\nclasificación de agroquímicos en cuanto a la toxicidad, movilidad y\npersistencia será la aplicada por los entes autorizados, como el Ministerio de\nSalud.\n\nEn todo lo demás se mantiene vigente lo\ndictaminado en el acuerdo Nº 2006-615. Notifíquese. Publíquese.\n\nAcuerdo firme.\n\nAcuerdo Nº 2008-512, adoptado por\nla Junta Directiva\ndel Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en el inciso a),\ndel artículo 3, de la sesión ordinaria Nº 2008-070, celebrada el 11 de\nnoviembre del 2008.\n\nSan José,\n3 de diciembre del 2008",
  "body_en_text": "in the entirety of the text\n\n                    -\n\n                        Full Text of Norm 512\n\n                        Modification of Board of Directors Agreement No. 2006-615, Delimitation of the Zone of\nVulnerability of the Aquifers of the Central Valley\n\nFull Text of record: C1C3A\n\nCOSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS\n\nAND SEWERS\n\nNo. 2008-512\n\nSUBJECT: Modification of Board of Directors Agreement No.\n2006-615 (Delimitation of the Zone of\nthe Vulnerability of the Aquifers of the Central\nValley).\n\nMODIFICATION OF AGREEMENT 2006-615,\nDELIMITATION\n\nOF THE PROTECTION ZONE OF THE CENTRAL VALLEY\n\nWhereas:\n\n1º-\nWater Law No. 276, regarding the Protection\narea that must be respected, as a domain in favor of the nation, indicates, in\nits articles 31 and 32:\n\n\"Article 31.-The following are declared as a reserve\nof domain in favor of the\n Nation;\n\na) The lands surrounding the catchment\nsites or intakes supplying drinking water, within a perimeter of not less than\ntwo hundred meters in radius;\n\nb) The\nforest zone that protects or should protect the set of lands where the\ninfiltration of drinking water occurs, as well as the lands that provide a base for\nhydrographic basins and the margins of reservoirs, supply sources, or permanent\ncourse of the same waters.\"\n\n \"Article\n32.-When in an area larger than the one previously indicated there exists a danger of\ncontamination either in surface or groundwater, the Executive Branch, by means of AyA (\nthe Drinking Water Section) referred to in the following article, shall order in said area the measures it deems appropriate\nto avoid the danger of contamination.\"\n\nNOTE:  As established in subsection f) of\nthe Constitutive Law\nof the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers No. 2726, the term in parentheses is replaced\nby \"AyA\" in this article.\n\n2º-Agreement No. AN-2002-114, adopted\nin ordinary session No. 2002-024, dated March 25, 2002, in its\narticle 2, subsection d), communicated on April 4, 2002, and published in\nLa Gaceta No. 75, of\nFriday, April 19, 2002, concerning the Exoneration of\nSanitary Sewer Networks for Urbanizations, in its considering clause 9º\nstates: \"That in those places of the national territory, where there\nare no sanitary sewer systems; there is no danger of\ncontamination of groundwater, according to technical hydrogeological studies, and\nthe density of the lots so allows, the interested party must submit for\nconsideration by the Management\nof AyA, for its assessment; an express request for exoneration from building\nsanitary sewer networks, submitting for this purpose the technical studies\ncarried out by a Professional in Sanitary and Environmental Engineering, and the\ncorresponding hydrogeological studies, which will issue its recommendations\nso that the\n Board of Directors by absolute majority resolves what is\nappropriate, according to the best public interest involved.\"\n\n3º-\nThe Constitutional Chamber\nhas ruled regarding water resources in resolution No. 2004-01923 of\nfourteen hours fifty-five minutes of February twenty-fifth, two thousand\nfour, that in order to achieve sustained use of\nwater resources, to guarantee availability of water in sufficient\nquantity and required quality to meet present and future human and ecological\nneeds, administrative powers must be used aimed at the need to achieve rational and balanced\nuse of the resource, and in accordance with Executive Decree No. 32133-S of November\n19, 2004, published in\n La Gaceta No. 239 of December 7, 2004, which in its\nfirst article decrees: \"The design, financing, execution, operation, and maintenance of the works\nrequired for the collection, treatment, and final disposal of\nordinary wastewater generated in urban centers, where individual\nsolutions for wastewater disposal are not technically and\nenvironmentally adequate, are declared of public interest and social necessity.