{ "id": "norm-68022", "citation": "Ley 8823", "section": "norms", "doc_type": "law", "title_es": "Reforma de varias leyes sobre la participación de la Contraloría General de la República para la simplificación y el fortalecimiento de la gestión pública", "title_en": "Reform of Various Laws on the Comptroller General's Participation for Simplification and Strengthening of Public Management", "summary_es": "Esta ley, aprobada en 2010, introduce reformas puntuales a 49 leyes existentes y deroga artículos específicos de otras 7, con el objetivo de simplificar trámites y fortalecer la gestión pública limitando o eliminando aprobaciones, autorizaciones y fiscalizaciones previas de la Contraloría General de la República (CGR) en múltiples entidades. Las modificaciones abarcan desde la operación de instituciones autónomas, la contratación administrativa, la administración de fondos públicos por entes privados, hasta la fijación de cánones por parte de la ARESEP. La reforma busca agilizar la acción estatal reduciendo controles externos, transfiriendo responsabilidades de fiscalización a las propias administraciones o a entes sectoriales, y eliminando redundancias normativas. La ley no aborda materia ambiental de forma directa; se trata de una reforma transversal a la administración pública costarricense que afecta la gobernanza interna de diversas entidades.", "summary_en": "This 2010 law introduces targeted amendments to 49 existing statutes and repeals specific articles in 7 others, aiming to simplify procedures and strengthen public management by limiting or eliminating prior approvals, authorizations, and oversight by the Comptroller General's Office (CGR) across multiple entities. Changes range from the operation of autonomous institutions and public procurement to management of public funds by private entities and fee-setting by ARESEP. The reform seeks to streamline state action by reducing external controls, shifting oversight duties to the administrations themselves or sectoral bodies, and eliminating regulatory redundancies. The law does not address environmental matters directly; it is a cross-cutting reform of Costa Rican public administration affecting internal governance of various entities.", "court_or_agency": "", "date": "05/05/2010", "year": "2010", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "Contraloría General de la República", "simplificación de trámites", "gestión pública", "reforma de leyes", "fiscalización", "cánones ARESEP", "fondos públicos" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 1-56", "law": "Ley 8823" } ], "keywords_es": [ "Contraloría General de la República", "simplificación", "gestión pública", "reforma legal", "administración pública", "Costa Rica" ], "keywords_en": [ "Comptroller General", "simplification", "public management", "legal reform", "public administration", "Costa Rica" ], "excerpt_es": "ARTÍCULO 1.- Refórmase el artículo 228 del Código de Trabajo, Ley N.º 2, y sus reformas. El texto dirá: (...) ARTÍCULO 56.- Derógase el artículo 14 de la Ley N.º 5695, sobre la creación del Registro Nacional, de 28 de mayo de 1975, reformado por el artículo 2 de la Ley N.º 5950, de 27 de octubre de 1976. Rige a partir de su publicación.", "excerpt_en": "ARTICLE 1.- Amends article 228 of the Labor Code, Law No. 2, and its amendments. The text shall read: (...) ARTICLE 56.- Repeals article 14 of Law No. 5695, on the creation of the National Registry, of May 28, 1975, amended by article 2 of Law No. 5950, of October 27, 1976. 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El texto dirá:\n\n\"Artículo 228.- Las instituciones\npúblicas suministrarán al Instituto Nacional de Seguros la atención\nmédico-quirúrgica-hospitalaria y de rehabilitación que este requiera para la\nadministración del régimen de riesgos del trabajo. La fijación de los costos se\nhará con base en los informes presentados por las instituciones públicas,\ntomando en cuenta el criterio del ente asegurador. En caso de discrepancia se\naplicarán las reglas establecidas en la Ley general de la Administración\nPública, para determinar el costo definitivo de los servicios.\n\nEl pago\nde los servicios asistenciales que el Instituto asegurador solicite se hará\nconforme al reglamento de la ley.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 2.- Refórmase el artículo\n35 de la Ley N.º 17, que crea la Caja Costarricense de Seguro Social, de 22 de\noctubre de 1943, reformado por el artículo 9 de la Ley N.º 6577, de 6 de mayo\nde 1981. El texto dirá:\n\n\"Artículo 35.- No obstante lo\ndispuesto en los dos artículos anteriores, la Junta Directiva puede variar la\naplicación de las cuotas de los patronos o de los asegurados, o del Estado como\ntal, a los fondos correspondientes de cualesquiera de los regímenes de reparto\no de capitalización colectiva si, de acuerdo con los cálculos actuariales, es\naconsejable tal medida, para el mejor éxito del seguro social. Estas\nvariaciones no podrán afectar las reservas ya constituidas.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 3.- Refórmase el artículo\n58 del Código de Educación, N.° 181, de 18 de agosto de 1944, reformado por el\nartículo 1 de la Ley N.º 2949, de 18 de diciembre de 1961. El texto dirá:\n\n\"Artículo 58.- Los tesoreros\nescolares tendrán como honorarios un cinco por ciento (5%) sobre las cantidades\nque mensualmente recauden, salvo sobre las sumas directamente entregadas por el\ntesoro público. Las juntas pagarán las primas de las fianzas de los tesoreros.\nEn todo caso, los honorarios indicados no podrán exceder de mil colones\nmensuales.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 4.- Refórmase el\nartículo 2 bis de la Ley de rifas y loterías, N.º 1387, de 21 de noviembre de\n1951, adicionado por el artículo 4 de la Ley N.º 6463, de 18 de setiembre de\n1980. El texto dirá:\n\n\"Artículo 2 bis.- Toda rifa de\nvehículos automotores, exonerados de impuestos, que autorice la Asamblea Legislativa\na las agrupaciones de ayuda social, tales como clubes de leones, juniors,\nrotarios, damas voluntarias u otras, deberá producir una suma de dinero igual o\nsuperior al precio que tenga el vehículo por rifarse, incluidos los impuestos\nrespectivos, en el mercado nacional.\n\nLa\nDirección General de Tributación velará por la aplicación de la presente\nnorma.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 5.- Refórmase el\nartículo 4 de la Ley N.º 2981, Impuesto a cervezas a favor de centros de\nadaptación, de 20 de diciembre de 1961. El texto dirá:\n\n\"Artículo 4.- Del producto de esta\nnueva renta se destinará el ochenta y cinco por ciento (85%) anual a la\nDirección General de Adaptación Social que procurará dar prioridad a las\nnecesidades técnicas del Instituto Nacional de Criminología, tales como la\ncontratación de técnicos y especialistas indispensables para el diagnóstico y\ntratamiento de los internos y a la compra de instalación de equipo, y\ncontratación de personal para el mejor desarrollo de las actividades de la\nDirección General de Adaptación Social. El resto, sea el quince por ciento\n(15%) anual será del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y\nTratamiento del Delincuente, que tiene su sede en Costa Rica.\n\nEl Banco\nCentral de Costa Rica separará y girará directamente al Patronato de\nconstrucciones, instalaciones y adquisición de bienes de la Dirección General\nde Adaptación Social y al Instituto Latinoamericano para la Prevención del\nDelito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud), el producto total de este\nimpuesto, en los porcentajes que a cada uno corresponde.\n\nLa\nvigilancia de la disposición es un asunto de control interno de la\nadministración.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 6.- Refórmase el artículo\n11 de la Ley orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo\nde la Vertiente Atlántica (Japdeva), N.º 3091, de 18 de febrero de 1963. El\ntexto dirá:\n\n\"Artículo 11.- Los miembros del\nConsejo de Administración a que se refiere el inciso b) del artículo 8 anterior\nserán nombrados por el Consejo de Gobierno, para períodos de ocho años, a partir\ndel primero de junio del año en que se inicie el período presidencial, conforme\nal artículo 134 de la Constitución Política. Los nombramientos se efectuarán en\nlos últimos quince días del mes de mayo del mismo año. La renovación de los\nconsejeros se hará por mitades, de modo que después de cada cambio de Gobierno\nse procederá a nombrar a tres de los consejeros, de conformidad con el artículo\n5 y el transitorio I de la Ley N.º 4646. Los miembros del Consejo de\nAdministración pueden ser reelegidos indefinidamente.\n\nUna vez\nhecho el nombramiento de los directores y que estos hayan entrado en funciones,\nel Consejo de Gobierno podrá revocarlos cuando exista causa para ello, conforme\na las disposiciones legales y/o reglamentarias correspondientes. Todo caso de\nsustitución y nombramiento por renuncia, remoción justificada o por cualquier\notra causa se hará dentro del término de quince días y para el resto del\nperíodo legal, siguiendo las normas establecidas en este articulado.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 7.- Refórmase el artículo\n2 de la Ley N.º 3893, sobre las contribuciones al Colegio Santa María de\nGuadalupe, de 5 de junio de 1967. El texto dirá:\n\n\"Artículo 2.- Las entidades\nautorizadas por esta Ley velarán por que los aportes se efectúen de acuerdo con\nlos procedimientos legales y su capacidad económica.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 8.- Refórmase el\nartículo 3 de la Ley N.º 4212, que la exonera maquinaria al Consejo Superior de\nDefensa Social, de 23 de octubre 1968. El texto dirá:\n\n\"Artículo 3.- La administración\nvelará por la correcta aplicación de lo dispuesto en esta Ley.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 9.- Refórmase el\nartículo 71 de la Ley de planificación urbana, N.º 4240, de 15 de noviembre de\n1968, reformado por el artículo 1 de la Ley N.º 4971, de 28 de abril de 1972.\nEl texto dirá:\n\n\"Artículo 71.- El costo total de\nlas obras de pavimentación y de construcción de caminos públicos cuando estos\ncrucen zonas urbanas, aceras, cordones y cunetas, alcantarillado pluvial y\nsanitario, acueductos y distribución e iluminación eléctricas deberá ser\ncargado y cobrado a los propietarios de los fondos directamente beneficiados,\nmediante la correspondiente tasa de valorización que fije la entidad estatal\ncompetente ejecutora de las obras, previa publicación de audiencia a los\ninteresados en el diario oficial La Gaceta.\n\nEn el costo\ntotal se incluirá, además de los materiales y la mano de obra con sus\nrespectivas cargas sociales, los gastos de administración e ingeniería, el\nprecio de los terrenos por adquirir, el pago de mejoras o indemnizaciones por\nedificaciones que han de ser demolidas o reparadas y, en su caso, los costos\nfinancieros.\n\nEntre lo\nque debe pagarse por concepto de terrenos y mejoras y lo que corresponda por\nimporte de la tasa de valorización se efectuará compensación directa e\ninmediata en cuanto a la parte correspondiente. Quien tenga que pagar algún\nvalor con motivo de la compra-venta o expropiación podrá disponer hasta de diez\naños de plazo sujeto a un interés del ocho por ciento (8%) anual para la\ncancelación de lo adeudado. Los proyectos u obras de evidente interés público\npueden ser exceptuados total o parcialmente del pago de la tasa de\nvalorización.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 10.- Refórmase el inciso\nc) del artículo 66 de la Ley N.º 4521, sobre la creación de los centros\nagrícolas cantonales, de 26 de diciembre de 1969. El texto dirá:\n\n\"Artículo 66.- Los miembros de la\nComisión liquidadora tendrán las siguientes facultades:\n\n[...]\n\nc) Vender\nlos bienes del centro agrícola en el precio, previo avalúo de la Dirección\nGeneral de Tributación.\n\n[...]\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 11.- Refórmase el artículo\n5 de la Ley N.º 4646, que modifica la integración de las juntas directivas de\nlas instituciones autónomas, de 20 de octubre de 1970. El texto dirá:\n\n\"Artículo 5.- Los miembros\nelectivos de la Junta Directiva a que se refiere el inciso 2) del artículo anterior\nserán nombrados por el Consejo de Gobierno, por períodos de ocho años, a partir\ndel 1º de junio del año en que se inicie el período presidencial a que se\nrefiere el artículo 134 de la Constitución Política.\n\nSus\nnombramientos deben efectuarse en los últimos quince días del mes de mayo del\nmismo año. La renovación de los directores se hará por mitades, de modo que\ndespués de cada cambio de Gobierno se procederá a nombrar tres de los\ndirectores de cada junta directiva.\n\nSin\nembargo, cuando la ley orgánica de alguna de las instituciones citadas en el\nartículo anterior no establece la representación del Poder Ejecutivo por medio\nde un ministro de Gobierno, los siete miembros de la junta directiva serán\nnombrados por el Consejo de Gobierno de acuerdo con el párrafo anterior,\nrenovando después de cada cambio de Gobierno los tres o los cuatro directores\nsegún corresponda, cuyo período de ocho años se venza. Cualquiera de los\nmiembros de las juntas directivas puede ser reelegido.\n\nUna vez\nhecho el nombramiento de los directores y que estos hayan entrado en funciones,\nel Consejo de Gobierno podrá revocarlos cuando exista causa para ello, conforme\na las disposiciones legales y/o reglamentarias correspondientes. En todo caso,\nla sustitución y el nombramiento por renuncia, remoción justificada o por\ncualquier otra causa se hará dentro del término de quince días y para el resto\ndel período legal, siguiendo las normas establecidas en este artículo.\n\nEn los\ncasos en que la ley orgánica de alguna de las instituciones mencionadas en el\nartículo anterior indique requisitos especiales para sus directores, en\nrelación con su profesión o representación gremial, esos requisitos serán\nrespetados en lo que sean compatibles y aplicables con el procedimiento aquí\nestablecido para sus nombramientos.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 12.- Refórmase el\nartículo 28 de la Ley de creación del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS),\nN.º 4760, de 4 de mayo de 1971. El texto dirá:\n\n\"Artículo 28.- El IMAS podrá\ncelebrar empréstitos con autorización de la Asamblea Legislativa cuando vayan a\nrealizarse con entidades extranjeras o cuando se efectúen en el país con\ncapital extranjero y en los demás casos lo que determine la Ley de\nadministración financiera de la República y presupuestos públicos.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 13.