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  "doc_type": "law",
  "title_es": "Reforma Procesal Laboral",
  "title_en": "Labor Procedural Reform",
  "summary_es": "Esta ley constituye una reforma integral del proceso laboral costarricense, modificando títulos completos del Código de Trabajo. Regula en detalle las huelgas y paros legales e ilegales, estableciendo requisitos de convocatoria, porcentajes de apoyo, procedimientos de votación supervisados por el Ministerio de Trabajo, y causales de ilegalidad. Define infracciones a las leyes laborales y sus sanciones, incluyendo un sistema de multas escalonadas. Prohíbe la discriminación laboral por múltiples razones y establece procedimientos para su reclamo. Reforma la prescripción de derechos laborales y las sanciones disciplinarias. Introduce una jurisdicción especial de trabajo con principios propios como oralidad, celeridad, inmediación y gratuidad. Crea un procedimiento ordinario predominantemente oral y concentrado, regula procesos especiales como la tutela de fueros sindicales, de maternidad y discriminación, y establece un sistema de recursos y ejecución de sentencias. Además, incorpora la solución alterna de conflictos mediante conciliación, mediación y arbitraje, incluyendo un procedimiento de arbitraje laboral especializado. La reforma busca modernizar y agilizar la justicia laboral, proteger los derechos de los trabajadores y promover la paz social.",
  "summary_en": "This law comprehensively reforms the Costa Rican labor procedure, amending entire titles of the Labor Code. It regulates legal and illegal strikes and lockouts in detail, establishing requirements for calling strikes, support thresholds, voting procedures supervised by the Ministry of Labor, and grounds for illegality. It defines violations of labor laws and their penalties, including a system of escalating fines. It prohibits labor discrimination on multiple grounds and establishes procedures for claims. It reforms the statute of limitations for labor rights and disciplinary sanctions. It introduces a special labor jurisdiction with its own principles such as orality, speed, immediacy, and free access. It creates a predominantly oral and concentrated ordinary procedure, regulates special processes such as the protection of union, maternity, and discrimination privileges, and establishes a system for appeals and enforcement of judgments. It also incorporates alternative dispute resolution through conciliation, mediation, and arbitration, including a specialized labor arbitration procedure. The reform aims to modernize and streamline labor justice, protect workers' rights, and promote social peace.",
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  "date": "25/01/2016",
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  "excerpt_es": "ARTÍCULO 1.- Se reforman la denominación del título sexto y los artículos 371 a 374 y del 377 al 395 de la Ley N.°2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943.\n\nArtículo 371.- La huelga legal es un derecho que consiste en la suspensión concertada y pacífica del trabajo, en una empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo, acordada y ejecutada por una pluralidad de tres personas trabajadoras, como mínimo, que represente más de la mitad de los votos emitidos conforme al artículo 381, por los empleados o las empleadas involucrados en un conflicto colectivo de trabajo, para lo siguiente: a) La defensa y promoción de sus intereses económicos y sociales. b) La defensa de sus derechos en los conflictos jurídicos colectivos señalados en el artículo 386.\n\nArtículo 378.- La huelga, cualquiera que sea su modalidad, sea que la convoque uno o más sindicatos o, en su caso, una coalición de personas trabajadoras, podrá ejecutarse intermitentemente, de manera gradual o de forma escalonada. En estos casos, los días y las horas de suspensión, así como la modalidad de la huelga, deben ser comunicados, por escrito, a la parte empleadora previamente a su inicio, directamente o por medio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.",
  "excerpt_en": "ARTICLE 1.- The heading of Title Six and articles 371 to 374 and 377 to 395 of Law No. 2, Labor Code, of August 27, 1943, are amended.\n\nArticle 371.- Legal strike is a right consisting in the concerted and peaceful suspension of work, in a company, institution, establishment or workplace, agreed and executed by a plurality of at least three workers, representing more than half of the votes cast pursuant to article 381, by the employees involved in a collective labor dispute, for the following: a) The defense and promotion of their economic and social interests. b) The defense of their rights in the collective legal disputes referred to in article 386.\n\nArticle 378.- The strike, whatever its modality, whether called by one or more unions or, as the case may be, a coalition of workers, may be carried out intermittently, gradually or in a staggered manner. In these cases, the days and hours of suspension, as well as the strike modality, must be communicated in writing to the employer prior to its commencement, directly or through the Ministry of Labor and Social Security.",
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    "label_en": "Active norm",
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    "summary_en": "This law comprehensively reforms Costa Rican labor procedure, regulating strikes, lockouts, the special labor jurisdiction, and ordinary and special labor processes, emphasizing orality, speed, and alternative dispute resolution.",
    "summary_es": "Esta ley reforma integralmente el procedimiento laboral costarricense, regulando las huelgas, paros, la jurisdicción especial de trabajo, y los procesos ordinario y especiales laborales, con énfasis en la oralidad, celeridad y solución alterna de conflictos."
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  "pull_quotes": [
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      "context": "Artículo 371",
      "quote_en": "Legal strike is a right consisting in the concerted and peaceful suspension of work, in a company, institution, establishment or workplace, agreed and executed by a plurality of at least three workers, representing more than half of the votes cast pursuant to article 381, by the employees involved in a collective labor dispute...",
      "quote_es": "La huelga legal es un derecho que consiste en la suspensión concertada y pacífica del trabajo, en una empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo, acordada y ejecutada por una pluralidad de tres personas trabajadoras, como mínimo, que represente más de la mitad de los votos emitidos conforme al artículo 381, por los empleados o las empleadas involucrados en un conflicto colectivo de trabajo..."
    },
    {
      "context": "Artículo 420",
      "quote_en": "In the labor jurisdiction, established in article 70 of the Political Constitution, individual and collective disputes whose resolution requires the application of labor and social security law standards, and the principles that inform it, as well as matters connected to the substantial relationships inherent to that right, shall be settled.",
      "quote_es": "En la jurisdicción de trabajo, establecida en el artículo 70 de la Constitución Política, se dirimirán los conflictos individuales y colectivos, cuya solución requiera la aplicación de normas de derecho de trabajo y seguridad social, y los principios que lo informan, así como los asuntos conexos a las relaciones sustanciales propias de ese derecho."
    },
    {
      "context": "Artículo 421",
      "quote_en": "The labor process is governed by the following basic procedural principles: conciliation, primarily oral proceedings, simplicity, informality, relative officiousness, as well as speed, concentration, immediacy, the search for real truth, freedom of proof, procedural loyalty, and free or minimal cost.",
      "quote_es": "El proceso laboral se rige por los siguientes principios procesales básicos: la conciliación, las actuaciones prioritariamente orales, la sencillez, el informalismo, la oficiosidad relativa, así como por la celeridad, la concentración, la inmediación, la búsqueda de la verdad real, la libertad probatoria, la lealtad procesal y la gratuidad o el costo mínimo."
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      "context": "Artículo 444",
      "quote_en": "Workers enjoy, from the age of fifteen, full capacity to assert before administrative and judicial authorities the claims that are of their interest and, in general, for the protection of their labor and social security rights.",
      "quote_es": "Las personas trabajadoras gozan, a partir de los quince años, de plena capacidad para ejercer ante las autoridades administrativas y judiciales las pretensiones que sean de su interés y, en general, para la tutela de sus derechos laborales y de seguridad social."
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      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Prescripción en materia Laboral, Riesgo del trabajo (riesgo laboral), Prescripción de derechos y acciones en riesgo laboral, Trabajador del mar, Interrupción de la prescripción, Principio de legalidad",
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      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Pensión por viudez, Requisitos de la pensión por viudez, Pensión por orfandad, Alimentos, Prescripción en materia Laboral, Intereses, Indexación, Perspectiva de género",
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      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Contestación de demanda, Carga de la prueba, Principio de redistribución de la carga probatoria, Apreciación de la prueba (valoración de la prueba), Juez, Empleado público (servidor público), Empleado municipal, Horas extra, Cálculo de horas extra",
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      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Nulidad de la sentencia, Excepciones, Prescripción en materia Laboral, Interrupción de la prescripción, Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Agotamiento de la vía administrativa, Notificación",
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      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Reajuste de pensión, Reajuste de pensión de la Caja Costarricense de Seguro Social, Prescripción en pensión, Prescripción en pensión de la Caja Costarricense de Seguro Social",
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      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Prescripción en materia Laboral, Excedentes, Aporte patronal a la asociación solidarista, Exoneración en costas (exención en costas), Principio de buena fe",
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      "expediente": "160008440641LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Despido justificado por conducta inmoral,  injurias,  calumnias,  o vías de hecho contra compañero, Jornada laboral discontinua (trabajo intermitente), Tiempo efectivo de trabajo, Horas extra, Salario, Carga de la prueba del salario, Deducción salarial (rebajo salarial), Obligaciones del patrono, Intereses, Indexación, Condenatoria en costas en asuntos de horas extra",
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      "expediente": "150016611178LA",
      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Empleada doméstica (servidora doméstica), Vacaciones, Carga de la prueba, Obligaciones del patrono, Perspectiva de género",
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      "expediente": "170002580641LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Pensión por sucesión del Magisterio Nacional, Pensión del régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Intereses, Indexación, Condenatoria en costas en procesos de pensión, Perspectiva de género",
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      "expediente": "190007640505LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Policía penitenciaria, Prueba en materia laboral, Carga de la prueba, Sector público, Horas extra, Apreciación de la prueba (valoración de la prueba), Intereses, Indexación, Recurso de casación (Reforma Procesal Laboral) por vicios de forma, Principio de congruencia, Adición y aclaración de la sentencia, Condenatoria en costas en asuntos de horas extra",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "110013221178LA",
      "redactor": "Julia Varela Araya",
      "descriptores": "Despido injustificado, Dictamen médico (certificado médico), Principio de primacía de la realidad (contrato realidad), Trabajadora embarazada, Principio de informalismo (principio de informalidad), Prueba para mejor proveer (resolver) en materia laboral, Despido de trabajadora embarazada, Valoración de la prueba en caso de embarazo, Perspectiva de género",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "170001511178LA",
      "redactor": "Julia Varela Araya",
      "descriptores": "Excepciones, Principio iura novit curia, Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Nulidad de la sentencia",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José",
      "expediente": "180021301178LA",
      "redactor": "Susana Campos Cabezas",
      "descriptores": "Huelga, Huelga ilegal, Calificación de la huelga, Derecho a la salud",
      "restrictores": "Ilegalidad de huelga del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la CCSS e instituciones afines,  por constituir la atención a la salud un servicio público esencial, Requisitos y modalidades de huelga,  consideraciones acerca de la huelga política con trascendencia laboral y aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, Momentos en los que puede ser solicitada e inaplicabilidad de la técnica del servicio mínimo de funcionamiento, Momentos en los que puede ser solicitada la calificación de la huelga e inaplicabilidad de la técnica del servicio mínimo de funcionamiento",
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      "anno": "2019",
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      "despacho": "Sala Primera de la Corte",
      "expediente": "250003740505LA",
      "redactor": "Luis Guillermo Rivas Loáiciga",
      "descriptores": "Conflicto de competencia",
      "restrictores": "Conducta pública, Administración pública",
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      "anno": "2026",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "190019571178LA",
      "redactor": "Luis Porfirio Sánchez Rodríguez",
      "descriptores": "Prescripción en materia laboral",
      "restrictores": "Gestión administrativa extrajudicial interrumpe la prescripción negativa en reclamos laborales regidos por normativa anterior a la Ley N° 9343",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda",
      "expediente": "230045041027CA",
      "redactor": "Carlos Guillermo Zamora Campos",
      "descriptores": "Prescripción, Potestad sancionatoria",
      "restrictores": "Consideraciones generales acerca de la prescripción, Evolución legislativa y aplicación supletorio en el régimen de empleo público",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00179",
      "anno": "2025",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "220000771549LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Proceso de protección en fueros especiales y tutela del debido proceso, Despido injustificado, Discriminación a mujer embarazada, Prohibición de discriminación por embarazo o lactancia, Prohibición de discriminación contra la mujer, Derecho de protección especial a la mujer trabajadora, Debido proceso laboral, Reinstalación",
      "restrictores": "Despido discriminatorio de mujer embarazada quien realizaba funciones permanentes y esenciales en la empresa cuyo cese se amparó a la falta de vigencia del contrato, Necesaria autorización del Ministerio de Trabajo tratándose de despido discriminatorio de trabajadora embarazada, Contratación por tiempo determinado o a plazo es permitida por el ordenamiento jurídico pero debe aplicarse de manera restrictiva, Análisis sobre el fuero de protección a mujer trabajadora en estado de embarazo o en período de lactancia",
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      "anno": "2025",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "220021661178LA",
      "redactor": "Luis Porfirio Sánchez Rodríguez",
      "descriptores": "Proceso laboral",
      "restrictores": "Deber del Juzgado de fijar la cuantía del proceso",
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      "numeroDocumento": "03167",
      "anno": "2025",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "160014760292FA",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Recurso ante casación en materia de familia",
      "restrictores": "Admisibilidad de recurso de casación por inadmisión en causa iniciada diez años antes de la entrada en vigor del Código Procesal de Familia, Interpretación pro recurso para garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva",
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      "numeroDocumento": "02773",
      "anno": "2025",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "140007961178LA",
      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Jornada laboral, Horas extra, Jornada laboral extraordinaria, Carga de la prueba en materia laboral, Policía de tránsito, Descanso laboral semanal, Derecho al descanso semanal",
      "restrictores": "Carga de la prueba de horas extra laboradas de manera esporádica recae en la parte actora, Incumplimiento de día de descanso absoluto hace procedente su reconocimiento, Jornada laboral aplicable a policía de tránsito corresponde a la excepcional de doce horas diarias",
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      "numeroDocumento": "02484",
      "anno": "2025",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "140022011178LA",
      "redactor": "Rafael Ortega Tellería",
      "descriptores": "Valoración de la prueba en materia laboral, Sana crítica, Principio de razonabilidad laboral",
      "restrictores": "Análisis sobre las reglas de valoración de las pruebas con la normativa previa a la Reforma Procesal Laboral",
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      "numeroDocumento": "01791",
      "anno": "2025",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "240001360419AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Responsabilidad agrario ambiental, Proceso agrario, Valoración de la prueba en materia agraria, Salud pública, Derecho agroalimentario, Juez agrario",
      "restrictores": "Omisión de la persona juzgadora de analizar la posible existencia de brucelosis quebranta el derecho de defensa al ambiente y a la salud pública, Necesaria actitud proactiva en defensa de intereses superiores de la población en materia ambiental y de salud púbica por parte de los juzgadores agrarios",
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      "numeroDocumento": "00428",
      "anno": "2025",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "240005720641LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Proceso de protección en fueros especiales y tutela del debido proceso, Trabajadora embarazada o en período de lactancia, Medidas cautelares en el proceso laboral",
      "restrictores": "Análisis sobre la protección especial de la trabajadora embarazada y normativa nacional e internacional aplicable, Denegatoria de solicitud de tutela que pretende la suspensión de los efectos de la medida cautelar de reubicación, Medidas cautelares no tienen carácter disciplinario",
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      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
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      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
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      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Anualidad (anualidades), Diferencias salariales, Empleo regido por el derecho público (funcionario público), Reajuste del aguinaldo, Salario escolar, Cuotas obrero patronales de Caja Costarricense de Seguro Social, Prescripción en materia Laboral, Principio de estado patrono único",
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      "redactor": "María Angélica Fallas Carvajal",
      "descriptores": "Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Contrato de trabajo (relación laboral), Convención colectiva (convenio colectivo), Auxilio de cesantía, Principio de continuidad laboral, Banco de Costa Rica",
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      "redactor": "María Angélica Fallas Carvajal",
      "descriptores": "Acoso laboral (hostigamiento laboral) (mobbing), Acoso sexual (hostigamiento sexual), Apreciación de la prueba (valoración de la prueba), Exoneración en costas (exención en costas)",
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      "redactor": "Ronny Gerardo Arias Corrales",
      "descriptores": "Prescripción en materia laboral",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Trabajo de San José",
      "expediente": "160005870166LA",
      "redactor": "Ingrid Gregory Wang",
      "descriptores": "Recurso de apelación en materia laboral, Incidente de cobro de honorarios de profesional en abogacía",
      "restrictores": "Inadmisibilidad de la apelación en caso donde disconformidad radica en el tipo de proceso bajo el cual se ventila incidente de cobro de honorarios",
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      "expediente": "180005760173LA",
      "redactor": "Angela Garro Morales",
      "descriptores": "Recurso de apelación en materia laboral, Incidente de cobro de honorarios de profesional en abogacía",
      "restrictores": "Inadmisibilidad de la apelación en caso donde disconformidad radica en el tipo de proceso bajo el cual se ventila incidente de cobro de honorarios",
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      "numeroDocumento": "00573",
      "anno": "2024",
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      "expediente": "200005991178LA",
      "redactor": "María Angélica Fallas Carvajal",
      "descriptores": "Carrera profesional, Anualidades en sector público, Diferencias salariales",
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      "expediente": "150008241178LA",
      "redactor": "Julia Varela Araya",
      "descriptores": "Despido justificado por reorganización, Preaviso, Auxilio de cesantía, Grupo de interés económico, Responsabilidad solidaria, Costas del proceso laboral",
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      "expediente": "160007360929LA",
      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Acoso sexual (hostigamiento sexual), Acoso laboral (hostigamiento laboral) (mobbing), Daño moral, Docente, Responsabilidad solidaria",
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      "redactor": "Luis Porfirio Sánchez Rodríguez",
      "descriptores": "Horas extra, Carga de la prueba de horas extra, Daño moral, Preaviso",
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      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Horas extra, Feriados, Jornada laboral, Carga de la prueba de horas extra, Costas del proceso laboral",
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      "redactor": "Ingrid Gregory Wang",
      "descriptores": "Medidas cautelares en el proceso laboral, Reinstalación, Fuero sindical",
      "restrictores": "Procedente reinstalación al puesto de dirigente sindical a quien se le acusa haber desempeñado esta función en forma simultánea a la ejecución de su trabajo, Finalidad",
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      "expediente": "230006331819DI",
      "redactor": "Estrellita Orellana Guevara",
      "descriptores": "Procedimiento administrativo disciplinario, Persona exfuncionaria judicial",
      "restrictores": "Consideraciones acerca de la aplicación del procedimiento disciplinario, Consideraciones acerca de su aplicación a un exfuncionario judicial",
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      "expediente": "230013901102LA",
      "redactor": "Angela Maria Garro Morales",
      "descriptores": "Fondo de garantía y jubilaciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Prescripción en materia laboral",
      "restrictores": "Antecedentes jurisprudenciales sobre la validez de reformas al reglamento para la disminución del aporte patronal, Normativa y plazo de prescripción aplicable respecto a pretensión sobre diferencias de un porcentaje del salario durante un período determinado, Falta de derecho e inaplicabilidad de la nulidad declarada en sentencia No. 1015-2011 del Juzgado Contencioso Administrativo por existir pronunciamiento expreso que deniega su reclamo sobre diferencias en el aporte patronal",
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      "expediente": "190001151125LA",
      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Prescripción en materia Laboral, Interrupción de la prescripción, Prescripción de la potestad disciplinaria del patrono, Caducidad",
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      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Interrupción de la prescripción",
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      "redactor": "Olman Gerardo Ugalde González",
      "descriptores": "Diferencias salariales, Indexación, Horas extra, Salario",
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      "expediente": "230003451819DI",
      "redactor": "Estrellita Orellana Guevara",
      "descriptores": "Procedimiento administrativo disciplinario, Persona exfuncionaria judicial",
      "restrictores": "Inicio de procedimiento disciplinario previo al cese de labores de la persona servidora judicial",
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      "expediente": "140002441178LA",
      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Deducción salarial (rebajo salarial), Chofer, Cálculo de horas extra",
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      "expediente": "210005110505LA",
      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Horas extra, Policía penitenciaria, Descanso semanal, Carga de la prueba, Cosa juzgada, Intereses, Indexación, Costas del proceso laboral",
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      "expediente": "220021010173LA",
      "redactor": "Fabián Omar Arrieta Segleu",
      "descriptores": "Medidas cautelares en el proceso laboral",
      "restrictores": "Análisis sobre la incorporación de los derechos fundamentales específicos e inespecíficos como objeto de tutela en el proceso laboral a partir de la ley 9343 “Ley de Reforma Procesal Laboral”, Desvinculación laboral acarrea necesariamente un “daño de difícil o imposible reparación” pero ello no es suficiente para otorgar medida cautelar",
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      "expediente": "210004651113LA",
      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Prescripción en materia Laboral, Acoso sexual (hostigamiento sexual), Interrupción de la prescripción, Agotamiento de la vía administrativa",
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      "expediente": "220000690505LA",
      "redactor": "Julia Varela Araya",
      "descriptores": "Reajuste de vacaciones, Horas extra, Jornada laboral de doce horas (artículo 143 del Código de Trabajo), Descanso semanal, Policía penitenciaria, Indexación",
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      "expediente": "210015120505LA",
      "redactor": "Julia Varela Araya",
      "descriptores": "Jornada laboral de doce horas (artículo 143 del Código de Trabajo), Jornada laboral, Descanso semanal, Reajuste de vacaciones, Horas extra, Intereses, Indexación",
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      "anno": "2023",
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      "expediente": "220003521113LA",
      "redactor": "Alexis Fernando Vargas Soto",
      "descriptores": "Proceso de protección en fueros especiales y tutela del debido proceso, Despido discriminatorio",
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      "expediente": "210017850173LA",
      "redactor": "José Antonio Madrigal Soto",
      "descriptores": "Relación laboral, Subordinación laboral, Persona trabajadora, Prueba en materia laboral, Carga de la prueba en materia laboral",
      "restrictores": "Alcances del régimen probatorio a partir de la reforma procesal laboral, Carta emitida con ocasión de la emergencia nacional provocada por la pandemia del Covid 19 hacia los oficiales del tránsito no constituye suficiente prueba para demostrar la subordinación jurídica, Corresponde a la parte trabajadora la prueba de la prestación personal de los servicios",
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      "expediente": "140020381178LA",
      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Nulidad de la sentencia, Prueba para mejor proveer (resolver) en materia laboral, Audiencia, Derecho de defensa, Debido proceso",
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      "anno": "2023",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "190013161178LA",
      "redactor": "Luis Porfirio Sánchez Rodríguez",
      "descriptores": "Recurso de casación (Reforma Procesal Laboral) por vicios de forma, Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Derecho de defensa, Prescripción de derechos y acciones no originados en contratos de trabajo (artículo 607 del Código de Trabajo), Banco de Costa Rica, Fondo de garantías y jubilaciones del Banco de Costa Rica, Apreciación de la prueba (valoración de la prueba)",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda",
      "expediente": "170061151027CA",
      "redactor": "Iris Rocío Rojas Morales",
      "descriptores": "Salarios caídos, Empleo público",
      "restrictores": "Consideraciones generales acerca del concepto de \"salarios caídos\", Monto a pagar no puede ser superior al importe de veinticuatro veces el salario mensual total de la parte trabajadora al momento de la firmeza del fallo, Definición,  alcances y relación de empleo público",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "160014651178LA",
      "redactor": "Alexis Fernando Vargas Soto",
      "descriptores": "Horas extra, Apreciación de la prueba (valoración de la prueba), Carga de la prueba de horas extra, Principio de legalidad",
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      "numeroDocumento": "01286",
      "anno": "2023",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "200018681178LA",
      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Proceso de protección en fueros especiales y tutela del debido proceso, Guardia médica (guardias médicas), Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Exoneración en costas (exención en costas)",
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      "numeroDocumento": "01165",
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      "expediente": "190003631001LA",
      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Potestad disciplinaria (sancionatoria) del patrono, Prescripción de la potestad disciplinaria del patrono, Despido",
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      "numeroDocumento": "01121",
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      "expediente": "190002310775LA",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Casación laboral. cuantía, Recurso de apelación, Derecho de defensa",
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      "expediente": "180005490929LA",
      "redactor": "Luis Carlos Alvarado Valverde",
      "descriptores": "Infracción de normas de seguridad social, Prescripción en materia laboral",
      "restrictores": "Análisis sobre el plazo de prescripción que aplica a las Infracciones a la Ley Constitutiva de la CCSS, Finalidad del procedimiento y potestades de los inspectores de la CCSS",
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      "redactor": "Luis Porfirio Sánchez Rodríguez",
      "descriptores": "Contrato de trabajo (relación laboral), Prescripción de aguinaldo, Prescripción de vacaciones, Anualidad (anualidades), Prescripción de anualidades, Cálculo de anualidades, Interrupción del contrato de trabajo",
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      "expediente": "180000010694LA",
      "redactor": "Julia Varela Araya",
      "descriptores": "Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Grupo de interés económico, Vacaciones, Aguinaldo, Recurso de casación (Reforma Procesal Laboral) por vicios de forma",
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      "redactor": "Jéssica Alejandra Jiménez Ramírez",
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      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Horas extra, Jornada laboral, Carga de la prueba, Plus salarial (sobresueldo), Exoneración en costas (exención en costas)",
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      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Grupo de interés económico, Carga de la prueba de horas extra, Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo)",
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      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Contrato de trabajo (relación laboral), Carga de la prueba, Cálculo de anualidades, Prescripción de anualidades, Prescripción de aguinaldo, Prescripción de vacaciones, Exoneración en costas (exención en costas)",
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      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Nombramiento o prórroga en el servicio público, Remoción de puesto en el servicio público, Debido proceso, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Principio de inmediación, Audiencia",
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      "expediente": "170031060173LA",
      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Aporte patronal al Fondo de capitalización laboral (FCL), Régimen obligatorio de pensiones complementarias (ROP), Auxilio de cesantía, Banco de Costa Rica, Salario, Renuncia del trabajador, Principio de irrenunciabilidad, Convención colectiva (convenio colectivo), Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Exoneración en costas (exención en costas)",
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      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Contrato de trabajo (relación laboral), Principio de primacía de la realidad (contrato realidad), Administración pública, Indexación, Intereses, Costas del proceso laboral",
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      "redactor": "Deyanira Martínez Bolivar",
      "descriptores": "Horas extra, Descanso semanal, Carga de la prueba de horas extra, Carga de la prueba, Apreciación de la prueba (valoración de la prueba), Jornada laboral, Principio de redistribución de la carga probatoria, Prueba testimonial, Principio protector (in dubio pro operario), Prueba para mejor proveer (resolver) en materia laboral",
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      "redactor": "Deyanira Martínez Bolivar",
      "descriptores": "Horas extra, Carga de la prueba de horas extra, Disponibilidad, Reajuste de vacaciones, Salario escolar, Indexación, Intereses",
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      "redactor": "Shirley Vanessa Víquez Vargas",
      "descriptores": "Horas extra, Cálculo de horas extra, Feriados",
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      "redactor": "Ana Luisa Meseguer Monge",
      "descriptores": "Prueba para mejor proveer en materia laboral",
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      "expediente": "210001640639LA",
      "redactor": "Sandra María Pereira Retana",
      "descriptores": "Prescripción de la potestad disciplinaria del patrono, Demanda, Recurso de casación (Reforma Procesal Laboral) por vicios de forma",
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      "expediente": "150000310028LA",
      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Despido justificado, Acoso sexual (hostigamiento sexual)",
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      "despacho": "Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda",
      "expediente": "170058051027CA",
      "redactor": "Luis Guillermo Rivas Loáiciga",
      "descriptores": "Salarios caídos, Estabilidad laboral, Reinstalación, Sentencia, Ejecución de sentencia, Policía",
      "restrictores": "Agente de policía,  dimensionamiento de la sentencia e imposibilidad de reinstalar en plaza inexistencia y que no puede crearse, Agente de policía,  dimensionamiento del fallo e imposibilidad de reinstalar en plaza inexistencia y que no puede crearse, Dimensionamiento de la sentencia e imposibilidad de reinstalar en plaza inexistencia y que no puede crearse, Policía,  dimensionamiento de la sentencia e imposibilidad de reinstalar en plaza inexistencia y que no puede crearse",
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      "expediente": "170048921027CA",
      "redactor": "Luis Guillermo Rivas Loáiciga",
      "descriptores": "Salarios caídos, Estabilidad laboral, Reinstalación, Sentencia, Ejecución de sentencia, Policía",
      "restrictores": "Agente de policía,  dimensionamiento de la sentencia e imposibilidad de reinstalar en plaza inexistencia y que no puede crearse, Agente de policía,  dimensionamiento del fallo e imposibilidad de reinstalar en plaza inexistencia y que no puede crearse, Dimensionamiento de la sentencia e imposibilidad de reinstalar en plaza inexistencia y que no puede crearse, Agente de policía",
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      "numeroDocumento": "00219",
      "anno": "2022",
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      "expediente": "150001890166LA",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Rechazo de plano en laboral, Rechazo del recurso de casación en laboral, Recurso de casación (Tercera instancia rogada), Recurso de casación (Tercera instancia rogada) extemporáneo",
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      "expediente": "160006240643LA",
      "redactor": "Deyanira Martínez Bolivar",
      "descriptores": "Horas extra, Carga de la prueba, Jornada laboral, Despido injustificado, Carta de despido, Preaviso, Auxilio de cesantía, Responsabilidad solidaria, Intereses",
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      "expediente": "150007980166LA",
      "redactor": "Leyla Shadid Gamboa",
      "descriptores": "Prescripción en materia laboral",
      "restrictores": "Constituye un acto interruptor la presentación de la demanda y no la notificación a la parte accionada",
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      "expediente": "170009081178LA",
      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Carrera profesional, Indexación, Costas del proceso laboral, Intereses, Ejecución de sentencia",
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      "expediente": "170002110641LA",
      "redactor": "Luis Porfirio Sánchez Rodríguez",
      "descriptores": "Carga de la prueba del salario, Deducción salarial (rebajo salarial), Principio protector (in dubio pro operario)",
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      "expediente": "130007871178LA",
      "redactor": "Olman Gerardo Ugalde González",
      "descriptores": "Contrato de trabajo (relación laboral), Principio de primacía de la realidad (contrato realidad), Preaviso, Auxilio de cesantía, Renuncia del trabajador, Responsabilidad solidaria, Grupo de interés económico, Principio de preclusión, Recurso de casación (Tercera instancia rogada) no indica razones claras y precisas, Principio de no reforma en perjuicio (non reformatio in peius), Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Reajuste de vacaciones, Reajuste del aguinaldo",
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      "expediente": "210004141102LA",
      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Pensión por viudez, Requisitos de la pensión por viudez, Intereses, Indexación",
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      "expediente": "170008051178LA",
      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Interrupción del contrato de trabajo",
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      "expediente": "150005550643LA",
      "redactor": "Julia Varela Araya",
      "descriptores": "Planilla (planillas), Prueba en materia laboral, Contrato de trabajo (relación laboral), Horas extra, Feriados, Contestación de demanda, Prueba para mejor proveer (resolver) en materia laboral, Recurso de casación (Reforma Procesal Laboral) por vicios de forma",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "190006180173LA",
      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Pensión por vejez, Relación comercial, Prescripción en materia Laboral, Interrupción de la prescripción",
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      "expediente": "210001840419AG",
      "redactor": "Antonio Darcia Carranza",
      "descriptores": "Proceso sumario interdictal de restitución en materia agraria, Servidumbre agraria, Servidumbre de paso, Fundo enclavado",
      "restrictores": "Distinción de los presupuestos requeridos en caso de terrenos con o sin servidumbre al existir conflicto de acceso de paso",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "130019781178LA",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Recurso de casación por inadmisión",
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      "expediente": "170000771125LA",
      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Pensión vitalicia, Apreciación de la prueba (valoración de la prueba), Recurso de casación (Reforma Procesal Laboral) por vicios de forma, Exoneración en costas (exención en costas)",
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      "redactor": "Alexis Fernando Vargas Soto",
      "descriptores": "Propina, Principio protector (in dubio pro operario)",
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      "expediente": "150004330166LA",
      "redactor": "Julia Varela Araya",
      "descriptores": "Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Demanda interrumpe la prescripción, Carga de la prueba del salario, Contrato de trabajo (relación laboral), Prescripción de derechos y acciones no originados en contratos de trabajo (artículo 607 del Código de Trabajo), Legitimación, Responsabilidad solidaria",
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      "descriptores": "Rechazo de plano en laboral, Casación laboral. procesos de ejecución de sentencia",
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      "redactor": "Luis Porfirio Sánchez Rodríguez",
      "descriptores": "Apreciación de la prueba (valoración de la prueba), Carga de la prueba, Sector público, Juez, Principios en la función pública, Prueba documental, Horas extra, Jornada laboral de doce horas (artículo 143 del Código de Trabajo)",
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      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Pensión por orfandad, Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), Intereses, Indexación",
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      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Horas extra, Jornada laboral de doce horas (artículo 143 del Código de Trabajo), Empleado de confianza, Reajuste del aguinaldo, Reajuste de vacaciones",
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      "expediente": "160000371288LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Interrupción de la prescripción, Cálculo de horas extra, Cuotas obrero patronales de Caja Costarricense de Seguro Social",
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      "expediente": "180013380505LA",
      "redactor": "Luis Porfirio Sánchez Rodríguez",
      "descriptores": "Prescripción de la potestad disciplinaria del patrono, Desistimiento en materia Laboral, Reinstalación, Preaviso, Auxilio de cesantía",
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      "expediente": "170027280173LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Principio de congruencia, Principio de irrenunciabilidad, Horas extra, Prescripción en materia Laboral, Prescripción de derechos y acciones no originados en contratos de trabajo (artículo 607 del Código de Trabajo)",
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      "expediente": "140009310641LA",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Admisión del recurso de casación",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José",
      "expediente": "190022080173LA",
      "redactor": "Diamantina Romero Cruz",
      "descriptores": "Proceso laboral, Prescripción en materia laboral, Seguridad social",
      "restrictores": "Consideraciones sobre el plazo de prescripción aplicable a pretensiones derivadas del contrato de trabajo y a las pretensiones de seguridad social, Análisis jurisprudencial sobre el plazo para reclamar derechos laborales y normativa aplicable, Pretensiones de reconocimiento de cuotas obrero patronales y daños y perjuicios son imprescriptibles",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "160004520505LA",
      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Contrato de trabajo (relación laboral), Presunción legal de existencia de contrato de trabajo, Principio de primacía de la realidad (contrato realidad), Recurso de casación (Reforma Procesal Laboral) por vicios de forma, Prueba para mejor proveer (resolver) en materia laboral, Excepciones, Prescripción en materia Laboral, Horas extra, Apreciación de la prueba (valoración de la prueba), Prueba documental, Prueba testimonial, Prueba confesional, Principio de redistribución de la carga probatoria",
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      "anno": "2022",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Cartago Sede Cartago Materia Laboral",
      "expediente": "210004000641LA",
      "redactor": "Ronald Figueroa Acuña",
      "descriptores": "Contrato laboral, Relación laboral, Prestaciones laborales, Intermediario",
      "restrictores": "Responsabilidad solidaria en el pago de extremos laborales a persona maquiladora de calzado, Consideraciones acerca del contrato de maquila y figura de intermediario",
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      "numeroDocumento": "00129",
      "anno": "2022",
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      "expediente": "170005000643LA",
      "redactor": "Luis Porfirio Sánchez Rodríguez",
      "descriptores": "Nulidad de la sentencia, Despido, Debido proceso en sede administrativa, Fuero sindical, Costas del proceso laboral",
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      "numeroDocumento": "01685",
      "anno": "2022",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "150012621178LA",
      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Recurso de casación (Reforma Procesal Laboral) por vicios de forma, Prescripción en materia Laboral, Caducidad",
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      "numeroDocumento": "01682",
      "anno": "2022",
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      "expediente": "150012621178LA",
      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Recurso de casación (Tercera instancia rogada) por razones de forma, Prueba para mejor proveer (resolver) en materia laboral, Contestación de demanda, Sentencia anticipada, Audiencia, Carga de la prueba, Contrato de trabajo (relación laboral), Horas extra, Carga de la prueba de horas extra, Aguinaldo, Vacaciones",
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      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Horas extra, Carga de la prueba de horas extra, Jornada laboral de doce horas (artículo 143 del Código de Trabajo), Disponibilidad, Tiempo efectivo de trabajo, Recurso de casación (Reforma Procesal Laboral) por vicios de forma",
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      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Proceso de protección en fueros especiales y tutela del debido proceso, Contrato de trabajo (relación laboral), Recurso de casación (Reforma Procesal Laboral) por vicios de forma, Exoneración en costas (exención en costas)",
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      "expediente": "170000561125LA",
      "redactor": "Julia Varela Araya",
      "descriptores": "Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo)",
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      "expediente": "170000980387AG",
      "redactor": "Geison Lopez Barrantes",
      "descriptores": "Proceso de ejecución hipotecaria en materia agraria",
      "restrictores": "Adjudicación del inmueble sin constar aprobación del remate provoca nulidad, Omisión de resolver sobre la no audiencia del peritaje que se uso como base de remate provoca nulidad",
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      "expediente": "170000670689AG",
      "redactor": "Geison Lopez Barrantes",
      "descriptores": "Desistimiento en materia agraria, Proceso sumario interdictal de amparo de posesión en materia agraria",
      "restrictores": "Normativa aplicable al desistimiento en proceso interpuesto previo a la vigencia del nuevo Código Procesal Civil",
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      "expediente": "190026350173LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Ejecución de sentencia, Recurso de apelación, Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Recurso de casación (Reforma Procesal Laboral) por vicios de forma",
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      "expediente": "180012170641LA",
      "redactor": "Julia Varela Araya",
      "descriptores": "Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Carga de la prueba, Exoneración en costas (exención en costas)",
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      "redactor": "Julia Varela Araya",
      "descriptores": "Proceso de protección en fueros especiales y tutela del debido proceso, Costas del proceso laboral",
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      "descriptores": "Rechazo de adición y aclaración en laboral",
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      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Proceso de ejecución hipotecaria en materia agraria, Competencia agraria por materia",
      "restrictores": "Plan de inversión del crédito en cobro define la competencia en proceso de ejecución hipotecaria",
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      "expediente": "180010360166LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Prescripción en materia Laboral, Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Proceso de protección en fueros especiales y tutela del debido proceso",
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      "expediente": "150001230929LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Prescripción de la potestad disciplinaria del patrono, Recurso de casación (Tercera instancia rogada) no indica razones claras y precisas",
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      "expediente": "190011160505LA",
      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Horas extra, Jornada laboral de doce horas (artículo 143 del Código de Trabajo), Carga de la prueba, Apreciación de la prueba (valoración de la prueba), Empleo regido por el derecho público (funcionario público), Empleado público (servidor público), Carga de la prueba de horas extra, Intereses, Indexación, Prueba para mejor proveer (resolver) en materia laboral, Recurso de casación (Reforma Procesal Laboral) por vicios de forma, Condenatoria en costas en asuntos de horas extra, Policía penitenciaria",
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      "expediente": "200000570419AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Proceso sumario interdictal de amparo de posesión en materia agraria, Asociación de desarrollo integral de reserva indígena, Propiedad agraria indígena",
      "restrictores": "Necesaria integración de la Asociación de Desarrollo Indígena en proceso que resuelve conflicto sobre terreno ubicado en territorio indígena",
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      "expediente": "190002210298AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Proceso de ejecución hipotecaria en materia agraria",
      "restrictores": "Plazo de oposición en los  procesos de ejecución hipotecaria",
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      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Intereses, Indexación, Agotamiento de la vía administrativa",
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      "expediente": "170000931342LA",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Casación laboral extemporánea, Rechazo del recurso de casación en laboral",
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      "expediente": "100001570298AG",
      "redactor": "Iris Rocío Rojas Morales",
      "descriptores": "Recurso de casación",
      "restrictores": "Admisibilidad, Cuantía, Extemporaneidad",
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      "expediente": "160007811178LA",
      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Diferencias salariales, Exoneración en costas (exención en costas), Recurso de casación (Tercera instancia rogada) por razones de forma",
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      "expediente": "200000170993AG",
      "redactor": "Alexandra Alvarado Paniagua",
      "descriptores": "Nulidad de la sentencia en materia agraria, Debido proceso agrario",
      "restrictores": "Violación del principio de itinerancia",
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      "expediente": "140001130295CI",
      "redactor": "Iris Rocío Rojas Morales",
      "descriptores": "Recurso de casación",
      "restrictores": "Admisibilidad, Cuantía, Extemporaneidad",
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      "expediente": "123001350217LA",
      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Principio de irrenunciabilidad, Renuncia de derechos",
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      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Proceso sumario agrario de derribo",
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      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Horas extra, Carga de la prueba de horas extra, Apreciación de la prueba (valoración de la prueba), Prueba testimonial, Principio de preclusión, Recurso de casación (Reforma Procesal Laboral) por vicios de forma",
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      "redactor": "Luis Porfirio Sánchez Rodríguez",
      "descriptores": "Diferencias salariales, Reajuste de vacaciones, Reajuste del aguinaldo, Salario escolar, Cuotas obrero patronales de Caja Costarricense de Seguro Social, Intereses, Indexación, Exoneración en costas (exención en costas), Recurso de casación (Reforma Procesal Laboral) por vicios de forma",
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      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Fórmula de ajuste salarial automático en resolución DG-078-89, Derecho adquirido, Diferencias salariales, Salario escolar, Licencia por maternidad, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Indexación, Intereses, Costas del proceso laboral, Principio de preclusión",
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      "redactor": "Luis Guillermo Rivas Loáiciga",
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      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Guarda, Empleado municipal, Jornada laboral, Límites de la jornada laboral ordinaria, Municipalidad, Riesgo policial, Indexación",
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      "redactor": "Andrés Grossi Castillo",
      "descriptores": "Infracción de normas laborales, Prescripción en materia laboral",
      "restrictores": "Análisis sobre las faltas laborales continuas y la prescripción en relación con la infracción de normas laborales antes de la Reforma Procesal Laboral",
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      "expediente": "180020980639LA",
      "redactor": "Luis Porfirio Sánchez Rodríguez",
      "descriptores": "Horas extra, Carga de la prueba de horas extra, Jornada laboral",
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      "redactor": "Brenda Caridad Vargas",
      "descriptores": "Recurso de apelación en materia laboral, Proceso de protección en fueros especiales y tutela del debido proceso",
      "restrictores": "Análisis sobre la aplicación de la ley procesal en el tiempo, Inadmisible recurso de apelación contra sentencia dictada dentro de un proceso de protección en fuero especial",
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      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
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      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Horas extra, Disponibilidad, Policía penitenciaria, Descanso semanal, Intereses, Indexación, Seguridad social",
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      "redactor": "Diamantina Romero Cruz",
      "descriptores": "Recurso de apelación en materia laboral, Riesgo del trabajo",
      "restrictores": "Aplicación del principio de taxatividad de los recursos, Inadmisibilidad de la apelación contra el dictamen médico legal al no aplicarse en el proceso ordinario de riesgo de trabajo que introdujo la reforma procesal laboral",
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      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Recurso de casación (Reforma Procesal Laboral) por vicios de forma, Intereses",
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      "expediente": "160004211178LA",
      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Prescripción en materia Laboral, Diferencias salariales, Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Salario, Pensión de la Caja Costarricense de Seguro Social",
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      "redactor": "Ana Luisa Meseguer Monge",
      "descriptores": "Honorarios de profesional en abogacía en asuntos laborales, Abogado de asistencia social",
      "restrictores": "Imposibilidad de la defensa pública de incoar incidente de cobro de honorarios",
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      "expediente": "160009880166LA",
      "redactor": "Julia Varela Araya",
      "descriptores": "Diferencias salariales, Carga de la prueba, Exoneración en costas (exención en costas)",
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      "expediente": "170013030505LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Nulidad de la sentencia, Reasignación de puesto en empleo público, Feriados, Adición y aclaración de la sentencia, Diferencias salariales, Indexación, Exoneración en costas (exención en costas)",
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      "expediente": "170001541001LA",
      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Carga de la prueba, Contrato de trabajo (relación laboral), Apreciación de la prueba (valoración de la prueba), Recurso de casación (Reforma Procesal Laboral) por vicios de forma, Audiencia",
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      "expediente": "180002310942LA",
      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Recurso de casación (Reforma Procesal Laboral) por vicios de forma, Nulidad de la sentencia, Sentencia extemporánea",
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      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Rechazo del recurso de casación en laboral",
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      "expediente": "170000930166LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Recurso de casación (Reforma Procesal Laboral) por vicios de forma, Intereses, Indexación, Costas del proceso laboral",
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      "redactor": "Iris Rocío Rojas Morales",
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      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Caducidad del proceso agrario, Debido proceso agrario, Principio constitucional de acceso a la justicia, Persona adulta mayor",
      "restrictores": "Aplicación de la caducidad debe considerar todas las condiciones propias del proceso sobre todo en casos donde existe población adulta mayor, Improcedencia del dictado de caducidad ante incumplimiento de integración de litis consorcio pasivo necesario en proceso sucesorio",
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      "numeroDocumento": "00951",
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      "expediente": "080005020678CI",
      "redactor": "Iris Rocío Rojas Morales",
      "descriptores": "Recurso de casación",
      "restrictores": "Formalidades del recurso",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Cartago Sede Cartago Materia Laboral",
      "expediente": "130002580641LA",
      "redactor": "Edgar Echegaray Rodriguez",
      "descriptores": "Principio de inmediatez de la prueba en materia laboral",
      "restrictores": "Análisis sobre la inexistencia de quebranto en procesos en que a la fecha de entrada en vigencia de la reforma procesal existiera de señalamiento para audiencia de pruebas, Caso en que persona juzgadora que procuraba la prueba no fue la misma que dicta sentencia",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "150001910166LA",
      "redactor": "Luis Porfirio Sánchez Rodríguez",
      "descriptores": "Horas extra, Carga de la prueba de horas extra, Cálculo de horas extra, Reajuste del aguinaldo, Reajuste de vacaciones, Intereses",
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      "expediente": "190013281178LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Prescripción en materia Laboral, Exoneración en costas (exención en costas)",
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      "expediente": "190001400641LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Procedimiento disciplinario administrativo, Interrupción de la prescripción",
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      "expediente": "170011690643LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Interrupción de la prescripción, Demanda interrumpe la prescripción, Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo)",
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      "expediente": "180001260465AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Condena en costas del proceso agrario, Costas del proceso agrario, Defensa pública agraria, Persona adulta mayor",
      "restrictores": "Exención en costas a la parte que actúa bajo el patrocinio letrado de la Defensa Pública y condición de vulnerabilidad por causa de género,  pobreza,  adulta mayor y discapacidad",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José",
      "expediente": "210000970173LA",
      "redactor": "Diamantina Romero Cruz",
      "descriptores": "Indexación en materia laboral, Intereses en materia laboral",
      "restrictores": "Concepto,  finalidad y carácter no excluyente con los intereses., Fundamento para otorgarla de forma extraconvencional., Renuncia al derecho debe ser expresa., Figura de la preclusión no aplica a derechos de carácter sustantivo., Momento en que rige y análisis sobre su finalidad",
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      "numeroDocumento": "00961",
      "anno": "2021",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Heredia Sede Heredia Materia Laboral",
      "expediente": "200017810505LA",
      "redactor": "Brenda Caridad Vargas",
      "descriptores": "Recurso de apelación en materia laboral, Apelación por inadmisión",
      "restrictores": "Inexistencia de un procedimiento legal establecido para evacuar la prueba confesional ofrecida no impide hacer uso de la doctrina y costumbre",
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      "anno": "2021",
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      "expediente": "180018170639LA",
      "redactor": "Luis Fernando Rodríguez Sandí",
      "descriptores": "Prescripción en materia laboral, Agotamiento de la vía administrativa, Silencio negativo, Diferencias salariales",
      "restrictores": "Análisis sobre la prescripción y el agotamiento de la vía administrativa en caso de trabajadora que reclama la tutela de sus derechos",
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      "numeroDocumento": "00253",
      "anno": "2021",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Cartago Sede Cartago Materia Laboral",
      "expediente": "190006440641LA",
      "redactor": "Fabián Arrieta Segleau",
      "descriptores": "Costas del proceso laboral, Abogado de asistencia social, Satisfacción extraprocesal",
      "restrictores": "Propiedad de emolumentos por costas del proceso en casos donde interviene la Defensa Pública Laboral, Propiedad de emolumentos por costas del proceso en casos donde interviene la Defensa Pública Laboral.",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "200002290391AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Proceso sumario agrario de derribo",
      "restrictores": "Regulación sobre el aprovechamiento de la madera producto del derribo que se autoriza, Deber de solicitar en sede administrtiva los permisos para el aprovechamiento de madera en caso de  fundo que no permite tener la certeza necesaria del derecho de propiedad del solicitante",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "190000791626CI",
      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Interrupción de la prescripción, Demanda interrumpe la prescripción, Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Apreciación de la prueba (valoración de la prueba)",
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      "expediente": "190011430505LA",
      "redactor": "Julia Varela Araya",
      "descriptores": "Prueba en materia laboral, Carga de la prueba, Apreciación de la prueba (valoración de la prueba), Sector público, Horas extra, Carga de la prueba de horas extra, Policía penitenciaria, Intereses, Indexación, Recurso de casación (Reforma Procesal Laboral) por vicios de forma, Condenatoria en costas en asuntos de horas extra",
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      "expediente": "170001720465AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Usucapión especial agraria",
      "restrictores": "Estado de necesidad como presupuesto de la usucapión especial agraria",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "100014890504CI",
      "redactor": "Alexandra Alvarado Paniagua",
      "descriptores": "Proceso agrario, Partes del proceso agrario",
      "restrictores": "Deber de continuar el proceso con el albacea del sucesorio en caso de muerte de alguna de las partes",
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      "expediente": "170001221288LA",
      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Cálculo de horas extra, Despido justificado por ausencias , Exoneración en costas (exención en costas)",
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      "expediente": "110022981178LA",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Admisión del recurso de casación, Casación laboral contra sentencia de primera instancia",
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      "expediente": "180023911178LA",
      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Diferencias salariales, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)",
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      "expediente": "160004680893CI",
      "redactor": "Luis Guillermo Rivas Loáiciga",
      "descriptores": "Conflicto de competencias",
      "restrictores": "Asociación, Disolución y liquidación",
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      "expediente": "160004110166LA",
      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Horas extra, Carga de la prueba de horas extra, Jornada laboral de doce horas (artículo 143 del Código de Trabajo), Jornada laboral, Tiempo efectivo de trabajo, Disponibilidad, Exoneración en costas (exención en costas)",
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      "expediente": "170016311102LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Diferencias salariales, Jornada laboral, Prescripción de derechos y acciones no originados en contratos de trabajo (artículo 607 del Código de Trabajo)",
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      "expediente": "160001240929LA",
      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Pensión por vejez, Requisitos de pensión por vejez, Prueba pericial, Apreciación de la prueba (valoración de la prueba)",
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      "expediente": "190003920173LA",
      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Prescripción en materia Laboral, Interrupción de la prescripción, Reajuste de cesantía, Prescripción de auxilio de cesantía",
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      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Salario, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)",
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      "expediente": "170003680643LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Ministerio de Educación, Interrupción de la prescripción, Prueba en materia laboral, Agotamiento de la vía administrativa, Recurso de casación (Reforma Procesal Laboral) por vicios de forma",
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      "expediente": "160004840639LA",
      "redactor": "Maureen Roxana Solis Madrigal",
      "descriptores": "Prescripción de la potestad disciplinaria del patrono, Prueba en materia laboral, Procedimiento disciplinario administrativo, Horas extra, Carga de la prueba de horas extra, Jornada laboral de doce horas (artículo 143 del Código de Trabajo), Daños y perjuicios. Artículo 82 del Código de Trabajo, Prueba para mejor proveer (resolver) en materia laboral, Costas del proceso laboral, Condenatoria en costas en asuntos de horas extra",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "180006941178LA",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Consulta de competencia, Por razón de la materia en laboral-pretensión no es laboral, Competencia en caso de acumulación de procesos",
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      "expediente": "200000140465AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Proceso sumario agrario de derribo, Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado",
      "restrictores": "Autorización de corta de árboles sanos de gran altura en aras de proteger la vida e integridad de bienes y personas",
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      "expediente": "070000090689AG",
      "redactor": "Magda Díaz Bolaños",
      "descriptores": "Recurso de apelación en materia agraria",
      "restrictores": "Deber de expresar agravios de inconformidad",
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      "expediente": "170019081178LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Contrato de trabajo (relación laboral), Indicios del contrato de trabajo, Presunción legal de existencia de contrato de trabajo, Taxista, Principio de primacía de la realidad (contrato realidad), Carga de la prueba, Prescripción en materia Laboral, Principio de continuidad laboral, Sustitución patronal",
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      "expediente": "160006760641LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Horas extra, Jornada laboral de doce horas (artículo 143 del Código de Trabajo), Apreciación de la prueba (valoración de la prueba), Prueba testimonial",
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      "expediente": "080003060391AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Proceso agrario, Partes del proceso agrario, Compraventa agraria, Prohibición de discriminación por discapacidad, Capacidad de actuar, Derechos de las personas con discapacidad",
      "restrictores": "Condición de sordomudez,  edad y no saber leer no constituye motivo de nulidad de escritura de compraventa agraria",
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      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Recurso de apelación en materia agraria",
      "restrictores": "Deber de concretar y fundamentar agravios de inconformidad",
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      "expediente": "140001421052LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Horas extra, Recurso de casación (Tercera instancia rogada) no indica razones claras y precisas, Cálculo de horas extra, Descanso semanal, Principio de inmediación",
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      "expediente": "160000831590LA",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Rechazo de plano en laboral, Rechazo del recurso de casación en laboral, Casación laboral extemporánea",
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      "redactor": "Julia Varela Araya",
      "descriptores": "Prescripción en pensión del Magisterio Nacional, Reajuste de pensión, Prescripción de derechos y acciones no originados en contratos de trabajo (artículo 607 del Código de Trabajo)",
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      "descriptores": "Por razón del territorio en laboral, Competencia domicilio del actor(a)",
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      "redactor": "Julia Varela Araya",
      "descriptores": "Despido, Régimen de libre despido, Carta de despido, Carga de la prueba del despido, Principio de igualdad y no discriminación, Principio de idoneidad para el desempeño, Contestación de demanda, Carga de la prueba, Horas extra, Guardia médica (guardias médicas)",
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      "expediente": "160003490639LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Horas extra, Feriados, Prueba confesional, Guarda, Recurso de casación (Reforma Procesal Laboral) por vicios de forma, Audiencia",
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      "expediente": "110006440638CI",
      "redactor": "Magda Díaz Bolaños",
      "descriptores": "Recurso de apelación en materia agraria, Proceso sucesorio agrario, Proceso agrario",
      "restrictores": "Inadmisibilidad del recurso de apelación contra orden de suspensión del proceso sucesorio por la presentación de un ordinario donde se discute la titularidad una de las heredares inventariadas",
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      "expediente": "180017150639LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Costas del proceso laboral",
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      "expediente": "160001811125LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Pensión del régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Dictamen médico (certificado médico), Principio de congruencia, Audiencia, Recurso de casación (Reforma Procesal Laboral) por vicios de forma, Indexación",
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      "expediente": "180000091569LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Pensión por viudez, Requisitos de la pensión por viudez, Prescripción en materia Laboral",
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      "expediente": "180008551102LA",
      "redactor": "Luis Porfirio Sánchez Rodríguez",
      "descriptores": "Reajuste de pensión de Hacienda, Prescripción en pensión de Hacienda, Plus salarial (sobresueldo), Agotamiento de la vía administrativa, Registro Nacional",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Guanacaste Sede Liberia Materia Laboral",
      "expediente": "200000081569LA",
      "redactor": "Patric Eugenio  Ramos Chavarria",
      "descriptores": "Despido injustificado, Preaviso, Auxilio de cesantía, Patrono, Carga de la prueba en materia laboral",
      "restrictores": "Incumplimiento del patrono al deber de entregar la carta de despido, Procedencia del pago de preaviso y cesantía a persona recolectora de café",
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      "anno": "2021",
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      "expediente": "130001470507AG",
      "redactor": "Iris Rocío Rojas Morales",
      "descriptores": "Aplicación normativa",
      "restrictores": "Transitorio",
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      "expediente": "200007641178LA",
      "redactor": "Armando Elizondo Almeida",
      "descriptores": "Consignación de prestaciones",
      "restrictores": "Nulidad y devolución del expediente para tramitarlo como un proceso de mejor derecho ante solicitud de indignidad en diligencias de prestaciones de trabajador fallecido",
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      "expediente": "080004000419AG",
      "redactor": "Iris Rocío Rojas Morales",
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      "expediente": "153000360236LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Empleado público (servidor público), Demanda interrumpe la prescripción, Agotamiento de la vía administrativa",
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      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Daños y perjuicios en materia agraria, Proceso agrario, Ejecución de la sentencia agraria, Carga de la prueba en materia agraria, Prueba en materia agraria",
      "restrictores": "Deber de probar en ejecución de sentencia los daños y perjuicios alegados",
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      "redactor": "Julia Varela Araya",
      "descriptores": "Despido, Falta laboral, Falta grave, Alcoholismo y drogadicción, Despido justificado, Despido justificado por falta grave a obligaciones contractuales, Despido justificado por laborar en estado de embriaguez, Prueba confesional, Prueba testimonial, Prueba documental, Exoneración en costas (exención en costas)",
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      "expediente": "170025230173LA",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Consulta de competencia, Por razón del territorio en laboral, Competencia tribunales nacionales, Recurso de apelación",
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      "descriptores": "Admisión del recurso de casación, Recurso de apelación, Audiencia, Prueba en materia laboral",
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      "expediente": "200000510391AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Medidas cautelares del proceso agrario, Recurso de apelación en materia agraria, Proceso agrario",
      "restrictores": "Procedimiento de oposición a la admisión de medida cautelar sin audiencia a la parte contraria",
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      "expediente": "150005840643LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Responsabilidad solidaria, Grupo de interés económico, Horas extra, Cálculo de horas extra, Carga de la prueba de horas extra, Feriados, Carga de la prueba, Intereses, Indexación, Condenatoria en costas en asuntos de horas extra",
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      "expediente": "200015081178LA",
      "redactor": "Diamantina Romero Cruz",
      "descriptores": "Proceso laboral",
      "restrictores": "Competencia para conocer procesos de cuantía inestimable a partir del nuevo valor que rige desde del 08 de octubre del 2020",
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      "expediente": "170027360173LA",
      "redactor": "Julia Varela Araya",
      "descriptores": "Horas extra, Carga de la prueba de horas extra, Jornada laboral, Carga de la prueba en jornada laboral, Carga de la prueba, Apreciación de la prueba (valoración de la prueba), Municipalidad, Empleado municipal",
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      "expediente": "111600360465AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Costas del proceso agrario, Proceso agrario, Defensa pública agraria, Persona indígena, Principio agrario de gratuidad, Principio constitucional de acceso a la justicia, Prohibición de discriminación contra la mujer",
      "restrictores": "Exención en costas en caso de mujer indígena en condición de vulnerabilidad que actuó bajo el patrocinio de la Defensa Pública Agraria",
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      "expediente": "190046740031DI",
      "redactor": "María Mora Saprissa",