\"\n\n4º-That the prevention of environmental damage\nas a constitutional precept is located in articles 6, 9, 18, 21, 50, 69,\n89, 121, 129, and 188 of\nthe Political Constitution. Therefore, the State must\nrespect the precautionary and preventive principle, having a guarantee that the\nEnvironment will not be affected by future urban developments.\n\n5º-SENARA, carried out the Hydrogeological Map\nStudy of the Central Valley of Costa Rica, sent via official letter ASUB\n351-2006, Use Allocation, for different degrees of vulnerability, and based\non this Study,\nthe Board of Directors of AyA adopted agreement No.\n2006-615.\n\n6º-The Law for the Creation of the National\nService of Groundwater, Irrigation and Drainage No. 6877, states\nin its article 3º,\nsubsections h) and i), it corresponds to SENARA:\n\n\"(....)\n\nh) Monitor compliance with\nlegal provisions in matters within its purview. The decisions made by the\nService for this reason, referring to the drilling of wells, and to the\nexploitation, maintenance, and protection of water -carried out by\npublic institutions and private parties- shall be final and of\nmandatory observance. Nevertheless, such decisions may be appealed\nwithin ten days for reasons of illegality, before the Superior Contentious\nAdministrative Court. The Court shall resolve within a period of no more than\nninety days.\n\ni) Provide technical advice and services to public institutions\nand private parties. When the advice and the provision of services\nto the aforementioned institutions are not conceived in the programs and projects\nof the Service, just as when they are provided to private parties, it shall charge the\nrates it sets with the approval of\nthe Office of the Comptroller General\nof the Republic.\n\n(...)\"\n\n7º-That agreement No. 2006-615, establishes\nin its therefore clause two: \"...It is agreed to provide the necessary resources to\nthe Directorate of\nEnvironmental Management so that it keeps the technical studies and the\nhydrogeological map of the Central Valley of Costa Rica updated, likewise the Directorate of\nEnvironmental Management and the Department of Urbanizations must coordinate its application with SENARA, SETENA,\nINVU, MINSA, Municipalities of the Central Valley, for the\nresolution of petitions submitted by the administered party aimed at the\napproval of housing developments...\"\n\n8º-Via official letter No. SB-ADI-2008-179 of\nOctober 31, 2008, from\nthe Deputy Management of Environment and\nDevelopment, the new category of the Land Use Criteria Matrix\naccording to the vulnerability to contamination of Aquifers for the\nProtection of\nWater Resources is made known, brought to the attention of AyA via official letters Nos.\nASUB-0291-2008 of July 22, 2008, ASUB-220-08 of May 21, 2008, and\nASUB-414-2008, of September 26, 2008, concluding:\n\n\"Because the unrestricted application\nof agreement No. 2006-615 that orders: \"....the application of the hydrogeological map\nof the Central Valley\" has created confusion of criteria within\nthe Institution\n(Department of Urbanizations, Exoneration Commission for Sanitary Sewers)\nand an absence of recognition of SETENA's powers, since:\n1. On one hand, projects submitted to environmental impact assessment (evaluación ambiental) and granted\nthe Environmental Viability,\nonce they are submitted for approval to AyA, are requested the\nsame studies that were already evaluated by SETENA and that also involve the\nanalysis of environmental factors that could affect the environmental surroundings of the\nproject, including water resources (Surface or Groundwater)... 2. It is\nclear that the logic of the procedural flow of the project takes it first to\nenvironmental impact assessment (evaluación ambiental) in order to be clear on whether the project is environmentally\nviable; with respect to wastewater, the studies go beyond\nsimple percolation tests, such as the analysis of the transit of\norganic pollutants, the results of which may be consistent with the\nuse of septic tanks for the treatment of wastewater\nproduced by the future inhabitants of a given development... 