- Refórmase el\nartículo 5 de la Ley orgánica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, N.º\n4777, de 10 de junio de 1971. El texto dirá:\n\n\"Artículo 5.- Podrá ofrecer bienes\ny servicios dentro de los campos de actividad que sean objeto de sus carreras\nprofesionales, directamente o mediante sociedades en las que ejerza el control\nmayoritario y que podrán formar con establecimientos u organismos públicos de\ndesarrollo, tanto nacionales como extranjeros. Para este efecto, se faculta a\nlas instituciones nacionales para que puedan participar en dichas sociedades\ncon el Instituto.\n\nLa\nconstitución de sociedades deberá ser aprobada por el Consejo Directivo del\nInstituto, por dos tercios de sus votos.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 14.- Refórmase el\nartículo 5 de la Ley N.º 4895, Corporación Bananera Nacional Sociedad Anónima,\nde 16 de noviembre de 1971, reformado por su transitorio VIII, adicionado por\nla Ley N.º 7147, de 30 de abril de 1990. El texto dirá:\n\n\"Artículo 5.- El capital social\nserá el que fije la escritura constitutiva, cuya confección e inscripción\nquedará a cargo del Banco Central, por medio de la Auditoría General de Bancos,\nno podrá ser inicialmente inferior a un millón de colones, susceptible de\naumento por aportaciones posteriores de los socios que la integran o por los de\nnuevos que se admitan. Dicho capital estará representado por tres series de\nacciones nominativas, con un valor nominal de mil colones (¢1000,00) cada una,\ncomo sigue:\n\n1) La\nserie \"A\" especiales, que solo podrá ser suscrita por el Gobierno de la\nRepública, tendrá carácter inalienable y por ningún motivo podrá variar en su\nnaturaleza o en los derechos que la presente Ley le confiere; esta serie de\nacciones representará, inicialmente, por lo menos el treinta y tres y un tercio\npor ciento, del capital social de la empresa. Será pagada en efectivo por el\nEstado. Estarán representadas en las asambleas por el ministro de Hacienda o\npor quien él designe, por escrito.\n\n2) La\nserie \"B\" especiales, que deberá ser suscrita y pagada en efectivo por las\ninstituciones de crédito nacionalizadas del Sistema Bancario Nacional en la\nproporción de un tercio del capital de la Corporación Bananera Nacional. La\nSociedad queda facultada para readquirir estas acciones para mantenerlas en\ncartera o venderlas al sector privado, especialmente a las sociedades\ncooperativas bananeras.\n\n3) La\nserie \"C\" comunes, que será suscrita por particulares y deberá pagarse en\nefectivo el veinticinco por ciento (25%) de cada acción y el setenta y cinco\npor ciento (75%) restante dentro del término de un año, sujeto a que cada\npersona física o jurídica no podrá controlar más de un cinco por ciento (5%)\ndel total de las acciones en poder de la empresa privada. Cualquier traspaso de\nacciones por el cual un accionista llegue a tener más del porcentaje indicado,\nserá absolutamente nulo.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 15.- Refórmanse los\nartículos 16 y 18 de la Ley de fundaciones, N.º 5338, de 28 de agosto de 1973,\neste último reformado por la Ley N.º 8151, de 14 de noviembre del 2001. El\ntexto dirá:\n\n\"Artículo 16.- Si la Junta\nAdministrativa considera que la fundación no puede ser administrada de acuerdo\ncon sus preceptos constitutivos o reglamentarios solicitará al juez civil de su\njurisdicción que disponga la forma en que deberá ser administrada o que ordene\nsubsanar las deficiencias que en ella ocurran, siempre con el propósito de que\nse mantengan los fines para los que fue creada. Esas diligencias se seguirán\npor los trámites de jurisdicción voluntaria, con intervención de la\nProcuraduría General de la República. Igual procedimiento se seguirá para\nremover los administradores cuando no cumplan debidamente sus obligaciones.\nAcordada la remoción, el juez comunicará lo conducente a fin de que se reponga\nel cargo de acuerdo con el artículo 11.\"\n\n\"Artículo 18.- Para que las\nfundaciones puedan recibir de las instituciones públicas donaciones,\nsubvenciones, transferencias de bienes muebles o inmuebles o cualquier aporte\neconómico que les permita complementar la realización de sus objetivos deberán\ncumplir los siguientes requisitos:\n\na) Tener como mínimo un año de constituidas.\n\nb) Haber estado activas desde su constitución,\ncalidad que adquieren con la ejecución de por lo menos un proyecto al año.\n\nc) Tener al día el registro de su personalidad y\npersonería jurídicas.\n\nPara\ncontar con absoluta transparencia en la consecución, fuente y manejo de esos\nfondos públicos por parte de las fundaciones, estas deberán llevar en una\ncuenta separada las donaciones que reciban y la procedencia de estas, y deberán\nespecificar en qué se invierten. Lo anterior deberá ser fiscalizado por la\nauditoría interna que toda fundación está obligada a tener, la cual ejercerá\nsus funciones de conformidad con la normativa vigente en la materia que\nfiscalice, y según lo establecido en los manuales de normas técnicas de\nauditoría y control interno emitidos por la Contraloría General de la\nRepública.\n\nEl\ninforme de la auditoría deberá remitirse al ente contralor junto con el informe\nde la Junta Administrativa, de acuerdo con lo señalado en el artículo 15 de\nesta Ley.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 16.- Refórmase el\nartículo 2 de la Ley N.º 5883, sobre el peaje entre Limón-Siquirres, N.º 5883,\nde 12 de enero de 1976. El texto dirá:\n\n\"Artículo 2.- El Poder Ejecutivo\ndeterminará y reglamentará el derecho de peaje a que se refiere esta Ley, de\nacuerdo con los estudios técnicos correspondientes y ajustándose al efecto a\nlas disposiciones del párrafo tercero del artículo 4 del Código de Normas y\nProcedimientos Tributarios.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 17.- Refórmase el\nartículo 5 de la Ley N.º 6135 que ratifica el Acuerdo entre las Naciones Unidas\ny el Gobierno de Costa Rica para el establecimiento del Instituto\nLatinoamericano para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente de\n18 de noviembre de 1977. El texto dirá:\n\n\"Artículo 5.- Si por cualquier\nmotivo y en cualquier momento, el Instituto dejara de tener su sede en Costa\nRica, todos sus bienes muebles o inmuebles, títulos o valores de cualquier\nclase pasarán a ser propiedad del Gobierno de Costa Rica.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 18.- Refórmase el\nartículo 23 de la Ley N.º 6289, sobre la Oficina Nacional de Semillas, de 4 de\ndiciembre de 1978. El texto dirá:\n\n\"Artículo 23.- El Fondo mencionado\nen el artículo anterior se depositará en una cuenta especial, abierta en\ncualquiera de los bancos del Sistema Bancario Nacional. Los procedimientos\nrelativos a la apertura, la forma de llevar la contabilidad y la operación en\ngeneral de dicha cuenta se harán mediante el Reglamento de la presente Ley.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 19.- Refórmase el\nartículo 6 de la Ley N.º 6588, que regula la Refinadora Costarricense de Petróleo\n(Recope), de 30 de julio de 1981, adicionado por el artículo 56 de la Ley de\nhidrocarburos, N.º 7399, de 3 de mayo de 1994. El texto dirá:\n\n\"Artículo 6.- Los objetivos de la\nRefinadora Costarricense de Petróleo, S.A. son los siguientes: refinar,\ntransportar, comercializar a granel el petróleo y sus derivados; mantener y\ndesarrollar las instalaciones necesarias para ello y ejercer, en lo que le\ncorresponda, los planes de desarrollo del sector energía, conforme al Plan\nnacional de desarrollo. La Refinadora no podrá otorgar préstamos, hacer\ndonaciones, conceder subsidios o subvenciones, ni construir oleoductos\ninteroceánicos, sin la previa autorización legal.\n\nLa\nRefinadora Costarricense de Petróleo, S.A. podrá asignarle al Ministerio de\nAmbiente, Energía y Telecomunicaciones los recursos financieros, humanos,\ntécnicos y logísticos que se requieran para el cumplimiento de las obligaciones\nencomendadas a este en la Ley de hidrocarburos.\n\nAsimismo,\nla Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. podrá participar, individualmente\no en titularidad compartida, en las licitaciones que promueva la Dirección\nGeneral de Hidrocarburos para la exploración y la explotación de los\nhidrocarburos, de conformidad con las disposiciones de la Ley de\nhidrocarburos.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 20.- Refórmase el\nartículo 11 de la Ley N.º 6735, que crea el Instituto de Desarrollo Agrario\n(IDA), de 29 de marzo de 1982. El texto dirá:\n\n\"Artículo 11.- Los miembros de la\nJunta serán inamovibles durante el período para el cual fueron designados; sin\nembargo, podrán ser removidos de sus cargos si incurrieran en cualquiera de las\nsiguientes causales:\n\na)   Violación de alguna de las disposiciones\nprohibitivas o de precepto obligatorio, contenidas en las leyes, los decretos o\nlos reglamentos aplicables al Instituto.\n\nb)   Responsabilidad por actos u operaciones\nfraudulentas o ilegales. En caso de sobrevenir auto de elevación a juicio\ncontra un miembro de la Junta, este será suspendido del ejercicio de sus\nfunciones por el Consejo de Gobierno, hasta tanto no haya sentencia firme, a\nefecto de resolver en definitiva.\n\nc)   Renuncia, inhabilitación o privación de la\nciudadanía costarricense.\n\nch) Inasistencia a tres sesiones ordinarias\nconsecutivas sin causa justificada, a juicio de la Junta Directiva.\n\nd)   Incapacidad o impedimento físico para\ndesempeñar sus funciones durante un lapso de seis meses.\n\ne)   Cuando el miembro de la Junta Directiva sea\npropietario o arrendatario de terrenos rurales y se compruebe que no cumple las\ndisposiciones de la ley respectiva.\n\nEn todos\nlos casos señalados en este artículo la Junta informará al Consejo de Gobierno,\npara que este determine si procede declarar la separación del caso.\n\nNo\nobstante lo anterior, el director, sujeto a investigación, podrá ser separado\nde su cargo mientras se realiza dicha investigación. En tal caso, el Consejo de\nGobierno deberá nombrar un director interino que lo sustituya por el tiempo que\ndure la investigación, conforme a los procedimientos establecidos en el inciso\nb) del artículo 8.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 21.- Refórmase el\nartículo 5 de la Ley N.º 6758 que regula la ejecución del Proyecto turístico de\nPapagayo, de 4 de junio de 1982. El texto dirá:\n\n\"Artículo 5.- Para el uso\nexclusivo del Instituto Costarricense de Turismo, en cuanto a la ejecución del\nProyecto, estará exonerada del pago de todo tipo de impuestos la compra y la\nimportación de maquinaria, equipo y materiales para construcción, desarrollo y\nejecución de la actividad turística prevista en esta Ley. El Instituto podrá,\nigualmente, subastar libre de impuestos, previo acuerdo de la Junta Directiva,\nel equipo y los materiales en desuso o deteriorados, si, una vez consultadas\nlas instituciones autónomas del Estado, el Ministerio de Obras Públicas y\nTransportes y las municipalidades del país, estas instituciones no muestran interés\nen adquirir estos bienes al precio de su base. El precio será fijado, en cada\ncaso pericialmente, por el personal capacitado del Instituto Costarricense de\nTurismo o, en su defecto, la Dirección General de Tributación. La celebración\nde los remates se realizará conforme a los procedimientos previstos en la Ley\nde contratación administrativa y su reglamento.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 22.- Refórmanse el\nartículo 7 y el transitorio de la Ley N.° 6847, sobre fomento de industrias\nrurales, de 1 de febrero de 1983. El texto dirá:\n\n\"Artículo 7.- Para los efectos de\nla utilización de la maquinaria y el equipo a que se refiere el artículo\nanterior deberán suscribirse contratos, cuyo contenido se fijará en las normas\nreglamentarias de esta Ley. A esos contratos no se les aplicarán las\ndisposiciones de la Ley de contratación administrativa.\"\n\n\"Transitorio.- El Poder Ejecutivo\nreglamentará esta Ley en los otros aspectos, dentro de los cinco meses\nsiguientes a su publicación.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 23.- Refórmase el\nartículo 18 de la Ley orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), N.º\n6868, de 6 de mayo de 1983. El texto dirá:\n\n\"Artículo 18.- La adquisición de\nbienes y servicios que requiera el Instituto, así como la venta de los bienes y\nservicios que produzca con sus actividades de capacitación y formación\nprofesional se regulará por lo dispuesto en la Ley de contratación\nadministrativa.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 24.- Refórmase el inciso\ni) del artículo 3 de la Ley N.º 6877, sobre la creación del Servicio Nacional\nde Aguas, Riego y Avenamiento (Senara), de 18 de julio de 1983, reformado por\nel artículo 16 de la Ley N.º 7096, de 27 de junio de 1988. El texto dirá:\n\n\"Artículo 3.- Son funciones del\nSenara:\n\n[...]\n\ni)  Suministrar\nasesoramiento técnico y servicios a instituciones públicas y a particulares.\nCuando el asesoramiento y la prestación de servicios a las citadas\ninstituciones no estén concebidos en los programas y proyectos del Servicio, lo\nmismo que cuando se brinden a particulares, este cobrará las tarifas que fije\nsu Junta Directiva.\n\n[...]\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 25.- Refórmase el\nartículo 58 de la Ley para el equilibrio financiero del sector público, N.º\n6955, de 24 de febrero de 1984. El texto dirá:\n\n\"Artículo 58.- El personal nombrado\npara la vigilancia y el mantenimiento del orden público desempeñará, exclusivamente,\nlas funciones propias de su cargo. A partir de la vigencia de la presente Ley,\nlos códigos presupuestarios de plazas para el servicio de la seguridad y el\norden público, que se encuentren ocupados por servidores que desempeñen otras\nfunciones, deberán destinarse a acatar lo dispuesto por el párrafo anterior.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 26.- Refórmase el\nartículo 5 de la Ley N.° 6957, de 13 de marzo de 1984, que autoriza al\nMinisterio de Hacienda a girar la diferencia resultante de la emisión de bonos\nautorizada mediante el artículo 6 de la Ley N.º 6839, de 5 de enero de 1983. El\ntexto dirá:\n\n\"Artículo 5.- Autorízase al\nMinisterio de Educación Pública para que contrate la adquisición de equipo\ndestinado a promover y desarrollar las actividades productivas de los colegios\nagropecuarios o técnicos profesionales, especialmente de aquellos donde estén\nfuncionando cooperativas juveniles.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 27.- Refórmase el inciso\nñ) del artículo 16 de la Ley orgánica del Instituto Costarricense de\nFerrocarriles (Incofer), N.