      "descriptores": "Procedimiento administrativo disciplinario, Auto de traslado de cargos, Recurso de apelación en materia disciplinaria, Prescripción de la potestad disciplinaria",
      "restrictores": "Alcances y límites temporales establecidos en el artículo 211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Improcedente recurso de revocatoria o de apelación contra el acto administrativo de apertura del proceso disciplinario, Inaplicabilidad de normativa laboral de carácter general, Consideraciones acerca de una correcta imputación de cargos",
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      "redactor": "Luis Guillermo Rivas Loáiciga",
      "descriptores": "Conflicto de competencias",
      "restrictores": "Daños y perjuicios",
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      "expediente": "150013640166LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Intereses, Indexación, Feriados",
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      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Jornada laboral extraordinaria, Carga de la prueba de jornada laboral extraordinaria, Horas extra, Carga de la prueba de horas extra",
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      "expediente": "160031621027CA",
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      "descriptores": "Admisión del recurso de casación",
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      "redactor": "Estrellita Orellana Guevara",
      "descriptores": "Procedimiento administrativo disciplinario, Persona exfuncionaria judicial",
      "restrictores": "Responsabilidad disciplinaria del funcionariado judicial no desaparece con la disolución del vínculo laboral durante el proceso",
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      "expediente": "200001640031DI",
      "redactor": "Siria Carmona Castro",
      "descriptores": "Procedimiento administrativo disciplinario, Persona exfuncionaria judicial",
      "restrictores": "Consideraciones acerca de la aplicación del procedimiento disciplinario, Consideraciones acerca de su aplicación a un exfuncionario judicial",
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      "expediente": "190024441178LA",
      "redactor": "Diamantina Romero Cruz",
      "descriptores": "Consignación de prestaciones, Juez laboral, Competencia laboral, Régimen obligatorio de pensiones complementarias",
      "restrictores": "Análisis y antecedentes con respecto a quién corresponde el conocimiento de la pretensión de adjudicación del ROP, Alcances de los asuntos que son de conocimiento del Juzgado de Seguridad Social, Asignación de los beneficiarios y la distribución final del ROP serán competencia del Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José",
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      "expediente": "160010491178LA",
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      "descriptores": "Casación laboral por razones procesales",
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      "expediente": "160009900166LA",
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      "descriptores": "Recurso de casación (Tercera instancia rogada) extemporáneo",
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      "expediente": "120001400505LA",
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      "descriptores": "Rechazo del recurso de casación en laboral",
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      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI",
      "expediente": "190042511027CA",
      "redactor": "Jose Roberto Garita Navarro",
      "descriptores": "Procedimiento administrativo disciplinario",
      "restrictores": "Improcedente reinstalar a servidora pública despedida por faltas y quebrantos al deber de tutela de la Hacienda Pública, Cómputo del plazo prescriptivo del procedimiento disciplinario e improcedencia en el caso concreto",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "180001230387AG",
      "redactor": "Silvia Sanchez Blanco",
      "descriptores": "Nulidad en materia agraria, Recurso de apelación en materia agraria, Tribunal agrario, Principio de conservación de los actos procesales",
      "restrictores": "Deber del Tribunal de determinar vicios procesales que deban subsanarse",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José",
      "expediente": "190017071178LA",
      "redactor": "Diamantina Romero Cruz",
      "descriptores": "Proceso laboral, Transacción y finiquito en materia laboral, Intereses en materia laboral, Indexación en materia laboral, Días feriados",
      "restrictores": "Análisis jurisprudencial sobre procedencia de los intereses y la indexación sobre los rubros que se cancelaron en sede administrativa, Concepto y análisis jurisprudencial sobre su finalidad, Deber del patrono de resarcir monetariamente al trabajador por el no pago oportuno de días feriados, Deber del patrono de resarcir monetariamente al trabajador sobre los días feriados no cancelados oportunamente, Momento en que rige y análisis sobre su finalidad, Omisión de incluir expresamente lo relacionado con indexación e intereses no permite concluir que se puedan tener por renunciados derechos que no fueron parte del objeto de la transacción, Procedente reconocimiento de intereses e indexación por el no pago oportuno",
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      "expediente": "190001700298AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Interdicto agrario de restitución, Propiedad agraria, Fundo enclavado",
      "restrictores": "Finalidad del interdicto de restitución de derecho de paso, Presupuestos del interdicto de restitución de derecho de paso, Deber probar enclave del terreno o salida insuficiente a calle pública para que proceda interdicto de restitución de derecho de paso",
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      "expediente": "170024020173LA",
      "redactor": "Luis Porfirio Sánchez Rodríguez",
      "descriptores": "Horas extra, Diferencias salariales, Costas del proceso laboral",
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      "redactor": "William Molinari Vilchez",
      "descriptores": "Aplicación normativa",
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      "expediente": "170003221288LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Horas extra, Carga de la prueba de horas extra, Cálculo de horas extra, Fijación de horas extra, Condenatoria en costas en asuntos de horas extra",
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      "redactor": "Luis Porfirio Sánchez Rodríguez",
      "descriptores": "Descanso semanal, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)",
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      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Plus por recargo a docente en Ministerio de Educación, Reubicación del trabajador, Ministerio de Educación, Salario, Salario escolar, Reajuste del aguinaldo, Reajuste de vacaciones, Diferencias salariales, Costas del proceso laboral",
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      "redactor": "Julia Varela Araya",
      "descriptores": "Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Contrato de trabajo por tiempo indefinido, Contrato de trabajo por temporada, Preaviso, Auxilio de cesantía",
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      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Rechazo de plano en laboral, Rechazo de recursos de revocatoria y apelación en laboral, Prueba en materia laboral",
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      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Rechazo de plano en laboral, Rechazo del recurso de casación en laboral, Casación laboral. cuantía",
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      "descriptores": "Rechazo de plano en laboral, Rechazo del recurso de casación en laboral",
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      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Prescripción de anualidades, Anualidad (anualidades)",
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      "redactor": "Francisco De La Trinidad Hidalgo Rueda",
      "descriptores": "Procedimiento administrativo disciplinario, Prescripción",
      "restrictores": "Consideraciones sobre la prescripción de la potestad disciplinaria",
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      "expediente": "150000410028LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Plus por operaciones de alto riesgo, Principio de igualdad salarial y no discriminación, Intereses, Indexación",
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      "expediente": "130006201178LA",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Rechazo de plano en laboral, Rechazo del recurso de casación en laboral",
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      "expediente": "170001420465AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Interdicto agrario de amparo de posesión, Principio de libre valoración de la prueba agraria, Valoración de la prueba en materia agraria",
      "restrictores": "Alcances y aplicación, Aplicación del principio de libre apreciación, Finalidad y presupuestos, Aplicación del principio de libre valoración de la prueba",
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      "redactor": "Luis Guillermo Rivas Loáiciga",
      "descriptores": "Recurso de casación",
      "restrictores": "Admisibilidad",
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      "expediente": "160000181556LA",
      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Horas extra, Carga de la prueba de horas extra, Recurso de casación (Reforma Procesal Laboral) por vicios de forma",
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      "expediente": "140001971288LA",
      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Costas del proceso laboral, Rentas vitalicias",
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      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Costas del proceso laboral, Rentas vitalicias",
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      "expediente": "110027191178LA",
      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Exoneración en costas (exención en costas)",
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      "expediente": "190008710173LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Costas del proceso laboral, Ministerio de Educación, Plus salarial (sobresueldo)",
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      "expediente": "190003250507AG",
      "redactor": "Magda Díaz Bolaños",
      "descriptores": "Información posesoria agraria, Nulidad de la sentencia en materia agraria, Nulidad en materia agraria",
      "restrictores": "Archivo de expediente ante oposición del Estado, Archivo de expediente ante oposición del Estado en proceso de información posesoria, Quebranto al debido proceso ante falta de fundamentación, Quebranto al debido proceso por falta de fundamentación provoca nulidad de la sentencia",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "160000970640CI",
      "redactor": "Alexandra Alvarado Paniagua",
      "descriptores": "Nulidad de la sentencia en materia agraria, Proceso agrario, Nulidad en materia agraria",
      "restrictores": "Nulidad de sentencia ante omisión de resolver incidentes en la parte dispositiva, Omisión de resolver incidentes en la parte dispositiva de la sentencia, Omisión de resolver incidentes en la parte dispositiva la provoca",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "030001160689AG",
      "redactor": "Magda Díaz Bolaños",
      "descriptores": "Proceso agrario, Aplicación de la ley en el tiempo",
      "restrictores": "Consideraciones sobre la aplicación del régimen procesal agrario con respecto a las reformas civiles y laborales, Consideraciones sobre la aplicación del régimen procesal con respecto a las reformas civiles y laborales",
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      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
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      "expediente": "150028391102LA",
      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Pensión del Magisterio Nacional, Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), Responsabilidad solidaria, Intereses, Prescripción de derechos y acciones no originados en contratos de trabajo (artículo 607 del Código de Trabajo), Prescripción en pensión del Magisterio Nacional, Agotamiento de la vía administrativa, Condenatoria en costas en procesos de pensión",
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      "expediente": "160000040419AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Servidumbre agraria, Servidumbre de paso, Daño ambiental, Área forestal protegida, Principio precautorio en materia ambiental",
      "restrictores": "Fundamento y finalidad, Inexistencia en caso de servidumbre agraria que permite uso de ruta de acceso de salida a calle pública utilizada en el pasado, Otorgamiento de servidumbre agraria que permite uso de ruta de acceso de salida a calle pública utilizada en el pasado, Procedencia de uso de ruta de acceso de salida a calle pública utilizada en el pasado, Responsabilidad penal,  ambiental y patrimonial impide irrespetar prohibiciones legales respecto a los recursos naturales y servicios del fundo sirviente, Concepto,  fundamento normativo y alcances del principio precautorio",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "160000450391AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Propiedad agraria, Usucapión agraria, Proceso ordinario agrario",
      "restrictores": "Incorporación de cabida en exceso reflejada en plano como área usucapida, Posesión en condición de dueña ante existencia de título traslativo de dominio como causa adquisitiva",
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      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "130000691129AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Acción reivindicatoria agraria, Propiedad indígena, Propiedad agraria indígena, Asociación de desarrollo integral de reserva indígena",
      "restrictores": "Acción reivindicatoria sobre fincas inscritas entre no indígenas situadas de forma parcial en territorio indígena, Fincas inscritas entre no indígenas situadas de forma parcial en territorio indígena, Declaratoria sin lugar ante falta de identidad del bien sin perjuicio de las facultades que otorga la Ley 6172 y la normativa internacional a la Asociación de Desarrollo Indígena para ejercer las acciones legales de recuperación, Declaratoria sin lugar ante falta de identidad del bien sin perjuicio de las facultades que otorga la Ley 6172 y la normativa internacional para ejercer las acciones legales de recuperación",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "190001060298AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Proceso sumario interdictal de amparo de posesión en materia agraria, Caducidad del proceso sumario interdictal agrario",
      "restrictores": "Cómputo de la caducidad desde el inicio efectivo de los actos perturbadores acusados, Cómputo desde el inicio efectivo de los actos perturbadores acusados en interdicto de amparo de la posesión, Hechos a calificar abarcan incluso los ocurridos antes de interponer el proceso si se manifiestan en el tiempo como una unidad de acción",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "180000141579LA",
      "redactor": "Olman Gerardo Ugalde González",
      "descriptores": "Inexistencia del contrato de trabajo, Guarda, Carga de la prueba del contrato de trabajo, Carga de la prueba, Apreciación de la prueba (valoración de la prueba), Costas del proceso laboral",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "041002400424CI",
      "redactor": "Magda Díaz Bolaños",
      "descriptores": "Proceso agrario, Aplicación de la ley en el tiempo",
      "restrictores": "Consideraciones sobre la aplicación del régimen procesal agrario con respecto a las reformas civiles y laborales, Consideraciones sobre la aplicación del régimen procesal con respecto a las reformas civiles y laborales",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Guanacaste Sede Liberia Materia Laboral",
      "expediente": "150001040775LA",
      "redactor": "Patric Eugenio  Ramos Chavarria",
      "descriptores": "Prescripción en materia laboral",
      "restrictores": "Cómputo del plazo para reclamar derechos laborales,  actos interruptores y normativa aplicable",
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      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Trabajo del II Circuito Judicial de San José",
      "expediente": "190020981102LA",
      "redactor": "Ana Ruth Fallas Gómez",
      "descriptores": "Condena en costas del proceso laboral, Costas del proceso laboral",
      "restrictores": "Costas personales y normativa aplicable",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "160009380166LA",
      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Horas extra, Condenatoria en costas en asuntos de horas extra, Salario a destajo",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José",
      "expediente": "160011920173LA",
      "redactor": "Ronald Cruz Álvarez",
      "descriptores": "Licencia por enfermedad, Persona trabajadora docente, Vacaciones, Intereses en materia laboral, Indexación en materia laboral",
      "restrictores": "Deber de conceder compensación económica cuando coinciden en tiempo con la licencia por enfermedad y forma de calcular el rubro, Deber de conceder compensación económica cuando vacaciones coinciden en tiempo con la licencia por enfermedad y forma de calcular el rubro, Deber de conceder compensación económica cuando vacaciones coinciden en tiempo y forma de calcular el rubro, Momento en que rige en caso de no pago o disfrute de vacaciones que coinciden con licencia por enfermedad, Procedente pago junto con intereses en caso de no pago o disfrute de vacaciones que coinciden con licencia por enfermedad",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "140000630689AG",
      "redactor": "Magda Díaz Bolaños",
      "descriptores": "Sentencia agraria, Incongruencia",
      "restrictores": "Alcances de la incongruencia, Alcances en materia agraria",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00711",
      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "200000200298AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Proceso de ejecución hipotecaria en materia agraria",
      "restrictores": "Causas de oposición y alcances del procedimiento en vía incidental",
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      "numeroDocumento": "00707",
      "anno": "2020",
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      "expediente": "160008451178LA",
      "redactor": "Julia Varela Araya",
      "descriptores": "Derecho adquirido, Diferencias salariales, Costas del proceso laboral",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "170004451178LA",
      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Recurso de casación (Tercera instancia rogada), Recurso de casación (Tercera instancia rogada) por razones de forma, Recurso de casación (Tercera instancia rogada) por falta de fundamentación como motivo por el fondo",
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      "numeroDocumento": "01274",
      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "060000570391AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Daños y perjuicios en materia agraria, Prueba en materia agraria",
      "restrictores": "Necesaria acreditación de daños y perjuicios para su otorgamiento en abstracto, Necesaria acreditación para su otorgamiento en abstracto",
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      "numeroDocumento": "00627",
      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Alajuela Sede Alajuela Materia Laboral",
      "expediente": "110001470639LA",
      "redactor": "Olivier Ramírez González",
      "descriptores": "Recurso de apelación en materia laboral",
      "restrictores": "Deber de formular expresamente los motivos de hecho o de derecho en que se apoya la inconformidad",
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      "numeroDocumento": "00256",
      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "200000491587AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Proceso sumario agrario de derribo, Competencia agraria por materia, Recursos naturales",
      "restrictores": "Derribo de árbol ubicado en zona urbana corresponde resolver en proceso sumario agrario, Derribo de árbol ubicado en zona urbana corresponde resolver en vía sumaria, Trámite respecto a árbol ubicado en zona urbana corresponde resolver en esta vía al constituir un reclamo vinculado a un recurso natural, Aplicación de los criterios de interés público ambiental en la fijación de la competencia material, Fijación requiere la aplicación de los criterios de interés público ambiental en trámites respecto a recursos naturales",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00585",
      "anno": "2020",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "180008561178LA",
      "redactor": "Julia Varela Araya",
      "descriptores": "Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Demanda interrumpe la prescripción, Deserción",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "01116",
      "anno": "2020",
      "label": "Sala Segunda de la Corte Res. 01116-2020",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "170001280868LA",
      "redactor": "Julia Varela Araya",
      "descriptores": "Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Deserción, Interrupción de la prescripción",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "01106",
      "anno": "2020",
      "label": "Sala Segunda de la Corte Res. 01106-2020",
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      "despacho": "Sala Primera de la Corte",
      "expediente": "021600690465AG",
      "redactor": "William Molinari Vilchez",
      "descriptores": "Aplicación normativa",
      "restrictores": "Transitorio",
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      "numeroDocumento": "02010",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "110006440638CI",
      "redactor": "Magda Díaz Bolaños",
      "descriptores": "Proceso sucesorio agrario, Prueba en materia agraria",
      "restrictores": "Análisis con respecto a la procedencia de incidente de exclusión de bienes en proceso sucesorio, Naturaleza límitada del incidente de exclusión de bienes y necesaria prueba directa para que proceda",
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      "redactor": "María Rosa Castro García",
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      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Policía penitenciaria, Reajuste de vacaciones, Reajuste del aguinaldo, Salario escolar, Indexación, Intereses, Administración pública, Ejecución de sentencia, Horas extra, Disponibilidad",
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      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Nulidad de la sentencia, Prescripción en materia Laboral, Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Derecho de defensa",
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      "redactor": "William Molinari Vilchez",
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      "expediente": "160004320643LA",
      "redactor": "Jaime Rivera Prieto",
      "descriptores": "Prueba en materia laboral, Prueba para mejor proveer en materia laboral",
      "restrictores": "Análisis sobre la aportación,  admisión y valoración de la prueba en segunda instancia y normativa aplicable, Normativa aplicable y carácter excepcional de la prueba para mejor proveer aportada en segunda instancia, Facultad discrecional del juzgador",
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      "expediente": "140027691178LA",
      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Abandono del trabajo (abandono de labores), Falta laboral, Prestaciones (indemnización laboral), Renuncia del trabajador, Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo)",
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      "expediente": "170017441209CJ",
      "redactor": "Magda Díaz Bolaños",
      "descriptores": "Proceso de ejecución hipotecaria en materia agraria, Remate",
      "restrictores": "Fundamento de omisión en edicto de contrato de arrendamiento agrario anotado posterior a la demanda, Fundamento de omisión en edicto de contrato de arrendamiento anotado posterior a la demanda",
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      "expediente": "141000270642CI",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Recurso de apelación en materia agraria",
      "restrictores": "Admisibilidad pese a error en número de expediente",
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      "expediente": "170008650639LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Cosa juzgada, Principio de irretroactividad de la ley, Acuerdo de mediación",
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      "expediente": "140030231178LA",
      "redactor": "Julia Varela Araya",
      "descriptores": "Desarraigo, Viáticos, Indexación, Ejecución de sentencia, Reajuste de vacaciones, Costas del proceso laboral",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "070000900699AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Notificación en materia agraria, Proceso agrario",
      "restrictores": "Análisis sobre la calidad de apersonamiento para darse por notificado a la parte",
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      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI",
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      "redactor": "Cynthia Abarca Gómez",
      "descriptores": "Procedimiento administrativo disciplinario, Prescripción de la sanción administrativa disciplinaria",
      "restrictores": "Análisis de validez en cuanto a la conducta que dispuso el despido del actor e improcedencia de la reinstalación, Improcedencia y computo del plazo en cuanto a la conducta que dispuso el despido del actor, Improcedencia de la prescripción y computo del plazo",
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      "expediente": "160011340166LA",
      "redactor": "Rodrigo Campos Esquivel",
      "descriptores": "Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Interrupción de la prescripción",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "100000020507AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Nulidad de la sentencia en materia agraria, Cosa juzgada en materia agraria, Incongruencia",
      "restrictores": "Análisis en relación a los efectos de la cosa juzgada, Análisis sobre sus efectos en relación a la incongruencia, Omisión de consignar en parte dispositiva análisis efectuado en el considerando, Análisis sobre los efectos de la cosa juzgada en relación a la incongruencia",
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      "expediente": "150022881102LA",
      "redactor": "Julia Varela Araya",
      "descriptores": "Nulidad de la sentencia",
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      "expediente": "160002081113LA",
      "redactor": "Guillermo Guilá Alvarado",
      "descriptores": "Ejecución de sentencia laboral",
      "restrictores": "Normativa aplicable es la que rige al momento de su comienzo,  independientemente de la que se aplicó en el proceso de conocimiento, Concepto,  finalidad y naturaleza jurídica",
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      "anno": "2020",
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      "expediente": "150017441178LA",
      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Costas del proceso laboral, Disponibilidad, Horas extra, Plus por operaciones de alto riesgo, Condenatoria en costas en asuntos de horas extra, Tiempo efectivo de trabajo, Reajuste de vacaciones",
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      "expediente": "140015671178LA",
      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Anualidad (anualidades), Diferencias salariales, Intereses, Exoneración en costas (exención en costas)",
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      "anno": "2020",
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      "expediente": "170003151178LA",
      "redactor": "Orlando Aguirre Gomez",
      "descriptores": "Prescripción en materia Laboral, Contrato de trabajo (relación laboral)",
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      "expediente": "150008930166LA",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Admisión del recurso de casación",
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      "numeroDocumento": "00419",
      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José",
      "expediente": "190014340173LA",
      "redactor": "Diamantina Romero Cruz",
      "descriptores": "Proceso laboral, Indexación en materia laboral, Intereses en materia laboral",
      "restrictores": "Análisis jurisprudencial sobre procedencia de los extremos accesorios otorgados en el caso de haber operado pago administrativo de extremos principales, Análisis sobre su fundamento, Finalidad y carácter no excluyente en relación con la indexación, Carácter no excluyente en relación con los intereses y los daños y perjuicios",
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      "numeroDocumento": "00269",
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      "despacho": "Sala Primera de la Corte",
      "expediente": "130030931027CA",
      "redactor": "Iris Rocío Rojas Morales",
      "descriptores": "Potestad sancionatoria, Principio búsqueda de la verdad real de los hechos",
      "restrictores": "Concepto y alcance, Condición de funcionario",
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      "numeroDocumento": "00676",
      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "180000891129AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Medidas cautelares del proceso agrario, Medidas cautelares atípicas del proceso agrario, Propiedad agraria indígena, Propiedad indígena, Comunidad indígena, Proceso agrario, Proceso ordinario agrario, Acción reivindicatoria agraria, Posesión agraria, Derecho de posesión",
      "restrictores": "Improcedencia de medida cautelar agraria interpuesta por dueño registral de predio en producción inalterado ubicado en territorio indígena, Improcedencia de medida cautelar de solicitud de posesión interpuesta por dueño registral de predio en producción inalterado ubicado en territorio indígena, Improcedencia de medida cautelar en proceso agrario de solicitud de posesión interpuesta por dueño registral de predio en producción inalterado ubicado en territorio indígena, Improcedencia de medida cautelar interpuesta por dueño registral de predio en producción inalterado ubicado en territorio indígena, Improcedencia en caso de solicitud de posesión interpuesta por dueño registral de predio en producción inalterado ubicado en territorio indígena, Presupuestos,  finalidad e imposibilidad de resolver sobre el fondo",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00203",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Zona Atlántica Sede Limón Materia Laboral",
      "expediente": "190001991549LA",
      "redactor": "Alberto Cesar Juarez Gutierrez",
      "descriptores": "Medidas cautelares en el proceso laboral, Proceso de protección en fueros especiales y tutela del debido proceso",
      "restrictores": "Naturaleza jurídica de las medidas cautelares y posibilidad de revocarlas en caso donde se estima que existe evidencia excluyente de la discriminación alegada, Naturaleza jurídica y alcances con respecto al proceso especial para tramitar la protección de fueros especiales, Posibilidad de revocarlas en caso donde se estima que existe evidencia excluyente de la discriminación alegada",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00063",
      "anno": "2020",
      "label": "Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Zona Atlántica Sede Limón Materia Laboral Res. 00063-2020",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José",
      "expediente": "180002211550LA",
      "redactor": "Ronald Cruz Álvarez",
      "descriptores": "Prescripción en materia laboral, Intereses en materia laboral, Indexación en materia laboral, Diferencias salariales",
      "restrictores": "Análisis sobre la condenatoria a entidades de la Administración Pública al pago de intereses por pago tardío de las prestaciones laborales de sus colaboradores, Normativa aplicable para el cómputo del plazo y causas de interrupción ante el reclamo de pago de extremos accesorios sobre los montos adeudados, Procedente reconocimiento junto con intereses sobre los montos adeudados que no han sido reconocidos oportunamente de conformidad con el Transitorio II de la Reforma Procesal Laboral, Procedente reconocimiento de intereses e indexación sobre los montos adeudados que no han sido reconocidos oportunamente de conformidad con el Transitorio II de la Reforma Procesal Laboral",
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      "numeroDocumento": "30103",
      "anno": "2020",
      "label": "Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José Res. 30103-2020",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José",
      "expediente": "180014840173LA",
      "redactor": "Fabián Omar Arrieta Segleu",
      "descriptores": "Prescripción en materia laboral, Nulidad de la sentencia laboral",
      "restrictores": "Análisis jurisprudencial sobre consecuencias procesales de la revocatoria de una sentencia anticipada que acoge una excepción previa, Normativa aplicable para el cómputo del plazo y causas de interrupción ante el reclamo de pago de extremos accesorios sobre los montos adeudados, Normativa aplicable para el cómputo de prescripción y causas de interrupción ante el reclamo de pago de extremos accesorios sobre los montos adeudados",
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      "numeroDocumento": "30088",
      "anno": "2020",
      "label": "Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José Res. 30088-2020",
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      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI",
      "expediente": "160116711027CA",
      "redactor": "Daniel Aguilar Méndez",
      "descriptores": "Procedimiento administrativo disciplinario, Prescripción de la sanción administrativa disciplinaria, Acto administrativo de despido",
      "restrictores": "Análisis sobre el elemento temporal en el ejercicio de la potestad disciplinaria en el empleo público, Análisis sobre el elemento temporal en el ejercicio de la potestad disciplinaria en el empleo público,  y momentos o etapas del procedimiento, Factores de concurrencia existentes en caso de prescripción o caducidad, Factores de concurrencia existentes en caso de prescripción o caducidad y momentos o etapas del procedimiento, Plazo de prescripción aplicable, Plazo de prescripción aplicable al acto administrativo de despido, Plazo aplicable al acto administrativo de despido",
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      "numeroDocumento": "00025",
      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José",
      "expediente": "180027751178LA",
      "redactor": "Armando Elizondo Almeida",
      "descriptores": "Indexación en materia laboral, Intereses en materia laboral",
      "restrictores": "Finalidad y fundamento de su procedencia junto con indexación sobre montos provenientes del pago de vacaciones no disfrutadas, Finalidad y fundamento de su procedencia junto con intereses sobre montos provenientes del pago de vacaciones no disfrutadas",
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      "numeroDocumento": "00231",
      "anno": "2020",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "150011731178LA",
      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Desarraigo, Indexación",
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      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Puntarenas Sede Puntarenas Materia Laboral",
      "expediente": "170012520643LA",
      "redactor": "Maricruz Barrantes Córdoba",
      "descriptores": "Recurso de apelación en materia laboral",
      "restrictores": "Normativa aplicable y consideraciones sobre principio de taxatividad de los recursos, Improcedente contra auto que deniega la integración de la litis pasiva",
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      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José",
      "expediente": "190010661178LA",
      "redactor": "Javier Fallas Villaplana",
      "descriptores": "Transacción y finiquito en materia laboral, Intereses en materia laboral, Indexación en materia laboral, Días feriados",
      "restrictores": "Invalidez de transacción y finiquito al no evidenciarse que persona trabajadora haya participado activamente en la construcción de las condiciones y los términos del contrato, Invalidez en cuanto a la negociación al no evidenciarse que persona trabajadora haya participado activamente en la construcción de las condiciones y los términos del contrato, Procedente reconocimiento de intereses e indexación por el no pago oportuno, Procedente reconocimiento de intereses e indexación sobre las sumas tardíamente pagadas, Procedente reconocimiento sobre las sumas tardíamente pagadas",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "160000641125LA",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Admisión del recurso de casación",
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      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "170000700699AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Información posesoria agraria, Cosa juzgada en materia agraria",
      "restrictores": "Rechazo de pretensión en información posesoria no impide conocimiento posterior de la solicitud en la misma vía, Rechazo de pretensión no impide conocimiento posterior de la solicitud en la misma vía ante ausencia de cosa juzgada, Análisis sobre su ausencia en procesos no contenciosos",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José",
      "expediente": "180010641178LA",
      "redactor": "Javier Fallas Villaplana",
      "descriptores": "Honorarios de profesional en abogacía en asuntos laborales",
      "restrictores": "Improcedencia del cobro directo al trabajador con respecto a la labor realizada quien decidió cambiar de asistencia legal gratuita del Estado a una privada",
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      "anno": "2020",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "190000151569LA",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Admisión del recurso de casación",
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      "expediente": "150000310028LA",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Admisión del recurso de casación",
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      "expediente": "170004430166LA",
      "redactor": "Luis Porfirio Sánchez Rodríguez",
      "descriptores": "Costas del proceso laboral, Indexación, Ius variandi , Viáticos",
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      "expediente": "180004090643LA",
      "redactor": "Gustavo Enrique Solis Vega",
      "descriptores": "Recurso de apelación en materia laboral, Medidas cautelares en el proceso laboral, Embargo preventivo",
      "restrictores": "Naturaleza jurídica y efectos, Taxatividad de las resoluciones en las que procede el recurso de apelación y normativa aplicable, Taxatividad de las resoluciones en las que procede y normativa aplicable, Alcances con respecto a las resoluciones que conceden medidas cautelares, Alcances con respecto a las resoluciones que las conceden, Aplicación del principio de taxatividad recursiva, Denegatoria contra auto que decreta el embargo preventivo, Improcedente recurso de apelación contra resolución que lo decreta",
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      "anno": "2020",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "150027430173LA",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Admisión del recurso de casación",
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      "numeroDocumento": "00151",
      "anno": "2020",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "160009781178LA",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Admisión del recurso de casación",
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      "numeroDocumento": "00143",
      "anno": "2020",
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      "expediente": "110021881178LA",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Casación laboral por razones procesales",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José",
      "expediente": "190020180173LA",
      "redactor": "Javier Fallas Villaplana",
      "descriptores": "Consignación de prestaciones, Fondo de capitalización laboral",
      "restrictores": "Deber remitir de oficio una solicitud de información completa a la operadora de pensiones correspondiente para determinar si es procedente algún giro en sede judicial, Finalidad y alcances del Régimen Obligatorio de Pensiones “ROP”, Normativa aplicable",
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      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Guanacaste Sede Liberia Materia Laboral",
      "expediente": "190000431564LA",
      "redactor": "Patric Eugenio  Ramos Chavarria",
      "descriptores": "Proceso de protección en fueros especiales y tutela del debido proceso, Principio de igualdad de trato a la persona trabajadora, Persona trabajadora municipal",
      "restrictores": "Reclamo por omisión al derecho de audiencia y trato discriminatorio por rebajo de rubro de prohibición",
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      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Alajuela Sede Alajuela Materia Laboral",
      "expediente": "093001650297LA",
      "redactor": "Rafael Ortega Tellería",
      "descriptores": "Nulidad de la sentencia laboral, Proceso laboral, Prueba en materia laboral",
      "restrictores": "Inexistencia de soportes físicos o tecnológicos en los que conste la prueba practicada coloca a las partes en estado de indefensión y la provoca, Nulidad de la sentencia ante inexistencia de soportes físicos o tecnológicos en los que conste la prueba practicada provocando indefensión, Alcances de los vicios de nulidad",
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      "numeroDocumento": "00024",
      "anno": "2020",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "160002070639LA",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Admisión del recurso de casación",
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      "numeroDocumento": "00113",
      "anno": "2020",
      "label": "Sala Segunda de la Corte Res. 00113-2020",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José",
      "expediente": "160040240173LA",
      "redactor": "Diamantina Romero Cruz",
      "descriptores": "Carga de la prueba en materia laboral, Relación laboral",
      "restrictores": "Parámetros jurisprudenciales para la redistribución de la carga de la prueba, Parámetros jurisprudenciales para su redistribución, Corresponde al patrono acreditar las condiciones normales en que se ha desarrollado el contrato y la persona trabajadora demostrar los hechos que resulten excepcionales, Normativa aplicable a partir de la Reforma Procesal Laboral",
      "tipoDocumento": "EXT",
      "numeroDocumento": "00012",
      "anno": "2020",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Puntarenas Sede Puntarenas Materia Laboral",
      "expediente": "120008570643LA",
      "redactor": "Rúsbel Herrera Medina",
      "descriptores": "Nulidad de la sentencia laboral",
      "restrictores": "Deber de continuar con los procedimientos en aplicación de normativa derogada cuando exista señalamiento previo a la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral, Caso donde no había aún resolución de archivo cuando se presentó escrito dando cumplimiento a lo prevenido, Aplicación de los principios de tutela judicial efectiva del derecho,  justicia pronta y cumplida,  y principio de pro sentencia",
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      "anno": "2019",
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      "redactor": "Andrés Grossi Castillo",
      "descriptores": "Nulidad de la sentencia laboral",
      "restrictores": "Error en el procedimiento ante omisión del a-quo de pronunciarse acerca de la admisibilidad o no de las apelaciones planteadas",
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      "descriptores": "Normas procesales, Adición y aclaración de la sentencia",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Zona Atlántica Sede Limón Materia Laboral",
      "expediente": "190000011542LA",
      "redactor": "Luis Carlos Alvarado Valverde",
      "descriptores": "Nulidad de la sentencia laboral, Proceso laboral, Debido proceso laboral, Principio constitucional de tutela judicial efectiva",
      "restrictores": "Aplicación de los principios de informalidad,  sencillez y celeridad en el proceso laboral de manera integral para garantizar el debido proceso, Omisión del juzgador de indicar a las partes la dinámica de la audiencia provoca nulidad de la sentencia, Quebranto del principio constitucional de tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, Omisión del juzgador de indicar a las partes la dinámica de la audiencia, Omisión del juzgador de indicar a las partes la dinámica de la audiencia lo quebranta, Aplicación de los principios de informalidad,  sencillez y celeridad en el proceso laboral de manera integral",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "190000550419AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Interdicto agrario de derribo",
      "restrictores": "Procedencia ante aplicación del principio de razonabilidad en caso de árbol afectado en su base y existir riesgo moderado de caída del mismo, Consideraciones sobre el aprovechamiento de la madera cortada en propiedad privada",
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      "anno": "2019",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "170000801178LA",
      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Contrato de trabajo (relación laboral), Presunción legal de existencia de contrato de trabajo, Carga de la prueba del contrato de trabajo, Principio de redistribución de la carga probatoria, Apreciación de la prueba (valoración de la prueba)",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José",
      "expediente": "180032361178LA",
      "redactor": "Armando Elizondo Almeida",
      "descriptores": "Transacción y finiquito en materia laboral",
      "restrictores": "Concepto,  finalidad y requisitos aplicables, Efectos jurídicos y valor de cosa juzgada material",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José",
      "expediente": "190013151178LA",
      "redactor": "Diamantina Romero Cruz",
      "descriptores": "Calificación de la huelga, Huelga, Huelga política",
      "restrictores": "Alcances de las directrices del Comité de Libertad Sindical y la Comisión de expertos en aplicación de Convenios de la OIT,  así como la aplicación del art. 371del Código de Trabajo en relación con el Convenio N° 87 de la OIT, Falta de incorporación de la política dentro del Código de Trabajo no implica su prohibición, Imposibilidad de exigir los mismos requisitos de la huelga laboral de agotar alguna alternativa de conciliación previa al movimiento por su naturaleza contra políticas públicas, Aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad y criterios de interpretación para establecer sus límites, Consideraciones de la huelga en contra de políticas económicas sociales como parte de los derechos fundamentales,  y aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad y los criterios de interpretación para establecer sus límites, Declaratoria de calificación de huelga sin lugar contra la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Declaratoria sin lugar de la interpuesta contra la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE)",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José",
      "expediente": "180011280173LA",
      "redactor": "Javier Fallas Villaplana",
      "descriptores": "Demanda laboral, Indexación en materia laboral, Intereses en materia laboral",
      "restrictores": "Derecho del trabajador de reclamar en vía judicial los extremos accesorios de indexación e intereses no concedidos en sede administrativa, Derecho del trabajador de reclamarla junto con los intereses en vía judicial cuándo no han sido concedidos en sede administrativa, Derecho del trabajador de reclamarlos junto con la indexación en vía judicial cuándo no han sido concedidos en sede administrativa",
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      "numeroDocumento": "01271",
      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "170001090391AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Medidas cautelares del proceso agrario",
      "restrictores": "Omisión de razonar y motivar el cumplimiento de los presupuestos de las peticionadas y concedidas provoca nulidad",
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      "anno": "2019",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "180011461178LA",
      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Indexación, Intereses, Plus por recargo a docente en Ministerio de Educación, Salario, Reubicación del trabajador, Reajuste de vacaciones, Ministerio de Educación",
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      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI",
      "expediente": "150029781027CA",
      "redactor": "Jose Roberto Garita Navarro",
      "descriptores": "Procedimiento administrativo disciplinario, Prescripción de la sanción administrativa disciplinaria",
      "restrictores": "Consideraciones en la caso de la ampliación de hechos nuevos en la gestión de despido, Elemento temporal en el ejercicio de las potestades correctivas de corte disciplinario y consideraciones con respecto a la prescripción",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "150001350465AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Proceso sumario interdictal de restitución en materia agraria, Proceso sumario interdictal de amparo de posesión en materia agraria",
      "restrictores": "Presupuestos y consideraciones con respecto a la caducidad",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José",
      "expediente": "180004331550LA",
      "redactor": "Juan Carlos Segura Solís",
      "descriptores": "Nulidad de la sentencia laboral, Sentencia laboral",
      "restrictores": "Consideraciones sobre el deber de fundamentación, Nulidad ante falta de requisitos formales, Falta de requisitos formales la provoca",
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      "anno": "2019",
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      "expediente": "163000950927LA",
      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Horas extra, Prescripción en materia Laboral",
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      "expediente": "160010340166LA",
      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Carrera profesional, Indexación, Intereses",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "190001090465AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Proceso sucesorio agrario",
      "restrictores": "Imposibilidad de disponer los herederos de bienes individualizados antes de serles adjudicados",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "190000421129AG",
      "redactor": "Magda Díaz Bolaños",
      "descriptores": "Demanda agraria, Proceso agrario, Demanda improponible",
      "restrictores": "Aplicación del régimen procesal en materia agraria considerando las reformas procesales en civil y laboral, Consideraciones en caso de ser improponible respecto al régimen procesal aplicable considerando las reformas procesales en civil y laboral, Consideraciones sobre la demanda improponible respecto al régimen procesal aplicable considerando las reformas procesales en civil y laboral",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "150000960993AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Medidas cautelares atípicas del proceso agrario, Medidas cautelares del proceso agrario, Proceso agrario",
      "restrictores": "Límite al uso y disposición de terrenos donados luego de ser adjudicados en remate bajo el conocimiento de disputa legal, Límite al uso y disposición de terrenos donados luego de ser adjudicados en remate bajo el conocimiento de la disputa legal como medida cautelar atípica, Presupuestos de las atípicas y aplicación no transgrede el derecho del titular registral ni adelanto de criterio, Presupuestos y aplicación no transgrede el derecho del titular registral ni adelanto de criterio",
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      "expediente": "140004090643LA",
      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Costas del proceso laboral, Honorarios de abogado",
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      "expediente": "021600200638AG",
      "redactor": "Román Solís Zelaya",
      "descriptores": "Aplicación normativa",
      "restrictores": "Transitorio",
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      "expediente": "150006520166LA",
      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Prescripción en materia Laboral, Contrato de trabajo según profesiones y oficios, Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo)",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "170001191342LA",
      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Pensión por muerte, Recurso de casación (Reforma Procesal Laboral) por vicios de forma, Apreciación de la prueba (valoración de la prueba)",
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      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Cartago Sede Cartago Materia Laboral",
      "expediente": "170005210929LA",
      "redactor": "Ronald Figueroa Acuña",
      "descriptores": "Calificación de la huelga, Huelga",
      "restrictores": "Regulación de su estructura a partir de la entrada en vigencia de la Ley No. 9343 en relación con la aplicación del enunciado jurídico de \"justicia pronta y cumplida\", Vicios en la ritualidad del procedimiento que causan indefensión e incerteza jurídica",
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      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI",
      "expediente": "160121691027CA",
      "redactor": "Daniel Aguilar Méndez",
      "descriptores": "Acto administrativo de despido, Reinstalación, Salarios caídos",
      "restrictores": "Alcances de la caducidad en caso de reinstalación a partir de la reforma procesal laboral, Normativa aplicable a partir de la reforma procesal laboral y alcances de la caducidad en caso de omitir su gestión, Normativa aplicable e interpretación sobre que extremos lo comprenden en caso de nulidad de acto de despido de trabajador policial, Normativa aplicable e interpretación de salarios caídos para el cálculo de extremos indemnizatorios",
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      "numeroDocumento": "00108",
      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI",
      "expediente": "160121691027CA",
      "redactor": "Daniel Aguilar Méndez",
      "descriptores": "Acto administrativo de despido, Órgano decisor del procedimiento administrativo, Órgano director del procedimiento administrativo",
      "restrictores": "Ministro del ramo ostenta la condición de superior jerárquico y ejerce la competencia a falta de Acuerdo Ejecutivo para dar lugar al despido por causas disciplinarias, Nulidad en caso donde despacho Ministerial carecía de legitimación y competencia para el dictado del acto de remoción de trabajador policial al haber expirado la potestad disciplinaria, Nulidad del acto administrativo de despido en caso donde despacho Ministerial carecía de legitimación y competencia para el dictado de la remoción de trabajador policial al haber expirado la potestad disciplinaria",
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      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI",
      "expediente": "160121691027CA",
      "redactor": "Daniel Aguilar Méndez",
      "descriptores": "Procedimiento administrativo disciplinario, Prescripción de la sanción administrativa disciplinaria",
      "restrictores": "Análisis sobre el elemento temporal en el ejercicio de la potestad disciplinaria en el empleo público, Factores de concurrencia existentes en caso de prescripción o caducidad, Análisis sobre el elemento temporal en el ejercicio de la potestad disciplinaria en el empleo público,  y momentos o etapas del procedimiento, Supuestos de concurrencia existentes en caso de prescripción o caducidad,  y momentos o etapas del procedimiento, Normativa aplicable",
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      "numeroDocumento": "00108",
      "anno": "2019",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "170001010295CI",
      "redactor": "Luis Porfirio Sánchez Rodríguez",
      "descriptores": "Anualidades en sector público, Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Prescripción de vacaciones, Prescripción de anualidades, Prescripción de aguinaldo, Cálculo de anualidades",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "180000200699AG",
      "redactor": "Magda Díaz Bolaños",
      "descriptores": "Proceso agrario, Debido proceso agrario, Deserción, Caducidad del proceso agrario",
      "restrictores": "Consideraciones sobre la legislación aplicable respecto a la deserción o la caducidad ante la entrada en vigencia de Ley 9343, Imposibilidad de afectarse los derechos de las partes por huelga nacional dentro del Poder Judicial",
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      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José",
      "expediente": "110021881178LA",
      "redactor": "Juan Carlos Segura Solís",
      "descriptores": "Proceso laboral, Recurso de apelación en materia laboral",
      "restrictores": "Aplicación de la reforma procesal laboral en asuntos de puro derecho",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José",
      "expediente": "180023000173LA",
      "redactor": "Javier Fallas Villaplana",
      "descriptores": "Proceso de protección en fueros especiales y tutela del debido proceso, Nulidad de la sentencia laboral, Proceso laboral",
      "restrictores": "Falta de fundamentación en resolución del A quo que ordena ordinariar la vía pese a que el juzgado inició el trámite del asunto como un proceso sumarísimo por discriminación por salud",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "150006630166LA",
      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Excepciones, Prescripción en materia Laboral, Interrupción de la prescripción",
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      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Puntarenas Sede Puntarenas Materia Laboral",
      "expediente": "150006880643LA",
      "redactor": "Gustavo Enrique Solis Vega",
      "descriptores": "Proceso laboral, Norma procesal, Aplicación de la ley en el tiempo",
      "restrictores": "Aplicación inmediata y efectos en el tiempo, Consideraciones sobre la aplicación inmediata de la reforma procesal laboral",
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      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Zona Atlántica Sede Limón Materia Laboral",
      "expediente": "180009480929LA",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Infracción de normas laborales, Prescripción en materia laboral, Prueba documental en materia laboral, Valoración de la prueba en materia laboral",
      "restrictores": "Actas e informes efectuados por los inspectores de la CCSS ostentan el carácter de prueba muy calificada, Análisis sobre la aplicación de la normativa procesal penal en las faltas a las leyes laborales, Cómputo de la prescripción aplicable a trabajadores independientes y análisis sobre la aplicación de la normativa procesal penal, Consideraciones sobre el cómputo aplicable a denuncias contra trabajadores independientes",
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      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José",
      "expediente": "170008530173LA",
      "redactor": "Marniee Sissie Guerrero Lobato",
      "descriptores": "Licencia laboral por maternidad, Vacaciones, Persona trabajadora docente, Indexación en materia laboral, Intereses en materia laboral",
      "restrictores": "Concepto,  finalidad y carácter no excluyente con la indexación, Concepto,  finalidad y carácter no excluyente con los intereses, Deber de conceder compensación económica por vacaciones cuando coinciden en tiempo, Deber de conceder compensación económica por vacaciones cuando coinciden en tiempo con la licencia por maternidad, Deber de reconocerlas cuando coincidenen tiempo con la licencia de maternidad, Descanso de dos semanas otorgadas en julio a los trabajadores docentes las constituye",
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      "numeroDocumento": "00794",
      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José",
      "expediente": "150015771102LA",
      "redactor": "Marniee Sissie Guerrero Lobato",
      "descriptores": "Nulidad de la sentencia laboral, Sentencia laboral, Riesgo del trabajo",
      "restrictores": "Dictado de la sentencia fuera del plazo de 15 días no acarrea su nulidad, Dictado fuera del plazo de 15 días no acarrea su nulidad, Dictado fuera del plazo de 15 días no la acarrea",
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      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "170000561555AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Propiedad agraria indígena, Propiedad indígena, Fundo enclavado",
      "restrictores": "Presupuestos para el reconocimiento del derecho de paso, Presupuestos para la procedencia del derecho de paso de propiedades indígenas",
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      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "180001200993AG",
      "redactor": "Magda Díaz Bolaños",
      "descriptores": "Medidas cautelares atípicas del proceso agrario",
      "restrictores": "Deber de considerar el conflicto entre las partes escalado a otras instancias judiciales al ordenar la imposibilidad de obstaculizar paso entre propiedades colindantes cultivadas de café",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Zona Atlántica Sede Limón Materia Laboral",
      "expediente": "170011460929LA",
      "redactor": "Guillermo Guilarte Corrales",
      "descriptores": "Intereses en materia laboral, Indexación en materia laboral",
      "restrictores": "Naturaleza jurídica del pago de intereses e indexación, Pago debe realizarse desde el momento en que la obligación se hace exigible",
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      "anno": "2019",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "170008751178LA",
      "redactor": "Luis Porfirio Sánchez Rodríguez",
      "descriptores": "Costas del proceso laboral, Indexación, Intereses, Feriados",
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      "anno": "2019",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "170000751430LA",
      "redactor": "Jorge Enrique Olaso Alvarez",
      "descriptores": "Aguinaldo, Horas extra, Vacaciones, Principio de congruencia, Recurso de casación (Reforma Procesal Laboral) por vicios de forma, Apreciación de la prueba (valoración de la prueba), Carga de la prueba, Prueba testimonial",
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      "numeroDocumento": "00923",
      "anno": "2019",
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      "expediente": "150004670679LA",
      "redactor": "Luis Carlos Alvarado Valverde",
      "descriptores": "Recurso de apelación en materia laboral",
      "restrictores": "Aplicación del principio de taxatividad de los recursos y alcances nuevo régimen de impugnación de la sentencia laboral, Inadmisibilidad del recurso de apelación al tratarse de un asunto de mayor cuantía",
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      "anno": "2019",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "140032441178LA",
      "redactor": "Luis Porfirio Sánchez Rodríguez",
      "descriptores": "Despido, Empleo regido por el derecho privado, Prescripción de derechos y acciones de trabajadores (602 anterior y 413 Código de Trabajo), Carga de la prueba del despido",
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      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José",
      "expediente": "170008370173LA",
      "redactor": "Javier Fallas Villaplana",
      "descriptores": "Licencia laboral por maternidad, Vacaciones",
      "restrictores": "Deber de reconocer el derecho a vacaciones o su correspondiente pago cuando coinciden en tiempo, Deber de reconocerlas cuando coinciden en tiempo con la licencia de maternidad",
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      "anno": "2019",
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      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Nulidad",
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      "redactor": "No indica redactor",
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      "expediente": "160025201102LA",
      "redactor": "Julia Varela Araya",
      "descriptores": "Pensión por vejez, Salario, Prescripción en pensión de la Caja Costarricense de Seguro Social, Prescripción en pensión por vejez, Prescripción en pensión, Reajuste de pensión por vejez",
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      "expediente": "180016061178LA",
      "redactor": "Susana Campos Cabezas",
      "descriptores": "Proceso de protección en fueros especiales y tutela del debido proceso, Medidas cautelares en el proceso laboral",
      "restrictores": "Definición de fuero y medida cautelar,  naturaleza provisional y sumaria del procedimiento que los regula, Despido en período de incapacidad no enerva por sí sólo la declaratoria de la medida cautelar,  salvo que sus presupuestos queden demostrados",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Zona Atlántica Sede Limón Materia Laboral",
      "expediente": "150012060929LA",
      "redactor": "Ronny Gerardo Arias Corrales",
      "descriptores": "Jornada laboral discontinua, Horas extra, Jornada laboral extraordinaria, Chofer, Carga de la prueba en materia laboral, Principio de redistribución de la carga de la prueba",
      "restrictores": "Carga de la prueba corresponde al trabajador con respecto a horas extra que reclama como no canceladas, Improcedente pago de horas extra a chofer de bus que realiza labores de manera intermitente, Aplicación del principio de redistribución de la carga de la prueba",
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      "expediente": "150018051178LA",
      "redactor": "Julia Varela Araya",
      "descriptores": "Recurso de apelación, Nulidad procesal, Recurso de casación (Reforma Procesal Laboral) por vicios de forma, Nulidad de la sentencia",
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      "descriptores": "Admisión del recurso de casación",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "111600950642AG",
      "redactor": "Magda Díaz Bolaños",
      "descriptores": "Caducidad del proceso agrario, Proceso agrario, Deserción",
      "restrictores": "Consideraciones sobre la legislación aplicable respecto a la deserción o la caducidad ante la entrada en vigencia de Ley 9343",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "130000970507AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Información posesoria agraria",
      "restrictores": "Naturaleza no contenciosa impide resolver sobre eventual levantamiento de formas societarias para titular más de lo permitido",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "170000170188CI",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Proceso agrario, Cesión de derechos litigiosos",
      "restrictores": "Concepto y requisitos en materia agraria, Requisitos del contrato de cesión de derechos litigiosos",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José",
      "expediente": "160007360173LA",
      "redactor": "Marniee Sissie Guerrero Lobato",
      "descriptores": "Despido injustificado, Trabajadora embarazada o en período de lactancia, Valoración de la prueba en materia laboral, Principio de redistribución de la carga de la prueba",
      "restrictores": "Apreciación en conciencia no implica resolver arbitrariamente, Caso de trabajadora que contaba con 6 meses de embarazo lo cual es un estado notorio y evidente que la dispensa de dar aviso al patrono, Concepto y reglas que lo conforman, Consideraciones en relación con el aviso o presentación de la constancia o certificación médica",
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      "expediente": "170000300505LA",
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      "expediente": "170000381587AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Medidas cautelares del proceso agrario, Interdicto agrario de amparo de posesión",
      "restrictores": "Análisis acerca de la accesoriedad de las medidas cautelares, Análisis acerca de su accesoriedad con respecto al proceso principal",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "180002480391AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Interdicto agrario de derribo",
      "restrictores": "Análisis sobre el derecho aprovechar la madera de los árboles ubicados en área de protección dentro de propiedad privada",
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      "expediente": "160009201102LA",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Recurso de apelación en materia laboral, Competencia laboral, Recurso de casación en materia laboral",
      "restrictores": "Alcances del nuevo régimen de impugnación de la sentencia laboral y órgano competente, Inadmisibilidad del recurso de apelación según presupuestos establecidos en la reforma procesal laboral",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "170019741102LA",
      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Prescripción de derechos y acciones no originados en contratos de trabajo (artículo 607 del Código de Trabajo), Reajuste de pensión por vejez",
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      "anno": "2019",
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      "despacho": "Sala Segunda de la Corte",
      "expediente": "170001210679LA",
      "redactor": "Luis Porfirio Sánchez Rodríguez",
      "descriptores": "Horas extra, Carga de la prueba de horas extra, Jornada laboral extraordinaria, Apreciación de la prueba (valoración de la prueba)",
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      "numeroDocumento": "00249",
      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "170000350689AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Proceso agrario, Deserción",
      "restrictores": "Normativa aplicable en caso de solicitud de deserción interpuesta antes de la entrada en vigencia de la Ley 9342, Normativa aplicable en caso de solicitud interpuesta en proceso agrario antes de la entrada en vigencia de la Ley 9342",
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      "numeroDocumento": "00115",
      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Puntarenas Sede Puntarenas Materia Laboral",
      "expediente": "160004961024LA",
      "redactor": "Juan Carlos Mejías Cordero",
      "descriptores": "Infracción de normas laborales, Prescripción en materia laboral",
      "restrictores": "Análisis sobre la aplicación de la normativa procesal penal en las faltas a las leyes laborales, Plazo de prescripción y análisis sobre la aplicación de la normativa procesal penal, Constitucionalidad de la aplicación los principios de tipicidad,  de antijuridicidad,  culpabilidad y demás institutos ubicados en materia penal en materia de infracciones laborales",
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      "numeroDocumento": "00041",
      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Zona Sur Sede Pérez Zeledón Materia Laboral",
      "expediente": "150001781127LA",
      "redactor": "Alexander Somarribas Tijerino",
      "descriptores": "Prescripción en materia laboral, Infracción de normas laborales",
      "restrictores": "Análisis sobre la aplicación de la normativa procesal penal en las faltas a las leyes laborales, Plazo de prescripción y análisis sobre la aplicación de la normativa procesal penal",
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      "numeroDocumento": "00011",
      "anno": "2019",
      "label": "Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Zona Sur Sede Pérez Zeledón Materia Laboral Res. 00011-2019",
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      "despacho": "Tribunal Contencioso Administrativo",
      "expediente": "180043421027CA",
      "redactor": "Carlos Gongora Fuentes",
      "descriptores": "Competencia contencioso administrativa, Jurisdicción contencioso administrativa",
      "restrictores": "Alcances y límites en relación a la reforma procesal laboral",
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      "numeroDocumento": "00136",
      "anno": "2019",
      "label": "Tribunal Contencioso Administrativo Res. 00136-2019",
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      "despacho": "Tribunal Agrario",
      "expediente": "180002060507AG",
      "redactor": "María Rosa Castro García",
      "descriptores": "Proceso ordinario agrario, Medidas cautelares del proceso agrario, Medidas cautelares atípicas del proceso agrario, Principio de gratuidad de la justicia, Principio constitucional de acceso a la justicia, Persona adulta mayor",
      "restrictores": "Procedencia excepcional de medida cautelar que suspende puesta en posesión dictada en ejecutivo hipotecario,  dado estado de vulnerabilidad de persona adulta mayor y aplicación del principio de gratuidad",
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      "numeroDocumento": "00022",
      "anno": "2019",
      "label": "Tribunal Agrario Res. 00022-2019",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José",
      "expediente": "163000060891LA",
      "redactor": "Susana Campos Cabezas",
      "descriptores": "Infracción de normas laborales",
      "restrictores": "Análisis sobre la prescripción de la acción y necesidad de determinar si las faltas que se acusan son continuas o discontinuas o no permanentes, Conducta omisiva sobre el pago de aguinaldo como falta o infracción de carácter continuado",
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      "numeroDocumento": "00021",
      "anno": "2019",
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      "despacho": "Tribunal de Apelación de Trabajo del I Circuito Judicial de San José",
      "expediente": "163000060891LA",
      "redactor": "Susana Campos Cabezas",
      "descriptores": "Infracción de normas laborales, Prescripción",
      "restrictores": "Análisis sobre la aplicación de la normativa procesal penal en las faltas a las leyes laborales para decretarla, Aplicación de la normativa procesal penal para decretar la prescripción, Consideraciones sobre la importancia de diferenciar entre la consumación de la falta y los efectos en el tiempo, Análisis sobre los actos instantáneos y las faltas consideradas continuas y permanentes",
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      "redactor": "Luis Guillermo Rivas Loáiciga",
      "descriptores": "Conflicto de competencias",
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      "redactor": "Diamantina Romero Cruz",
      "descriptores": "Recurso de apelación en materia laboral, Recursos en el proceso laboral, Proceso laboral",
      "restrictores": "Aplicación del principio de taxatividad de los recursos y alcances nuevo régimen de impugnación de la sentencia laboral, Inadmisibilidad del recurso de apelación al tratarse de un asunto de mayor cuantía",
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      "redactor": "Marniee Sissie Guerrero Lobato",
      "descriptores": "Infracción de normas laborales, Prescripción en materia laboral",
      "restrictores": "Análisis con relación a la prescripción en faltas de carácter continuo y permanente, Análisis sobre su aplicación en infracciones de carácter continuo y permanente",
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      "expediente": "170004560641LA",
      "redactor": "Roxana Chacon Artavia",
      "descriptores": "Pensión por vejez, Prescripción en materia laboral",
      "restrictores": "Análisis sobre el plazo de prescripción que aplica para solicitar el reajuste y el pago de rentas, Plazo aplicable para solicitar reajuste de pensión y pago de rentas concedidas y no cobradas",
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      "expediente": "180005951178LA",
      "redactor": "Silvia Elena Vargas Soto",
      "descriptores": "Abogado de asistencia social, Proceso laboral",
      "restrictores": "Improcedente exigir a defensor de asistencia social,  poder especial judicial como requisito,  salvo en fase de conciliación en ausencia de la persona trabajadora, Improcedente exigir poder especial judicial como requisito,  salvo en fase de conciliación en ausencia de la persona trabajadora, Aplicación de los principios de gratuidad,  informalismo y sencillez",
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      "expediente": "160007360173LA",
      "redactor": "Berta Jiménez Alvarado",
      "descriptores": "Recurso de apelación en materia laboral, Proceso laboral",
      "restrictores": "Aplicación del principio de taxatividad de los recursos y alcances del nuevo régimen de impugnación de la sentencia laboral, Consideraciones de la normativa aplicable a procesos iniciados con anterioridad a la reforma",
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      "expediente": "170007280505LA",
      "redactor": "Flora Marcela Allón Zuñiga",
      "descriptores": "Trabajadora embarazada o en período de lactancia, Discriminación a mujer embarazada, Proceso de protección en fueros especiales y tutela del debido proceso",
      "restrictores": "Finalidad del procedimiento, Inexistencia de discriminación en caso de despido por cierre del negocio y sin que patronos conozcan estado de gravidez, Inexistencia en caso de despido a trabajadora por cierre de negocio y sin que su patrono tenga conocimiento sobre estado de gravidez, Inexistencia de discriminación en caso de trabajadora embarazada a quien se le vence contrato por tiempo determinado",
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      "redactor": "Magda Díaz Bolaños",
      "descriptores": "Proceso agrario, Apelación adhesiva, Prueba para mejor proveer en materia agraria, Donación, Consentimiento contractual, Prueba indiciaria en materia civil",
      "restrictores": "Análisis sobre la improcedencia de la apelación adhesiva, Análisis sobre su importancia como elemento esencial del contrato, Análisis sobre su improcedencia en materia agraria, Concepto y alcances, Concepto y consideraciones, Facultad discrecional del juzgador",
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      "expediente": "140030941178LA",
      "redactor": "No indica redactor",
      "descriptores": "Recurso de revisión en materia laboral",
      "restrictores": "Concepto,  naturaleza jurídica y suspuestos básicos requeridos",
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      "expediente": "150015661178LA",
      "redactor": "Diamantina Romero Cruz",
      "descriptores": "Proceso laboral, Sentencia laboral, Nulidad de la sentencia laboral",
      "restrictores": "Concepto y requisitos de la sentencia, Nulidad de sentencia en caso donde de concede de oficio indexación pese a estar pendiente señalamiento para conciliación y pruebas,  y se incurre en yerros que dificultan su ejecución",
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      "expediente": "170025300173LA",
      "redactor": "Clecia Calvo Bermúdez",
      "descriptores": "Arbitraje laboral, Instituto Costarricense de Electricidad",
      "restrictores": "Análisis sobre la potestad o derecho que tiene la Administración y sus servidores de ir a un arbitraje a solucionar el conflicto de manera voluntaria, Imposibilidad de los trabajadores del ICE para dirimir el conflicto bajo el arbitraje obligatorio por prestar servicios esenciales",