3. In some\ncases, upon a request for exoneration, additional studies are requested,\nonly to then indicate to the administered party that the project is located within the area\ncovered by the hydrogeological map and, therefore, the exoneration does not proceed,\nregardless of the additional investment made by the party. Moreover, sometimes\nthe studies indicate that the project can use septic tanks for the\ntreatment of domestic water and, however, this is not taken into account\nand the construction of treatment plants is ordered, without a clear vision\nof who will administer said plant. 4. On the other hand,\nthe Office of the Attorney General\nof the Republic\nhas indicated that wastewater treatment systems must be\nassumed and operated by\nthe Institution. The atomization of these systems (in the\nlight of the Board of Directors agreement, all urban developments\nwithin the Central Valley must include a treatment plant), makes it\nmaterially impossible for AyA to assume them... 5. The map issued by SENARA\nis very general and on an inappropriate scale for making specific decisions;\nto which can be added the lack of clarity regarding the\nclassification of the different vulnerability zones, since for\nany of the zones (High, Medium, or Low), the\n\"construction of sewer systems with treatment plants\" is requested indiscriminately,\nSENARA officials are clear on this aspect. So much so that it is\nrecent (July 22, 2008) that SENARA changed its criteria regarding what is indicated in the\n Vulnerability Table, this, as a result of a\nconsultation made directly by a developer to SENARA regarding a\nproject located in the Grecia area of Alajuela that is within the\ngeneral map on which the agreement is based. In this case, SENARA states\nthat: \"...the zone does not have maps of aquifer recharge or vulnerability to\ncontamination of the water resource,\" thus disregarding the map that SENARA itself drew up, and second, what logic indicates, the\ndeveloper was asked to carry out a specific study for the area surrounding the\nproject, resulting in the finding that the area is indeed of low\nvulnerability, and therefore, the resolutory note from SENARA literally says:\n\"...According to the matrix of land-use criteria based on vulnerability\nto aquifer contamination for the protection of water resources, in the\ncase of urban and condominium systems without sewers and without\ntreatment plants, in a zone of vulnerability to contamination of\naquifers, their construction may be permitted subject to the appropriate design\nof systems for the elimination of excreta and wastewater.\" (Boldface is from the\noriginal)...\n\nCONCLUSIONS: 1. Due to the\nmultiple complaints that have been filed regarding the application of AyA Board of Directors Agreement\nNo. 2006-615, the generality of the map for\ndecision-making, and the lack of clarity of what is established in the\nvulnerability table, in addition to the fact that what was ordered in point 2\nof the THEREFORE, referring to the\nupdating of technical studies, has been fulfilled in a very timid, not to say\nnull, manner, it is the undersigned's criterion that the agreement\nmust be modified, in the sense that the administered party may, in case of\ndoubt, present additional specific studies, which, furthermore, can feed\na database that will serve precisely to keep the hydrogeological\nmap of the Central Valley updated... 2. It is clear that as long as\nthe cited agreement is not modified, exoneration requests submitted\nfor analysis cannot be approved, even when they are technically and environmentally feasible, which\nrepresents an action that contravenes the very legal foundation of the\nagreement, because it will not be in accordance with what is indicated in article 16 of\nthe General Law of\nPublic Administration, which literally states: \"In no case may\nacts contrary to the unequivocal rules of science or technique be issued,\" which,\ninterpreted by the\n Constitutional Chamber establishes \"...that in the face of technique there is\nno discretion...\"\"\n\n9º-\nThe Legal Directorate, through criterion DJ-ALA-2008-4123 recommends: \"...\nThe Table decreed in\nagreement No. 2006-615 of Use Allocations, for different degrees of\nvulnerability, is hereby added to and clarified by the new category of the\nLand Use Criteria Matrix according to vulnerability to contamination\nof Aquifers for the\n Protection of Water Resources, therefore, based\non Technical Criterion SB-ADI-2008-179, the modification of\nagreement No. 2006-615 of\nthe Board of Directors, of the Table of\nUse Allocations, for different degrees of vulnerability, is recommended, with the\npurpose of providing certainty when resolving any request from the\nAdministered party, aimed at the approval of Housing Developments.