º 7001, de 19 de setiembre de 1985. El texto dirá:\n\n\"Artículo 16.- Son deberes y\natribuciones del Consejo Directivo:\n\n[...]\n\nñ) Llevar a cabo operaciones de trueque, en el\nmercado nacional o internacional, de equipos y materiales en desuso que se\nconsideren de conveniencia para el mismo Instituto, cuyo balance de trueque no\npodrá ser desfavorable para el Instituto en más de un cinco por ciento (5%) del\nmonto total de la operación.\n\n[...]\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 28.- Refórmanse los\nartículos 11 y 21 de la Ley N.º 7012, sobre la creación del depósito libre\ncomercial de Golfito, de 4 de noviembre de 1985. El texto dirá:\n\n\"Artículo 11.- El impuesto\nestablecido en el artículo 6 de la presente Ley será recaudado por medio del\nBanco Central de Costa Rica o sus cajas auxiliares, al tramitarse la póliza de\ndesalmacenaje en la aduana en cuanto a las importaciones, y con respecto a los\nproductos de fabricación nacional, al confeccionar el fabricante la factura.\nEste impuesto será girado directamente en favor de la Junta, una vez deducidas\nlas sumas que le corresponden por comisión bancaria.\n\nEl\nMinisterio de Hacienda ejercerá las atribuciones de fiscalización y\nverificación, tanto en materia tributaria como aduanera, sobre el ingreso, la\npermanencia y el destino de las mercancías. Para los efectos citados, la Junta\nqueda autorizada para celebrar un convenio con el Ministerio de Hacienda, a fin\nde coordinar y facilitar las funciones tributarias y aduaneras, y determinar\nlas sumas anuales que transferirá para cubrir el costo de las tareas a cargo del\ncitado Ministerio.\n\nLa\ntotalidad del impuesto generado será administrada y distribuida por la Junta,\nla cual destinará los recursos al financiamiento de proyectos de desarrollo\nregional y local, presentados por organizaciones constituidas y con personería\njurídica debidamente inscrita, incluidas las municipalidades de los cantones de\nGolfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires.\n\nPrevio\ndesembolso de recursos a favor de la Junta para ejecutar los citados proyectos\nde desarrollo, la Junta deberá certificar la idoneidad de las entidades no\ngubernamentales que cumplan los requisitos para administrar fondos públicos,\nsegún lo dispuesto por la normativa emitida por la Contraloría General de la\nRepública.\n\nLos\nrecursos se utilizarán para financiar proyectos productivos y de servicios,\npara ejecutar obras de infraestructura, programas de salud, educación,\ncapacitación técnica y proyectos de interés social a favor de los grupos más\nvulnerables de los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires.\n\nPara los\nefectos anteriores, se aplicará el siguiente criterio de distribución de los\nrecursos:\n\na) Hasta un ocho por ciento (8%) de los ingresos\nnetos, luego de deducir las comisiones bancarias y el pago al Ministerio de\nHacienda, en los términos del párrafo segundo de este artículo, se destinará a\ngastos de operación y funcionamiento de la Junta.\n\nb) Un diez por ciento (10%) del remanente se\ndestinará a la creación de un programa de becas para estudiantes de escasos\nrecursos económicos, que residan en los cantones de Buenos Aires, Golfito, Osa,\nCorredores y Coto Brus.\n\nc) El saldo resultante después de las rebajas\npracticadas, conforme a los incisos anteriores, se distribuirá así: un treinta\npor ciento (30%) para el cantón de Golfito, un veinte por ciento (20%) para el\ncantón de Osa, un veinte por ciento (20%) para el cantón de Corredores, un\nquince por ciento (15%) para el cantón de Coto Brus y un quince por ciento\n(15%) para el cantón de Buenos Aires.\"\n\n\"Artículo 21.- Autorízase a la\nMunicipalidad de Golfito para que establezca una patente especial para el\ndepósito libre comercial de Golfito.\n\nHasta\ntanto las tarifas no estén establecidas por la Municipalidad de Golfito, los\ncomerciantes no podrán vender en el depósito libre comercial de Golfito, al\namparo de las patentes comerciales vigentes.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 29.- Refórmase el\nartículo 61 de la Ley de presupuesto extraordinario, N.° 7097, de 18 de agosto\nde 1988. El texto dirá:\n\n\"Artículo 61.- Autorízase a la\nProcuraduría General de la República para que cree un fondo especial con los\nrecursos que genere la venta de la revista Procuraduría General de la\nRepública. Dichos fondos serán utilizados en la compra de libros para la\nbiblioteca que funciona en la Procuraduría General de la República.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 30.- Refórmase el\nartículo 6 del Convenio sobre venta de productos agrícolas (PL-480), Ley N.º\n7098, de 20 de setiembre de 1988. El texto dirá:\n\n\"Artículo 6.- La Ley de la\nadministración financiera de la República es aplicable a las disposiciones del\npresente Convenio PL-480, en cuanto a la utilización de los apartes de dinero\ncomo resultado de la venta de trigo que se haga a las instituciones públicas.\nEstos dineros ingresarán a su presupuesto y se gastarán conforme al régimen\npatrimonial, financiero y presupuestario previsto por las leyes para dichas\ninstituciones. Los aportes previstos para entidades privadas de interés público\nse regirán igualmente por dicho régimen por cuanto se trata de fondos públicos.\nTodo lo anterior se hará sin perjuicio de las disposiciones del Convenio PL-480\nque por esta Ley se aprueba y de la fiscalización que al efecto realice la\nContraloría General de la República.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 31.- Refórmase el\nartículo 22 de la Ley de presupuesto extraordinario, N.º 7138, de 16 de\nnoviembre de 1989. El texto dirá:\n\n\"Artículo 22.- De los fondos del\nConvenio de préstamo número 530/OC-CR, celebrado entre el Gobierno de la\nRepública de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, para el\nfuncionamiento parcial del proyecto Ciudad Colón-Orotina, y de la contrapartida\na que se refiere la cláusula 4.02 (a) (ii) del capítulo IV del contrato de\npréstamo, Ley N.º 7123, de 11 de enero de 1989, la Tesorería Nacional girará\ndirectamente las sumas que correspondan para cubrir gastos realizados según las\nsolicitudes que presente la Dirección General Financiera del Ministerio de\nObras Públicas y Transportes. Este Ministerio, junto con los departamentos de\ncontrol de presupuesto del Ministerio de Hacienda, establecerá los mecanismos\nde control y de cargo al presupuesto nacional.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 32.- Refórmase el párrafo\nsegundo del artículo 39 de la Ley de promoción del desarrollo científico y\ntecnológico, N.º 7169, de 26 de junio de 1990. El texto dirá:\n\n\"Artículo 39.- Para otorgarle\ncontenido financiero a los planes, programas y proyectos que se desarrollen en\nvirtud de la aplicación de la presente Ley, se crea el Fondo de incentivos para\nel desarrollo científico y tecnológico.\n\nEl\nConsejo Nacional para la Investigación Científica y Tecnológica (Conicit)\npercibirá los ingresos del Fondo de incentivos, los que deberá incluir en su\npresupuesto anual y manejar por medio de una cuenta especial en un banco del\nEstado, con una contabilidad separada.\n\nEl Fondo\nde incentivos obtendrá su financiamiento de las siguientes fuentes de ingresos:\n\na)  El Poder\nEjecutivo procurará incluir en el primer presupuesto ordinario o extraordinario\nque envíe a la Asamblea Legislativa, después de aprobada la presente Ley, una\npartida no inferior a cien millones de colones (¢100.000.000) que se destinarán\na alcanzar los objetivos de esta Ley. En los presupuestos ordinarios\nsiguientes, esta partida podrá incrementarse en cincuenta millones de colones\n(¢50.000.000) anuales, hasta alcanzar la cantidad de doscientos cincuenta\nmillones de colones (¢250.000.000), que se continuarán incluyendo en cada\npresupuesto ordinario.\n\nb)  Las donaciones,\nlas transferencias, las contribuciones y los aportes que realicen las personas\nfísicas y las entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras.\n\n     Quedan autorizadas las instituciones\ndel sector público para incluir aportes en sus presupuestos para este Fondo,\nademás del presupuesto específico que destinen para ciencia y tecnología,\nconforme al artículo 97 de esta Ley.\n\n     Las sumas que se le entreguen al\nFondo gozarán de las exenciones del impuesto sobre la renta establecidas en el\ninciso q) del artículo 8 de la Ley N.º 7092, de 21 de abril de 1988.\n\nc)  Las\ncontribuciones especiales que, conforme al reglamento, deberán dar las empresas\nbeneficiadas con los incentivos de esta Ley, una vez transcurrido el período de\ncrecimiento adecuado y cuando se encuentren consolidadas.\n\nch) Otras formas de\nfinanciamiento o de impuestos que se establezcan para estos efectos.\n\nSe autoriza al\nConsejo Nacional para la Investigación Científica y Tecnológica (Conicit) para\nfirmar contratos, crear fideicomisos y constituir cualquier otro mecanismo,\nsegún se lo permita el ordenamiento jurídico vigente, para aumentar y\nadministrar los recursos de este Fondo; lo mismo que para recibir donaciones,\nfinanciamiento y cooperación nacional o extranjera para el cumplimiento de los\nobjetivos de esta Ley.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 33.- Refórmase el\nartículo 2 de la Ley de prórroga del plazo social de Radiográfica Costarricense\nS.A. -Racsa-, N.º 7298, de 5 de mayo de 1992. El texto dirá:\n\n\"Artículo 2.- El Instituto\nCostarricense de Electricidad no podrá realizar ningún tipo de acto de venta,\ncesión, traspaso, concesión o gravamen, total o parcial, en el nivel nacional o\nen el internacional, de la empresa de su propiedad, Radiográfica Costarricense\nS.A., salvo que de manera previa se promulgue una ley que lo autorice\nexpresamente.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 34.- Refórmanse el inciso\nc) del artículo 231 y el artículo 255 de la Ley de tránsito por vías públicas\nterrestres, N.º 7331, de 13 de abril de 1993, y sus reformas. Los textos dirán:\n\n\"Artículo 231.- De las sumas\nrecaudadas por el concepto de multas por infracciones, que señala el inciso d)\ndel artículo 10 de la Ley N.º 6324, el Consejo de Seguridad Vial realizará,\nsemestralmente, las siguientes transferencias:\n\n[.]\n\nc) Un\nquince por ciento (15%) para la Asociación Cruz Roja Costarricense, suma que\nserá distribuida, equitativamente, entre los diferentes comités auxiliares del\npaís y solo será utilizada para la compra y la mejora de sus equipos fijos o\nrodantes, así como para la adquisición de combustibles para sus unidades.\n\nLos entes y las\nasociaciones que reciban las anteriores transferencias, anualmente presentarán\nun informe de liquidación presupuestaria de esos fondos ante el Consejo de\nSeguridad Vial.\"\n\n\"Artículo 255.- Aplicación.\nLa aplicación y verificación del cumplimiento de las anteriores disposiciones\nestá a cargo de los órganos institucionales correspondientes, de la Dirección\nGeneral de la Policía de Tránsito y de las demás autoridades que deban velar\npor que los vehículos oficiales cumplan lo establecido.\n\nEn caso\nde que el vehículo circule fuera de horas laborales, sin la autorización\nexpresa, o a horas no estipuladas en el permiso, según las circunstancias, las\nautoridades retirarán las placas e informarán de inmediato, por el canal\nadministrativo más oportuno, al ministerio o a la dependencia al que pertenece\nel vehículo, con el señalamiento de hechos completos.\n\nEn\ncualquier momento en que se observe que el conductor o los acompañantes estén\nbajo los efectos del alcohol o muestren una conducta anormal o rebeldía para\nsometerse a una inspección de rutina, la autoridad procederá, de inmediato, a\ninspeccionar el vehículo y formulará el informe correspondiente para que se\ntransmita al ministerio o a la dependencia a que pertenezcan. En casos graves,\nimpedirá la continuación del viaje.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 35.- Refórmase el\nartículo 5 de la Ley que autoriza el traslado de la administración de los\nzoológicos Parque Simón Bolívar y el de Santa Ana, N.º 7369, de 23 de noviembre\nde 1993. El texto dirá:\n\n\"Artículo 5.- La parte con quien\nse contrate la administración de los zoológicos, conforme a lo dispuesto en\nesta Ley, deberá presentar, semestralmente, un informe técnico y contable de su\ngestión al ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.\n\nEn el\ncontrato de administración deberán indicarse, entre otras cosas, los plazos de\ncumplimiento de las diferentes etapas del proyecto de administración y el\nEstado quedará en capacidad de hacer una rescisión parcial del contrato sobre\nlas fases pendientes.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 36.- Refórmase el inciso\nj) del artículo 17 de la Ley N.º 7384, Creación del Instituto Costarricense de\nPesca y Acuicultura (Incopesca), de 16 de marzo de 1994. El texto dirá:\n\n\"Artículo 17.- La Junta Directiva\ndel Instituto tendrá las siguientes atribuciones:\n\n[...]\n\nj) Autorizar\nla adquisición, el gravamen o la enajenación de bienes y resolver las\nlicitaciones.\n\n[...]\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 37.- Refórmanse los\nartículos 8 y 15 de la Ley de sociedades anónimas laborales, N.º 7407, de 3 de\nmayo de 1994. Los textos dirán:\n\n\"Artículo 8.- Autorízase al Poder\nEjecutivo, mediante decreto, y a las instituciones o las administraciones\ndescentralizadas, por disposición de sus superiores jerárquicos, para alquilar\no dar en fideicomiso o comodato los bienes, equipos y accesorios materiales\ndestinados a la prestación de actividades auxiliares, de apoyo o que no sean\nconsustanciales al servicio público o a la actividad propia de la institución,\ncuando el desarrollo de estas actividades deba ir asociado al traspaso o al uso\nde bienes del Estado o de sus instituciones, los cuales sean indispensables\npara el ejercicio de la actividad.\n\nLas\nsociedades anónimas laborales desarrollarán las actividades mencionadas en el\npárrafo anterior, de conformidad con la estimación efectuada por la Dirección\nGeneral de Tributación o por firmas de auditores públicos registradas en el\nrespectivo colegio profesional. El precio del alquiler de esos bienes, equipos\ny materiales podrá formar parte del contrato de servicio.\"\n\n\"Artículo 15.- El incumplimiento\ngrave o la violación reiterada de las condiciones mínimas legales y\nreglamentarias o del contrato de prestación de servicios facultará a la\nadministración responsable a rescindir o a poner fin al contrato vigente, previo\ndesarrollo del procedimiento administrativo, el cual deberá respetar, por lo\nmenos, los derechos de audiencia y defensa de los afectados.