{ "id": "norm-79055", "citation": "La Gaceta N° 47, 09/03/2015", "section": "norms", "doc_type": null, "title_es": "Moratoria de represas hidroeléctricas en Upala", "title_en": "Hydroelectric Dam Moratorium in Upala", "summary_es": "El Concejo Municipal de Upala, mediante este acuerdo, declara una moratoria de cinco años al otorgamiento de permisos, autorizaciones municipales y certificados de uso conforme para la construcción e instalación de represas hidroeléctricas en el cantón. La medida se fundamenta en la autonomía municipal (artículos 169 y 170 constitucionales), el deber de velar por un ambiente sano (artículo 50 constitucional) y las potestades de ordenamiento territorial (Ley Orgánica del Ambiente). Señala la falta de estudios de impacto socioambiental acumulativo de los proyectos existentes y aplica el principio precautorio ante la incertidumbre científica. La moratoria busca proteger el recurso hídrico para abastecimiento comunitario frente a conflictos socioambientales, respetando derechos adquiridos de buena fe de proyectos ya autorizados. Posteriormente, en 2020, el Concejo prorrogó la moratoria por otros cinco años.", "summary_en": "The Municipal Council of Upala, through this agreement, declares a five-year moratorium on the granting of municipal permits, authorizations, and certificates of compliant use for the construction and installation of hydroelectric dams in the canton. The measure is based on municipal autonomy (Articles 169 and 170 of the Constitution), the duty to ensure a healthy environment (Article 50 of the Constitution), and territorial planning powers (Organic Environmental Law). It highlights the lack of cumulative socio-environmental impact studies for existing projects and applies the precautionary principle in the face of scientific uncertainty. The moratorium aims to protect water resources for community supply amid socio-environmental conflicts, while respecting existing projects' good-faith acquired rights. 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del cantón de Upala y refrendada por el Regidor Álvaro Carrillo Alfaro, que dice: \n\n\"El Concejo Municipal\nde Upala, en ejercicio de las atribuciones conferidas\npor la Constitución Política en sus artículos 169, 170 y 50; en los artículos,\n3, 4 incisos a y h; 5, 12, 13 incisos a, c y p del Código Municipal, en el\nartículo 16 de la Ley General de la Administración Pública y en aplicación de\nlos principios establecidos en la Convención de Río y desarrollados en los artículos\n1, 2, 3, 6, 8, 28, 29, 30, 50, 51 y 52 de la Ley Orgánica del Ambiente,\nacuerda: \n\nConsiderando:\n\n1º-De conformidad con\nel artículo 168 de la Constitución Política, en concordancia con el numeral 3\ndel Código Municipal, la Municipalidad de Upala ejerce\nen su jurisdicción el gobierno y la administración de los servicios e intereses\nlocales. De igual forma, de conformidad con el artículo 4 inciso a y 13 inciso\np del Código Municipal, esta corporación puede emitir normas de ordenamiento\nurbano. \n\n2º-Según los artículos 169 de la Carta Constitucional y 2 del\nCódigo Municipal, corresponde a esta municipalidad, dentro de su ámbito de\ncompetencia territorial, ejecutar todo tipo de actos que garanticen el cabal\ncumplimiento de sus fines, entre los cuales destaca: \"satisfacer los intereses\ny necesidades\" de la población (art. 169, Constitución Política). \n\n3º-El artículo 170 de\nla Constitución establece la autonomía municipal. La jurisprudencia\nconstitucional ha expresado que: \n\n\"Desde un punto de\nvista jurídico-doctrinario, esta autonomía debe ser entendida como la capacidad\nque tienen las Municipalidades de decidir libremente y bajo su propia\nresponsabilidad, todo lo referente a la organización de determinada localidad\n(el cantón, en nuestro caso). Así, algún sector de la doctrina ha dicho que esa\nautonomía implica la libre elección de sus propias autoridades; la libre\ngestión en las materias de su competencia; la creación, recaudación e inversión\nde sus propios ingresos.\" (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.\nSentencia 5445 del 14 de julio de 1999 a las catorce horas con treinta\nminutos.) \n\nEl objetivo de la Sala\nen este caso, es confirmar que las Municipalidades son libres de elegir la\nforma en la que van a buscar el bien común dentro de su territorio. Las\ndecisiones deben ser pensadas desde lo local, de forma independiente pero\ncoordinada con el Gobierno central. Para llevar adelante sus propósitos, la\nMunicipalidad puede disponer de sus recursos de la manera que considere\nconveniente, dentro del marco de la legalidad, por supuesto. \n\n4º-Las municipalidades\ntienen potestades y competencias en materia de ordenamiento territorial\nambiental, según se expresa en la Ley Orgánica del Ambiente: \n\n\"Artículo 28.