\n\nConsidering:\n\n1º-Based on\nthe General Law of\nPublic Administration, which indicates that the activity of public entities must\nbe aimed at seeking and ensuring efficiency, continuity, and adaptation to\nsocial need, applying the interpretation and integration decreed in\narticle 7º of the same legal body, when dealing with supplementing the absence, and not\nthe insufficiency, of the provisions regulating a matter. In the case of\na denial, the administrative act cannot be contrary to unequivocal\nrules of science or technique, or to elementary principles of justice,\nlogic, or convenience.\n\n2º-That\nthe Constitutional Chamber\nin resolution No. 2004-01923, regarding the Costa Rican Institute of\nAqueducts and Sewers, defines the following competencies:\n\n1- In the case of protection perimeters of\naquifer mantles, in order to conserve the resource and its surroundings, it recognizes\nauthority to AyA and MINAE, in their declarations, which must be\nobserved by local governments (Municipalities) and INVU, so that\nsaid declarations are incorporated into the respective Regulatory Plans.\n\n2- Based on\narticle 31 and article 32 of the\n Water Law No. 246, it clarifies that AyA has the power,\nwhen there exists a danger of contamination in surface waters, in an area\nlarger than the perimetric protection of the wells or catchment areas of 200 meters (\"...and, of\ncourse, of the recharge areas of the aquifer mantles - zone where \"the\ninfiltration of drinking water occurs\" - that have or should have a\nforest layer for their protection which are so sensitive for their conservation and\nprotection\"...), to order the measures it deems appropriate to avoid the\ndanger of contamination. The\n Chamber indicates that the Executive Branch must collaborate and cooperate with\nAyA so that it can adopt all appropriate and convenient administrative\nacts and measures to \"avert the danger of contamination in an area\nlarger than the protection perimeters of the aquifer recharge areas and\ncatchment zones,\" enabling it to take any appropriate measure to\navoid irreversible damages and losses.\n\nIn turn, Ruling No. 2008-004790,\nof the Constitutional Chamber, ruled regarding the obligation of\ncoordination for the purpose of protecting Water Resources:\n\n(....)\"\n\nIII.-Coordination among\npublic agencies must guarantee the protection of the environment. On\nvarious occasions, constitutional jurisprudence has indicated that\nenvironmental protection is a task that corresponds to everyone equally, that\nis, there exists an obligation for the State -as a whole- to take the\nnecessary measures to protect the environment, in order to avoid degrees of\ncontamination, deforestation, extinction of flora and fauna, excessive or\ninadequate use of natural resources, which endanger the health of the\nadministered parties. In this task, by public institution, must be understood\nas included both\nthe Central Administration -Ministries, such as the\nMinistry of Environment and Energy and the Ministry of Health, which by reason of\nthe subject matter, have broad participation and responsibility regarding the\nconservation and preservation of the environment; which act, the majority of\nthe time, through their specialized agencies in the matter, such as,\nthe General Directorate of Wildlife,\nthe Forestry Directorate,\nand the\n National Environmental Technical Secretariat (SETENA); as well as\nalso decentralized institutions, in the case of the National Institute of\nHousing and Urbanism, the National Service of Groundwater, Irrigation and\nDrainage, the Costa Rican Tourism Institute, or the Costa Rican Institute\nof Aqueducts and Sewers; a task in which, of course, the\nmunicipalities have great responsibility, regarding their territorial\njurisdiction. It is for this reason that one might think that this multiple responsibility\nwould cause chaos in administrative management, which is not true, because\nin order to avoid the simultaneous coexistence of spheres of power of\ndifferent origin and essence, the duplication of national and local\nefforts, as well as the confusion of rights and obligations among the various\nparties involved, it is necessary to establish a series of\ncoordination relations among the various agencies of the Executive Branch\nand the decentralized