\n\nCuando a\njuicio de la administración, de la Defensoría de los Habitantes o de la\nContraloría General de la República la prestación del servicio no cumpla las\ncondiciones mínimas de calidad, la administración responsable podrá intervenir,\npreventivamente, la sociedad anónima laboral, para garantizar la continuidad o\nla eficiencia del servicio a su cargo, sin perjuicio de otras medidas o\nsanciones aplicables conforme a la ley.\n\nEl\nincumplimiento injustificado de las cláusulas reglamentarias o contractuales se\nconsiderará falta grave y dará lugar a responsabilidad civil, sin perjuicio de\nlas responsabilidades penales que puedan existir.\n\nLa\ncontratación de servicios públicos básicos con las sociedades anónimas\nlaborales también se regirá, en lo que sean aplicables, por los artículos 8, 9\ny 10 de esta Ley. La prestación de servicios públicos básicos auxiliares por\nparte de los miembros de las sociedades anónimas laborales es incompatible con\nel mantenimiento del empleo público con el Estado o con las instituciones\npúblicas contratantes.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 38.- Refórmase el\nartículo 4 de la Ley N.º 7429, sobre donaciones al Museo Nacional de Costa\nRica, de 14 de setiembre de 1994. El texto dirá:\n\n\"Artículo 4.- Control\n\nLas\ncitadas donaciones deberán tener un propósito específico, de manera que se\npueda dar seguimiento y controlar la aplicación y el uso de los recursos\ndonados.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 39.- Refórmase el\nartículo 17 de la Ley de armas y explosivos, N.º 7530, de 10 de julio de 1995.\nEl texto dirá:\n\n\"Artículo 17.- Control de armas\nen poder del Estado\n\nLa\nDirección llevará un control estricto de las armas en poder del Estado y sus\ninstituciones. Elaborará un inventario permanente de esas armas y enviará un\ninforme anual a la Auditoría del Ministerio. Los informes remitidos,\núnicamente, podrán ser conocidos cuando medie el interés público.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 40.- Refórmase el\ntransitorio I de la Ley N.º 7667, Creación del Fondo de apoyo para la Educación\nSuperior y Técnica del Puntarenense, de 9 de abril de 1997. El texto dirá:\n\n\"Transitorio I.- El aporte del\nInstituto Costarricense de Puertos del Pacífico, aludido en el inciso a) del\nartículo 14 de esta Ley, cesará cuando el capital semilla del Fondo ascienda a\nla suma de dos mil millones de colones (¢2.000.000.000,00), calculados en\nmoneda constante hacia el futuro, según determinación del Consejo Directivo del\nFondo de Apoyo para Educación Superior y Técnica del Puntarenense, tomando como\npunto de partida la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 41.- Refórmanse el\nartículo 2 y el inciso j) del artículo 4 de la Ley N.º 7755, Control de las\npartidas específicas con cargo al presupuesto nacional, de 23 de febrero de\n1998. Los textos dirán:\n\n\"Artículo 2.- Beneficiarias\n\nSerán\nbeneficiarias de las partidas específicas las municipalidades y las entidades\nprivadas idóneas para administrar fondos públicos, calificadas así por la\nmunicipalidad respectiva y escogidas por las comunidades, siempre que sus\npropuestas se canalicen por medio de la municipalidad donde se ejecutará la\nobra o se brindará el servicio.\"\n\n\"Artículo 4.- Procedimiento\n\n[...]\n\nj)Las\nentidades privadas que, en definitiva, sean las beneficiarias o ejecutoras de\nlos proyectos o programas, deberán inscribirse previamente en el registro\nespecial que, para el efecto, llevará el Ministerio de Hacienda, por medio de\nsu oficina de control de partidas específicas. Asimismo, deberán obtener de la\nmunicipalidad respectiva la calificación de entidad privada idónea para\nadministrar fondos públicos.\n\n[...]\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 42.- Refórmanse los\nartículos 5 y 6 de la Ley N.º 7970, sobre la emisión de títulos valores para\nser colocados en el mercado internacional, de 22 de diciembre de 1999. Los\ntextos dirán:\n\n\"Artículo 5.- Contratación de la\ncolocación y el servicio de los títulos\n\nAutorízase al Ministerio de Hacienda, para\nque, en representación del Poder Ejecutivo, contrate la colocación y el\nservicio de los títulos que esta Ley autoriza emitir. Estos contratos no\nestarán sujetos a los procedimientos ordinarios de concurso establecidos en la\nLey de contratación administrativa, pero sí a sus principios generales. Los\ncontratistas serán seleccionados por concurso internacional, sometido, como\nmínimo, al siguiente procedimiento:\n\na) Se invitará, individualmente, por lo menos a\ndiez bancos internacionales de primer orden para que presenten ofertas;\nasimismo, a otros bancos de primer orden, mediante una publicación en un diario\nde circulación internacional.\n\nb) Se realizará un proceso de preselección de los\nbancos participantes que hayan presentado atestados.\n\nc) Se escogerá, de entre los bancos\npreseleccionados, la oferta con las mejores condiciones según las normas\nusuales del mercado. Este procedimiento de selección deberá aplicarse por lo\nmenos cada dos años. Cuando no se realice, el Ministerio de Hacienda deberá\ninvitar, como mínimo, a los bancos preseleccionados en el concurso del año\nanterior.\"\n\n\"Artículo 6.- Otras\ncontrataciones\n\nAutorízase\nal Ministerio de Hacienda, con el fin de que, en representación del Poder\nEjecutivo, efectúe las contrataciones requeridas según la práctica\ninternacional para emitir los títulos autorizados en esta Ley. Estos contratos\nincluyen los de agente fiscal, agente de registro, agente de pago, agente de\ntransferencia, casa impresora, asesores legales internacionales y asesores\nlegales nacionales, así como los servicios de calificación de riesgo del país y\ncalificación de la emisión.\n\nLas\ncontrataciones serán directas y no se sujetarán a los procedimientos ordinarios\nde concurso dispuestos en la Ley de contratación administrativa, pero sí a sus\nprincipios generales. El Poder Ejecutivo deberá invitar a presentar ofertas\npara estos servicios, al menos a tres oferentes potenciales, con el fin de\nobtener, en cada ocasión, las condiciones más ventajosas para el país en\ntérminos de calidad, técnica, experiencia y precio.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 43.- Refórmanse los\nartículos 32 y 43 de la Ley general de Servicio Nacional de Salud Animal, N.º\n8495, de 6 de abril de 2006. Los textos dirán:\n\n \"Artículo 32.- Plan\nvehicular\n\nAutorízase\nal Senasa para que defina un plan vehicular que permita la existencia, el\nmantenimiento y la continuidad de medios de transporte fiables, con cargo al\npresupuesto nacional o a sus propios recursos. Igualmente, podrá diseñar\nmedidas opcionales o accesorias para enfrentar sus necesidades y competencias.\n\nEl\nreglamento de los vehículos propiedad del Senasa no considerará el uso\ndiscrecional y deberá contemplar las excepciones de uso requeridas para\nasegurarle al país las garantías que esta Ley ofrece y los casos de\nemergencia.\"\n\n\"Artículo 43.- Obligación del\ncombate particular obligatorio\n\nLos\npropietarios o encargados de animales estarán en la obligación de combatir, por\nsu cuenta, las plagas o enfermedades declaradas de combate particular\nobligatorio. Si no lo hacen, el Senasa lo hará por cuenta de ellos y el\ncomprobante de egresos que emita el Senasa constituirá título ejecutivo.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 44.- Refórmase el párrafo\nsegundo del artículo 17 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento\nilícito en la función pública, N.º 8422, de 6 de octubre de 2004. El texto\ndirá:\n\n\"Artículo 17.- Desempeño\nsimultáneo de cargos públicos\n\n[...]\n\nPara que\nlos funcionarios públicos realicen trabajos extraordinarios que no puedan\ncalificarse como horas extras se requerirá la autorización del jerarca\nrespectivo. La falta de autorización impedirá el pago o la remuneración.\n\n[...]\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 45.- Refórmase el artículo\n18 de la Ley N.º 7972, Creación de cargas tributarias sobre licores, cervezas y\ncigarrillos para financiar un plan integral de protección y amparo de la\npoblación adulta mayor, niñas y niños en riesgo social, personas discapacitadas\nabandonadas, rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes, apoyo a las\nlabores de la Cruz Roja y derogación de impuestos menores sobre las actividades\nagrícolas y su consecuente sustitución. El texto dirá:\n\n\"Artículo 18.- El uso, la inversión\ny la distribución de los fondos descritos en este capítulo estarán sujetos a la\nsupervisión de la Contraloría General de la República y de la Superintendencia\nGeneral de Valores, en lo atinente a las competencias de esta última.\n\nEn\nvirtud de lo dispuesto en esta Ley, solo podrán girarse dineros a las entidades\nprivadas cuando no tengan fines de lucro, posean personería jurídica vigente y\nhayan sido declaradas de bienestar social por el Instituto Mixto de Ayuda\nSocial y previamente calificadas por la administración concedente respectiva\ncomo entidades privadas idóneas para administrar fondos públicos; para ello,\ntanto su organización administrativa y contable, como sus controles internos\ndeberán ajustarse a las normas legales, los reglamentos vigentes y los manuales\ntécnicos y contables emitidos por la Contraloría General de la República, para\nel uso correcto de los recursos públicos. En todo caso, también les será\naplicable lo dispuesto en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley orgánica de la\nContraloría General de la República, N.º 7428, de 7 de setiembre de 1994.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 46.- Refórmase el\nartículo 25 de la Ley reguladora del servicio público de transporte remunerado\nde personas en vehículos en la modalidad de taxi, N.° 7969. El texto dirá:\n\n\"Artículo 25.- Cálculos del\ncanon\n\nPor cada\nactividad regulada, el Consejo cobrará un canon consistente en un cobro anual\nque se dispondrá de la siguiente manera:\n\na) El Consejo calculará el canon de cada actividad\nsegún el principio de servicio al costo y deberá establecer un sistema de\ncosteo apropiado para cada actividad regulada.\n\nb) Cuando la regulación por actividad involucre\nvarias empresas, la distribución del canon seguirá criterios de\nproporcionalidad y equidad.\n\nc) En el mes de junio de cada año, el Consejo\npresentará ante la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, para su\naprobación, el proyecto de cánones para el año siguiente, con su justificación\ntécnica. Recibido el proyecto, la Autoridad Reguladora dará audiencia, por un\nplazo de diez días hábiles, a las empresas reguladas para que expongan sus\nobservaciones al proyecto de cánones. Transcurrido el plazo, se aplicará el\nsilencio positivo.\n\nd) El proyecto de cánones deberá aprobarse a más\ntardar el último día hábil de agosto del mismo año. Vencido este término sin el\npronunciamiento de la Autoridad Reguladora, el proyecto se incluirá dentro del\nMinisterio de Obras Públicas y Transportes y se tendrá por aprobado en la forma\npresentada por el Consejo y el Tribunal. El Consejo determinará los medios y\nlos procedimientos adecuados para recaudar los cánones referidos en esta Ley.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 47.- Refórmase el\nartículo 82 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos\n(Aresep), N.° 7593. El texto dirá:\n\n\"Artículo 82.- Cálculos del canon\n\nPor cada\nactividad regulada, la Autoridad Reguladora cobrará un canon consistente en un\ncargo anual, que se determinará de la siguiente manera:\n\na) La Autoridad Reguladora calculará el canon de\ncada actividad de acuerdo con el principio de servicio al costo y deberá\nestablecer un sistema de costeo apropiado para cada actividad regulada.\n\nb) Cuando la regulación por actividad involucre\nvarias empresas, la distribución del canon seguirá criterios de\nproporcionalidad y equidad.\n\nc) Dentro de la primera quincena del mes de abril\nde cada año, la Autoridad Reguladora presentará el proyecto de cánones para el\naño siguiente, con su respectiva justificación técnica, ante la Contraloría\nGeneral de la República, para que lo apruebe o impruebe. Recibido el proyecto,\nla Contraloría dará audiencia, por un plazo de diez (10) días hábiles, a las\nempresas reguladas a fin de que expongan sus observaciones al proyecto de\ncánones. Transcurrido el plazo, se aplicará el silencio positivo.\n\nd) El proyecto de cánones deberá aprobarse o\nimprobarse a más tardar el último día hábil del mes de julio del mismo año.\n\nSegún\nlos procedimientos aquí indicados, esa Autoridad someterá a la Contraloría\nGeneral de la República, para su aprobación, los cánones por nuevos servicios\npúblicos establecidos por la Asamblea Legislativa.\n\nLa\nAutoridad Reguladora determinará los medios y los procedimientos adecuados para\nrecaudar los cánones a que se refiere esta Ley.\n\nLa\nAutoridad Reguladora estará sujeta al cumplimiento de los principios\nestablecidos en el título II de la Ley N.º 8131, Administración financiera de\nla República y presupuestos públicos, y a proporcionar la información requerida\npor el Ministerio de Hacienda para sus estudios. En lo demás, se le exceptúa de\nlos alcances y la aplicación de esa Ley. En su fiscalización, estará sujeta\núnicamente a las disposiciones de la Contraloría General de la República.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 48.- Refórmase el\nartículo 3 de la Ley N.º 3418 conocida con el nombre Obligación de las\ninstituciones autónomas del Estado a contribuir con el pago de las cuotas para\norganismos internacionales, de 3 de octubre de 1964. El texto dirá:\n\n\"Artículo 3.- Para determinar los\nmontos a que se refiere el artículo anterior, el Poder Ejecutivo solicitará a\nlas instituciones sujetas a esta Ley las cifras bases correspondientes a los\npresupuestos administrativos indicados en el artículo 2.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 49.- Refórmase el párrafo\nsegundo del artículo 2 de la Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos del\nInstituto Nacional de Seguros, N.º 8228, de 19 de marzo de 2002, y sus\nreformas. El texto dirá:\n\n\"Artículo 2.- Personería\njurídica\n\n[...]\n\nPara\nasegurar el cumplimiento de esos fines, el órgano desconcentrado máximo que se\ncrea en esta Ley dispondrá de la potestad de ejecutar su asignación\npresupuestaria, sujeto al mandato de las leyes que regulan dicho ejercicio. En\nadición a la obligación establecida en el inciso a) del artículo 40 de esta\nLey, la Junta Directiva del INS deberá ordenar el giro oportuno, al Fondo del\nCuerpo de Bomberos, de las sumas de dinero que determine como necesarias, según\njustificación aportada por el Cuerpo de Bomberos, para que dicho órgano pueda\nbrindar servicios en forma eficaz y eficiente a la población de Costa Rica.