-\nPolíticas del ordenamiento territorial. Es función del Estado, las\nmunicipalidades y los demás entes públicos, definir y ejecutar políticas\nnacionales de ordenamiento territorial, tendientes a regular y promover los\nasentamientos humanos y las actividades económicas y sociales de la población,\nasí como el desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr la armonía entre\nel mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos\nnaturales y la conservación del ambiente.\" \n\nPor lo anterior, se\ndeben tomar las medidas necesarias para garantizar que el ordenamiento\nterritorial local cumpla con las características que son descritas en el\nartículo que fue mencionado. Para ello, el instrumento idóneo es el Plan\nRegulador, sin embargo, esto nada obsta para que se tomen otras medidas\nadicionales, con fundamento constitucional. \n\n5º-En virtud del\nnumeral 50 constitucional, dentro de los fines municipales, se ha de encontrar\nel resguardo del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En\neste sentido el Tribunal Constitucional ha manifestado: \n\n\"El artículo 169 de la\nConstitución Política establece el deber de las municipalidades del país de\nvelar por los intereses de los habitantes de su jurisdicción, de ahí que, en\nreiterados pronunciamientos, este Tribunal ha señalado que dichas corporaciones\nse encuentran en la obligación de eliminar\ncualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo los derechos a la salud y a un\nmedio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de las personas que viven en\nsu cantón (ver en este sentido, la sentencia 2008-11739 de las\ndoce horas con doce minutos del veinticinco de julio de dos mil ocho)\". Sala Constitucional de\nla Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 9172 de las 11 horas con 58 minutos\ndel 8 de julio de 2011. \n\nSobre este aspecto,\ntambién la Sala Constitucional ha expresado: \n\n\"Es de la conjunción de lo dispuesto en los artículos\n50 y 169 de la Constitución Política que a las municipalidades les asiste no\nsólo una facultad sino el deber de garantizar, defender y preservar el derecho\na un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y en este\nsentido, no debe olvidarse que es el cometido constitucional encomendado a los\ngobiernos locales, en lo que respecta a la \"administración de los intereses y\nservicios locales\", deberes de los que nace la obligación de velar por la salud\nfísica y mental de las personas, así como la de proteger y preservar los\nrecursos naturales de su jurisdicción territorial, como lo ha reconocido en\nforma reiterada y constante la jurisprudencia constitucional.\" Sala Constitucional de\nla Corte Suprema de Justicia. Resolución N° 5737 de las 14 horas con 45 minutos\ndel 27 de junio de 2001. (Destacado no es del original). \n\n6º-Sobre los proyectos\nhidroeléctricos, tanto en el cantón de Upala, como en\notros de la Zona Norte Norte, existen disputas sobre\nel uso prioritario del agua. Lo anterior, se irá agudizando en el actual\nescenario de cambio climático, donde: \n\n\"Recursos esenciales\ncomo el agua dulce comienzan a escasear de manera significativa a nivel\nmundial, resultado de alteraciones climáticas, poniendo en riesgo la seguridad\nalimentaria, la salud humana y ambiental y la estabilidad política, tanto\nnacional como internacional.\" Magaña, Víctor, y Carlos Gay García.\n«Vulnerabilidad y adaptación regional ante el cambio climático y sus impactos\nambientales, sociales y económicos.» Gaceta Ecológica, Nº 65 (s.f.):\n7. \n\nEn la situación\ndescrita se debe considerar el Principio del Derecho Ambiental, denominado\nPrincipio de la Equidad Intergeneracional. La doctrina jurídica se ha referido\na este principio afirmando que: \n\n\"La equidad\nintergeneracional es la responsabilidad de cada generación de dejar a las\nnuevas generaciones una herencia de riquezas que no sea menos que lo que ellas\nmismas heredaron. La generación actual tiene la responsabilidad de administrar el\ncuidado de los recursos naturales para las nuevas generaciones. Tanto los\nprimeros tratados en el tema como los tratados más recientes se refieren a este\nprincipio.\" Valverde\nSoto, Max. Principios Generales de Derecho Internacional del Medio Ambiente. Disponible\nen http:// www.oas.org/dsd/Tool-kit/Documentosspa/ModuloII/Soto%20\nArticle.pdf. \n\nEs evidente que el uso\ndel agua para la producción hidroeléctrica no puede ser una prioridad frente al\nabastecimiento comunitario. De lo contrario, los conflictos socio-ambientales\nse continuarán agudizando como consecuencia de la inacción estatal. Sobre este\nrespecto, el Estado de la Nación ha expresado: \n\n\"El crecimiento\neléctrico se ha convertido en una de las principales causas de conflictos socio\nambientales en el país. Proyectos hidroeléctricos privados se han visto\ndetenidos a raíz de la fuerte lucha que han ejercido las comunidades en torno a\nla protección del recurso hídrico el cual se ha visto amenazado por los\ncrecientes proyectos hidroeléctricos privados principalmente que están\nqueriendo impulsarse en el país. \n\nSe estima que cerca de\n27 proyectos hidroeléctricos privados amparados en la legislación actual e\ninstalados en ríos y comunidades, han provocado movilizaciones sociales a nivel\nnacional.