institutions, and between these and the municipalities, in\norder to carry out the functions that have been entrusted to them. This\nChamber previously -and quite clearly- referred to the principle of\ncoordination of public agencies with municipalities in the\nrealization of common goals -which, obviously, should be extended to the\nrelationship that Central Administration\n institutions and decentralized institutions carry out in this important function-, for which it refers to what was\nindicated on that occasion (Judgment No. 5445-99, of fourteen hours thirty\nminutes of July fourteenth, nineteen ninety-nine):\n\n\"So, coordination is the ordering of\nrelations among these various independent activities, which takes charge\nof that concurrence on the same object or entity, to make it useful to a global\npublic plan, without suppressing the reciprocal independence of the agent subjects.\nAs there is no hierarchical relationship of decentralized institutions, nor\nof the State itself in relation to municipalities, the imposition\nof certain behaviors on them is not possible, with which the\nessential inter-institutional «concert», in the strict sense, arises, as\nthe autonomous and independent centers of action agree on that\npreventive and global scheme, in which each one plays a role with a view to\na mission entrusted to the others. Thus, the relations of municipalities with\nother public entities can only be carried out on a plane of equality,\nresulting in agreed-upon forms of coordination, excluding\nany imperative form to the detriment of their autonomy, which would allow subjecting\ncorporate entities to a coordination scheme without their will or against\nit; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State\nand in the interest of the latter (through the 'administrative oversight' of the State, and\nspecifically, in the function of control of legality that corresponds to it, with\npowers of general surveillance over the entire sector).\"\n\nOn the other hand, omissions in the duty of environmental protection\nand compliance with environmental regulations are of constitutional relevance,\nbecause as a consequence of the inertia of\nthe Administration\nin this matter, damage to the environment and natural resources can be produced,\nsometimes, with similar or greater consequences than those derived\nfrom the actions of\nthe Administration; such as the authorization of\nregulatory plans, or constructions without the approval of the environmental impact\nstudy by the National Environmental Technical Secretariat, or the lack of\ncontrol and oversight in the execution of the management plans of\nprotected areas by\nthe General Directorate of Wildlife of the\nMinistry of Environment and Energy, or allowing the operation of businesses\nwithout health permits regarding the treatment of black or\nwastewater (Aqueducts and Sewers and Ministry of Health), or not verifying\nsound controls in bars, karaokes, and discotheques (municipalities and\nMinistry of Health), among others (see in this regard judgment number 2006-005159\nof thirteen hours four minutes of April seventh, two thousand six).\n\n(...)\n\nXI.-Contamination of groundwater in the Central Valley of Costa Rica. The main threat of\ncontamination of the aquifer mantles in Costa Rica and, consequently, of\nthe groundwater, consists of two factors: a) population\ngrowth and uncontrolled urban expansion over recharge areas,\nphenomena that generate leachates from solid and liquid waste of\ndomestic and industrial origin, the inability of the soils to infiltrate, the\nimpermeabilization of recharge zones, and the overexploitation of\naquifers; b) the use of agrochemicals in intensive agriculture of\ncoffee, banana, cotton, ornamental plants and c) impermeabilization of\nrecharge areas due to land-use changes (cambios en el uso del suelo), deforestation, and extensive\nlivestock farming. In the case of the aquifers that supply the Greater Metropolitan Area\n(Colima Superior and Inferior, La\n Libertad, and Barva), evidence has been observed of some\nimpact of bacteriological and industrial contamination and an increase in nitrates,\ndue to urban expansion and intensive agriculture in the recharge areas. In\nrelation to nitrates, despite the good physico-chemical and\nbacteriological quality of the water, a tendency toward an increase in\nnitrate concentrations has been detected, downgradient, which denotes that the\ngroundwater is being affected, directly or indirectly, by the\ndischarge of septic tanks and the use of nitrogenous fertilizers used\nin vegetable crops and coffee plantations. Likewise, an\noverexploitation of groundwater due to concentrated extractions has been detected, which\nhas caused a decline in water levels and in the flow of springs (manantiales)\nand an eventual impermeabilization of the recharge areas since the\naquifers are located in the zones of greatest urban growth with accelerated housing\ndevelopment through urbanizations, the effects of which, it is estimated, would be\nsignificant if a zone greater than 20% of the recharge area is impermeabilized.