\nDichos aportes se considerarán como gasto deducible del impuesto sobre la renta\nque debe pagar el INS.\"\n\n \n\n Ficha articulo\n\nCAPÍTULO II\n\nDEROGACIONES\n\nARTÍCULO 50.- Derógase el artículo\n37 del Código de Educación, N.º 181, de 18 de agosto de 1944, reformado por el\nartículo 1 de la Ley N.º 3330, de 31 de julio de 1964.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 51.- Derógase el\ntransitorio VIII del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.º\n4755, de 3 de mayo de 1971.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 52.- Derógase el artículo\n2 de la Ley N.º 5632, referida al Convenio intermunicipal metropolitano sobre\nel relleno de basura de Río Azul, de 9 de diciembre de 1974, y sus reformas.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 53.- Derógase el artículo\n4 de la Ley N.º 5691, sobre la obligación de reglamentar el uso de vehículos\noficiales, de 19 de mayo de 1975.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 54.- Derógase el artículo\n10 de la Ley N.º 5874, sobre la creación de timbres de impuestos de salida del\npaís, de 23 de diciembre de 1975.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 55.- Derógase el inciso 5\ndel artículo 37 de la Ley orgánica de la Contraloría General de la República,\nN.º 7428, de 7 de setiembre de 1994.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nARTÍCULO 56.- Derógase el artículo\n14 de la Ley N.º 5695, sobre la creación del Registro Nacional, de 28 de mayo\nde 1975, reformado por el artículo 2 de la Ley N.º 5950, de 27 de octubre de\n1976.\n\nRige a partir de su publicación.\n\nDado en la Presidencia de la República.-San José, a\nlos cinco días del mes de mayo del año dos mil diez.\n\n \n\n Ficha articulo\n\nFecha de generación: 7/5/2026 07:28:53\n\n Ir al principio del documento", "body_en_text": "Remember that Control F is an option that allows you to search\n the entire text\n\n Go to the end of the document\n\n - You are on the latest version of the regulation\n -\n\n Full Text of Regulation 8823\n\n Reforms various laws on the participation of the Comptroller General of the\nRepublic for the Simplification and Strengthening of Public Management\n\nFull Text record: D013D\n\nNo. 8823\n\nTHE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA\n\nDECREES:\n\nREFORM OF VARIOUS LAWS ON THE PARTICIPATION OF THE\n\nCOMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC FOR THE\n\nSIMPLIFICATION AND STRENGTHENING OF\n\nPUBLIC MANAGEMENT\n\nCHAPTER I\n\nREFORMS\n\nARTICLE 1.- Article 228 of the Labor Code (Código de Trabajo), Law No. 2, and its reforms, is hereby reformed. The text shall read:\n\n\"Article 228.- Public institutions shall provide the National Insurance Institute (Instituto Nacional de Seguros) with the medical-surgical-hospital and rehabilitation care that it requires for the administration of the occupational hazards regime. The setting of costs shall be made based on the reports submitted by the public institutions, taking into account the criterion of the insurance entity. In case of discrepancy, the rules established in the General Law of Public Administration (Ley general de la Administración Pública) shall be applied to determine the definitive cost of the services.\n\nThe payment for the care services requested by the insuring Institute shall be made in accordance with the regulations of the law.\"\n\n\n\n Article file\n\nARTICLE 2.- Article 35 of Law No. 17, which creates the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social), of October 22, 1943, reformed by Article 9 of Law No. 6577, of May 6, 1981, is hereby reformed. The text shall read:\n\n\"Article 35.- Notwithstanding the provisions of the two preceding articles, the Board of Directors may vary the application of the quotas from employers or insured persons, or from the State as such, to the corresponding funds of any of the pay-as-you-go or collective capitalization regimes if, according to actuarial calculations, such a measure is advisable for the greater success of social security. These variations may not affect the reserves already constituted.\"\n\n\n\n Article file\n\nARTICLE 3.- Article 58 of the Education Code (Código de Educación), No. 181, of August 18, 1944, reformed by Article 1 of Law No. 2949, of December 18, 1961, is hereby reformed. The text shall read:\n\n\"Article 58.- School treasurers shall have as fees five percent (5%) on the amounts they collect monthly, except on sums directly delivered by the public treasury. The boards shall pay the premiums for the treasurers' bonds. In any case, the indicated fees may not exceed one thousand colones monthly.\"\n\n\n\n Article file\n\nARTICLE 4.- Article 2 bis of the Raffles and Lotteries Law (Ley de rifas y loterías), No. 1387, of November 21, 1951, added by Article 4 of Law No. 6463, of September 18, 1980, is hereby reformed. The text shall read:\n\n\"Article 2 bis.- Any raffle of motor vehicles, exempt from taxes, authorized by the Legislative Assembly for social aid groups, such as lions clubs, junior chambers, rotary clubs, volunteer ladies or others, must produce a sum of money equal to or greater than the price of the vehicle to be raffled, including the respective taxes, in the national market.\n\nThe General Directorate of Taxation (Dirección General de Tributación) shall ensure the application of this rule.\"\n\n\n\n Article file\n\nARTICLE 5.- Article 4 of Law No. 2981, Tax on beers in favor of adaptation centers (Impuesto a cervezas a favor de centros de adaptación), of December 20, 1961, is hereby reformed. The text shall read:\n\n\"Article 4.- From the product of this new revenue, eighty-five percent (85%) annually shall be allocated to the General Directorate of Social Adaptation (Dirección General de Adaptación Social) which shall endeavor to give priority to the technical needs of the National Institute of Criminology (Instituto Nacional de Criminología), such as the hiring of technicians and specialists indispensable for the diagnosis and treatment of inmates and the purchase of equipment installation, and hiring of personnel for the better development of the activities of the General Directorate of Social Adaptation. The remainder, that is, fifteen percent (15%) annually, shall be for the Latin American Institute for the Prevention of Crime and Treatment of Offenders (Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente), which has its headquarters in Costa Rica.\n\nThe Central Bank of Costa Rica (Banco Central de Costa Rica) shall separate and transfer directly to the Board of Constructions, Installations and Acquisition of Goods of the General Directorate of Social Adaptation (Patronato de construcciones, instalaciones y adquisición de bienes de la Dirección General de Adaptación Social) and to the Latin American Institute for the Prevention of Crime and Treatment of Offenders (ILANUD), the total product of this tax, in the percentages that correspond to each one.\n\nThe oversight of the provision is a matter of internal control of the administration.\"\n\n\n\n Article file\n\nARTICLE 6.- Article 11 of the Organic Law of the Board of Port Administration and Development of the Atlantic Slope (Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica) (JAPDEVA), No. 3091, of February 18, 1963, is hereby reformed. The text shall read:\n\n\"Article 11.- The members of the Administration Board referred to in subsection b) of Article 8 above shall be appointed by the Government Council (Consejo de Gobierno), for periods of eight years, starting from June first of the year in which the presidential term begins, in accordance with Article 134 of the Political Constitution. The appointments shall be made in the last fifteen days of May of the same year. The renewal of the board members shall be made by halves, so that after each change of Government, three of the board members shall be appointed, in accordance with Article 5 and Transitional Provision I of Law No. 4646. The members of the Administration Board may be reelected indefinitely.\n\nOnce the appointment of the directors is made and they have taken office, the Government Council may revoke them when there is cause for it, in accordance with the corresponding legal and/or regulatory provisions. Any case of substitution and appointment due to resignation, justified removal or for any other cause shall be made within the term of fifteen days and for the remainder of the legal period, following the rules established in this article.\"\n\n\n\n Article file\n\nARTICLE 7.- Article 2 of Law No. 3893, on the contributions to the Santa María de Guadalupe School (Colegio Santa María de Guadalupe), of June 5, 1967, is hereby reformed. The text shall read:\n\n\"Article 2.- The entities authorized by this Law shall ensure that contributions are made in accordance with legal procedures and their economic capacity.\"\n\n\n\n Article file\n\nARTICLE 8.- Article 3 of Law No. 4212, which exempts machinery for the Higher Council of Social Defense (Consejo Superior de Defensa Social), of October 23, 1968, is hereby reformed. The text shall read:\n\n\"Article 3.- The administration shall ensure the correct application of the provisions of this Law.\"\n\n\n\n Article file\n\nARTICLE 9.- Article 71 of the Urban Planning Law (Ley de planificación urbana), No. 4240, of November 15, 1968, reformed by Article 1 of Law No. 4971, of April 28, 1972, is hereby reformed. The text shall read:\n\n\"Article 71.- The total cost of paving works and construction of public roads when these cross urban zones, sidewalks, curbs and gutters, storm and sanitary sewers, aqueducts and electrical distribution and lighting must be charged and collected from the owners of the directly benefited properties, by means of the corresponding betterment levy (tasa de valorización) set by the competent state entity executing the works, after publication of a hearing to the interested parties in the official gazette La Gaceta.\n\nThe total cost shall include, in addition to materials and labor with their respective social charges, administration and engineering expenses, the price of the lands to be acquired, the payment of improvements or indemnities for buildings that are to be demolished or repaired and, where applicable, the financial costs.\n\nBetween what must be paid for lands and improvements and what corresponds for the amount of the betterment levy, direct and immediate compensation shall be made for the corresponding part. Whoever has to pay some amount due to the purchase-sale or expropriation may have up to ten years term subject to an interest of eight percent (8%) annually for the cancellation of the amount owed. Projects or works of evident public interest may be totally or partially excepted from the payment of the betterment levy.\"\n\n\n\n Article file\n\nARTICLE 10.- Subsection c) of Article 66 of Law No. 4521, on the creation of cantonal agricultural centers (centros agrícolas cantonales), of December 26, 1969, is hereby reformed. The text shall read:\n\n\"Article 66.- The members of the Liquidating Commission shall have the following powers:\n\n[...]\n\nc) To sell the goods of the agricultural center at the price, following appraisal by the General Directorate of Taxation.\n\n[...]\"\n\n\n\n Article file\n\nARTICLE 11.- Article 5 of Law No. 4646, which modifies the integration of the boards of directors of autonomous institutions, of October 20, 1970, is hereby reformed. The text shall read:\n\n\"Article 5.- The elective members of the Board of Directors referred to in subsection 2) of the previous article shall be appointed by the Government Council, for periods of eight years, starting from June 1st of the year in which the presidential term referred to in Article 134 of the Political Constitution begins.\n\nTheir appointments must be made in the last fifteen days of May of the same year. The renewal of the directors shall be made by halves, so that after each change of Government, three of the directors of each board of directors shall be appointed.\n\nHowever, when the organic law of any of the institutions cited in the previous article does not establish the representation of the Executive Branch by means of a Government minister, the seven members of the board of directors shall be appointed by the Government Council in accordance with the preceding paragraph, renewing after each change of Government the three or four directors as appropriate, whose eight-year period expires. Any of the members of the boards of directors may be reelected.\n\nOnce the appointment of the directors is made and they have taken office, the Government Council may revoke them when there is cause for it, in accordance with the corresponding legal and/or regulatory provisions. In any case, the substitution and appointment due to resignation, justified removal or for any other cause shall be made within the term of fifteen days and for the remainder of the legal period, following the rules established in this article.\n\nIn cases where the organic law of any of the institutions mentioned in the previous article indicates special requirements for their directors, in relation to their profession or trade union representation, those requirements shall be respected insofar as they are compatible and applicable with the procedure established here for their appointments.\"\n\n\n\n Article file\n\nARTICLE 12.- Article 28 of the Law for the creation of the Joint Institute of Social Aid (Instituto Mixto de Ayuda Social) (IMAS), No. 4760, of May 4, 1971, is hereby reformed. The text shall read:\n\n\"Article 28.- IMAS may enter into loans with authorization of the Legislative Assembly when they are to be carried out with foreign entities or when they are carried out in the country with foreign capital and in other cases what is determined by the Law of Financial Administration of the Republic and Public Budgets (Ley de administración financiera de la República y presupuestos públicos).\"\n\n\n\n Article file\n\nARTICLE 13.- Article 5 of the Organic Law of the Technological Institute of Costa Rica (Instituto Tecnológico de Costa Rica), No. 4777, of June 10, 1971, is hereby reformed. The text shall read:\n\n\"Article 5.- It may offer goods and services within the fields of activity that are the object of its professional careers, directly or through corporations in which it exercises majority control and which it may form with public development establishments or entities, both national and foreign. For this effect, national institutions are empowered to participate in such corporations with the Institute.