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      "expediente": "170077031027CA",
      "redactor": "Josue Salas Montenegro",
      "descriptores": "Competencia contencioso administrativa, Competencia laboral",
      "restrictores": "Antecedentes en cuanto a sus alcances en materia de empleo público, Fijación con respecto a la jurisdicción contencioso administrativa, Atribuciones de la reforma procesal laboral, Atribuciones de la reforma procesal laboral en el régimen de empleo público",
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Los textos son los siguientes: \n\n\"TÍTULO SEXTO\n\nMEDIDAS DE PRESIÓN\n\nCAPÍTULO PRIMERO\n\nHuelgas legales e\nilegales\n\nArtículo 371.-\n\nLa huelga legal es un derecho que\nconsiste en la suspensión concertada y pacífica del trabajo, en una empresa,\ninstitución, establecimiento o centro de trabajo, acordada y ejecutada por una\npluralidad de tres personas trabajadoras, como mínimo, que represente más de la\nmitad de los votos emitidos conforme al artículo 381, por los empleados o las\nempleadas involucrados en un conflicto colectivo de trabajo, para lo siguiente:\n\na) La defensa y promoción de sus intereses económicos y\nsociales.\n\nb) La defensa de sus derechos en los conflictos jurídicos\ncolectivos señalados en el artículo 386.\n\nArtículo 372.-\n\nLos titulares del derecho de huelga\nson los trabajadores y las trabajadoras, quienes lo ejercerán por medio de sus\norganizaciones sindicales o de una coalición temporal, en las empresas, las\ninstituciones, los establecimientos o los centros de trabajo donde no hubiera\npersonas sindicalizadas o cuando su número fuera insuficiente para constituir\nuna organización sindical.\n\nArtículo 373.-\n\nEl derecho de huelga comprende la\nparticipación en las actividades preparatorias que no interfieran en el\ndesenvolvimiento normal de las labores de la empresa o centro de trabajo, de\nconvocatoria, de elección de su modalidad, de adhesión a una huelga ya\nconvocada o la negativa a participar en ella, de participación en su\ndesarrollo, de desconvocatoria, así como la decisión de dar por terminada la\npropia participación en la huelga.\n\nArtículo 374.-\n\nEn el caso de instituciones o\nempresas que tengan más de un establecimiento o centro de trabajo, el\nporcentaje de apoyo mínimo requerido, conforme al artículo 371, se\ncontabilizará considerando a todas las personas trabajadoras de la empresa,\ninstitución o el respectivo centro de trabajo, según sea el caso.\"\n\n\"Artículo 377.-\n\nPara declarar una huelga legal, las\npersonas trabajadoras deben:\n\na) Observar los extremos preceptuados en el artículo 371.\n\nb) Agotar alguna de las alternativas procesales de\nconciliación establecidas en el artículo 618. En los conflictos jurídicos\nindicados en el artículo 386 y que den lugar a la huelga legal, este requisito se\nentenderá satisfecho por medio de la intimación que el sindicato o los\ntrabajadores y las trabajadoras hagan al empleador o la empleadora, otorgándole\nun plazo de por lo menos un mes para resolver el conflicto.\n\nArtículo 378.-\n\nLa huelga, cualquiera que sea su\nmodalidad, sea que la convoque uno o más sindicatos o, en su caso, una\ncoalición de personas trabajadoras, podrá ejecutarse intermitentemente, de\nmanera gradual o de forma escalonada. En estos casos, los días y las horas de\nsuspensión, así como la modalidad de la huelga, deben ser comunicados, por\nescrito, a la parte empleadora previamente a su inicio, directamente o por\nmedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.\n\nArtículo 379.-\n\nLa terminación de los contratos de\ntrabajo o, en su defecto, el rebajo salarial o cualquier tipo de sanción, solo\nserá procedente a partir de la declaratoria de ilegalidad de la huelga.\n\nArtículo 380.-\n\nLa huelga legal suspende los\ncontratos de trabajo vigentes en los establecimientos, negocios, departamentos o\ncentros de trabajo en que esta se declare, por todo el tiempo que ella dure. En\nlos casos en que la huelga no se haya declarado en la totalidad del centro,\nsino en uno de los departamentos, secciones o categoría de trabajadores\nespecíficos, la suspensión operará únicamente respecto a estos.\n\nArtículo 381.-\n\nPara alcanzar el porcentaje de apoyo\nmínimo requerido, conforme a las disposiciones de este título, se seguirá el\nsiguiente procedimiento:\n\n1) Si en la empresa, institución, establecimiento o\ncentro de trabajo existiera uno o varios sindicatos que, individual o\ncolectivamente, reúnan la afiliación del cincuenta por ciento (50%) de las\npersonas trabajadoras, este se tendrá por satisfecho si en la asamblea general\ndel sindicato o los sindicatos convocantes, según sea el caso, se acuerda la\nconvocatoria a la huelga conforme a lo dispuesto en el inciso e) del artículo\n346.\n\n2) Si en la empresa, institución,\nestablecimiento o centro de trabajo no existiera un sindicato que por sí solo,\no en conjunto con otros, reuniera el porcentaje indicado en el inciso anterior,\nse convocará un proceso de votación secreta, en el que tendrán derecho a\nparticipar todos los trabajadores, con las excepciones señaladas en el artículo\nsiguiente. Este procedimiento especial de votación deberá ser supervisado por\npersonal de la Dirección Nacional de la Inspección de Trabajo, quienes deberán\nestar presentes y dejar constancia de la legalidad de su cumplimiento. En este\ncaso la huelga se entenderá acordada, si hubiese concurrido a votar al menos\ntreinta y cinco por ciento (35%) del total de los trabajadores de la empresa,\ninstitución o el respectivo centro de trabajo, según sea el caso, y si obtiene\nel respaldo de la mitad más uno de los votos emitidos.\n\nEI empleador estará obligado a facilitar\nla participación en el proceso de votación, a brindar el tiempo necesario con\ngoce de salario para garantizar el libre ejercicio del sufragio universal y a\nabstenerse de intervenir, directa o indirectamente, en el proceso de votación.\nLos centros de votación deberán estar en un lugar neutral, preferiblemente\npúblico y de fácil acceso.\n\n3) En el supuesto de huelgas convocadas por personas\ntrabajadoras de una misma ocupación u oficio, regirá el procedimiento indicado\nen los dos incisos anteriores pero considerando, exclusivamente, el total de\nlos trabajadores y las trabajadoras de una misma profesión u oficio, que\nlaboren en esa empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo.\n\n4) El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá\nvelar por la transparencia y legitimidad de este tipo de procesos; para ello,\ndeberá emitir la reglamentación correspondiente.\n\n5) Para los fines de las verificaciones previstas en este\nartículo, en relación con el acuerdo de huelga, se requerirá acta notarial, en\nel caso del inciso 1) anterior, o un informe levantado por la Inspección de\nTrabajo, en caso del inciso 2).\n\nCualquier violación a este artículo\nconfigurará una práctica laboral desleal en los términos del artículo 363 y\nserá sancionado con la multa establecida en el inciso 6) del artículo 398.\n\nArtículo 382.-\n\nPara la determinación del porcentaje\nmínimo de convocatoria y apoyo a la huelga, se debe excluir:\n\na) A las personas trabajadoras que ingresaron a laborar\nluego del inicio del proceso de conciliación, a las que se encuentren en\nperíodo de prueba, las de confianza y aquellas cuyo contrato se encuentre\nsuspendido, a excepción de aquellas suspensiones que se hayan producido en\naplicación del artículo 74. También, se excluyen los trabajadores a plazo fijo o\npor obra determinada, siempre y cuando no sean trabajadores permanentes de\ncontratación discontinua.\n\nb) A quienes figuren como representantes patronales.\n\nArtículo 383.-\n\nLa parte o las partes empleadoras\nafectadas por la huelga podrán solicitar, ante la jurisdicción de trabajo, la\ndeclaratoria de ilegalidad del movimiento, cuando los trabajadores, las\ntrabajadoras o sus organizaciones sindicales no se hubieran ajustado en el\nejercicio del derecho de huelga a las previsiones y los requisitos establecidos\nen los artículos 371, 377 y 381 de este Código.\n\nArtículo 384.-\n\nDe la misma forma, será facultativo\npara los trabajadores, las trabajadoras o sus organizaciones sindicales\nsolicitar la declaratoria de legalidad de la huelga, de previo a su iniciación.\nEn ese último caso, no podrán iniciar la ejecución de la huelga sin que\nestuviera firme la declaratoria de huelga legal. Los trabajadores, las\ntrabajadoras o el sindicato respectivo también podrán solicitar la calificación\nde la huelga con posterioridad a su ejecución, e incluso luego de su\nfinalización, para efectos de lo establecido en el artículo 386.\n\nArtículo 385.-\n\nFirme la declaratoria de ilegalidad\nde la huelga, la parte empleadora podrá ponerle fin, sin responsabilidad\npatronal, a los contratos de trabajo de los huelguistas, si estos no se\nreintegraran al trabajo veinticuatro horas después de la notificación de la\nrespectiva resolución.\n\nEsta notificación se hará por medio\nde publicación en un periódico de circulación nacional, así como por afiches que\nse colocarán en lugares visibles del centro o centros de trabajo, o por\ncualquier otro medio que garantice la realización efectiva de la notificación.\n\nNo obstante lo anterior, en los\nnuevos contratos que celebre el patrono no podrán estipularse condiciones\ninferiores a las que, en cada caso, regían antes de declararse la huelga\nilegal.\n\nArtículo 386.-\n\nSi la huelga fuera declarada legal\npor los tribunales y se determinara además, en la misma resolución, que los\nmotivos de la huelga son imputables al empleador o la empleadora, por\nincumplimiento grave del contrato colectivo de trabajo o el incumplimiento\ngeneralizado de los contratos de trabajo, del arreglo conciliatorio, de la\nconvención colectiva o del laudo arbitral, por negativa a negociar una convención\ncolectiva, a reconocer a la organización sindical, a reinstalar a los\nrepresentantes de las personas trabajadoras a pesar de existir sentencia firme\nque así lo ordene, o por maltrato o violencia contra los trabajadores o las\ntrabajadoras, condenará a aquel al pago de los salarios correspondientes a los\ndías en que estos permanezcan en huelga. La liquidación respectiva se realizará\npor medio del proceso de ejecución de sentencia.\n\nCAPÍTULO SEGUNDO\n\nParos legales e ilegales\n\nArtículo 387.-\n\nParo legal o cierre patronal es la\nsuspensión temporal del trabajo ordenado por dos o más empleadores o\nempleadoras, de forma pacífica y con el exclusivo propósito de defender sus\nintereses económicos y sociales comunes.\n\nEl paro comprenderá siempre el paro\ntotal de las empresas, los establecimientos o los negocios en que se declare.\n\nArtículo 388.-\n\nEl paro será legal, si los\nempleadores o las empleadoras se ajustan a los requisitos previstos en el artículo\n377 y dan luego a sus trabajadores un aviso con un mes de anticipación para el\nsolo efecto de que estos puedan dar por terminados sus contratos, sin\nresponsabilidad para ninguna de las partes, durante ese período.\n\nArtículo 389.-\n\nLa reanudación de los trabajos se\nhará de acuerdo con las normas que establece el artículo 77.\n\nArtículo 390.-\n\nSon aplicables al paro las\ndisposiciones del artículo 380.\n\nArtículo 391.-\n\nSe tendrá también por paro ilegal\ntodo acto malicioso del empleador o la empleadora que imposibilite a las\npersonas trabajadoras el normal desempeño de sus labores.\n\nArtículo 392.-\n\nTodo paro ilegal tiene los siguientes\nefectos:\n\na) Faculta a los trabajadores o las trabajadoras para\npedir su reinstalación inmediata o para dar por terminados sus contratos, con\nderecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones legales que procedan. El\npago de los extremos antes indicados deberá cancelarlo el patrón o su\nrepresentante legal, en un plazo máximo e improrrogable de ocho días naturales\na partir de la declaración de ilegalidad.\n\nb) Obliga a la parte empleadora a reanudar, sin pérdida\nde tiempo, los trabajos y a pagar a dichas personas los salarios que debieron\nhaber percibido durante el período en que estuvieron las labores indebidamente\nsuspendidas.\n\nc) Da lugar, en cada caso, a la imposición de una multa\nde veinte a veintitrés salarios base mensuales, a los que se hace referencia en\nel artículo 398, según la gravedad de la infracción y el número de personas\ntrabajadoras afectadas por esta, sin perjuicio de las responsabilidades de\ncualquier otra índole que lleguen a declarar contra sus autores los tribunales\ncomunes.\n\nCAPÍTULO TERCERO\n\nDisposiciones comunes\n\nArtículo 393.-\n\nNi los paros ni las huelgas deben\nperjudicar de forma alguna a los trabajadores o las trabajadoras que estuvieran\npercibiendo salarios o indemnizaciones por accidentes, enfermedades,\nmaternidad, vacaciones u otras causas análogas.\n\nArtículo 394.-\n\nEn caso de huelga o paro legalmente\ndeclarado, los tribunales de trabajo darán orden inmediata a las autoridades de\npolicía para que se proteja debidamente a las personas y propiedades cubiertas\npor dicha declaratoria y se mantengan clausurados los establecimientos,\nnegocios, departamentos o centros de trabajo.\n\nEn los casos en que la legalidad de\nla huelga no se haya declarado en la totalidad del centro sino en uno de los\ndepartamentos, secciones o categoría de trabajadores específicos, el cierre\noperará únicamente respecto a estos. Mientras el movimiento no haya sido\ndeclarado ilegal, ninguna de las partes podrá tomar la menor represalia contra\nla otra, ni impedirle el ejercicio de sus derechos, según lo dispuesto en el\nartículo 620.\n\nEn caso de huelga o paro ilegal, los\ntribunales competentes ordenarán a las autoridades de policía que garanticen la\ncontinuación de los trabajos por todos los medios a su alcance. Si se tratara\nde servicios públicos en manos de empresarios particulares, el Poder Ejecutivo\npodrá asumir, con ese fin, su control temporal; para ello, el juzgado\ncompetente podrá nombrar a una persona idónea como curador.\n\nArtículo 395.-\n\nEl derecho de las partes empleadoras\nal paro y el de las trabajadoras a la huelga son irrenunciables; pero será\nválida la cláusula, en virtud de la cual se comprometa a no ejercerlos temporalmente,\nmientras una de las partes no incumpla los términos de la convención o el\ninstrumento colectivo.\"\n\nARTÍCULO 2.- Se reforman los títulos del sétimo al\nundécimo de la Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943. Los\ntextos son los siguientes:\n\n\"TÍTULO SÉTIMO\n\nINFRACCIONES A LAS\nLEYES DE TRABAJO Y SUS SANCIONES\n\nArtículo 396.-\n\nConstituyen faltas las acciones u\nomisiones en que incurran las partes empleadoras, sus representantes y\nadministradores, los trabajadores, las trabajadoras o sus respectivas\norganizaciones que transgredan las normas previstas en la Constitución Política,\nlos pactos internacionales sobre derechos humanos y los convenios adoptados por\nla Organización Internacional del Trabajo, ratificados por la Asamblea\nLegislativa y las demás normas laborales y de seguridad social, sin perjuicio\nde la responsabilidad civil o penal que pudiera corresponderles.\n\nSerán también sancionables los funcionarios públicos de la\nContraloría General de la República, la Autoridad Reguladora de los Servicios\nPúblicos (Aresep), la Procuraduría General de la República o de entidades\nanálogas, que en el ejercicio de potestades de control, fiscalización y\nasesoría vinculante hagan incurrir en la comisión de este tipo de faltas a la\nAdministración Pública.\n\nArtículo 397.-\n\nLos procesos que se originen en\ndichas faltas serán de conocimiento de los tribunales de trabajo, de acuerdo\ncon las reglas de competencia y por el procedimiento que en este mismo Código\nse señalan.\n\nArtículo 398.-\n\nLas personas transgresoras referidas\nen el artículo 399 de este Código serán sancionadas con multa, según la siguiente\ntabla:\n\n1) De uno a tres salarios base mensuales.\n\n2) De cuatro a siete salarios base mensuales.\n\n3) De ocho a once salarios base mensuales.\n\n4) De doce a quince salarios base mensuales.\n\n5) De dieciséis a diecinueve salarios base mensuales.\n\n6) De veinte a veintitrés salarios base mensuales.\n\nLa denominación de salario base\nutilizada en esta ley en todo su articulado, salvo disposición expresa en\ncontrario, debe entenderse como la contenida en el artículo 2 de la Ley N.º\n7337, de 5 de mayo de 1993, de conformidad con lo establecido en este mismo\nCódigo.\n\nArtículo 399.-\n\nLa responsabilidad de las personas\nfísicas es subjetiva y la de las personas jurídicas es objetiva. Cuando la\nconducta la realice un representante patronal de una empleadora persona jurídica\no grupo de interés económico, en los términos del artículo 5 de este Código, la\nsanción recaerá también sobre estos según corresponda, a quienes solidariamente\nse extienden los efectos económicos de la falta del representante.\n\nArtículo 400.-\n\nLas infracciones a las normas\nprohibitivas de este Código o de las leyes de trabajo y seguridad social serán\nsancionadas a partir de la multa comprendida en el numeral 3 de la tabla de\nsanciones del artículo 398, o superiores establecidas por ley especial.\n\nCuando se trate de la negativa a\notorgar informes, avisos, solicitudes, permisos, comprobaciones o documentos\nrequeridos según este Código y las leyes de trabajo y seguridad social, para\nque las autoridades de Trabajo puedan ejercer el control que les encargan\ndichas disposiciones, los responsables serán sancionados con la multa\ncomprendida en el numeral 1 de la tabla de sanciones contenida en el artículo\n398, siempre que haya mediado prevención con un plazo de quince días.\n\nArtículo 401.-\n\nAl juzgarse las faltas de trabajo se\naplicará la sanción que corresponda en cada caso, tomando en cuenta la gravedad\ndel hecho, sus consecuencias, el número de faltas cometidas y la cantidad de\ntrabajadores o trabajadoras que han sufrido los efectos de la infracción.\n\nPodrá aminorarse la sanción, siempre\ny cuando el infractor se comprometa a reparar el daño de inmediato de forma\nintegral.\n\nArtículo 402.-\n\nToda persona que de mala fe incite\npúblicamente a que una huelga o un paro se efectúe contra las disposiciones de\neste título, será sancionada con una multa de cinco a diez salarios base.\n\nArtículo 403.-\n\nLos individuos que participen en un\nconflicto colectivo, utilizando medios que alteren el carácter pacífico del\nmovimiento, serán repelidos y expulsados del entorno donde este se desarrolla,\npor cualquier autoridad policial, y sancionados con una multa de cinco a diez\nsalarios base.\n\nTÍTULO OCTAVO\n\nPROHIBICIÓN DE DISCRIMINAR\n\nArtículo 404.-\n\nSe prohíbe toda discriminación en el\ntrabajo por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual,\nestado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación,\ndiscapacidad, afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma\nanáloga de discriminación.\n\nArtículo 405.-\n\nTodas las personas trabajadoras que\ndesempeñen en iguales condiciones subjetivas y objetivas un trabajo igual\ngozarán de los mismos derechos, en cuanto a jornada laboral y remuneración, sin\ndiscriminación alguna.\n\nArtículo 406.-\n\nSe prohíbe el despido de los\ntrabajadores o las trabajadoras por las razones señaladas en el artículo 404.\n\nArtículo 407.-\n\nQueda prohibido a las personas\nempleadoras discriminar por edad al solicitar un servicio o seleccionar a un\ntrabajador o una trabajadora.\n\nArtículo 408.-\n\nTodas las personas, sin\ndiscriminación alguna, gozarán de las mismas oportunidades para obtener empleo\ny deberán ser consideradas elegibles en el ramo de su especialidad, siempre y\ncuando reúnan los requisitos formales solicitados por la persona empleadora o\nque estén establecidos mediante ley o reglamento.\n\nArtículo 409.-\n\nToda discriminación de las\ncontempladas en el presente título podrá ser hecha valer por las autoridades o\nla parte interesada ante los juzgados de trabajo, de la forma dispuesta en este\nCódigo. En estos casos, quien alegue la discriminación deberá señalar\nespecíficamente el sustento fáctico en el que funda su alegato y los términos\nde comparación que substancie su afirmación.\n\nArtículo 410.-\n\nLos empleadores o las empleadoras a\nquienes se les compruebe haber cesado a personas trabajadoras, por cualquiera\nde los motivos de discriminación antes indicados, deberán reinstalarlas en su\ntrabajo, con el pleno goce de sus derechos y las consecuencias previstas para\nla sentencia de reinstalación.\n\nEn cuanto a la Administración Pública\ny las demás instituciones de derecho público, todo nombramiento, despido,\nsuspensión, traslado, permuta, ascenso o reconocimiento que se efectúe en\ncontra de lo dispuesto por el presente título será anulable a solicitud de la\nparte interesada, y los procedimientos seguidos en cuanto a reclutamiento o\nselección de personal carecerán de eficacia en lo que resulte violatorio a este\ntítulo.\n\nTodo trabajador que en el ejercicio\nde sus funciones relativas a reclutamiento, selección, nombramiento,\nmovimientos de personal o de cualquier otra forma incurra en discriminación en\nlos términos de este título, incurrirá en falta grave para los efectos del\nartículo 81 de este Código.\n\nTÍTULO NOVENO\n\nPRESCRIPCIONES Y CADUCIDAD DE LAS\nSANCIONES DISCIPLINARIAS IMPUESTAS EN PROCEDIMIENTO ESCRITO\n\nArtículo 411.-\n\nEl cómputo, la suspensión, la\ninterrupción y los demás extremos relativos a la prescripción se regirán por lo\ndispuesto en este Código y de forma supletoria por lo que dispone el Código\nCivil.\n\nArtículo 412.-\n\nLos derechos provenientes de\nsentencia judicial prescribirán en el término de diez años, que se comenzará a\ncontar desde el día de la firmeza de la sentencia.\n\nArtículo 413.-\n\nSalvo disposición especial en contrario,\ntodos los derechos y las acciones provenientes de contratos de trabajo\nprescribirán en el término de un año, contado desde la fecha de extinción de\ndichos contratos.\n\nEn materia laboral, la prescripción\nse interrumpirá además por las siguientes causales:\n\na) Con la solicitud de la carta de despido, en los\ntérminos del artículo 35 de este Código.\n\nb) La interposición, por parte del trabajador, de la\ncorrespondiente solicitud de diligencia de conciliación laboral administrativa\nante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.\n\nc) En el caso de acciones derivadas de riesgos del\ntrabajo, la interposición del reclamo respectivo en sede administrativa ante el\nInstituto Nacional de Seguros (INS).\n\nd) Por cualquier gestión judicial y extrajudicial para el\ncobro de la obligación.\n\ne) No correrá prescripción alguna mientras se encuentre\nlaborando a las órdenes de un mismo patrono.\n\nArtículo 414.-\n\nSin perjuicio de lo que establezcan\nlas disposiciones especiales sobre el plazo de prescripción, los derechos y las\nacciones de los empleadores o las empleadoras para despedir justificadamente a\nlos trabajadores o las trabajadoras, o para disciplinar sus faltas,\nprescribirán en el término de un mes, que comenzará a correr desde que se dio\nla causa para la separación o sanción o, en su caso, desde que fueran conocidos\nlos hechos causales.\n\nEn caso de que la parte empleadora\ndeba cumplir un procedimiento sancionador, la intención de sanción debe\nnotificarse al empleado dentro de ese plazo y, a partir de ese momento, el mes\ncomenzará a correr de nuevo en el momento en que la persona empleadora o el\nórgano competente, en su caso, esté en posibilidad de resolver, salvo que el\nprocedimiento se paralice o detenga por culpa atribuible exclusivamente a la\nparte empleadora, situación en la cual la prescripción es aplicable, si la\nparalización o suspensión alcanza a cubrir ese plazo.\n\nArtículo 415.-\n\nCuando sea necesario seguir un\nprocedimiento y consignar las sanciones disciplinarias en un acto escrito, la\nejecución de las así impuestas caduca, para todo efecto, en un año desde la\nfirmeza del acto.\n\nArtículo 416.-\n\nLos derechos y las acciones de las\npersonas trabajadoras, para dar por concluido con justa causa su contrato de\ntrabajo, prescriben en el término de seis meses contado desde el momento en que\nel empleador o la empleadora dio motivo para la separación, o desde el momento\nen que dicha persona tuvo conocimiento del motivo.\n\nArtículo 417.-\n\nLos derechos y las acciones de los\nempleadores o las empleadoras, para reclamar contra quienes se separen\ninjustificadamente de sus puestos, caducarán de acuerdo con lo previsto en el\nartículo 32 de este Código.\n\nArtículo 418.-\n\nSalvo disposición legal en contrario,\ntodos los derechos y las acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos,\nde sus leyes conexas, incluidas las de previsión social, que no se originen\ndirectamente en contratos de trabajo ni se relacionen con conflictos jurídicos\nentre personas empleadoras y trabajadoras, prescriben en un año.\n\nEse plazo correrá, para las primeras,\ndesde el acaecimiento del hecho respectivo o desde que tuvieron conocimiento y,\npara las segundas y las demás personas interesadas, desde el momento en que\nestén en posibilidad efectiva de reclamar sus derechos o de ejercitar las\nacciones correspondientes.\n\nArtículo 419.-\n\nLa acción para sancionar las faltas\ncometidas contra las leyes de trabajo y de previsión social prescribe en dos\naños, contados a partir del momento en que se cometan o desde el cese de la\nsituación, cuando se trate de hechos continuados.\n\nLa presentación de la acusación ante\nlos tribunales de trabajo interrumpe de forma continuada el plazo de\nprescripción, hasta que se dicte sentencia firme.\n\nLa prescripción se interrumpe también\npor cualquier gestión judicial o por gestión extrajudicial, en los casos en que\nno se haya presentado un proceso judicial.\n\nLa prescripción de la sanción\nimpuesta en sentencia firme se regirá por lo dispuesto en el artículo 412.\n\nTÍTULO DÉCIMO\n\nJURISDICCIÓN ESPECIAL DE TRABAJO\n\nCAPÍTULO PRIMERO\n\nOrganización, extensión y límites de\nla jurisdicción de trabajo\n\nSECCIÓN I\n\nDisposiciones generales\n\nArtículo 420.-\n\nEn la jurisdicción de trabajo,\nestablecida en el artículo 70 de la Constitución Política, se dirimirán los\nconflictos individuales y colectivos, cuya solución requiera la aplicación de\nnormas de derecho de trabajo y seguridad social, y los principios que lo\ninforman, así como los asuntos conexos a las relaciones sustanciales propias de\nese derecho.\n\nDentro de ese ámbito se incluyen el\nconocimiento de todas las prestaciones derivadas de las relaciones de empleo\npúblico, para el cobro o cumplimiento de extremos laborales, así como las\nimpugnaciones o nulidades de actos u omisiones de todas las instituciones u\nórganos de derecho público, relativas a dicho empleo, cuando por su contenido\nmaterial o sustancial y el régimen jurídico aplicable deban ser ventiladas ante\nla jurisdicción laboral.\n\nArtículo 421.-\n\nAdemás de los principios generales\ncorrespondientes a todo proceso, como son los de exclusividad y obligatoriedad\nde la función jurisdiccional, independencia de los órganos jurisdiccionales,\ncontradicción o audiencia bilateral, publicidad, obligatoriedad de los\nprocedimientos legales, de la necesaria motivación de las resoluciones\njudiciales y de preclusión, el proceso laboral se rige por los siguientes\nprincipios procesales básicos: la conciliación, las actuaciones\nprioritariamente orales, la sencillez, el informalismo, la oficiosidad\nrelativa, así como por la celeridad, la concentración, la inmediación, la\nbúsqueda de la verdad real, la libertad probatoria, la lealtad procesal y la\ngratuidad o el costo mínimo.\n\nArtículo 422.-\n\nAl interpretarse las disposiciones de\neste título, deberá tenerse en cuenta que su finalidad última es permitir\nordenadamente la aplicación de las normas sustanciales y los principios que las\ninforman, incluidas la justicia y la equidad, cuando resulten aplicables. Las\npersonas encargadas de los órganos de esta materia dirigirán el proceso de\nforma protagónica, impulsándolo oportunamente, buscando la verdad real dentro\nde los límites establecidos, dándole a esta primacía sobre las expresiones\nformales, tutelando la indisponibilidad de los derechos y aplicando, de forma\nadecuada, las reglas \"pro operario\" (\"in dubio pro operario\", norma\nmás favorable y condición más beneficiosa), de modo que en la solución de los\nconflictos se cumplan los principios cristianos de justicia social y la\ndesigualdad de la parte trabajadora no se exprese en el resultado del proceso.\n\nEl Poder Judicial adoptará las\nmedidas necesarias para proporcionar a las personas con discapacidad o con\ndificultades de acceso a la justicia o de participación en los procesos, por\nencontrarse en estado de vulnerabilidad por cualquier causa, las facilidades o\nel apoyo particular que requieran para el ejercicio de sus derechos en igualdad\nde condiciones.\n\nArtículo 423.-\n\nEn los procesos en los que sea parte\nel Estado, sus instituciones y órganos se aplicará lo dispuesto en el artículo\nanterior, siempre y cuando no se contravenga el principio de legalidad.\n\nSin embargo, la regla de la primacía\nde la realidad y las normas no escritas del ordenamiento podrán ser invocadas\ncomo fuente de derecho, cuando ello sea posible, de acuerdo con la Ley N.°\n6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.\n\nArtículo 424.-\n\nEl proceso es de iniciativa de la\nparte y, una vez promovido, los órganos de la jurisdicción deberán dictar, de\noficio, con amplias facultades, todas las medidas dirigidas a su avance y\nfinalización, sin necesidad de gestión de las partes.\n\nEn la tramitación de los procesos\nregulados por este Código, los tribunales deberán actuar de forma rápida,\nacelerando en lo posible el curso del expediente. El incumplimiento de los\nplazos establecidos para el dictado de las resoluciones, así como cualquier\nconducta injustificada que perjudique la aplicación del principio de celeridad,\npodrán considerarse falta grave para efectos disciplinarios, de acuerdo con la\nLey N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993, y el\nfuncionario judicial correspondiente podrá ser declarado responsable de los\ndaños y perjuicios causados.\n\nArtículo 425.-\n\nAdemás de las exenciones acordadas en\nel artículo 10 de este Código, en el proceso regulado en este título no se exigirán\ndepósitos de dinero ni cauciones de ninguna clase, con las excepciones\nprevistas expresamente en la ley. Las publicaciones que deban hacerse en el\nperiódico oficial serán gratuitas.\n\nArtículo 426.-\n\nSe consideran contrarias al sistema\nde administración de justicia laboral la utilización por parte de los\njuzgadores de formalidades exageradas, abusivas e innecesarias. Como tales\nformalidades, se tendrán el decreto excesivo de nulidades, la falta de\naplicación del principio de saneamiento y conservación del proceso, cuando ello\nfuera procedente; la disposición reiterada de prevenciones que debieron haberse\nhecho en una sola resolución; el otorgamiento de traslados no previstos en la\nley; darles preeminencia a las normas procesales sobre las de fondo o aplicar,\ninconducentemente, formalidades y en general cualquier práctica procesal\nabusiva.\n\nArtículo 427.-\n\nLas partes, sus apoderados o\napoderadas, representantes, abogados o abogadas, los auxiliares de la justicia\ny los terceros que tuvieran algún contacto con el proceso deberán ajustar su\nconducta a la buena fe, a la dignidad de la justicia y al respeto debido a los\njuzgadores y a los otros litigantes y demás participantes.\n\nSe consideran actos contrarios a la\nlealtad y cometidos en fraude procesal, las demandas, incidencias o excepciones\nabusivas o reiterativas, el ofrecimiento de pruebas falsas, innecesarias o\ninconducentes al objeto del debate, el abuso de las medidas precautorias y de\ncualquier mecanismo procesal, la colusión, el incumplimiento de órdenes\ndispuestas en el proceso, el empleo de cualquier táctica dilatoria y no\ncooperar con el sistema de administración de justicia en la evacuación de las\npruebas necesarias para la averiguación de los hechos debatidos.\n\nArtículo 428.-\n\nLa inexistencia de normas procesales\nexpresamente previstas para un caso o situación concreta se llenará mediante la\naplicación analógica de las otras disposiciones de este mismo Código y sus\nprincipios, en cuanto resulten compatibles.\n\nLa legislación procesal civil y la\nprocesal contencioso-administrativa, en los procesos contra el Estado y las\ninstituciones, serán de aplicación supletoria, para llenar los vacíos\nnormativos de este Código o para utilizar institutos procesales no regulados\nexpresamente, que sea necesario aplicar para la tutela de los derechos de las\npartes y los fines del proceso, con la condición de que no contraríen el texto\ny los principios procesales de este título.\n\nEn todo caso, si hubiera omisión acerca\nde la forma de proceder, los órganos de la jurisdicción laboral estarán\nautorizados para idear el procedimiento más conveniente, a fin de que pueda\ndictarse con prontitud la resolución que decida imparcialmente las pretensiones\nde las partes, con tal de que se les garantice a estas el debido proceso. En\ntodo caso, se respetará la enunciación taxativa de los recursos hecha en este\nCódigo.\n\nSECCIÓN II\n\nOrganización y funcionamiento\n\nArtículo 429.-\n\nLa jurisdicción de trabajo estará a\ncargo de juzgados, tribunales de conciliación y arbitraje y tribunales de\napelación y casación, todos especializados. Sobre su organización y\nfuncionamiento se aplicará, en lo pertinente, además de lo dispuesto en este\nCódigo, lo que se establece en la Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder\nJudicial, de 5 de mayo de 1993, y el Estatuto de Servicio Judicial.\n\nLos juzgados conocerán en primera\ninstancia de los asuntos propios de su competencia, cualquiera que sea el valor\neconómico de las pretensiones y servirán como base, en las circunscripciones\nterritoriales que señale la Corte Suprema de Justicia, para la constitución de\nlos tribunales de conciliación y arbitraje.\n\nLos tribunales de apelación conocerán\nen segunda instancia de las alzadas que procedan en los conflictos jurídicos\nindividuales de conocimiento de los juzgados y en los procesos colectivos a que\nse refiere este Código; tendrán la sede y competencia territorial que les\nseñale la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, dichos órganos conocerán los\ndemás asuntos que indique la ley.\n\nEn los circuitos judiciales donde el\nvolumen de casos lo amerite, la Corte Suprema de Justicia podrá encargar a un\ndeterminado despacho el conocimiento de los asuntos de seguridad social o de\nalguna otra especialidad, correspondientes al territorio que se señale.\n\nSECCIÓN III\n\nCompetencia\n\nArtículo 430.-\n\nLos juzgados de trabajo conocerán en\nprimera instancia de:\n\n1) Todas las diferencias o los conflictos individuales o\ncolectivos de carácter jurídico derivados de la aplicación del presente Código\ny legislación conexa, del contrato de trabajo o de hechos íntimamente\nvinculados a las respectivas relaciones.\n\n2) Los conflictos de carácter económico y social, una vez\nque se constituyan en tribunales de arbitraje. Tendrán también competencia para\narreglar en definitiva los mismos conflictos, una vez que se constituyan en\ntribunal de conciliación, conforme se establece en este Código.\n\n3) Los juicios que se establezcan para obtener la\ndisolución de las organizaciones sociales.\n\n4) Las cuestiones de carácter contencioso que surjan con\nmotivo de la aplicación de la legislación de seguridad social y sus\nreglamentos, así como las relacionadas con las cotizaciones al Banco Popular y\nde Desarrollo Comunal, y las cotizaciones establecidas en la Ley N.° 7983, Ley\nde Protección al Trabajador, de 16 de febrero de 2000.\n\n5) Las pretensiones referidas a los distintos regímenes\nde pensiones.\n\n6) Las demandas de riesgos de trabajo regulados en el\ntítulo cuarto de este Código y las derivadas del aseguramiento laboral.\n\n7) Los juzgamientos de las faltas cometidas contra las\nleyes de trabajo o de previsión social.\n\n8) Todos los demás asuntos que determine la ley.\n\nArtículo 431.-\n\nLos órganos tienen limitada su\ncompetencia al territorio señalado para ejercerla, excepto los casos en que sea\nnecesario su traslado a otro territorio para practicar actuaciones\nindelegables. Los gastos de traslado correrán por cuenta de la parte\ninteresada, salvo cuando se trate de las personas trabajadoras, en cuyo caso\nserán cubiertos por el Estado.\n\nÚnicamente podrá prorrogarse la\ncompetencia en beneficio de la persona trabajadora, nunca en su perjuicio. La\npresentación de la demanda por esa persona, en un determinado órgano\njurisdiccional, hace presumir que la correspondiente competencia territorial\nrepresenta un beneficio para ella.\n\nSin perjuicio de lo\ndispuesto en las normas especiales, la competencia territorial de los juzgados\nse determinará de acuerdo con las siguientes disposiciones:\n\n1) Como regla general, será juzgado competente el del lugar\nde la prestación de los servicios, o el del domicilio del demandante, a\nelección de este último.\n\n2) Si los servicios se prestan en lugares de distintas\ncircunscripciones territoriales, el actor podrá elegir entre el lugar de su propio\ndomicilio, el de la firma del contrato o el domicilio del demandado.\n\n3) En el caso de riesgos laborales, será competente el\nórgano jurisdiccional del lugar de la prestación de los servicios, del\ndomicilio del demandado o del lugar donde acaeció el riesgo, a elección del\ndemandante.\n\n4) Si fueran varios los demandados y se optara por el\nfuero de su domicilio, si este no fuera el mismo para todos, el actor podrá\nescoger el de cualquiera de ellos.\n\n5) En los procesos contra el Estado o sus instituciones,\nserá juzgado competente el del lugar de la prestación de los servicios o el del\ndomicilio del demandante, a elección de este último.\n\n6) El juzgado del domicilio donde se encuentre el centro\nde trabajo será el competente para conocer de los conflictos colectivos entre\nlas partes empleadoras y trabajadoras o de estas entre sí.\n\n7) La calificación de la huelga corresponderá al juzgado\ndel lugar donde se desarrollan los hechos. Si tuvieran lugar en distintas\ncircunscripciones, el conocimiento corresponderá a cualquiera de los juzgados\nde esos territorios, a elección del solicitante. Si se pidiera la calificación\nen juzgados distintos, las solicitudes se acumularán de oficio o a solicitud de\nparte, a la que se tramite en el despacho que primero tuvo conocimiento.\n\n8) Las acciones para obtener la disolución de las\norganizaciones sociales se establecerán ante el juzgado del domicilio de estas.\n\n9) El juzgado del último domicilio de la persona\nfallecida será el competente para conocer de los procesos de distribución de\nsus prestaciones legales y de cualquier otro extremo que deba distribuirse en\nesta jurisdicción.\n\n10) Las acciones nacidas de contrato\nverificado con costarricenses, para la prestación de servicios o la ejecución\nde obras en el exterior, serán competencia del juzgado del lugar del territorio\nnacional donde se celebró el contrato, salvo que en este se hubiera estipulado\nalguna otra cláusula más favorable para la persona trabajadora o para sus\nfamiliares directamente interesados.\n\n11) Las acusaciones por infracciones a\nlas leyes de trabajo o de previsión social serán de conocimiento de los\njuzgados de trabajo en cuya jurisdicción se cometió la falta o infracción, o\ndel domicilio del eventual responsable, a elección del acusador.\n\n12) Para realizar los actos\npreparatorios, de aseguramiento o la aplicación de cualquier medida precautoria\natípica será competente el juzgado del proceso a que se refieran. Sin embargo,\nen casos de urgencia, los actos preparatorios o de aseguramiento podrán\nplantearse ante cualquier otro órgano con competencia material, el cual no\npodrá, en ningún caso, excusarse de conocer del asunto. Realizado el acto, las\nactuaciones se pasarán al órgano competente.\n\nEn todos los casos en que dos o más\nórganos tengan competencia para conocer por razón del territorio de una misma\npretensión o conflicto, se tendrá como único y definitivo competente al que\nprimero conoció de la pretensión.\n\nArtículo 432.-\n\nCuando se trate de derechos\nirrenunciables, los órganos de trabajo, al dictar sus sentencias, ajustarán los\nmontos respectivos a lo que legalmente corresponda, aunque resulten superiores\na lo indicado en la pretensión, cuando algún documento o medio probatorio lo\nsustente de forma indubitable. Respecto de los extremos renunciables, las\nestimaciones o las fijaciones hechas en la demanda regirán como límites que los\nórganos de trabajo no podrán sobrepasar.\n\nArtículo 433.-\n\nLa competencia de los órganos de la\njurisdicción laboral se extiende a las pretensiones conexas, aunque\nconsideradas en sí mismas sean de otra naturaleza, siempre y cuando se deriven\nde los mismos hechos o estén íntimamente vinculadas a la relación substancial\nque determina la competencia.\n\nArtículo 434.-\n\nEn materia de competencia\ninternacional, son competentes los tribunales costarricenses:\n\n1) Para conocer pretensiones de personas domiciliadas en\nCosta Rica, contratadas laboralmente en el país para trabajar fuera del\nterritorio nacional. Se incluyen, dentro de este supuesto, los contratos\niniciados en el territorio nacional y continuados en otros territorios.\n\n2) Cuando las pretensiones se originen en contratos de\ntrabajo realizados en el extranjero, para ser ejecutados de forma indefinida y\npermanente, o por períodos que impliquen permanencia en el territorio nacional.\n\n3) Cuando las partes así lo hayan establecido\ncontractualmente, siempre que alguno de ellos sea costarricense y al mismo\ntiempo exista algún criterio de conexión con el territorio nacional.\n\nEn los supuestos de los tres incisos\nanteriores, se aplicará siempre a toda la relación de trabajo la legislación\nnacional, en lo que resulta más favorable al trabajador o la trabajadora.\n\n4) Cuando así resulte de los tratados o\nlos convenios internacionales o de la prórroga expresa o tácita que pueda\noperarse en los términos de esos instrumentos. En el caso de la prórroga, debe\nrespetarse la competencia legislativa aplicable a la relación substancial,\nsegún el contrato o las normas y los principios del derecho internacional,\nsalvo pacto expreso en contrario.\n\nArtículo 435.-\n\nLa competencia solo se puede delegar\npara la práctica de actos procesales con cuya realización no se viole el\nprincipio de inmediación y que se requieran como auxilio para la substanciación\ndel proceso. Queda absolutamente prohibida, bajo pena de nulidad, la delegación\npara la recepción de pruebas y de cualquier otro acto propio de la audiencia.\nLos tribunales, sin embargo, podrán incorporar al proceso hasta en la\naudiencia, cuando ello sea necesario, elementos probatorios incluidos\ntestimonios, a través de medios de comunicación electrónica, siempre y cuando\nquede garantizada la autenticidad del contenido de la comunicación y no se\nafecte el debido proceso.\n\nArtículo 436.-\n\nLa parte actora no podrá impugnar la competencia\ndel órgano ante el que radicó la demanda, al cual quedará vinculada hasta el\nfenecimiento y ejecución, en su caso, con arreglo a derecho. En consecuencia,\nno podrá hacer variar esa competencia aunque posteriormente cambien las\ncircunstancias de hecho existentes al momento de instaurarse el proceso.\n\nArtículo 437.-\n\nLa competencia por la materia es\nimprorrogable. Únicamente podrá ser protestada por la parte interesada, al\ncontestar la demanda o contrademanda.\n\nLa excepción de incompetencia será rechazada\nde plano, cuando las pretensiones deducidas en la demanda o reconvención sean\nde naturaleza laboral incuestionable. Esta resolución no condicionará el\ncriterio del juez a la hora de resolver las pretensiones correspondientes en\nsentencia, atendiendo a las probanzas sobre la relación substancial que les\nsirvan de base.\n\nArtículo 438.-\n\nAcerca de la excepción de\nincompetencia por la materia, cuando sea procedente su trámite, se dará\ntraslado por tres días a la parte contraria; transcurrido ese término, el\njuzgado dentro de los tres días siguientes resolverá lo que corresponda.\n\nLa incompetencia por la materia podrá\ndecretarse de oficio por el tribunal de instancia hasta en la audiencia de\nsaneamiento. Se prohíbe decretar incompetencias por esa razón después de\ncumplido ese acto.\n\nArtículo 439.-\n\nEn los dos supuestos del artículo\nanterior, lo resuelto será apelable para ante el órgano competente según la Ley\nN.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993, para resolver\ncuestiones de competencia entre tribunales de distintas materias. Será\nnecesario fundamentar el recurso y al respecto, así como para el trámite de la\nimpugnación, se estará a lo dispuesto para la apelación en los artículos 589 y\n590 de este mismo Código.\n\nEl pronunciamiento de ese órgano no\ntendrá ulterior recurso y será vinculante para las jurisdicciones involucradas.\n\nSi el pronunciamiento del juzgado no\nfuera apelado, el órgano de la materia al que se le atribuye la competencia\npodrá promover el respectivo conflicto ante el órgano indicado en el párrafo\nprimero de este artículo, dentro del plazo perentorio de cinco días, a partir\ndel día siguiente a la fecha en que se reciba el expediente.\n\nArtículo 440.-\n\nSalvo disposición expresa en\ncontrario, es prohibido a los tribunales declarar de oficio la incompetencia\npor razón del territorio y la parte interesada solo podrá protestarla al\ncontestar la demanda.\n\nLa excepción se resolverá una vez\ntranscurrido el término del emplazamiento.\n\nLa resolución que se dicte será\napelable solo cuando se declare la incompetencia. Si la protesta se reduce a la\ncompetencia respecto de circunscripciones territoriales nacionales, la alzada\nserá resuelta por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y lo que esta\nresuelva será definitivo y vinculante para los órganos de la otra\ncircunscripción territorial, sin que sea posible plantear ningún conflicto. Si\nla excepción se interpuso alegándose que el asunto no es competencia de los\ntribunales costarricenses, la apelación la conocerá el órgano de la Corte\nSuprema de Justicia con competencia para conocer del recurso de casación en los\nasuntos laborales.\n\nSi lo resuelto por el juzgado no\nfuera recurrido, se considerará firme y vinculante para las partes y, en su\ncaso, el órgano jurisdiccional nacional, en cuyo favor se haya establecido la\ncompetencia por razón de territorio, deberá asumir el conocimiento del proceso,\nsin que le sea posible disentir por la vía del conflicto.\n\nArtículo 441.-\n\nLa competencia subjetiva se regirá\npor lo dispuesto en la legislación procesal civil y la Ley N.° 7333, Ley\nOrgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993; pero los jueces de trabajo,\nademás de las causales indicadas en dicha legislación, estarán sujetos a\ninhibitoria en los procesos contra el Estado o sus instituciones, cuando:\n\na) Hubieran participado en la conducta activa u omisa\nobjeto del proceso o se hubieran manifestado previa y públicamente respecto de\nellas.\n\nb) Tengan parentesco, dentro del tercer\ngrado de consanguinidad o segundo de afinidad, con las autoridades de la\njerarquía administrativa que participó en la conducta sometida a su\nconocimiento y decisión.\n\nc) Se encuentre en igual relación con la autoridad o con\nlos funcionarios que hubieran participado en la conducta sometida a proceso o\ninformado respecto de ella.\n\nd) Cuando en el momento de dictarse el acto que origina\nel proceso hayan formado parte como titulares de la jerarquía del órgano,\norganización o empresa que lo dictó, o cuando formen parte de uno u otras,\naunque no hayan participado en la decisión.\n\nArtículo 442.-\n\nLas recusaciones deberán\ninterponerse:\n\n1) En instancia, antes de la celebración de la audiencia\nde conciliación y juicio o antes del dictado de la sentencia en los procesos en\nlos cuales no se lleve a cabo ese trámite.\n\n2) En los recursos en los que no esté previsto el trámite\nde vista, antes de emitirse el voto correspondiente.\n\n3) En los recursos con trámite de vista, antes de la\ncelebración de la vista.\n\nSe exceptúan los casos en los cuales la\nparte no ha estado en posibilidad de conocer a la persona antes de la audiencia\no vista. En estos casos, la parte podrá plantear la recusación dentro de los\ncinco días posteriores al conocimiento que se tenga de la intervención de esa\npersona.\n\nLa no interposición oportuna de la\nrecusación hace perecer, de plano, el derecho de protestar y reclamar en\ncualquier vía por esa misma causa y torna inatendible cualquier protesta,\ndebiendo el órgano disponer su archivo.\n\nLa recusación no suspende la\nejecución de la sentencia o de lo resuelto antes de su interposición, cuando se\ntrate de actos de mera ejecución.\n\nCAPÍTULO SEGUNDO\n\nPartes del proceso\n\nSECCIÓN I\n\nCapacidad y representación de las\npartes\n\nArtículo 443.-\n\nTienen capacidad para comparecer en\njuicio en defensa de sus derechos subjetivos e intereses legítimos, quienes se\nencuentren en ejercicio de sus derechos.\n\nArtículo 444.-\n\nLos trabajadores y las trabajadoras\ngozan, a partir de los quince años, de plena capacidad para ejercer ante las\nautoridades administrativas y judiciales las pretensiones que sean de su\ninterés y, en general, para la tutela de sus derechos laborales y de seguridad\nsocial.\n\nEn procesos en los que se discuta\ncualquier violación a los derechos de las personas trabajadoras menores de\nquince años, incluyendo los establecidos en el capítulo VII de la Ley N.º 7739,\nCódigo de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998, así como la\nprohibición establecida en el artículo 92 de ese cuerpo normativo, estas\npersonas serán representadas por su padre o su madre o por quien las represente\nlegalmente y, en su defecto, por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI),\nque para ese efecto designará a una persona abogada.\n\nArtículo 445.-\n\nLas personas declaradas en estado de\ninterdicción, los incapaces naturales mayores de dieciocho años y los ausentes\ncomparecerán por medio de sus representantes legítimos. Si no los tuvieran o el\nque ostentan se encuentra en opuesto interés, se nombrará para que los\nrepresente como curador, sin costo alguno, a una persona abogada de asistencia\nsocial.\n\nArtículo 446.-\n\nLos sindicatos tendrán legitimación\npara la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios.\nPara ejercer derechos subjetivos de sus afiliados es indispensable el\notorgamiento de poder suficiente.\n\nPara demandar la tutela de derechos\ncolectivos jurídicos no requieren poder alguno. Admitida la demanda para su\ntrámite, se llamará al proceso a todo aquel que tenga interés en él para que\ndentro del término del emplazamiento se apersone a hacer valer sus derechos,\nmediante edicto que se publicará en el Boletín Judicial. En estos casos, el\nemplazamiento comenzará a correr a partir del día siguiente hábil de la\npublicación o la notificación, si esta se hizo posteriormente. Al mismo tiempo,\nse colocará por lo menos un aviso en un lugar público y visible de la zona o\ndel sector involucrado, sin perjuicio del aviso que el demandante pueda dar a\nlos afectados fácilmente determinables.\n\nArtículo 447.-\n\nLas personas jurídicas comparecerán\nen el proceso por medio de su representante legítimo.\n\nArtículo 448.-\n\nEn las demandas contra el Estado, por\nactuaciones de la Administración Central, de los Poderes del Estado, del\nTribunal Supremo de Elecciones, de la Contraloría General de la República y de\nla Defensoría de los Habitantes de la República, en tanto ejerzan función\nadministrativa, la representación y defensa corresponderá a la Procuraduría\nGeneral de la República.\n\nArtículo 449.-\n\nLa representación y defensa de las\nentidades descentralizadas se regirá de acuerdo con lo que establezcan sus\npropias leyes. Cuando la designación de representantes con facultades\nsuficientes para litigar se hace en el diario oficial, bastará con que los\nrepresentantes invoquen la publicación como prueba de su personería y aseguren,\nbajo juramento, que la designación no ha sido modificada o dejada sin efecto.\n\nLa Contraloría General de la\nRepública podrá ser demandada conjuntamente con el Estado o con el ente\nfiscalizador, cuando el proceso tenga por objeto conflictos laborales derivados\nde la conducta de estos, relacionada con el ejercicio de su competencia\nconstitucional y legal, o bien, del ejercicio de sus potestades de\nfiscalización o tutela superior de la Hacienda Pública.\n\nCuando una entidad dicte algún acto o\ndisposición que, para su firmeza, requiera o haya solicitado previo control,\nautorización, aprobación o conocimiento, por parte de un órgano del Estado o de\notra entidad administrativa, se tendrá a esta como parte codemandada.\n\nArtículo 450.-\n\nQuienes actúen como demandados o\ncoadyuvantes, a excepción de la Contraloría General de la República, en los\ncasos en que puede intervenir en los procesos conforme a la ley, podrán litigar\nunidos bajo una misma representación y dirección, siempre que sus posiciones no\nsean contradictorias y no exista conflicto de intereses.\n\nArtículo 451.-\n\nLas partes podrán comparecer por sí\nmismas o con patrocinio letrado, o hacerse representar por una persona con\nmandato especial judicial mediante poder constituido de acuerdo con las leyes\ncomunes. Salvo pacto o disposición legal en contrario, el otorgamiento confiere\nal apoderado o apoderada la facultad de solucionar el proceso mediante\nconciliación, aunque expresamente no se haya estipulado.\n\nArtículo 452.-\n\nEl Patronato Nacional de la Infancia\n(PANI) será parte en los procesos en los cuales intervengan menores de edad o\nmadres que demanden derechos relacionados con la maternidad.\n\nSECCIÓN II\n\nBeneficio de justicia gratuita\n\nArtículo 453.-\n\nEl Patronato Nacional de la Infancia\n(PANI) suministrará asistencia legal gratuita a las personas trabajadoras\nmenores de edad que necesiten ejercitar acciones en los tribunales de trabajo,\nasí como a las madres para el reclamo de sus derechos laborales relacionados\ncon la maternidad.\n\nArtículo 454.-\n\nLas personas trabajadoras cuyo\ningreso mensual último o actual no supere dos salarios base del cargo de\nauxiliar administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la\nLey N.° 9289, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República\npara el Ejercicio Económico del Año 2015, de 29 de noviembre de 2014, tendrán\nderecho a asistencia legal gratuita, costeada por el Estado, para la tutela de\nsus derechos en conflictos jurídicos individuales. Las modificaciones hechas administrativamente\nen ese salario no se tomarán en cuenta para estos efectos, hasta tanto no sean\nincorporadas en dicha ley. La limitación económica indicada en esta norma no\nrige para las madres y los menores de edad respecto de la asistencia especial\ndel Estado a que tienen derecho ni para casos de discriminación, en violación\nde lo dispuesto en el título octavo de este Código.\n\nCon ese propósito funcionará, en el\nDepartamento de Defensores Públicos del Poder Judicial, una sección\nespecializada totalmente independiente de las otras áreas jurídicas, con\nprofesionales en derecho denominados abogados o abogadas de asistencia social,\nla cual estará encargada de brindar gratuitamente el patrocinio letrado a las\npersonas trabajadoras que cumplan el requisito indicado en el párrafo primero\nde esta norma. La Corte Suprema de Justicia establecerá, mediante un reglamento\ninterno de servicio, la organización y el funcionamiento de dicha sección.\n\nLos recursos que se requieran para el\nfuncionamiento de esa sección no se considerarán como parte de los recursos que\nle corresponden al Poder Judicial en el presupuesto de la República para sus\ngastos ordinarios y no se tomarán en cuenta para establecerle limitaciones\npresupuestarias. Los dineros por costas personales que se generen a favor de la\nparte patrocinada por la asistencia social se distribuirán de la siguiente\nmanera:\n\na) Un cincuenta por ciento (50%) del total recaudado será\nasignado a la sección especializada del Departamento de Defensores Públicos del\nPoder Judicial que se crea en este artículo, para la universalización de su\ncobertura en todo el territorio nacional.\n\nb) El cincuenta por ciento (50%) restante será depositado\nen el Fondo de Apoyo a la Solución Alterna de Conflictos que se crea en esta\nley.\n\nArtículo 455.-\n\nEl Colegio de Abogados y cualquier\notra organización gremial pueden constituir por su cuenta centros o redes de\nasistencia legal gratuita con fines de servicio social. La persona designada\npara atender un asunto asumirá el papel de directora profesional, con todas las\nresponsabilidades que ello implica y, en ningún caso, sus honorarios correrán a\ncargo del Poder Judicial. Las organizaciones definirán a lo interno la forma de\nprestación del servicio, pudiendo convenirse con la organización el pago de los\nhonorarios en montos menores a los fijados en las tarifas existentes o la\nprestación del servicio mediante el pago de un salario. En el caso de resultar\nvictoriosa la parte patrocinada, las costas personales que se le impongan a la\ncontraria le corresponderán de forma total, salvo pacto en contrario, al\nabogado o la abogada.\n\nCAPÍTULO TERCERO\n\nSolución alterna de conflictos\n\nArtículo 456.-\n\nLa conciliación, la mediación y el\narbitraje serán utilizados prioritariamente como instrumentos de paz entre las\npartes y para la sociedad. En los procesos judiciales, los órganos\njurisdiccionales tienen el deber de promover una solución conciliada del\nconflicto, por encima de la imposición que implica la sentencia.\n\nExtrajudicialmente, con la\nintervención de mediadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o de un\ncentro de resolución alterna de conflictos, en este último caso con la\npresencia de una persona abogada o de un representante sindical que asista a la\nparte trabajadora, podrán transigirse entre las partes los derechos en litigio,\nsalvo los derechos indicados en el artículo siguiente.\n\nArtículo 457.-\n\nEn toda conciliación deberán\nrespetarse los derechos irrenunciables, indisponibles e indiscutibles de las\npersonas trabajadoras.\n\nArtículo 458.-\n\nLa Administración Pública y las demás\ninstituciones de derecho público podrán conciliar, sobre su conducta\nadministrativa, la validez de sus actos o sus efectos, con independencia de la\nnaturaleza pública o privada de esos actos.\n\nA la actividad conciliatoria asistirán\nlas partes o sus representantes, con exclusión de los coadyuvantes.\n\nLos representantes de las\ninstituciones del Estado deberán estar acreditados con facultades suficientes\npara conciliar, otorgadas por el órgano competente, lo que deberá comprobarse\npreviamente a la audiencia respectiva, en el caso de intervención judicial.\n\nCuando corresponda conciliar a la Procuraduría General de la\nRepública, se requerirá la autorización expresa del procurador general de la\nRepública o del procurador general adjunto, quienes deberán oír previamente al\nprocurador asesor.\n\nCAPÍTULO CUARTO\n\nActuaciones previas a la actividad\njurisdiccional\n\nSECCIÓN I\n\nSolución alterna previa\n\nArtículo 459.-\n\nEs facultativo para los trabajadores y\nlas trabajadoras someter la solución de sus conflictos, de forma previa a la\nintervención de los órganos jurisdiccionales, a conciliadores o mediadores\nprivados o del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La solicitud de\nconciliación, debidamente planteada ante el citado Ministerio, interrumpirá la\nprescripción, la cual tampoco correrá mientras se ventila la cuestión en esa\nsede, por un plazo máximo de tres meses.\n\nTambién, podrán solicitarle al órgano\njurisdiccional que antes de la presentación formal o de la tramitación del\nproceso se intente la solución del caso mediante la conciliación, la cual\nestará a cargo del mismo órgano, preferentemente a cargo de un juez o una jueza\nconciliadora especializada, del despacho o del respectivo centro de conciliación\njudicial. En este caso, el proceso se mantendrá en suspenso hasta por tres\nmeses, lapso durante el cual no correrá plazo alguno de prescripción.\n\nEsta regla también es aplicable a los\nempleadores o las empleadoras, en lo que respecta a las acciones o demandas que\npretendan deducir en los órganos jurisdiccionales, pero si se tratara de una\ncontrademanda o de pretensiones acumuladas, la suspensión del proceso solo\npodrá acordarse por el indicado lapso de tres meses para intentar la\nconciliación, a solicitud de ambas partes.\n\nSECCIÓN II\n\nAgotamiento de la vía administrativa\n\nArtículo 460.-\n\nEn las demandas contra el Estado, sus\ninstituciones y los demás entes de derecho público, cuyo conocimiento\ncorresponda a esta jurisdicción, el agotamiento de la vía administrativa será\nfacultativo. Este se tendrá por efectuado, sin necesidad de ninguna declaración\nexpresa en tal sentido, cuando:\n\n1) La parte interesada no haga uso en tiempo y forma de\nlos recursos administrativos ordinarios y el acto se torne firme en sede\nadministrativa.\n\n2) Se ha hecho uso, en tiempo y forma, de todos los\nrecursos administrativos ordinarios.\n\nCuando el acto emanara en única\ninstancia, de un superior jerárquico supremo del respectivo órgano o ente\nadministrativo, podrá formularse recurso de reconsideración ante el mismo\nórgano que ha dictado el acto, en el plazo de quince días.\n\nPodrá tenerse por desestimado el\nrecurso interpuesto y por agotada la vía administrativa, una vez transcurrido\nun mes desde su presentación, sin que se haya resuelto.\n\n3) La ley lo disponga expresamente.\n\nEn caso de que se opte por el\nagotamiento, una vez agotada la vía administrativa, se podrán demandar o hacer\nvaler todos los derechos que le puedan corresponder al demandante, derivados de\nla conducta administrativa o del acto o los actos a que se refiere la\nimpugnación o demanda, aunque expresamente no se hayan mencionado en la gestión\nadministrativa.\n\nArtículo 461.-\n\nSi la parte hubiera elegido el\nagotamiento de la vía administrativa, la falta de ese requisito no podrá\nexigirse de oficio y cualquier omisión al respecto se tendrá por subsanada, si\nla parte demandada no alega la excepción oportunamente. Esta debe interponerse\nsiempre bajo pena de rechazo de plano, de forma fundada, indicándose y\ndemostrándose en el mismo acto la razón concreta por la cual la discusión\nadministrativa no puede tenerse por cerrada.\n\nCAPÍTULO QUINTO\n\nActividad procesal\n\nSECCIÓN I\n\nDisposiciones varias\n\nArtículo 462.-\n\nPara que los actos de proposición de las\npartes y en general todas sus gestiones escritas tengan efecto, deberán estar\nfirmadas por el peticionario. Si el escrito se tramita por medios tecnológicos,\nla firma deberá ser autenticada de la forma establecida en la ley para este\ntipo de documentos.\n\nSi la persona no supiera escribir o\ntuviera imposibilidad física para hacerlo, se hará constar una u otra\ncircunstancia en el escrito y firmará a su ruego otra persona.\n\nNo se requerirá que la firma del\npeticionario esté autenticada por un profesional en derecho autorizado para\nlitigar, cuando el escrito sea presentado personalmente por aquel.\n\nEn todo caso, con las excepciones que\nresulten de esta ley, las firmas serán autenticadas por la de una persona\nprofesional en derecho autorizada para litigar. Si se omitiera el requisito, se\nprevendrá a la parte para que se presente a autenticarlas, dentro de un plazo\nde tres días naturales, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se\ndeclarará ineficaz la presentación del escrito.\n\nArtículo 463.-\n\nNo se exigirán copias de los escritos\ny documentos que se aporten al proceso. Los documentos originales, cuya pérdida\npuede causar perjuicio irreparable, serán certificados a costa de la parte\ninteresada, quedarán en la caja del respectivo despacho y serán mostrados a la\nparte contraria, si esta los pidiera.\n\nEl despacho brindará a las partes las\nfacilidades para que en cualquier momento, durante la jornada laboral, puedan\nobtener por su cuenta copias de las piezas de los expedientes.           \n\nArtículo 464.-\n\nEn todos los actos procesales será\nobligatorio el uso del idioma español. En los actos procesales en los cuales\nintervenga una persona que requiera el uso del idioma lesco\no de idiomas indígenas será de carácter obligatorio su traducción, según sea el\ncaso. Los documentos redactados en otro idioma y ofrecidos como prueba por la\nparte trabajadora deberán traducirse por cuenta del despacho. Los que ofrezca\nla parte empleadora en esas condiciones serán traducidos por su cuenta. Estas\ntraducciones podrán ser realizadas por un notario público, bajo su\nresponsabilidad, en caso de conocer el idioma, de conformidad con lo indicado\nen el Código Notarial. El notario no podrá ser a su vez el abogado de una de\nlas partes. Cuando los declarantes no hablen español o no puedan comunicarse\noralmente, la declaración se tomará con el auxilio de un intérprete a cargo de\nla parte proponente, si se trata de la empleadora o, por cuenta del despacho,\ncuando el proponente sea la trabajadora. Si en el respectivo circuito judicial\nse contara con el servicio de intérprete en el idioma específico, será este\nquien en cualquiera de los dos supuestos mencionados auxilie, como parte de sus\nfunciones, al funcionario encargado de recibir la declaración.\n\nArtículo 465.-\n\nLos representantes legales de toda\npersona jurídica, incluidas las organizaciones sociales, deberán demostrar su\npersonería mediante el respectivo documento o invocando la publicación, en caso\nde que esté permitido hacerlo de ese modo. Si su comparecencia lo es como parte\nactora, la personería del representante debe comprobarse en el acto de la\nprimera presentación y, si lo fuera como demandada, es suficiente que el actor\nen el escrito de demanda indique el nombre o la razón social, en cuyo caso el\ntraslado se notificará válidamente en la sede social con la persona que ante la\nparte demandante fungió como representante, en los términos del artículo 5 de\neste Código o con quien en ese momento figure como encargado o atienda al\npúblico los intereses de la empresa.\n\nLa carga de probar la personería\nlegal le corresponde a la parte demandada, quien deberá hacerlo al realizar su\nprimera presentación. Si se presentara alguna omisión, se prevendrá suplirla\ndentro del tercer día, bajo pena de considerar ineficaz la presentación.\n\nSe considera un deber de la parte\ndemandada, derivado del principio de lealtad procesal, hacer al tribunal las\nobservaciones necesarias sobre su nombre o razón social, para que se hagan las\ncorrecciones que fueran del caso.\n\nLa falta de esas indicaciones no será\ncausa de nulidades futuras y en cualquier tiempo podrán hacerse las\ncorrecciones pertinentes, aun cuando haya sentencia firme, siempre y cuando las\nmodificaciones en los sujetos procesales no impliquen sustituciones que violen\nel debido proceso.\n\nEn los casos en que se halle\ndemostrada la personería, el traslado se le podrá notificar al representante\nválidamente en la sede social, el centro de trabajo o la casa de habitación.\n\nNo será necesario que en el proceso\nse compruebe la personería del Estado o ente público que figure como demandante\no demandado. Cada despacho deberá tener un registro de personerías, para cuya\nactualización realizará las prevenciones pertinentes.\n\nArtículo 466.-\n\nTodos los días y las horas son\nhábiles para realizar las actuaciones judiciales. Sin embargo, cuando en este\nCódigo se fijen términos o plazos en días para la realización de actuaciones\njudiciales, se entenderá que se trata de días ordinariamente hábiles según la\nley.\n\nLas providencias y los autos deberán\ndictarse dentro del tercer día. La sentencia en la audiencia se dictará al\nfinal de esa actividad, salvo disposición expresa en contrario, y en los\nasuntos en que no se celebra audiencia se emitirá dentro de los cinco días\nsiguientes a aquel en que queden listos los autos para dictarla.\n\nLas personas que funjan como\ntitulares de los órganos jurisdiccionales, las encargadas de la tramitación de\nlos procesos y las que laboran como sus asistentes velarán por el cumplimiento\nde los plazos judiciales y porque todas las actividades dispuestas en el proceso\nse realicen con prontitud y corrección, de modo que el proceso alcance su fin\nde forma oportuna; lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades\nprevistas en la Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de\n1993.\n\nArtículo 467.-\n\nLas gestiones escritas se presentarán\ndirectamente en el despacho judicial al que van dirigidas o en el sitio\nprevisto por la organización judicial para hacer esas presentaciones y sus\nefectos se producirán, en este último caso, el día y la hora de la presentación,\ncon independencia de la jornada ordinaria de trabajo del despacho respectivo.\n\nPodrán ser enviados por fax u otro\nmedio idóneo que se encuentre a disposición del despacho, sin que sea necesaria\nla presentación del original, salvo que la parte contraria alegara alteración\ndel escrito.\n\nLas gestiones escritas presentadas\nequivocadamente en un despacho u oficina que no corresponde, surtirán efecto a\npartir del momento en que sean recibidas por el órgano que debe conocerlas.\n\nArtículo 468.-\n\nCada proceso dará lugar a la\nformación, con foliación ordenada y numerada, de expedientes físicos, los\ncuales también podrán ordenarse de forma electrónica.\n\nArtículo 469.-\n\nLa práctica de las notificaciones y todo\nlo relativo a ese acto procesal se regirá por la ley especial de\nnotificaciones, salvo que en este Código o en sus leyes conexas se disponga\notra cosa. Sin embargo, los órganos de la justicia laboral podrán disponer, en\ncasos de urgencia, formas rápidas de notificación, por medio del propio órgano\no de medios de comunicación que garanticen la realización efectiva del acto.\n\nLas resoluciones que se dicten en las\naudiencias orales se notificarán de forma oral, en el mismo acto de dictarlas o\nen la oportunidad que se señale para hacerlo.\n\nSECCIÓN II\n\nActividad defectuosa, saneamiento y\nrégimen de nulidades\n\nArtículo 470.-\n\nLas actuaciones jurisdiccionales\ndeberán cumplir las disposiciones que ajustan la competencia de los jueces y\nconsagran las ritualidades establecidas para garantizar el debido proceso.\n\nLos titulares de los órganos\njurisdiccionales velarán por el cumplimiento de esas disposiciones, de tal\nmanera que no se produzca, en ningún momento, denegación del acceso a la\njusticia o se afecte el derecho de defensa.\n\nArtículo 471.-\n\nProcederá la nulidad:\n\n1) De las actuaciones realizadas por quien no tiene\ncompetencia para llevarlas a cabo, porque la ley no se la confiera y no haya\nposibilidad de prórroga, o porque la potestad jurisdiccional le esté suspendida\no se haya extinguido de acuerdo con la ley, o bien, porque se haya declarado\ncon lugar una recusación contra quien emitió el acto o participó en él.\n\n2) De las actuaciones de los tribunales colegiados\nrealizadas sin la debida integración.\n\n3) De las actuaciones de quien se encuentre impedido para\nintervenir en el proceso o del tribunal a cuya formación haya concurrido un\nintegrante con impedimento, siempre que el motivo conste en el expediente o\ndeba ser de conocimiento del funcionario, y no haya transcurrido el plazo para\npresentar protestas por esta causa.\n\n4) De lo actuado en el proceso, cuando este se ha seguido\ncon una persona carente de capacidad procesal o con indebida o insuficiente\nrepresentación.\n\n5) Por la falta del emplazamiento, notificación\ndefectuosa que produzca indefensión a las partes o intervinientes procesales,\nfalta de citación a la parte para alguna actividad procesal que implique\nindefensión, omisión de traslados para referirse a probanzas y formular, cuando\nello esté previsto, alegatos de conclusiones o de expresión de agravios.\n\n6) De las actuaciones o diligencias en\nlas cuales se le ha impedido, sin justa causa, intervenir a la parte o a su\nabogado o abogada.\n\n7) Por violación del principio de inmediación.\n\n8) Respecto de las actuaciones realizadas en contra de\nnormas prohibitivas.\n\n9) Cuando de alguna manera se ha impedido el acceso a la\njusticia o al derecho de defensa, o se ha incurrido en la violación del debido\nproceso.\n\n10) En los demás casos expresamente\nprevistos en la ley.\n\nArtículo 472.-\n\nLa nulidad podrá decretarse a\nsolicitud de parte. Si se pidiera antes de la audiencia, el órgano puede\ndecretarla oyendo a la parte contraria por tres días.\n\nSi para valorar la solicitud hecha\nfuera necesaria la evacuación de pruebas y cuando la nulidad se pida durante la\naudiencia, se substanciará en esa actividad procesal.\n\nLa petición de nulidad de actuaciones\nposteriores se tramitará de la forma indicada en el párrafo segundo de este\nartículo y la evacuación de pruebas se hará en audiencia única y exclusivamente\ncuando sea necesario para el respeto del principio de la inmediación.\n\nLa nulidad de las resoluciones, por\nvicios intrínsecos a ellas, deberá alegarse concomitantemente con los recursos\nque quepan contra el respectivo pronunciamiento. Cuando no tengan ulterior\nrecurso, la nulidad deberá pedirse dentro del tercer día, después de notificada\nla resolución.\n\nLa petición de nulidad que pueda\nalegarse después de concluido el proceso se tramitará en la vía incidental.\n\nArtículo 473.-\n\nLa nulidad de los actos viciados\ntambién podrá declararse de oficio mientras subsista la competencia del órgano,\ncuando el quebranto procesal sea evidente; salvo en los casos de las sentencias\ny los autos con carácter de sentencia.\n\nSi la nulidad viciara actuaciones de\nun órgano superior, el competente para decretarla será este último y lo que\nresuelva no tendrá ulterior recurso.\n\nArtículo 474.-\n\nLos vicios procesales deberán ser\ncorregidos, subsanados o saneados y la nulidad se decretará, únicamente, cuando\nla subsanación no sea posible; pero en tal caso se procurará siempre evitar la\npérdida, repetición o destrucción innecesarias de etapas del proceso, los actos\no las diligencias cumplidos y se conservarán todas las actuaciones que en sí\nmismas sean válidas, de modo que puedan ser aprovechadas, una vez que el\nproceso se ajuste a la normalidad.\n\nEn el supuesto indicado en el inciso\n4) del artículo 471, la parte incapaz o indebidamente representada puede\naprovecharse del resultado de la actividad procesal en lo que le fuera\nfavorable, por medio de la ratificación de las actuaciones realizadas\nindebidamente, por parte del representante legítimo.\n\nArtículo 475.-\n\nLas nulidades no reclamadas durante\nel proceso y en las oportunidades señaladas se tendrán como definitivamente\nconsentidas y subsanadas. Únicamente en los supuestos de falta de capacidad de\nalguna de las partes, indebida o insuficiente representación, falta del\nemplazamiento y la defectuosa notificación de este último a quien perjudique el\nresultado del proceso, con efectiva indefensión, podrá hacerse valer el vicio\ndespués de la sentencia con autoridad de cosa juzgada. En estos supuestos, el\nderecho de pedir la nulidad caducará en el término de un año, a partir de la\nmayoridad de la parte, cuando hubiera figurado como tal siendo menor de edad,\nsi al mismo tiempo ha debido conocer dicho resultado y, en los demás casos, a\npartir del momento en que la parte se halle en capacidad de ejercitar sus\nderechos, si al mismo tiempo es o ha sido conocedora de la sentencia o, en el\ncaso contrario, desde el momento en que razonablemente deba considerarse que\ndeba haber sabido de su existencia.\n\nLas solicitudes de nulidad,\nreiterativas de otras ya denegadas en otras fases del proceso, serán\ninatendibles y se rechazarán de plano, salvo las que fundamenten algún medio de\nimpugnación admisible.\n\nSECCIÓN III\n\nRégimen probatorio\n\nArtículo 476.-\n\nLa actividad probatoria en el proceso\nlaboral tiene como objetivo fundamental la búsqueda de la verdad material. Las\npartes, por medio de un comportamiento de buena fe, deben cooperar con los\ntribunales de justicia en el acopio de los elementos probatorios necesarios\npara resolver con justicia los conflictos sometidos a su conocimiento, y los\ntitulares de esos órganos pondrán todo su empeño y diligencia para la\nconsecución de dicho objetivo.\n\nArtículo 477.-\n\nEn principio, la carga de la prueba\nde los hechos controvertidos, constitutivos e impeditivos le corresponde a\nquien los invoca en su favor.\n\nEl concepto de carga debe entenderse\ncomo la obligación de la parte de ofrecer, allegar o presentar la probanza en\nel momento procesal oportuno.\n\nArtículo 478.-\n\nEn los conflictos derivados de los\ncontratos de trabajo, le corresponde a la parte trabajadora la prueba de la\nprestación personal de los servicios y, a la parte empleadora, la demostración\nde los hechos impeditivos que invoque y de todos aquellos que tiene la\nobligación de mantener debidamente documentados o registrados.\n\nEn todo caso, le corresponderá al\nempleador o la empleadora probar su dicho, cuando no exista acuerdo sobre:\n\n1) La fecha de ingreso del trabajador o la trabajadora.\n\n2) La antigüedad laboral.\n\n3) El puesto o cargo desempeñado y la naturaleza o las\ncaracterísticas de las labores ejecutadas.\n\n4) Las causas de la extinción del contrato.\n\n5) La entrega a la persona trabajadora de la carta de\ndespido, con indicación de las razones que motivaron la extinción de la\nrelación laboral.\n\n6) El pago completo de las obligaciones salariales,\nincluidos sus montos y componentes, cuando así se requiera; las participaciones\nen utilidades, ventas o cobros; incentivos y demás pluses, convencional o\nlegalmente establecidos.\n\n7) La clase y duración de la jornada de trabajo.\n\n8) El pago o disfrute de los días feriados, descansos,\nlicencias, aguinaldo y vacaciones.\n\n9) El cumplimiento de las obligaciones correspondientes\nal sistema de seguridad social.\n\n10) La justificación de la objetividad, racionalidad\ny proporcionalidad de las medidas o las conductas señaladas como\ndiscriminatorias en todas las demandas relacionadas con discriminaciones.\n\n11) Cualquier otra situación fáctica cuya\nfuente probatoria le sea de más fácil acceso que al trabajador o la\ntrabajadora.\n\nArtículo 479.-\n\nPuede ofrecerse todo medio probatorio\nque sirva a la convicción del tribunal, admisibles en derecho público y en\nderecho común, siempre que no esté expresamente prohibido ni sea contrario al\norden público o a la moral. Particularmente, podrán ofrecerse los siguientes:\n\n1) Declaración de la parte.\n\n2) Declaración de testigos, incluidos los testigos\nperitos.\n\n3) Declaración de funcionarios públicos.\n\n4) Dictámenes de peritos.\n\n5) Documentos e informes de funcionarios.\n\n6) Reconocimiento judicial.\n\n7) Medios científicos.\n\n8) Reproducciones gráficas o sonoras.\n\n9) Confesión de la parte.\n\nCuando se pida la declaración o la\nconfesión de la parte, deberán indicarse, de manera concreta, los hechos sobre\nlos cuales ha de interrogarse.\n\nLos testigos podrán ofrecerse sobre\nlos hechos generales, hasta en un número máximo de cuatro, o bien por hechos\nconcretos. En este último caso, solo serán admisibles dos testigos por hecho.\n\nArtículo 480.-\n\nNo requieren prueba las normas de\nderecho internacional o interno debidamente publicadas, los hechos notorios,\nlos que se encuentren amparados por una presunción legal y los ya probados,\nadmitidos o confesados. Si se invocara como fuente de una pretensión una norma\nconvencional o reglamentaria interna de la parte demandada, su existencia debe\nacreditarse por quien la hace valer. De ser necesario, a solicitud de la parte\ninteresada, se prevendrá a la empleadora en el traslado de la demanda a aportar\nun ejemplar de la respectiva normativa. El incumplimiento de la prevención se\ntendrá como un acto de deslealtad procesal y la existencia de la norma o\ndisposición podrá reputarse como existente, en los términos en que fue invocada\npor la parte demandante.