\" \n\nBarrantes, Gerardo.\nDisponibilidad del recurso hídrico y sus implicaciones para el desarrollo en\nCosta Rica. Informe Final, Estado de la Nación, 2005. \n\nPor lo anterior, es\ndeber constitucional de los Gobiernos Locales, accionar en defensa del derecho\na un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, utilizando para ello, los\nmecanismos dentro de sus competencias, para ser garante de los intereses y las\nnecesidades dentro de su jurisdicción territorial. \n\n7º-De conformidad con\nel numeral 16 de la Ley General de la Administración Pública, el Estado no\npodrá emitir actos que vayan en contra de las reglas unívocas de la ciencia. En\nel caso que nos ocupa, ocurre que los Estudios de Impacto Ambiental necesarios\npara la aprobación de las licencias ambientales de esas hidroeléctricas\ncontemplan solo la afectación puntual de la represa, sin que exista al día de\nhoy un estudio del impacto socioambiental acumulativo\nde las represas existentes. Por lo tanto, ante la carencia de estudios que\ndeterminen los impactos acumulativos, tampoco existen para las zonas afectadas,\níndices de fragilidad ambiental que permitan planificar adecuadamente la\ninstalación de represas. \n\nA partir de lo\nanterior, en aplicación del principio precautorio en materia ambiental, ante la\ninexistencia de certeza sobre la afectación real acumulada de los proyectos\nhidroeléctricos y en aplicación de las potestades municipales de ordenamiento\nterritorial, este Concejo considera necesario hacer un alto provisional en la\nconstrucción de represas hidroeléctricas, hasta tanto no existan los estudios\nnecesarios para determinar si es ambientalmente sostenible la construcción de\nmás proyectos hidroeléctricos en el cantón de Upala. Por\ntanto; \n\n1. Declárese una\nmoratoria de cinco años al otorgamiento de permisos, autorizaciones municipales\ny certificados de uso conforme para la construcción e instalación de represas\nhidroeléctricas en el cantón de Upala.  \n\n2. A partir de este\nmomento deberá la Administración, a través de la Unidad de Gestión Ambiental,\nrealizar las coordinaciones con las entidades competentes y demás interesados,\ncon el fin de llevar a cabo los estudios necesarios que permitan determinar el\nimpacto socioambiental acumulado de las represas\nhidroeléctricas existentes, de manera que permita definir si es ambientalmente\nsostenible la instalación de más represas. \n\n3. Los derechos\nadquiridos de buena fe por los actuales proyectos hidroeléctricos, conferidos\npor esta Municipalidad, serán respetados. \n\nLa Presidencia; una vez\ndiscutida la moción la somete a votación obteniendo el siguiente resultado; la\nRegidora Campos Cruz, los Regidores Barrantes Alvarado, Carrillo Alfaro y\nSegura Torres, votan positivamente su aprobación, la Regidora Espinoza\nChavarría, manifiesta que su voto es nulo por cuando estaba a favor de que la\nmoción primero se sometiera al trámite de comisión. \n\nPor lo tanto y de\nacuerdo al resultado de la votación el Concejo Municipal acuerda en firme la\naprobación de dicha moción, misma que acuerda dispensarla del trámite de\ncomisión. \n\nSe autoriza al Alcalde\nMunicipal publicarla en el diario oficial La Gaceta. \n\n(Nota de Sinalevi: La Municipalidad de Upala mediante acta N° 225-2020, acordó lo siguiente:\n\"Considerando: con base en el artículo 44 y 45 del Código Municipal, y considerando que el próximo\n09 de marzo del 2020, se vence la moratoria sobre la construcción de hidroeléctricas en nuestro\ncantón de Upala, ratificamos las razones por las que se tomó dicho acuerdo de moratoria.\n\nPor lo tanto:\ncon el respaldo de distintos\nrepresentantes de sectores\nde la sociedad, para que se prorrogue\npor 5 (cinco) años más a partir de su vencimiento.