\n\nThe constitution of corporations must be approved by the Institute's Directive Council, by two-thirds of its votes.\"\n\n\n\n Article file\n\nARTICLE 14.- Article 5 of Law No. 4895, National Banana Corporation, Public Limited Company (Corporación Bananera Nacional Sociedad Anónima), of November 16, 1971, reformed by its Transitional Provision VIII, added by Law No. 7147, of April 30, 1990, is hereby reformed. The text shall read:\n\n\"Article 5.- The share capital shall be that fixed by the articles of incorporation, whose preparation and registration shall be the responsibility of the Central Bank, through the General Audit of Banks (Auditoría General de Bancos); it may not be initially less than one million colones, subject to increase through subsequent contributions from the partners that make it up or from new ones that are admitted. Said capital shall be represented by three series of registered shares, with a nominal value of one thousand colones (¢1000.00) each, as follows:\n\n1) Series 'A' special, which may only be subscribed by the Government of the Republic, shall be inalienable in nature and for no reason may vary in its nature or in the rights that this Law confers upon it; this series of shares shall initially represent at least thirty-three and one-third percent of the company's share capital. It shall be paid in cash by the State. They shall be represented at the assemblies by the Minister of Finance (ministro de Hacienda) or by whomever he designates in writing.\n\n2) Series 'B' special, which must be subscribed and paid in cash by the nationalized credit institutions of the National Banking System in the proportion of one-third of the capital of the National Banana Corporation. The Company is empowered to reacquire these shares to hold them in portfolio or to sell them to the private sector, especially to banana cooperative societies.\n\n3) Series 'C' common, which shall be subscribed by private individuals and must be paid in cash twenty-five percent (25%) of each share and the remaining seventy-five percent (75%) within the term of one year, subject to the condition that no individual or legal entity may control more than five percent (5%) of the total shares held by private enterprise. Any transfer of shares through which a shareholder comes to hold more than the indicated percentage shall be absolutely null.\"\n\n\n\n Article file\n\nARTICLE 15.- Articles 16 and 18 of the Foundations Law (Ley de fundaciones), No. 5338, of August 28, 1973, the latter reformed by Law No. 8151, of November 14, 2001, are hereby reformed. The text shall read:\n\n\"Article 16.- If the Administrative Board considers that the foundation cannot be administered in accordance with its constitutive or regulatory precepts, it shall request the civil judge of its jurisdiction to order the manner in which it should be administered or to order the correction of the deficiencies that occur in it, always with the purpose of maintaining the ends for which it was created. Those proceedings shall be followed through the procedures of voluntary jurisdiction, with the intervention of the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República). The same procedure shall be followed to remove the administrators when they do not duly fulfill their obligations. Once the removal is agreed, the judge shall communicate what is appropriate so that the position is filled in accordance with Article 11.\"\n\n\"Article 18.- In order for foundations to receive from public institutions donations, subsidies, transfers of movable or immovable property or any economic contribution that allows them to complement the realization of their objectives, they must meet the following requirements:\n\na) Be constituted for at least one year.\n\nb) Have been active since their constitution, a quality they acquire through the execution of at least one project per year.\n\nc) Have up-to-date registration of their legal personality and legal capacity.\n\nIn order to have absolute transparency in the procurement, source and management of those public funds by the foundations, they must keep in a separate account the donations they receive and the origin of these, and must specify what they are invested in. The foregoing must be supervised by the internal audit that every foundation is obliged to have, which shall exercise its functions in accordance with the regulations in force on the matter it audits, and as established in the manuals of technical auditing standards and internal control issued by the Comptroller General of the Republic.\n\nThe audit report must be submitted to the comptroller entity together with the report of the Administrative Board, in accordance with what is indicated in Article 15 of this Law.\"\n\n\n\n Article file\n\nARTICLE 16.- Article 2 of Law No. 5883, on the toll between Limón-Siquirres, No. 5883, of January 12, 1976, is hereby reformed. The text shall read:\n\n\"Article 2.- The Executive Branch shall determine and regulate the toll right referred to in this Law, in accordance with the corresponding technical studies and adjusting for the effect to the provisions of the third paragraph of Article 4 of the Code of Tax Norms and Procedures (Código de Normas y Procedimientos Tributarios).\"\n\n\n\n Article file\n\nARTICLE 17.- Article 5 of Law No. 6135 which ratifies the Agreement between the United Nations and the Government of Costa Rica for the establishment of the Latin American Institute for the Prevention of Crime and Treatment of Offenders of November 18, 1977, is hereby reformed. The text shall read:\n\n\"Article 5.- If for any reason and at any time, the Institute should cease to have its headquarters in Costa Rica, all its movable or immovable property, titles or securities of any kind shall become the property of the Government of Costa Rica.\"\n\n\n\n Article file\n\nARTICLE 18.- Article 23 of Law No. 6289, on the National Seed Office (Oficina Nacional de Semillas), of December 4, 1978, is hereby reformed. The text shall read:\n\n\"Article 23.- The Fund mentioned in the previous article shall be deposited in a special account, opened in any of the banks of the National Banking System. The procedures relating to the opening, the manner of keeping the accounting and the operation in general of said account shall be made through the Regulations of this Law.\"\n\n\n\n Article file\n\nARTICLE 19.- Article 6 of Law No. 6588, which regulates the Costa Rican Petroleum Refinery (Refinadora Costarricense de Petróleo) (RECOPE), of July 30, 1981, added by Article 56 of the Hydrocarbons Law (Ley de hidrocarburos), No. 7399, of May 3, 1994, is hereby reformed. The text shall read:\n\n\"Article 6.- The objectives of the Costa Rican Petroleum Refinery, S.A. are the following: to refine, transport, commercialize in bulk petroleum and its derivatives; to maintain and develop the facilities necessary for this and to exercise, in what corresponds to it, the development plans of the energy sector, in accordance with the National Development Plan (Plan nacional de desarrollo). The Refinery may not grant loans, make donations, grant subsidies or subventions, nor construct interoceanic pipelines, without prior legal authorization.\n\nThe Costa Rican Petroleum Refinery, S.A. may allocate to the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones) the financial, human, technical and logistical resources required for the fulfillment of the obligations entrusted to it in the Hydrocarbons Law.\n\nLikewise, the Costa Rican Petroleum Refinery, S.A. may participate, individually or in shared ownership, in the tenders promoted by the General Directorate of Hydrocarbons (Dirección General de Hidrocarburos) for the exploration and exploitation of hydrocarbons, in accordance with the provisions of the Hydrocarbons Law.\"\n\n\n\n Article file\n\nARTICLE 20.- Article 11 of Law No. 6735, which creates the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario) (IDA), of March 29, 1982, is hereby reformed. The text shall read:\n\n\"Article 11.- The members of the Board shall be irremovable during the period for which they were designated; however, they may be removed from their positions if they incur any of the following grounds:\n\na) Violation of any of the prohibitive provisions or mandatory precept, contained in the laws, decrees or regulations applicable to the Institute.\n\nb) Responsibility for fraudulent or illegal acts or operations. In the event of an order for committal for trial (auto de elevación a juicio) being issued against a member of the Board, they shall be suspended from the exercise of their functions by the Government Council, until a final judgment is handed down, for the purpose of resolving definitively.\n\nc) Resignation, disqualification or deprivation of Costa Rican citizenship.\n\nch) Non-attendance at three consecutive ordinary sessions without justified cause, in the judgment of the Board of Directors.\n\nd) Incapacity or physical impediment to perform their functions for a period of six months.\n\ne) When the member of the Board of Directors is the owner or lessee of rural lands and it is proven that they do not comply with the provisions of the respective law.\n\nIn all the cases indicated in this article, the Board shall inform the Government Council, so that it may determine whether it is appropriate to declare the separation in the case.\n\nNotwithstanding the foregoing, the director subject to investigation may be separated from their position while said investigation is carried out. In such case, the Government Council must appoint an interim director to substitute them for the time the investigation lasts, in accordance with the procedures established in subsection b) of Article 8.\"\n\n\n\n Article file\n\nARTICLE 21.- Article 5 of Law No. 6758 which regulates the execution of the Papagayo Tourism Project (Proyecto turístico de Papagayo), of June 4, 1982, is hereby reformed. The text shall read:\n\n\"Article 5.- For the exclusive use of the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo), regarding the execution of the Project, the purchase and importation of machinery, equipment and materials for construction, development and execution of the tourism activity provided for in this Law shall be exempt from payment of all types of taxes. The Institute may, equally, auction free of taxes, with prior agreement of the Board of Directors, the equipment and materials in disuse or deteriorated, if, once the autonomous institutions of the State, the Ministry of Public Works and Transport (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) and the municipalities of the country have been consulted, these institutions show no interest in acquiring these goods at their base price. The price shall be fixed, in each case by expert appraisal, by the qualified personnel of the Costa Rican Tourism Institute or, failing that, the General Directorate of Taxation. The holding of the auctions shall be carried out in accordance with the procedures provided for in the Law of Administrative Contracting (Ley de contratación administrativa) and its regulations.\"\n\n\n\n Article file\n\nARTICLE 22.- Article 7 and the transitional provision of Law No. 6847, on the promotion of rural industries (fomento de industrias rurales), of February 1, 1983, are hereby reformed. The text shall read:\n\n\"Article 7.- For the purposes of the use of the machinery and equipment referred to in the previous article, contracts must be signed, the content of which shall be fixed in the regulatory norms of this Law. The provisions of the Law of Administrative Contracting shall not apply to those contracts.\"\n\n\"Transitional Provision.- The Executive Branch shall regulate this Law in other aspects, within the five months following its publication.\"\n\n\n\n Article file\n\nARTICLE 23.- Article 18 of the Organic Law of the National Institute of Apprenticeship (Instituto Nacional de Aprendizaje) (INA), No. 6868, of May 6, 1983, is hereby reformed. The text shall read:\n\n\"Article 18.- The acquisition of goods and services required by the Institute, as well as the sale of goods and services produced through its training and professional education activities, shall be governed by the provisions of the Law of Administrative Contracting.\"\n\n\n\n Article file\n\nARTICLE 24.- Subsection i) of Article 3 of Law No. 6877, on the creation of the National Service of Water, Irrigation and Drainage (Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento) (SENARA), of July 18, 1983, reformed by Article 16 of Law No. 7096, of June 27, 1988, is hereby reformed. The text shall read:\n\n\"Article 3.- The functions of SENARA are:\n\n[...]\n\ni) To provide technical advice and services to public institutions and private individuals. When the advice and provision of services to the cited institutions are not conceived in the programs and projects of the Service, as well as when they are provided to private individuals, it shall charge the rates set by its Board of Directors.\n\n[...]\"\n\n\n\n Article file\n\nARTICLE 25.- Article 58 of the Law for the financial balance of the public sector (Ley para el equilibrio financiero del sector público), No. 6955, of February 24, 1984, is hereby reformed. The text shall read:\n\n\"Article 58.- Personnel appointed for the surveillance and maintenance of public order shall perform, exclusively, the functions inherent to their position. As of the entry into force of this Law, the budgetary codes for positions for the security and public order service, which are occupied by public servants performing other functions, must be destined to comply with the provisions of the preceding paragraph.\"\n\n\n\n Article file\n\nARTICLE 26.- Article 5 of Law No. 6957, of March 13, 1984, which authorizes the Ministry of Finance (Ministerio de Hacienda) to transfer the difference resulting from the issuance of bonds authorized by Article 6 of Law No. 6839, of January 5, 1983, is hereby reformed. The text shall read:\n\n\"Article 5.- The Ministry of Public Education (Ministerio de Educación Pública) is authorized to contract the acquisition of equipment destined to promote and develop the productive activities of agricultural or technical professional schools (colegios agropecuarios or técnicos profesionales), especially those where youth cooperatives are operating.\"\n\n\n\n Article file\n\nARTICLE 27.- Subsection ñ) of Article 16 of the Organic Law of the Costa Rican Railway Institute (Instituto Costarricense de Ferrocarriles) (INCOFER), No. 7001, of September 19, 1985, is hereby reformed. The text shall read:\n\n\"Article 16.