\n\nLas pruebas practicadas o evacuadas\nválidamente en un proceso podrán incorporarse en otro sin necesidad de\nratificación, cuando sea imposible o innecesario, a criterio del tribunal,\nrepetirlas. La ratificación de la declaración de testigos solo procederá cuando\nen el proceso anterior no han intervenido las mismas partes, en cuyo caso las\npartes podrán hacer las preguntas que estimen necesarias en el acto de la\nratificación.\n\nLos procesos administrativos se\nincorporarán como parte de los procesos jurisdiccionales que se interpongan por\nla misma causa y se tomarán como prueba, conjuntamente con los elementos de\nconvicción en ellos incorporados, salvo que la impugnación involucre su\ninvalidez y esta se estime procedente.\n\nArtículo 481.-\n\nLas pruebas se valorarán respetando\nel resultado del contradictorio, con criterios lógicos, de la experiencia, la\nciencia, el correcto entendimiento humano y las presunciones humanas o legales.\n\nDeberán expresarse los fundamentos\nfácticos, jurídicos y de equidad de las conclusiones y las razones por las\ncuales se les ha conferido menor o mayor valor a unas u otras.\n\nSi bien la apreciación debe llevarse\na cabo de forma armónica en atención al conjunto probatorio, es prohibido hacer\nuna referencia general a este último como único fundamento de una conclusión,\nsin hacer la indicación concreta de los elementos particulares y de derecho que\nsirven de apoyo.\n\nArtículo 482.-\n\nCuando la parte dispone de los\ndocumentos en los que constan las pruebas de los hechos controvertidos debe\nsuministrarlos al proceso, si es requerida para ello. Si no lo hace\ninjustificadamente, su comportamiento puede tenerse como malicioso y\nconsiderarse que la documentación omitida le da razón a lo afirmado por la\nparte contraria.\n\nArtículo 483.-\n\nEn el supuesto de atribución específica\nde la carga procesal a los empleadores, señalados en el inciso final del\nartículo 478, los tribunales tendrán facultades suficientes para requerir todas\nlas pruebas que el caso amerite y valorarán la verosimilitud de las aserciones\nde la demanda con prudencia, de modo que impidan cualquier abuso derivado de\nesa atribución.\n\nArtículo 484.-\n\nCuando deban aplicarse normas de\nderecho público deberán respetarse los requisitos de validez y prueba de los\nactos exigidos por el ordenamiento, así como los valores establecidos de forma\nparticular para determinados elementos probatorios, presunciones y principios,\nestablecidos como criterios de valoración o fuerza probatoria, o que resulten\nde aplicación de acuerdo con la respectiva doctrina.\n\nArtículo 485.-\n\nLas fotocopias de documentos o\ntextos, aunque no estén firmadas, podrán ser apreciadas como elementos\nprobatorios, salvo que la parte a quien se oponen las haya impugnado y al mismo\ntiempo desvirtuado su contenido.\n\nArtículo 486.-\n\nLos tribunales de trabajo podrán\nordenar las pruebas complementarias que juzguen necesarias para resolver con\nacierto los casos sometidos a su conocimiento, incluyendo elementos probatorios\nnuevos o no propuestos por las partes, hasta antes de dictarse la sentencia.\nSin embargo, en los casos que se refieran al pago de cuotas obrero-patronales o\nal cumplimiento de otras obligaciones con la seguridad social, los tribunales\nde trabajo deberán solicitar, de oficio, el informe respectivo a la Caja\nCostarricense de Seguro Social (CCSS).\n\nLas pruebas, una vez recibidas y de\nprevio a cualquier resolución, deberán ser puestas a conocimiento de las\npartes. La misma regla se aplicará en relación con las pruebas anticipadas o\nirrepetibles, siempre y cuando estas hayan sido previamente ordenadas,\ncomunicadas y dirigidas por el juez respectivo respetando los principios de\ninmediación y comunidad de la prueba.\n\nSECCIÓN IV\n\nAcumulación de pretensiones y fuero\nde atracción\n\nArtículo 487.-\n\nLa acumulación de pretensiones solo\nserá procedente cuando se haga en el mismo acto de la demanda o mediante\nreconvención, siempre y cuando se den los requisitos para la procedencia de la\nacumulación, según la ley común; que todas las demandas sean propias de la\ncompetencia de los tribunales de trabajo o íntimamente vinculadas a las\nrelaciones substanciales que sirven de base a las pretensiones propias de su\njurisdicción, y que la vía señalada para tramitarlas sea la misma para todas.\n\nSi dos o más procesos, conexos entre\nsí, se inician por separado, la acumulación procederá únicamente si ambos\nradican en la jurisdicción especial de trabajo y su tramitación sea la misma\npara todos, siempre y cuando no se hubiera celebrado la audiencia o dictado la\nsentencia de primera instancia, en los casos donde no existe el trámite de\naudiencia.\n\nLa acumulación podrá ordenarse de\noficio, sin recurso alguno, cuando los procesos radiquen en un mismo despacho;\nde lo contrario, se estará al trámite de la acumulación señalado en la\nlegislación procesal civil.\n\nArtículo 488.-\n\nLos asuntos laborales no estarán\nsujetos a fuero de atracción por los procesos universales. Su trámite se podrá\niniciar o continuar con el albacea, curador o interventor.\n\nEl órgano de la jurisdicción\nordenará, de oficio o a solicitud de parte, la anotación en el proceso\nuniversal, tanto de la demanda como de la sentencia y de las liquidaciones, en\nsu momento oportuno.\n\nEl órgano que conoce del proceso\nuniversal remitirá al tribunal laboral el producto de la liquidación necesario\npara cubrir el principal y los accesorios fijados. La parte actora estará\nlegitimada para gestionar en el proceso universal la liquidación de bienes y el\ntraslado del producto necesario a su proceso, para la satisfacción de los\nderechos dentro de este, o su pago directo, según el orden de preferencia\nestablecido en la ley.\n\nLos créditos laborales no soportarán\ngastos de la masa, a menos que del producto de la liquidación no sobre lo\nsuficiente para cubrirlos.\n\nSECCIÓN V\n\nProcedimientos cautelares y\nanticipados\n\nArtículo 489.-\n\nAntes de iniciarse el proceso y\ndurante su tramitación, inclusive en la fase de ejecución, el órgano\njurisdiccional podrá ordenar las medidas cautelares adecuadas y necesarias para\nproteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad\nde la sentencia.\n\nTambién, podrá ordenar cualquier\nmedida preparatoria o anticipada necesaria para la preservación del ejercicio\nde un futuro derecho, así como cualquier otra medida atípica que no exceda los\nlímites de racionalidad y proporcionalidad. En estos casos, el órgano puede\ndisponer de forma prudente todo lo necesario para lograr el objetivo de la\nmedida, de modo que no se incurra en extralimitaciones.\n\nCon respecto a la tipología de las\nmedidas, tanto cautelares como preparatorias, a los efectos y a la forma de\npracticarlas, sustituirlas o levantarlas, se estará a lo dispuesto en la\nlegislación procesal civil, con las excepciones que se indican a continuación.\n\nArtículo 490.-\n\nLas medidas se ordenarán a solicitud\nde parte y de oficio únicamente en los casos expresamente previstos en la ley.\nAl ponerlas en práctica los tribunales actuarán diligentemente, de manera que\nno se frustre el fin perseguido y estos, además de las tipologías previstas en\nla ley común, podrán hacer uso de cualquier otra medida, si se considera\nnecesaria para garantizar el eventual futuro derecho.\n\nArtículo 491.-\n\nEl embargo preventivo procederá sin\nnecesidad de fianza, cuando haya evidencia de que el patrimonio del deudor corre\npeligro de desmejorarse durante la tramitación del proceso, como garantía de\nlos eventuales derechos del trabajador o la trabajadora, tornándolo\ninsuficiente. Con el propósito de comprobar \"prima facie\" la prestación\npersonal del servicio y la veracidad del hecho o los hechos en que el pedimento\nse apoya, esa parte deberá ofrecer el testimonio de dos personas, así como\ncualquier otro elemento probatorio que juzgue importante. Las probanzas se\nsustanciarán sumariamente de forma escrita, aun sin asistencia de la parte\ncontra quien se solicita la medida y, al valorarse la situación, los tribunales\nactuarán con prudencia, de manera tal que el embargo sea proporcionado y no se\nutilice de forma innecesaria o abusiva. La prueba testimonial evacuada solo tendrá\neficacia para sustentar la medida del embargo.\n\nSi el embargo se solicitara como acto\nprevio a la demanda, la presentación de esta última deberá hacerse a más tardar\ndiez días después de practicado. Si no lo hiciera, de oficio o a solicitud de\nparte, se revocará la medida y se condenará al solicitante al pago de los daños\ny perjuicios en el tanto de un diez por ciento (10%) del monto del embargo.\nEstas consecuencias serán advertidas en la resolución inicial. Su fijación y\ncobro mediante la vía del apremio patrimonial se hará\nen el mismo proceso.\n\nArtículo 492.-\n\nEl arraigo se decretará sin más\ntrámite ni garantía. Si se solicita como previo a la demanda, esta deberá\npresentarse dentro de los tres días siguientes a la notificación; de lo\ncontrario, se levantará de oficio o a petición de parte y se condenará al\npeticionario al pago de los daños y perjuicios correspondientes. Se ejecutará\nde la misma forma indicada en la norma anterior.\n\nEl arraigo consistirá en la\nprevención del juez al demandado de que este debe estar a derecho con el\nnombramiento de un representante legítimo, suficientemente instruido para\nsostener el proceso y comprometer a la parte representada. En ningún caso se le\ndará a la medida de arraigo efectos contrarios a la libertad de tránsito de las\npersonas.\n\nEn caso de personas jurídicas o de la\nAdministración Pública, el arraigo solo se decretará si no existe otro\napoderado o representante con poder suficiente residente en el país.\n\nArtículo 493.-\n\nEn los procesos contra el Estado o\ncualquiera de sus instituciones u órganos, que sea de conocimiento de la\njurisdicción laboral y que no versen sobre la violación de fueros especiales de\ntutela, cuya pretensión tenga como efecto la reinstalación al puesto de\ntrabajo, podrá plantearse como medida cautelar la suspensión de los efectos del\nacto de despido o, en su caso, la reinstalación provisional de la persona\ntrabajadora.\n\nLa medida cautelar será procedente\ncuando la ejecución o permanencia de la conducta administrativa sometida a\nproceso pueda ser fuente de daños y perjuicios, actuales o potenciales, de\ndifícil o imposible reparación.\n\nLa medida también será procedente en\nsupuestos no regidos por el derecho público, cuando en proceso judicial se\nimpugne la validez o la injusticia del acto del despido y se invoque alguna\nnorma de estabilidad.\n\nEl órgano jurisdiccional, al\npronunciarse sobre la solicitud, ponderará no solo la seriedad de la petición y\nlos intereses cuya tutela provisional se pide, sino también las eventuales\nlesiones que se puedan producir al interés público o a la armonía o seguridad\nde las empresas, de manera tal que no se afecten el funcionamiento de la\norganización o entidad, ni el buen servicio, disponiendo o manteniendo\nsituaciones inconvenientes. La satisfacción del interés público se tendrá, al\nresolverse estas situaciones, como valor preeminente.\n\nArtículo 494.-\n\nLa solicitud se sustanciará en\nproceso incidental. Si lo que se pide es la suspensión de los efectos del acto,\nal dársele curso a la articulación, se ordenará a la autoridad administrativa\nno ejecutar el acto hasta tanto no se resuelva la solicitud, apercibiéndola de\nque el incumplimiento la hará incurrir en el delito de desobediencia a la\nautoridad y en el pago de salarios caídos. La notificación se hará\nlegítimamente por cualquier medio escrito, inclusive por la propia parte\ninteresada, si comprueba al despacho el recibido de la comunicación.\n\nLa reinstalación se regirá en lo\npertinente por lo dispuesto en el capítulo que regula el procedimiento de\nejecución.\n\nEn todo supuesto de violación de\nfueros especiales de tutela, la reinstalación precautoria se regirá por lo\nseñalado en el procedimiento previsto para esos casos.\n\nCAPÍTULO SEXTO\n\nProcedimiento ordinario\n\nSECCIÓN I\n\nPretensiones, traslado y excepciones\n\nArtículo 495.-\n\nSe sustanciará en el procedimiento\nordinario toda pretensión para la cual no exista un trámite especialmente\nseñalado.\n\nLa demanda deberá ser presentada, por\nescrito o en formato electrónico, en los despachos en los cuales se tramiten\nlos procesos en forma virtual. Obligatoriamente contendrá:\n\n1) El nombre del actor, sus calidades, el número del\ndocumento de su identificación, y su domicilio y dirección exactos, si los\ntuviera.\n\n2) El nombre del demandado, sus calidades, el domicilio y\nla dirección exactos. Si se tratara de una persona jurídica o de una\norganización empresarial, se deberá hacer referencia al nombre o la razón\nsocial del centro de trabajo y, de ser posible, al nombre de la persona o las\npersonas bajo cuya dirección se ha laborado.\n\n3) La indicación del lugar donde se han prestado los\nservicios.\n\n4) Los hechos y los antecedentes del caso, relacionados\ncon el objeto del proceso, expuestos uno por uno, numerados y especificados.\n\n5) Las pretensiones que se formulen, las que deben\nexponerse de forma clara y separada unas de otras, debiendo indicarse cuáles\nson principales y cuáles subsidiarias, en el supuesto de que la modalidad de la\npretensión incluya a estas últimas. Cuando se reclamen daños y perjuicios\ndeberá concretarse el motivo que los origina, en qué consisten y su estimación,\nla cual podrá hacerse de forma prudencial.\n\n6) El ofrecimiento detallado de todos los medios de\nprueba. La documental debe presentarse en ese acto. Podrá solicitarse en la demanda\norden del tribunal, que este no negará a menos que lo pedido sea ilegal, para\nobtener de registros o archivos, particulares o privados, informes\ndocumentados, constancias o certificaciones que sean de interés para el\nproceso. Es obligación de la parte diligenciar directamente la obtención de\nesas pruebas. Deberá advertirse a los destinatarios que deben cumplir lo\nordenado en un plazo máximo de cinco días, bajo pena de incurrir en el delito\nde desobediencia a la autoridad. El tribunal dispondrá, en cada caso, si la\nprueba debe ser entregada a la parte o remitida por el destinatario de la orden\ndirectamente al tribunal. La prueba podrá ser evacuada por medios electrónicos,\ndirectamente por el órgano.\n\nLa parte puede proponer prueba\npericial a su costa, aun en los casos en que, de acuerdo con la ley, deba\nnombrarse un perito del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Si el\nofrecimiento fuera hecho por ambas partes, el nombramiento recaerá en una misma\npersona y se hará de acuerdo con las disposiciones de la legislación procesal\ncivil o mediante terna que se pedirá por cualquier medio de comunicación,\nincluido el electrónico, al respectivo colegio profesional. El ofrecimiento de\nprueba pericial por las partes no excluye la designación de peritos oficiales,\ncuando así esté dispuesto o permitido por las leyes.\n\n7) La dirección para notificar a la parte demandada. Si\npara ese efecto fuera necesario comisionar a otra autoridad, la parte actora\npodrá hacer llegar la comisión a la respectiva autoridad y suministrarle la\ninformación que se requiera para realizar el acto; de lo contrario, el despacho\nhará el envío por correo certificado o comunicación electrónica.\n\n8) Cuando así se requiera, la prueba de\nla cual se deduzca que la vía administrativa está agotada.\n\n9) El lugar, la forma o el medio electrónico para atender\nla notificación de las resoluciones escritas.\n\n10) La parte actora podrá estimar su\ndemanda como una de menor cuantía, en cuyo caso el proceso seguirá el\nprocedimiento especial regulado en el artículo 539 de este Código.\n\nArtículo 496.-\n\nCuando la demanda no cumpla los\nrequisitos antes señalados, excepción hecha del que se refiere al agotamiento\nde la vía administrativa, el juzgado ordenará su subsanación dentro del plazo\nde cinco días; para ello, deberá indicar los requisitos omitidos o incompletos,\nbajo pena de ordenar la inadmisibilidad y el archivo del expediente. El archivo\nprovocará el fenecimiento del asunto desde el punto de vista procesal y solo\npodrá readmitirse para su trámite subsanándose las omisiones o los defectos\nprevenidos, teniéndose la demanda como no puesta para todo efecto.\n\nTambién, ordenará a la parte integrar\ndebidamente la litis, cuando esta se encuentre\nincompleta o incorrectamente planteada e indicará las omisiones en que hubiera\nincurrido sobre extremos irrenunciables, para que, si a bien lo tiene, los\nincorpore como parte de la demanda o contrademanda, hasta la fase preliminar de\nla audiencia. Sin embargo, cuando el defecto en la integración se origine en un\nlitis consorcio pasivo necesario, la integración\npodrá ordenarse de oficio.\n\nArtículo 497.-\n\nPresentada la demanda en debida\nforma, se dará traslado de esta por un plazo perentorio de diez días para su\ncontestación. En esta se expondrá con claridad si se rechazan los hechos o si\nse admiten con variantes o rectificaciones, y se deberán ofrecer todas las\npruebas de interés para la parte y hacer el respectivo señalamiento del lugar y\nla forma o medio para notificaciones. En cuanto a la aportación de las pruebas\npor la parte, se aplicará también lo dispuesto para la demanda, inclusive en lo\nque respecta a prueba pericial, en los casos en que debe designarse un perito\noficial.\n\nTambién, en el escrito de\ncontestación podrá presentarse contrademanda. Esta última solo es posible proponerla\nen el procedimiento ordinario y se regirá en lo pertinente por lo dispuesto en\nlos dos artículos anteriores, pero la declaratoria de inadmisibilidad hará\nimposible su reiteración dentro del mismo proceso.\n\nEn los casos de demandas relacionadas\ncon conflictos colectivos jurídicos, se estará también a lo dispuesto en el\nartículo 446.\n\nArtículo 498.-\n\nLa contrademanda, cuando la hubiera,\nserá trasladada a la parte reconvenida por diez días y su contestación se\najustará a lo dicho en el artículo anterior. Es suficiente la notificación de\nese traslado a la parte reconvenida en el lugar o medio señalado para\nnotificaciones.\n\nAl darse el traslado de\nla demanda y contrademanda, se prevendrá a la parte de que si no contesta en el\ntérmino concedido o no responde de forma clara, se le tendrá por allanada en\ncuanto a los hechos no contestados o no respondidos según queda dicho, los que\nse tendrán por ciertos en sentencia, salvo que en el expediente existan\nelementos probatorios que los desvirtúen.\n\nTambién, en ese mismo momento\nprocesal se ordenarán las peritaciones a cargo de las dependencias oficiales\nque se ofrezcan o que sea necesario evacuar por estar así previsto en la ley,\nlo cual se comunicará de inmediato a los órganos correspondientes, para que las\npractiquen.\n\nArtículo 499.-\n\nLa presentación de la demanda, en sí\nmisma considerada, así como el emplazamiento, debidamente notificado, producen\nla interrupción de la prescripción. El emplazamiento provoca, además, una\nsituación de pendencia, durante la cual y hasta la firmeza de la sentencia\nproducirá efectos interruptores de la prescripción de forma continuada.\n\nArtículo 500.-\n\nEn el mismo escrito de contestación\nde la demanda o la contrademanda deberán oponerse todas las defensas formales y\nde fondo, con indicación de los hechos impeditivos, las razones que sirven de\nfundamento a la oposición y ofrecerse los medios de prueba que le correspondan.\n\nEn caso de despido, el empleador o la\nempleadora solo podrá alegar como hechos justificantes de la destitución los\nindicados en la carta de despido entregada a la persona trabajadora, de la\nforma prevista en el artículo 35 de este mismo Código, o tomados en cuenta en\nel acto formal del despido, cuando ha sido precedido de un procedimiento\nescrito.\n\nSe podrá justificar la falta de la\nentrega de la carta y alegar las conductas atribuidas como causa del despido\nsin responsabilidad, si al mismo tiempo se comprueba haber entregado copia del\ndocumento a la oficina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la\nforma y los términos indicados en el artículo 35 de este Código.\n\nArtículo 501.-\n\nLas pruebas de la contrademanda y\nréplica deben presentarse u ofrecerse en la misma forma establecida para la\ndemanda y las relacionadas con las excepciones en el momento en que la parte\ndeba referirse a ellas o, a más tardar, en la fase preliminar de la audiencia o\nen la audiencia preliminar, cuando la substanciación del proceso se lleve a\ncabo en dos audiencias.\n\nArtículo 502.-\n\nLas partes no tienen obligación de indicar\nlos fundamentos jurídicos de las proposiciones, pero deben plantearlas con\nclaridad y precisión e indicar las razones que a su juicio las amparan.\n\nArtículo 503.-\n\nSerán de previa resolución las\nsiguientes excepciones:\n\n1.- Compromiso arbitral.\n\n2.- Falta de competencia.\n\n3.- Falta de agotamiento de la vía\nadministrativa, cuando la parte hubiera optado por ese trámite.\n\n4.- Falta de capacidad de la parte,\ninexistencia o insuficiencia de la representación.\n\n5.- Existencia de defectos en el escrito\nde demanda o contrademanda que a juicio de la parte que la interpone impiden\nverter pronunciamiento válido sobre el fondo.\n\n6.- Litispendencia.\n\n7.- Indebida acumulación de pretensiones.\n\n8.- Improcedencia del proceso elegido.\n\n9.- Indebida integración de la litis.\n\nLa excepción de incompetencia deberá\nser resuelta antes de la etapa de audiencias y se estará a lo dispuesto en la\nsección III del capítulo primero de este título.\n\nLas otras excepciones previas se\nreservarán para ser conocidas en la audiencia preliminar o en la fase\npreliminar de ese acto procesal en los procesos de única audiencia, con\nevacuación de las pruebas que las respalden.\n\nLa improcedencia de la vía escogida\npodrá apreciarse también de oficio, para efectos de orientar la tramitación del\nproceso.\n\nArtículo 504.-\n\nSi bien todas las excepciones\nmateriales pueden oponerse hasta en la contestación de la demanda o\ncontrademanda, las de transacción y prescripción podrán alegarse hasta en la\nfase preliminar de la audiencia en los procesos de única audiencia. En este\ncaso, serán sustanciadas sumariamente en ese mismo acto.\n\nTambién podrán oponerse en esa misma\noportunidad otras excepciones materiales, cuando los hechos en que se funden\nhubieran ocurrido con posterioridad a la contestación o hubieran llegado a\nconocimiento de la parte después del plazo para contestar.\n\nEsas mismas excepciones podrán\noponerse en la audiencia de juicio, cuando los hechos que las sustentan se\nhubieran dado o consolidado con posterioridad a la audiencia preliminar.\n\nLas excepciones materiales de cosa\njuzgada, transacción y las excepciones de caducidad, autorizadas expresamente\npor el ordenamiento sustantivo, podrán ser alegadas hasta la audiencia\ncomplementaria o de juicio, con el fin de evitar la promulgación de sentencias\ncontradictorias.\n\nArtículo 505.-\n\nSi alguna parte invocara, como\nfundamento de una excepción procesal, elementos de hecho sustanciales o\nviceversa, el error no será motivo para rechazar de plano la gestión y los\ntribunales le darán a la objeción el tratamiento correcto, según su naturaleza.\n\nSECCIÓN II\n\nSentencia anticipada\n\nArtículo 506.-\n\nSi la parte demandada se allanara a\nlas pretensiones del actor, no contestara oportunamente la demanda o no hubiera\nrespondido todos los hechos de la demanda, de la forma prevista en este Código,\nse dictará sentencia anticipada, en la cual se tendrán por ciertos esos hechos\ny se emitirá pronunciamiento sobre las pretensiones deducidas, siempre y cuando\nno se hayan opuesto excepciones que, con independencia de la contestación,\nrequieran ser debatidas en audiencia.\n\nAl emitir pronunciamiento, salvo el\ncaso de allanamiento, se tomarán en cuenta las pruebas que existan en el\nexpediente, que impidan tener por ciertos los hechos de la forma expuesta en la\ndemanda.\n\nArtículo 507.-\n\nCuando la certeza de los hechos de la\ndemanda solo puede establecerse parcialmente o tal certeza está referida\núnicamente a los hechos de la contrademanda, las cuestiones inciertas se\ndebatirán mediante audiencia. En esta última no se debatirá sobre los hechos\nadmitidos o que deban tenerse por ciertos.\n\nArtículo 508.-\n\nPodrá dictarse también sentencia\nanticipada, de oficio o mediante la interposición de la correspondiente\nexcepción, declarando la improponibilidad de la\ndemanda y su consiguiente archivo, cuando:\n\n1) La pretensión ya fue objeto de pronunciamiento en un\nproceso anterior con autoridad de cosa juzgada, de modo que el nuevo proceso\nsea reiteración del anterior.\n\n2) El derecho hubiera sido transado con anterioridad.\n\n3) Cuando haya evidencia de demanda simulada o el fin\nperseguido en el proceso sea ilícito o prohibido.\n\nArtículo 509.-\n\nLa prescripción y la caducidad\nautorizada expresamente por el ordenamiento sustantivo, de los derechos\npretendidos en juicio, son declarables en sentencia anticipada.\n\nArtículo 510.-\n\nLa improponibilidad\ny la caducidad pueden declararse de oficio únicamente por el juzgado de\ninstancia, pero de previo deberá oírse al respecto a las partes por tres días.\n\nSi en alguno de los casos tratados en\nlos dos artículos anteriores fuera necesario evacuar pruebas de hechos\nsustentantes o enervantes de la excepción o intención oficiosa, se postergará\nla resolución para la etapa de la audiencia.\n\nArtículo 511.-\n\nEn los asuntos de puro derecho se\ndictará la sentencia dentro de los quince días posteriores a la contestación de\nla demanda o contrademanda o, en su caso, de las excepciones interpuestas,\nprevio traslado para conclusiones.\n\nSECCIÓN III\n\nAudiencias\n\nArtículo 512.-\n\nEl proceso ordinario se sustanciará,\ncomo regla general, en una audiencia oral, la cual se dividirá en dos fases:\nuna preliminar y la otra complementaria o de juicio.\n\nArtículo 513.-\n\nSi no se estuviera en un supuesto de\nsentencia anticipada, contestada la demanda o la reconvención en su caso, y no\nhubiera ninguna cuestión que requiera solución previa, en una sola resolución\nse pondrán esas contestaciones a conocimiento de la parte contraria y se\nseñalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro\ndel mes siguiente. En esa misma resolución se emitirá pronunciamiento acerca de\nla admisibilidad de las pruebas a evacuarse en la audiencia y, en su caso, se\nfijarán los honorarios de los peritos no oficiales.\n\nArtículo 514.-\n\nLas partes podrán solicitar,\nverbalmente al despacho judicial, la entrega de cédulas de citación para los\ntestigos.\n\nEl diligenciamiento de la orden de\ncitación le corresponderá a la parte que ofreció la prueba y el documento\ndeberá ser entregado al despacho antes de la audiencia, con la debida\nconstancia de haberse hecho la citación.\n\nTambién, podrá pedirse por escrito al\njuzgado la intervención de las autoridades judiciales o de policía para llevar\na cabo la citación, cuya prueba también deberá aportarse al despacho antes de\nla celebración de la audiencia.\n\nSi la parte se ofrece o hubiera sido\nofrecida como declarante, deberá obligatoriamente comparecer a la audiencia,\nsin necesidad de ninguna citación. Su inasistencia se tendrá como acto de\ndeslealtad y podrá ser tomada en cuenta para tener por ciertos los hechos que\nse pretenden acreditar con la declaración, salvo que en el expediente existan\nelementos probatorios que los desvirtúen.\n\nArtículo 515.-\n\nQueda prohibido a los patronos negar\npermiso a los trabajadores para ausentarse del lugar donde ejecutan sus labores,\ncuando estos deban comparecer como testigos o actuar en alguna otra diligencia\njudicial. Tampoco, podrán rebajarles sus salarios por tal motivo, siempre que\nlos trabajadores muestren, por anticipado, la respectiva orden de citación o de\nemplazamiento.\n\nArtículo 516.-\n\nLas pericias oficiales se harán sin\ncosto alguno para las partes. Los honorarios de los peritos no oficiales, que\nse designen a petición de los litigantes, deberán ser cubiertos por la parte\nque los propone, dentro de los cinco días siguientes a la admisión de la\nprobanza, bajo pena de tenerla como inevacuable de\npleno derecho, si no se depositan oportunamente a la orden del despacho.\n\nLa negativa de una parte a someterse\na una valoración o la obstaculización para practicar una pericia se tendrá como\nmaliciosa o como indicio de lo que se quiere demostrar, desvirtuar o hacer\ndubitativo.\n\nA excepción de los asuntos sobre\nseguridad social, en los cuales los dictámenes deberán presentarse siempre al\njuzgado por escrito o digitalmente de forma completa, en los demás procesos\npodrá presentarse por escrito al juzgado o rendirse de forma oral en la\naudiencia cuando esta tuviera lugar. En último supuesto, el perito deberá\npresentar de forma escrita al menos las conclusiones de su dictamen. En todos\nlos casos en que se celebre audiencia, los peritos tienen el deber, bajo pena\nde ineficacia del dictamen, de comparecer a ese acto para la exposición oral de\nla experticia y posibilitar el contradictorio. En materia laboral no se\naplicará el artículo 34 de la Ley N.° 5524, Ley Orgánica del Organismo de\nInvestigación Judicial, de 7 de mayo de 1974, en cuanto le atribuye competencia\nal Consejo Médico Forense para conocer en grado, mediante recurso de apelación,\nde los dictámenes rendidos por los miembros del Departamento de Medicina Legal\nde dicho Organismo, pero se le podrá tomar criterio a ese Consejo, si así se\nordena para mejor proveer. En este caso, el dictamen se presentará de la forma\nprevista en esta sección y se discutirá, cuando sea necesario, con la\nparticipación de uno solo de sus miembros.\n\nEl incumplimiento injustificado de\nlas personas nombradas para hacer las peritaciones dará lugar a responsabilidad\ncivil y laboral, reputándose la omisión como falta grave y motivo suficiente\npara excluirlas de los respectivos roles de peritos o iniciar el respectivo\nprocedimiento disciplinario.\n\nArtículo 517.-\n\nEn la fase preliminar se realizarán\nlas siguientes actuaciones:\n\n1.- Informe a las partes sobre el objeto del\nproceso y el orden en que se conocerán las cuestiones a resolver.\n\n2.- Aclaración, ajuste y subsanación de\nlas proposiciones de las partes, cuando a criterio del juzgado sean oscuras,\nimprecisas u omisas respecto de derechos irrenunciables, tanto en extremos\nprincipales o accesorios, cuando con anterioridad se hubiera omitido hacerlo.\nSi se estimara que hay deficiencias en uno u otro sentido, se le dará al\nrespecto la palabra primero a la parte actora y después a la demandada, para\nque manifiesten lo que sea de su interés.\n\n3.- Intento de conciliación. Se tratará\nde persuadir a las partes para que solucionen el conflicto de forma conciliada\nen lo que sea legalmente posible. Para tales efectos, se les ilustrará sobre\nlas ventajas de una solución conciliada, sin que sus manifestaciones\nconstituyan motivo para recusar a la persona que juzga. En el acta no se\nincluirán manifestaciones hechas por las partes con motivo de la conciliación y\nlo afirmado por ellas no podrá interpretarse como aceptación de las proposiciones\nefectuadas. La conciliación estará a cargo preferentemente de un conciliador\njudicial, si lo existiera en el juzgado o en el respectivo circuito judicial y\nestuviera disponible, en cuyo caso la asumirá en la misma audiencia,\nsustituyendo a quien la dirige, para esa única actividad. De no haberlo, la\nconciliación la dirigirá otro juez del mismo despacho o por quien esté juzgado\nel caso.\n\n4.- Si no se diera la conciliación, se\nprocederá a recibir la prueba que se estime pertinente sobre: nulidades no\nresueltas anteriormente, vicios de procedimiento invocados en la audiencia y\nexcepciones previas no resueltas con anterioridad.\n\n5.- De seguido se discutirá y resolverá\nsobre todas esas cuestiones. De existir vicios u omisiones, en un único\npronunciamiento ordenará las correcciones, nulidades y reposiciones que sean\nnecesarias. Cuando se trate del cumplimiento de requisitos o formalidades\nomitidas, se ordenará a la parte subsanarlas en ese mismo acto o, de ser\nnecesario, se le dará un plazo prudencial para cumplirlas. Si no se cumpliera\nlo ordenado, se dispondrá la inadmisibilidad de la demanda o contrademanda y el\narchivo del expediente en su caso, de la forma y con los efectos ya previstos.\nSi se declarara procedente la litis pendencia se\ntendrá por fenecido el proceso y se ordenará el archivo del expediente. De\ndisponerse la improcedencia de la vía escogida, se le dará al proceso la\norientación que corresponda.\n\n6.- Recepción de las pruebas sobre\nexcepciones previas o cuestiones de improponibilidad\nreservadas y emisión anticipada del pronunciamiento correspondiente, que\nhubieran sido admitidas al convocarse la audiencia.\n\nSi las mismas probanzas están\nligadas, además de la cuestión que se puede resolver de forma anticipada, con\nel fondo del asunto, la resolución del punto se reservará para la sentencia\nfinal.\n\n7.- Se dará traslado sumarísimo sobre las\npruebas allegadas al expediente y que se hubieran dispuesto al cursarse la\ndemanda o la reconvención y, en su caso, se ordenarán las pruebas que el\ntribunal juzgue indispensables como complementarias o para mejor proveer, a\nindicación de las partes o de propia iniciativa, siempre y cuando versen sobre\nlos hechos introducidos legalmente a debate en el proceso.\n\nArtículo 518.- En la fase complementaria:\n\n1) Se leerán las pruebas anticipadas e irrepetibles, las\ncuales se incorporarán por esa vía al debate. Este acto podrá suprimirse según\nlo dispuesto en esta misma sección.\n\n2) Se recibirán las pruebas admitidas:\n\n2.1. Primero se llamará a los peritos\ncitados, quienes en primer término harán un resumen de su dictamen y luego se\ndiscutirá sobre la peritación, debiendo responder el perito las preguntas que\nle hagan las partes. Para hacerlo podrán consultar documentos o notas escritas.\n\nPodrán solicitarse al perito adiciones\ny aclaraciones verbalmente.\n\n2.2. De seguido, se recibirán las\ndeclaraciones de parte y de los testigos que se hayan propuesto, de acuerdo con\nlos hechos o temas que a cada uno correspondan, según sea el caso.\n\nLa declaración se iniciará mediante una\nexposición espontánea del deponente, dando las razones de su dicho y luego se\nles permitirá a las partes hacerles las preguntas de su interés y, finalmente,\nquien dirige el debate podrá también repreguntar al testigo sobre lo que le\nparezca conveniente.\n\nTanto en el caso de los peritos como\nde los declarantes, el que dirige moderará el interrogatorio y evitará\npreguntas capciosas, sugestivas, repetidas, excesivas, impertinentes,\nindebidas, de tal manera que el derecho de preguntar no se torne en un abuso\ncontrario a la dignidad de las personas y al principio de celeridad.\n\n3) Se procederá a la formulación de las conclusiones de\nlas partes, por el tiempo que fije el juzgado.\n\n4) Se deliberará y dictará la parte dispositiva de la sentencia\nde inmediato de forma oral, debiendo señalarse, en ese mismo acto, la hora y\nfecha, dentro de los cinco días siguientes, para la incorporación al expediente\ny entrega a las partes del texto integral del fallo, el cual será escrito.\nCuando se utilice tecnología electrónica, el fallo deberá documentarse en el\nrespaldo correspondiente, de manera que se pueda reproducir de forma escrita o\nentregarse a la parte por otro medio. En procesos complejos o con abundante\nprueba podrá postergarse por ese mismo lapso, improrrogablemente, el dictado\ncompleto de la sentencia, incluida su parte dispositiva. Los votos de minoría\nen tribunales colegiados deberán consignarse dentro de esos mismos términos y,\nsi así no se hiciera, se tendrán por no puestos de pleno derecho.\n\nCuando todas las partes se\nmanifiesten satisfechas con la sentencia en su parte dispositiva, podrán\nrelevar al juzgado de la redacción de las otras partes de esa resolución,\ndebiéndose dejar constancia, de forma expresa, de esa conformidad.\n\nArtículo 519.-\n\nA solicitud de parte o por decisión\ndel juzgado, los procesos ordinarios de evidente complejidad podrán ventilarse\nen dos audiencias, en cuyo caso en la primera audiencia se cumplirán los actos\nde la fase preliminar del proceso en única audiencia y, en la segunda, los de\nla fase complementaria o de juicio. La decisión debe ser razonada.\n\nArtículo 520.-\n\nLas mismas reglas se aplicarán en los\nprocesos no ordinarios, cuando deba ventilarse alguna cuestión de forma\ncontradictoria que requiera la recepción de pruebas cumpliendo el principio de\ninmediación.\n\nArtículo 521.-\n\nCuando el proceso deba ventilarse en\ndos audiencias, se procederá conforme a lo indicado en el artículo 513 y en la\nmisma resolución que haga el señalamiento para la audiencia preliminar, el\njuzgado se pronunciará únicamente sobre la admisibilidad de las pruebas que\ndeban evacuarse en esa audiencia.\n\nArtículo 522.-\n\nAl concluirse la audiencia preliminar\nse emitirá pronunciamiento sobre las pruebas ofrecidas por las partes, respecto\nde las cuestiones de fondo debatidas; se fijarán los honorarios de los peritos\nno oficiales; se dará traslado sumarísimo sobre las pruebas allegadas al\nexpediente que se hubieran dispuesto al cursarse la demanda o reconvención y,\nen su caso, se ordenarán las pruebas que el tribunal juzgue indispensables como\ncomplementarias o para mejor proveer, a indicación de las partes o por propia\niniciativa, siempre y cuando versen sobre los hechos introducidos legalmente a\ndebate en el proceso, y se hará señalamiento de la hora y fecha para la\naudiencia complementaria o de juicio, cuando así se requiera, la cual\nnecesariamente deberá llevarse a cabo dentro del mes siguiente.\n\nArtículo 523.-\n\nEn la audiencia de juicio se dará\ntraslado sumarísimo de las probanzas incorporadas al expediente, después de la\naudiencia preliminar.\n\nArtículo 524.-\n\nCuando se deniegue alguna prueba, el\nofrecimiento podrá reintentarse en la audiencia respectiva y si se mantuviera\nla denegatoria esta podrá impugnarse en esa oportunidad, de la forma prevista\nen este Código, caso en el cual la apelación se tramitará de forma reservada.\n\nSECCIÓN IV\n\nConvocatoria a audiencias y reglas\naplicables a esos actos\n\nArtículo 525.-\n\nLas audiencias se iniciarán\nobligatoriamente a la hora y fecha señaladas y serán públicas, salvo que el\njuzgado disponga que su celebración sea privada, en atención a la dignidad de\nalguna de las partes.\n\nLa parte que asiste tardíamente\ntomará la audiencia en el momento en que se halle y no podrá pedir la\nrepetición de actos ya cumplidos.\n\nSe realizarán en el despacho o sala\nexistente al efecto. Sin embargo, los jueces podrán disponer que la celebración\nsea en otro lugar, si ello es más conveniente para un mejor desarrollo de la\naudiencia.\n\nLa persona titular del órgano deberá\nasegurar, durante su celebración, el pleno respeto de los principios de la\noralidad; promoverá el contradictorio como instrumento para la verificación de\nla verdad real; velará por la concentración de los distintos actos procesales\nque corresponda celebrar, y fungirá como directora de la audiencia, abriendo y\ndando por concluidas sus etapas, otorgando y limitando el uso de la palabra,\ndisponiendo sobre los aspectos importantes que deben hacerse constar en el acta\ny realizando todas las actuaciones necesarias para que el debate transcurra\nordenadamente.\n\nArtículo 526.-\n\nLas partes, o sus representantes\ndebidamente acreditados en el caso de las personas jurídicas, deberán\ncomparecer a las audiencias a que sean convocados. Podrá hacerlo, en su lugar,\nuna persona con poder especial judicial; sin embargo, cuando la parte en\npersona o por medio del representante social deba comparecer como declarante,\nsu asistencia es obligatoria, bajo pena de tener la incomparecencia como\npresunción de veracidad de los hechos o temas objeto de la declaración.\n\nLa inasistencia de la parte que\nestuviera obligada a asistir podrá justificarse, a los efectos de reprogramar\nel acto de su declaración, solo por razones que realmente impidan la asistencia\ny siempre y cuando la justificación se haga antes de la hora y fecha señaladas,\nsalvo que los hechos que la motivan se hayan dado el mismo día de la audiencia,\ncaso en el cual deberá avisarlo de forma inmediata al despacho por cualquier\nvía y justificarlo el día siguiente.\n\nEl impedimento del abogado o la\nabogada deberá comprobarse de la misma forma y si lo invocado fuera otra\nactividad judicial coetánea, solo se tomará como justa causa para no asistir si\naquella se hubiera dispuesto y notificado con anterioridad.\n\nNo será válido invocar como\njustificantes actividades de interés personal o familiar.\n\nArtículo 527.-\n\nLa audiencia se celebrará si asiste\npor lo menos una de las partes o su representante legal, con el debido\npatrocinio letrado cuando se requiera. En tal caso, se desarrollarán todos los actos\nde la audiencia que sea posible llevar a cabo y en ella se recibirá la prueba\nde esa parte y los testimonios de las personas ofrecidas por la contraria que\nse presentaran.\n\nSi la parte demandada o reconvenida\nno asistiera a una audiencia preliminar o única, se tendrán como desistidas las\nexcepciones o cuestiones formales de previa resolución deducidas por esa parte,\npropias de ser conocidas en la fase preliminar; pero, si versaran sobre\ndefectos que impidan resolver válidamente el fondo, el juzgado dispondrá de\noficio las correcciones o integraciones que sean necesarias.\n\nArtículo 528.-\n\nSi se produjera la inasistencia de\nalguna de las partes o de todas a la audiencia única o de juicio, la sentencia\nse dictará apreciando los hechos a la luz de las pruebas recibidas o\nincorporadas, las cargas probatorias omitidas, el mérito de los autos y los\ncriterios de valoración establecidos en este Código.\n\nEn estos casos, el órgano puede\nordenar pruebas complementarias o para mejor proveer, que sean indispensables para\nresolver con acierto el fondo del conflicto, disponiendo para ello, si fuera\nnecesario y por una única vez, la prórroga de la audiencia. Si lo ordenado\nfuera prueba documental, se fijará un plazo para su evacuación.\n\nArtículo 529.-\n\nEn las audiencias se otorgará la\npalabra, por su orden, al actor, al demandado, a los terceros o coadyuvantes, o\na sus respectivos representantes. Si alguna de las partes tuviera más de una\nabogada o un abogado, los intervinientes deberán distribuirse su actividad y el\nuso de la palabra, e informarlo anticipadamente al tribunal. Queda prohibida la\nparticipación conjunta en una actuación específica.\n\nArtículo 530.-\n\nLas resoluciones de las cuestiones\nque deban conocerse o que se planteen dentro de la audiencia se dictarán oralmente\ny quedarán notificadas a las partes en ese mismo acto con la sola lectura,\ndebiendo consignarse en el acta, al menos sucintamente, los fundamentos\njurídicos y de hecho del pronunciamiento.\n\nA excepción de la sentencia, contra\nlas resoluciones dictadas en la audiencia cabrá el recurso de revocatoria, el\ncual deberá interponerse de forma oral y resolverse de esa misma forma, de\ninmediato.\n\nIgualmente, salvo el caso de la\nsentencia, si procediera la apelación contra algún pronunciamiento emitido en\nla audiencia, este recurso deberá interponerse de forma oral inmediatamente\ndespués de la notificación y el punto quedará resuelto definitivamente, si no\nse hace así.\n\nLa alzada se tramitará únicamente en\naquellos casos en que el pronunciamiento impide la continuación de la\naudiencia. En los demás, se reservará para ser conocida conjuntamente con el\nrecurso que proceda contra la sentencia, según la actualidad de su interés.\n\nArtículo 531.-\n\nLos traslados que se den en las\naudiencias serán sumarísimos, para ser evacuados de forma inmediata, de tal\nmanera que no constituyan un obstáculo para el normal desarrollo de la\nactividad.\n\nArtículo 532.-\n\nLos asistentes y las asistentes tienen el deber de permanecer en actitud respetuosa y en silencio,\nmientras no estén autorizados para exponer o responder las preguntas que se les formulen. Les queda\nabsolutamente prohibido portar armas u objetos aptos para incomodar u ofender, mantener los\nteléfonos móviles encendidos y adoptar comportamientos intimidatorios, provocativos o de\ninsinuación. Si la persona, no obstante de haber sido prevenida, continúa con el comportamiento\nindebido, podrá ser expulsada de la audiencia, lo cual dará lugar a que se le tenga como inasistente\na partir de ese momento, para todo efecto.\n\nArtículo 533.-\n\nCon motivo de la audiencia se\nlevantará un acta, en la cual se dejará constancia de lo siguiente:\n\n1) La hora y fecha de inicio de la actuación.\n\n2) Los nombres de las partes y de los abogados o las\nabogadas que asisten, los peritos y los declarantes.\n\n3) Una descripción lacónica de las etapas de la audiencia\ny de su desarrollo y, de producirse, del contenido de la solución conciliada\ndel conflicto.\n\n4) Los pedidos de revocatoria o las objeciones de las\npartes y las resoluciones orales del juzgado, respecto de las cuales se hará\nuna fundamentación lacónica.\n\n5) De la prueba documental que se incorpora en el acto de\nla audiencia, lo que deberá hacerse mediante lectura, que la realizará quien\ndirige la audiencia o la persona que le asiste. La lectura podrá suprimirse, si\nlas partes están de acuerdo o cuando razonablemente sea necesario para\nsalvaguardar el debido proceso.\n\n6) El nombre de las partes declarantes, los testigos o\nlos peritos, las calidades y el documento de identificación de cada uno.\n\n7) Las apelaciones interpuestas por las partes. Deberá\nindicar, de forma muy concreta, los motivos de los recursos, sin perjuicio de\nque la parte apelante los desarrolle posterior y oportunamente por escrito.\n\n8) La parte dispositiva de la sentencia y de su lectura,\ncuando se dicta en el mismo acto de la audiencia.\n\nEl acta será firmada por la persona\nque ha dirigido la audiencia, las partes y sus abogados o abogadas. Las otras\npersonas comparecientes firmarán un documento de asistencia, el cual será\nagregado al expediente. Si alguna persona se negara a firmar, o se ha retirado\nantes de la lectura de la parte dispositiva de la sentencia, se dejará\nconstando ese hecho también en el acta. Si la audiencia se hubiera grabado en\naudio y video, en lugar del acta se consignará una constancia firmada por quien\nha dirigido la audiencia y dichas partes, de que el acto fue llevado a cabo,\ncon indicación de las horas y la fecha de su realización.\n\nArtículo 534.-\n\nA excepción de lo mencionado antes respecto\ndel contenido de la conciliación, se prohíbe la transcripción literal o de\nforma extensa de los contenidos probatorios.\n\nLos tribunales deberán grabar las\naudiencias a través de medios tecnológicos que garanticen adecuadamente la\nconservación de sus contenidos y sirvan como ayuda de memoria en la redacción\nde la sentencia.\n\nLas grabaciones se mantendrán sin\nborrarse hasta un año después de ejecutada la sentencia firme y las partes\npodrán obtener copias o reproducciones a su costa.\n\nArtículo 535.-\n\nLas audiencias se desarrollarán sin\ninterrupción, durante las horas y los días que se requieran, salvo para:\n\n1) El estudio y la resolución de cuestiones complejas que\nse presenten en su transcurso. Estas interrupciones se harán de forma muy\nbreve, de tal manera que no se afecte la unidad del acto.\n\n2) Para realizar el reconocimiento de lugares o de\nobjetos que se hallen en sitio distinto del de la audiencia o para evacuar el\ntestimonio de personas que no puedan trasladarse.\n\n3) Para intentar acuerdos conciliatorios, si así lo piden\nlas partes de consuno.\n\n4) Cuando, a juicio de quien dirige la audiencia, fuera\nabsolutamente indispensable para garantizar el derecho de defensa de los\nlitigantes.\n\nArtículo 536.-\n\nPodrá posponerse la conclusión de una\naudiencia de juicio aun después del alegato de conclusiones o reprogramarse por\nuna única vez y que la posposición no sea por más de diez días, cuando sea\nnecesario recibir alguna probanza no evacuada en esa oportunidad o cuya\ntrascendencia surja durante la audiencia, en ambos casos si se ordena para\nmejor proveer, o bien, cuando sea necesario para debatir adecuadamente sobre\nexcepciones o cuestiones nuevas, legalmente alegadas en la audiencia, o para\nrecibirles declaración a testigos desobedientes de la citación. En este caso,\nsin necesidad de petición de la parte, se ordenará la presentación de esos\ntestigos mediante la Fuerza Pública.\n\nEn el mismo acto se señalará la hora\ny la fecha para la continuación o reprogramación de la audiencia.\n\nSi se tratara de la ampliación del\ndebate sobre excepciones o cuestiones nuevas, también en ese mismo acto se\nemitirá pronunciamiento sobre la admisión de las pruebas ofrecidas y a su\nrespecto se estará a lo señalado en las normas anteriores.\n\nUna vez evacuadas las probanzas\npendientes o las nuevas que fueran admisibles o incorporadas cuando procediera,\nse les dará la palabra a los asistentes, para el complemento de la conclusión y\nluego se dictará la sentencia, de la misma forma y en los términos previstos en\nel artículo 518.    \n\nEn estos casos, la\naudiencia se concluirá válidamente con las partes que asistan y con ellas se\nrealizarán las actuaciones faltantes, de la forma ya dispuesta.\n\nLa inasistencia de las partes no\nimpedirá la recepción o la incorporación de la prueba ordenada y el dictado de\nla sentencia podrá hacerse de inmediato o de forma postergada, dentro del plazo\nprevisto en este Código.\n\nLas actuaciones se dejarán constando\nen un acta, que se consignará y firmará de la misma forma ya dispuesta. Todo lo\nque se resuelva se tendrá por notificado tanto a las partes asistentes como a\nlas que dejaron de asistir.\n\nArtículo 537.-\n\nExpirados los plazos para el dictado,\nla documentación y la notificación a las partes de la sentencia, con\nincumplimiento del órgano, lo actuado y resuelto será nulo y el juicio deberá\nrepetirse ante otro juez o jueza, sin perjuicio de las responsabilidades\nciviles y disciplinarias correspondientes. Únicamente se dejarán a salvo de\ndicha nulidad las pruebas y los actos o las actuaciones no reproducibles que se\npuedan apreciar válidamente en una oportunidad posterior.\n\nSECCIÓN V\n\nReglas especiales aplicables a las\npretensiones sobre seguridad social\n\nArtículo 538.-\n\nLas pretensiones correspondientes a\nla seguridad social se sustanciarán por el procedimiento ordinario, con las\nsiguientes modificaciones:\n\n1) Cuando se requieran valoraciones por peritos\noficiales, en el mismo auto de traslado de la demanda se ordenará hacerlas al\norganismo correspondiente, las cuales se remitirán al juzgado por escrito o\nmediante comunicación electrónica que el funcionario competente de ese órgano\nse encargará de documentar materialmente en el expediente y de ponerlas a\nconocimiento de las partes por tres días.\n\n2) La parte demandada deberá presentar, con la contestación\nde la demanda, una copia completa del expediente administrativo, incluyendo en\nella el texto de los dictámenes médicos o jurídicos, cuando los hubiera. Si lo\nincumpliera, se producirá una presunción de veracidad o de certeza de los\nhechos cuya prueba depende de esa documentación, salvo que en el expediente\nhaya prueba que lo contradiga o que exista causa justa que impida la\npresentación.\n\n3) Podrá ordenarse, a solicitud de la parte interesada\ncomo prueba complementaria o de oficio para mejor proveer, dictámenes\ncientíficos de peritos particulares, pero su costo correrá a cargo de la parte\ninteresada.\n\n4) Se convocará a las partes a una audiencia única cuando\ndeban evacuarse pruebas distintas de la documental, cuando haya discrepancias\nrespecto de las periciales o cuando el órgano lo considere necesario para\ncumplir el debido proceso.\n\n5) Comparecerán a la audiencia todos los\nperitos que hubieran intervenido.\n\n6) Si no fuera del caso la convocatoria a audiencia, la\nsentencia se dictará dentro de los quince días posteriores al traslado de la\ncontestación de la demanda, de la réplica o la prueba documental o científica.\n\n7) Al resolverse se tomarán en cuenta los antecedentes\nadministrativos y el cúmulo de pruebas allegado al expediente en la sede judicial.\nEn caso de discrepancia entre dictámenes científicos, se resolverá aplicando\nlas reglas de valoración propias de este procedimiento y los principios\naplicables de la materia.\n\n8) Los beneficios pretendidos solo podrán estimarse\ndentro de las limitaciones legales y si se cumplen los requisitos exigidos por\nel respectivo ordenamiento.\n\n9) Cuando se acoja una determinada prestación social sin\nestablecerse de forma líquida y surgiera posteriormente alguna discrepancia, se\nhará la fijación por el órgano jurisdiccional en la vía de ejecución de\nsentencia, debiendo presentar, en tal caso la parte interesada, la respectiva\nliquidación, indicando de forma concreta las bases tomadas en cuenta para\nhacerla.\n\n10) Los órganos jurisdiccionales deberán\nvelar de forma estricta por el cumplimiento de los plazos y las partes\nobligadas a otorgar prestaciones sociales tendrán el deber de ejecutar, de\nforma pronta, las sentencias que las impongan y, en caso de que sea necesario\nen el trámite de ejecución, brindar toda la colaboración para que la fijación\npueda hacerse con prontitud.\n\nCAPÍTULO SÉTIMO\n\nProcesos especiales\n\nSECCIÓN I\n\nProcesos de menor cuantía\n\nArtículo 539.-\n\nLos procesos que versen\nexclusivamente sobre pretensiones, cuya cuantía sea inferior a la señalada por\nla Corte Plena para el recurso de casación, serán tramitados conforme a las\nreglas de este Código, con las siguientes salvedades:\n\n1) Se tramitarán en una sola audiencia oral.\n\n2) La sentencia se dictará de forma oral y, salvo que\nalguna de las partes solicite expresamente la redacción integral de la\nsentencia, únicamente su parte dispositiva se consignará por escrito, excepto\nen procesos tramitados electrónicamente, en cuyo caso, esa parte dispositiva\nserá digitada, de modo que pueda ser reproducida de forma escrita o en\nrespaldos electrónicos.\n\n3) La sentencia tendrá recurso de\napelación ante el Tribunal de Apelaciones y además podrá ser aclarada o\nadicionada a solicitud de parte o de oficio, en los términos previstos en este\nCódigo\n\nSECCIÓN II\n\nProtección en fueros especiales y\ntutela del debido proceso\n\nArtículo 540.-\n\nLas personas trabajadoras, tanto del\nsector público como del privado, que en virtud de un fuero especial gocen de\nestabilidad en su empleo o de procedimientos especiales para ser afectados,\npodrán impugnar en la vía sumarísima prevista en esta sección, con motivo del\ndespido o de cualquier otra medida disciplinaria o discriminatoria, la\nviolación de fueros especiales de protección, de procedimientos a que tienen\nderecho, formalidades o autorizaciones especialmente previstas.\n\nSe encuentran dentro de esa\nprevisión:\n\n1) Los servidores y las servidoras del Estado en régimen\nde servicio civil, respecto del procedimiento ante el Tribunal de Servicio\nCivil que les garantiza el ordenamiento.\n\n2) Las demás personas trabajadoras del sector público\npara la tutela del debido proceso o fueros semejantes, a que tengan derecho de\nacuerdo con el ordenamiento constitucional o legal.\n\n3) Las mujeres en estado de embarazo o período de\nlactancia, según se establece en el artículo 94 de este Código.\n\n4) Las personas trabajadoras adolescentes, conforme lo\nmanda el artículo 91 de la Ley N.° 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia,\nde 6 de enero de 1998.\n\n5) Las personas cubiertas por el artículo 367 de este Código\ny cualquier otra disposición tutelar del fuero sindical.\n\n6) Las denunciantes y los denunciantes de hostigamiento\nsexual, tal como se establece en la Ley N.º 7476, Ley contra el Hostigamiento\nSexual en el Empleo y la Docencia, de 3 de febrero de 1995.\n\n7) Las personas trabajadoras indicadas en el artículo 620\nde este Código.\n\n8) Quienes gocen de algún fuero semejante mediante ley,\nnormas especiales o instrumento colectivo de trabajo.\n\nLa tutela del debido proceso podrá\ndemandarse en esta vía, cuando se inobserve respecto de las personas aforadas a\nque se refiere este artículo.\n\nTambién, podrán\nimpugnarse en la vía sumarísima prevista en esta sección, los casos de\ndiscriminación por cualquier causa, en contra de trabajadores o trabajadoras,\nque tengan lugar en el trabajo o con ocasión de él.\n\nArtículo 541.-\n\nLas personas indicadas en el artículo\nanterior tendrán derecho a un debido proceso, previo al despido, el cual se\nregirá por las siguientes disposiciones:\n\na) El debido proceso de las personas indicadas en los\nincisos 1), 2) y 8) del artículo anterior se regulará por el procedimiento\nadministrativo de la dependencia competente conforme a la norma de tutela\ncorrespondiente, salvo el caso del inciso 8) en que no esté previsto un debido\nproceso.\n\nb) El debido proceso para el despido de las personas\nindicadas en los incisos 3), 4), 5) y 6) del artículo anterior, deberá\ngestionarse ante la Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo.\n\nc) El debido proceso de las personas indicadas en el\ninciso 7) del artículo anterior deberá gestionarse ante el juzgado de trabajo\nrespectivo.\n\nd) Excepcionalmente, el órgano del debido proceso podrá\nordenar la suspensión de la persona trabajadora mientras se resuelve la gestión\nde despido, en los casos en que las faltas alegadas sean de tal gravedad que\nimposibiliten el desarrollo normal de la relación laboral.\n\ne) Para que sea válido el despido, la parte empleadora\ndeberá comprobar la falta ante el órgano del debido proceso correspondiente y\nobtener su autorización por resolución firme.\n\nf) Autorizado el despido por resolución firme, el\nempleador o la empleadora gozará de un plazo de un mes de caducidad para hacer\nuso de la autorización del despido, contado desde la firmeza.\n\nArtículo 542.-\n\nLa solicitud de tutela se presentará\nante el juzgado de trabajo competente, mientras subsistan las medidas o los\nefectos que provocan la violación contra la cual se reclama. La aplicación de\ntutela por violación del debido proceso, en el caso de despido, se regirá por\nel plazo de prescripción de seis meses.\n\nLa firma del solicitante no requiere\nser autenticada por la de un profesional o una profesional en derecho, si la\npersona interesada presenta personalmente el respectivo libelo; pero si fuera\nnecesario debatir en audiencia, debe contarse con patrocinio letrado.\n\nLa petición deberá cumplir, en lo\npertinente, los requisitos señalados para la demanda, excepto el que se refiere\nal agotamiento de la vía administrativa, e incluir el nombre de la persona, la\ninstitución, el órgano, el departamento o la oficina a la que se atribuye la\narbitrariedad.        \n\nArtículo 543.-\n\nEl juzgado substanciará el\nprocedimiento sin pérdida de tiempo, posponiendo cualquier asunto de diversa\nnaturaleza que se tramite en el despacho. A más tardar dentro de las veinticuatro\nhoras siguientes al recibo de la solicitud, la autoridad judicial le dará\ncurso, pidiéndole a la institución, la autoridad o a los órganos públicos o a\nla persona accionada un informe detallado acerca de los hechos que motivan la\nacción, el cual deberá rendirse bajo juramento dentro de los cinco días\nsiguientes a la notificación, acompañado de copia de los documentos que sean de\ninterés para la parte y de una copia certificada del expediente administrativo,\nen el caso de las relaciones de empleo público o del expediente del debido\nproceso en su caso, sin costo alguno para la parte demandante.\n\nEn el caso de actuaciones con\nresultados lesivos, en la misma resolución se podrá disponer la suspensión de\nlos efectos del acto, y la parte accionante quedará repuesta provisionalmente a\nsu situación previa al acto impugnado. Esa medida se ejecutará de inmediato sin\nnecesidad de garantía alguna y podrá revisarse y modificarse a instancia de la\nparte accionada, hecha mediante la interposición del recurso correspondiente,\npor razones de conveniencia o de evidente interés público, o bien, porque\nvalorada la situación de forma provisional se estime que existen evidencias\nexcluyentes de discriminación, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el\nfondo.\n\nCuando la acción verse sobre actos de\nlas administraciones públicas, aunque no pida, se tendrá como demandado al\nEstado o a quien corresponda, y se pondrá la resolución inicial también a\nconocimiento de la Procuraduría General de la República o, en su caso, del órgano\njerárquico de la institución autónoma u organización que la represente\nlegalmente, para que pueda apersonarse al proceso, dentro del mismo plazo de\ncinco días, a hacer valer sus derechos.\n\nSi la acción versa sobre actuaciones\nde una organización empresarial privada, el informe se le solicitará a la\npersona a quien, en funciones de dirección o administración en los términos del\nartículo 5 de este Código, se le atribuye la conducta ilegal, y se le advertirá\nque la notificación surte efecto de emplazamiento para la parte empleadora y\nque esta puede hacer valer sus derechos en el proceso dentro del plazo\nindicado, por medio de su representante legítimo.\n\nLa parte empleadora deberá presentar\nla copia certificada del expediente del debido proceso indicado en el artículo\nanterior, si el caso versara sobre la violación de ese derecho.\n\nLas notificaciones se harán por los\nmedios autorizados por la ley o por la propia parte interesada, siempre que lo haga\ncon el respaldo de la autoridad administrativa del Ministerio de Trabajo y\nSeguridad Social o de Policía, la que tendrá la obligación de asistirla de\nforma inmediata sin costo alguno y de dejar constancia de su intervención. Los\njuzgados de trabajo podrán disponer la notificación inmediata por un asistente\njudicial o por un funcionario designado al efecto.   \n\nArtículo 544.-\n\nSi no se respondiera dentro del\ntérmino señalado y al mismo tiempo no se produce oposición de la parte\ndemandada, o bien, si no se aporta la certificación del expediente del debido\nproceso cuando este haya sido necesario, se declarará con lugar la acción, si\nel caso, de acuerdo con los autos, no amerita una solución diferente según el\nordenamiento.\n\nEn el caso contrario, el informe rendido\ny cualquier respuesta se pondrán a conocimiento por tres días a la parte\npromotora del proceso.\n\nSi fuera necesario evacuar pruebas no\ndocumentales, su substanciación se llevará a cabo en audiencia, la cual se\nseñalará de forma prioritaria a los asuntos de ordinario conocimiento del\ndespacho. En tal supuesto, la sentencia se dictará en la oportunidad prevista\npara la substanciación del proceso en audiencia.\n\nArtículo 545.-\n\nLa competencia del órgano\njurisdiccional se limitará, para estimar la pretensión de tutela, a la\ncomprobación del quebranto de la protección, el procedimiento o los aspectos\nformales garantizados por el fuero y, si la sentencia resultara favorable a la\nparte accionante, se decretará la nulidad que corresponda y se le repondrá a la\nsituación previa al acto que dio origen a la acción, y condenará a la parte\nempleadora a pagar los daños y perjuicios causados. Si los efectos del acto no\nse hubieran suspendido, se ordenará la respectiva reinstalación, con el pago de\nlos salarios caídos.\n\nSi la acción se desestima y los\nefectos del acto hubieran sido detenidos, su ejecución podrá llevarse a cabo\nuna vez firme el pronunciamiento denegatorio, sin necesidad de ninguna\nautorización expresa en ese sentido.\n\nLa sentencia estimatoria en estos casos\nno prejuzga sobre el contenido sustancial o material de la conducta del\ndemandado, cuando la tutela se refiere, únicamente, a derechos sobre un\nprocedimiento, requisito o formalidad.\n\nArtículo 546.-\n\nSi la pretensión deducida no\ncorresponde a este procedimiento especial, se orientará la tramitación de la\nforma que proceda.\n\nCuando se presente alguna pretensión de tutela correspondiente a este procedimiento, de forma\nacumulada con otra u otras cuyo trámite deba realizarse en la vía ordinaria, será desacumulada y\ntramitada según lo previsto en esta sección, sin perjuicio del curso de las otras pretensiones.\n\nLa tutela, una vez otorgada en\nsentencia firme, producirá la conclusión del proceso ordinario cuando se\nproduzca una falta de interés. En ese supuesto se dará por concluido el proceso\ntotal o parcialmente, según proceda, sin sanción de costas.\n\nArtículo 547.-\n\nEl incumplimiento de los plazos o del\ntrámite prioritario establecidos en esta sección se considerará falta de servicio\nde los funcionarios responsables y será sancionado disciplinariamente.\n\nSECCIÓN III\n\nDistribución de prestaciones de\npersonas trabajadoras fallecidas\n\nArtículo 548.-\n\nLa distribución de las prestaciones\nlaborales a que se refiere el inciso a) del artículo 85 de este Código se\nregirá por lo dispuesto en esta sección. También se dirimirá en este proceso, a\nfavor de los sucesores o beneficiarios indicados en esa norma, en el mismo\norden que en ella se señala, la adjudicación de los montos de dinero por salarios,\ncompensación por vacaciones no disfrutadas y aguinaldo, así como cualquier otro\nextremo derivado de la relación de trabajo, incluidos los ahorros obligatorios\ny depósitos en cuentas de intermediarios financieros provenientes del contrato\nde trabajo, que por ley no tenga un beneficiario distinto, adeudados a la\npersona trabajadora fallecida. Igual regla se aplicará a los montos adeudados a\nlas personas pensionadas o jubiladas fallecidas.\n\nArtículo 549.-\n\nEl proceso puede ser promovido por\ncualquiera que tenga interés, ante el juzgado de trabajo competente. La\nsolicitud deberá contener:\n\n1) El nombre de la persona fallecida y el de la parte\nempleadora o de la institución o dependencia deudora de los extremos a\ndistribuir.\n\n2) El nombre de las posibles personas beneficiarias de la\ndistribución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de este Código,\nasí como la dirección de estas. Deberá indicarse quiénes son menores de edad o\nincapaces.\n\n3) Prueba del fallecimiento y del parentesco que sea de\ninterés acreditar.\n\nArtículo 550.-\n\nPresentada en forma la solicitud, se\nabrirá de inmediato el procedimiento y se dispondrá:\n\n1) La publicación de un edicto en el Boletín Judicial, en\nel cual se citará y emplazará por ocho días hábiles a toda persona que\nconsidere tener interés en la distribución, para que se apersone a hacer valer\nsus derechos.\n\n2) La notificación a las personas interesadas indicadas\nen la solicitud inicial.\n\n3) Una orden a la persona o institución obligada al pago,\nde que si no hubiera consignado las prestaciones a distribuir las deposite en\nla cuenta bancaria del despacho, dentro de los cinco días naturales siguientes.\n\n4) Si hay menores de edad interesados,\nla notificación al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), institución que\nasumirá la tutela de sus intereses en el caso de que estén en opuesto interés\ncon algún interesado que ejerza su representación legal.\n\n5) Si hubiera inhábiles interesados, no sujetos a\ncuratela, se les nombrará como representante ad hoc a un profesional en derecho\nde asistencia social.\n\nArtículo 551.-\n\nTranscurrido el término del\nemplazamiento, se hará de inmediato la declaratoria de las personas a quienes\ncorresponde como sucesoras el patrimonio a distribuir y se dispondrá la\nadjudicación y entrega de la forma establecida en la ley.\n\nSi surgiera contención sobre el\nderecho de participación, la cuestión se dirimirá en el mismo expediente,\naunque involucre la aplicación de normas e institutos propios del derecho de\nfamilia. El escrito de demanda de mejor derecho o de oposición deberá reunir\nlos requisitos de la demanda ordinaria, inclusive el que se refiere al\nofrecimiento de las pruebas. Figurarán como contradictoras las personas cuyo\nderecho se pretende afectar, a quienes se trasladará la demanda por cinco días.\nEl conflicto se juzgará sumariamente en audiencia oral y se deberá dictar la\nsentencia en la misma forma prevista para el proceso ordinario.\n\nArtículo 552.-\n\nQuienes tengan interés en la\ndistribución no están legitimados para gestionar o demandar en otras vías el\npago directo de las prestaciones a distribuir, pero sí para que se depositen\njudicialmente a la orden del juzgado.\n\nSECCIÓN IV\n\nAutorizaciones\n\nArtículo 553.-\n\nCuando de acuerdo con la ley se\nrequiera la autorización de un órgano jurisdiccional para llevar a cabo un\ndeterminado acto, la parte interesada lo solicitará por escrito y cumplirá en\nlo que resulte pertinente los requisitos de la demanda.\n\nRespecto de la solicitud, se dará\ntraslado por tres días a quien se pretenda afectar con el acto, en la misma\nforma prevista para la demanda. Si no fuera del caso la evacuación de pruebas\ntestimonial o técnica, se dictará sentencia dentro de los cinco días siguientes\nal recibido de la contestación o del plazo para contestar cuando no se hubiera\nrespondido el emplazamiento. De lo contrario, se convocará a audiencia y al\nrespecto se deberá estar dispuesto para esta actividad.\n\nSECCIÓN V\n\nProcedimiento para la restitución de\ntrabajadores que sufrieron\n\nriesgos de trabajo y reinstalación de\norigen legal\n\nArtículo 554.-\n\nLas personas trabajadoras que se\nencuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 254 de este\nCódigo podrán solicitar al juzgado de trabajo competente la reposición al\npuesto de trabajo, su reubicación o el pago de las prestaciones legales\ncorrespondientes, según proceda.\n\nArtículo 555.-\n\nEl escrito inicial deberá cumplir los\nrequisitos básicos de toda demanda y con él deberá acompañarse u ofrecerse la\nprueba relativa a la relación de empleo, la orden de alta expedida por el ente\nasegurador y la copia del dictamen médico en el que se especifique claramente\nla situación real de la persona en cuanto a su estado de salud y el medio que\nse recomiende para él, según su capacidad laboral.\n\nArtículo 556.-\n\nPresentada en debida forma la\nsolicitud, de inmediato se le ordenará a la parte empleadora, de acuerdo con la\nprestación deducida, reponer a la persona a su puesto de trabajo, reubicarlo en\nlos términos de la recomendación médica o pagarle las prestaciones legales, lo que\ndeberá hacer dentro del término de ocho días. En la misma resolución se\nadvertirá a esa parte que dentro de ese mismo lapso puede objetar la pretensión\ny ofrecer, en tal caso, las pruebas que sean de su interés.\n\nArtículo 557.-\n\nSi dentro del plazo indicado no\nmediara oposición, se tendrá por firme lo ordenado y será ejecutable en la vía\nde ejecución sentencia, y concluirá de ese modo el proceso. En el supuesto\ncontrario, una vez contestado el traslado, el juzgado resolverá lo que\ncorresponda dentro de los tres días siguientes, salvo que deba recabarse alguna\nprobanza, pues entonces la cuestión se substanciará en audiencia oral que\ndeberá programarse como máximo treinta días después de la contestación y el\njuzgado podrá disponer en la sentencia que se dicte la reinstalación, la\nreubicación o el pago de prestaciones, según proceda de acuerdo con la\nsituación de hecho comprobada.\n\nArtículo 558.-\n\nSi habiendo mediado oposición de la\nparte empleadora a la solicitud de reinstalación o reubicación y alguna de estas\nse considera procedente en sentencia, esa parte deberá pagarle a la persona\ntrabajadora salarios caídos completos desde el día en que cesó la incapacidad\ny, a título de daños y perjuicios y como indemnización fija, un mes de salario\nadicional.\n\nArtículo 559.-\n\nLas personas discapacitadas\nlegitimadas para solicitar reinstalación a sus puestos de trabajo, conforme lo\nque establece la Ley N.º 7600, Igualdad de Oportunidades para las Personas con\nDiscapacidad, de 2 de mayo de 1996, y su reglamento, las indicadas en el inciso\na) del artículo 392 de este Código, y cualesquiera otras personas que gocen de\nestabilidad en el empleo por norma especial, instrumento colectivo o resolución\nadministrativa que así lo declare, podrán ejercer sus derechos en este procedimiento\nespecial. Al respecto se aplicarán las normas anteriores, en lo que resulte\npertinente.\n\nCAPÍTULO OCTAVO\n\nLa sentencia: formalidades,\nrepercusiones económicas y efectos\n\nSECCIÓN I\n\nFormalidades de la sentencia\n\nArtículo 560.-\n\nLa sentencia se dictará y tendrá como\nlímites los actos de proposición de las partes y lo fijado en la fase\npreliminar de la audiencia de juicio, sin perjuicio de las variaciones que sean\npermitidas por la ley.\n\nContendrá un preámbulo, una parte\nconsiderativa y una dispositiva. En el preámbulo se indicará la clase de\nproceso, el nombre de las partes y sus abogados o abogadas.\n\nEn la considerativa se consignará una\nsíntesis de las pretensiones y excepciones deducidas. Luego se enunciarán de\nforma clara, precisa y ordenada cronológicamente los hechos probados y no\nprobados de importancia para resolver, con indicación de los medios de prueba\nen que se apoya la conclusión y las razones que la amparan y los criterios de\nvaloración empleados, para cuyo efecto deberá dejarse constancia del análisis\nde los distintos elementos probatorios evacuados, mediante una explicación\ndetallada y exhaustiva de cada uno de ellos. Finalmente, en párrafos separados,\npara cada caso se darán las razones de hecho, jurídicas, doctrinales y\njurisprudenciales, se bastanteará la procedencia o improcedencia de las\nproposiciones, lo cual se hará en párrafos separados, por temas. Es\nindispensable citar las normas jurídicas que sirven de base a las conclusiones\nsobre la procedencia o improcedencia de las pretensiones o excepciones\npropuestas.\n\nEn la parte dispositiva se\npronunciará el fallo y se indicarán en forma expresa y separada, en términos\ndispositivos, los extremos que se declaran procedentes o deniegan y la decisión\ncorrespondiente a las excepciones opuestas y se dispondrá lo procedente sobre\nlas costas del proceso.\n\nLas sentencias de segunda instancia y\nde casación contendrán un breve resumen de los aspectos debatidos en la\nresolución que se combate, los alegatos del recurso, un análisis de las\ncuestiones de hecho y de derecho propuestas y la resolución correspondiente, de\nla forma prevista en este mismo Código.\n\nArtículo 561.-\n\nQueda prohibido declarar en sentencia\nla procedencia de algún extremo, condicionándolo a la demostración posterior\ndel supuesto de hecho que lo ampara.\n\nEl juzgado podrá establecer que la\nsentencia será ineficaz o decretar posteriormente esa ineficacia, en la parte\nde la condena cubierta o satisfecha con anterioridad a su dictado, si ello\nllega a demostrarse.\n\nEn todo pronunciamiento sobre\nextremos económicos o resolubles en dinero deberá establecerse de una vez el\nmonto exacto de las cantidades, incluido el monto de las costas, de los\nintereses y adecuaciones que correspondan hasta ese momento. Solo\nexcepcionalmente, cuando no se cuente en el momento del fallo con los datos\nnecesarios para hacer la fijación, podrá hacerse una condena en abstracto, y se\nindicarán las bases para hacer la liquidación posteriormente.\n\nSECCIÓN II\n\nCostas\n\nArtículo 562.-\n\nEn toda sentencia, incluidas las\nanticipadas, y las resoluciones que provoquen el perecimiento del proceso por\nlitispendencia, incompetencia por razones del territorio nacional, satisfacción\nextraprocesal o deserción, se condenará al vencido, a quien ha satisfecho el\nderecho o a la parte sancionada con la finalización del asunto, al pago de las\ncostas personales y procesales causadas.\n\nSi la sentencia resuelve el asunto\npor el fondo o acoge excepciones materiales de las calificadas como previas,\nlas personales no podrán ser menores del quince por ciento (15%) ni mayores del\nveinticinco por ciento (25%) del importe líquido de la condenatoria o de la\nabsolución, en su caso.\n\nEn los demás supuestos, así como\ncuando el proceso no fuera susceptible de estimación pecuniaria, la fijación se\nhará prudencialmente.\n\nPara hacer la fijación del porcentaje\no del monto prudencial se tomarán en cuenta la labor realizada, la cuantía de\nla cosa litigada y la posición económica del actor y demandado.\n\nEn los asuntos inestimables en que\nhubiera trascendencia económica se hará la fijación con base en el monto\nresultante hasta la firmeza de la sentencia y, si a consecuencia del proceso se\nsiguiera generando en el futuro el resultado económico, podrá agregarse al\nmonto fijado, según criterio prudencial, hasta un cincuenta por ciento (50%).\nSi el resultado económico fuera intrascendente se hará la fijación de forma\nprudencial con fundamento en los criterios mencionados.\n\nArtículo 563.-\n\nNo obstante, se podrá eximir al vencido\ndel pago de las costas personales y aun de las procesales, cuando:\n\n1) Se haya litigado con evidente buena fe.\n\n2) Las proposiciones hayan prosperado parcialmente.\n\n3) Cuando haya habido vencimiento recíproco.\n\nLa exoneración debe ser siempre razonada.\n\nNo podrá considerarse de buena fe a\nla parte que negó pretensiones evidentes que el resultado del proceso indique\nque debió aceptarlas, no asistió a la totalidad de la audiencia, adujo testigos\nsobornados o testigos y documentos falsos, no ofreció ninguna probanza para\njustificar su demanda o excepciones, si se fundaran en hechos disputados.\n\nLa exoneración de costas será\nimperativa, si alguna norma especial así lo dispone.\n\nArtículo 564.-\n\nEl contrato de cuota litis en materia laboral se regirá por las disposiciones\ndel procedimiento civil. Sin embargo, tratándose de la parte trabajadora, los\nhonorarios que deba pagar a su abogado o abogada no podrán ser superiores en\nningún caso al veinticinco por ciento (25%) del beneficio económico que se\nadquiera en la sentencia.\n\nSECCIÓN III\n\nIntereses, adecuación y salarios\ncaídos\n\nArtículo 565.-\n\nToda sentencia de condena a pagar una\nobligación dineraria implicará para el deudor, salvo decisión o pacto en\ncontrario, aunque no se diga expresamente:\n\n1.- La obligación de cancelar intereses\nsobre el principal, al tipo fijado en la Ley N.° 3284, Código de Comercio, de\n30 de abril de 1964, a partir de la exigibilidad del adeudo o de cada tracto\ncuando se integra en esa forma. Si la condena lo fuera a título de daños y perjuicios,\nel devengo de intereses se iniciará desde la firmeza de la sentencia. Para las\nobligaciones en moneda extranjera, se estará a lo dispuesto en ese mismo Código\npara las obligaciones en dólares de los Estados Unidos de América.\n\n2.- La obligación de adecuar los extremos\neconómicos principales, actualizándolos a valor presente, en el mismo\nporcentaje en que haya variado el índice de precios para los consumidores del\nÁrea Metropolitana que lleve el órgano oficial encargado de determinar ese\nporcentaje, entre el mes anterior a la presentación de la demanda y el\nprecedente a aquel en que efectivamente se realice el pago.\n\nEl cálculo de intereses se hará sobre\nlos montos condenados o resultantes después de su liquidación, antes de ser\nllevados a valor presente, y luego se hará la adecuación indicada en el último\npárrafo, únicamente sobre los extremos principales.\n\nArtículo 566.-\n\nEn toda sentencia que disponga la\nreinstalación con salarios caídos, el pago de estos no podrá ser superior al importe\nde veinticuatro veces el salario mensual total de la parte trabajadora al\nmomento de la firmeza del fallo, salvo disposición especial que establezca otra\ncosa, sin que en ningún momento pueda ser inferior al mínimo legal. Esta\nfijación no admite adecuaciones o indexaciones.\n\nTambién, la parte demandada deberá\ncubrirle a la victoriosa, desde la firmeza de la sentencia, el salario que le\ncorresponda de acuerdo con el contrato de trabajo y los derechos derivados de\nla antigüedad acumulada, en la cual se incluirá el lapso comprendido entre el\ndespido y dicha firmeza, y en el futuro el cumplimiento de las obligaciones\nsalariales ordinarias y extraordinarias deberá ajustarse a las prestaciones\ncorrespondientes a una relación inalterada. Igual regla se aplicará al disfrute\nde vacaciones y cualquier otro derecho derivado del contrato de trabajo o de la\nley.\n\nArtículo 567.