\")\n\nRige a partir de su\npublicación.", "body_en_text": "throughout the entire text\n\n -\n\n Complete Text of Norm 0\n\n Declares a five-year moratorium on the granting of permits,\nmunicipal authorizations, and certificates of compliant use for the construction and installation of\nhydroelectric dams in the canton of Upala\n\nComplete Text of acta: 135CA5\n\nMUNICIPALITY OF UPALA\n\nAgreement one, definitively approved and final: The Presidency submits for consideration and discussion the\nfollowing motion presented by the people, supported by nine hundred signatures from residents of various\ncommunities of the canton of Upala and endorsed by Council Member Álvaro Carrillo Alfaro, which states:\n\n\"The Municipal Council\nof Upala, in exercise of the powers conferred\nby the Political Constitution in its articles 169, 170, and 50; in articles\n3, 4 subsections a and h; 5, 12, 13 subsections a, c, and p of the Municipal Code, in\narticle 16 of the General Law of Public Administration, and in application of\nthe principles established in the Rio Convention and developed in articles\n1, 2, 3, 6, 8, 28, 29, 30, 50, 51, and 52 of the Organic Law of the Environment,\nagrees:\n\nConsidering:\n\n1º-In accordance with\narticle 168 of the Political Constitution, in conjunction with numeral 3\nof the Municipal Code, the Municipality of Upala exercises\nwithin its jurisdiction the governance and administration of local services and interests.\nLikewise, in accordance with article 4 subsection a and 13 subsection\np of the Municipal Code, this corporation may issue urban planning norms.\n\n2º-According to articles 169 of the Constitutional Charter and 2 of the\nMunicipal Code, it is the responsibility of this municipality, within its scope of\nterritorial competence, to execute all types of acts that guarantee the complete\nfulfillment of its purposes, among which the following stands out: \"satisfying the interests\nand needs\" of the population (art. 169, Political Constitution).\n\n3º-Article 170 of\nthe Constitution establishes municipal autonomy. 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To carry out its purposes, the\nMunicipality may dispose of its resources in the manner it deems\nappropriate, within the framework of legality, of course.\n\n4º-Municipalities\nhave powers and competencies in environmental territorial planning matters,\nas expressed in the Organic Law of the Environment:\n\n\"Article 28.-\nTerritorial planning policies. It is the function of the State,\nthe municipalities, and other public entities to define and execute national\nterritorial planning policies, aimed at regulating and promoting\nhuman settlements and the economic and social activities of the population,\nas well as physical-spatial development, in order to achieve harmony between\nthe greater well-being of the population, the utilization of natural\nresources, and the conservation of the environment.\"\n\nDue to the foregoing,\nthe necessary measures must be taken to guarantee that local territorial\nplanning complies with the characteristics described in the\naforementioned article. 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Resolution No. 9172 of 11 hours 58 minutes\nof July 8, 2011.\n\nRegarding this aspect,\nthe Constitutional Chamber has also expressed:\n\n\"It is from the conjunction of the provisions in articles\n50 and 169 of the Political Constitution that municipalities are vested not\nonly with the faculty but also the duty to guarantee, defend, and preserve the right\nto a healthy and ecologically balanced environment, and in this\nsense, one must not forget that it is the constitutional task entrusted to\nlocal governments, regarding the \"administration of local interests and\nservices,\" duties from which arises the obligation to safeguard the physical\nand mental health of individuals, as well as to protect and preserve the\nnatural resources of their territorial jurisdiction, as has been recognized\nrepeatedly and consistently by constitutional case law.\" Constitutional Chamber of\nthe Supreme Court of Justice. Resolution No. 5737 of 14 hours 45 minutes\nof June 27, 2001. (Emphasis is not from the original).\n\n6º-Regarding\nhydroelectric projects, both in the canton of Upala and in\nothers of the Zona Norte Norte, there are disputes over\nthe priority use of water. This will become more acute in the current\nscenario of climate change, where:\n\n\"Essential resources\nsuch as fresh water are beginning to become significantly scarce worldwide,\nas a result of climatic alterations, endangering food security,\nhuman and environmental health, and political stability, both\nnational and international.\" Magaña, Víctor, and Carlos Gay García.\n«Vulnerabilidad y adaptación regional ante el cambio climático y sus impactos\nambientales, sociales y económicos.» Gaceta Ecológica, No. 65 (n.d.):\n7.\n\nIn the described\nsituation, the Principle of Environmental Law called the\nPrinciple of Intergenerational Equity must be considered. The legal doctrine has referred\nto this principle by stating that:\n\n\"Intergenerational\nequity is the responsibility of each generation to leave to the\nnew generations a heritage of wealth that is no less than what they\nthemselves inherited. The current generation has the responsibility to administer the\ncare of natural resources for the new generations. Both the\nfirst treaties on the subject and the most recent treaties refer to this\nprinciple.