\n\nXII.-Protection of groundwater. Due to the characteristics\nof the contamination of aquifer mantles destined for public\nsupply and their difficult regeneration, the measures to avoid contamination\nmust be preventive and protective, by prohibiting certain\nhuman activities in certain zones or ordering safety measures\nregarding certain potentially contaminating activities. Our\nlegal-administrative order (legislation, regulations, and decrees) lacks,\nunfortunately, a precise, clear, and complete regulation for the protection\nof aquifer mantles, recharge zones, and groundwater\ncatchment areas. In foreign legislation (e.g., Spanish Water Law\n29/1985 of August 2) some extraordinary powers of\nadministrative intervention in the water economy are provided for that directly concern\nthe protection of aquifer mantles, in order to achieve sustained\nuse of water resources, that is, to guarantee a availability\nof water in sufficient quantity and required quality to meet present and future human\nand ecological needs. These extraordinary administrative\npowers, which must be admitted in our legal system -despite\ntheir lack of regulation- as implicit in the express and general competence\nfor protection and conservation of groundwater attributed to the\nState and the decentralized entities of the water sector, are based on the\nneed to achieve rational and balanced use of water. Scarcity\nand degradation of the natural conditions of the water resource impose the\nadministrative possibility of adopting such measures to avoid its exhaustion\nor irreversible deterioration and to temporarily overcome the harmful effects that\na water crisis may generate. This type of administrative measures implies\nvarious restrictions and drastic controls on the multiple uses or\nexploitation of water -especially general or special private\nuses- and on pre-existing activities that may affect the resource insofar\nas they are justified in a public interest, and therefore do not affect\nproperty rights or the integrity of assets. In essence, such measures must be\ndeemed as limitations of social interest that do not empty the\ncontent of property rights or expand the public domain over groundwater\nwithout prior compensation, but rather shape their essential content, which\nmust be borne, as they are a sacrifice or a general burden, by\nall users, who, ultimately, are the beneficiaries of these,\ninsofar as they are aimed at correcting a conjunctural situation of scarcity or\nimminent contamination that affects the economy of the water resource in a\ndetermined zone. Such administrative intervention measures, virtually\ncontained in articles 32 of the\n Water Law of 1942 and 10 of the Regulation for the Drilling and\nExploitation of Groundwater (Executive Decree No. 30387 of April 29,\n2002)....\"\n\nExp: 06-012316-0007-CO, Res. No. 2008004790. CONSTITUTIONAL CHAMBER\nOF THE SUPREME COURT\nOF JUSTICE. San José, at twelve hours and thirty-nine minutes of\nMarch twenty-seventh, two thousand eight.\n\n3º-The new category of the Land Use Criteria Matrix\naccording to the vulnerability to contamination of\nAquifers for the\n Protection of Water Resources, provides greater clarity and\npossibility of considering the following aspects: a) the\ntechnical-administrative-operative feasibility (viabilidad técnica-administrativa-operativa) of the developer building a\ntreatment plant; b) if there is a network planned on a Public\nRoad in front of the property, which is administered by AyA; c) If the area and location of the\nProject DO NOT allow the construction of a Treatment Plant; d) if the\ncited projects are located as \"lots,\" within Urban Projects\napproved by AyA; e) If the zone where the Project is located is\nwithin the coverage area project of the JBIC, \"External