-\n\nCuando en sentencia firme se condene\na la parte demandada a pagar salarios adeudados, además del pago al trabajador\ndel salario que le corresponda, de acuerdo con el contrato de trabajo y a los\nderechos derivados de la antigüedad acumulada, deberá pagarle a la Caja\nCostarricense de Seguro Social (CCSS) las cuotas obrero-patronales y demás\nobligaciones adeudadas a la seguridad social correspondientes al período\nlaborado, aun cuando dicha institución no haya sido parte en el proceso.\n\nArtículo 568.-\n\nEl pago de los salarios caídos solo\nserá procedente cuando no exista impedimento legal en virtud de haber ocupado\nla persona un cargo que lo impida. En tal caso solo procederá la diferencia, si\nel salario que hubiera estado recibiendo fuera inferior.\n\nSECCIÓN IV\n\nEfectos\n\nArtículo 569.-\n\nLas sentencias del ordinario laboral,\nincluidas las anticipadas y las dictadas en los procesos especiales sobre seguridad\nsocial, protección de fueros especiales, restitución o reubicación de\ntrabajadores o trabajadoras en caso de riesgo de trabajo, así como en\ncontenciones surgidas en el proceso de distribución de prestaciones de personas\nfallecidas regulado en este Código, producirán los efectos de la cosa juzgada\nmaterial. Las demás sentencias, salvo disposición en contrario en la ley,\nproducirán únicamente cosa juzgada formal.\n\nCAPÍTULO NOVENO\n\nDisposiciones sobre las formas\nanormales\n\nde la terminación del proceso\n\nArtículo 570.-\n\nSalvo disposición especial en\ncontrario, el desistimiento, la renuncia del derecho, la deserción, la\nsatisfacción extraprocesal, la transacción y los acuerdos conciliatorios le\npondrán también término al proceso. Es aplicable lo que dispone al respecto la\nlegislación procesal civil, con las siguientes modificaciones:\n\n1.- La renuncia, la transacción y la\nconciliación solo se considerarán válidas y eficaces cuando se refieran a\nderechos disponibles.\n\n2.- La transacción y conciliación deben\nser homologadas y el pronunciamiento respectivo tiene el carácter de sentencia,\ncon autoridad de cosa juzgada material, y admite el recurso previsto para ese\ntipo de resoluciones. Una vez firme será ejecutable del mismo modo que las\nsentencias.\n\n3.- La deserción es procedente a\nsolicitud de parte en los asuntos contenciosos en que haya embargo de bienes o\nalguna otra medida precautoria con efectos perjudiciales de naturaleza\npatrimonial para el demandado, siempre y cuando el abandono se deba a omisión\ndel actor en el cumplimiento de algún requisito o acto, sin el cual el proceso\nno puede continuar. También, procederá cuando no se produzcan esos efectos\nperjudiciales para el demandado, aun de oficio, cuando el proceso, una vez\ntrabada la litis, no pueda continuar por culpa de la\nparte.\n\n4.- La satisfacción extraprocesal podrá\napreciarse de oficio o a solicitud de parte. Si posteriormente se revocara o de\ncualquier forma se afectara el acto de reconocimiento, la parte interesada\npodrá gestionar la reanudación del proceso a partir de la etapa en que se\nhallaba, sin necesidad de ninguna gestión administrativa previa en el caso de\nlas administraciones públicas. Si la demanda llegara a prosperar, la\ncondenatoria a la parte demandada al pago de las costas será imperativa.\n\nEn todos estos casos, excepto en los\nacuerdos conciliatorios, la terminación del proceso se acordará oyendo\npreviamente por tres días a la parte contraria.\n\nCAPÍTULO DÉCIMO\n\nProcedimiento de ejecución\n\nArtículo 571.-\n\nLas sentencias firmes, las transacciones\no los acuerdos conciliatorios y cualquier pronunciamiento ejecutorio serán\nejecutados por el mismo tribunal que conoció del proceso, o por un juzgado\nespecializado para el trámite de ejecuciones creado por la Corte Suprema de\nJusticia, según disposiciones de atribución de competencia que establezca.\n\nLas decisiones concretas o\nespecíficas, para cuyo cumplimiento no se requiere ninguna actividad adicional\nde fijación de alcances, serán ejecutadas inmediatamente después de la firmeza\ndel pronunciamiento, de oficio o a solicitud de parte, verbal o escrita.\n\nLos acuerdos conciliatorios\nextrajudiciales que de acuerdo con la ley tengan autoridad de cosa juzgada se\nejecutarán por medio de este procedimiento.\n\nCuando se haya reservado la fijación\nde montos para la fase de ejecución de la sentencia, y en cualquier otro\nsupuesto de liquidación de sumas de dinero, la parte interesada deberá\npresentar la tasación o liquidación correspondiente, con respeto de las bases\nestablecidas en el fallo o acuerdo y con la sustentación de las pruebas que\nfueran estrictamente necesarias. La gestión será trasladada a la parte\ncontraria por tres días, dentro de los cuales podrá glosar cada uno de los\nextremos liquidados y hacer las objeciones y el ofrecimiento de las pruebas que\nestime pertinentes. Si fuera necesario evacuar probanzas periciales o\ndeclaraciones, se estará a lo dispuesto para el proceso ordinario y la cuestión\nse substanciará sumariamente en una audiencia; en ese caso, se deberá dictar la\nsentencia en la misma audiencia o a más tardar dentro del plazo señalado para\nel procedimiento ordinario, bajo pena de nulidad de la audiencia, si ese plazo\nes incumplido. En el caso contrario, evacuado el traslado, se dictará sentencia\ndentro del término de ocho días, después de presentada la contestación.\n\nCuando sea necesario determinar\naspectos técnicos se acudirá a peritos oficiales y, de no haberlos en el ramo\nde interés, se designarán a costa del Estado.\n\nCuando en virtud de sentencia firme\nse declare el incumplimiento de una convención colectiva, en la etapa de\nejecución de sentencia, el sindicato accionante deberá presentar la\ncorrespondiente liquidación, incluyendo la liquidación de los daños y\nperjuicios causados a los trabajadores singularmente afectados.\n\nArtículo 572.-\n\nEl cumplimiento patrimonial forzoso\nse llevará a cabo de acuerdo con las disposiciones de la legislación procesal\ncivil, o de las disposiciones del proceso contencioso-administrativo en el caso\nde ejecuciones contra el Estado o sus instituciones.\n\nLa práctica material del embargo,\ncuando sea necesaria, la realizará con carácter de oficial público y como parte\nde sus tareas o funciones, sin cobro alguno de honorarios, un asistente\njudicial del despacho.\n\nArtículo 573.-\n\nLa parte demandada tendrá obligación\nde ejecutar la sentencia o resolución interlocutoria que ordene la\nreinstalación de una persona trabajadora a su puesto, de forma inmediata, sin\nperjuicio de lo que se resuelva en definitiva, readmitiéndola y restituyéndola\nen todos los derechos adquiridos y demás extremos que resulten de la sentencia\no resolución o del ordenamiento.\n\nEn el caso de que se haya dado una\nreestructuración de plazas, cuando fuera imposible reinstalar en el mismo\npuesto al victorioso, el patrono deberá poner a disposición del trabajador la\noportunidad de escoger otro puesto de similar clasificación e idéntico salario\nal que tenía antes del despido, según las opciones de que organizacionalmente\ndisponga el patrono en ese momento. En caso de imposibilidad, deberá proceder\nal pago de salarios caídos, de los daños y perjuicios y de los demás derechos\nlaborales según la ley. Si la persona trabajadora a reinstalar goza de un fuero\nespecial de protección, no procederá el alegato de imposibilidad, por lo que\ndeberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 576.\n\nArtículo 574.-\n\nSi la reinstalación no se pudiera\nrealizar por obstáculo de la parte patronal o si la parte interesada así lo\nprefiriera, podrá presentarse al respectivo centro de trabajo dentro de los\nocho días siguientes a la notificación de la sentencia o resolución a reasumir\nsus labores, en compañía de un notario público o de la autoridad administrativa\nde trabajo de la jurisdicción, o bien, solicitar al juzgado, en forma escrita o\nverbal, la presencia del asistente judicial del despacho. Las autoridades\nadministrativas y judiciales deberán actuar de forma inmediata, dejando de lado\ncualquier otra ocupación. El incumplimiento de este deber se considerará falta\ngrave para efectos disciplinarios. En todos los casos se levantará acta y se\ndejará constancia de lo sucedido.\n\nSolo en casos muy calificados, cuando\nel centro de trabajo se encuentre en lugares alejados y de difícil acceso, se\ncomisionará a la autoridad de policía para que constate la presentación, en cuyo\ncaso deberá instruírsele acerca de la forma de levantar el acta. La autoridad\njudicial dispondrá cualquier otra medida que juzgue razonable para la ejecución\nde lo dispuesto.\n\nArtículo 575.-\n\nLa parte trabajadora podrá solicitar\nla postergación de la reinstalación, si ello fuera necesario para permitir el\npreaviso de la conclusión de otra relación laboral contraída, caso en el cual\nse indicará al juzgado el día que reasumirá sus funciones, lo que no podrá\nexceder de un mes y quince días a partir de la notificación de la sentencia o\nresolución que ordene la reinstalación.\n\nArtículo 576.-\n\nLa obligación de pagar los salarios\ncaídos se mantendrá por todo el tiempo que la reinstalación no se cumpla por\nculpa de la parte empleadora. En este caso deberán pagarse, además, los daños y\nperjuicios que se causen con el incumplimiento.\n\nEl juzgado ordenará que la persona\ntrabajadora no reinstalada continúe percibiendo su salario con la misma\nperiodicidad y cuantía que tenía antes del despido, con los incrementos salariales\nque se produzcan hasta la fecha de reinstalación en debida forma. Para tal fin,\nel órgano jurisdiccional despachará ejecución, en tantas ocasiones como fuera\nnecesario, por una cantidad equivalente a seis meses de salario, y se harán\nefectivas a la parte acreedora, del producto de la ejecución, las retribuciones\nque fueran venciendo, hasta que, una vez efectuada la reinstalación en forma\nregular, acuerde la devolución al empleador o empleadora del saldo existente en\nese momento.\n\nLa parte trabajadora podrá optar,\ndentro de ese mismo lapso de ocho días, por la no reinstalación, a cambio,\nademás de las otras prestaciones concedidas en la sentencia, del pago del\npreaviso y la cesantía que le correspondan por todo el tiempo laborado,\nincluido el transcurrido hasta la firmeza de la sentencia, solo si lo hace\nsaber así al órgano dentro de los ocho días posteriores a la firmeza de la\nsentencia.\n\nSi la parte trabajadora no se\npresenta dentro del expresado lapso de ocho días, sin justa causa, y tampoco\nejerce la opción indicada en el párrafo anterior, la respectiva resolución\njudicial se tornará ineficaz en cuanto al pago de salarios caídos a partir de\nla firmeza de la sentencia o resolución. En este caso, así como en el de la\npostergación, si el derecho a la reinstalación no se ejerce dentro del mes y\nquince días posteriores a esa firmeza, devendrá también en ineficaz.\n\nSi la parte trabajadora se viera imposibilitada de manera absoluta para reinstalarse, por un hecho\najeno a su voluntad, los salarios caídos se limitarán a la fecha del evento imposibilitante, salvo\nque el hecho fuera el resultado de un riesgo o enfermedad de trabajo o de una incapacidad médica,\nsupuestos en los cuales se tendrá por operada la reinstalación para todo efecto.\n\nArtículo 577.-\n\nLa negativa a la reinstalación será\nsancionada con la multa establecida en el inciso 6) del artículo 398. En el\ncaso de servidores públicos, la negativa constituirá falta grave, justificativa\ndel despido o remoción del funcionario que incumplió la orden.\n\nTratándose de representantes de las\npersonas trabajadoras que no hayan sido reinstaladas, se ordenará al empleador\no empleadora abstenerse de limitar la labor de representación que venía\ndesarrollando en el seno de la empresa, así como todas sus funciones protegidas\npor la legislación nacional y se advertirá al empleador o empleadora que, de\nimpedir u oponer algún obstáculo a dicho ejercicio, su conducta, además de lo\ndispuesto en el párrafo anterior, dará derecho a la declaratoria de huelga\nlegal, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos para tal efecto.\n\nCAPÍTULO UNDÉCIMO\n\nCorrección y medios de impugnación de\nlas resoluciones\n\nSECCIÓN I\n\nAdición, aclaración y correcciones\n\nArtículo 578.-\n\nLas sentencias, cualquiera que sea su\nnaturaleza, pueden corregirse mediante adiciones o aclaraciones, de oficio o a\nsolicitud de parte. La corrección de oficio podrá hacerse en cualquier momento,\npero antes de la notificación del pronunciamiento a las partes. La solicitud de\nla parte deberá hacerse dentro de los tres días siguientes a esa notificación.\n\nLa adición y aclaración se limitará a\nlas omisiones u oscuridades de la parte dispositiva de la sentencia y a las\ncontradicciones que puedan existir entre la parte considerativa y la\ndispositiva. El término para interponer el recurso que proceda quedará\ninterrumpido y comenzará a correr de nuevo con la notificación del\npronunciamiento que recaiga.\n\nLas demás resoluciones escritas\npueden también ser aclaradas o adicionadas de oficio antes de su notificación y\nlas partes pueden pedir adiciones, aclaraciones o correcciones dentro del\nindicado término de tres días. En estos casos, la valoración de la solicitud\nqueda a discreción del órgano y la presentación no interrumpe los plazos\nconcedidos en la resolución.\n\nArtículo 579.-\n\nLos errores materiales y las\nimperfecciones resultantes en el devenir del proceso que no impliquen nulidad\npodrán ser corregidos en cualquier momento, siempre y cuando sea necesario para\norientar el curso normal del procedimiento o ejecutar el respectivo pronunciamiento\ny que la corrección no implique una modificación substancial de lo ya resuelto.\n\nSECCIÓN II\n\nMedios de impugnación y oportunidad\npara alegarlos\n\nArtículo 580.-\n\nContra las providencias escritas no\ncabrá recurso alguno, pero el órgano podrá dejarlas sin efecto o modificarlas\ndentro de los tres días siguientes a la notificación, de oficio o en virtud de\nobservaciones de las partes. Si estas se juzgaran improcedentes, será necesario\ndictar resolución.\n\nArtículo 581.-\n\nLos autos escritos admiten el recurso\nde revocatoria, cuyo plazo de presentación se fija en tres días. Con igual\ntérmino contará el órgano para resolver el recurso.\n\nArtículo 582.-\n\nLas observaciones de las partes a las\nprovidencias adoptadas en las audiencias y la solicitud de revocatoria de los\nautos dictados en esa misma actividad procesal deberán hacerse de forma oral e\ninmediata, antes de pasarse a una etapa o fase posterior, y el órgano las\nresolverá y comunicará en ese mismo momento y forma, salvo que sea necesario\nsuspender la audiencia para el estudio de la cuestión, según quedó dispuesto.\n\nArtículo 583.-\n\nAdemás de los pronunciamientos\nexpresamente señalados por este Código, únicamente son apelables las\nresoluciones que:\n\n1) Declaren con lugar las excepciones previas de\nincompetencia por razón del territorio, litispendencia, improcedencia del\nproceso elegido y falta de capacidad de la parte, inexistencia o insuficiencia\nde la representación.\n\n2) Resuelvan sobre las excepciones de incompetencia por la\nmateria.\n\n3) Denieguen o rechacen pruebas.\n\n4) Desestimen las pretensiones de nulidad deducidas antes\nde la sentencia, inclusive durante la audiencia.\n\n5) Resuelvan los procedimientos incidentales, incluidos\nlos autónomos, como las tercerías, y los de nulidad cuando el vicio debe ser\nalegado en esa vía.\n\n6) Acuerden la intervención en el proceso de sucesores\nprocesales, de sustitutos procesales o de terceros.\n\n7) Le pongan término al proceso mediante solución normal\no anormal, excepto cuando la ley le acuerde eficacia de cosa juzgada material\nal pronunciamiento.\n\n8) Emitan el pronunciamiento final en la ejecución de la\nsentencia.\n\n9) Aprueben el remate y ordenen su ejecución.\n\n10) Denieguen, revoquen o dispongan la\ncancelación de medidas cautelares o anticipadas.\n\n11) Ordenen la suspensión,\ninadmisibilidad, improcedencia y archivo del proceso.\n\n12) Denieguen el procedimiento elegido\npor la parte.\n\n13) Resuelvan de forma no contenciosa\nsobre la adjudicación de las prestaciones de personas fallecidas.\n\n14) En los procesos de menor cuantía, las\nsentencias y demás resoluciones que le pongan término al proceso.\n\nArtículo 584.-\n\nLas apelaciones contra las\nresoluciones interlocutorias escritas se formularán de esa misma manera ante el\nórgano que dictó el pronunciamiento, dentro de tres días, y las que procedan\ncontra las orales dictadas en audiencia deberán interponerse en el mismo acto\nde la notificación y deberá dejarse constancia de su interposición y motivación\nen el acta.\n\nArtículo 585.-\n\nLas apelaciones admisibles contra\nautos y sentencias interlocutorias, que impidan el curso del procedimiento, se\ntramitarán de forma inmediata. Cuando versen sobre autos denegatorios de prueba\no resoluciones producidas en la audiencia cuyo efecto directo no sea el de la\nparalización o terminación del proceso, la interposición del recurso no\nimpedirá la continuación de la actividad y el dictado de la sentencia, y se\ntendrá por interpuesto con efectos diferidos y condicionado a que el\npronunciamiento final sea recurrido de forma legal y oportuna. En tal caso, la\napelación solo se tomará en cuenta si:\n\n1) El punto objeto de la impugnación trasciende al\nresultado de la sentencia y la parte que interpuso la apelación figure como\nrecurrente de la sentencia y reitere en su recurso aquella apelación.\n\n2) La sentencia admite el recurso de casación, el motivo\nde disconformidad pueda ser parte o constituya uno de los vicios deducibles\ncomo motivos de casación.\n\n3) La parte que lo interpuso no figure como impugnante\npor haber resultado victoriosa y con motivo de la procedencia del recurso de\ncualquier otro litigante la objeción recobre interés. En ese supuesto, se le\ntendrá como apelación eventual.\n\nArtículo 586.-\n\nProcede el recurso para ante el\nórgano de casación contra la sentencia del proceso ordinario y también, salvo\ndisposición expresa en contrario, contra los demás pronunciamientos con\nautoridad de cosa juzgada material, por razones procesales y sustantivas,\nsiempre y cuando en el proceso en que se dicten sea inestimable o, en caso\ncontrario, de una cuantía determinada exclusivamente por el valor de las\npretensiones no accesorias, que sea superior al monto fijado por la Corte\nSuprema de Justicia para la procedencia del recurso de casación, según la\ncompetencia otorgada al efecto por la Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder\nJudicial, de 5 de mayo de 1993. En los demás casos, así como en los procesos\npor riesgos de trabajo, cualquiera sea su cuantía, la sentencia admite\núnicamente el recurso de apelación para ante el tribunal de apelaciones\ncompetente.\n\nLos recursos de casación y de\napelación deberán ser presentados ante el juzgado; el primero dentro de diez\ndías y el segundo dentro de tres días, a partir de la notificación de la\nsentencia.\n\nArtículo 587.- Por razones procesales será admisible\ncuando se invoque:\n\n1.- Cualquiera de los vicios por los\ncuales procede la nulidad de actuaciones, siempre y cuando estos hayan sido\nalegados en alguna de las fases precedentes del proceso y la reclamación se\nhaya desestimado.\n\n2.- Incongruencia de la sentencia u\noscuridad absoluta de esta última parte. En los supuestos de incongruencia, el\nrecurso solo es admisible cuando se ha agotado el trámite de la adición o\naclaración.\n\n3.- Falta de determinación, clara y\nprecisa, de los hechos acreditados por el juzgado.\n\n4.- Haberse fundado la sentencia en\nmedios probatorios ilegítimos o introducidos ilegalmente al proceso.\n\n5.- Falta de fundamento o fundamento\ninsuficiente de la sentencia.\n\n6.- Haberse dictado la sentencia fuera\ndel tiempo previsto para hacerlo.\n\nArtículo 588.-\n\nPodrá alegarse, como base del recurso\nde casación por el fondo, toda violación sustancial del ordenamiento jurídico,\ntanto la directa como la resultante de una incorrecta o ilegítima aplicación\ndel régimen probatorio. El órgano de casación también podrá hacer una\nvaloración de las pruebas de forma integral; para ello, la audiencia debe ser\ngrabada en audio y/o video.\n\nArtículo 589.-\n\nNo podrán ser objeto de apelación o\ncasación cuestiones que no hayan sido propuestas ni debatidas oportunamente por\nlos litigantes y la sentencia que se dicte no podrá abrazar otros puntos\ndistintos de los planteados en el recurso, salvo las nulidades, correcciones o\nreposiciones que procedan por iniciativa del órgano.\n\nSe prohíbe la reforma en perjuicio.\n\nSECCIÓN III\n\nFormalidades y trámite de los\nrecursos de apelación y casación\n\nArtículo 590.-\n\nEl escrito en que se interponga el\nrecurso de apelación deberá contener, bajo pena de ser declarado inadmisible,\nlas razones claras y precisas que ameritan la revocatoria del pronunciamiento,\nincluidas las alegaciones de nulidad concomitante que se estimen de interés.\n\nEl de casación deberá puntualizar en\nesa misma forma los motivos por los cuales se estima que el ordenamiento\njurídico ha sido violentado y por los cuales procede la nulidad y eventual\nrevocatoria de la sentencia impugnada; primero se harán las reclamaciones\nformales y después las sustanciales.\n\nEn ningún caso será necesario citar\nlas normas jurídicas que se consideran violadas, pero la reclamación debe ser\nclara en las razones por las cuales la parte se considera afectada. Los errores\nque se puedan cometer en la mención de normas no serán motivos para decretar la\ninadmisibilidad del recurso.\n\nSi hubiera apelación reservada deberá\nmantenerse el agravio respectivo.\n\nLos motivos del recurso no podrán\nmodificarse o ampliarse y delimitarán el debate a su respecto y la competencia\ndel órgano de alzada para resolver.\n\nArtículo 591.-\n\nEn la apelación no reservada y en la\ncasación, interpuesto el recurso en tiempo, se emplazará a la parte o partes\nrecurridas para que presenten dentro de tres días ante el mismo juzgado la\nexpresión de sus agravios en relación con los motivos argumentados. Cuando el\nórgano superior se halle ubicado en una circunscripción territorial diferente,\nen la misma resolución prevendrá a todas las partes que atienden notificaciones\nen un lugar determinado y no por un medio electrónico de comunicación, hacer el\nrespectivo señalamiento para recibir esas notificaciones en el tribunal que\nconoce del recurso y les hará las advertencias correspondientes, en el caso de\nque no lo hagan.\n\nEl señalamiento de medios\nelectrónicos valdrá para todas las instancias.\n\nEl expediente se remitirá al órgano\ncorrespondiente, una vez transcurrido el término del emplazamiento.\n\nEl recurso extemporáneo será\nrechazado de plano por el juzgado.\n\nArtículo 592.-\n\nEl tribunal se pronunciará sobre la\napelación dentro de los quince días posteriores al recibo de los autos.\n\nEn primer término revisará la\nprocedencia formal del recurso, el procedimiento y las cuestiones de nulidad\npropuestas y podrá acordar nulidades únicamente en el caso de que los defectos\nconstituyan vicios esenciales al debido proceso. En todos los casos dispondrá\nlas correcciones que sean necesarias y conservará todas las actuaciones no\nafectadas por el vicio o que sea posible subsanar.\n\nEnseguida, si no fuera del caso\ndeclarar la inadmisibilidad de la alzada o alguna nulidad, reposición o\ncorrección de trámites, emitirá el pronunciamiento correspondiente a los demás\nagravios del recurso.\n\nArtículo 593.-\n\nRecibido el expediente por el órgano\nde casación, si no fuera del caso declarar la inadmisibilidad del recurso, se\ndictará sentencia dentro del mes siguiente. Cuando se ordene alguna prueba\ndocumental, una vez recibidas las piezas probatorias, se le dará traslado de\nellas a la parte interesada por tres días.\n\nEn los casos en que sea necesario\npara la aplicación del principio de inmediación, las pruebas ordenadas se\nrecibirán en audiencia oral con citación de las partes. El expresado plazo\ncorrerá después del traslado o de la audiencia.\n\nLo dispuesto en esta norma será\naplicable en lo pertinente en el trámite del recurso de apelación.\n\nArtículo 594.-\n\nAnte el órgano de casación solo\npodrán presentarse u ordenarse para mejor proveer pruebas documentales y\ntécnicas que puedan ser de influencia decisiva, según calificación discrecional\ndel órgano. Las últimas se evacuarán con prontitud y el costo de las\nperitaciones no oficiales deberá cubrirlo la parte que ha solicitado la\nprobanza. Tales probanzas serán trasladadas a las partes por tres días.\n\nArtículo 595.-\n\nAl dictarse sentencia se procederá de\nla siguiente manera:\n\nEn primer lugar se resolverán las\ncuestiones relativas al procedimiento. Si se considera procedente la nulidad de\nla sentencia, se puntualizarán los vicios o defectos omitidos y se devolverá el\nexpediente al tribunal para que, hecha cualquier reposición ordenada, se repita\nla audiencia y se dicte de nuevo, salvo que la nulidad se alegue desde la\nprimera instancia, por lo que se devolverá el expediente al juzgado.\n\nCuando proceda la nulidad por el\nfondo, se casará la sentencia, total o parcialmente, y en la misma resolución\nse fallará el proceso o se resolverá sobre la parte anulada, cuando no exista\nimpedimento para suplir la resolución correspondiente con base en lo\nsubstanciado.\n\nEn el caso contrario se declarará sin\nlugar el recurso y se devolverá el expediente al juzgado.\n\nLa nulidad de la sentencia solo se\ndecretará cuando no sea posible corregir el error u omisión con base en el\nexpediente y con respeto del principio de inmediación.\n\nArtículo 596.-\n\nTanto en el caso de la apelación como\nen el de casación, si resultara procedente el recurso por el fondo, al emitirse\nel pronunciamiento que corresponda, deberán atenderse las defensas de la parte\ncontraria al recurrente, así como sus impugnaciones reservadas con efectos\neventuales, omitidas o preteridas en la resolución recurrida, cuando por haber\nresultado victoriosa esa parte no hubiera podido interponerlas o reiterarlas en\nel recurso de casación.\n\nArtículo 597.-\n\nLos órganos de alzada y de casación,\nal conocer de los agravios esgrimidos en los recursos, se ajustarán a la\nmaterialidad de los elementos probatorios incorporados al expediente y,\nracionalmente, a los límites del principio de inmediación.\n\nArtículo 598.-\n\nEn cualquier caso en que se anule una\nsentencia, la audiencia se repetirá siempre con la intervención de otra persona\ncomo juzgadora.\n\nArtículo 599.-\n\nLos efectos de la apelación, la\napelación adhesiva y la apelación por inadmisión se regirán por lo dispuesto en\nla legislación procesal civil.\n\nEl recurso de casación producirá\nefectos suspensivos.\n\nLas reglas de la apelación por\ninadmisión se aplicarán, con la modificación pertinente, al recurso de\ncasación. Contra lo resuelto por el tribunal de apelación o el órgano de\ncasación no cabe ulterior recurso.\n\nSECCIÓN IV\n\nRecurso de casación en interés del\nordenamiento jurídico\n\nArtículo 600.-\n\nCabrá el recurso de casación en\ninterés del ordenamiento jurídico, ante la Sala Segunda de la Corte, contra\nsentencias firmes con autoridad de cosa juzgada material no recurribles para\nante el órgano de casación, cuando se estimen violatorias del ordenamiento\njurídico.\n\nEl recurso podrá ser interpuesto, en\ncualquier momento, por el procurador o la procuradora general de la República,\nel contralor o la contralora general de la República, el defensor o la\ndefensora de los habitantes o la Dirección Nacional de Inspección General de\nTrabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por las confederaciones\nsindicales debidamente inscritas en el Departamento de Organizaciones Sociales\ndel Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y por las uniones de cámaras empresariales\nque se acrediten ante el proceso. El escrito respectivo deberá contener las\nrazones claras y precisas por las cuales se estima que el ordenamiento ha sido\nviolado, así como indicación concreta de las normas jurídicas que se consideran\nquebrantadas. Del recurso se dará audiencia a las confederaciones sindicales y\na las uniones de cámaras empresariales, mediante un aviso que se publicará en\nel Boletín Judicial por una única vez.\n\nLa sentencia que se dicte no afectará\nsituaciones jurídicas derivadas de la sentencia recurrida, tampoco afectará\nsituaciones jurídicas consolidadas. Cuando sea estimatoria se limitará a fijar\nla correcta interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico y deberá\npublicarse en una sección especializada del diario oficial La Gaceta, y no\nimplicará responsabilidad para los tribunales que hayan resuelto de manera\ndistinta.\n\nSECCIÓN V\n\nRevisión\n\nArtículo 601.-\n\nContra las resoluciones de los\ntribunales de trabajo es procedente la revisión, con base en las causales\nestablecidas en la legislación procesal civil, a la cual se ajustará la\nrespectiva tramitación y la audiencia se llevará a cabo, cuando sea necesario\nreproducirla, de la forma prevista para el supuesto de la nulidad de la\nsentencia.\n\nCAPÍTULO DUODÉCIMO\n\nSolución de los conflictos jurídicos,\nindividuales o\n\ncolectivos mediante árbitros\nespecializados\n\nArtículo 602.-\n\nPodrán someterse a arbitraje todas\nlas controversias jurídicas patrimoniales, fundadas en derechos respecto de los\ncuales las partes tengan plena disposición, y sea posible excluir la\njurisdicción de los tribunales comunes, derivadas o íntimamente vinculadas a la\nrelación de trabajo o empleo, pendientes o no ante dichos tribunales, para cuyo\nefecto deberá suscribirse un compromiso de arbitraje que deberá contener, al\nmenos, la descripción del diferendo jurídico que se somete a arbitraje, las\nespecificaciones a que se refieren los incisos a), c), d), e) y g) del artículo\n607 de este Código, así como declaración expresa de las partes de que el objeto\ndel arbitraje está constituido por derechos que no tienen el carácter de\nindisponibles.\n\nArtículo 603.-\n\nEn cualquier caso, será absolutamente\nnulo el compromiso arbitral establecido en contrato de trabajo individual o en\nun convenio accesorio a este y que haya sido suscrito como condición para la\nconstitución de la relación laboral o para evitar su extinción. Asimismo, será\nabsolutamente nulo el compromiso arbitral que verse sobre derechos\nindisponibles. Se consideran indisponibles, entre otros que resulten de esa naturaleza,\nsegún el ordenamiento, las prestaciones e indemnizaciones de seguridad social\nen beneficio de los trabajadores y las trabajadoras, de sus familiares y de las\ndemás personas que conforme a la legislación civil tienen el carácter de\nherederos, salvo que se trate de prestaciones superiores a las previstas en las\ndisposiciones indicadas, nacidas de acuerdo, de contrato, de los usos o de la\ncostumbre.\n\nArtículo 604.-\n\nLas sentencias arbitrales solo\nproducirán efectos vinculantes para las partes si se dictan en el marco de\nprocesos arbitrales seguidos, de acuerdo con la normativa de este capítulo.\nTales procesos deberán tramitarse y fallarse de conformidad con los principios\npropios del derecho de trabajo, tanto en materia de derecho de fondo, como en cuanto\na los principios del derecho procesal, salvo que se trate de relaciones de\nempleo público, pues entonces se aplicarán los principios del derecho de\ntrabajo en cuanto sean compatibles con los principios y fuentes del derecho de\nla función pública.\n\nUna vez suscrito el compromiso a que\nse refiere este capítulo, el tribunal arbitral será el único competente para\nconocer del respectivo conflicto. La parte legitimada podrá formular la\nexcepción de litispendencia en el caso de que sea planteada demanda sobre el\nmismo conflicto ante los tribunales comunes.\n\nArtículo 605.-\n\nEl arbitraje deberá ser de derecho y\nel tribunal deberá estar integrado, exclusivamente, por profesionales en\nderecho y resolverá las controversias con estricto apego a la ley aplicable.\n\nEl tribunal puede ser, a elección de\nlas partes, unipersonal o colegiado y será escogido de una lista de por lo\nmenos veinte personas que mantendrá el Ministerio de Trabajo y Seguridad\nSocial. En el caso del arbitraje unipersonal, la escogencia la hará, salvo\nacuerdo de ambas partes, la autoridad competente del Ministerio de Trabajo y\nSeguridad Social o del respectivo centro de arbitraje y, en el caso de tribunal\ncolegiado, cada una de las partes designará de dicha lista a una persona y los\ndos designados escogerán a una tercera, quien presidirá el tribunal.\n\nArtículo 606.-\n\nPara ser árbitro o árbitra deben\nreunirse los requisitos establecidos en la Ley N.° 7727, Ley sobre Resolución\nAlterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, RAC, de 9 de diciembre de 1997,\ny sus reformas.\n\nLa integración de la lista indicada\nen el artículo anterior se hará mediante concurso público. La designación\ntendrá una vigencia de cinco años y los integrantes podrán ser excluidos si se\nniegan injustificadamente a servir en algún caso concreto.\n\nArtículo 607.-\n\nLa solicitud se presentará\ndirectamente ante el Departamento de Relaciones de Trabajo de la Dirección de\nAsuntos Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o a la\nrespectiva dependencia regional de este Ministerio, competente por razón del\nterritorio, que funcionará como centro de arbitraje, sin perjuicio de lo que se\nestablezca reglamentariamente, y contendrá lo siguiente:\n\na) El nombre completo, la razón o la denominación social\nde las partes, la dirección y las demás calidades.\n\nb) Una relación de los hechos en que se basa la solicitud\no el conflicto, especificados en forma separada.\n\nc) La petición de que la controversia sea resuelta\nmediante arbitraje.\n\nd) El objeto sobre el cual deberán pronunciarse el o los\nárbitros o las árbitras que conozcan del asunto.\n\ne) La designación de la persona o de las\npersonas que se proponen como árbitras.\n\nf) Las pruebas de los hechos que de acuerdo con este\nCódigo le corresponda a la parte acreditar.\n\ng) Señalamiento de oficina o medio para notificaciones.\n\nCon el requerimiento se acompañará\nuna copia auténtica del compromiso arbitral.\n\nNo es necesario indicar en el compromiso arbitral el derecho\naplicable, aunque las partes podrán indicar las normas que a su juicio resulten\nútiles para la solución del asunto.\n\nMientras no se cumplan todos esos requisitos, no se le dará\ncurso a la solicitud.\n\nArtículo 608.-\n\nLos honorarios de los árbitros o las\nárbitras, salvo pacto en contrario, serán cubiertos por las partes de forma\nigualitaria.\n\nLa fijación de esos honorarios se\nregirá conforme a la siguiente tabla:\n\nUn siete coma cinco por ciento (7,5%)\nsobre el primer millón de colones del monto de la pretensión económica; un\ncinco por ciento (5%) sobre los siguientes dos millones de colones; un dos coma\ncinco por ciento (2,5%) sobre el exceso hasta cinco millones; un uno por ciento\n(1%) sobre el exceso hasta cincuenta millones de colones y un cero coma\ncincuenta por ciento (0,50%) sobre el exceso de esa suma.\n\nEn los procesos sobre pretensiones no\nestimables la fijación de los honorarios se hará prudencialmente y cuando se\nacumulen pretensiones estimables y no estimables, la estimación se hará tomando\nen cuenta unas y otras.\n\nLa fijación la hará la autoridad del respectivo\ncentro de arbitraje antes de darle curso a la solicitud y las partes deberán\ndepositar lo que les corresponda dentro de los cinco días siguientes a la\nnotificación.\n\nNo obstante lo indicado en el párrafo\nprimero, cuando el Fondo de Apoyo a la Solución Alterna de Conflictos que se\ncrea en esta ley adquiera la solidez necesaria, sus rentas podrán destinarse a\ncubrir los honorarios de los árbitros o árbitras de las personas trabajadoras,\nsegún se establezca en el reglamento que se dicte.\n\nLa Corte Suprema de Justicia podrá\nactualizar, al menos cada cinco años, la escala anteriormente señalada,\natendiendo a la variación del índice de precios al consumidor.\n\nArtículo 609.-\n\nSi la parte actora o quien o quienes\nsoliciten el arbitraje no cumplen con alguna prevención anterior al traslado de\nla demanda o con el depósito de los honorarios del arbitraje, el proceso se\ndará por terminado y se tendrá por no interpuesto para todo efecto, mediante\nresolución que dictará el centro de arbitraje.\n\nCuando la parte demandada no conteste\no no deposite los honorarios que le corresponden, la persona propuesta por la\notra parte actuará como única integrante del órgano arbitral y el procedimiento\nse desarrollará con intervención de la parte requirente, si a su vez hubiera cumplido\ncon esa carga, caso en el cual se recibirán únicamente sus pruebas. La\ncontraparte podrá apersonarse al proceso en cualquier momento y tomar el\nproceso en el estado en que se hallen, y ejercer los derechos procesales que\npuedan hacerse valer en el momento del apersonamiento.\n\nArtículo 610.-\n\nEl proceso se substanciará por el\nsistema de audiencias orales dispuesto en el presente Código y en cuanto a la\ncarga de la prueba se estará a lo dispuesto en este ordenamiento procesal.\n\nSe laudará en la forma y los términos\ntambién previstos en este Código para el proceso ordinario. Contra el laudo\núnicamente cabrá recurso para ante la sala de casación competente para conocer\nla materia laboral por vicios de orden formal o por conculcación de derechos\nindisponibles.\n\nSi procediera el recurso por la\nforma, se reenviará el proceso al tribunal arbitral para que repita el juicio y\ndicte nueva sentencia, para la cual no tendrá derecho a cobrar honorarios\nadicionales.\n\nSi se comprobara la violación de\nderechos indisponibles, la Sala hará, en la misma sentencia, la reposición que\ncorresponda, cuando sea procedente.\n\nArtículo 611.-\n\nLa sentencia arbitral, una vez firme,\ntendrá valor de cosa juzgada material, no requiere protocolización y será\nejecutable en la forma prevista en el procedimiento de ejecución.\n\nArtículo 612.-\n\nLo relacionado con la contestación de\nla parte demandada y todas las demás cuestiones del proceso arbitral se regirán\npor las disposiciones de la Ley N.° 7727, Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos\ny Promoción de la Paz Social, RAC, de 9 de diciembre de 1997, y sus reformas,\nen cuanto no contraríen lo dispuesto en este capítulo y, en general, los\nprincipios y las normas del derecho de trabajo. El funcionamiento de los\ncentros de arbitraje a que se refiere este capítulo se regirá por lo que se\nestablezca reglamentariamente.\n\nArtículo 613.-\n\nSe faculta al Colegio de Abogados\npara que organice centros de arbitraje laboral, siempre y cuando sea sin costo\nalguno para los trabajadores y las trabajadoras que se hallen en condiciones de\nrecibir asistencia legal gratuita, según lo previsto en la sección segunda,\ncapítulo segundo de este título. Tales centros tendrán listas propias de\nárbitros y árbitras, y se regirán en todo lo demás por lo dispuesto en este\ncapítulo.\n\nEl funcionamiento de los centros de\narbitraje, en general, se establecerá por reglamento.\n\nCAPÍTULO DECIMOTERCERO\n\nSolución de los conflictos colectivos\nde carácter económico y\n\nsocial y del procedimiento de\nconciliación y arbitraje\n\nSECCIÓN I\n\nMedios de solución\n\nArtículo 614.-\n\nSon medios de solución de los\nconflictos económicos y sociales generados en las relaciones laborales, el\narreglo directo, la conciliación y el arbitraje.\n\nSECCIÓN II\n\nArreglo directo\n\nArtículo 615.-\n\nLos patronos y trabajadores tratarán\nde resolver sus diferencias por medio del arreglo directo, con la sola\nintervención de ellos o con la de cualesquiera otros amigables componedores. Al\nefecto, los trabajadores podrán constituir consejos o comités permanentes en\ncada lugar de trabajo, compuestos por no más de tres miembros, quienes se\nencargarán de plantear a los patronos o a los representantes de estos,\nverbalmente o por escrito, las quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités\nharán siempre sus gestiones de forma atenta y, cuando así proceda, el patrono o\nsu representante no podrá negarse a recibirlos, a la mayor brevedad que le sea\nposible.\n\nCada vez que se forme uno de los\nconsejos o comités a que se refiere el párrafo anterior, sus miembros lo\ninformarán al Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y\nSeguridad Social, mediante una nota que suscribirán y enviarán dentro de los\ncinco días posteriores a su nombramiento.\n\nArtículo 616.-\n\nDurante el proceso de negociación de\nuna convención colectiva de trabajo o una vez iniciado el procedimiento de\nconciliación o arbitraje, y durante la ejecución de una huelga legal, solo\npodrá suscribirse un arreglo directo con la organización o el comité\nresponsable de la negociación o del conflicto.\n\nArtículo 617.-\n\nCuando las negociaciones entre\npatronos y trabajadores conduzcan a un arreglo, se levantará acta de lo\nacordado y se enviará copia auténtica al Departamento de Relaciones de Trabajo\ndel Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro de las veinticuatro horas\nposteriores a la firma. La remisión la harán los patronos y, en su defecto, los\ntrabajadores, sea directamente o por medio de autoridad política o de trabajo\nlocal.\n\nLa Inspección General de Trabajo\nvelará por que estos acuerdos no contraríen las disposiciones legales que\nprotejan a los trabajadores y por que sean\nrigurosamente cumplidos por las partes. La contravención a lo pactado se\nsancionará con multa de uno a tres salarios base mensuales, si se tratara de\ntrabajadores, y de doce a quince salarios base mensuales, en caso de que los\ninfractores sean patronos, según lo establecido en los incisos 1) y 4) del\nartículo 398 de esta ley, sin perjuicio de que la parte que ha cumplido pueda\nexigir ante los tribunales de trabajo la ejecución del acuerdo o el pago de los\ndaños y perjuicios que se le hubieran causado.\n\nSECCIÓN III\n\nProcedimiento de conciliación\n\nArtículo 618.-\n\nCuando en el lugar de trabajo se\nproduzca una cuestión susceptible de provocar uno de los conflictos colectivos\nde carácter económico y social a que se refiere el título sexto, los\ninteresados nombrarán entre ellos una delegación de dos a tres miembros que\ndeberán conocer muy bien las causas de la inconformidad y estar provistos de\npoder suficiente para firmar cualquier arreglo.\n\nEsta delegación estará legitimada\npara plantear el conflicto judicialmente o alternativamente ante el\nDepartamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad\nSocial, o bien, ante el órgano conciliador que las partes designen a su costa.\n\nArtículo 619.-\n\nLos delegados suscribirán por\nduplicado un pliego de peticiones de orden económico-social, cuya copia\nentregarán al respectivo órgano conciliador competente, directamente o por\nmedio de cualquier autoridad administrativa local. Esta última queda obligada,\nbajo pena de destitución, a hacer el envío correspondiente con la mayor rapidez\nposible.\n\nEl funcionario que reciba el pliego\nde manos de los delegados, les dará certificación de la hora exacta en que se\nle hizo la entrega.\n\nEl original será remitido\ninmediatamente por los delegados a la otra parte afectada por la cuestión\nsusceptible de provocar el conflicto.\n\nEn ese mismo pliego indicarán el\nnombre de una persona, la cual debe reunir los requisitos indicados en este\ntítulo, para que integre el tribunal de conciliación.\n\nArtículo 620.-\n\nDesde el momento de la entrega del\npliego de peticiones, se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto\nde que ninguna de las partes pueda tomar la menor represalia contra la otra, ni\nimpedirle el ejercicio de sus derechos. Quien infrinja esta disposición será\nsancionado de acuerdo con lo dispuesto en este título, según la importancia de\nlas represalias tomadas y el número de las personas afectadas por estas, y\nsatisfacer los daños y perjuicios que cause.\n\nA partir del momento a que se refiere\neste artículo, toda terminación de contratos de trabajo debe ser autorizada por\nel órgano que conoce del conflicto, según el procedimiento previsto en este\nmismo Código para otorgar autorizaciones.\n\nLo dispuesto en este artículo será\naplicable durante la conciliación, el arbitraje, la huelga o el procedimiento,\nen el caso de convención colectiva fracasada.\n\nArtículo 621.-\n\nEl pliego que se presente expondrá\nclaramente en qué consisten las peticiones y a quién o a quiénes se dirigen,\ncuáles son las quejas, el número de personas trabajadoras o de empleadoras que\nlas apoyan, la situación exacta de los lugares de trabajo donde ha surgido la\ncontroversia, la cantidad de trabajadores que en estos prestan servicios, el\nnombre y el apellido de los delegados y la fecha.\n\nEn el mismo pliego de peticiones los\ninteresados señalarán para notificaciones de la forma establecida en la\nlegislación sobre notificaciones.\n\nArtículo 622.-\n\nEl órgano conciliador, de forma inmediata,\nexcluirá las cuestiones constitutivas de conflictos jurídicos que según este\nCódigo no se puedan tratar en esta vía y notificará a la otra parte, por todos\nlos medios a su alcance, que debe nombrar, dentro de tres días, una delegación\nde la forma prevista en la primera norma de esta sección, así como la persona\nque propone como conciliadora. Asimismo, en la resolución inicial le advertirá\nque debe cumplir lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior.\n\nLos señalamientos de notificaciones\nque haga la parte serán válidos para los delegados propuestos.\n\nEn el caso de que el órgano\nconciliador estime que el pliego contiene algún defecto deberá prevenir a la\nparte solicitante la subsanación, en un plazo máximo de cinco días.\n\nArtículo 623.-\n\nEl empleador, la empleadora o su\nrepresentante legal con facultades suficientes para obligarlo pueden actuar\npersonalmente y no por medio de delegados, lo cual deberá hacerlo saber al\nórgano conciliador.\n\nArtículo 624.-\n\nEl tribunal de conciliación estará integrado\npor los conciliadores propuestos por las partes y será presidido por la persona\ntitular del respectivo despacho, por el funcionario competente del Departamento\nde Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o por el\nconciliador privado seleccionado por las partes. Durante el período de\nconciliación no habrá recurso alguno contra las resoluciones del órgano\nconciliador, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes\nde ninguna clase, y cada una de las partes podrá designar hasta tres asesores,\npara que les ayuden a cumplir mejor su cometido, pero su presencia no será\nrequisito para realizar válidamente la conciliación.\n\nArtículo 625.-\n\nEl órgano conciliador convocará a los\ninteresados o las delegaciones a una comparecencia, que se verificará en un\nplazo de ocho a quince días, según la complejidad del pliego, con absoluta\npreferencia a cualquier otro asunto.\n\nDicho órgano podrá constituirse en el\nlugar del conflicto, si lo considera necesario.\n\nArtículo 626.-\n\nAntes de la hora señalada para la\ncomparecencia, el órgano conciliador oirá separadamente a los interesados o\ndelegados de cada parte, y estos responderán con precisión y amplitud a todas\nlas preguntas que se les hagan.\n\nUna vez que hayan determinado bien\nlas pretensiones de las partes, en un acta lacónica hará las deliberaciones\nnecesarias y luego llamará a los delegados a dicha comparecencia, a efectos de\nproponerles los medios o las bases generales del arreglo que su prudencia le\ndicte.\n\nArtículo 627.-\n\nEs obligación de los interesados o\ndelegados asistir a las convocatorias que realice el órgano. La parte\nempleadora tiene el deber de presentar a los delegados que haya designado.\nCuando no se presenten todos los delegados de alguna de las partes, la actividad\npodrá realizarse válidamente con el número que se haya presentado, siempre y\ncuando ambas partes tengan delegados o haya representación de la empleadora\ncuando no actúe por medio de delegados.\n\nSi la conciliación no se pudiera\nllevar a cabo por ausencia injustificada de los delegados o del empleador,\nempleadora o de su representante en su caso u omisión en el nombramiento de las\npersonas que debe designar como conciliadoras en el plazo indicado en el\nartículo 622, el conciliador levantará un acta en la cual dejará constancia de\nla razón por la cual no se llevó a cabo la actividad y dará por terminada su\nactuación, y se tendrá, para todos los efectos, por agotada la etapa de la\nconciliación.\n\nArtículo 628.-\n\nLa omisión en el nombramiento de\npersonas conciliadoras en los plazos establecidos en este Código, la\ninasistencia injustificada a la diligencia de conciliación y cualquier otra\nconducta tendiente a obstaculizarla constituirá una infracción punible con\nmulta de cinco a ocho salarios base mensuales. Para establecerla se tomará en\ncuenta la condición de la persona de empleadora o de trabajadora y se aplicará\nlo dispuesto en los títulos sétimo y el presente.\n\nEn la misma resolución en que se dé\npor concluido el procedimiento conciliatorio, el órgano ordenará que se libre\nun testimonio de piezas para que se inicie el respectivo proceso sancionador.\n\nSe absolverá a los denunciados y se\nordenará el archivo del expediente, cuando se demuestren motivos justos que\nimpidieron de forma absoluta la asistencia.\n\nArtículo 629.-\n\nSi hubiera arreglo se dará por\nterminado el conflicto y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el\nconvenio que se redacte, dentro del término que fije el órgano. La parte que se\nniegue a firmar el convenio será sancionada con una multa que se fijará con\nbase en la escala mayor de la tabla contenida en el artículo 398; para fijar la\nmulta se tomará en cuenta la situación económica derivada de la condición de\nlas partes como empleadoras o trabajadoras.\n\nQueda a salvo el derecho de la parte\nque ha respetado el arreglo conciliatorio para declararse en huelga o en paro,\nsegún corresponda, sin acudir nuevamente a la conciliación, siempre que lo haga\npor las mismas causas que dieron origen a la inconformidad. Dicha parte también\npodrá optar por pedir a los tribunales de trabajo la ejecución del acuerdo a\ncosta de quien ha incumplido o el pago de los daños y perjuicios que\nprudencialmente estos determinen.\n\nArtículo 630.-\n\nUna vez agotados los procedimientos\nde conciliación, sin que los delegados hayan aceptado el arreglo o convenido en\nsometer la disputa a arbitraje, el órgano levantará un informe cuya copia\nremitirá al Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y\nSeguridad Social o este, en su caso, conservará. Este informe contendrá la\nenumeración precisa de las causas del conflicto y de las recomendaciones que se\nhicieron a las partes para resolverlo; además, determinará cuál de estas aceptó\nel arreglo o si las dos lo rechazaron, y lo mismo respecto del arbitraje propuesto\no insinuado.\n\nArtículo 631.-\n\nEl informe señalado en el artículo\nanterior o, en su caso, el arreglo conciliatorio será firmado por el\nconciliador o los conciliadores y todos los demás comparecientes.\n\nArtículo 632.-\n\nSi los delegados convinieran en someter\nla cuestión a arbitraje, todos los documentos, pruebas y actas que se hayan\naportado o levantado durante la conciliación servirán de base para el juicio\ncorrespondiente. Si hubiera un arreglo conciliatorio parcial, el sometimiento\nal arbitraje procederá únicamente sobre los puntos no convenidos en el proceso\nde conciliación, por lo que el laudo incorporará como parte integral el arreglo\nconciliatorio.\n\nArtículo 633.-\n\nEn ningún caso los procedimientos de\nconciliación podrán durar más de veinte días hábiles, contados a partir del\nmomento en que haya quedado legalmente constituido el órgano de conciliación.\n\nNo obstante lo anterior, dicho órgano\npodrá ampliar este plazo hasta por el tiempo que las partes convengan de común\nacuerdo. Salvo que se acuerde dicha ampliación, al vencimiento del plazo se\ntendrá de pleno derecho por definitivamente agotado el procedimiento de\nconciliación. En tal caso, el órgano conciliador deberá elaborar el informe\nindicado en el artículo 630, en un término perentorio de cuarenta y ocho horas.\n\nArtículo 634.-\n\nEn caso de que no hubiera arreglo ni\ncompromiso de ir al arbitraje, el órgano dará por formalmente concluido el\nprocedimiento y los trabajadores y las trabajadoras gozarán de un plazo de\nveinte días para declarar la huelga. Este término correrá a partir del día\nsiguiente a aquel en que quede notificada la resolución final del procedimiento\nde calificación, cuando ellos hayan solicitado la calificación previa. Igual\nregla rige para los empleadores o las empleadoras, pero el plazo se comenzará a\ncontar desde el vencimiento del mes a que se refiere el artículo 388.\n\nSECCIÓN IV\n\nProcedimiento de arbitraje\n\nArtículo 635.-\n\nEl procedimiento de arbitraje se\nrealizará en el mismo expediente de la conciliación, donde conste el compromiso\narbitral, con los mismos delegados o interesados que intervinieron, pero, antes\nde que los interesados sometan la resolución de una cuestión que pueda generar\nhuelga o paro al respectivo tribunal de arbitraje, deberán reanudar los\ntrabajos o las actividades que se hubieran suspendido, lo cual deberá\nacreditarse al juzgado por cualquier medio. El arbitraje será judicial, pero,\nsi existiera acuerdo entre las partes, alternativamente podrá constituirse como\nórgano arbitral al funcionario competente del Departamento de Relaciones de\nTrabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del centro de arbitraje\nautorizado que se escoja. Si el arbitraje fuera judicial y la etapa\nconciliatoria se hubiera agotado administrativamente, el respectivo expediente\ndeberá ser remitido al juzgado competente.\n\nLa reanudación de labores se hará en\nlas mismas condiciones existentes en el momento en que se presentó el pliego de\npeticiones a que se refiere el artículo 620, o en cualesquiera otras más\nfavorables para los trabajadores y trabajadoras.\n\nValdrá para el arbitraje el\nseñalamiento de medio o lugar para notificaciones hecho en la conciliación.\n\nArtículo 636.-\n\nDentro de los ocho días siguientes a\nla terminación de la conciliación, cada una de las partes designará a una\npersona como árbitro o árbitra.\n\nEl arbitramento deberá ser de derecho\nen los asuntos en que intervengan las administraciones públicas.\n\nLas reglas del párrafo anterior y las\nsiguientes de esta sección se aplicarán también a aquellos casos en que se\nprohíbe la huelga o el paro y es obligatorio el arbitraje.\n\nArtículo 637.-\n\nEl tribunal de arbitraje estará\nconstituido por las dos personas propuestas al efecto por las partes\ninteresadas y por la persona titular del juzgado de trabajo, funcionario\nadministrativo competente o del centro de arbitraje elegido, en su caso, quien\nlo presidirá. Recibida la comunicación, se dará traslado a los delegados o a la\nparte acerca de la integración del tribunal por tres días, para que formulen\nlas recusaciones y excepciones dilatorias que crean de su derecho. Transcurrido\nese término, no podrá abrirse más discusión sobre dichos extremos, ni aun\ncuando se trate de incompetencia por razones de jurisdicción. Quedan a salvo\nlas recusaciones que se interpongan en segunda instancia.\n\nAntes de que venza la referida\naudiencia, los miembros del tribunal que tengan motivo de impedimento o causal\nde excusa y conozcan uno u otra harán forzosamente la manifestación escrita\ncorrespondiente, bajo pena de destitución si no la hicieran o la hicieran con\nposterioridad.\n\nArtículo 638.-\n\nEl proceso se substanciará por el\nsistema de audiencias orales, de acuerdo con lo dispuesto en este mismo Código.\n\nUna vez resueltas las cuestiones que\nse hubieran planteado y hechas las sustituciones del caso, el tribunal de\narbitraje oirá a los delegados de las partes separadamente o en comparecencias\ny harán uso de las facultades de investigación que le otorga este Código;\ninterrogará personalmente a los empleadores o empleadoras y a los trabajadores\no trabajadoras en conflicto, sobre los asuntos que juzgue necesario aclarar; de\noficio o a solicitud de los delegados, ordenará la evacuación rápida de las\ndiligencias probatorias que estime convenientes y, especialmente, procurará\nhacerse asesorar por los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad\nSocial, o bien, por expertos sobre las diversas materias sometidas a su\nresolución. No tendrán recurso sus autos o providencias.\n\nLos honorarios de estos últimos los\ncubrirá el Poder Judicial o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según\nsea el caso.\n\nArtículo 639.-\n\nSi alguna de las partes no hiciera\noportunamente la designación de la persona que arbitrará o no depositara los\nhonorarios que se hubieran fijado para la persona por ella propuesta, cuando le\ncorresponda asumirlos, la persona titular del juzgado de trabajo se constituirá\nde pleno derecho, sin necesidad de resolución expresa, en árbitro o árbitra\nunipersonal.\n\nArtículo 640.-\n\nLa sentencia resolverá por separado\nlas peticiones de derecho, de las que importen reivindicaciones\neconómico-sociales que la ley no imponga o determine y que estén entregadas a\nla voluntad de las partes en conflicto. En cuanto a estas últimas, el tribunal\nde arbitraje podrá resolver con entera libertad y en conciencia, negando o\naccediendo, total o parcialmente, lo pedido o inclusive modificando su\nformulación.\n\nCorresponderá preferentemente la\nfijación de los puntos de hecho a los representantes de las partes empleadoras\ny trabajadoras y la declaratoria del derecho que sea su consecuencia a los\njueces de trabajo o al funcionario administrativo competente, según sea el\ncaso, pero, si aquellos no lograran ponerse de acuerdo, decidirá la discordia\nquien presida o coordine el tribunal.\n\nSe dejará constancia por separado en\nel fallo de las causas principales que han dado origen al conflicto, de las\nrecomendaciones que el tribunal hace para subsanarlas y evitar controversias\nsimilares en el futuro y de las omisiones o defectos que se notan en la ley o\nen los reglamentos aplicables.\n\nArtículo 641.-\n\nEl fallo arbitral judicial podrá ser\nrecurrido por las partes ante el tribunal de apelaciones del Segundo Circuito\nJudicial de San José (Goicoechea), con invocación, de forma puntual, de los\nagravios que este último órgano debe resolver. Se autoriza a la Corte Suprema\nde Justicia para que varíe esta atribución de competencia, cuando las\ncircunstancias lo ameriten.\n\nEl tribunal dictará sentencia\ndefinitiva dentro de los quince días siguientes al recibo de los autos, salvo\nque ordene alguna prueba para mejor proveer, la cual deberá evacuarse antes de\ndoce días.\n\nLa sentencia extrajudicial tendrá los\nrecursos que determine la Ley N.° 7727, Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos\ny Promoción de la Paz Social, RAC, de 9 de diciembre de 1977, y sus reformas,\nque serán conocidos por la sala de casación en materia laboral.\n\nArtículo 642.-\n\nLa sentencia arbitral será\nobligatoria para las partes por el plazo que ella determine, el cual no podrá\nser inferior de dos años.\n\nLas partes pueden pedir al respectivo\njuzgado de trabajo la ejecución de los extremos líquidos o liquidables, por los\ntrámites de la ejecución de sentencia previstos en este mismo Código.\n\nLa parte que se niegue a cumplir o\nque incumpla los términos de un fallo arbitral será sancionada conforme a lo\nestablecido en el artículo 401.\n\nArtículo 643.-\n\nMientras no haya incumplimiento del\nfallo arbitral no podrán plantearse los procedimientos de solución de\nconflictos económicos y sociales a que se refiere este Código sobre las\nmaterias que dieron origen al juicio, a menos que el alza del costo de la vida,\nla baja del valor del colón u otros factores análogos, que los tribunales de\ntrabajo apreciarán en cada oportunidad, alteren sensiblemente las condiciones\neconómico sociales vigentes en el momento de dictar la sentencia.\n\nDe todo fallo arbitral firme se\nenviará copia certificada a la Inspección General de Trabajo.\n\nSECCIÓN V\n\nProcedimiento en el caso de\niniciativas de\n\nconvención colectiva fracasadas\n\nArtículo 644.-\n\nPara la celebración de las\nconvenciones se estará a lo dispuesto en el título segundo de este Código.\n\nTranscurrido el plazo de treinta\ndías, a que se refiere el inciso d) del artículo 56, sin que hubiera acuerdo\npleno, la resolución del punto o puntos en discordia se hará mediante el\nprocedimiento regulado en este capítulo, con las particularidades señaladas en\nesta sección. Si finaliza la etapa de conciliación sin llegar a arreglo, se\npodrá acudir a la huelga o al paro, o bien, si hubiera acuerdo entre las\npartes, someter el conflicto al arbitraje. También se podrá acudir directamente\nal arbitraje, sin necesidad de agotar la fase conciliatoria, si hubiera\nconsentimiento de las partes.\n\nEn cualquiera de los supuestos antes\nindicados, la parte interesada tendrá quince días hábiles para solicitar la\nintervención del órgano conciliador o arbitral, según sea lo pactado entre las\npartes.\n\nArtículo 645.-\n\nSe tendrá como base el pliego de\npeticiones presentado para la discusión, del cual deberá acompañarse una copia\ncon la solicitud inicial. Además, en esa misma petición se indicará el nombre\nde la persona que fungirá como conciliadora o árbitra de la parte, según sea el\ncaso, y de sus delegados o delegadas y se señalará lugar o medio para\nnotificaciones. En todo lo demás que resulte pertinente se aplicará lo\ndispuesto en este capítulo.\n\nArtículo 646.-\n\nEl respectivo órgano pondrá la\nsolicitud a conocimiento de la otra parte interesada y le prevendrá que dentro\nde tres días indique el nombre de la persona que actuará como su conciliadora o\nárbitra y de los delegados o delegadas, así como señalar lugar o medio para\nnotificaciones.\n\nArtículo 647.-\n\nSe aplicarán en lo pertinente las\ndisposiciones de la sección anterior, inclusive en cuanto a los efectos de la\nomisión de nombrar la persona que arbitrará o de depositar los honorarios\nfijados.\n\nArtículo 648.-\n\nSi la desavenencia fuera solo\nparcial, lo que se acuerde ante el órgano conciliador o resuelva el órgano\narbitral se considerará como parte de la convención, la cual entrará en\nvigencia según lo establecido en ella, o bien, conforme a lo dispuesto en el\narreglo conciliatorio o laudo arbitral, según sea el caso.\n\nSECCIÓN VI\n\nDisposiciones comunes a los\nprocedimientos\n\nde conciliación y de arbitraje\n\nArtículo 649.-\n\nLas personas que propongan los\ninteresados como conciliadoras o árbitras deberán ser mayores de veinticinco\naños, saber leer y escribir, ser de buena conducta, ciudadanos en ejercicio y\nencontrarse libres de las causales de excusa o inhibitoria previstas para los\njueces.\n\nArtículo 650.-\n\nLas personas indicadas en el artículo\nanterior devengarán, por cada sesión que celebren, una dieta calculada de\nacuerdo con el salario base de juez conciliador. Los honorarios del arbitraje y\nla conciliación a cargo de la parte trabajadora los cubrirá el Estado. La parte\nempleadora asumirá el costo de los que proponga. En uno y otro caso, los\nemolumentos deberán depositarse dentro de los tres días siguientes a la fecha\nen que se le notifique la respectiva prevención, salvo que el interesado\nreleve, dentro de ese mismo término, de forma expresa, a la parte del depósito,\nlo cual hará bajo su responsabilidad.\n\nLa fijación la hará el órgano\nrespectivo de forma prudencial, una vez recibidas las respectivas\ncomunicaciones, calculando, moderada y prudencialmente, el tiempo que\nconsumirán las audiencias necesarias para la substanciación del proceso.\n\nNo obstante lo indicado en el párrafo\nprimero, los honorarios de los conciliadores y árbitros de los trabajadores o\nlas trabajadoras podrán ser cubiertos con el producto del Fondo de Apoyo a la\nSolución Alterna de Conflictos que se crea por esta ley, de acuerdo con lo que\nse disponga en el reglamento que se dicte.\n\nQuienes funjan como árbitros o árbitras\nno deberán rendir caución y, una vez aceptado, el cargo será obligatorio y\ncompatible con cualquier otro empleo, salvo el caso de prohibiciones o\nlimitaciones que resulten de la ley para los servidores públicos.\n\nArtículo 651.-\n\nLos órganos de conciliación y de\narbitraje tienen la más amplia facultad para obtener de las partes todos los\ndatos e informes necesarios para el desempeño de su cometido, los que no podrán\ndivulgar sin previa autorización de quien los haya dado. La infracción a esta\ndisposición será sancionada de acuerdo con lo dispuesto en el libro de las\ncontravenciones del Código Penal (divulgación de documentos secretos que no\nafecten la seguridad nacional).\n\nCada litigante queda obligado, bajo\nel apercibimiento de tener por ciertas y eficaces las afirmaciones\ncorrespondientes de la otra parte, a facilitar por todos los medios a su\nalcance la realización de estas investigaciones.\n\nArtículo 652.-\n\nTambién, los miembros de esos órganos\npodrán visitar y examinar los lugares de trabajo, exigir de todas las\nautoridades, comisiones técnicas, instituciones y personas, la contestación de\nlos cuestionarios o preguntas que crean conveniente formularles para el mejor\nesclarecimiento de las causas del conflicto. El entorpecimiento o la negativa\nde ayuda podrá ser sancionada según lo dispuesto en el libro de las\ncontravenciones del Código Penal (falta de ayuda a la autoridad).\n\nArtículo 653.-\n\nToda diligencia que practiquen los\nórganos de conciliación y arbitraje se extenderá por escrito en el acto mismo\nde llevarse a cabo y será firmada, previa lectura, por sus miembros y las\npersonas que han intervenido en ella, y deberán mencionarse el lugar, la hora y\nel día de la práctica, el nombre de las personas que asistieron y demás\nindicaciones pertinentes.\n\nSe anotarán las observaciones de los asistentes sobre la exactitud de lo consignado y, cuando alguno\nrehúse firmar, se pondrá razón del motivo que alegue para no hacerlo. \n\nArtículo 654.-\n\nQuienes presidan o coordinen los\nórganos de conciliación y de arbitraje tendrán facultades para notificar y\ncitar a las partes o a los delegados de estas por medio de las autoridades\njudiciales, de policía o de trabajo, de telegramas y cualquier otra forma que\nlas circunstancias y su buen criterio les indique como segura. Estas\ndiligencias no estarán sujetas a más formalidad que la constancia que se pondrá\nen autos de haber sido realizadas y, salvo prueba fehaciente en contrario, se\ntendrán por auténticas.\n\nArtículo 655.-\n\nLos órganos de conciliación y de\narbitraje apreciarán las pruebas que ordenen según las reglas dispuestas en\neste mismo Código.\n\nArtículo 656.-\n\nLas deliberaciones de los\nconciliadores y de los tribunales de arbitraje serán secretas. La presidencia\nhará señalamiento para recibir las votaciones. El voto de quien preside se\ntendrá como doble en los casos en que no hubiera mayoría de votos conformes.\n\nLa redacción de todas las\nresoluciones corresponderá siempre, en el caso de órganos colegiados, a quien\nlo preside.\n\nArtículo 657.-\n\nEn los procesos a que se refiere este\ncapítulo, cada una de las partes asumirá todos los gastos legales que demande\nsu tramitación, excepto en el arbitraje, si en el laudo se establece lo\ncontrario.\n\nArtículo 658.-\n\nSe autoriza el funcionamiento de\ncentros privados de conciliación laboral, los cuales deberán ser autorizados\npor el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por medio de la reglamentación\nque al efecto se dicte.\n\nCAPÍTULO DECIMOCUARTO\n\nCalificación de los movimientos huelguísticos\ny de paro\n\nArtículo 659.-\n\nPodrá ser objeto de calificación,\npara establecer su legalidad o ilegalidad, tanto el movimiento de huelga o de\nparo sobre el que hubiera fracasado el procedimiento de conciliación, como\ncualquier otro movimiento realizado en el sector privado o público, al margen\nde ese procedimiento, que implique una u otra cosa.\n\nArtículo 660.-\n\nPodrá pedir la calificación el\nsindicato o los sindicatos, la coalición de trabajadores o el patrono o los\npatronos directamente involucrados en la huelga.\n\nArtículo 661.-\n\nLa calificación debe pedirse en\ncualquier tiempo mientras subsista la huelga o el paro, salvo lo dispuesto en\nla oración final del artículo 384.\n\nSin perjuicio de lo dispuesto en el\nartículo 668, solo podrá intentarse un único proceso de calificación por el\nmismo movimiento o hechos, siempre que se trate de un mismo empleador o\nempleadora, aunque tenga lugar en todo el territorio nacional o en determinadas\nregiones, sin perjuicio de que si se produjera únicamente en un centro de\ntrabajo se circunscribirá la calificación a ese centro.\n\nArtículo 662.-\n\nEn la solicitud inicial se indicará\nlo siguiente:\n\n1) El nombre, las calidades, el documento de\nidentificación y el domicilio del solicitante, así como el carácter en que\nactúa.\n\n2) Las causas o los motivos del movimiento, cuando\nrespecto de ese hubiera antecedido procedimiento de conciliación.\n\n3) En los demás casos, una descripción detallada de los hechos\nde presión y la indicación de la organización, los comités, los representantes\no las personas que dirigen el movimiento.\n\n4) Indicación de los medios de prueba.\n\n5) Señalamiento de lugar o medio para notificaciones.\n\nArtículo 663.-\n\nSe tendrá como contradictor en el\nproceso a la respectiva organización sindical o la coalición de trabajadores\nnombrada al efecto y, en su caso, al empleador o los empleadores. Las\norganizaciones sindicales y los empleadores serán notificados de acuerdo con la\nLey N.° 8687, Ley de Notificaciones Judiciales, de 4 de diciembre de 2008. A\nlas personas representantes de los trabajadores o las trabajadoras o los\ndelegados electos se les deberá notificar personalmente. A todos se les\nadvertirá de su derecho de apersonarse al proceso dentro del tercer día\nalegando lo que sea de su interés, ofrecer la prueba pertinente y presenciar y\nparticipar en la recepción de las pruebas ofrecidas, y se les prevendrá señalar\nlugar o medio para notificaciones, con las implicaciones que la negativa puede\ntener.\n\nSi hubiera dificultad para practicar\nla notificación se dejará constancia en el expediente de la situación y se\nllevará a cabo mediante una publicación en uno de los periódicos de circulación\nnacional.\n\nArtículo 664.-\n\nLas pruebas deben referirse\núnicamente a los requisitos legales necesarios para la calificación y a los\nhechos relacionados con ellos. Deberán rendirse en audiencia oral sumarísima,\nsalvo la documental, si la hubiera, y la constatación del apoyo al movimiento,\nla cual deberá hacerse, cuando así se pidiera, con intervención de un juez o\njueza, en votación secreta, conforme a lo establecido en los artículos 371, 377\ny 381 según corresponda.\n\nEn el caso de la\ncalificación previa, la constatación del apoyo se hará mediante la certificación\ndel resultado de la asamblea general del sindicato o sindicatos respectivos, o\nbien, por medio de las actas de votación, según sea el caso.\n\nLa constatación de otros hechos\nrelevantes en el sitio lo hará el juez sumariamente de manera inmediata. Si\nfuera necesario, en casos muy calificados, podrá auxiliarlo en la práctica otro\njuez o jueza del mismo despacho o el que se designe.\n\nPara efectos de la constatación del\napoyo se tendrán como trabajadores o trabajadoras de la empresa las personas\nque hubieran sido despedidas del trabajo sin autorización después de iniciado\nel procedimiento de conciliación y no se computarán como tales los trabajadores\nindicados en el artículo 382.\n\nArtículo 665.-\n\nLas autoridades policiales y del\nMinisterio de Trabajo y Seguridad Social tendrán obligación de colaborar con\nlos órganos jurisdiccionales, cuando estos así lo soliciten.\n\nArtículo 666.-\n\nEl órgano jurisdiccional solo\nadmitirá las pruebas que sean estrictamente necesarias y rechazará las que\nresulten repetidas, abundantes o impertinentes. En la práctica de la audiencia\npodrá posponer la recepción de ciertas probanzas y trasladar la continuación de\nla audiencia a otro sitio o lugar, si fuera necesario. Al disponerlo lo\nadvertirá así a las partes de forma clara, de esto se dejará constancia en el\nacta. Igualmente, rechazará toda probanza que no conduzca a la comprobación de\nlos requisitos o hechos indicados en el artículo trasanterior.\n\nLa persona titular del juzgado tomará\ntodas las providencias para que el proceso no sufra atraso, le dará total\nprioridad y asumirá personalmente la vigilancia y el control necesarios para la\neficiencia de los actos que lo integran.\n\nArtículo 667.-\n\nCuando no hubiera prueba que deba\nrecibirse en audiencia, la sentencia se dictará dentro de los tres días\nsiguientes a la substanciación de los autos. En el caso contrario, se estará a\nlo dispuesto para el dictado de la sentencia en el proceso con audiencia, pero\nel plazo máximo para el dictado de la sentencia será igualmente de tres días.\n\nArtículo 668.-\n\nDurante la tramitación del proceso no\nserá admisible ninguna apelación. Únicamente la sentencia será recurrible para\nante el tribunal de apelaciones de trabajo de la respectiva circunscripción\nterritorial, que deberá resolver en el plazo de cinco días. Lo resuelto en\ndefinitiva no será revisable en ningún otro procedimiento. Es aplicable a este\nproceso lo dispuesto sobre la apelación reservada contra las resoluciones que\ndenieguen nulidades o rechacen pruebas.\n\nLo fallado hace estado sobre la\nlegalidad del movimiento o hechos discutidos en el proceso, según las causas o\nlos motivos que sirvieron de base. El cambio de esas causas o motivos que\nposteriormente pueda llegarse a operar podrá ser objeto de un nuevo proceso de\ncalificación, si en ello hubiera interés.\n\nDe toda sentencia de calificación se\nenviará copia a la Oficina de Estadísticas del Ministerio de Trabajo y\nSeguridad Social.\n\nCAPÍTULO DECIMOQUINTO\n\nJuzgamiento de las infracciones a las\nleyes de\n\ntrabajo o de previsión social\n\nArtículo 669.-\n\nEl procedimiento para juzgar las\ninfracciones contra las leyes de trabajo y de previsión social tendrá\nnaturaleza sancionatoria laboral y deberá iniciarse mediante acusación. Están\nlegitimados para accionar las personas o instituciones públicas perjudicadas,\nlas organizaciones de protección de las personas trabajadoras y sindicales, y\nlas autoridades de la Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo del\nMinisterio de Trabajo y Seguridad Social.\n\nCuando los particulares o cualquier\nautoridad sean conocedores de eventuales infracciones a dichas leyes, lo\npondrán a conocimiento de las instituciones afectadas y de las citadas\nautoridades, para lo que proceda.\n\nLa autoridad judicial que hubiera\nhecho una denuncia tendrá impedimento para conocer de la causa que pueda llegar\na establecerse.\n\nTienen obligación de acusar, sin que\npor ello incurran en responsabilidad de ningún tipo, las autoridades\nadministrativas de trabajo que en el ejercicio de sus funciones tuvieran\nconocimiento de alguna de dichas infracciones.\n\nEl acusador se tendrá como parte en\nel proceso, para todos los efectos.\n\nÚnicamente para las autoridades\nadministrativas de trabajo será necesario agotar los procedimientos de\ninspección administrativos, para interponer la respectiva acción ante el\ntribunal de trabajo competente.\n\nArtículo 670.-\n\nLa acusación deberá presentarse de\nforma escrita, ante el órgano jurisdiccional competente y cumplirá los\nsiguientes requisitos:\n\n1) El nombre completo del acusador, el número de\ndocumento de identidad y el domicilio. Si se tratara de un representante,\ndeberá indicar el carácter en que comparece y presentar el documento que lo\nacredite.\n\n2) Una relación detallada de los hechos, con expresión\ndel lugar, el día, la hora y el año en que ocurrieron y, si se trata de\nsituaciones continuadas, deberá indicarse el estado de esto último y, si ya ha\ncesado, la fecha en que la cesación tuvo lugar.\n\n3) El nombre de los responsables de la\nfalta o el de los colaboradores, si los hubiera y, si se tratara de representantes\no directores de una persona jurídica u organización social, el nombre de esta\núltima. En todo caso, deberá indicarse la dirección exacta del denunciado donde\nse le pueda localizar. Las personas jurídicas deberán ser notificadas de\nconformidad con la Ley N.° 8687, Ley de Notificaciones Judiciales, de 4 de\ndiciembre de 2008.\n\n4) Los elementos de prueba que a juicio del exponente\nconduzca a la comprobación de la falta, a la determinación de su naturaleza o\ngravedad y a la determinación de la responsabilidad.\n\n5) El medio para notificaciones conforme a los artículos\n34 y 36 de la Ley N.° 8687, Ley de Notificaciones Judiciales, de 4 de diciembre\nde 2008, y la firma del acusador debidamente autenticada.\n\nArtículo 671.-\n\nSi la acusación no estuviera en forma\nse prevendrá la subsanación que corresponda y se le dará al asunto el mismo\ntratamiento previsto para esos casos en el proceso ordinario.\n\nArtículo 672.-\n\nSi la acusación estuviera en forma,\nel juzgado dictará una resolución con el siguiente contenido:\n\n1) Admisión del proceso para su trámite.\n\n2) Intimación al acusado e indicación en forma puntual de\nlos hechos endilgados por los cuales se le procesa y el fundamento jurídico de\nla acusación.\n\n3) Convocatoria a las partes a una audiencia y prevención\nde que deben acudir a ella con las pruebas que a cada una le interesen. Al\nrespecto se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en relación con la\nconvocatoria de la audiencia en el proceso ordinario.\n\n4) Advertencia al acusado de que puede designar una persona\nprofesional en derecho como defensora.\n\n5) Prevención de señalar medio para notificaciones.\n\nCuando para algún acto procesal fuera\nnecesario citar a alguna persona, la autoridad judicial ordenará su citación\nmediante carta certificada, telegrama con aviso de entrega, teléfono o\ncualquier otro medio que garantice la autenticidad del mensaje, en la que se le\nadvertirá que si la orden no se obedece, la persona podrá ser conducida por la\nFuerza Pública.\n\nCuando la parte acusada no provee su\ndefensa, esta le será suministrada por la asistencia social, pero deberá cubrir\nel costo, si no reúne los requisitos para recibir esa asistencia de forma\ngratuita.\n\nArtículo 673.-\n\nEn la primera fase de la audiencia se\nprocurará una solución conciliada, procurando el acuerdo entre las partes. Tal\nsolución solo será promovida cuando el posible arreglo no implique una\ninfracción a las disposiciones de trabajo y de previsión social, y los acuerdos\nsolo serán válidos y homologables si no son contrarios a derechos irrenunciables\nde las partes o en cualquier otra forma violatorios de dichas disposiciones.\n\nEn cuanto a los efectos y la\nejecución del acuerdo, se estará a lo dispuesto en este título. Los hechos que\nsirvieron de sustento a la acusación no podrán invocarse nuevamente como causa\nde infracción.\n\nArtículo 674.-\n\nCuando el intento de conciliación\nfracase así como en los casos en que no procede ese trámite conforme a lo\ndispuesto en el artículo 667, se continuará con la segunda fase de la\naudiencia.\n\nDe inmediato se le leerán al acusado\nlos cargos que se le imputan y se le oirá. Si los acepta se dictará sentencia\nsin más trámite.\n\nEn el caso contrario, de seguido se\nle dará la palabra a las partes acusadora y acusada, y se recibirán las pruebas\nadmitidas; finalmente, previo alegato de conclusiones, se dictará y notificará\nla sentencia, en la forma y los términos previstos para el acto de la audiencia\ndel proceso ordinario.\n\nSe podrá prorrogar la audiencia,\nsegún lo previsto en ese mismo proceso, para recibir prueba complementaria o\npara mejor proveer que disponga el juzgado, de oficio o a pedido de alguna de\nlas partes.\n\nArtículo 675.-\n\nCuando el presunto infractor no se\npresente voluntariamente a la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas en\nla acusación y se dictará sentencia sin más trámite.\n\nArtículo 676.-\n\nLas organizaciones sociales y, en\ngeneral, las personas jurídicas a cuyo nombre se realizó la actuación reputada\ncomo infractora de las leyes de trabajo y seguridad social serán citadas, por\nmedio de sus representantes, como responsables directas de las faltas y\neventuales responsables solidarias de las resultas económicas del proceso, en\nlos términos señalados en el artículo 399.\n\nArtículo 677.-\n\nLa sentencia condenatoria\nineludiblemente contendrá:\n\n1) El monto de la multa impuesta en valor monetario y el\nnúmero de salarios tomados en cuenta para establecerlo.