\" Valverde\nSoto, Max. Principios Generales de Derecho Internacional del Medio Ambiente. Available\nat http:// www.oas.org/dsd/Tool-kit/Documentosspa/ModuloII/Soto%20\nArticle.pdf.\n\nIt is evident that the use\nof water for hydroelectric production cannot be a priority over\ncommunity supply. Otherwise, socio-environmental conflicts\nwill continue to intensify as a consequence of state inaction. In this\nregard, the State of the Nation has expressed:\n\n\"Electricity growth\nhas become one of the main causes of socio-environmental\nconflicts in the country. Private hydroelectric projects have been\nhalted as a result of the strong struggle waged by communities regarding\nthe protection of water resources, which have been threatened by the\ngrowing private hydroelectric projects, mainly, that are\nseeking to be promoted in the country.\n\nIt is estimated that about\n27 private hydroelectric projects, sheltered under current legislation and\ninstalled on rivers and in communities, have caused social mobilizations\nnationally.\"\n\nBarrantes, Gerardo.\nDisponibilidad del recurso hídrico y sus implicaciones para el desarrollo en\nCosta Rica. Final Report, State of the Nation, 2005.\n\nDue to the foregoing,\nit is the constitutional duty of Local Governments to take action in defense of the right\nto a healthy and ecologically balanced environment, using for this purpose the\nmechanisms within their competencies to be guarantors of the interests and\nneeds within their territorial jurisdiction.\n\n7º-In accordance with\nnumeral 16 of the General Law of Public Administration, the State may\nnot issue acts that go against the univocal rules of science. In\nthe case at hand, it so happens that the Environmental Impact Studies necessary\nfor the approval of environmental licenses for these hydroelectric plants\ncontemplate only the specific impact of the dam, without there being, to this\nday, a study of the cumulative socioenvironmental impact\nof the existing dams. Therefore, given the lack of studies that\ndetermine cumulative impacts, nor do there exist, for the affected zones,\nenvironmental fragility indices that allow for adequately planning the\ninstallation of dams.\n\nBased on the\nforegoing, in application of the precautionary principle in environmental matters, given the\nlack of certainty about the real cumulative impact of hydroelectric\nprojects, and in application of municipal territorial planning\npowers, this Council considers it necessary to make a provisional halt in the\nconstruction of hydroelectric dams, until such time as the\nnecessary studies exist to determine whether the construction of\nmore hydroelectric projects in the canton of Upala is environmentally sustainable. Therefore;\n\n1. Declare a\nfive-year moratorium on the granting of permits, municipal authorizations,\nand certificates of compliant use for the construction and installation of hydroelectric\ndams in the canton of Upala.\n\n2. From this\nmoment forth, the Administration, through the Environmental Management Unit,\nmust carry out the necessary coordination with the competent entities and other interested parties,\nin order to conduct the necessary studies that allow determining the\ncumulative socioenvironmental impact of the existing\nhydroelectric dams, in a manner that allows defining whether the\ninstallation of more dams is environmentally sustainable.\n\n3. The rights\nacquired in good faith by the current hydroelectric projects, conferred\nby this Municipality, shall be respected.\n\nThe Presidency; once the\nmotion was discussed, submits it to a vote obtaining the following result; Council\nMember Campos Cruz, Council Members Barrantes Alvarado, Carrillo Alfaro, and\nSegura Torres vote positively for its approval; Council Member Espinoza\nChavarría states that her vote is null because she was in favor of the\nmotion first being submitted to the committee process.\n\nTherefore, and according\nto the result of the vote, the Municipal Council definitively approves\nthe approval of said motion, which it agrees to dispense from the committee\nprocess.\n\nThe Municipal Mayor is authorized\nto publish it in the official gazette La Gaceta.\n\n(Note from Sinalevi: The Municipality of Upala, through acta No. 225-2020, agreed to the following:\n\"Considering: based on articles 44 and 45 of the Municipal Code, and considering that on the coming\n09 of March 2020, the moratorium on the construction of hydroelectric plants in our\ncanton of Upala expires, we ratify the reasons for which said moratorium agreement was adopted.\n\nTherefore:\nwith the support of various\nrepresentatives of sectors\nof society, that it be extended\nfor 5 (five) more years from its expiration.\")\n\nEffective from its\npublication." }