- The duties and powers of the Board of Directors are:\n\n[...]\n\nñ) To carry out barter operations, in the national or international market, of equipment and materials in disuse that are considered convenient for the Institute itself, whose barter balance may not be unfavorable for the Institute by more than five percent (5%) of the total amount of the operation.\n\n[...]\"\n\n\n\n Article file\n\nARTICLE 28.- Articles 11 and 21 of Law No. 7012, on the creation of the Golfito commercial free zone (depósito libre comercial de Golfito), of November 4, 1985, are hereby reformed. The text shall read:\n\n\"Article 11.- The tax established in Article 6 of this Law shall be collected through the Central Bank of Costa Rica or its auxiliary offices, when processing the customs clearance form (póliza de desalmacenaje) at customs regarding imports, and with respect to nationally manufactured products, when the manufacturer prepares the invoice. This tax shall be transferred directly in favor of the Board, once the sums corresponding to it for bank commission have been deducted.\n\nThe Ministry of Finance shall exercise the powers of oversight and verification, both in tax and customs matters, regarding the entry, permanence and destination of the goods. For the aforementioned purposes, the Board is authorized to enter into an agreement with the Ministry of Finance, in order to coordinate and facilitate the tax and customs functions, and to determine the annual sums that it will transfer to cover the cost of the tasks under the responsibility of the cited Ministry.\n\nThe entirety of the tax generated shall be administered and distributed by the Board, which shall allocate the resources to the financing of regional and local development projects, presented by constituted organizations with duly registered legal capacity (personería jurídica), including the municipalities of the cantons of Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus and Buenos Aires.\n\nPrior to the disbursement of resources in favor of the Board to execute the cited development projects, the Board must certify the suitability of the non-governmental entities that meet the requirements to administer public funds, as provided by the regulations issued by the Comptroller General of the Republic.\n\nThe resources shall be used to finance productive and service projects, to execute infrastructure works, health programs, education, technical training and projects of social interest in favor of the most vulnerable groups of the cantons of Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus and Buenos Aires.\n\nFor the above purposes, the following resource distribution criterion shall be applied:\n\na) Up to eight percent (8%) of the net income, after deducting bank commissions and payment to the Ministry of Finance, in the terms of the second paragraph of this article, shall be allocated to operating and functioning expenses of the Board.\n\nb) Ten percent (10%) of the remainder shall be allocated to the creation of a scholarship program for students with scarce economic resources, who reside in the cantons of Buenos Aires, Golfito, Osa, Corredores and Coto Brus.\n\nc) The resulting balance after the deductions made, in accordance with the preceding subsections, shall be distributed as follows: thirty percent (30%) for the canton of Golfito, twenty percent (20%) for the canton of Osa, twenty percent (20%) for the canton of Corredores, fifteen percent (15%) for the canton of Coto Brus and fifteen percent (15%) for the canton of Buenos Aires.\"\n\n\"Article 21.- The Municipality of Golfito is authorized to establish a special license (patente especial) for the Golfito commercial free zone.\n\nUntil such time as the rates are established by the Municipality of Golfito, merchants may not sell in the Golfito commercial free zone, under the protection of the current commercial licenses.\"\n\n\n\n Article file\n\nARTICLE 29.- Article 61 of the Extraordinary Budget Law (Ley de presupuesto extraordinario), No. 7097, of August 18, 1988, is hereby reformed. The text shall read:\n\nArticle 61.- The Procuraduría General de la República is authorized to create a special fund with the resources generated from the sale of the magazine Procuraduría General de la República. Said funds shall be used for the purchase of books for the library operating within the Procuraduría General de la República.\n\nARTICLE 30.- Article 6 of the Convention on the sale of agricultural products (PL-480), Law No. 7098, of September 20, 1988, is reformed. The text shall read:\n\n\"Article 6.- The Law of financial administration of the Republic is applicable to the provisions of this PL-480 Convention, regarding the use of the portions of money resulting from the sale of wheat made to public institutions. These funds shall enter their budget and shall be spent in accordance with the patrimonial, financial, and budgetary regime provided for by the laws for said institutions. The contributions provided for private entities of public interest shall likewise be governed by said regime since these are public funds. All of the foregoing shall be done without prejudice to the provisions of the PL-480 Convention approved by this Law and to the oversight carried out for that purpose by the Contraloría General de la República.\"\n\nARTICLE 31.- Article 22 of the Extraordinary Budget Law, No. 7138, of November 16, 1989, is reformed. The text shall read:\n\n\"Article 22.- From the funds of the Loan Convention number 530/OC-CR, entered into between the Government of the Republic of Costa Rica and the Inter-American Development Bank, for the partial operation of the Ciudad Colón-Orotina project, and from the counterpart referred to in clause 4.02 (a) (ii) of chapter IV of the loan agreement, Law No. 7123, of January 11, 1989, the National Treasury shall directly disburse the corresponding sums to cover expenses incurred according to the requests submitted by the General Financial Directorate of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes. This Ministry, together with the budget control departments of the Ministerio de Hacienda, shall establish the control mechanisms and the charge to the national budget.\"\n\nARTICLE 32.- The second paragraph of Article 39 of the Law for the promotion of scientific and technological development, No. 7169, of June 26, 1990, is reformed. The text shall read:\n\n\"Article 39.- To provide financial content to the plans, programs, and projects developed under the application of this Law, the Fondo de incentivos for scientific and technological development is created.\n\nThe Consejo Nacional para la Investigación Científica y Tecnológica (Conicit) shall receive the income of the Fondo de incentivos, which it must include in its annual budget and manage through a special account in a State bank, with separate accounting.\n\nThe Fondo de incentivos shall obtain its financing from the following sources of income:\n\na) The Executive Branch shall endeavor to include in the first ordinary or extraordinary budget it sends to the Legislative Assembly, after this Law is approved, an allocation of no less than one hundred million colones (¢100,000,000) to be used to achieve the objectives of this Law. In subsequent ordinary budgets, this allocation may be increased by fifty million colones (¢50,000,000) annually, until reaching the amount of two hundred fifty million colones (¢250,000,000), which shall continue to be included in each ordinary budget.\n\nb) Donations, transfers, contributions, and appropriations made by individuals and public or private entities, national or foreign.\n\nPublic sector institutions are authorized to include contributions in their budgets for this Fund, in addition to the specific budget they allocate for science and technology, pursuant to Article 97 of this Law.\n\nThe sums delivered to the Fund shall enjoy the income tax exemptions established in subsection q) of Article 8 of Law No. 7092, of April 21, 1988.\n\nc) The special contributions that, according to the regulations, must be made by companies benefited by the incentives of this Law, once the appropriate growth period has elapsed and when they are consolidated.\n\nd) Other forms of financing or taxes established for these purposes.\n\nThe Consejo Nacional para la Investigación Científica y Tecnológica (Conicit) is authorized to sign contracts, create trusts, and establish any other mechanism, as permitted by the current legal system, to increase and manage the resources of this Fund; as well as to receive donations, financing, and national or foreign cooperation for the fulfillment of the objectives of this Law.\"\n\nARTICLE 33.- Article 2 of the Law extending the corporate duration of Radiográfica Costarricense S.A. -Racsa-, No. 7298, of May 5, 1992, is reformed. The text shall read:\n\n\"Article 2.- The Instituto Costarricense de Electricidad may not carry out any type of act of sale, assignment, transfer, concession, or encumbrance, total or partial, at the national or international level, of the company owned by it, Radiográfica Costarricense S.A., unless a law is previously enacted expressly authorizing it.\"\n\nARTICLE 34.- Subsection c) of Article 231 and Article 255 of the Law on traffic on public land roads, No. 7331, of April 13, 1993, and its reforms, are reformed. The texts shall read:\n\n\"Article 231.- From the sums collected for the concept of fines for infractions, as indicated in subsection d) of Article 10 of Law No. 6324, the Consejo de Seguridad Vial shall make, semi-annually, the following transfers:\n\n[...]\n\nc) Fifteen percent (15%) to the Asociación Cruz Roja Costarricense, a sum that shall be distributed equitably among the different auxiliary committees of the country and shall only be used for the purchase and improvement of their fixed or mobile equipment, as well as for the acquisition of fuel for their units.\n\nThe entities and associations that receive the aforementioned transfers shall annually submit a budget settlement report for those funds to the Consejo de Seguridad Vial.\"\n\n\"Article 255.- Application. The application and verification of compliance with the foregoing provisions is the responsibility of the corresponding institutional bodies, the General Directorate of the Traffic Police, and the other authorities that must ensure that official vehicles comply with the established provisions.\n\nIn the event that the vehicle circulates outside of working hours, without express authorization, or at hours not stipulated in the permit, according to the circumstances, the authorities shall remove the license plates and immediately report, through the most appropriate administrative channel, to the ministry or the agency to which the vehicle belongs, with a complete statement of the facts.\n\nAt any time when it is observed that the driver or the passengers are under the effects of alcohol or show abnormal conduct or defiance in submitting to a routine inspection, the authority shall immediately proceed to inspect the vehicle and shall formulate the corresponding report to be transmitted to the ministry or the agency to which they belong. In serious cases, it shall prevent the continuation of the trip.\"\n\nARTICLE 35.- Article 5 of the Law authorizing the transfer of the administration of the Parque Simón Bolívar and Santa Ana zoos, No. 7369, of November 23, 1993, is reformed. The text shall read:\n\n\"Article 5.- The party with whom the administration of the zoos is contracted, in accordance with the provisions of this Law, must submit, semi-annually, a technical and accounting report of its management to the Minister of Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.\n\nThe administration contract must indicate, among other things, the deadlines for completion of the different stages of the administration project, and the State shall be in a position to make a partial rescission of the contract regarding the pending phases.\"\n\nARTICLE 36.- Subsection j) of Article 17 of Law No. 7384, Creation of the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), of March 16, 1994, is reformed. The text shall read:\n\n\"Article 17.- The Board of Directors of the Institute shall have the following powers:\n\n[...]\n\nj) Authorize the acquisition, encumbrance, or disposal of assets and resolve on public tenders.\n\n[...]\"\n\nARTICLE 37.- Articles 8 and 15 of the Law of labor joint-stock companies (sociedades anónimas laborales), No. 7407, of May 3, 1994, are reformed. The texts shall read:\n\n\"Article 8.- The Executive Branch, by decree, and the decentralized institutions or administrations, by provision of their hierarchical superiors, are authorized to lease or give in trust or commodate the goods, equipment, and material accessories intended for the provision of auxiliary or support activities or those that are not inherent to the public service or the institution's own activity, when the development of these activities must be associated with the transfer or use of State assets or its institutions' assets, which are indispensable for the exercise of the activity.\n\nThe labor joint-stock companies shall develop the activities mentioned in the preceding paragraph, in accordance with the estimate made by the Dirección General de Tributación or by public audit firms registered with the respective professional association. The rental price of those goods, equipment, and materials may form part of the service contract.\"\n\n\"Article 15.- Serious non-compliance or repeated violation of the minimum legal and regulatory conditions or of the service provision contract shall empower the responsible administration to rescind or terminate the current contract, following the development of the administrative procedure, which must respect, at least, the rights to a hearing and defense of those affected.\n\nWhen, in the judgment of the administration, the Defensoría de los Habitantes, or the Contraloría General de la República, the provision of the service does not meet the minimum quality conditions, the responsible administration may preemptively intervene in the labor joint-stock company to guarantee the continuity or efficiency of the service under its charge, without prejudice to other applicable measures or sanctions according to the law.\n\nUnjustified non-compliance with regulatory or contractual clauses shall be considered a serious fault and shall give rise to civil liability, without prejudice to any criminal liabilities that may exist.