\n\n2) La indicación de que el monto respectivo debe ser\npagado dentro de los cinco días siguientes a la firmeza del fallo, en el lugar\nindicado en este mismo Código.\n\n3) La condenatoria al infractor, organización social o\npersona jurídica en su caso, del pago de los daños y perjuicios irrogados y las\ncostas causadas, extremos todos de los cuales se responderá solidariamente.\n\n4) Las medidas o disposiciones necesarias para la\nrestitución de los derechos violados.\n\n5) Las medidas que estime necesarias para la reparación\nde los daños y perjuicios causados y la restitución de todos los derechos\nviolados, todo lo cual se hará por los trámites de la ejecución de sentencia.\n\nArtículo 678.-\n\nEn este procedimiento solo serán\napelables las resoluciones que ordenen el rechazo de plano o el archivo del\nexpediente y las que denieguen pruebas o nulidades pedidas, pero en estos dos\núltimos supuestos se tendrán como reservadas y solo serán tomadas en cuenta\nsegún está previsto en este Código.\n\nLa sentencia produce cosa juzgada\nmaterial y será recurrible para ante el tribunal de apelaciones de trabajo.\n\nEn materia de medios de impugnación y\nrecursos se estará en un todo a lo dispuesto en este Código, pero la sentencia\ndel juzgado será revisada integralmente por el órgano de apelación, a cuyo\nefecto las partes podrán ofrecer las pruebas de su interés, cuya admisibilidad\nvalorará el tribunal, las cuales se restringirán a los temas que son materia o\ncontenido de agravios invocados en el recurso. Cuando proceda se evacuarán en\naudiencia. La sentencia de segunda instancia se dictará en la misma forma y los\ntérminos previstos para la sentencia del proceso ordinario.\n\nArtículo 679.-\n\nLas multas se cancelarán en uno de\nlos bancos del Sistema Bancario Nacional, a la orden del Ministerio de Trabajo\ny Seguridad Social, en una cuenta que el banco indicará al efecto. Dicho monto\nse incluirá en el presupuesto nacional de la República, para que se gire a\nfavor de dicho Ministerio el que, a su vez, lo distribuirá en la siguiente\nforma:\n\na) Un cincuenta por ciento (50%) del total recaudado en\nuna cuenta especial de la Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo,\ncon el fin de mejorar los sistemas de inspección.\n\nb) El cincuenta por ciento (50%) restante será\ntransferido directamente a nombre del Régimen no Contributivo de la Caja\nCostarricense de Seguro Social.\n\nSi la multa no fuera pagada\noportunamente, la Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo podrá\ngestionar en el proceso, por el trámite de apremio patrimonial, el pago de\nesta. También se le considerará legitimada para promover el embargo y remate de\nbienes, en el caso de que no hubiera figurado como parte en la fase anterior\ndel proceso, así como para gestionar en cualquier otra vía de ejecución.\n\nArtículo 680.-\n\nLa revisión de las sentencias\ncondenatorias por infracciones a las leyes de trabajo y seguridad social se\nregirá, en lo pertinente, por lo que al respecto dispone el artículo 601.\n\nArtículo 681.-\n\nDe toda sentencia firme que se dicte\nen materia de faltas o infracciones reguladas en este título se remitirá,\nobligatoriamente, por medios electrónicos y en un plazo de quince días, copia\nliteral a la Inspección General de Trabajo y también a la respectiva\ninstitución de seguridad social, cuando verse sobre infracciones a las leyes\nsobre los seguros que administra, salvo que haya figurado como parte en el\nproceso.\n\nEn cuanto sean compatibles,\nsupletoriamente se aplicarán las disposiciones establecidas sobre infracciones\ny sanciones administrativas en la Ley N.° 4755, Código de Normas y\nProcedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, la Ley N.° 6227, Ley General\nde la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978, y en la Ley N.° 8508,\nCódigo Procesal Contencioso-Administrativo, de 28 de abril de 2006.\n\nTÍTULO UNDÉCIMO\n\nRÉGIMEN LABORAL DE LOS SERVIDORES DEL\nESTADO\n\nY DE SUS INSTITUCIONES\n\nCAPÍTULO PRIMERO\n\nDisposiciones generales\n\nArtículo 682.-\n\nTrabajadora del Estado, de sus\ninstituciones u órganos, es toda persona que preste a aquel o a estos un\nservicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento\nque le fue expedido por autoridad o funcionario competente o en virtud de un\ncontrato de trabajo en los casos regidos por el derecho privado.\n\nLos servidores de naturaleza pública\nse rigen por las normas estatutarias correspondientes, leyes especiales y\nnormas reglamentarias aplicables y por este Código, en todo lo no contemplado\nen esas otras disposiciones. Las relaciones con las personas trabajadoras en\nrégimen privado se regirán por el derecho laboral común y disposiciones\nconexas, salvo que la ley disponga otra cosa. También, podrán aplicarse\nconciliaciones, convenciones colectivas y laudos, siempre y cuando se concluyan\no dicten con respeto a lo dispuesto en este Código y las limitaciones que\nresulten de este título.\n\nArtículo 683.-\n\nEl concepto del artículo anterior\ncomprende, en cuanto al pago de prestaciones que prevén los artículos 28, 29 y\n31, en su caso, a todos los servidores públicos, con las excepciones que\nresulten de este Código y de leyes o disposiciones especiales.\n\nEn particular se excluyen de dicho\npago:\n\n1) El presidente o la presidenta y los vicepresidentes o\nlas vicepresidentas de la República.\n\n2) Las diputadas, los diputados, los alcaldes\nmunicipales, los regidores municipales y cualquier otro servidor público de\nelección popular.\n\n3) Los ministros o las ministras, los viceministros o las\nviceministras y los oficiales mayores.\n\n4) Los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema\nde Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones, las personas que integren el\nConsejo Superior del Poder Judicial y el jefe del Ministerio Público.\n\n5) El contralor o la contralora y el subcontralor\no la subcontralora general de la República, y quien\nocupe el cargo de regulador general de los servicios públicos.\n\n6) El defensor o la defensora y el defensor adjunto o la\ndefensora adjunta de los habitantes.\n\n7) La procuradora o el procurador general de la\nRepública, y la persona que ocupe la Procuraduría General Adjunta de la\nRepública.\n\n8) Quienes ocupen la presidencia ejecutiva y la gerencia\nde las instituciones autónomas y semiautónomas.\n\n9) Las personas que ocupen las juntas directivas de las\ninstituciones autónomas y semiautónomas, los miembros de las juntas de\neducación y patronatos escolares y, en general, todos los miembros directivos\nde juntas, entidades u organismos, dependientes o relacionados con los Poderes\ndel Estado.\n\n10) Las personas que, sin relación de\nsubordinación, reciban del Estado, de sus instituciones u organismos,\nsubvenciones, auxilios, honorarios o alguna remuneración con otra denominación,\npor labores de cualquier naturaleza.\n\nArtículo 684.-\n\nLas personas exceptuadas en el\nartículo anterior no se regirán por las disposiciones de este Código, sino\núnicamente por las que establezcan leyes, decretos o acuerdos especiales. Sin\nembargo, a excepción de las personas que ocupen cargos de elección popular,\ntendrán derecho al pago de cesantía si se jubilaran o pensionaran, o\nfallecieran en el cargo con derecho jubilatorio, sin perjuicio de lo que\ndispongan leyes especiales. El pago de la cesantía procederá, en estos casos,\ncuando el beneficio de pensión se adquiere por primera vez.\n\nArtículo 685.-\n\nEn el caso de haber causa justificada\npara el despido, los servidores indicados en el artículo inicial de este título\nno tendrán derecho a las indemnizaciones señaladas, con las excepciones que admitan\nleyes especiales, reglamentos autónomos de trabajo o acuerdos colectivos\nconcluidos conforme a lo dispuesto en este Código. La causa justificada se\ncalificará y determinará de conformidad con los artículos 81 y 369 de este\nCódigo y de acuerdo con lo que sobre el particular dispongan las leyes,\nrelativas a las dependencias del Estado en que laboren dichos servidores, y los\nreglamentos u otras normas cuando establezcan condiciones más beneficiosas para\nlas personas trabajadoras.\n\nLos procesos disciplinarios\npendientes contra un servidor público que renuncie o se jubile deberán\ncontinuar y se suspenderá el pago de la cesantía que pudiera corresponderle, la\ncual solo se hará efectiva cuando se declare la improcedencia del despido sin\nresponsabilidad para la parte empleadora.\n\nArtículo 686.-\n\nLos servidores públicos que reciban\nauxilio de cesantía no podrán ocupar cargos remunerados en ninguna dependencia\ndel Estado, durante un tiempo igual al representado por la suma recibida por\ndicho concepto o bajo otro título, por indemnización, reconocimiento de\nantigüedad o cualquier otra prestación similar pagada por la parte empleadora\nque se origine en la terminación de la relación de servicio, a excepción de los\nfondos de capitalización laboral. Si dentro de ese lapso llegaran a aceptar\nalgún cargo quedarán obligados a reintegrar al Tesoro Público las sumas\nrecibidas y deducirán aquellas que representen los salarios que hubieran\ndevengado durante el tiempo en que permanecieron cesantes.\n\nLa Procuraduría General de la\nRepública, cuando se trate del Estado, o el representante legal de los demás\nentes públicos, con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y\nprivado que pagó, procederá al cobro de las sumas que deban reintegrarse, por\ncontravención a la prohibición establecida en el párrafo anterior, con\nfundamento en certificaciones extendidas por las oficinas correspondientes.\nTales certificaciones tendrán el carácter de título ejecutivo por el monto\nresultante de la liquidación que haga la administración.\n\nArtículo 687.-\n\nLas personas trabajadoras a que se\nrefiere el artículo inicial de este título, que no tengan derecho de\nestabilidad en sus puestos de trabajo, solo podrán ser despedidas sin justa\ncausa, expidiéndoles simultáneamente la orden de pago de las prestaciones que\nles corresponda. El acuerdo de despido y la orden de pago deberán publicarse en\nla misma fecha en el diario oficial La Gaceta.\n\nCAPÍTULO SEGUNDO\n\nSolución de los conflictos económicos\ny sociales y de\n\nlas convenciones colectivas en el\nsector público\n\nSECCIÓN I\n\nÁmbito subjetivo y objetivo\n\nArtículo 688.-\n\nSerán válidos las conciliaciones y\nlos laudos arbitrales para la solución de los conflictos económicos y sociales\nde los trabajadores y trabajadoras del sector público, así como las convenciones\ncolectivas, siempre y cuando se ajusten a las siguientes disposiciones.\n\nArtículo 689.-\n\nTodas las personas trabajadoras de\ndicho sector tienen derecho a una solución negociada o arbitrada, salvo:\n\n1) Las excepcionadas en el artículo 683 de este Código.\n\n2) Las personas que funjan como directoras y\nsubdirectoras generales o ejecutivas, auditoras y subauditoras,\nsubgerentes, jerarcas de las dependencias internas encargadas de la gestión de\ningresos o egresos públicos, funcionarias de asesoría y de fiscalización legal\nsuperior que participen directamente en la negociación.\n\n3) El personal indicado en los artículos 3, 4 y 5 del\nEstatuto de Servicio Civil, con la salvedad de las personas que ocupan puestos\nde forma interina, los maestros de enseñanza primaria interinos o aspirantes y\nlos profesores de segunda enseñanza interinos o aspirantes y los pagados por\nservicios o fondos especiales contemplados en la relación de puestos de la ley\nde presupuesto, contratados por obra determinada, quienes sí podrán derivar\nderechos de las convenciones colectivas a que se refiere esta ley.\n\nArtículo 690.-\n\nCon las limitaciones a que se hará\nreferencia, pueden ser objeto de solución en la forma dicha, las siguientes\nmaterias:\n\na) Los derechos y las garantías sindicales tanto para los\ndirigentes de las organizaciones como para los mismos sindicatos en cuanto\npersonas jurídicas de duración indefinida. Estos derechos y garantías\ncomprenden los de reunión, facilidades para el uso de locales, permisos para\ndirigentes con goce de salario y sin él, facilidades para la divulgación de\nactividades, lo mismo que cualquier otra contenida en la Recomendación Número\n143 de la Organización Internacional del Trabajo o en las recomendaciones\npuntuales del Comité de Libertad Sindical de esta última organización. Es\nentendido que la aplicación de las garantías aquí mencionadas no deberá alterar\nen forma grave o imprudente el funcionamiento eficiente ni la continuidad de\nlos servicios esenciales de cada institución o dependencia.\n\nb) Todo lo relacionado con la aplicación, interpretación\ny reglamentación de las normas de derecho colectivo vigentes.\n\nc) El régimen disciplinario, siempre y cuando no se haga\nrenuncia expresa o tácita ni delegación de las facultades legales o\nreglamentarias otorgadas en esta materia a los jerarcas de las instituciones o\ndependencias.\n\nd) La regulación y fiscalización de los regímenes de\ningreso, promoción y carrera profesional, sin perjuicio de lo que establezcan\nlas normas legales y reglamentarias que existan en cada institución o\ndependencia, las cuales serán de acatamiento obligatorio.\n\ne) La elaboración interna de manuales\ndescriptivos de puestos y la aplicación de procedimientos internos para la\nasignación, reasignación, recalificación y reestructuración de puestos, dentro\nde los límites que establezcan las directrices generales del Poder Ejecutivo,\nlas normas del Estatuto de Servicio Civil y su reglamento u otras normas\nestatutarias. Es entendido que cualquier decisión adoptada en este campo, que\nno contravenga expresamente lo dispuesto por las directrices generales del\nPoder Ejecutivo, no podrá ser en ningún caso objetada por las autoridades\nexternas de control ni por la Autoridad Presupuestaria.\n\nf) Las medidas de seguridad e higiene y de salud\nocupacional, así como medidas precautorias en caso de desastres naturales. Las\norganizaciones sindicales y los jerarcas de cada institución o dependencia\npodrán crear organismos bipartitos y paritarios para efectos de determinar las\nnecesidades de estas últimas y de sus trabajadores y trabajadoras en el campo\nde la seguridad y la salud ocupacional.\n\ng) Los procedimientos y las políticas de asignación de\nbecas y estímulos laborales.\n\nh) El establecimiento de incentivos salariales a la\nproductividad, siempre y cuando se acuerden en el marco de las políticas que\nlas juntas directivas de cada entidad o el mismo Poder Ejecutivo hayan diseñado\nde previo en cuanto a sus objetivos generales y límites de gasto público.\n\ni) Lo relacionado con los salarios y la asignación, cálculo\ny pago de todo tipo de pluses salariales, tales como dedicación exclusiva,\ndisponibilidad, desplazamiento, zonaje, peligrosidad\ny cualquier otra reivindicación económica, siempre y cuando no se vaya en\ncontra de ninguna disposición legal o reglamentaria de carácter prohibitivo o\nen contra de la consistencia de las estructuras salariales, y supeditado a lo\nestablecido en el artículo 695.\n\nj) La creación y el funcionamiento de órganos bipartitos\ny paritarios, siempre y cuando no se deleguen en ninguno de ellos competencias\no atribuciones de derecho público, correspondientes a los jerarcas de cada\ninstitución, definidas por ley o reglamento.\n\nk) El derecho de las personas trabajadoras y de sus\norganizaciones a contar con una información oportuna y veraz de los proyectos o\ndecisiones de los órganos colegiados y gerencias de cada institución o\ndependencia, cuando los afecten directamente o puedan representar un interés\npúblico.\n\nl) El derecho de las organizaciones de los trabajadores y\ntrabajadoras y de sus dirigentes, de ser atendidos y respondidas sus\nsolicitudes, en el menor tiempo posible, por parte de los jerarcas de cada\ninstitución o dependencia, con la única excepción de solicitudes que fueran\nabiertamente impertinentes o innecesarias.\n\nm) Otras materias, beneficios o\nincentivos suplementarios de negociación colectiva laboral que, con arreglo a\nla ley, no excedan la competencia de los órganos administrativos.\n\nSECCIÓN II\n\nRequisitos de validez\n\nArtículo 691.-\n\nSe excluyen en forma automática de\nlas ventajas de cualquier naturaleza que puedan derivarse de convenciones\ncolectivas, acuerdos conciliatorios, arbitrajes y cualquier convenio de\nsolución de un conflicto de carácter económico y social, ya sea por inclusión o\nreferencia expresa o indirecta, los servidores públicos indicados en los\nartículos 683 y 689.\n\nQueda también expresamente prohibido\nhacer ajustes técnicos en aplicación de cualquier instrumento colectivo, en\nbeneficio directo o indirecto de los servidores indicados.\n\nArtículo 692.-\n\nAsimismo, queda absolutamente\nprohibido dispensar o excepcionar leyes o reglamentos vigentes, debidamente\npromulgados, por medio de los mecanismos de solución.\n\nEs entendido que cuando se trate de\nerogaciones que afecten el presupuesto nacional o el de una institución o\nempresa en particular, las decisiones que se emitan por las jerarquías y los\nórganos arbitrales deben sujetarse no solo a las restricciones que resultan de\nesta normativa, sino también a las normas constitucionales en materia de\naprobación de presupuestos públicos, las que en caso de haber sido irrespetadas\nimplicarán la nulidad absoluta de lo dispuesto.\n\nArtículo 693.-\n\nEl arbitraje no será de conciencia\nsino de derecho y los respectivos tribunales arbitrales deberán estar\nintegrados por profesionales en derecho, exclusivamente, y ubicados en sede\njudicial.\n\nArtículo 694.-\n\nNo podrá formar parte de las\ndelegaciones que intervengan en representación de la empleadora ninguna persona\nque pueda recibir real o potencialmente algún beneficio de la convención colectiva\nque se firme. Igualmente, existirá impedimento si el resultado pudiera\nbeneficiar a su cónyuge, compañero, compañera o conviviente o a sus parientes,\nsegún lo indicado en el párrafo segundo del artículo 48 de la Ley N.° 8422, Ley\ncontra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, de 6\nde octubre de 2004.\n\nArtículo 695.-\n\nLas convenciones y los acuerdos que\nse adopten en una negociación colectiva de cualquier tipo, con servidores en\nrégimen de empleo público, quedarán sujetos, para su validez y eficacia, a la\naprobación del órgano jerárquico de la institución o empresa con competencia\npara obligarla, previa constatación de los límites y requisitos de validez.\n\nEl respectivo acto debe emitirse\ndentro del mes siguiente al acuerdo.\n\nLa no aprobación del acuerdo por la\nAdministración no constituye una infracción sancionable por la vía represiva.\n\nTratándose de normas que por su\nnaturaleza o su afectación del principio de legalidad presupuestario requieran\naprobación legislativa o reglamentaria, su eficacia quedará condicionada a la\ninclusión en la ley de presupuesto o en los reglamentos respectivos, lo mismo\nque a la aprobación por parte de la Contraloría General de la República, cuando\nafecte los presupuestos de las instituciones, cuyos presupuestos ordinarios y\nextraordinarios o modificaciones presupuestarias requieran aprobación de esta\núltima entidad. En todo caso, los acuerdos logrados por medio de la Comisión\nNegociadora de Salarios del Sector Público serán vinculantes para las partes y\nal efecto las administraciones emitirán los actos administrativos necesarios\npara hacerlos efectivos en todo el sector público centralizado y\ndescentralizado.\n\nCAPÍTULO TERCERO\n\nNegociación colectiva en el sector\npúblico\n\nSECCIÓN I\n\nLegitimación para negociar\n\nArtículo 696.-\n\nSe encuentran legitimados para\nnegociar y suscribir convenciones colectivas, de conformidad con esta\nnormativa, los sindicatos que demuestren tener la mayor cantidad de afiliados\nen cada institución, empresa o dependencia de que se trate, de acuerdo con lo\ndispuesto en el artículo 56 de este Código.\n\nSi no hubiera acuerdo entre ellos,\npara negociar en forma conjunta, la convención colectiva se celebrará con el\nsindicato que tenga la mayor cantidad de afiliados. No obstante, en el caso de\nlos sindicatos gremiales o de oficio, cuando no hubiera acuerdo de su parte\npara negociar en conjunto con otras organizaciones, cada uno podrá solicitar\nque se celebre una negociación independiente con él, en cuyo caso la convención\ncolectiva solamente podrá cubrir a las personas de ese gremio u oficio. En caso\nde que se deba determinar cuál es el sindicato más representativo dentro de una\npluralidad de sindicatos, el Departamento de Organizaciones Sociales del\nMinisterio de Trabajo y Seguridad Social lo certificará. Para ese propósito\nrealizará en el centro de trabajo un estudio de la membresía de cada uno de los\nsindicatos interesados, mediante la revisión de las planillas y los reportes de\nafiliación debidamente entregados ante el Departamento. El estudio se hará con\nbase en los datos que consten en el momento en que se hizo la solicitud de la\nnegociación. Esta certificación tendrá un período de vigencia de un año,\ntranscurrido el cual cualquier sindicato existente en la unidad de negociación\npodrá pedir una revisión del estudio. Dicho Departamento tendrá quince días\nhábiles para realizar el estudio correspondiente.\n\nArtículo 697.-\n\nEn el caso de convenciones colectivas\nque vayan a regir en más de una empresa o institución, podrán participar de la\nnegociación todos aquellos sindicatos con afiliación en al menos una de las\nempresas o instituciones del sector, ya sea que se trate de sindicatos\ngremiales, industriales o de empresa, siempre y cuando alcancen una filiación\ndebidamente certificada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de al\nmenos un veinte por ciento (20%) del total de sindicalizados de alguna de las\nempresas o instituciones del sector comprendido en la negociación.\n\nEl número de negociadores será\nacreditado ante la institución o las empresas que participen de la negociación\nen proporción a la afiliación sindical total que tengan los sindicatos del\nsector en su conjunto, se asignará en la mesa negociadora una persona como\nrepresentante sindical por cada mil trabajadores o trabajadoras afiliados en el\nsector, en cuyo caso tendrá derecho a contar al menos con un representante\nsindical. Las decisiones de la representación de los trabajadores y\ntrabajadoras se tomarán bajo el criterio de un voto por cada representante\nsindical y atenderán a la voluntad de la mayoría simple de los votos escrutados\nen cada votación que sea necesaria.\n\nArtículo 698.-\n\nLas empresas, instituciones o\ndependencias del Estado que se dispongan a negociar y suscribir una convención\ncolectiva deberán acreditar una delegación del más alto nivel, escogida por el\nórgano de mayor jerarquía. A tal efecto, las empresas, instituciones y\ndependencias podrán incluso, si lo consideran necesario, contratar personal\nprofesional externo para integrar o asesorar las delegaciones que aquí se\nmencionan.\n\nEn el caso de negociaciones por\nsector, en que intervengan varias instituciones o empresas, el Poder Ejecutivo\ndesignará a los representantes de la delegación de la parte empleadora. Las\ndecisiones de esta parte se tomarán por mayoría simple de votos para cada\nvotación que sea necesaria, en las cuales cada persona tendrá un voto.\n\nArtículo 699.-\n\nEn caso de conflicto en la\ndeterminación de la organización u organizaciones sindicales legitimadas para\nnegociar y suscribir una convención colectiva, el jerarca de las instituciones\no cualquiera de las organizaciones sindicales involucradas podrá solicitar, al\nMinisterio de Trabajo y Seguridad Social, hacer la designación correspondiente,\ncon arreglo a lo dispuesto en el artículo 56 y las disposiciones de este\ncapítulo.\n\nSECCIÓN II\n\nProcedimiento negocial\n\nArtículo 700.-\n\nUna vez determinada en firme la\nlegitimación de la organización u organizaciones sindicales facultadas para\nnegociar y presentado formalmente ante cada institución o dependencia un\nproyecto de convención colectiva, se procederá a la escogencia y el\napoderamiento de la comisión que representará a la parte empleadora, a que se\nrefiere la sección anterior. El plazo para hacer dicha designación no podrá extenderse\nmás allá de quince días naturales, contado a partir de la fecha en que queden\ncumplidos los requisitos a que se refiere este artículo.\n\nLos sindicatos deberán acreditar\ndentro del mismo plazo a las personas que los representarán y este número no podrá\nser superior al conjunto de la delegación patronal.\n\nEn el caso de convenciones colectivas\npor sector, que involucren a más de una institución o empresa, la acreditación\nse hará conforme a las reglas establecidas en el artículo 697, para lo cual\ndeberá solicitarse al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que haga una\ndeterminación previa del número total de sindicalizados del conjunto de\ninstituciones o empresas, del porcentaje de sindicalizados que tiene cada\nsindicato en dichas instituciones o empresas, individualmente consideradas, y\ndel número de afiliados que tiene cada sindicato participante en el conjunto\ndel sector involucrado.\n\nArtículo 701.-\n\nCuando existan varias organizaciones\nsindicales en la mesa de negociación y cada una de ellas haya remitido su\npropio proyecto de convención colectiva, se les solicitará elaborar un proyecto\nunitario previo a la negociación. Si en un plazo de un mes natural, contado a\npartir de la prevención que les hará el jerarca de la respectiva institución o\nempresa, no hubieran cumplido el requisito aquí establecido, se tendrá como\nproyecto a negociar aquel que haya presentado el sindicato mayoritario, si la\nnegociación es en una sola empresa o negociación, o el proyecto que respalde la\nmayoría de representantes sindicales, si se tratara de una negociación por\nsector.\n\nEs entendido que cualquiera de las\npartes que intervengan en la negociación, o ambas en conjunto, podrán solicitar\nla intervención, como buen componedor, de uno o varios funcionarios del\nMinisterio de Trabajo y Seguridad Social, sin que la solicitud que se haga a\ndicho Ministerio sea obligatoria para este cuando carezca de recursos\nsuficientes para atender la negociación.\n\nArtículo 702.-\n\nLa negociación abarcará todos los\naspectos y extremos del proyecto que se haya formulado a la administración o\nadministraciones y deberá levantarse un acta de cada sesión de trabajo, la cual\nfirmarán los representantes de ambas partes.\n\nArtículo 703.-\n\nAdemás de las actas individuales de\ncada sesión, al final del proceso negociador se levantará un acta de cierre en\nla que se recogerá el texto completo de las cláusulas que fueron negociadas y\ndonde se indicará cuáles cláusulas del proyecto fueron desechadas o no pudieron\nnegociarse por falta de acuerdo acerca de ellas.\n\nArtículo 704.-\n\nLo convenido en forma definitiva en\nla mesa negociadora, una vez aprobado por la Administración, será válido entre\nlas partes y tendrá una vigencia de uno a tres años, según ellas mismas lo\ndeterminen. La aprobación por parte de la Administración deberá efectuarse en\nun plazo máximo de un mes. Si dicha aprobación no se produce en ese plazo, la\nnegociación se entenderá por definitivamente aprobada por la Administración y\nuna copia de lo negociado en firme se enviará por cualquiera de las partes a la\nDirección General de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad\nSocial, para su depósito; además, deberá ser publicado en el diario oficial La\nGaceta, sin costo alguno para las partes. Podrá señalarse la vigencia de cada\nnorma en forma individual, o de la convención colectiva en forma integral.\n\nCAPÍTULO CUARTO\n\nConciliación, arbitraje y huelga en\nel sector público\n\nArtículo 705.-\n\nEl procedimiento de conciliación que\ninvolucre a servidores del Estado en cualquiera de los regímenes se llevará a\ncabo de acuerdo con lo previsto en este Código, con las modificaciones que\nresulten de las siguientes reglas especiales:\n\na) La designación de los delegados y de la persona que\nintegrará el tribunal conciliador se deberá hacer por la parte empleadora\ndentro de quince días.\n\nb) El acuerdo a que se llegue estará sujeto a lo indicado\nen los artículos 691 y 692 y se entiende siempre condicionado a la aprobación\ndel órgano con facultades para obligar a la parte empleadora.\n\nc) Si no hubiera arreglo y no se estuviera en el caso de\navenimiento entre las partes para someter las diferencias a arbitraje, se dará\npor concluido el procedimiento y quedará así expedita la vía de la huelga,\nsiempre y cuando se cumplan todos los requisitos exigidos en este Código para\nsu legalidad. La iniciación del movimiento se regirá por lo establecido en el\ntítulo sexto de este Código. Igual solución se aplicará para el caso de que el\narreglo adoptado no sea aprobado por la Administración.\n\nArtículo 706.-\n\nEs potestativo para la Administración\ny sus servidores someter la solución de los conflictos económicos y sociales a\narbitraje, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en este mismo Código, con las\nexcepciones y limitaciones que se establecen en este capítulo.\n\nArtículo 707.-\n\nLas personas trabajadoras, cualquiera\nque sea su régimen, con impedimento para declararse en huelga por laborar en\nservicios esenciales, fracasada la conciliación, tienen derecho a someter la\nsolución del conflicto económico y social a arbitramento, en la forma, los\ntérminos y las condiciones indicadas en esta normativa.\n\nArtículo 708.-\n\nDurante la huelga declarada pueden\nrealizarse arreglos o convenios tendientes a la solución del conflicto en forma\ndirecta, los cuales deben respetar el ordenamiento en la forma indicada en este\ntítulo.\n\nArtículo 709.-\n\nEs aplicable en el sector público, en\nrelación con sus servidores, en régimen privado y público de empleo, el\narbitramento obligatorio en el supuesto de la huelga legal agotada.\n\nArtículo 710.-\n\nTodo movimiento de huelga en el\nsector público debe ejecutarse con respeto de lo dispuesto en los capítulos\nprimero y tercero del título sexto del Código de Trabajo.\n\nCAPÍTULO QUINTO\n\nEfectos de las convenciones\ncolectivas en el sector público\n\nArtículo 711.-\n\nLas convenciones colectivas que se\nnegocien y se firmen conforme a lo dispuesto en este título tendrán los efectos\nque señalan el artículo 62 de la Constitución Política y los artículos 54 y 55\nde este Código.\n\nEn el caso de normas que por su naturaleza\ny su afectación del principio de legalidad presupuestario requieran aprobación\nlegislativa, la eficacia de lo negociado quedará sujeta a la inclusión en la\nrespectiva ley de presupuesto general de la República o extraordinario que se\npromulguen. La autoridad pública no podrá utilizar sus prerrogativas en materia\nfinanciera en perjuicio de lo convenido.\n\nTratándose de la administración\ndescentralizada deberán incluirse las modificaciones presupuestarias\ncorrespondientes en el plazo de tres meses. Si este plazo es incumplido, la\nparte interesada podrá enviar la comunicación pertinente a la Contraloría\nGeneral de la República, para que no se ejecute ningún trámite de aprobación ni\nmodificación respecto de los presupuestos de la administración pública\nrespectiva, hasta tanto no se incluya la partida presupuestaria\ncorrespondiente.\n\nArtículo 712.-\n\nConforme a lo dispuesto en el\nartículo anterior y sin perjuicio de las reservas específicas que allí se\nformulan, las normas de una convención colectiva válida y eficaz serán de\nacatamiento obligatorio para las partes que la suscriban y para todos los\ntrabajadores actuales y futuros de la institución, empresa o centro de trabajo,\ny podrá exigirse judicialmente su cumplimiento o, en su caso, el pago de las indemnizaciones\nde daños y perjuicios por su incumplimiento, tanto a favor de las personas\ntrabajadoras afectadas, como de las organizaciones sindicales perjudicadas,\nsegún se trate.\n\nArtículo 713.-\n\nLo dispuesto en una convención\ncolectiva firmada con arreglo a las normas de este título solamente podrá ser\nanulado cuando en vía judicial se declare una nulidad evidente y manifiesta, de\nacuerdo con la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de\nmayo de 1978, o por medio del proceso de lesividad, atendido a cuestiones de\nforma en la formación de la voluntad de las partes o cuando se hubieran violado\nnormas legales o reglamentarias de carácter prohibitivo.\"\n\nARTÍCULO 3.-\n\nSe reforman las siguientes\ndisposiciones:\n\na) De la Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de\n1943, el artículo 35, el último párrafo del artículo 85, el artículo 94 bis, el\nartículo 303, el artículo 309, el párrafo primero del artículo 310 y el\nartículo 311. Los textos son los siguientes:\n\n \"Artículo 35.- A la expiración de todo\ncontrato de trabajo, la parte empleadora, a solicitud del trabajador o\ntrabajadora, deberá darle un certificado que exprese:\n\na) La fecha de su entrada y de su salida.\n\nb) La clase de trabajo ejecutado.\n\nSi el trabajador o trabajadora lo\ndesea, el certificado determinará también:\n\nc) La manera como trabajó.\n\nd) Las causas del retiro o de la cesación del contrato.\n\nSi la expiración del contrato obedece\na destitución por falta atribuida a la persona trabajadora, la entrega de la\ncarta de despido será obligatoria; en ella se deben describir, de forma\npuntual, detallada y clara, el hecho o los hechos en que se funda el despido.\nLa entrega se hará personalmente, en el acto del despido y deberá documentarse\nel recibido. Si el trabajador o la trabajadora se negara a recibirla, la\nentrega deberá hacerla la parte empleadora a la oficina del Ministerio de\nTrabajo y de Seguridad Social de la localidad y, si esta no existe, se\nentregará o enviará a la oficina más cercana de ese Ministerio por correo\ncertificado, lo cual deberá hacer a más tardar dentro de los diez días\nnaturales siguientes al despido. Los hechos causales señalados en la carta de\ndespido serán los únicos que se puedan alegar judicialmente, si se presentara\ncontención.\"\n\n \"Artículo 85.-\n\n[...]\n\nPara el pago de las prestaciones\nindicadas se estará al procedimiento en el título décimo de este mismo Código.\"\n\n \"Artículo 94 bis.-\n\nLa trabajadora embarazada o en\nperíodo de lactancia, que fuera despedida en contravención con lo dispuesto en\nel artículo anterior, podrá gestionar ante el juzgado de trabajo su\nreinstalación inmediata, con pleno goce de todos sus derechos, mediante el\nprocedimiento establecido en el título décimo de este Código.\n\nLa trabajadora podrá optar por la\nreinstalación, en cuyo caso el empleador o la empleadora deberán pagarle,\nademás de la indemnización a que tenga derecho y en concepto de daños y\nperjuicios, las sumas correspondientes al subsidio de preparto y posparto, y\nlos salarios que hubiera dejado de percibir desde el momento del despido, hasta\ncompletar ocho meses de embarazo.\n\nSi se tratara de una trabajadora en\nperíodo de lactancia tendrá derecho, además de la cesantía y en concepto de\ndaños y perjuicios, a diez días de salario.\"\n\n \"Artículo 303.-\n\nLos reclamos por riesgos de trabajo\nse tramitarán ante el juzgado competente y según el procedimiento indicado en\nel título décimo de este Código.\"\n\n\"Artículo 309.-\n\nLas faltas e infracciones que\ndisponen esta ley y sus reglamentos, y cuyas sanciones no estén expresamente\ncontempladas en normas especiales, independientemente de la responsabilidad que\nacarreen al infractor, se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto en el título\nsétimo de este Código.\n\nArtículo 310.-\n\nSe impondrá al empleador o empleadora\nuna multa de acuerdo con lo previsto en el artículo 398 de este Código, en los\nsiguientes casos.\n\n[.]\n\nArtículo 311.-\n\nSe impondrá una multa de acuerdo con\nlo señalado en el artículo 398 a la persona trabajadora de cualquier ministerio\no institución, municipalidad u otro organismo integrante de la Administración\nPública que autorice la celebración de actos, contratos o trabajos en contravención\nde las disposiciones de este título o de sus reglamentos.\"\n\nb) De la Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial,\nde 5 de mayo de 1993, el inciso 2) del artículo 55 y los artículos 98, 109, y\n116. Los textos son los siguientes:\n\n \"Artículo 55.-\n\n[...]\n\n2) Del recurso de casación en los asuntos de la\njurisdicción de trabajo cuya cuantía, determinada exclusivamente por el monto\nde sus pretensiones no accesorias, conforme a la cuantía que para este recurso\nestablezca la Corte Plena, o cuando la cuantía sea inestimable. También,\nconocerá del recurso de casación que proceda en los procesos de protección de\nfueros especiales y tutela del debido proceso con independencia de que se trate\nde una relación pública o privada de empleo. Lo que resuelva la Sala sobre la\ncompetencia para conocer del recurso de casación será vinculante para los otros\nórganos jurisdiccionales.\n\n[...]\"\n\n \"Artículo 98.- Los tribunales de\napelación conocerán:\n\n1) De las apelaciones que procedan en los asuntos de\nconocimiento de los juzgados de trabajo, excepto las diferidas que\neventualmente deban ser conocidas por los órganos de casación.\n\n2) De los demás asuntos que determine la ley.\"\n\n \"Artículo 109.- Los juzgados de trabajo conocerán:\n\n1) De todos los asuntos indicados en el título décimo del\nCódigo de Trabajo.\n\n2) De los conflictos jurídicos económicos y sociales que\ncorrespondan a su circunscripción territorial y a los de otras jurisdicciones,\nsegún lo determine la Corte Suprema de Justicia.\n\n3) De cualquier otro asunto o procedimiento cuya\ncompetencia le atribuyan las leyes.\"\n\n \"Artículo 116.- Los juzgados contravencionales y de\nmenor cuantía conocerán en materia de trabajo, como juzgados de trabajo por\nministerio de ley, de todos los asuntos, cualquiera sea su valor económico, correspondientes\na su circunscripción territorial, excepto de los conflictos colectivos de\ncarácter económico y social, siempre y cuando en su territorio no exista\njuzgado de trabajo.\"\n\nc) De la Ley N.° 6227, Ley General de la\nAdministración Pública, de 2 de mayo de 1978, el artículo 112. El texto es el\nsiguiente:\n\n\"Artículo 112.-\n\n1) El derecho administrativo será aplicable a las\nrelaciones de servicio entre la Administración y sus servidores públicos.\n\n2) Las relaciones de servicio con obreros, trabajadores y\nempleados que no participan de la gestión pública de la Administración, de\nconformidad con el párrafo tercero del artículo 111, se regirán por el derecho\nlaboral o mercantil, según los casos.\n\n3) Sin embargo, se aplicarán también a estos últimos las\ndisposiciones legales o reglamentarias de derecho público que resulten\nnecesarias para garantizar la legalidad y moralidad administrativas, conforme\nlo determine por decreto el Poder Ejecutivo.\n\n4) Para efectos penales, dichos servidores se reputarán\ncomo públicos.\n\n5) Tienen derecho a negociar convenciones colectivas de\ntrabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política,\ntanto en las empresas públicas y servicios económicos del Estado como en el\nresto de la Administración Pública, todos los empleados públicos que no\nparticipen de la gestión pública administrativa, conforme a la determinación\nque de estos hacen los artículos 683 y 689 de la Ley N.° 2, Código de Trabajo,\nde 27 de agosto de 1943.\"\n\nARTÍCULO 4.- Se derogan los artículos 56, párrafo\nfinal, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 328 y\n329 de la Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943; los artículos 94\ny 123 de la Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de\n1993, y la Ley N.° 4284, que creó el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía, de\n16 de diciembre de 1968.\n\nARTÍCULO 5.- Se mantiene el actual Tribunal de\nTrabajo, con sede en el Segundo Circuito Judicial de San José, el cual tendrá\nfunciones de Tribunal de Apelaciones y será reestructurado reduciendo su número\nde jueces a la cantidad necesaria. La Corte Suprema de Justicia mantendrá o\ncreará oportunamente, como parte del mismo tribunal, las secciones que sean\nnecesarias para atender adecuadamente el volumen de trabajo.\n\nARTÍCULO 6.- Se crean tribunales de apelaciones en\nlos circuitos judiciales de Alajuela, Heredia, Cartago, Puntarenas, San Carlos,\nPérez Zeledón, Limón y Pococí, con la jurisdicción territorial que determine la\nCorte Suprema de Justicia e integrados por tres jueces. Entrarán en\nfuncionamiento cuando, a juicio de la Corte Suprema de Justicia, el volumen de\ntrabajo así lo amerite. La Corte queda facultada para hacer atribuciones de\ncompetencia a los tribunales actualmente existentes, creando, si fuera\nnecesario, secciones especializadas para la materia laboral.\n\nARTÍCULO 7.- Los actuales tribunales de trabajo de\nmenor cuantía se convierten en juzgados de trabajo con competencia ordinaria,\npero la Corte Suprema de Justicia queda facultada para encargarles, de manera exclusiva,\nel conocimiento de asuntos de determinada especialidad o cuantía.\n\nARTÍCULO 8.- Se crea un juzgado de trabajo en los\nsiguientes lugares: en la provincia de San José: en Desamparados, Hatillo y\nPuriscal. En Alajuela: en Grecia, San Ramón y San Carlos. En Cartago: en Turrialba.\nEn Heredia: en San Joaquín de Flores. En Guanacaste: en Liberia, Cañas, Santa\nCruz y Nicoya. En Limón: en Pococí. En Puntarenas: en Aguirre, Golfito y\nCorredores. Esos despachos entrarán en funciones en el momento en que sea\nnecesario, según lo determine la Corte Suprema de Justicia y tendrán la\ncompetencia territorial que esta les asigne.\n\nARTÍCULO 9.- Se faculta a la Corte Suprema de\nJusticia para que dicte las reglas prácticas necesarias para la aplicación de\nla presente ley.\n\nARTÍCULO 10.- Se crea el Fondo de Apoyo a la\nSolución Alterna de Conflictos, que podrá denominarse Fasac, según sus siglas,\nel cual será administrado por la Corte Suprema de Justicia mediante uno de los entes\nautorizados para manejar fondos de capitalización. \n\nEl Fondo se formará con: \n\na) El cincuenta por ciento (50%) de los honorarios\nlegales que le correspondan a título de costas personales a la parte patrocinada\npor la asistencia social. Estos y los tribunales velarán por que el pago de\nesos honorarios se haga efectivo, mediante su depósito, donde\ncorresponda. \n\nb) Cualquier otro aporte que señale la ley. \n\nLos productos del Fondo se\ndestinarán: \n\n1) Prioritariamente a cubrir los honorarios de arbitraje\ny conciliación que demanden los procesos laborales promovidos para la solución\nde los conflictos jurídicos, económicos y sociales. \n\n2) A financiar programas de apoyo a la solución alterna\nde conflictos en el campo laboral. \n\nQueda prohibido variar ese\ndestino. \n\nSe regulará, por la vía de\nreglamento, lo relativo a la administración, prioridad y oportunidad en que se\naplicarán los productos y todo lo concerniente al funcionamiento del Fondo.\n\nARTÍCULO 11.- Esta ley es de orden público, deroga\nlas que se le opongan y rige dieciocho meses después de su publicación.\n\nDISPOSICIONES\nTRANSITORIAS\n\nTRANSITORIO I.- La presente reforma será aplicable a\nlos procesos iniciados antes de la vigencia de esta ley, con las siguientes\nexcepciones: \n\n1) El régimen probatorio aplicable (cargas probatorias y valoración\nde los elementos probatorios) será el de la legislación anterior. \n\n2) Los procesos en que a la fecha de entrada en vigencia\nde la reforma existiera señalamiento para audiencia de pruebas se continuarán\nrigiendo, para todos los efectos, con la legislación anterior. Los órganos\njurisdiccionales conservarán las competencias establecidas en ese ordenamiento,\naunque su denominación resulte modificada. \n\n3) En cualquier caso, las resoluciones dictadas con\nanterioridad a la vigencia de la reforma mantendrán los medios de impugnación\nque las leyes derogadas les garantizan. \n\nSe faculta a la Corte Suprema de\nJusticia para mantener o crear, cuando ello sea necesario, las plazas de\njudicatura que se requieran para continuar atendiendo de manera exclusiva los procesos\nanteriores a la presente reforma que deban continuarse substanciando con la\nnormativa que se deroga.\n\nTRANSITORIO II.- Las nuevas reglas de prescripción y\ncualquier otra modificación que afecte las relaciones sustantivas se aplicarán\na los hechos acaecidos a partir de su vigencia. Los derechos y las acciones derivados\nde hechos acaecidos antes de su vigencia se regirán por las disposiciones\nlegales vigentes en el momento en que se dieron, en armonía con lo dispuesto en\nla sentencia de la Sala Constitucional N.° 5969 de las 15 y 21 horas, de 16 de\nnoviembre de 1993, aclarada mediante resolución de las 14 y 32 horas, de 7 de\njunio de 1994.\n\nTRANSITORIO III.- A los funcionarios excluidos de la\naplicación del régimen de este Código, nombrados antes de la entrada en\nvigencia de esta ley, a quienes en la actualidad se les paga cesantía cuando se\njubilan, pensionan o fallecen, se les mantienen esos derechos, en los montos o\nlas proporciones que se les satisfacen.\n\nTRANSITORIO IV.- En los lugares o las\ncircunscripciones en que el volumen de trabajo no justifique el funcionamiento\nde tribunales especializados, mientras esa situación subsista, la justicia laboral\nserá administrada por juzgados y tribunales mixtos, según lo determine la Corte\nSuprema de Justicia.\n\nTRANSITORIO V.- Se reestructuran los actuales\ntribunales de trabajo de menor cuantía como tribunales unipersonales\nespecializados y continuarán el conocimiento de los procesos laborales de menor\ncuantía y cualquier otro que se le asigne. La Corte Suprema de Justicia queda\nfacultada para la reorganización que se requiera, para disponer la\nclasificación de los puestos y el traslado horizontal o en ascenso del personal\nque, como resultado de la reestructuración, no sea necesario en esos despachos,\nsin perjuicio de sus derechos laborales. Continuarán conociendo de los asuntos\npendientes, aplicando la ley derogada, pero de forma unipersonal, según\ndistribución equitativa que se hará, hasta su finalización.\n\nTRANSITORIO VI.- Si las nuevas cargas de trabajo del\nTribunal de Apelaciones de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José\n(Goicoechea) no ameritan mantener secciones adicionales, las personas que ocupen\nen propiedad los cargos sobrantes serán reubicadas en juzgados de trabajo por\nla Corte Suprema de Justicia, con respeto de sus derechos laborales. Para\nestablecer la reubicación se tomará en cuenta la fecha de los nombramientos, se\naplicará en primer término a los de más reciente designación. Deberán ser\ntomados en cuenta para llenar las plazas vacantes que se produzcan en el futuro\nen el Tribunal de Apelaciones, lo que se hará de acuerdo con las mejores\ncalificaciones en el escalafón del sistema de carrera judicial.\n\nTRANSITORIO VII.- Los asuntos laborales que actualmente\nconocen los juzgados contravencionales y de menor cuantía, en las\ncircunscripciones donde también haya juzgado de trabajo, pasarán a conocimiento\nde estos últimos cuando comience a regir esta reforma, excepto aquellos en que\na la fecha de entrada en vigencia exista señalamiento para la audiencia\nprobatoria y los que ya tengan sentencia.\n\nTRANSITORIO VIII.- Mientras no esté funcionando el\nsistema de asistencia legal gratuita, establecido en el artículo 454, no se\nexigirá el patrocinio letrado y las personas trabajadoras podrán continuar\nlitigando en estrados judiciales por sí mismas.\" \n\nLa presente ley rige dieciocho meses\ndespués de su publicación. \n\nDado en el Museo Histórico Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, San José,\na los veinticinco días del mes de enero del año dos mil dieciséis.",
  "body_en_text": "in the entirety of the text\n\n                    -\n\n                        Complete Text of Law 9343\n\n                        Labor Procedural Reform\n\nComplete Text record: 109EE0\n\nN° 9343\n\nTHE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA\n\nDECREES:\n\nLABOR PROCEDURAL\nREFORM\n\nARTICLE 1.- The designation of title six and articles 371 to 374 and 377 to 395 of Law No. 2, Labor Code, of August 27, 1943, are reformed. The texts are as follows:\n\n\"TITLE SIX\n\nPRESSURE MEASURES\n\nCHAPTER ONE\n\nLegal and Illegal\nStrikes\n\nArticle 371.-\n\nA legal strike is a right consisting of the concerted and peaceful suspension of work, in a company, institution, establishment, or work center, agreed upon and executed by a plurality of at least three workers, representing more than half of the votes cast pursuant to article 381, by the employees involved in a collective labor dispute, for the following:\n\na) The defense and promotion of their economic and social interests.\n\nb) The defense of their rights in the collective legal disputes indicated in article 386.\n\nArticle 372.-\n\nThe holders of the right to strike are the workers, who shall exercise it through their union organizations or a temporary coalition, in companies, institutions, establishments, or work centers where there are no unionized persons or when their number is insufficient to form a union organization.\n\nArticle 373.-\n\nThe right to strike includes participation in preparatory activities that do not interfere with the normal development of the work of the company or work center, in the call, in the election of its modality, in joining a strike already called or the refusal to participate in it, in participation in its development, in calling it off, as well as the decision to terminate one's own participation in the strike.\n\nArticle 374.-\n\nIn the case of institutions or companies that have more than one establishment or work center, the minimum support percentage required, pursuant to article 371, shall be counted considering all the workers of the company, institution, or the respective work center, as the case may be.\"\n\n\"Article 377.-\n\nTo declare a legal strike, the workers must:\n\na) Observe the requirements set forth in article 371.\n\nb) Exhaust one of the procedural conciliation alternatives established in article 618. In the legal disputes indicated in article 386 that give rise to a legal strike, this requirement shall be deemed satisfied through the demand that the union or the workers make to the employer, granting a period of at least one month to resolve the dispute.\n\nArticle 378.-\n\nThe strike, whatever its modality, whether called by one or more unions or, as the case may be, a coalition of workers, may be executed intermittently, gradually, or in a staggered manner. In these cases, the days and hours of suspension, as well as the modality of the strike, must be communicated in writing to the employer prior to its commencement, directly or through the Ministry of Labor and Social Security.\n\nArticle 379.-\n\nThe termination of employment contracts or, failing that, salary reduction or any type of sanction, shall only be applicable starting from the declaration of illegality of the strike.\n\nArticle 380.-\n\nA legal strike suspends the employment contracts in force in the establishments, businesses, departments, or work centers where it is declared, for the entire time it lasts. In cases where the strike has not been declared in the entirety of the center, but in one of the departments, sections, or specific category of workers, the suspension shall operate only with respect to these.\n\nArticle 381.-\n\nTo achieve the minimum support percentage required, in accordance with the provisions of this title, the following procedure shall be followed:\n\n1) If in the company, institution, establishment, or work center there exists one or more unions that, individually or collectively, represent the affiliation of fifty percent (50%) of the workers, this shall be deemed satisfied if, in the general assembly of the calling union or unions, as the case may be, the call for a strike is agreed upon in accordance with the provisions of subsection e) of article 346.\n\n2) If in the company, institution, establishment, or work center there is no union that by itself, or together with others, represents the percentage indicated in the preceding subsection, a secret voting process shall be called, in which all workers shall have the right to participate, with the exceptions indicated in the following article. This special voting procedure must be supervised by personnel from the National Directorate of Labor Inspection, who must be present and certify the legality of its fulfillment. In this case, the strike shall be deemed agreed upon if at least thirty-five percent (35%) of the total workers of the company, institution, or the respective work center, as the case may be, has turned out to vote, and if it obtains the support of half plus one of the votes cast.\n\nThe employer shall be obliged to facilitate participation in the voting process, to provide the necessary time with pay to guarantee the free exercise of universal suffrage, and to refrain from intervening, directly or indirectly, in the voting process. The voting centers must be in a neutral location, preferably public and easily accessible.\n\n3) In the case of strikes called by workers of the same occupation or trade, the procedure indicated in the two preceding subsections shall apply, but considering exclusively the total number of workers of the same profession or trade who work in that company, institution, establishment, or work center.\n\n4) The Ministry of Labor and Social Security must ensure the transparency and legitimacy of this type of process; for this purpose, it must issue the corresponding regulations.\n\n5) For the purposes of the verifications provided for in this article, in relation to the strike agreement, a notarial record shall be required, in the case of subsection 1) above, or a report prepared by the Labor Inspection, in the case of subsection 2).\n\nAny violation of this article shall constitute an unfair labor practice in the terms of article 363 and shall be sanctioned with the fine established in subsection 6) of article 398.\n\nArticle 382.-\n\nFor the determination of the minimum percentage for calling and supporting the strike, the following must be excluded:\n\na) Workers who began working after the start of the conciliation process, those who are in a probationary period, those in positions of trust, and those whose contract is suspended, except for those suspensions that have occurred in application of article 74. Also excluded are workers on fixed-term or specific-work contracts, provided they are not permanent workers with discontinuous contracts.\n\nb) Those who appear as employer representatives.\n\nArticle 383.-\n\nThe employer party or parties affected by the strike may request, before the labor jurisdiction, the declaration of illegality of the movement, when the workers or their union organizations have not adhered, in the exercise of the right to strike, to the provisions and requirements established in articles 371, 377, and 381 of this Code.\n\nArticle 384.-\n\nLikewise, it shall be optional for the workers or their union organizations to request the declaration of legality of the strike, prior to its commencement. In this latter case, they may not begin the execution of the strike until the declaration of a legal strike is final. The workers or the respective union may also request the classification of the strike after its execution, and even after its conclusion, for the purposes of the provisions of article 386.\n\nArticle 385.-\n\nOnce the declaration of illegality of the strike is final, the employer party may terminate, without employer liability, the employment contracts of the strikers, if they do not return to work twenty-four hours after the notification of the respective decision.\n\nThis notification shall be made through publication in a nationally circulated newspaper, as well as by notices placed in visible places of the work center or centers, or by any other means that guarantees the effective completion of the notification.\n\nNotwithstanding the foregoing, in the new contracts entered into by the employer, conditions may not be stipulated that are inferior to those that, in each case, prevailed before the illegal strike was declared.\n\nArticle 386.-\n\nIf the strike is declared legal by the courts and it is also determined, in the same decision, that the reasons for the strike are attributable to the employer, due to a serious breach of the collective bargaining agreement or the generalized breach of employment contracts, the conciliation agreement, the collective agreement, or the arbitration award, due to refusal to negotiate a collective agreement, to recognize the union organization, to reinstate the workers' representatives despite a final judgment ordering it, or due to mistreatment or violence against the workers, it shall order the employer to pay the salaries corresponding to the days on which they remained on strike. The respective settlement shall be carried out through the judgment enforcement process.\n\nCHAPTER TWO\n\nLegal and Illegal Lockouts\n\nArticle 387.-\n\nA legal lockout or employer lockout is the temporary suspension of work ordered by two or more employers, peacefully and with the exclusive purpose of defending their common economic and social interests.\n\nThe lockout shall always comprise the total lockout of the companies, establishments, or businesses in which it is declared.\n\nArticle 388.-\n\nThe lockout shall be legal if the employers adhere to the requirements provided for in article 377 and then give their workers one month's prior notice for the sole purpose that these may terminate their contracts, without liability for either party, during that period.\n\nArticle 389.-\n\nThe resumption of work shall be carried out in accordance with the rules established in article 77.\n\nArticle 390.-\n\nThe provisions of article 380 are applicable to the lockout.\n\nArticle 391.-\n\nAny malicious act by the employer that makes it impossible for the workers to perform their work normally shall also be considered an illegal lockout.\n\nArticle 392.-\n\nAny illegal lockout has the following effects:\n\na) It empowers the workers to request their immediate reinstatement or to terminate their contracts, with the right to receive the applicable legal benefits and indemnities. The payment of the extremes indicated above must be paid by the employer or their legal representative, within a maximum and non-extendable period of eight calendar days from the declaration of illegality.\n\nb) It obliges the employer party to resume work without delay and to pay said persons the salaries they should have received during the period in which the work was improperly suspended.\n\nc) It gives rise, in each case, to the imposition of a fine of twenty to twenty-three monthly base salaries, referred to in article 398, according to the seriousness of the infraction and the number of workers affected by it, without prejudice to responsibilities of any other nature that the ordinary courts may declare against its perpetrators.\n\nCHAPTER THREE\n\nCommon Provisions\n\nArticle 393.-\n\nNeither lockouts nor strikes must in any way harm workers who are receiving salaries or indemnities for accidents, illnesses, maternity, vacations, or other analogous causes.\n\nArticle 394.-\n\nIn the event of a legally declared strike or lockout, the labor courts shall issue an immediate order to the police authorities so that the persons and properties covered by said declaration are duly protected and the establishments, businesses, departments, or work centers are kept closed.\n\nIn cases where the legality of the strike has not been declared in the entirety of the center but in one of the departments, sections, or specific category of workers, the closure shall operate only with respect to these. While the movement has not been declared illegal, neither party may take the slightest reprisal against the other, nor prevent it from exercising its rights, as provided in article 620.\n\nIn the event of an illegal strike or lockout, the competent courts shall order the police authorities to guarantee the continuation of work by all means within their reach. If it concerns public services in the hands of private entrepreneurs, the Executive Branch may assume, for that purpose, its temporary control; for this, the competent court may appoint a suitable person as curator.\n\nArticle 395.-\n\nThe right of the employer parties to the lockout and that of the workers to the strike are non-waivable; but the clause by virtue of which they undertake not to exercise them temporarily shall be valid, as long as one of the parties does not breach the terms of the collective agreement or instrument.\"\n\nARTICLE 2.- Titles seven to eleven of Law No. 2, Labor Code, of August 27, 1943, are reformed. The texts are as follows:\n\n\"TITLE SEVEN\n\nINFRACTIONS OF LABOR LAWS AND THEIR SANCTIONS\n\nArticle 396.-\n\nActions or omissions incurred by employer parties, their representatives and administrators, workers, or their respective organizations that violate the norms provided in the Political Constitution, international human rights covenants, and conventions adopted by the International Labor Organization, ratified by the Legislative Assembly, and other labor and social security norms constitute faults, without prejudice to the civil or criminal liability that may apply to them.\n\nPublic officials of the Comptroller General of the Republic, the Public Services Regulatory Authority (Aresep), the Attorney General's Office of the Republic, or analogous entities, who, in the exercise of control, oversight, and binding advisory powers, cause the Public Administration to incur the commission of these types of faults, shall also be sanctioned.\n\nArticle 397.-\n\nThe processes originating from said faults shall be heard by the labor courts, in accordance with the rules of competence and by the procedure indicated in this same Code.\n\nArticle 398.-\n\nThe violators referred to in article 399 of this Code shall be sanctioned with a fine, according to the following table:\n\n1) From one to three monthly base salaries.\n\n2) From four to seven monthly base salaries.\n\n3) From eight to eleven monthly base salaries.\n\n4) From twelve to fifteen monthly base salaries.\n\n5) From sixteen to nineteen monthly base salaries.\n\n6) From twenty to twenty-three monthly base salaries.\n\nThe denomination of base salary used in this law throughout its articles, unless expressly provided otherwise, must be understood as that contained in article 2 of Law No. 7337, of May 5, 1993, in accordance with the provisions of this same Code.\n\nArticle 399.-\n\nThe liability of natural persons is subjective, and that of legal persons is objective. When the conduct is carried out by an employer representative of a legal person employer or economic interest group, in the terms of article 5 of this Code, the sanction shall also fall upon the latter, as applicable, to whom the economic effects of the representative's fault are jointly extended.\n\nArticle 400.-\n\nInfractions of the prohibitive norms of this Code or of labor and social security laws shall be sanctioned starting from the fine included in numeral 3 of the sanctions table of article 398, or higher ones established by special law.\n\nIn the case of refusal to provide reports, notices, requests, permits, verifications, or documents required according to this Code and the labor and social security laws, so that the Labor authorities can exercise the control entrusted to them by said provisions, the responsible parties shall be sanctioned with the fine included in numeral 1 of the sanctions table contained in article 398, provided that a warning with a period of fifteen days has been given.\n\nArticle 401.-\n\nWhen judging labor faults, the sanction that corresponds in each case shall be applied, taking into account the seriousness of the act, its consequences, the number of faults committed, and the number of workers who have suffered the effects of the infraction.\n\nThe sanction may be reduced, provided the violator agrees to repair the damage immediately and in full.\n\nArticle 402.-\n\nAny person who in bad faith publicly incites a strike or lockout to be carried out against the provisions of this title shall be sanctioned with a fine of five to ten base salaries.\n\nArticle 403.-\n\nIndividuals who participate in a collective dispute, using means that alter the peaceful nature of the movement, shall be repelled and expelled from the environment where it takes place, by any police authority, and sanctioned with a fine of five to ten base salaries.\n\nTITLE EIGHT\n\nPROHIBITION OF DISCRIMINATION\n\nArticle 404.-\n\nAll discrimination at work based on age, ethnicity, sex, religion, race, sexual orientation, marital status, political opinion, national ancestry, social origin, filiation, disability, union affiliation, economic situation, or any other analogous form of discrimination is prohibited.\n\nArticle 405.-\n\nAll workers who perform equal work under equal subjective and objective conditions shall enjoy the same rights, in terms of working hours and remuneration, without any discrimination.\n\nArticle 406.-\n\nThe dismissal of workers for the reasons indicated in article 404 is prohibited.\n\nArticle 407.-\n\nEmployers are prohibited from discriminating based on age when requesting a service or selecting a worker.\n\nArticle 408.-\n\nAll persons, without any discrimination, shall enjoy the same opportunities to obtain employment and must be considered eligible in the field of their specialty, provided they meet the formal requirements requested by the employer or those established by law or regulation.\n\nArticle 409.-\n\nAny discrimination contemplated in this title may be asserted by the authorities or the interested party before the labor courts, in the manner provided in this Code. In these cases, whoever alleges discrimination must specifically indicate the factual basis on which their allegation is founded and the terms of comparison that substantiate their assertion.\n\nArticle 410.-\n\nEmployers who are proven to have dismissed workers for any of the reasons of discrimination indicated above must reinstate them in their work, with full enjoyment of their rights and the consequences provided for the reinstatement judgment.\n\nWith respect to the Public Administration and other institutions of public law, any appointment, dismissal, suspension, transfer, exchange, promotion, or recognition carried out contrary to the provisions of this title shall be voidable at the request of the interested party, and the procedures followed regarding recruitment or selection of personnel shall lack efficacy in what results in violation of this title.\n\nAny worker who, in the exercise of their functions related to recruitment, selection, appointment, personnel movements, or in any other way, incurs discrimination in the terms of this title, shall incur a serious fault for the purposes of article 81 of this Code.\n\nTITLE NINE\n\nSTATUTES OF LIMITATIONS AND EXPIRY OF DISCIPLINARY SANCTIONS IMPOSED IN WRITTEN PROCEDURE\n\nArticle 411.-\n\nThe calculation, suspension, interruption, and other aspects relating to the statute of limitations shall be governed by the provisions of this Code and, supplementarily, by what the Civil Code provides.\n\nArticle 412.-\n\nRights arising from a judicial judgment shall be barred by the statute of limitations in a term of ten years, which shall begin to run from the day the judgment becomes final.\n\nArticle 413.-\n\nUnless there is a special provision to the contrary, all rights and actions arising from employment contracts shall be barred by the statute of limitations in a term of one year, counted from the date of termination of said contracts.\n\nIn labor matters, the statute of limitations shall also be interrupted by the following causes:\n\na) The request for the dismissal letter, in the terms of article 35 of this Code.\n\nb) The filing, by the worker, of the corresponding request for an administrative labor conciliation proceeding before the Ministry of Labor and Social Security.\n\nc) In the case of actions derived from occupational risks, the filing of the respective claim in an administrative venue before the National Insurance Institute (INS).\n\nd) Any judicial or extrajudicial action for the collection of the obligation.\n\ne) No statute of limitations shall run while the person is working under the orders of the same employer.\n\nArticle 414.-\n\nWithout prejudice to what special provisions establish regarding the limitation period, the rights and actions of employers to justifiably dismiss workers, or to discipline their faults, shall be barred by the statute of limitations in a term of one month, which shall begin to run from the moment the cause for the separation or sanction arose or, as the case may be, from when the causal facts were known.\n\nIf the employer party must follow a sanctioning procedure, the intention to sanction must be notified to the employee within that period, and, from that moment, the month shall begin to run again at the moment when the employer or the competent body, as the case may be, is in a position to decide, unless the procedure is paralyzed or halted due to fault attributable exclusively to the employer party, a situation in which the statute of limitations is applicable if the paralysis or suspension covers that period.\n\nArticle 415.-\n\nWhen it is necessary to follow a procedure and record disciplinary sanctions in a written act, the execution of those thus imposed expires, for all purposes, in one year from the finality of the act.\n\nArticle 416.-\n\nThe rights and actions of workers to terminate their employment contract with just cause are barred by the statute of limitations in a term of six months, counted from the moment the employer gave cause for the separation, or from the moment said person became aware of the cause.\n\nArticle 417.-\n\nThe rights and actions of employers to claim against those who unjustifiably leave their positions shall expire in accordance with the provisions of article 32 of this Code.\n\nArticle 418.-\n\nUnless there is a legal provision to the contrary, all rights and actions arising from this Code, its regulations, its related laws, including those of social security, that do not originate directly from employment contracts nor relate to legal disputes between employers and workers, are barred by the statute of limitations in one year.\n\nThat period shall run, for the former, from the occurrence of the respective event or from when they became aware of it, and, for the latter and other interested persons, from the moment they are in an effective position to claim their rights or to exercise the corresponding actions.\n\nArticle 419.-\n\nThe action to sanction faults committed against labor and social security laws is barred by the statute of limitations in two years, counted from the moment they are committed or from the cessation of the situation, in the case of continuous acts.\n\nThe filing of the accusation before the labor courts continuously interrupts the limitation period, until a final judgment is issued.\n\nThe statute of limitations is also interrupted by any judicial action or by extrajudicial action, in cases where a judicial process has not been filed.\n\nThe statute of limitations for the sanction imposed in a final judgment shall be governed by the provisions of article 412.\n\nTITLE TEN\n\nSPECIAL LABOR JURISDICTION\n\nCHAPTER ONE\n\nOrganization, extension, and limits of the labor jurisdiction\n\nSECTION I\n\nGeneral Provisions\n\nArticle 420.-\n\nIn the labor jurisdiction, established in article 70 of the Political Constitution, individual and collective disputes shall be resolved whose solution requires the application of labor law and social security norms, and the principles that inform it, as well as matters connected to the substantial relationships inherent to that law.\n\nWithin that scope is included the hearing of all benefits derived from public employment relationships, for the collection or fulfillment of labor aspects, as well as challenges or nullities of acts or omissions of all public law institutions or bodies, relating to said employment, when by their material or substantial content and the applicable legal regime they must be heard before the labor jurisdiction.\n\nArticle 421.-\n\nIn addition to the general principles corresponding to every process, such as those of exclusivity and mandatory nature of the jurisdictional function, independence of the jurisdictional bodies, contradiction or bilateral hearing, publicity, mandatory nature of legal procedures, necessary reasoning of judicial decisions, and preclusion, the labor process is governed by the following basic procedural principles: conciliation, primarily oral proceedings, simplicity, informality, relative officiousness, as well as celerity, concentration, immediacy, the search for real truth, freedom of proof, procedural loyalty, and gratuity or minimum cost.\n\nArticle 422.-\n\nWhen interpreting the provisions of this title, it must be taken into account that its ultimate purpose is to allow the orderly application of the substantial norms and the principles that inform them, including justice and equity, when applicable. The persons in charge of the bodies of this matter shall direct the process in a proactive manner, impelling it opportunely, seeking real truth within the established limits, giving it primacy over formal expressions, protecting the non-waivability of rights, and adequately applying the \"pro operario\" rules (\"in dubio pro operario\", most favorable norm, and most beneficial condition), so that in the solution of conflicts, the Christian principles of social justice are fulfilled and the inequality of the worker party is not expressed in the outcome of the process.\n\nThe Judicial Branch shall adopt the necessary measures to provide persons with disabilities or difficulties in accessing justice or participating in processes, due to being in a state of vulnerability for any cause, the facilities or particular support they require for the exercise of their rights under equal conditions.\n\nArticle 423.-\n\nIn processes in which the State, its institutions, and bodies are a party, the provisions of the preceding article shall apply, provided that the principle of legality is not contravened.\n\nHowever, the rule of the primacy of reality and the unwritten norms of the legal system may be invoked as a source of law, when possible, in accordance with Law No. 6227, General Law of the Public Administration, of May 2, 1978.\n\nArticle 424.-\n\nThe process is initiated by the party, and once initiated, the bodies of the jurisdiction must issue, ex officio, with broad powers, all measures directed at its progress and conclusion, without the need for management by the parties.\n\nIn the processing of the procedures regulated by this Code, the courts must act quickly, accelerating the course of the case file as much as possible. Failure to comply with the deadlines established for issuing decisions, as well as any unjustified conduct that harms the application of the principle of celerity, may be considered a serious fault for disciplinary purposes, in accordance with Law No. 7333, Organic Law of the Judicial Branch, of May 5, 1993, and the corresponding judicial official may be declared responsible for the damages caused.\n\nArticle 425.-\n\nIn addition to the exemptions agreed upon in article 10 of this Code, in the process regulated in this title, no money deposits or bonds of any kind shall be required, with the exceptions expressly provided for in the law. Publications that must be made in the official gazette shall be free of charge.\n\nArticle 426.-\n\nPractices contrary to the labor justice administration system are considered to be the use by judges of exaggerated, abusive, and unnecessary formalities. Such formalities shall include the excessive decree of nullities, the failure to apply the principle of remediation and preservation of the proceeding (principio de saneamiento y conservación del proceso), when applicable; the repeated issuance of warnings that should have been made in a single resolution; the granting of transfers not provided for by law; giving preeminence to procedural rules over substantive ones, or improperly applying formalities and, in general, any abusive procedural practice.\n\nArticle 426.-\n\nThe parties, their attorneys-in-fact, representatives, lawyers, justice auxiliaries, and third parties who have any contact with the proceeding must adjust their conduct to good faith, the dignity of justice, and the respect owed to the judges and other litigants and participants.\n\nActs contrary to loyalty and committed in procedural fraud are considered to be abusive or repetitive lawsuits, motions, or exceptions; the offering of false, unnecessary, or irrelevant evidence to the subject of the debate; the abuse of precautionary measures and any procedural mechanism; collusion; failure to comply with orders issued in the proceeding; the use of any dilatory tactic; and failure to cooperate with the justice administration system in the taking of evidence necessary for ascertaining the disputed facts.\n\nArticle 428.-\n\nThe absence of procedural rules expressly provided for a specific case or situation shall be filled by the analogous application of the other provisions of this same Code and its principles, insofar as they are compatible.\n\nCivil procedural legislation and contentious-administrative procedural legislation, in proceedings against the State and its institutions, shall be of supplementary application, to fill the normative gaps of this Code or to utilize procedural mechanisms not expressly regulated, which are necessary to apply for the protection of the parties' rights and the purposes of the proceeding, provided they do not contradict the text and procedural principles of this title.\n\nIn any case, if there is an omission regarding the manner of proceeding, the bodies of the labor jurisdiction shall be authorized to devise the most convenient procedure, so that a resolution can be promptly issued that impartially decides the claims of the parties, provided that due process is guaranteed to them. In any case, the exhaustive enumeration of appeals set forth in this Code shall be respected.\n\nSECTION II\n\nOrganization and Functioning\n\nArticle 429.-\n\nThe labor jurisdiction shall be in charge of courts (juzgados), conciliation and arbitration tribunals (tribunales de conciliación y arbitraje), and appellate and cassation tribunals (tribunales de apelación y casación), all specialized. Regarding their organization and functioning, in addition to the provisions of this Code, the provisions established in Law No. 7333, Organic Law of the Judicial Branch (Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial), of May 5, 1993, and the Judicial Service Statute, shall apply as pertinent.\n\nThe courts (juzgados) shall hear in first instance the matters within their competence, whatever the economic value of the claims, and shall serve as the basis, in the territorial districts designated by the Supreme Court of Justice, for the constitution of the conciliation and arbitration tribunals (tribunales de conciliación y arbitraje).\n\nThe appellate tribunals (tribunales de apelación) shall hear in second instance the appeals arising from individual legal disputes heard by the courts (juzgados) and in the collective proceedings referred to in this Code; they shall have the seat and territorial competence designated by the Supreme Court of Justice. Likewise, said bodies shall hear the other matters indicated by law.\n\nIn judicial circuits where the volume of cases warrants it, the Supreme Court of Justice may entrust a specific office with hearing social security matters or any other specialty, corresponding to the territory indicated.\n\nSECTION III\n\nCompetence\n\nArticle 430.-\n\nThe labor courts (juzgados de trabajo) shall hear in first instance:\n\n1) All individual or collective differences or disputes of a legal nature arising from the application of this Code and related legislation, from the employment contract, or from facts intimately linked to the respective relationships.\n\n2) Economic and social conflicts, once they are constituted as arbitration tribunals. They shall also have competence to definitively settle the same conflicts, once they are constituted as a conciliation tribunal, as established in this Code.