Loan\nContract No. CR-P4 with the Japanese Bank for\nInternational Cooperation\";\nf) if the soil is suitable for the use of a\nseptic tank. In the event that the above elements are present, in application\nof the principles of reasonableness, science, and technique, it is appropriate NOT\nTO REQUIRE THE REQUIREMENT OF TREATMENT OF WASTEWATER BY MEANS OF A\nTREATMENT PLANT. Therefore:\n\nAccording to the stipulations in\narticles 6, 11, 18, 21, 33, 45, 50, 69, 89, 128, 188 of\nthe Political\n Constitution; 1, 2, 8, 264 to 278, 285 to 321 of\nthe General Health Law\nNo. 5395 of October 30, 1973; articles 17, 31, 32, 33 and concordant of\nthe Water Law No. 276 of August\n27, 1942; General Potable Water Law No. 1634 of September 18,\n1953, article 4 of the\n Forest Law (Ley Forestal); article 132 of\nthe Wildlife Law (Ley de Vida Silvestre);\narticles 4 and 5 of Law No.\n6622 of August 27, 1981; articles 1, 2, 3, 4, 5, 11, 21, 22, 23 and 26 of\nthe Constitutive Law\nof the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and article 4º of\nRegulation 30413-MP-MINAE-S-MEIC (Sectoral Regulation for\nthe Regulation of\nAqueduct and Sanitary Sewer Services), First: The\nTable Decreed\nin agreement No. 2006-615 of\nthe Board of Directors of AyA, of use allocations,\nfor different degrees of vulnerability is modified. Based on Technical Criterion\nSB-ADI-2008-179, the following new category of matrix of\nland-use criteria according to vulnerability to contamination of\naquifers for the protection of water resources must be applied, with the purpose of\nproviding certainty when resolving any request from the administered party,\naimed at the approval of housing developments, also considering\nthe following aspects: A)\nThe Technical-Administrative-Operative Feasibility (Viabilidad Técnica-Administrativa-Operativa) of the developer\nbuilding a treatment plant; B) If there is a network planned on a public road in front of the property, which is administered by AyA; C) If the area and\nlocation of the project do not allow the construction of a\ntreatment plant; D) If the cited projects are located as \"lots,\" within\nurban projects approved by AyA; E) If the zone where the project is located is within the\nJBIC Coverage Area Project, \"External\nLoan Contract No. CR-P4 with the Japanese Bank for International Cooperation\";\nF) If the soil is suitable for the use of a septic tank.\n\n \n\n \n\nApproved by\nthe Board of Directors\nof SENARA in session of September 26, 2006.\n\nPrepared by the National Service of\nGroundwater, Irrigation and Drainage (SENARA) in coordination with the Interinstitutional\n Commission of the Cantón of Poás comprised of\nMunicipality of Poás, Ministry of Health, Ministry of Agriculture and\nLivestock, Ministry of Environment and Energy, Water Department of MINAE,\nNational Environmental Technical Secretariat, and SENARA.\n\nThis vulnerability matrix must\nbe applied in conjunction with the vulnerability to contamination map prepared\nby SENARA, which must have a scale of 1:50000 or less.\n\nClassification of businesses, industries, and\nservices.\n\nInternational Standard Industrial\nClassification of All Economic Activities (Clasificación Industrial Internacional\nUniforme de Todas las Actividades Económicas, CIIU).\n\nGeneral regulation for the granting\nof operating permits by the Ministry of Health.\n\nDecree No. 30465 S.\n\nNOTE: In all cases considered in this table,\nthe procedure for approval of environmental viability (viabilidad ambiental) must be completed before\nSETENA. In all cases, all permits requested by the\ndifferent entities must be obtained.\n\nIn\nall cases, the wastewater discharge regulation must be complied with.\n\nThe protection areas established by Law for springs (nacientes),\nwells, riverbanks, and other special encumbrances established by\nlaw must be respected.\n\nThe classification of agrochemicals regarding toxicity, mobility, and\npersistence shall be that applied by the authorized entities, such as the Ministry\nof Health.\n\nIn all other respects, the provisions set forth in Agreement No. 2006-615 remain in force. Notify. Publish.\n\nFinal agreement.\n\nAgreement No. 2008-512, adopted by\nthe Board of Directors\nof the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers in item a),\nof Article 3, of ordinary session No. 2008-070, held on November 11,\n2008.\n\nSan José,\nDecember 3, 2008"
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