\n\nThe contracting of basic public services with labor joint-stock companies shall also be governed, to the extent applicable, by Articles 8, 9, and 10 of this Law. The provision of auxiliary basic public services by the members of labor joint-stock companies is incompatible with the maintenance of public employment with the State or with the contracting public institutions.\"\n\nARTICLE 38.- Article 4 of Law No. 7429, on donations to the Museo Nacional de Costa Rica, of September 14, 1994, is reformed. The text shall read:\n\n\"Article 4.- Control\n\nThe aforementioned donations must have a specific purpose, so that the application and use of the donated resources can be monitored and controlled.\"\n\nARTICLE 39.- Article 17 of the Law on arms and explosives, No. 7530, of July 10, 1995, is reformed. The text shall read:\n\n\"Article 17.- Control of arms held by the State\n\nThe Directorate shall keep strict control of the arms held by the State and its institutions. It shall prepare a permanent inventory of these arms and send an annual report to the Ministry's Audit Office. The reports submitted may only be known when public interest warrants it.\"\n\nARTICLE 40.- Transitory Provision I of Law No. 7667, Creation of the Fondo de apoyo para la Educación Superior y Técnica del Puntarenense, of April 9, 1997, is reformed. The text shall read:\n\n\"Transitory Provision I.- The contribution of the Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, referred to in subsection a) of Article 14 of this Law, shall cease when the seed capital of the Fund reaches the sum of two billion colones (¢2,000,000,000.00), calculated in constant currency into the future, as determined by the Board of Directors of the Fondo de Apoyo para Educación Superior y Técnica del Puntarenense, taking the effective date of this Law as the starting point.\"\n\nARTICLE 41.- Article 2 and subsection j) of Article 4 of Law No. 7755, Control of specific allocations charged to the national budget, of February 23, 1998, are reformed. The texts shall read:\n\n\"Article 2.- Beneficiaries\n\nThe beneficiaries of the specific allocations shall be the municipalities and the private entities suitable for administering public funds, qualified as such by the respective municipality and chosen by the communities, provided that their proposals are channeled through the municipality where the work will be executed or the service will be provided.\"\n\n\"Article 4.- Procedure\n\n[...]\n\nj) The private entities that, ultimately, are the beneficiaries or executors of the projects or programs must previously register in the special registry that, for this purpose, shall be kept by the Ministerio de Hacienda, through its office for the control of specific allocations. Likewise, they must obtain from the respective municipality the qualification as a private entity suitable for administering public funds.\n\n[...]\"\n\nARTICLE 42.- Articles 5 and 6 of Law No. 7970, on the issuance of securities for placement in the international market, of December 22, 1999, are reformed. The texts shall read:\n\n\"Article 5.- Contracting of the placement and servicing of the securities\n\nThe Ministerio de Hacienda is authorized, on behalf of the Executive Branch, to contract the placement and servicing of the securities that this Law authorizes to be issued. These contracts shall not be subject to the ordinary public tender procedures established in the Law on administrative contracting, but shall be subject to its general principles. The contractors shall be selected by international tender, subject, as a minimum, to the following procedure:\n\na) At least ten first-tier international banks shall be individually invited to submit offers; likewise, other first-tier banks, through a publication in an internationally circulated newspaper.\n\nb) A pre-selection process shall be carried out among the participating banks that have presented their credentials.\n\nc) From among the pre-selected banks, the offer with the best conditions according to usual market norms shall be chosen. This selection procedure must be applied at least every two years. When it is not carried out, the Ministerio de Hacienda must invite, at a minimum, the banks pre-selected in the previous year's tender.\"\n\n\"Article 6.- Other contracting\n\nThe Ministerio de Hacienda is authorized, in order to, on behalf of the Executive Branch, carry out the contracting required according to international practice to issue the securities authorized in this Law. These contracts include those for fiscal agent, registrar agent, paying agent, transfer agent, printing house, international legal advisors, and national legal advisors, as well as country risk rating and issue rating services.\n\nThe contracting shall be direct and shall not be subject to the ordinary tender procedures provided in the Law on administrative contracting, but shall be subject to its general principles. The Executive Branch must invite at least three potential offerors to submit offers for these services, in order to obtain, on each occasion, the most advantageous conditions for the country in terms of quality, technique, experience, and price.\"\n\nARTICLE 43.- Articles 32 and 43 of the General Law of the National Animal Health Service, No. 8495, of April 6, 2006, are reformed. The texts shall read:\n\n\"Article 32.- Vehicle plan\n\nSenasa is authorized to define a vehicle plan that permits the existence, maintenance, and continuity of reliable means of transportation, charged to the national budget or its own resources. Likewise, it may design optional or accessory measures to address its needs and competencies.\n\nThe regulations for vehicles owned by Senasa shall not consider discretionary use and must contemplate the usage exceptions required to ensure for the country the guarantees this Law offers and in cases of emergency.\"\n\n\"Article 43.- Obligation of mandatory private combat\n\nThe owners or keepers of animals shall be obliged to combat, at their own expense, the pests or diseases declared of mandatory private combat. If they do not do so, Senasa shall do so at their expense, and the proof of expenditure issued by Senasa shall constitute an enforceable instrument (título ejecutivo).\"\n\nARTICLE 44.- The second paragraph of Article 17 of the Law against corruption and illicit enrichment in public office, No. 8422, of October 6, 2004, is reformed. The text shall read:\n\n\"Article 17.- Simultaneous performance of public positions\n\n[...]\n\nFor public officials to perform extraordinary work that cannot be classified as overtime, the authorization of the respective head officer (jerarca) shall be required. The lack of authorization shall prevent payment or remuneration.\n\n[...]\"\n\nARTICLE 45.- Article 18 of Law No. 7972, Creation of tax charges on liquors, beers, and cigarettes to finance a comprehensive plan for the protection and shelter of the elderly population, girls and boys at social risk, abandoned persons with disabilities, rehabilitation of alcoholics and drug-dependent persons, support for the work of the Cruz Roja, and repeal of minor taxes on agricultural activities and their consequent substitution, is reformed. The text shall read:\n\n\"Article 18.- The use, investment, and distribution of the funds described in this chapter shall be subject to the supervision of the Contraloría General de la República and the Superintendencia General de Valores, regarding the competencies of the latter.\n\nPursuant to the provisions of this Law, funds may only be disbursed to private entities when they are non-profit, possess current legal personality, and have been declared to be of social welfare character by the Instituto Mixto de Ayuda Social and previously qualified by the respective granting administration as private entities suitable for administering public funds; for this purpose, both their administrative and accounting organization, as well as their internal controls, must conform to the legal norms, current regulations, and the technical and accounting manuals issued by the Contraloría General de la República, for the correct use of public resources. In any case, the provisions of Articles 5, 6, and 7 of the Organic Law of the Contraloría General de la República, No. 7428, of September 7, 1994, shall also apply to them.\"\n\nARTICLE 46.- Article 25 of the Law regulating the public service of paid transportation of persons in vehicles in the taxi mode, No. 7969, is reformed. The text shall read:\n\n\"Article 25.- Calculations of the levy\n\nFor each regulated activity, the Council shall charge a levy consisting of an annual charge that shall be determined as follows:\n\na) The Council shall calculate the levy for each activity according to the service-at-cost principle and must establish an appropriate costing system for each regulated activity.\n\nb) When regulation by activity involves several companies, the distribution of the levy shall follow criteria of proportionality and equity.\n\nc) In the month of June of each year, the Council shall present to the Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, for its approval, the draft levies for the following year, with its technical justification. Once the draft is received, the Regulatory Authority shall grant a hearing, for a period of ten business days, to the regulated companies so that they may present their observations on the draft levies. Once this period has elapsed, positive silence shall apply.\n\nd) The draft levies must be approved no later than the last business day of August of the same year. Once this deadline has passed without the Regulatory Authority's pronouncement, the draft shall be incorporated into the Ministerio de Obras Públicas y Transportes and shall be deemed approved in the form presented by the Council and the Tribunal. The Council shall determine the appropriate means and procedures for collecting the levies referred to in this Law.\"\n\nARTICLE 47.- Article 82 of the Law of the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), No. 7593, is reformed. The text shall read:\n\n\"Article 82.- Calculations of the levy\n\nFor each regulated activity, the Regulatory Authority shall charge a levy consisting of an annual charge, which shall be determined as follows:\n\na) The Regulatory Authority shall calculate the levy for each activity according to the service-at-cost principle and must establish an appropriate costing system for each regulated activity.\n\nb) When regulation by activity involves several companies, the distribution of the levy shall follow criteria of proportionality and equity.\n\nc) Within the first two weeks of the month of April of each year, the Regulatory Authority shall present the draft levies for the following year, with its respective technical justification, to the Contraloría General de la República, for its approval or disapproval. Once the draft is received, the Contraloría shall grant a hearing, for a period of ten (10) business days, to the regulated companies so that they may present their observations on the draft levies. Once this period has elapsed, positive silence shall apply.\n\nd) The draft levies must be approved or disapproved no later than the last business day of the month of July of the same year.\n\nAccording to the procedures indicated herein, said Authority shall submit to the Contraloría General de la República, for its approval, the levies for new public services established by the Legislative Assembly.\n\nThe Regulatory Authority shall determine the appropriate means and procedures for collecting the levies referred to in this Law.\n\nThe Regulatory Authority shall be subject to the compliance of the principles established in Title II of Law No. 8131, Financial Administration of the Republic and Public Budgets, and to providing the information required by the Ministerio de Hacienda for its studies. For the rest, it is exempted from the scope and application of that Law. In its oversight, it shall be subject solely to the provisions of the Contraloría General de la República.\"\n\nARTICLE 48.- Article 3 of Law No. 3418, known as the Obligation of the autonomous institutions of the State to contribute to the payment of dues for international organizations, of October 3, 1964, is reformed. The text shall read:\n\n\"Article 3.- To determine the amounts referred to in the preceding article, the Executive Branch shall request from the institutions subject to this Law the base figures corresponding to the administrative budgets indicated in Article 2.\"\n\nARTICLE 49.- The second paragraph of Article 2 of the Law of the Benemérito Cuerpo de Bomberos of the Instituto Nacional de Seguros, No. 8228, of March 19, 2002, and its reforms, is reformed. The text shall read:\n\n\"Article 2.- Legal personality\n\n[...]\n\nTo ensure the fulfillment of those aims, the maximum deconcentrated body created by this Law shall have the power to execute its budget allocation, subject to the mandate of the laws regulating said exercise. In addition to the obligation established in subsection a) of Article 40 of this Law, the Board of Directors of the INS must order the timely transfer, to the Fondo del Cuerpo de Bomberos, of the sums of money it determines as necessary, based on justification provided by the Cuerpo de Bomberos, so that said body can provide services effectively and efficiently to the population of Costa Rica. Said contributions shall be considered as a deductible expense from the income tax that the INS must pay.\"\n\nCHAPTER II\n\nREPEALS\n\nARTICLE 50.- Article 37 of the Education Code, No. 181, of August 18, 1944, reformed by Article 1 of Law No. 3330, of July 31, 1964, is repealed.\n\nARTICLE 51.- Transitory Provision VIII of the Code of Tax Norms and Procedures, Law No. 4755, of May 3, 1971, is repealed.\n\nARTICLE 52.- Article 2 of Law No. 5632, referring to the Intermunicipal Metropolitan Convention on the Río Azul landfill, of December 9, 1974, and its reforms, is repealed.\n\nARTICLE 53.- Article 4 of Law No. 5691, on the obligation to regulate the use of official vehicles, of May 19, 1975, is repealed.\n\nARTICLE 54.- Article 10 of Law No. 5874, on the creation of exit tax stamps, of December 23, 1975, is repealed.\n\nARTICLE 55.- Subsection 5 of Article 37 of the Organic Law of the Contraloría General de la República, No. 7428, of September 7, 1994, is repealed.\n\nARTICLE 56.- Article 14 of Law No. 5695, on the creation of the Registro Nacional, of May 28, 1975, reformed by Article 2 of Law No. 5950, of October 27, 1976, is repealed.\n\nIt shall enter into force upon its publication.\n\nGiven at the Presidency of the Republic.- San José, on the fifth day of the month of May of the year two thousand ten." }