\n\n3) Lawsuits filed to obtain the dissolution of social organizations.\n\n4) Contentious issues arising from the application of social security legislation and its regulations, as well as those related to contributions to the Banco Popular y de Desarrollo Comunal, and the contributions established in Law No. 7983, Worker Protection Law (Ley N.° 7983, Ley de Protección al Trabajador), of February 16, 2000.\n\n5) Claims referring to the different pension regimes.\n\n6) Claims for occupational hazards (riesgos de trabajo) regulated in Title Four of this Code and those arising from labor insurance.\n\n7) Judgments of offenses committed against labor or social security laws.\n\n8) All other matters determined by law.\n\nArticle 431.-\n\nThe bodies have their competence limited to the territory designated for exercising it, except in cases where it is necessary to move to another territory to carry out non-delegable actions. The travel expenses shall be borne by the interested party, except when it involves workers, in which case they shall be covered by the State.\n\nCompetence may only be extended for the benefit of the worker, never to their detriment. The filing of the lawsuit by that person before a specific jurisdictional body presumes that the corresponding territorial competence represents a benefit for them.\n\nWithout prejudice to the provisions of special rules, the territorial competence of the courts (juzgados) shall be determined according to the following provisions:\n\n1) As a general rule, the competent court shall be that of the place where the services are rendered, or that of the claimant's domicile, at the choice of the latter.\n\n2) If the services are rendered in places in different territorial districts, the plaintiff may choose between the place of their own domicile, the place where the contract was signed, or the domicile of the defendant.\n\n3) In the case of occupational hazards, the competent jurisdictional body shall be that of the place where the services are rendered, the defendant's domicile, or the place where the hazard occurred, at the choice of the claimant.\n\n4) If there are several defendants and the chosen venue is that of their domicile, if this is not the same for all, the plaintiff may choose that of any of them.\n\n5) In proceedings against the State or its institutions, the competent court shall be that of the place where the services are rendered or that of the claimant's domicile, at the choice of the latter.\n\n6) The court of the domicile where the workplace is located shall be competent to hear collective conflicts between the employer and worker parties or among workers themselves.\n\n7) The qualification of the strike shall correspond to the court of the place where the events occur. If they take place in different districts, the hearing shall correspond to any of the courts of those territories, at the choice of the applicant. If the qualification is requested before different courts, the requests shall be consolidated ex officio or at the request of a party, to the one being processed in the office that first took cognizance.\n\n8) Actions to obtain the dissolution of social organizations shall be filed before the court of their domicile.\n\n9) The court of the deceased person's last domicile shall be competent to hear proceedings for the distribution of their legal benefits and any other matter that must be distributed in this jurisdiction.\n\n10) Actions arising from a contract entered into with Costa Ricans, for the provision of services or execution of works abroad, shall be the competence of the court of the place in the national territory where the contract was concluded, unless a more favorable clause for the worker or their directly interested family members was stipulated therein.\n\n11) Accusations for infractions of labor or social security laws shall be heard by the labor courts (juzgados de trabajo) in whose jurisdiction the offense or infraction was committed, or that of the domicile of the potential responsible party, at the choice of the accuser.\n\n12) To carry out preparatory acts, securing acts, or the application of any atypical precautionary measure, the competent court shall be that of the proceeding to which they refer. However, in urgent cases, preparatory or securing acts may be raised before any other body with material competence, which may not, under any circumstances, excuse itself from hearing the matter. Once the act is carried out, the proceedings shall be forwarded to the competent body.\n\nIn all cases where two or more bodies have competence to hear, by reason of territory, the same claim or conflict, the body that first took cognizance of the claim shall be considered the sole and definitive competent body.\n\nArticle 432.-\n\nWhen dealing with irrevocable rights (derechos irrenunciables), the labor bodies, when issuing their judgments, shall adjust the respective amounts to what legally corresponds, even if they are higher than what was indicated in the claim, when some document or evidentiary means supports it unquestionably. Regarding waivable matters, the estimates or determinations made in the lawsuit shall govern as limits that the labor bodies may not exceed.\n\nArticle 433.-\n\nThe competence of the bodies of the labor jurisdiction extends to related claims, even if considered in themselves to be of another nature, as long as they derive from the same facts or are intimately linked to the substantial relationship that determines the competence.\n\nArticle 434.-\n\nIn matters of international competence, the Costa Rican courts are competent:\n\n1) To hear claims of persons domiciled in Costa Rica, hired for work in the country to work outside the national territory. This includes contracts initiated in the national territory and continued in other territories.\n\n2) When the claims originate from employment contracts made abroad, to be executed indefinitely and permanently, or for periods that imply permanence in the national territory.\n\n3) When the parties have so established contractually, provided that one of them is Costa Rican and at the same time there exists some connecting criterion with the national territory.\n\nIn the cases of the three subsections above, national legislation shall always apply to the entire employment relationship, in what is most favorable to the worker.\n\n4) When resulting from international treaties or conventions or from the express or tacit extension that may operate under the terms of those instruments. In the case of extension, the legislative competence applicable to the substantial relationship must be respected, according to the contract or the rules and principles of international law, unless expressly agreed otherwise.\n\nArticle 435.-\n\nCompetence may only be delegated for the performance of procedural acts whose execution does not violate the principle of immediacy (principio de inmediación) and which are required as assistance for the substantiation of the proceeding. The delegation for the reception of evidence and any other act proper to the hearing is absolutely prohibited, under penalty of nullity. The tribunals, however, may incorporate into the proceeding, even at the hearing, when necessary, evidentiary elements including testimony, through electronic means of communication, as long as the authenticity of the communication's content is guaranteed and due process is not affected.\n\nArticle 436.-\n\nThe plaintiff may not challenge the competence of the body before which they filed the lawsuit, to which they shall remain bound until the conclusion and enforcement, as applicable, in accordance with law. Consequently, they may not cause that competence to vary even if the factual circumstances existing at the time the proceeding was initiated subsequently change.\n\nArticle 437.-\n\nSubject-matter competence is non-extendable. It may only be protested by the interested party when answering the lawsuit or counterclaim.\n\nThe exception of lack of competence shall be rejected outright when the claims set forth in the lawsuit or counterclaim are unquestionably of a labor nature. This resolution shall not condition the judge's criterion when resolving the corresponding claims in the judgment, taking into account the evidence on the substantial relationship on which they are based.\n\nArticle 438.-\n\nRegarding the exception of lack of subject-matter competence, when its processing is appropriate, a transfer shall be granted to the opposing party for three days; after that term, the court (juzgado) within the following three days shall resolve accordingly.\n\nLack of subject-matter competence may be declared ex officio by the trial court up to the remediation hearing (audiencia de saneamiento). It is prohibited to declare lack of competence for that reason after that act has been completed.\n\nArticle 439.-\n\nIn the two cases of the preceding article, the resolution shall be appealable before the competent body according to Law No. 7333, Organic Law of the Judicial Branch (Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial), of May 5, 1993, for resolving questions of competence between courts of different matters. It shall be necessary to substantiate the appeal, and in this regard, as well as for the processing of the challenge, the provisions for appeal in articles 589 and 590 of this same Code shall apply.\n\nThe pronouncement of that body shall have no further appeal and shall be binding for the jurisdictions involved.\n\nIf the court's pronouncement is not appealed, the body of the matter to which competence is attributed may promote the respective conflict before the body indicated in the first paragraph of this article, within the peremptory period of five days, starting from the day following the date on which the file is received.\n\nArticle 440.-\n\nUnless expressly provided otherwise, tribunals are prohibited from declaring ex officio lack of competence by reason of territory, and the interested party may only protest it when answering the lawsuit.\n\nThe exception shall be resolved once the term of the summons has elapsed.\n\nThe resolution issued shall be appealable only when lack of competence is declared. If the protest is limited to competence regarding national territorial districts, the appeal shall be resolved by the Second Chamber of the Supreme Court of Justice and its decision shall be definitive and binding for the bodies of the other territorial district, without it being possible to raise any conflict. If the exception was filed alleging that the matter is not the competence of the Costa Rican courts, the appeal shall be heard by the body of the Supreme Court of Justice with competence to hear the cassation appeal (recurso de casación) in labor matters.\n\nIf the court's resolution is not appealed, it shall be considered final and binding for the parties and, as applicable, the national jurisdictional body, in whose favor competence by reason of territory has been established, must assume cognizance of the proceeding, without it being possible to dissent via conflict.\n\nArticle 441.-\n\nSubjective competence shall be governed by the provisions of civil procedural legislation and Law No. 7333, Organic Law of the Judicial Branch (Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial), of May 5, 1993; however, labor judges, in addition to the grounds indicated in said legislation, shall be subject to disqualification (inhibitoria) in proceedings against the State or its institutions, when:\n\na) They have participated in the active or omissive conduct that is the subject of the proceeding or have manifested themselves previously and publicly regarding it.\n\nb) They have kinship, within the third degree of consanguinity or second degree of affinity, with the authorities of the administrative hierarchy that participated in the conduct submitted to their cognizance and decision.\n\nc) They are in the same relationship with the authority or officials who participated in the conduct submitted to the proceeding or reported regarding it.\n\nd) When, at the time of issuing the act that originates the proceeding, they were part as heads of the hierarchy of the body, organization, or company that issued it, or when they form part of one or the other, even if they did not participate in the decision.\n\nArticle 442.-\n\nRecusals (recusaciones) must be filed:\n\n1) At trial instance, before the holding of the conciliation and trial hearing (audiencia de conciliación y juicio) or before the issuance of the judgment in proceedings where that procedure is not carried out.\n\n2) In appeals where the hearing procedure is not provided for, before the corresponding vote is issued.\n\n3) In appeals with a hearing procedure, before the hearing is held.\n\nExcepted are cases in which the party has not been able to know the person before the hearing or trial. In these cases, the party may raise the recusal within the five days following the knowledge obtained of that person's intervention.\n\nThe failure to timely file the recusal causes the right to protest and claim through any avenue for that same cause to expire outright and renders any protest unaddressable, with the body ordering its archiving.\n\nThe recusal does not suspend the execution of the judgment or of what was resolved prior to its filing, when dealing with acts of mere enforcement.\n\nCHAPTER TWO\n\nParties to the Proceeding\n\nSECTION I\n\nCapacity and Representation of the Parties\n\nArticle 443.-\n\nThose who are in the exercise of their rights have the capacity to appear in court in defense of their subjective rights and legitimate interests.\n\nArticle 444.-\n\nWorkers, from the age of fifteen, have full capacity to exercise before administrative and judicial authorities the claims that are in their interest and, in general, for the protection of their labor and social security rights.\n\nIn proceedings where any violation of the rights of workers under fifteen years of age is discussed, including those established in Chapter VII of Law No. 7739, Childhood and Adolescence Code (Ley N.º 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia), of January 6, 1998, as well as the prohibition established in Article 92 of that normative body, these persons shall be represented by their father or mother or by whomever legally represents them and, in their absence, by the Patronato Nacional de la Infancia (PANI), which for that purpose shall designate a lawyer.\n\nArticle 445.-\n\nPersons declared in a state of interdiction, natural incapacitated persons over eighteen years of age, and absentees shall appear through their legitimate representatives. If they do not have them or the one they hold is in a conflicting interest, a lawyer from social assistance shall be appointed to represent them as guardian, at no cost.\n\nArticle 446.-\n\nUnions shall have standing for the defense of the economic and social interests that are proper to them. To exercise subjective rights of their members, the granting of sufficient power of attorney is indispensable.\n\nTo demand the protection of collective legal rights, they require no power of attorney whatsoever. Once the lawsuit is admitted for processing, anyone who has an interest in it shall be called to the proceeding so that, within the term of the summons, they appear to assert their rights, by means of an edict to be published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial). In these cases, the summons shall begin to run from the next business day after the publication or notification, if the latter was made subsequently. At the same time, at least one notice shall be placed in a public and visible place in the area or sector involved, without prejudice to the notice that the plaintiff may give to easily determinable affected parties.\n\nArticle 447.-\n\nLegal entities shall appear in the proceeding through their legitimate representative.\n\nArticle 448.-\n\nIn lawsuits against the State, for actions of the Central Administration, the Branches of Government, the Supreme Electoral Tribunal (Tribunal Supremo de Elecciones), the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), and the Office of the Ombudsperson (Defensoría de los Habitantes de la República), as long as they exercise an administrative function, representation and defense shall correspond to the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República).\n\nArticle 449.-\n\nThe representation and defense of decentralized entities shall be governed in accordance with what their own laws establish. When the designation of representatives with sufficient powers to litigate is made in the official gazette, it shall suffice for the representatives to invoke the publication as proof of their capacity and to affirm, under oath, that the designation has not been modified or rendered ineffective.\n\nThe Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República) may be sued jointly with the State or with the oversight entity, when the proceeding has as its object labor disputes arising from the conduct of these bodies, related to the exercise of their constitutional and legal competence, or to the exercise of their powers of superior oversight or guardianship of the Public Treasury.\n\nWhen an entity issues an act or provision that, for its finality, requires or has requested prior control, authorization, approval, or cognizance, by a State body or another administrative entity, the latter shall be considered a co-defendant party.\n\nArticle 450.-\n\nThose acting as defendants or collaborators, with the exception of the Comptroller General of the Republic (Contraloría General de la República), in cases where it may intervene in proceedings according to law, may litigate united under a single representation and direction, provided their positions are not contradictory and no conflict of interest exists.\n\nArticle 451.-\n\nThe parties may appear by themselves or with legal counsel, or be represented by a person with a special judicial mandate through a power of attorney constituted in accordance with common laws. Unless otherwise agreed or legally provided, the granting confers upon the attorney-in-fact the power to resolve the proceeding through conciliation, even if not expressly stipulated.\n\nArticle 452.-\n\nThe Patronato Nacional de la Infancia (PANI) shall be a party in proceedings involving minors or mothers demanding rights related to maternity.\n\nSECTION II\n\nBenefit of Free Justice\n\nArticle 453.-\n\nThe Patronato Nacional de la Infancia (PANI) shall provide free legal assistance to minor workers who need to bring actions before the labor courts, as well as to mothers for the claim of their labor rights related to maternity.\n\nArticle 454.-\n\nWorkers whose last or current monthly income does not exceed two base salaries of the administrative assistant position in accordance with the provisions of Article 6 of Law No. 9289, Law of the Ordinary and Extraordinary Budget of the Republic for the Economic Year 2015 (Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del Año 2015), of November 29, 2014, shall have the right to free legal assistance, paid by the State, for the protection of their rights in individual legal disputes. Administrative modifications made to that salary shall not be taken into account for these purposes, as long as they are not incorporated into said law. The economic limitation indicated in this rule does not apply to mothers and minors regarding the special State assistance to which they are entitled, nor for cases of discrimination, in violation of the provisions of Title Eight of this Code.\n\nFor this purpose, a specialized section, totally independent from other legal areas, shall operate within the Department of Public Defenders of the Judicial Branch, with legal professionals called social assistance lawyers (abogados o abogadas de asistencia social), which shall be in charge of providing free legal counsel to workers who meet the requirement indicated in the first paragraph of this rule. The Supreme Court of Justice shall establish, through an internal service regulation, the organization and functioning of said section.\n\nThe resources required for the functioning of that section shall not be considered part of the resources corresponding to the Judicial Branch in the Budget of the Republic for its ordinary expenses and shall not be taken into account to establish budgetary limitations for it. The monies from personal costs generated in favor of the party sponsored by social assistance shall be distributed as follows:\n\na) Fifty percent (50%) of the total collected shall be assigned to the specialized section of the Department of Public Defenders of the Judicial Branch created in this article, for the universalization of its coverage throughout the national territory.\n\nb) The remaining fifty percent (50%) shall be deposited in the Support Fund for Alternative Dispute Resolution created in this law.\n\nArticle 455.-\n\nThe Bar Association (Colegio de Abogados) and any other trade organization may constitute, at their own expense, centers or networks of free legal assistance for social service purposes. The person designated to attend a matter shall assume the role of professional director, with all the responsibilities that this implies, and under no circumstances shall their fees be borne by the Judicial Branch. The organizations shall internally define the manner of providing the service, it being possible to agree with the organization on the payment of fees in amounts lower than those set in existing fee schedules or the provision of the service through the payment of a salary. In the event that the sponsored party is victorious, the personal costs imposed on the opposing party shall correspond entirely to the lawyer, unless otherwise agreed.\n\nCHAPTER THREE\n\nAlternative Dispute Resolution\n\nArticle 456.-\n\nConciliation, mediation, and arbitration shall be used preferentially as instruments of peace between the parties and for society. In judicial proceedings, jurisdictional bodies have the duty to promote a conciliated solution to the conflict, above the imposition implied by the judgment.\n\nExtrajudicially, with the intervention of mediators from the Ministry of Labor and Social Security or from an alternative dispute resolution center, in the latter case with the presence of a lawyer or a union representative who assists the worker, the parties may settle (transigir) the rights in dispute, except for the rights indicated in the following article.\n\nArticle 457.-\n\nIn all conciliation, the irrevocable (irrenunciables), inalienable (indisponibles), and indisputable (indiscutibles) rights of workers must be respected.\n\nArticle 458.-\n\nThe Public Administration and other public law institutions may conciliate, regarding their administrative conduct, the validity of their acts, or their effects, regardless of the public or private nature of those acts.\n\nThe parties or their representatives shall attend the conciliatory activity, to the exclusion of collaborators.\n\nThe representatives of State institutions must be accredited with sufficient powers to conciliate, granted by the competent body, which must be verified prior to the respective hearing, in the case of judicial intervention.\n\nWhen the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) must conciliate, the express authorization of the Attorney General of the Republic or the Deputy Attorney General is required, who must previously hear the Advisory Attorney (procurador asesor).\n\nCHAPTER FOUR\n\nActions Prior to Jurisdictional Activity\n\nSECTION I\n\nPrior Alternative Dispute Resolution\n\nArticle 459.-\n\nIt is optional for workers to submit the resolution of their disputes, prior to the intervention of the jurisdictional bodies, to private conciliators or mediators or those of the Ministry of Labor and Social Security. The request for conciliation, duly filed before said Ministry, shall interrupt the statute of limitations (prescripción), which shall also not run while the matter is being ventilated in that venue, for a maximum period of three months.\n\nThey may also request the jurisdictional body that, before the formal filing or the processing of the proceeding, a solution of the case be attempted through conciliation, which shall be in charge of the same body, preferably in charge of a specialized conciliation judge, of the office or the respective judicial conciliation center. In this case, the proceeding shall be held in abeyance for up to three months, a period during which no limitation period shall run.\n\nThis rule is also applicable to employers, with respect to the actions or lawsuits they intend to bring before the jurisdictional bodies, but if it involves a counterclaim or accumulated claims, the suspension of the proceeding may only be agreed upon for the indicated period of three months to attempt conciliation, at the request of both parties.\n\nSECTION II\n\nExhaustion of Administrative Remedies\n\nArticle 460.-\n\nIn lawsuits against the State, its institutions, and other public-law entities, the cognizance of which corresponds to this jurisdiction, the exhaustion of administrative remedies shall be optional. It shall be deemed to have been completed, without the need for any express declaration to that effect, when:\n\n1) The interested party does not make use, in a timely and proper manner, of the ordinary administrative remedies and the act becomes final in the administrative venue.\n\n2) All ordinary administrative remedies have been used in a timely and proper manner.\n\nWhen the act emanates in a sole instance from a supreme hierarchical superior of the respective administrative organ or entity, a motion for reconsideration (recurso de reconsideración) may be filed before the same organ that issued the act, within a period of fifteen days.\n\nThe remedy filed may be deemed dismissed and the administrative remedies exhausted, once one month has elapsed since its filing without a resolution having been issued.\n\n3) The law expressly so provides.\n\nIn the event that exhaustion is chosen, once the administrative remedies are exhausted, all rights that may correspond to the plaintiff, derived from the administrative conduct or from the act or acts to which the challenge or lawsuit refers, may be claimed or asserted, even if they were not expressly mentioned in the administrative proceeding.\n\nArticle 461.-\n\nIf the party has chosen the exhaustion of administrative remedies, the lack of this requirement may not be demanded ex officio and any omission in this regard shall be deemed rectified, if the defendant does not timely raise the exception. This exception must always be raised, under penalty of outright rejection, in a substantiated manner, indicating and demonstrating in the same act the specific reason why the administrative discussion cannot be considered closed.\n\nCHAPTER FIVE\n\nProcedural Activity\n\nSECTION I\n\nVarious Provisions\n\nArticle 462.-\n\nFor the pleadings of the parties and, in general, all their written submissions to have effect, they must be signed by the petitioner. If the document is processed through technological means, the signature must be authenticated in the manner established by law for this type of document.\n\nIf the person does not know how to write or has a physical impossibility to do so, one or the other circumstance shall be recorded in the document and another person shall sign at their request.\n\nAuthentication of the petitioner's signature by a legal professional authorized to litigate shall not be required when the document is presented personally by the petitioner.\n\nIn any case, with the exceptions provided by this law, signatures shall be authenticated by a legal professional authorized to litigate. If this requirement is omitted, the party shall be warned to appear to authenticate them, within a period of three calendar days, under the warning that, failing to do so, the filing of the document shall be declared ineffective.\n\nArticle 463.-\n\nCopies of the documents and writings submitted to the process shall not be required. Original documents, the loss of which may cause irreparable harm, shall be certified at the expense of the interested party, shall remain in the safe of the respective office, and shall be shown to the opposing party, if the latter so requests.\n\nThe office shall provide the parties with the facilities so that, at any time during the working day, they may obtain copies of the pieces of the case files at their own expense.          \n\nArticle 464.-\n\nIn all procedural acts, the use of the Spanish language shall be mandatory. In procedural acts in which a person requiring the use of LESCo[1] or indigenous languages intervenes, its translation, as the case may be, shall be mandatory. Documents drafted in another language and offered as evidence by the worker party must be translated at the expense of the office. Those offered by the employer party under those conditions shall be translated at its expense. These translations may be performed by a notary public, under their responsibility, if they know the language, in accordance with the Notarial Code (Código Notarial). The notary may not also be the lawyer of one of the parties. When deponents do not speak Spanish or cannot communicate orally, the testimony shall be taken with the aid of an interpreter at the expense of the proponent party, if it is the employer, or at the expense of the office, when the proponent is the worker. If the respective judicial circuit has interpreter services in the specific language, it shall be this interpreter who, in either of the two aforementioned scenarios, assists, as part of their duties, the official responsible for receiving the testimony.\n\nArticle 465.-\n\nThe legal representatives of any legal entity, including social organizations, must prove their legal capacity (personería) through the respective document or by invoking the publication, if it is permitted to do so in that manner. If their appearance is as the plaintiff party, the representative's legal capacity must be proven at the time of the first filing and, if appearing as the defendant, it is sufficient for the plaintiff, in the statement of claim (escrito de demanda), to indicate the name or corporate name, in which case the notice to defend (traslado) shall be validly served at the registered office upon the person who acted as representative before the plaintiff, under the terms of Article 5 of this Code, or upon whoever at that time is listed as the person in charge or attends to the public regarding the company's interests.\n\nThe burden of proving legal capacity belongs to the defendant party, who must do so when making its first filing. If any omission is presented, it shall be warned to supply it within three days, under penalty of considering the filing ineffective.\n\nIt is considered a duty of the defendant party, derived from the principle of procedural loyalty (lealtad procesal), to make the necessary observations to the court regarding its name or corporate name, so that the appropriate corrections may be made.\n\nThe lack of such indications shall not be a cause for future nullities, and the pertinent corrections may be made at any time, even when there is a final judgment (sentencia firme), provided that the modifications to the procedural subjects do not imply substitutions that violate due process.\n\nIn cases where legal capacity is demonstrated, the notice to defend may be validly served upon the representative at the registered office, the workplace, or the place of residence.\n\nIt shall not be necessary in the process to prove the legal capacity of the State or public entity appearing as plaintiff or defendant. Each office must maintain a registry of legal capacities (registro de personerías), for the updating of which it shall make the pertinent warnings.\n\nArticle 466.-\n\nAll days and hours are business days for carrying out judicial actions. However, when this Code sets terms or time limits in days for the performance of judicial actions, it shall be understood that these are days ordinarily considered business days according to the law.\n\nProcedural orders (providencias) and interlocutory judgments (autos) must be issued within three days. The judgment (sentencia) at the hearing shall be issued at the end of that activity, unless expressly provided otherwise, and in matters where no hearing is held, it shall be issued within the five days following the day on which the case file is ready for judgment.\n\nThe persons acting as heads of jurisdictional organs, those in charge of processing cases, and those working as their assistants shall ensure compliance with judicial deadlines and that all activities ordered in the process are carried out promptly and correctly, so that the process reaches its end in a timely manner; the foregoing, without prejudice to the responsibilities provided for in Law No. 7333, Organic Law of the Judicial Branch (Ley Orgánica del Poder Judicial), of May 5, 1993.\n\nArticle 467.-\n\nWritten submissions shall be filed directly at the judicial office to which they are addressed or at the site provided by the judicial organization for making such filings, and their effects shall be produced, in this latter case, on the day and at the time of filing, regardless of the ordinary work schedule of the respective office.\n\nThey may be sent by fax or other suitable means available to the office, without the need to present the original, unless the opposing party alleges alteration of the document.\n\nWritten submissions mistakenly filed in an office or department that does not correspond shall take effect from the moment they are received by the organ that must hear them.\n\nArticle 468.-\n\nEach process shall give rise to the formation, with ordered and numbered pagination, of physical case files (expedientes), which may also be organized electronically.\n\nArticle 469.-\n\nThe practice of notifications and everything related to that procedural act shall be governed by the special law on notifications, unless this Code or its related laws provide otherwise. However, the labor justice organs may order, in cases of urgency, rapid forms of notification, through the organ itself or through means of communication that guarantee the effective completion of the act.\n\nResolutions issued at oral hearings shall be notified orally, in the same act of issuing them or at the opportunity indicated for doing so.\n\nSECTION II\n\nDefective Activity, Rectification, and Nullity Regime\n\nArticle 470.-\n\nJurisdictional actions must comply with the provisions that establish the competence of judges and enshrine the formalities established to guarantee due process.\n\nThe heads of jurisdictional organs shall ensure compliance with those provisions, so that no denial of access to justice occurs or the right to defense is affected at any time.\n\nArticle 471.-\n\nNullity shall be appropriate:\n\n1) For actions carried out by someone who lacks competence to carry them out, because the law does not confer it and there is no possibility of extension, or because their jurisdictional authority is suspended or has extinguished according to law, or because a recusal (recusación) against the person who issued the act or participated in it has been granted.\n\n2) For actions of collegiate tribunals carried out without the proper composition.\n\n3) For actions of a person who is prevented (impedido) from intervening in the process, or of a tribunal in whose formation a member with an impediment (impedimento) participated, provided that the reason is recorded in the case file or must be known to the official, and the time limit for filing protests on this ground has not elapsed.\n\n4) For actions taken in the process when it has been conducted with a person lacking procedural capacity (capacidad procesal) or with improper or insufficient representation.\n\n5) For the lack of service of initial process (emplazamiento), defective notification that produces defenselessness (indefensión) to the parties or procedural intervenors, lack of summons (citación) to a party for any procedural activity that implies defenselessness, omission of transfers (traslados) to address evidence and to formulate, when provided for, closing arguments (alegatos de conclusiones) or statements of grievances (expresión de agravios).\n\n6) For actions or proceedings in which the party or their lawyer has been prevented, without just cause, from intervening.\n\n7) For violation of the principle of immediacy (inmediación).\n\n8) Regarding actions carried out against prohibitive norms.\n\n9) When access to justice or the right to defense has been impeded in any way, or a violation of due process has been incurred.\n\n10) In other cases expressly provided for by law.\n\nArticle 472.-\n\nNullity may be decreed at the request of a party. If requested before the hearing, the organ may decree it after hearing the opposing party for three days.\n\nIf the taking of evidence is necessary to assess the request made, and when nullity is requested during the hearing, it shall be substantiated in that procedural activity.\n\nThe petition for nullity of subsequent actions shall be processed in the manner indicated in the second paragraph of this article, and the taking of evidence shall be done at a single hearing, exclusively when necessary to respect the principle of immediacy.\n\nThe nullity of resolutions, due to intrinsic defects, must be alleged concomitantly with the remedies (recursos) available against the respective ruling. When there is no further remedy, nullity must be requested within three days after notification of the resolution.\n\nThe petition for nullity that may be alleged after the process has concluded shall be processed via the incidental route (vía incidental).\n\nArticle 473.-\n\nThe nullity of vitiated acts may also be declared ex officio while the competence of the organ subsists, when the procedural breach is evident; except in the case of judgments and interlocutory judgments with the character of a judgment.\n\nIf the nullity vitiates actions of a higher organ, the latter shall be the competent one to decree it, and its resolution shall have no further remedy.\n\nArticle 474.-\n\nProcedural defects must be corrected, rectified, or purged (subsanados o saneados), and nullity shall be decreed only when rectification is not possible; but in such a case, every effort shall always be made to avoid the unnecessary loss, repetition, or destruction of stages of the process, acts, or completed proceedings, and all actions that are in themselves valid shall be preserved, so that they may be used once the process returns to normality.\n\nIn the case indicated in subsection 4) of Article 471, the party lacking capacity or improperly represented may take advantage of the result of the procedural activity in what is favorable to them, through the ratification of the improperly performed actions by the legitimate representative.\n\nArticle 475.-\n\nNullities not claimed during the process and within the indicated opportunities shall be considered definitively consented to and rectified. Only in cases of lack of capacity of any of the parties, improper or insufficient representation, lack of service of initial process, and the defective notification of the latter to anyone who is harmed by the outcome of the process, with effective defenselessness, may the defect be asserted after the judgment has the authority of res judicata (cosa juzgada). In these cases, the right to request nullity shall expire within a term of one year, starting from the age of majority of the party, when they had appeared as such while being a minor, if at the same time they must have known said outcome, and in other cases, starting from the moment when the party is able to exercise their rights, if at the same time they are or have been aware of the judgment, or, in the opposite case, from the moment when it should reasonably be considered that they must have known of its existence.\n\nRequests for nullity that reiterate others already denied in other phases of the process shall be inadmissible and shall be rejected outright, except for those that support an admissible means of challenge (medio de impugnación).\n\nSECTION III\n\nEvidentiary Regime\n\nArticle 476.-\n\nThe fundamental objective of evidentiary activity in the labor process is the search for material truth (verdad material). The parties, through good faith conduct, must cooperate with the courts of justice in gathering the evidentiary elements necessary to resolve with justice the conflicts submitted to their cognizance, and the heads of those organs shall put all their effort and diligence into achieving said objective.\n\nArticle 477.-\n\nIn principle, the burden of proof for controverted, constitutive, and impeding facts lies with the party invoking them in their favor.\n\nThe concept of burden must be understood as the obligation of the party to offer, provide, or present the evidence at the appropriate procedural moment.\n\nArticle 478.-\n\nIn conflicts derived from employment contracts, the burden of proving the personal provision of services lies with the worker party, and the burden of demonstrating the impeding facts it invokes, and all those it is obligated to keep duly documented or registered, lies with the employer party.\n\nIn any case, the employer shall be responsible for proving its claim when there is no agreement on:\n\n1) The date of entry of the worker.\n\n2) Seniority of employment.\n\n3) The position or post held and the nature or characteristics of the work performed.\n\n4) The causes for the termination of the contract.\n\n5) Delivery to the worker of the dismissal letter, indicating the reasons that motivated the termination of the employment relationship.\n\n6) Full payment of wage obligations, including their amounts and components, when so required; shares in profits, sales, or collections; incentives and other bonuses, conventionally or legally established.\n\n7) The type and duration of the working day.\n\n8) Payment or enjoyment of holidays, rest days, leaves, Christmas bonus (aguinaldo), and vacations.\n\n9) Compliance with obligations corresponding to the social security system.\n\n10) Justification of the objectivity, rationality, and proportionality of the measures or conducts identified as discriminatory in all lawsuits related to discrimination.\n\n11) Any other factual situation whose source of proof is more easily accessible to the employer than to the worker.\n\nArticle 479.-\n\nAny means of proof that serves to convince the court, admissible under public law and under common law, may be offered, provided it is not expressly prohibited nor contrary to public policy or morality. Particularly, the following may be offered:\n\n1) Party statement.\n\n2) Witness testimony, including expert witnesses.\n\n3) Statements of public officials.\n\n4) Expert opinions.\n\n5) Documents and reports from officials.\n\n6) Judicial inspection.\n\n7) Scientific means.\n\n8) Graphic or sound reproductions.\n\n9) Party confession.\n\nWhen the party statement or confession is requested, the facts about which they are to be examined must be indicated in a specific manner.\n\nWitnesses may be offered regarding general facts, up to a maximum number of four, or for specific facts. In the latter case, only two witnesses per fact shall be admissible.\n\nArticle 480.-\n\nNorms of international or domestic law that are duly published, notorious facts, those covered by a legal presumption, and those already proven, admitted, or confessed do not require proof. If a conventional norm or internal regulation of the defendant party is invoked as the source of a claim, its existence must be proven by the party asserting it. If necessary, at the request of the interested party, the employer shall be warned, upon the notice to defend (traslado) of the claim, to provide a copy of the respective regulation. Non-compliance with the warning shall be considered an act of procedural disloyalty, and the existence of the norm or provision may be deemed as existing, under the terms in which it was invoked by the plaintiff.\n\nEvidence validly presented or taken in one process may be incorporated into another without the need for ratification, when it is impossible or unnecessary, in the court's judgment, to repeat it. Ratification of witness testimony shall only proceed when the same parties did not intervene in the previous process, in which case the parties may ask the questions they deem necessary at the ratification hearing.\n\nAdministrative processes shall be incorporated as part of the jurisdictional processes filed for the same cause and shall be taken as evidence, jointly with the evidentiary elements incorporated therein, unless the challenge involves their invalidity and this is deemed appropriate.\n\nArticle 481.-\n\nEvidence shall be evaluated respecting the result of the adversarial proceedings, using logical criteria, experience, science, correct human understanding, and human or legal presumptions.\n\nThe factual, legal, and equitable foundations of the conclusions must be expressed, as well as the reasons why greater or lesser weight has been conferred to some evidence over others.\n\nAlthough the assessment must be carried out harmoniously with attention to the set of evidence, it is forbidden to make a general reference to the latter as the sole foundation of a conclusion, without making a specific indication of the particular and legal elements that serve as support.\n\nArticle 482.-\n\nWhen a party has possession of documents containing evidence of the controverted facts, it must provide them to the process if required to do so. If it fails to do so unjustifiably, its conduct may be deemed malicious, and it may be considered that the omitted documentation supports what was affirmed by the opposing party.\n\nArticle 483.-\n\nIn the case of a specific attribution of the procedural burden to employers, as set forth in the final paragraph of Article 478, the courts shall have sufficient powers to require all evidence the case warrants and shall prudently evaluate the verisimilitude of the assertions in the claim, so as to prevent any abuse derived from that attribution.\n\nArticle 484.-\n\nWhen norms of public law must be applied, the requirements for validity and proof of the acts demanded by the legal system must be respected, as well as the values established particularly for certain evidentiary elements, presumptions, and principles, established as criteria for evaluation or evidentiary weight, or that are applicable in accordance with the respective doctrine.\n\nArticle 485.-\n\nPhotocopies of documents or texts, even if unsigned, may be assessed as evidentiary elements, unless the party against whom they are offered has challenged them and, at the same time, disproven their content.\n\nArticle 486.-\n\nThe labor courts may order the complementary evidence they deem necessary to correctly resolve the cases submitted to their cognizance, including new evidentiary elements or those not proposed by the parties, up until the moment before the judgment is issued. However, in cases referring to the payment of worker-employer contributions (cuotas obrero-patronales) or the fulfillment of other obligations towards social security, the labor courts must request, ex officio, the respective report from the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS).\n\nOnce received, and prior to any resolution, the evidence must be made known to the parties. The same rule shall apply in relation to early or unrepeatable evidence, provided it has been previously ordered, communicated, and directed by the respective judge, respecting the principles of immediacy and community of evidence.\n\nSECTION IV\n\nJoinder of Claims and Attraction Jurisdiction\n\nArticle 487.-\n\nThe joinder of claims (acumulación de pretensiones) shall only be permissible when done in the same act of filing the claim or through a counterclaim, provided the requirements for the permissibility of joinder under common law are met; that all claims fall under the competence of the labor courts or are intimately linked to the substantial relationships that serve as the basis for claims proper to their jurisdiction; and that the procedural route indicated for processing them is the same for all.\n\nIf two or more processes, related to each other, are initiated separately, joinder shall only proceed if both are pending in the special labor jurisdiction and their processing is the same for all, provided that the hearing has not been held or the first-instance judgment rendered, in cases where there is no hearing procedure.\n\nJoinder may be ordered ex officio, without any remedy, when the processes are pending in the same office; otherwise, the joinder procedure set forth in civil procedural legislation shall apply.\n\nArticle 488.-\n\nLabor matters shall not be subject to attraction jurisdiction (fuero de atracción) by universal processes (e.g., probate or bankruptcy). Their processing may be initiated or continued with the executor (albacea), curator (curador), or intervener (interventor).\n\nThe organ of the jurisdiction shall order, ex officio or at the request of a party, the annotation in the universal process of both the claim and the judgment and the liquidations, at the appropriate time.\n\nThe organ hearing the universal process shall remit to the labor court the proceeds of the liquidation necessary to cover the principal and the determined ancillary amounts. The plaintiff party shall have standing to manage in the universal process the liquidation of assets and the transfer of the necessary proceeds to its process, for the satisfaction of the rights within it, or their direct payment, according to the order of preference established by law.\n\nLabor credits shall not bear expenses of the estate, unless the proceeds of the liquidation are insufficient to cover them.\n\nSECTION V\n\nPrecautionary and Preliminary Measures\n\nArticle 489.-\n\nBefore the process begins and during its processing, including the enforcement phase, the jurisdictional organ may order the adequate and necessary precautionary measures (medidas cautelares) to provisionally protect and guarantee the object of the process and the effectiveness of the judgment.\n\nIt may also order any necessary preparatory or early measure for the preservation of the exercise of a future right, as well as any other atypical measure that does not exceed the limits of rationality and proportionality. In these cases, the organ may prudently order everything necessary to achieve the objective of the measure, so as not to incur overreach.\n\nRegarding the typology of the measures, both precautionary and preparatory, their effects, and the manner of implementing, substituting, or lifting them, the provisions of civil procedural legislation shall apply, with the exceptions indicated below.\n\nArticle 490.-\n\nMeasures shall be ordered at the request of a party, and ex officio only in cases expressly provided for by law. When putting them into practice, the courts shall act diligently so that the intended purpose is not frustrated, and they, in addition to the typologies provided for in common law, may make use of any other measure if deemed necessary to guarantee the potential future right.\n\nArticle 491.-\n\nPreventive attachment (embargo preventivo) shall proceed without the need for a bond when there is evidence that the debtor's assets are in danger of deteriorating during the processing of the case, as a guarantee of the worker's potential rights, making them insufficient. For the purpose of proving, prima facie, the personal provision of the service and the veracity of the fact or facts on which the request is based, said party must offer the testimony of two persons, as well as any other evidentiary element they deem important. The evidence shall be substantiated summarily in writing, even without the assistance of the party against whom the measure is sought, and, when evaluating the situation, the courts shall act with prudence so that the attachment is proportionate and is not used unnecessarily or abusively. The testimonial evidence taken shall only have efficacy to support the attachment measure.\n\nIf the attachment is requested as a preliminary act before the claim, the filing of the latter must occur no later than ten days after the attachment is executed. If not filed, ex officio or at the request of a party, the measure shall be revoked, and the applicant shall be condemned to pay damages (daños y perjuicios) in the amount of ten percent (10%) of the attachment amount. These consequences shall be warned in the initial resolution. Their determination and collection through patrimonial enforcement (vía del apremio patrimonial) shall take place in the same process.\n\nArticle 492.-\n\nA restriction on departure (arraigo) shall be decreed without further procedure or guarantee. If requested as a preliminary measure before the claim, the claim must be filed within three days following notification; otherwise, it shall be lifted ex officio or at the request of a party, and the petitioner shall be condemned to pay the corresponding damages. It shall be enforced in the same manner indicated in the preceding rule.\n\nThe restriction on departure shall consist of a warning from the judge to the defendant that they must appear in court with the appointment of a legitimate representative, sufficiently instructed to sustain the process and bind the represented party. In no case shall the restriction on departure measure be given effects contrary to the freedom of movement of persons.\n\nIn the case of legal entities or the Public Administration, the restriction on departure shall only be decreed if there is no other attorney-in-fact or representative with sufficient power of attorney residing in the country.\n\nArticle 493.-\n\nIn proceedings against the State or any of its institutions or organs, which fall under the cognizance of the labor jurisdiction and do not concern the violation of special protection privileges (fueros especiales de tutela), the claim of which has, as its effect, the reinstatement to the job position, the suspension of the effects of the dismissal act or, as applicable, the provisional reinstatement of the worker may be raised as a precautionary measure.\n\nThe precautionary measure shall be permissible when the execution or permanence of the administrative conduct under trial may be a source of current or potential damages of difficult or impossible reparation.\n\nThe measure shall also be permissible in cases not governed by public law, when the validity or injustice of the dismissal act is challenged in judicial proceedings and a norm of stability is invoked.\n\n[1] LESCo is the acronym for Lengua de Señas Costarricense (Costa Rican Sign Language).\n\nThe court, when ruling on the application, shall weigh not only the seriousness of the petition and the interests whose provisional protection is sought, but also the potential harm that may be caused to the public interest or to the harmony or security of the companies, in such a way that neither the functioning of the organization or entity nor good service is affected, by ordering or maintaining inconvenient situations. The satisfaction of the public interest shall be considered, when resolving these situations, as a preeminent value.\n\nArticle 494.-\n\nThe application shall be processed as an incidental proceeding (proceso incidental). If what is sought is the suspension of the effects of the act, upon granting course to the articulation, the administrative authority shall be ordered not to execute the act until the application is resolved, warning it that non-compliance will cause it to incur the crime of disobedience to authority and the payment of back pay (salarios caídos). Notification shall be legitimately made by any written means, including by the interested party itself, if it proves to the court receipt of the communication.\n\nReinstatement shall be governed, as applicable, by the provisions of the chapter regulating the execution procedure.\n\nIn all cases of violation of special protection privileges (fueros especiales de tutela), precautionary reinstatement shall be governed by what is indicated in the procedure provided for those cases.\n\nSIXTH CHAPTER\n\nOrdinary procedure\n\nSECTION I\n\nClaims, transfer, and defenses\n\nArticle 495.-\n\nAny claim for which there is no specially designated procedure shall be processed under the ordinary procedure.\n\nThe complaint must be filed, in writing or in electronic format, in the courts where processes are handled virtually. It must obligatorily contain:\n\n1) The name of the plaintiff, their status, the number of their identification document, and their exact domicile and address, if they have them.\n\n2) The name of the defendant, their status, exact domicile and address. If it is a legal entity or a business organization, reference must be made to the name or trade name of the workplace and, if possible, to the name of the person or persons under whose direction the services were performed.\n\n3) An indication of the place where the services were rendered.\n\n4) The facts and background of the case, related to the object of the proceeding, set forth one by one, numbered and specified.\n\n5) The claims (pretensiones) formulated, which must be stated clearly and separately from one another, indicating which are principal and which are subsidiary, in the event that the modality of the claim includes the latter. When damages (daños y perjuicios) are claimed, the cause giving rise to them, what they consist of, and their estimation must be specified, which may be done on a prudential basis.\n\n6) The detailed offer of all means of evidence. Documentary evidence must be presented at that same act. An order from the court may be requested in the complaint, which the court shall not deny unless what is requested is illegal, to obtain from records or archives, whether public or private, documented reports, certifications, or attestations that are of interest to the proceeding. It is the party's obligation to directly manage the obtaining of such evidence. Recipients must be warned that they must comply with the order within a maximum period of five days, under penalty of incurring the crime of disobedience to authority. The court shall determine, in each case, whether the evidence must be delivered to the party or sent by the recipient of the order directly to the court. The evidence may be produced by electronic means, directly by the body.\n\nThe party may propose expert evidence (prueba pericial) at their own cost, even in cases where, according to law, an expert from the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial, OIJ) must be appointed. If the offer is made by both parties, the appointment shall fall on the same person and shall be made in accordance with the provisions of the civil procedural legislation or by means of a shortlist that will be requested by any means of communication, including electronic, from the respective professional association. The offering of expert evidence by the parties does not exclude the designation of official experts, when so provided or permitted by law.\n\n7) The address for notifying the defendant. If for this purpose it is necessary to commission another authority, the plaintiff may forward the commission to the respective authority and provide it with the information required to carry out the act; otherwise, the court shall send it by certified mail or electronic communication.\n\n8) When so required, the evidence from which it is deduced that the administrative channel has been exhausted (agotamiento de la vía administrativa).\n\n9) The place, form, or electronic means for attending the notification of written rulings.\n\n10) The plaintiff may estimate their complaint as one of lesser amount (menor cuantía), in which case the proceeding shall follow the special procedure regulated in Article 539 of this Code.\n\nArticle 496.-\n\nWhen the complaint does not meet the aforementioned requirements, with the exception of that referring to the exhaustion of the administrative channel, the court shall order its correction within a period of five days; for this purpose, it must indicate the omitted or incomplete requirements, under penalty of ordering the inadmissibility and archiving of the case file. Archiving shall cause the matter to be terminated from a procedural standpoint and may only be readmitted for processing upon correcting the omissions or defects warned, with the complaint being considered as not filed for all purposes.\n\nIt shall also order the party to properly integrate the litigation (litis), when this is incompletely or incorrectly formulated, and shall indicate the omissions incurred regarding inalienable matters, so that, if it sees fit, it may incorporate them as part of the complaint or counterclaim (contrademanda), up to the preliminary phase of the hearing. However, when the defect in integration originates from a necessary passive joinder of parties (litis consorcio pasivo necesario), the integration may be ordered ex officio.\n\nArticle 497.-\n\nOnce the complaint is duly filed, it shall be transferred for a peremptory period of ten days for its answer. In this answer, it shall be clearly stated whether the facts are rejected or admitted with variations or rectifications, and all evidence of interest to the party must be offered, along with the respective indication of the place and form or means for notifications. Regarding the provision of evidence by the party, the provisions for the complaint shall also apply, including with regard to expert evidence, in cases where an official expert must be designated.\n\nAlso, a counterclaim (contrademanda) may be filed in the answer brief. The latter may only be proposed in the ordinary proceeding and shall be governed, as applicable, by the provisions of the two preceding articles, but a declaration of inadmissibility shall make its reiteration impossible within the same proceeding.\n\nIn cases of complaints related to collective legal disputes, the provisions of Article 446 shall also be observed.\n\nArticle 498.-\n\nThe counterclaim, if any, shall be transferred to the counter-defendant for ten days, and its answer shall conform to what is stated in the preceding article. Notification of this transfer to the counter-defendant at the place or means indicated for notifications is sufficient.\n\nUpon transferring the complaint and counterclaim, the party shall be warned that if it does not answer within the granted term or does not respond clearly, it shall be deemed to have acquiesced (allanada) regarding the facts not answered or not responded to as stated, which shall be taken as true in the judgment, unless the case file contains probative elements that disprove them.\n\nAlso, at that same procedural moment, expert examinations in charge of official agencies that are offered or that need to be conducted because so provided by law shall be ordered, which shall be communicated immediately to the corresponding bodies, so that they may perform them.\n\nArticle 499.-\n\nThe filing of the complaint, in and of itself, as well as the service of process, duly notified, cause the interruption of the statute of limitations. The service of process also causes a situation of pendency (pendencia), during which and until the judgment becomes final, it shall produce continued interruptive effects on the statute of limitations.\n\nArticle 500.-\n\nIn the same answer brief to the complaint or counterclaim, all formal and substantive defenses must be asserted, indicating the impeding facts, the reasons serving as the basis for the opposition, and offering the corresponding means of evidence.\n\nIn case of dismissal, the employer may only allege as justifiable facts for the dismissal those indicated in the dismissal letter delivered to the worker, in the manner provided in Article 35 of this same Code, or taken into account in the formal act of dismissal, when it has been preceded by a written procedure.\n\nThe failure to deliver the letter may be justified, and the conduct attributed as the cause for the dismissal without liability may be alleged, if at the same time it is proven that a copy of the document was delivered to the office of the Ministry of Labor and Social Security, in the form and terms indicated in Article 35 of this Code.\n\nArticle 501.-\n\nEvidence for the counterclaim and reply must be presented or offered in the same manner established for the complaint, and evidence related to defenses must be presented or offered at the time the party must refer to them or, at the latest, in the preliminary phase of the hearing or at the preliminary hearing, when the proceeding is conducted in two hearings.\n\nArticle 502.-\n\nThe parties are not obligated to indicate the legal grounds for their propositions, but they must state them clearly and precisely and indicate the reasons that, in their judgment, support them.\n\nArticle 503.-\n\nThe following defenses shall be of prior resolution:\n\n1.- Arbitration agreement.\n\n2.- Lack of jurisdiction.\n\n3.- Failure to exhaust the administrative channel, when the party had opted for that procedure.\n\n4.- Lack of capacity of the party, non-existence, or insufficiency of representation.\n\n5.- Existence of defects in the complaint or counterclaim brief that, in the judgment of the party asserting it, prevent a valid ruling on the merits.\n\n6.- Lis pendens (Litispendencia).\n\n7.- Improper joinder of claims (Indebida acumulación de pretensiones).\n\n8.- Impropriety of the chosen proceeding.\n\n9.- Improper integration of the litigation (Indebida integración de la litis).\n\nThe defense of lack of jurisdiction must be resolved before the hearing stage, and the provisions of Section III of the first chapter of this title shall be observed.\n\nThe other prior defenses shall be reserved to be heard at the preliminary hearing or in the preliminary phase of that procedural act in single-hearing proceedings, with the production of the evidence supporting them.\n\nThe impropriety of the chosen procedural channel may also be appreciated ex officio, for purposes of guiding the processing of the proceeding.\n\nArticle 504.-\n\nAlthough all substantive defenses may be asserted up to the answer of the complaint or counterclaim, those of settlement (transacción) and statute of limitations may be alleged up to the preliminary phase of the hearing in single-hearing proceedings. In this case, they shall be substantiated summarily in that same act.\n\nOther substantive defenses may also be asserted at that same opportunity when the facts on which they are based occurred after the answer or came to the party's knowledge after the deadline for answering.\n\nThese same defenses may be asserted at the trial hearing when the facts supporting them have occurred or been consolidated after the preliminary hearing.\n\nThe substantive defenses of res judicata (cosa juzgada), settlement (transacción), and the defenses of expiration (caducidad), expressly authorized by the substantive legal system, may be alleged up to the supplementary or trial hearing, in order to avoid the issuance of contradictory judgments.\n\nArticle 505.-\n\nIf any party invokes, as the basis for a procedural defense, elements of substantial fact or vice versa, the error shall not be a reason to reject the filing outright, and the courts shall give the objection the correct treatment, according to its nature.\n\nSECTION II\n\nSummary judgment\n\nArticle 506.-\n\nIf the defendant acquiesces (allanara) to the plaintiff's claims, does not timely answer the complaint, or has not responded to all the facts of the complaint in the manner provided in this Code, a summary judgment (sentencia anticipada) shall be issued, in which those facts shall be taken as true, and a ruling shall be issued on the claims deduced, provided that no defenses have been asserted that, regardless of the answer, require debate at a hearing.\n\nWhen issuing the ruling, except in the case of acquiescence (allanamiento), the evidence existing in the case file that prevents taking the facts as true in the manner set forth in the complaint shall be taken into account.\n\nArticle 507.-\n\nWhen the certainty of the facts of the complaint can only be partially established or such certainty refers only to the facts of the counterclaim, the uncertain issues shall be debated through a hearing. At this hearing, the facts admitted or that must be taken as true shall not be debated.\n\nArticle 508.-\n\nA summary judgment may also be issued, ex officio or through the assertion of the corresponding defense, declaring the non-proposability (improponibilidad) of the complaint and its consequent archiving, when:\n\n1) The claim has already been the subject of a ruling in a prior proceeding with the authority of res judicata, such that the new proceeding is a reiteration of the prior one.\n\n2) The right had been previously settled (transado).\n\n3) When there is evidence of a simulated complaint or the purpose pursued in the proceeding is illicit or prohibited.\n\nArticle 509.-\n\nThe statute of limitations and the expiration (caducidad), expressly authorized by the substantive legal system, of the rights claimed in court, are declarable in a summary judgment.\n\nArticle 510.-\n\nNon-proposability (improponibilidad) and expiration may be declared ex officio only by the trial court, but beforehand the parties must be heard on the matter for three days.\n\nIf in any of the cases dealt with in the two preceding articles it is necessary to produce evidence of facts supporting or defeating the defense or ex officio intention, the resolution shall be postponed to the hearing stage.\n\nArticle 511.-\n\nIn matters of pure law (puro derecho), judgment shall be issued within fifteen days following the answer to the complaint or counterclaim, or, as the case may be, the defenses asserted, after transfer for conclusions.\n\nSECTION III\n\nHearings\n\nArticle 512.-\n\nThe ordinary proceeding shall be substantiated, as a general rule, in an oral hearing, which shall be divided into two phases: a preliminary one and the other, supplementary or trial.\n\nArticle 513.-\n\nIf it is not a case for summary judgment, once the complaint or counterclaim, as applicable, has been answered and there is no issue requiring prior resolution, in a single resolution those answers shall be made known to the opposing party, and the hour and date for holding the hearing shall be set, at the latest within the following month. In that same resolution, a ruling shall be issued regarding the admissibility of the evidence to be produced at the hearing and, as applicable, the fees of the non-official experts shall be set.\n\nArticle 514.-\n\nThe parties may verbally request from the judicial office the delivery of subpoenas for witnesses.\n\nProcessing the subpoena order shall be the responsibility of the party that offered the evidence, and the document must be delivered to the court before the hearing, with due proof that the subpoena was made.\n\nAlso, the intervention of judicial or police authorities may be requested in writing from the court to carry out the subpoena, the proof of which must also be provided to the court before the hearing is held.\n\nIf the party offers itself or has been offered as a declarant, it must obligatorily appear at the hearing, without the need for any subpoena. Its failure to appear shall be deemed an act of disloyalty and may be taken into account to consider as true the facts intended to be proven with the declaration, unless the case file contains probative elements that disprove them.\n\nArticle 515.-\n\nEmployers are forbidden from denying permission to workers to be absent from the place where they perform their work when they must appear as witnesses or act in any other judicial proceeding. Nor may they reduce their wages for that reason, provided the workers show, in advance, the respective subpoena or summons order.\n\nArticle 516.-\n\nOfficial expert examinations shall be conducted at no cost to the parties. The fees of non-official experts, designated at the request of the litigants, must be covered by the party that proposes them, within five days following the admission of the evidence, under penalty of having it considered inevitably voidable (inevacuable) by operation of law, if they are not timely deposited to the order of the court.\n\nThe refusal of a party to submit to an evaluation or the obstruction of an expert examination shall be considered malicious or as an indication of what is sought to be demonstrated, disproved, or made uncertain.\n\nWith the exception of matters concerning social security, in which the expert reports must always be submitted to the court in writing or digitally in complete form, in other proceedings they may be submitted in writing to the court or rendered orally at the hearing when it takes place. In the latter case, the expert must submit in writing at least the conclusions of their report. In all cases where a hearing is held, experts have the duty, under penalty of ineffectiveness of the report, to appear at that act for the oral presentation of the expertise and to enable the adversarial process (contradictorio). In labor matters, Article 34 of Law No. 5524, Organic Law of the Judicial Investigation Agency, of May 7, 1974, shall not apply insofar as it attributes competence to the Forensic Medical Council (Consejo Médico Forense) to hear on appeal the reports rendered by members of the Department of Legal Medicine of said Agency, but the court may take the criterion of that Council, if so ordered for better provision. In this case, the report shall be presented in the manner provided in this section and shall be discussed, when necessary, with the participation of only one of its members.\n\nThe unjustified non-compliance of the persons appointed to carry out the expert examinations shall give rise to civil and labor liability, with the omission being considered a serious fault and sufficient reason to exclude them from the respective expert rolls or to initiate the respective disciplinary procedure.\n\nArticle 517.-\n\nIn the preliminary phase, the following actions shall be carried out:\n\n1.- Informing the parties about the object of the proceeding and the order in which the issues to be resolved will be heard.\n\n2.- Clarification, adjustment, and correction of the parties' propositions, when in the court's judgment they are obscure, imprecise, or omitted regarding inalienable rights, both in principal or accessory matters, when it had previously been omitted to do so. If it is deemed that there are deficiencies in one sense or another, the floor shall be given first to the plaintiff and then to the defendant, so that they may state what is in their interest.\n\n3.- Attempt at conciliation. An attempt shall be made to persuade the parties to resolve the conflict in a conciliated manner to the extent legally possible. For these purposes, they shall be informed of the advantages of a conciliated solution, without their statements constituting grounds to recuse the person judging. Statements made by the parties during the conciliation process shall not be included in the minutes, and what is affirmed by them may not be interpreted as acceptance of the propositions made. The conciliation shall be preferably in charge of a judicial conciliator, if one exists in the court or the respective judicial circuit and is available, in which case they shall take charge in the same hearing, substituting whoever is directing it, for that sole activity. If there is none, the conciliation shall be directed by another judge of the same court or by whoever is judging the case.\n\n4.- If conciliation does not occur, the evidence deemed pertinent shall be received on: nullities not previously resolved, procedural defects invoked at the hearing, and prior defenses not previously resolved.\n\n5.- All these issues shall then be discussed and resolved. If there are defects or omissions, in a single ruling it shall order the corrections, nullities, and repositions that are necessary. When it concerns compliance with omitted requirements or formalities, the party shall be ordered to correct them in that same act or, if necessary, shall be given a prudential period to comply with them. If what was ordered is not complied with, the inadmissibility of the complaint or counterclaim and the archiving of the case file, as applicable, shall be ordered in the manner and with the effects already provided. If lis pendens (litis pendencia) is declared admissible, the proceeding shall be deemed terminated, and the archiving of the case file shall be ordered. If the impropriety of the chosen channel is ordered, the proceeding shall be given the corresponding orientation.\n\n6.- Reception of evidence on prior defenses or reserved issues of non-proposability (improponibilidad) and early issuance of the corresponding ruling, which had been admitted when the hearing was convened.\n\nIf the same evidence is linked, in addition to the issue that can be resolved in an early manner, to the merits of the matter, the resolution of the point shall be reserved for the final judgment.\n\n7.- A very summary transfer shall be given regarding the evidence added to the case file and that had been ordered when processing the complaint or counterclaim, and, if applicable, evidence that the court deems indispensable as complementary or for better provision shall be ordered, at the indication of the parties or on its own initiative, provided it concerns the facts legally introduced into debate in the proceeding.\n\nArticle 518.- In the supplementary phase:\n\n1) The early and unrepeatable evidence shall be read, which shall be incorporated into the debate by this means. This act may be omitted as provided in this same section.\n\n2) The admitted evidence shall be received:\n\n2.1. First, the summoned experts shall be called, who shall first give a summary of their report, and then the expertise shall be discussed, with the experts having to answer the questions asked by the parties. To do so, they may consult documents or written notes.\n\nAdditions and clarifications may be verbally requested from the expert.\n\n2.2. Following this, the party statements and the testimonies of the witnesses that have been proposed shall be received, in accordance with the facts or topics corresponding to each one, as the case may be.\n\nThe testimony shall begin with a spontaneous exposition by the deponent, giving the reasons for their statement, and then the parties shall be allowed to ask questions of interest to them, and finally, whoever is directing the debate may also re-question the witness on whatever seems convenient.\n\nIn the case of both experts and declarants, the director shall moderate the interrogation and avoid misleading, suggestive, repeated, excessive, impertinent, or improper questions, in such a way that the right to question does not become an abuse contrary to the dignity of persons and the principle of celerity.\n\n3) The parties shall proceed to formulate their conclusions, for the time set by the court.\n\n4) The operative part of the judgment shall be deliberated and issued immediately orally, and at that same act, the hour and date, within the following five days, must be set for the incorporation into the case file and delivery to the parties of the full text of the ruling, which shall be written. When electronic technology is used, the ruling must be documented in the corresponding backup, so that it can be reproduced in writing or delivered to the party by another means. In complex proceedings or those with abundant evidence, the complete issuance of the judgment, including its operative part, may be postponed for that same period, unextendably. Minority votes in collegiate courts must be recorded within those same terms, and if not done so, they shall be considered as not rendered by operation of law.\n\nWhen all parties declare themselves satisfied with the judgment in its operative part, they may relieve the court from drafting the other parts of that resolution, and express record must be left of this conformity.\n\nArticle 519.-\n\nAt the request of a party or by decision of the court, ordinary proceedings of evident complexity may be conducted in two hearings, in which case, in the first hearing, the acts of the preliminary phase of the single-hearing proceeding shall be carried out, and in the second, those of the supplementary or trial phase. The decision must be reasoned.\n\nArticle 520.-\n\nThe same rules shall apply in non-ordinary proceedings, when any issue must be debated in an adversarial manner that requires the reception of evidence in compliance with the principle of immediacy.\n\nArticle 521.-\n\nWhen the proceeding must be conducted in two hearings, the procedure shall be in accordance with what is indicated in Article 513, and in the same resolution that sets the preliminary hearing, the court shall rule only on the admissibility of the evidence that must be produced at that hearing.\n\nArticle 522.-\n\nUpon concluding the preliminary hearing, a ruling shall be issued on the evidence offered by the parties regarding the debated factual issues; the fees of the non-official experts shall be set; a very summary transfer shall be given on the evidence added to the case file that had been ordered when processing the complaint or counterclaim, and, if applicable, evidence that the court deems indispensable as complementary or for better provision shall be ordered, at the indication of the parties or on its own initiative, provided it concerns the facts legally introduced into debate in the proceeding; and the hour and date for the supplementary or trial hearing shall be set when so required, which must necessarily take place within the following month.\n\nArticle 523.-\n\nAt the trial hearing, a very summary transfer shall be given of the evidence incorporated into the case file after the preliminary hearing.\n\nArticle 524.-\n\nWhen any evidence is denied, the offer may be reattempted at the respective hearing, and if the denial is maintained, it may be challenged at that opportunity, in the manner provided in this Code, in which case the appeal shall be processed on a reserved basis.\n\nSECTION IV\n\nCall to hearings and rules applicable to those acts\n\nArticle 525.-\n\nHearings shall obligatorily begin at the set hour and date and shall be public, unless the court orders that their holding be private, in consideration of the dignity of one of the parties.\n\nThe party that arrives late shall join the hearing at the point it is at and may not request the repetition of acts already completed.\n\nThey shall be held in the court office or existing courtroom for that purpose. However, the judges may order that the hearing be held in another place, if this is more convenient for the better development of the hearing.\n\nThe presiding officer of the body must ensure, during its holding, full respect for the principles of orality; shall promote the adversarial process as an instrument for verifying the real truth; shall ensure the concentration of the different procedural acts to be held; and shall act as director of the hearing, opening and concluding its stages, granting and limiting the use of the floor, ordering the important aspects that must be recorded in the minutes, and performing all necessary actions so that the debate proceeds in an orderly manner.\n\nArticle 526.-\n\nThe parties, or their duly accredited representatives in the case of legal entities, must appear at the hearings to which they are summoned. A person with special judicial power may do so in their place; however, when the party in person or through the company representative must appear as a declarant, their attendance is obligatory, under penalty of having the non-appearance considered as a presumption of the truthfulness of the facts or topics subject to the declaration.\n\nThe failure to appear of the party that was obligated to attend may be justified, for the purposes of rescheduling the act of their declaration, only for reasons that truly prevent attendance and provided that the justification is made before the set hour and date, unless the motivating facts occurred on the same day of the hearing, in which case they must immediately notify the court by any means and justify it on the following day.\n\nThe impediment of the lawyer must be verified in the same manner, and if what is invoked is another simultaneous judicial activity, it shall only be taken as just cause for not attending if that activity had been ordered and notified previously.\n\nInvoking activities of personal or family interest as justification shall not be valid.\n\nArticle 527.-\n\nThe hearing shall be held if at least one of the parties or their legal representative attends, with the required legal representation (patrocinio letrado) when required. In such a case, all acts of the hearing that are possible to carry out shall be conducted, and the evidence of that party and the testimony of the persons offered by the opposing party who appear shall be received.\n\nIf the plaintiff or counterclaim defendant does not attend a preliminary or single hearing, the defenses or formal preliminary resolution issues raised by that party, which are appropriate to be heard in the preliminary phase, shall be deemed withdrawn; but, if they relate to defects that prevent validly resolving the merits, the court shall order the necessary corrections or integrations ex officio.\n\nArticle 528.- \n\nIf the absence of any of the parties or all of them occurs at the single hearing or trial hearing, the judgment shall be issued assessing the facts in light of the evidence received or admitted, the omitted evidentiary burdens, the merit of the case record (autos), and the valuation criteria established in this Code.\n\nIn these cases, the body may order supplementary evidence or measures for better provision (pruebas para mejor proveer), which are essential to correctly resolve the merits of the conflict, ordering for this purpose, if necessary and for one time only, the extension of the hearing. If what was ordered was documentary evidence, a period shall be set for its production.\n\nArticle 529.- \n\nIn hearings, the floor shall be granted, in order, to the plaintiff, the defendant, third parties or coadjuvants, or their respective representatives. If any of the parties has more than one female or male attorney, the participants must distribute their activity and the use of the floor and inform the court of this in advance. Joint participation in a specific act is prohibited.\n\nArticle 530.- \n\nResolutions on issues that must be heard or that are raised within the hearing shall be issued orally and shall be deemed notified to the parties at that same act by mere reading, and the legal and factual grounds of the ruling must be recorded in the minutes, at least succinctly.\n\nExcept for the judgment, the remedy of revocation shall lie against resolutions issued at the hearing, which must be filed orally and resolved in the same manner, immediately.\n\nLikewise, except in the case of the judgment, if an appeal lies against any ruling issued at the hearing, this remedy must be filed orally immediately after notification, and the point shall be resolved definitively if this is not done.\n\nThe appeal proceeding (alzada) shall be processed only in those cases where the ruling prevents the continuation of the hearing. In other cases, it shall be reserved to be heard jointly with the remedy that lies against the judgment, according to the current nature of its interest.\n\nArticle 531.- \n\nThe transfers (traslados) granted in hearings shall be extremely summary (sumarísimos), to be completed immediately, in such a way that they do not constitute an obstacle to the normal development of the activity.\n\nArticle 532.- \n\nThose present have the duty to remain in a respectful attitude and in silence, as long as they are not authorized to make statements or answer questions posed to them. They are absolutely prohibited from carrying weapons or objects suitable for causing discomfort or offense, keeping mobile phones turned on, and adopting intimidating, provocative, or suggestive behaviors. If the person, despite having been warned, continues with the improper behavior, they may be expelled from the hearing, which will result in them being considered as absent from that moment onward, for all purposes.\n\nArticle 533.- \n\nOn the occasion of the hearing, minutes (acta) shall be drawn up, in which a record shall be made of the following:\n\n1) The time and date of the commencement of the proceeding.\n\n2) The names of the parties and the attending female or male attorneys, the experts, and the declarants.\n\n3) A concise (lacónica) description of the stages of the hearing and its development and, if it occurs, the content of the conciliated resolution of the conflict.\n\n4) The requests for revocation or the objections of the parties and the oral resolutions of the court, regarding which a concise (lacónica) justification shall be made.\n\n5) The documentary evidence that is admitted at the hearing act, which must be done by reading, to be performed by the person directing the hearing or the person assisting them. The reading may be omitted if the parties agree or when it is reasonably necessary to safeguard due process.\n\n6) The name of the declaring parties, witnesses, or experts, their qualifications, and the identification document of each one.\n\n7) The appeals filed by the parties. It must indicate, in a very specific manner, the grounds for the remedies, without prejudice to the appellant subsequently and timely developing them in writing.\n\n8) The operative part of the judgment and its reading, when it is issued at the same hearing act.\n\nThe minutes shall be signed by the person who directed the hearing, the parties, and their female or male attorneys. The other appearing persons shall sign an attendance document, which shall be added to the case file. If any person refuses to sign, or has withdrawn before the reading of the operative part of the judgment, that fact shall also be recorded in the minutes. If the hearing was recorded in audio and video, instead of the minutes, a record signed by the person who directed the hearing and said parties shall be entered, stating that the act was carried out, with an indication of the hours and date of its holding.\n\nArticle 534.- \n\nExcept as mentioned above regarding the content of the conciliation, the literal or extensive transcription of evidentiary content is prohibited.\n\nThe courts must record hearings through technological means that adequately guarantee the preservation of their content and serve as an aid to memory in the drafting of the judgment.\n\nThe recordings shall be kept without being erased until one year after the final judgment has been executed, and the parties may obtain copies or reproductions at their own cost.\n\nArticle 535.- \n\nHearings shall be held without interruption, during the required hours and days, except for:\n\n1) The study and resolution of complex issues that arise during their course. These interruptions shall be made very briefly, in such a way that the unity of the act is not affected.\n\n2) To conduct an inspection of places or objects located at a site different from the hearing location, or to take the testimony of persons who cannot travel.\n\n3) To attempt conciliatory agreements, if the parties jointly request it.\n\n4) When, in the judgment of the person directing the hearing, it is absolutely essential to guarantee the right of defense of the litigants.\n\nArticle 536.- \n\nThe conclusion of a trial hearing may be postponed even after the closing arguments (alegato de conclusiones), or rescheduled for one time only and the postponement shall not be for more than ten days, when it is necessary to receive some evidence not produced at that time or whose significance arises during the hearing, in both cases if ordered for better provision (para mejor proveer), or, when it is necessary to adequately debate defenses or new issues, legally raised at the hearing, or to receive the statement of witnesses disobedient to the summons. In this case, without the need for a party's request, the presentation of those witnesses shall be ordered through the Public Force (Fuerza Pública).\n\nAt the same act, the time and date for the continuation or rescheduling of the hearing shall be set.\n\nIf it concerns the extension of the debate on defenses or new issues, a ruling on the admission of the offered evidence shall also be issued at that same act, and the provisions of the foregoing rules shall apply regarding such evidence.\n\nOnce the pending evidence or the new evidence that is admissible or admitted when appropriate has been produced, the floor shall be given to those present for the complement of the conclusion, and then the judgment shall be issued, in the same manner and under the terms provided in Article 518.    \n\nIn these cases, the hearing shall be validly concluded with the parties who attend, and the remaining proceedings shall be carried out with them, in the manner already provided.\n\nThe absence of the parties shall not prevent the reception or admission of the ordered evidence, and the issuance of the judgment may be done immediately or in a postponed manner, within the period provided in this Code.\n\nThe proceedings shall be recorded in minutes (acta), which shall be entered and signed in the same manner already provided. Everything resolved shall be deemed notified both to the attending parties and to those who failed to attend.\n\nArticle 537.- \n\nOnce the periods for the issuance, documentation, and notification to the parties of the judgment have expired, with non-compliance by the body, everything acted upon and resolved shall be null and void, and the trial must be repeated before another judge, without prejudice to the corresponding civil and disciplinary responsibilities. Only the evidence and the acts or proceedings that are non-reproducible and that can be validly assessed at a later opportunity shall be saved from said nullity.\n\nSECTION V\n\nSpecial rules applicable to social security claims\n\nArticle 538.- \n\nClaims corresponding to social security shall be substantiated through the ordinary procedure (procedimiento ordinario), with the following modifications:\n\n1) When assessments by official experts are required, in the same order granting a copy of the complaint (auto de traslado de la demanda), the corresponding body shall be ordered to perform them, which shall be sent to the court in writing or through electronic communication, which the competent official of that body shall be responsible for materially documenting in the case file and for bringing to the knowledge of the parties for three days.\n\n2) The defendant must present, with the answer to the complaint, a complete copy of the administrative file, including in it the text of the medical or legal opinions, if any. If it fails to do so, a presumption of truthfulness or certainty of the facts whose proof depends on that documentation shall arise, unless there is evidence in the case file contradicting it or there is just cause that prevents the presentation.\n\n3) Scientific opinions from private experts may be ordered, at the request of the interested party as supplementary evidence or ex officio for better provision (para mejor proveer), but their cost shall be borne by the interested party.\n\n4) The parties shall be summoned to a single hearing when evidence other than documentary evidence must be produced, when there are discrepancies regarding expert evidence, or when the body considers it necessary to comply with due process.\n\n5) All experts who have intervened shall appear at the hearing.\n\n6) If summoning to a hearing is not appropriate, the judgment shall be issued within fifteen days following the transfer of the answer to the complaint, the reply, or the documentary or scientific evidence.\n\n7) When resolving, the administrative background and the cumulative evidence gathered in the judicial file shall be taken into account. In case of discrepancy between scientific opinions, it shall be resolved by applying the valuation rules specific to this procedure and the applicable principles of the matter.\n\n8) The benefits sought may only be assessed within the legal limitations and if the requirements demanded by the respective regulations are met.\n\n9) When a specific social benefit is granted without being established in a liquidated form and any discrepancy subsequently arises, the determination shall be made by the jurisdictional body during the judgment execution phase (vía de ejecución de sentencia), the interested party having to present, in such case, the respective liquidation, specifically indicating the bases taken into account to prepare it.\n\n10) The jurisdictional bodies must strictly ensure compliance with the deadlines, and the parties obligated to grant social benefits shall have the duty to promptly execute the judgments imposing them and, in case it is necessary during the execution process, to provide all collaboration so that the determination can be made promptly.\n\nCHAPTER SEVEN\n\nSpecial proceedings\n\nSECTION I\n\nProceedings of lesser amount\n\nArticle 539.- \n\nProceedings that deal exclusively with claims whose amount is less than that indicated by the Full Court (Corte Plena) for the cassation appeal shall be processed in accordance with the rules of this Code, with the following exceptions:\n\n1) They shall be processed in a single oral hearing.\n\n2) The judgment shall be issued orally and, unless any of the parties expressly requests the full drafting of the judgment, only its operative part shall be recorded in writing, except in electronically processed proceedings, in which case, that operative part shall be digitized, so that it can be reproduced in written form or in electronic backups.\n\n3) The judgment shall have the remedy of appeal before the Court of Appeals (Tribunal de Apelaciones) and may also be clarified or supplemented at the request of a party or ex officio, under the terms provided in this Code.\n\nSECTION II\n\nProtection in special jurisdictions (fueros especiales) and protection of due process\n\nArticle 540.- \n\nWorkers, both in the public and private sectors, who by virtue of a special jurisdiction (fuero especial) enjoy stability in their employment or special procedures to be affected, may challenge, through the extremely summary procedure (vía sumarísima) provided in this section, on the grounds of dismissal or any other disciplinary or discriminatory measure, the violation of special protection jurisdictions (fueros especiales de protección), procedures to which they are entitled, formalities, or specially provided authorizations.\n\nWithin that provision are:\n\n1) The servants of the State under the civil service regime, regarding the procedure before the Civil Service Tribunal (Tribunal de Servicio Civil) guaranteed to them by the regulations.\n\n2) Other public sector workers for the protection of due process or similar jurisdictions (fueros semejantes), to which they are entitled according to the constitutional or legal order.\n\n3) Women in a state of pregnancy or breastfeeding period, as established in Article 94 of this Code.\n\n4) Adolescent workers, as mandated by Article 91 of Law No. 7739, Childhood and Adolescence Code, of January 6, 1998.\n\n5) Persons covered by Article 367 of this Code and any other protective provision of the union jurisdiction (fuero sindical).\n\n6) Complainants of sexual harassment, as established in Law No. 7476, Law against Sexual Harassment in Employment and Teaching, of February 3, 1995.\n\n7) The workers indicated in Article 620 of this Code.\n\n8) Those who enjoy any similar jurisdiction (fuero semejante) through law, special regulations, or a collective labor agreement.\n\nThe protection of due process may be claimed through this procedure when it is not observed with respect to the persons with jurisdiction (personas aforadas) referred to in this article.\n\nAlso, cases of discrimination on any grounds, against workers, occurring at work or on the occasion thereof, may be challenged through the extremely summary procedure (vía sumarísima) provided in this section.\n\nArticle 541.- \n\nThe persons indicated in the preceding article shall have the right to due process, prior to dismissal, which shall be governed by the following provisions:\n\na) The due process of the persons indicated in sections 1), 2), and 8) of the preceding article shall be regulated by the administrative procedure of the competent unit according to the corresponding protective regulation, except for the case of section 8) where a due process is not provided for.\n\nb) The due process for the dismissal of the persons indicated in sections 3), 4), 5), and 6) of the preceding article must be processed before the National Directorate of General Labor Inspection (Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo).\n\nc) The due process of the persons indicated in section 7) of the preceding article must be processed before the respective labor court.\n\nd) Exceptionally, the body conducting the due process may order the suspension of the worker while the dismissal proceeding is being resolved, in cases where the alleged faults are of such gravity that they make the normal development of the employment relationship impossible.\n\ne) For the dismissal to be valid, the employer must prove the fault before the corresponding due process body and obtain its authorization through a final resolution.\n\nf) Once the dismissal is authorized by a final resolution, the employer shall have a limitation period of one month to make use of the dismissal authorization, counted from the time it becomes final.\n\nArticle 542.- \n\nThe request for protection shall be filed before the competent labor court, as long as the measures or effects causing the violation complained of subsist. The application for protection due to violation of due process, in the case of dismissal, shall be governed by the statute of limitations period of six months.\n\nThe signature of the applicant does not need to be authenticated by that of a legal professional, if the interested person personally presents the respective brief; but if it is necessary to debate at a hearing, legal representation (patrocinio letrado) must be available.\n\nThe petition must comply, as pertinent, with the requirements indicated for the complaint, except for that referring to the exhaustion of administrative remedies (agotamiento de la vía administrativa), and include the name of the person, institution, body, department, or office to which the arbitrariness is attributed.       \n\nArticle 543.- \n\nThe court shall substantiate the procedure without loss of time, postponing any matter of a different nature processed in the office. No later than twenty-four hours after receipt of the request, the judicial authority shall grant it course, requesting from the institution, authority, or public bodies, or the sued person, a detailed report about the facts motivating the action, which must be rendered under oath within the five days following the notification, accompanied by a copy of the documents of interest to the party and a certified copy of the administrative file, in the case of public employment relationships, or of the due process file where appropriate, at no cost to the plaintiff.\n\nIn the case of actions with harmful results, the same resolution may order the suspension of the effects of the act, and the plaintiff shall be provisionally restored to their situation prior to the challenged act. This measure shall be executed immediately without the need for any guarantee and may be reviewed and modified at the instance of the sued party, made through the filing of the corresponding remedy, for reasons of convenience or evident public interest, or, because upon provisional assessment of the situation it is considered that there is exculpatory evidence of discrimination, without prejudice to what is resolved on the merits.\n\nWhen the action concerns acts of public administrations, even if not requested, the State or the corresponding entity shall be deemed as defendant, and the initial resolution shall also be brought to the attention of the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) or, where appropriate, the hierarchical body of the autonomous institution or organization that represents it legally, so that it may appear in the proceeding, within the same five-day period, to assert its rights.\n\nIf the action concerns actions of a private business organization, the report shall be requested from the person to whom, in managerial or administrative functions under the terms of Article 5 of this Code, the illegal conduct is attributed, and they shall be warned that the notification has the effect of a notice of suit (emplazamiento) for the employer and that the employer may assert its rights in the proceeding within the indicated period, through its legitimate representative.\n\nThe employer must present the certified copy of the due process file indicated in the preceding article, if the case concerned the violation of that right.\n\nNotifications shall be made by the means authorized by law or by the interested party themselves, provided they do so with the support of the administrative authority of the Ministry of Labor and Social Security (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) or of the Police, which shall have the obligation to assist them immediately at no cost and to record its intervention. The labor courts may order immediate notification by a judicial assistant or by an official designated for this purpose.   \n\nArticle 544.- \n\nIf no response is given within the indicated term and at the same time no opposition is produced by the defendant, or, if the certification of the due process file is not provided when it was necessary, the action shall be granted, if the case, according to the case record (autos), does not merit a different solution according to the legal system.\n\nIn the contrary case, the report rendered and any response shall be brought to the knowledge of the party initiating the proceeding for three days.\n\nIf it is necessary to produce non-documentary evidence, its substantiation shall be carried out at a hearing, which shall be scheduled with priority over matters of ordinary knowledge of the court. In such case, the judgment shall be issued at the time provided for the substantiation of the proceeding at a hearing.\n\nArticle 545.- \n\nThe jurisdiction of the court (órgano jurisdiccional) shall be limited, to assess the claim for protection, to verifying the breach of the protection, the procedure, or the formal aspects guaranteed by the jurisdiction (fuero) and, if the judgment is favorable to the plaintiff, the corresponding nullity shall be decreed and the plaintiff shall be restored to the situation prior to the act that gave rise to the action, and the employer shall be ordered to pay the damages caused. If the effects of the act had not been suspended, the respective reinstatement shall be ordered, with the payment of back wages (salarios caídos).\n\nIf the action is dismissed and the effects of the act had been halted, its execution may be carried out once the denial ruling becomes final, without the need for any express authorization in that regard.\n\nThe favorable judgment in these cases does not prejudge the substantial or material content of the defendant's conduct, when the protection refers solely to rights regarding a procedure, requirement, or formality.\n\nArticle 546.- \n\nIf the claim brought does not correspond to this special procedure, the processing shall be directed in the manner that is appropriate.\n\nWhen a claim for protection corresponding to this procedure is filed cumulatively with another or others whose processing must be carried out through the ordinary procedure (vía ordinaria), it shall be de-accumulated and processed according to the provisions of this section, without prejudice to the course of the other claims.\n\nThe protection, once granted in a final judgment, shall cause the conclusion of the ordinary proceeding when a lack of interest arises. In that case, the proceeding shall be concluded totally or partially, as appropriate, without sanction of costs.\n\nArticle 547.- \n\nFailure to comply with the deadlines or the priority processing established in this section shall be considered a lack of service on the part of the responsible officials and shall be sanctioned disciplinarily.\n\nSECTION III\n\nDistribution of benefits of deceased workers\n\nArticle 548.- \n\nThe distribution of the labor benefits referred to in subsection a) of Article 85 of this Code shall be governed by the provisions of this section. The adjudication of the amounts of money for wages, compensation for untaken vacations, and Christmas bonus (aguinaldo), as well as any other item derived from the employment relationship, including mandatory savings and deposits in accounts of financial intermediaries originating from the employment contract, which by law do not have a different beneficiary, owed to the deceased worker, shall also be resolved in this proceeding, in favor of the successors or beneficiaries indicated in that regulation, in the same order indicated therein. The same rule shall apply to amounts owed to deceased pensioned or retired persons.\n\nArticle 549.- \n\nThe proceeding may be promoted by anyone with an interest, before the competent labor court. The application must contain:\n\n1) The name of the deceased person and that of the employer or the institution or unit owing the items to be distributed.\n\n2) The name of the possible beneficiaries of the distribution, in accordance with the provisions of Article 85 of this Code, as well as their addresses. It must be indicated who are minors or incapacitated.\n\n3) Proof of death and of the kinship of interest to prove.\n\nArticle 550.- \n\nOnce the application is properly filed, the procedure shall be opened immediately and the following shall be ordered:\n\n1) The publication of a notice in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial), in which any person who considers themselves to have an interest in the distribution is cited and summoned for eight business days to appear and assert their rights.\n\n2) Notification to the interested persons indicated in the initial application.\n\n3) An order to the person or institution obligated to pay, that if they have not deposited the benefits to be distributed, they deposit them in the court's bank account, within the five calendar days following.\n\n4) If there are interested minors, notification to the National Children's Trust (Patronato Nacional de la Infancia, PANI), an institution that shall assume the guardianship (tutela) of their interests in the event they have opposing interests with any interested party exercising their legal representation.\n\n5) If there are interested incapacitated persons, not subject to guardianship (curatela), a legal professional from social assistance shall be appointed as their ad hoc representative.\n\nArticle 551.- \n\nOnce the summons period has elapsed, the declaration of the persons who are entitled as successors to the assets to be distributed shall be made immediately, and the adjudication and delivery shall be ordered in the manner established by law.\n\nIf contention arises over the right to participate, the issue shall be resolved in the same case file, even if it involves the application of rules and institutions specific to family law. The claim brief asserting a better right or opposition must meet the requirements of an ordinary complaint, including that referring to the offer of evidence. The persons whose right is sought to be affected shall appear as opposing parties, and the complaint shall be transferred to them for five days. The conflict shall be judged summarily in an oral hearing, and the judgment must be issued in the same manner provided for the ordinary procedure.\n\nArticle 552.- \n\nThose having an interest in the distribution are not entitled to process or claim in other venues the direct payment of the benefits to be distributed, but they are entitled to have them judicially deposited to the order of the court.\n\nSECTION IV\n\nAuthorizations\n\nArticle 553.- \n\nWhen, according to the law, the authorization of a jurisdictional body is required to carry out a specific act, the interested party shall request it in writing and shall comply, as pertinent, with the requirements for a complaint.\n\nRegarding the request, a transfer (traslado) shall be granted for three days to the person sought to be affected by the act, in the same manner provided for the complaint. If the production of testimonial or technical evidence is not appropriate, judgment shall be issued within the five days following the receipt of the answer or of the period for answering when the summons has not been responded to. Otherwise, a hearing shall be called, and readiness must be made for this activity.\n\nSECTION V\n\nProcedure for the reinstatement of workers who suffered\n\nwork-related risks and reinstatement of legal origin\n\nArticle 554.- \n\nWorkers who are in any of the situations provided in Article 254 of this Code may request from the competent labor court the reinstatement (reposición) to the job position, their relocation, or the payment of the corresponding legal benefits, as appropriate.\n\nArticle 555.- \n\nThe initial brief must meet the basic requirements of any complaint, and it must be accompanied by or offer evidence relating to the employment relationship, the work clearance order issued by the insuring entity, and the copy of the medical opinion clearly specifying the real situation of the person regarding their state of health and the means recommended for them, according to their work capacity.\n\nArticle 556.- \n\nOnce the application is properly filed, the employer shall be immediately ordered, in accordance with the benefit claimed, to reinstate the person to their job position, relocate them under the terms of the medical recommendation, or pay them the legal benefits, which must be done within a period of eight days. In the same resolution, that party shall be warned that within that same period it may object to the claim and offer, in such case, the evidence of its interest.\n\nArticle 557.-\n\nIf no opposition is filed within the indicated period, the order shall be deemed final and shall be enforceable through the judgment enforcement proceeding, and the process shall conclude in that manner. In the contrary case, once the motion has been answered, the court shall resolve as appropriate within the following three days, unless some evidence must be gathered, in which case the matter shall be substantiated in an oral hearing that must be scheduled no later than thirty days after the answer, and the court may order in the judgment that is issued the reinstatement, relocation, or payment of benefits, as appropriate according to the proven factual situation.\n\nArticle 558.-\n\nIf the employer filed an opposition to the request for reinstatement or relocation and either of these is deemed proper in the judgment, that party must pay the worker full back pay (salarios caídos) from the day the disability ceased and, as damages and as a fixed indemnity, one additional month’s salary.\n\nArticle 559.-\n\nDisabled persons entitled to request reinstatement to their jobs, pursuant to what is established by Law No. 7600, Equal Opportunity for Persons with Disabilities, of May 2, 1996, and its regulations, those indicated in subsection a) of Article 392 of this Code, and any other persons who enjoy employment stability by special rule, collective instrument, or administrative resolution so declaring, may exercise their rights in this special procedure. In this regard, the preceding rules shall apply, insofar as pertinent.\n\nCHAPTER EIGHT\n\nThe judgment: formalities,\neconomic repercussions, and effects\n\nSECTION I\n\nFormalities of the judgment\n\nArticle 560.-\n\nThe judgment shall be issued and shall have as its limits the pleadings of the parties and what was established in the preliminary phase of the trial hearing, without prejudice to variations permitted by law.\n\nIt shall contain a preamble, a recitals section, and an operative part. The preamble shall indicate the type of proceeding, the name of the parties, and their attorneys.\n\nThe recitals section shall set forth a synthesis of the claims and defenses raised. Then, the proven and unproven facts of importance for the decision shall be stated in a clear, precise, and chronologically ordered manner, with an indication of the means of proof on which the conclusion is based and the reasons supporting it and the valuation criteria employed, for which purpose a record must be made of the analysis of the various evidentiary elements produced, through a detailed and exhaustive explanation of each one of them. Finally, in separate paragraphs, for each case, the reasons of fact, law, doctrine, and jurisprudence shall be given, and the propriety or impropriety of the propositions shall be sufficiently justified, which shall be done in separate paragraphs, by topic. It is indispensable to cite the legal rules that serve as the basis for the conclusions regarding the propriety or impropriety of the claims or defenses raised.\n\nIn the operative part, the decision shall be pronounced, and the points declared proper or denied shall be indicated expressly and separately, in dispositive terms, as well as the decision corresponding to the defenses raised, and what is appropriate regarding the costs of the proceeding shall be ordered.\n\nThe judgments of second instance and cassation shall contain a brief summary of the issues debated in the decision being challenged, the arguments of the appeal, an analysis of the questions of fact and law raised, and the corresponding decision, in the manner provided in this same Code.\n\nArticle 561.-\n\nIt is prohibited to declare in a judgment the propriety of any point, conditioning it on the subsequent demonstration of the factual basis supporting it.\n\nThe court may establish that the judgment shall be ineffective or subsequently decree that ineffectiveness, with respect to the part of the award covered or satisfied prior to its issuance, if that is proven.\n\nIn every ruling on economic issues or matters resolvable in money, the exact amount of the sums must be established at once, including the amount of costs, interest, and adjustments that apply up to that moment. Only exceptionally, when the necessary data for making the determination are not available at the time of judgment, may an award in the abstract be made, and the bases for the subsequent liquidation shall be indicated.\n\nSECTION II\n\nCosts\n\nArticle 562.-\n\nIn every judgment, including summary judgments, and in resolutions that cause the termination of the proceeding due to pendency of another action (litispendencia), lack of jurisdiction for reasons of national territory, extrajudicial satisfaction (satisfacción extraprocesal), or abandonment, the defeated party, the party who has satisfied the right, or the party sanctioned with the termination of the matter shall be ordered to pay the personal and procedural costs incurred.\n\nIf the judgment resolves the matter on the merits or upholds substantive defenses classified as preliminary, personal costs may not be less than fifteen percent (15%) nor greater than twenty-five percent (25%) of the liquid amount of the judgment against them or of the judgment of dismissal, as the case may be.\n\nIn all other cases, and when the proceeding is not susceptible to pecuniary estimation, the determination shall be made prudentially.\n\nTo determine the percentage or the prudential amount, the work performed, the amount in controversy, and the economic position of the plaintiff and defendant shall be taken into account.\n\nIn matters not susceptible to estimation in which there is economic significance, the determination shall be made based on the amount resulting up to the finality of the judgment, and if, as a consequence of the proceeding, the economic result continues to be generated in the future, up to fifty percent (50%) may be added to the determined amount, according to prudential criteria. If the economic result is insignificant, the determination shall be made prudentially based on the aforementioned criteria.\n\nArticle 563.-\n\nNotwithstanding the above, the defeated party may be exempted from paying personal costs and even procedural costs, when:\n\n1) They have litigated with evident good faith.\n\n2) The claims have been partially successful.\n\n3) There has been mutual defeat.\n\nThe exoneration must always be reasoned.\n\nA party shall not be considered to have acted in good faith if they denied evident claims that the outcome of the proceeding indicates they should have accepted, did not attend the entire hearing, adduced suborned witnesses or false witnesses and documents, did not offer any evidence to support their claim or defenses, if they were based on disputed facts.\n\nExoneration from costs shall be mandatory if a special rule so provides.\n\nArticle 564.-\n\nThe contingency fee agreement (contrato de cuota litis) in labor matters shall be governed by the provisions of civil procedure. However, in the case of the worker, the fees they must pay their attorney may in no case exceed twenty-five percent (25%) of the economic benefit obtained in the judgment.\n\nSECTION III\n\nInterest, adjustment, and back pay\n(salarios caídos)\n\nArticle 565.-\n\nEvery judgment ordering the payment of a monetary obligation shall imply for the debtor, unless otherwise decided or agreed, even if not expressly stated:\n\n1.- The obligation to pay interest on the principal, at the rate established in Law No. 3284, Commercial Code, of April 30, 1964, from the date the debt became due or from each installment when it is integrated in that form. If the award is for damages, the accrual of interest shall begin from the date the judgment becomes final. For obligations in foreign currency, the provisions of that same Code for obligations in United States dollars shall apply.\n\n2.- The obligation to adjust the principal economic amounts, updating them to present value, by the same percentage by which the consumer price index for the Metropolitan Area, as maintained by the official agency responsible for determining that percentage, has varied between the month prior to the filing of the claim and the month preceding that in which payment is actually made.\n\nInterest shall be calculated on the amounts awarded or resulting after their liquidation, before they are brought to present value, and then the adjustment indicated in the last paragraph shall be made, solely on the principal amounts.\n\nArticle 566.-\n\nIn every judgment ordering reinstatement with back pay (salarios caídos), the payment of such back pay may not exceed the amount of twenty-four times the total monthly salary of the worker at the time the judgment becomes final, unless a special provision establishes otherwise, without it being possible at any time to be less than the legal minimum. This determination does not admit adjustments or indexation.\n\nAlso, the defendant must pay the prevailing party, from the date the judgment becomes final, the salary corresponding to them according to the employment contract and the rights derived from accumulated seniority, which shall include the period between the dismissal and said finality, and in the future, the fulfillment of ordinary and extraordinary salary obligations must conform to the benefits corresponding to an unaltered relationship. The same rule shall apply to the enjoyment of vacations and any other right derived from the employment contract or the law.\n\nArticle 567.-\n\nWhen a final judgment orders the defendant to pay owed salaries, in addition to paying the worker the salary corresponding to them, according to the employment contract and the rights derived from accumulated seniority, they must pay the Costa Rican Social Security Fund (Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS) the employer-employee contributions and other obligations owed to social security corresponding to the period worked, even if that institution was not a party to the proceeding.\n\nArticle 568.-\n\nThe payment of back pay (salarios caídos) shall only be proper when there is no legal impediment by virtue of the person having held a position that prevents it. In such a case, only the difference shall be payable, if the salary they would have been receiving was lower.\n\nSECTION IV\n\nEffects\n\nArticle 569.-\n\nJudgments in the ordinary labor proceeding, including summary judgments and those rendered in special proceedings regarding social security, protection of special protections (fueros especiales), restitution or relocation of workers in cases of occupational risk (riesgo de trabajo), as well as in disputes arising in the process of distributing benefits of deceased persons regulated in this Code, shall produce the effects of substantive res judicata (cosa juzgada material). Other judgments, unless otherwise provided by law, shall produce only formal res judicata (cosa juzgada formal).\n\nCHAPTER NINE\n\nProvisions on abnormal forms\n\nof termination of the proceeding\n\nArticle 570.-\n\nUnless a special provision indicates otherwise, withdrawal, waiver of the right, abandonment (deserción), extrajudicial satisfaction (satisfacción extraprocesal), settlement, and conciliation agreements shall also put an end to the proceeding. The provisions of civil procedural legislation in this regard shall apply, with the following modifications:\n\n1.- The waiver, settlement, and conciliation shall only be considered valid and effective when they refer to rights that may be disposed of.\n\n2.- The settlement and conciliation must be approved by the court, and the respective ruling has the character of a judgment, with the authority of substantive res judicata (cosa juzgada material), and admits the appeal provided for that type of decision. Once final, it shall be enforceable in the same manner as judgments.\n\n3.- Abandonment is proper at the request of a party in contentious matters where there is an attachment of property or some other precautionary measure with prejudicial effects of a patrimonial nature for the defendant, provided that the abandonment is due to the plaintiff's omission to comply with some requirement or act without which the proceeding cannot continue. It shall also be proper, even on the court's own motion, when the proceeding, once the issue is joined, cannot continue due to the fault of the party, even when such prejudicial effects for the defendant do not occur.\n\n4.- Extrajudicial satisfaction may be appreciated on the court's own motion or at the request of a party. If the act of acknowledgment is later revoked or affected in any way, the interested party may request the resumption of the proceeding from the stage at which it was, without the need for any prior administrative action in the case of public administrations. If the claim succeeds on the merits, the order for the defendant to pay costs shall be mandatory.\n\nIn all these cases, except in conciliation agreements, the termination of the proceeding shall be ordered after previously hearing the opposing party for three days.\n\nCHAPTER TEN\n\nEnforcement proceeding\n\nArticle 571.-\n\nFinal judgments, approved settlements or conciliation agreements, and any enforceable ruling shall be enforced by the same court that heard the proceeding, or by a specialized court for enforcement proceedings created by the Supreme Court of Justice, according to the rules of allocation of jurisdiction that it establishes.\n\nConcrete or specific decisions, for whose fulfillment no additional activity of determining scope is required, shall be enforced immediately after the ruling becomes final, on the court's own motion or at the request of a party, verbal or written.\n\nExtrajudicial conciliation agreements that, according to the law, have res judicata authority shall be enforced through this procedure.\n\nWhen the determination of amounts has been reserved for the enforcement phase of the judgment, and in any other case of liquidation of sums of money, the interested party must present the corresponding assessment or liquidation, respecting the bases established in the judgment or agreement and with the support of the strictly necessary evidence. The motion shall be served to the opposing party for three days, within which they may comment on each of the liquidated items and make objections and the offer of evidence they deem pertinent. If it is necessary to produce expert evidence or witness statements, the rules for the ordinary proceeding shall apply and the matter shall be substantiated summarily in a hearing; in that case, the judgment must be issued in the same hearing or, at the latest, within the period set for the ordinary proceeding, under penalty of nullity of the hearing if that period is not met. In the contrary case, once the service period is completed, judgment shall be issued within a period of eight days after the answer is filed.\n\nWhen it is necessary to determine technical aspects, official experts shall be used, and if there are none in the relevant field, they shall be designated at the State's expense.\n\nWhen, by virtue of a final judgment, the breach of a collective agreement is declared, in the judgment enforcement stage, the plaintiff union must present the corresponding liquidation, including the liquidation of the damages caused to the individually affected workers.\n\nArticle 572.-\n\nForced compliance with patrimonial obligations shall be carried out in accordance with the provisions of civil procedural legislation, or with the provisions of the contentious-administrative procedure in the case of enforcements against the State or its institutions.\n\nThe material act of attachment (embargo), when necessary, shall be carried out, with the character of a public official and as part of their duties or functions, without any charge for fees, by a judicial assistant of the court.\n\nArticle 573.-\n\nThe defendant shall have the obligation to execute the judgment or interlocutory resolution ordering the reinstatement of a worker to their position, immediately, without prejudice to what is finally decided, readmitting them and restoring them in all acquired rights and other matters resulting from the judgment or resolution or the legal system.\n\nIn the event that a restructuring of positions has occurred, and when it is impossible to reinstate the prevailing party in the same position, the employer must make available to the worker the opportunity to choose another position of similar classification and identical salary to what they had before the dismissal, according to the options that the employer organizationally has at that time. In case of impossibility, they must proceed with the payment of back pay (salarios caídos), damages, and other labor rights according to the law. If the worker to be reinstated enjoys a special protection (fuero especial de protección), the claim of impossibility shall not be proper, and therefore the provisions of Article 576 shall apply.\n\nArticle 574.-\n\nIf the reinstatement cannot be carried out due to an obstacle created by the employer or if the interested party so prefers, they may present themselves at the respective workplace within the eight days following notification of the judgment or resolution to resume their duties, accompanied by a notary public or by the administrative labor authority of the jurisdiction, or request the court, in writing or verbally, for the presence of the judicial assistant of the court. The administrative and judicial authorities must act immediately, setting aside any other occupation. Failure to comply with this duty shall be considered a serious offense for disciplinary purposes. In all cases, a record shall be drawn up and a record of what occurred shall be made.\n\nOnly in very exceptional cases, when the workplace is located in remote and difficult-to-access places, shall the police authority be commissioned to verify the presentation, in which case they must be instructed on how to draw up the record. The judicial authority shall order any other measure it deems reasonable for the execution of what has been ordered.\n\nArticle 575.-\n\nThe worker may request the postponement of the reinstatement, if this is necessary to allow prior notice of the termination of another employment relationship entered into, in which case they shall indicate to the court the day they will resume their functions, which may not exceed one month and fifteen days from the notification of the judgment or resolution ordering the reinstatement.\n\nArticle 576.-\n\nThe obligation to pay back pay (salarios caídos) shall continue for the entire time that the reinstatement is not fulfilled due to the fault of the employer. In this case, in addition, the damages caused by the non-compliance must be paid.\n\nThe court shall order that the worker who has not been reinstated continue to receive their salary with the same periodicity and amount they had before the dismissal, with the salary increases that occur up to the date of proper reinstatement. For that purpose, the court shall issue enforcement orders, as many times as necessary, for an amount equivalent to six months' salary, and the remuneration that becomes due over time shall be made available to the creditor from the proceeds of the enforcement, until, once the reinstatement has been duly carried out, it orders the return to the employer of the balance existing at that time.\n\nThe worker may choose, within that same eight-day period, not to be reinstated, in exchange, in addition to the other benefits granted in the judgment, for the payment of the prior notice (preaviso) and severance pay (cesantía) corresponding to them for the entire time worked, including the time elapsed up to the finality of the judgment, only if they so inform the court within the eight days following the finality of the judgment.\n\nIf the worker does not appear within the stated eight-day period, without just cause, and also does not exercise the option indicated in the preceding paragraph, the respective judicial resolution shall become ineffective with respect to the payment of back pay (salarios caídos) from the date the judgment or resolution becomes final. In this case, as well as in the case of postponement, if the right to reinstatement is not exercised within one month and fifteen days after that finality, it shall also become ineffective.\n\nIf the worker becomes absolutely unable to be reinstated, due to a circumstance beyond their control, the back pay (salarios caídos) shall be limited to the date of the event causing the impossibility, unless the event was the result of an occupational risk or disease (riesgo o enfermedad de trabajo) or a medical disability, in which cases the reinstatement shall be deemed to have occurred for all purposes.\n\nArticle 577.-\n\nThe refusal to reinstate shall be sanctioned with the fine established in subsection 6) of Article 398. In the case of public servants, the refusal shall constitute a serious offense, justifying the dismissal or removal of the official who failed to comply with the order.\n\nIn the case of representatives of workers who have not been reinstated, the employer shall be ordered to refrain from limiting the representation work they had been carrying out within the company, as well as all their functions protected by national legislation, and the employer shall be warned that, if they impede or place any obstacle to said exercise, their conduct, in addition to what is provided in the preceding paragraph, shall give the right to declare a legal strike, provided that the requirements demanded for that purpose are met.\n\nCHAPTER ELEVEN\n\nCorrection and means of challenging\nresolutions\n\nSECTION I\n\nAddition, clarification, and corrections\n\nArticle 578.-\n\nJudgments, whatever their nature, may be corrected by means of additions or clarifications, on the court's own motion or at the request of a party. Correction on the court's own motion may be made at any time, but before notification of the ruling to the parties. The request of a party must be made within the three days following that notification.\n\nThe addition and clarification shall be limited to omissions or obscurities in the operative part of the judgment and to contradictions that may exist between the recitals section and the operative part. The period for filing the appropriate appeal shall be interrupted and shall begin to run anew with the notification of the decision issued in response.\n\nOther written resolutions may also be clarified or added to on the court's own motion before their notification, and the parties may request additions, clarifications, or corrections within the indicated three-day period. In these cases, the assessment of the request is left to the discretion of the court, and the filing does not interrupt the deadlines granted in the resolution.\n\nArticle 579.-\n\nMaterial errors and imperfections arising in the course of the proceeding that do not imply nullity may be corrected at any time, provided it is necessary to guide the normal course of the procedure or to execute the respective ruling and that the correction does not imply a substantial modification of what has already been decided.\n\nSECTION II\n\nMeans of challenge and opportunity\nto raise them\n\nArticle 580.-\n\nNo appeal shall lie against written procedural orders (providencias), but the court may set them aside or modify them within the three days following notification, on its own motion or by virtue of observations by the parties. If these observations are deemed improper, a reasoned resolution must be issued.\n\nArticle 581.-\n\nWritten interlocutory orders (autos) admit the remedy of reconsideration (revocatoria), the filing period for which is set at three days. The court shall have the same period to resolve the appeal.\n\nArticle 582.-\n\nObservations by the parties to orders (providencias) adopted in hearings and the request for reconsideration of interlocutory orders (autos) rendered in that same procedural activity must be made orally and immediately, before moving to a later stage or phase, and the court shall resolve and communicate them at that same time and in that same form, unless it is necessary to suspend the hearing to study the matter, as provided.\n\nArticle 583.-\n\nIn addition to the rulings expressly indicated by this Code, only the following resolutions are appealable:\n\n1) Those that uphold the preliminary defenses of lack of jurisdiction for reasons of territory, pendency of another action (litispendencia), impropriety of the chosen proceeding and lack of capacity of the party, non-existence or insufficiency of representation.\n\n2) Those that resolve defenses of lack of jurisdiction over the subject matter.\n\n3) Those that deny or reject evidence.\n\n4) Those that dismiss claims of nullity raised before the judgment, including during the hearing.\n\n5) Those that resolve incidental proceedings, including autonomous ones, such as third-party claims (tercerías), and those of nullity when the defect must be raised in that manner.\n\n6) Those that order the intervention in the proceeding of procedural successors, procedural substitutes, or third parties.\n\n7) Those that put an end to the proceeding by means of a normal or abnormal solution, except when the law grants the ruling the effect of substantive res judicata (cosa juzgada material).\n\n8) Those that issue the final ruling in the enforcement of the judgment.\n\n9) Those that approve the public auction (remate) and order its execution.\n\n10) Those that deny, revoke, or order the cancellation of precautionary or preliminary measures.\n\n11) Those that order the suspension, inadmissibility, impropriety, and archiving of the proceeding.\n\n12) Those that deny the proceeding chosen by the party.\n\n13) Those that resolve non-contentiously on the adjudication of the benefits of deceased persons.\n\n14) In small claims proceedings, the judgments and other resolutions that put an end to the proceeding.\n\nArticle 584.-\n\nAppeals against written interlocutory resolutions shall be formulated in the same manner before the court that issued the ruling, within three days, and those that lie against oral rulings rendered in a hearing must be interposed at the same act of notification, and a record of their interposition and grounds must be made in the minutes.\n\nArticle 585.-\n\nAdmissible appeals against interlocutory orders (autos) and interlocutory judgments that prevent the course of the procedure shall be processed immediately. When they concern orders denying evidence or resolutions produced in the hearing whose direct effect is not the paralysis or termination of the proceeding, the interposition of the appeal shall not prevent the continuation of the activity and the issuance of the judgment, and it shall be deemed interposed with deferred effects and conditioned on the final decision being appealed in a legal and timely manner. In such a case, the appeal shall only be taken into account if:\n\n1) The point that is the subject of the challenge has an impact on the outcome of the judgment and the party that interposed the appeal appears as the appellant of the judgment and reiterates that appeal in their appeal against the judgment.\n\n2) The judgment admits the cassation appeal, and the ground for disagreement may be part of or constitute one of the defects that can be raised as grounds for cassation.\n\n3) The party that interposed it does not appear as the appellant because they were successful, and as a result of the admissibility of the appeal of any other litigant, the objection regains interest. In that case, it shall be considered as a contingent appeal.\n\nArticle 586.-\n\nThe appeal to the cassation court lies against the judgment of the ordinary proceeding and also, unless expressly provided otherwise, against other rulings with the authority of substantive res judicata (cosa juzgada material), for procedural and substantive reasons, provided that the proceeding in which they are issued is not susceptible to estimation or, if it is, that the amount in controversy, determined exclusively by the value of the non-accessory claims, exceeds the sum established by the Supreme Court of Justice for the admissibility of the cassation appeal, according to the authority granted for that purpose by Law No. 7333, Organic Law of the Judicial Branch, of May 5, 1993. In other cases, as well as in proceedings for occupational risks (riesgos de trabajo), whatever the amount in controversy, the judgment admits only the appeal to the competent appellate court.\n\nThe cassation and appeal remedies must be filed before the trial court; the first within ten days and the second within three days, from the notification of the judgment.\n\nArticle 587.- For procedural reasons, it shall be admissible when it is invoked based on:\n\n1.- Any of the defects for which the nullity of proceedings is proper, provided that these have been raised in one of the preceding phases of the proceeding and the claim was dismissed.\n\n2.- Incongruence of the judgment or absolute obscurity of the operative part. In cases of incongruence, the appeal is only admissible when the addition or clarification process has been exhausted.\n\n3.- Lack of a clear and precise determination of the facts proven by the court.\n\n4.- The judgment being based on illegitimate evidentiary materials or those illegally introduced into the proceeding.\n\n5.- Lack of reasoning or insufficient reasoning of the judgment.\n\n6.- The judgment having been issued outside the time period provided for doing so.\n\nArticle 588.-\n\nAny substantial violation of the legal system, whether direct or resulting from an incorrect or illegitimate application of the evidentiary regime, may be alleged as the basis for a cassation appeal on the merits. The cassation court may also make a comprehensive assessment of the evidence; for this purpose, the hearing must be recorded in audio and/or video.\n\nArticle 589.-\n\nIssues that have not been raised and timely debated by the litigants may not be the subject of appeal or cassation, and the judgment that is issued may not encompass other points different from those raised in the appeal, except for nullities, corrections, or restitutions that are proper on the court's own initiative.\n\nReformation in detriment of the appellant (reforma en perjuicio) is prohibited.\n\nSECTION III\n\nFormalities and processing of\nthe appeals of appeal and cassation\n\nArticle 590.-\n\nThe pleading that interposes the appeal (recurso de apelación) must contain, under penalty of being declared inadmissible, the clear and precise reasons that warrant the revocation of the ruling, including any concomitant nullity allegations deemed relevant.\n\nThe cassation appeal (recurso de casación) must specify in the same manner the grounds on which it is believed that the legal system has been violated and on which the nullity and eventual revocation of the challenged judgment are appropriate; formal claims shall be made first and then substantive ones.\n\nIn no case shall it be necessary to cite the legal norms considered violated, but the claim must be clear as to the reasons why the party considers itself affected. Errors that may be made in citing norms shall not be grounds for declaring the appeal inadmissible.\n\nIf there is a reserved appeal (apelación reservada), the respective grievance must be maintained.\n\nThe grounds for the appeal may not be modified or expanded and shall define the scope of the debate on the matter and the jurisdiction of the higher body (órgano de alzada) to resolve.\n\nArticle 591.-\n\nIn a non-reserved appeal and in cassation, once the appeal has been interposed in a timely manner, the respondent party or parties shall be summoned to present, within three days before the same court, their statement of grievances in relation to the grounds argued. When the higher body is located in a different territorial district, the same ruling shall warn all parties who receive notifications at a specific location and not by an electronic means of communication to indicate an address for receiving such notifications at the court hearing the appeal, and shall give them the corresponding warnings if they fail to do so.\n\nThe indication of electronic means shall be valid for all instances.\n\nThe case file (expediente) shall be forwarded to the corresponding body once the summons period has elapsed.\n\nAn untimely appeal shall be rejected outright by the court.\n\nArticle 592.-\n\nThe court shall rule on the appeal within fifteen days following receipt of the case records.\n\nFirst, it shall review the formal admissibility of the appeal, the procedure, and the proposed nullity issues, and may only order nullities when the defects constitute essential violations of due process (debido proceso). In all cases, it shall order any necessary corrections and preserve all actions not affected by the defect or that can be remedied.\n\nImmediately thereafter, if it is not appropriate to declare the inadmissibility of the appeal or any nullity, replacement, or correction of proceedings, it shall issue the ruling corresponding to the remaining grievances of the appeal.\n\nArticle 593.-\n\nOnce the case file is received by the cassation body, if it is not appropriate to declare the appeal inadmissible, judgment shall be issued within the following month. When any documentary evidence is ordered, once the evidentiary items are received, they shall be provided to the interested party for a period of three days.\n\nIn cases where it is necessary for the application of the principle of immediacy (principio de inmediación), the evidence ordered shall be received in an oral hearing (audiencia oral) with the parties summoned. The aforementioned time period shall run after the transfer or the hearing.\n\nThe provisions of this rule shall apply, as relevant, to the processing of the appeal.\n\nArticle 594.-\n\nBefore the cassation body, only documentary and technical evidence that may be of decisive influence may be presented or ordered for better provision (para mejor proveer), at the discretionary qualification of the body. The latter shall be carried out promptly, and the cost of unofficial expert examinations must be covered by the party that requested the evidence. Such evidence shall be provided to the parties for three days.\n\nArticle 595.-\n\nWhen judgment is issued, the following procedure shall apply:\n\nFirst, matters relating to the procedure shall be resolved. If the nullity of the judgment is considered appropriate, the omitted defects or flaws shall be specified and the case file shall be returned to the court so that, after any ordered replacement, the hearing may be repeated and judgment issued anew, unless the nullity is claimed from the first instance, in which case the case file shall be returned to the court.\n\nWhen nullity on the merits is appropriate, the judgment shall be overturned (casar) in whole or in part, and in the same resolution the case shall be decided or the annulled portion resolved, when there is no impediment to providing the corresponding resolution based on what has been substantiated.\n\nIn the contrary case, the appeal shall be declared without merit and the case file shall be returned to the court.\n\nThe nullity of the judgment shall only be ordered when it is not possible to correct the error or omission based on the case file and with respect for the principle of immediacy (principio de inmediación).\n\nArticle 596.-\n\nBoth in the case of appeal and cassation, if the appeal on the merits is appropriate, when issuing the corresponding ruling, the defenses of the opposing party to the appellant must be addressed, as well as its reserved challenges with eventual effects, omitted or disregarded in the appealed resolution, when, having been victorious, that party could not have interposed or reiterated them in the cassation appeal.\n\nArticle 597.-\n\nThe appellate and cassation bodies, when hearing the grievances raised in the appeals, shall adhere to the materiality of the evidentiary elements incorporated into the case file and, rationally, to the limits of the principle of immediacy (principio de inmediación).\n\nArticle 598.-\n\nIn any case where a judgment is annulled, the hearing shall always be repeated with the intervention of a different person acting as judge.\n\nArticle 599.-\n\nThe effects of the appeal, the cross-appeal (apelación adhesiva), and the appeal against denial of admission (apelación por inadmisión) shall be governed by the provisions of the civil procedural legislation.\n\nThe cassation appeal shall have suspensive effects.\n\nThe rules of the appeal against denial of admission shall apply, with the pertinent modification, to the cassation appeal. No further appeal lies against the resolution of the appeals court or the cassation body.\n\nSECTION IV\n\nCassation Appeal in the Interest of the Legal System\n\nArticle 600.-\n\nThe cassation appeal in the interest of the legal system (recurso de casación en interés del ordenamiento jurídico) shall be admissible before the Second Chamber of the Supreme Court (Sala Segunda de la Corte) against final judgments with the authority of substantive res judicata (cosa juzgada material) that are not subject to appeal before the cassation body, when they are deemed to violate the legal system.\n\nThe appeal may be interposed at any time by the Procurador General or Procuradora General of the Republic, the Contralor General or Contralora General of the Republic, the Defensor or Defensora of the Inhabitants, or the National Directorate of General Labor Inspection of the Ministry of Labor and Social Security, by union confederations duly registered with the Department of Social Organizations of the Ministry of Labor and Social Security, and by unions of business chambers accredited in the proceeding. The respective pleading must contain the clear and precise reasons why the legal system is deemed to have been violated, as well as a specific indication of the legal norms considered breached. The appeal shall be heard by the union confederations and the unions of business chambers, through a notice published in the Judicial Bulletin (Boletín Judicial) a single time.\n\nThe judgment issued shall not affect legal situations derived from the appealed judgment, nor shall it affect consolidated legal situations. When it is upheld, it shall be limited to establishing the correct interpretation and application of the legal system and must be published in a specialized section of the official gazette La Gaceta, and shall not imply liability for the courts that resolved differently.\n\nSECTION V\n\nReview (Revisión)\n\nArticle 601.-\n\nAgainst the resolutions of the labor courts, review (revisión) is admissible based on the grounds established in the civil procedural legislation, to which the respective procedure shall conform, and the hearing shall be conducted, when it is necessary to reproduce it, in the manner provided for the case of nullity of the judgment.\n\nCHAPTER TWELVE\n\nResolution of Individual or Collective Legal Disputes through Specialized Arbitrators\n\nArticle 602.-\n\nAll patrimonial legal disputes may be submitted to arbitration, founded on rights over which the parties have full power of disposition, and where it is possible to exclude the jurisdiction of the ordinary courts, whether arising from or intimately linked to the employment or work relationship, pending or not before said courts, for which purpose an arbitration agreement (compromiso de arbitraje) must be executed, which must contain, at a minimum, the description of the legal dispute submitted to arbitration, the specifications referred to in subsections a), c), d), e), and g) of Article 607 of this Code, as well as an express declaration by the parties that the object of the arbitration consists of rights that do not have the character of non-waivable rights (indisponibles).\n\nArticle 603.-\n\nIn any case, an arbitration agreement established in an individual employment contract or in an ancillary agreement thereto, executed as a condition for the establishment of the employment relationship or to avoid its termination, shall be absolutely null. Likewise, an arbitration agreement concerning non-waivable rights shall be absolutely null. Among others of such a nature under the legal system, non-waivable rights include social security benefits and indemnities for the benefit of workers, their family members, and other persons who have the status of heirs under civil legislation, unless they are benefits exceeding those provided for in the indicated provisions, arising from agreement, contract, usage, or custom.\n\nArticle 604.-\n\nArbitral awards shall only produce binding effects for the parties if issued within the framework of arbitration proceedings conducted in accordance with the rules of this chapter. Such proceedings must be processed and decided in conformity with the principles of labor law, both in matters of substantive law and regarding the principles of procedural law, except in cases of public employment relations, in which case the principles of labor law shall apply insofar as they are compatible with the principles and sources of public service law.\n\nOnce the agreement referred to in this chapter is executed, the arbitral tribunal shall have sole jurisdiction to hear the respective dispute. The party with standing may file an exception of lis pendens (litispendencia) if a lawsuit concerning the same dispute is filed before the ordinary courts.\n\nArticle 605.-\n\nThe arbitration must be in law (de derecho), and the tribunal must be composed exclusively of legal professionals and shall resolve disputes in strict adherence to the applicable law.\n\nThe tribunal may be, at the choice of the parties, a sole arbitrator or a panel, selected from a list of at least twenty persons maintained by the Ministry of Labor and Social Security. In the case of sole arbitrator arbitration, the selection shall be made, unless both parties agree otherwise, by the competent authority of the Ministry of Labor and Social Security or of the respective arbitration center, and in the case of a panel tribunal, each of the parties shall designate one person from said list, and the two designees shall choose a third, who shall preside over the tribunal.\n\nArticle 606.-\n\nTo be an arbitrator, the requirements established in Law No. 7727, Alternative Dispute Resolution and Promotion of Social Peace Law (Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, RAC), of December 9, 1997, and its amendments, must be met.\n\nThe composition of the list indicated in the preceding article shall be done through public selection process. The designation shall be valid for five years, and the members may be removed if they unjustifiably refuse to serve in a specific case.\n\nArticle 607.-\n\nThe request shall be filed directly with the Department of Labor Relations (Departamento de Relaciones de Trabajo) of the Directorate of Labor Affairs of the Ministry of Labor and Social Security, or with the respective regional office of this Ministry, competent by reason of territory, which shall function as an arbitration center, without prejudice to what is established by regulation, and shall contain the following:\n\na) The full name, trade name, or corporate name of the parties, address, and other identifying details.\n\nb) A statement of the facts on which the request or dispute is based, specified separately.\n\nc) The request that the dispute be resolved through arbitration.\n\nd) The subject matter on which the arbitrator(s) hearing the case must rule.\n\ne) The designation of the person or persons proposed as arbitrators.\n\nf) The evidence of the facts that, according to this Code, the party is required to prove.\n\ng) Indication of address or means for notifications.\n\nThe request shall be accompanied by an authentic copy of the arbitration agreement (compromiso arbitral).\n\nIt is not necessary to indicate the applicable law in the arbitration agreement, although the parties may indicate the norms they deem useful for resolving the matter.\n\nAs long as all these requirements are not met, the request shall not be processed.\n\nArticle 608.-\n\nThe fees of the arbitrators, unless otherwise agreed, shall be covered by the parties in equal shares.\n\nThe determination of these fees shall be governed according to the following table:\n\n| --- | --- |\n| Seven point five percent (7.5%) on the first one million colones of the economic claim amount; five percent (5%) on the following two million colones; two point five percent (2.5%) on the excess up to five million; one percent (1%) on the excess up to fifty million colones; and zero point fifty percent (0.50%) on the excess over that sum. | |\n\nIn proceedings involving claims not subject to pecuniary estimation, the determination of fees shall be made prudentially, and when pecuniary and non-pecuniary claims are combined, the estimation shall be made taking both into account.\n\nThe determination shall be made by the authority of the respective arbitration center before processing the request, and the parties must deposit the corresponding amount within five days following notification.\n\nNotwithstanding the first paragraph, when the Alternative Dispute Resolution Support Fund (Fondo de Apoyo a la Solución Alterna de Conflictos) created by this law achieves the necessary solvency, its income may be allocated to cover the fees of the arbitrators for workers, as established in the regulations issued.\n\nThe Supreme Court of Justice may update, at least every five years, the scale indicated above, considering the variation of the consumer price index.\n\nArticle 609.-\n\nIf the claimant or the party requesting arbitration fails to comply with any preliminary requirement prior to service of the claim or with the deposit of the arbitration fees, the proceeding shall be terminated and deemed not interposed for all purposes, through a resolution issued by the arbitration center.\n\nWhen the respondent party does not answer or deposit the corresponding fees, the person proposed by the other party shall act as the sole member of the arbitral body, and the proceeding shall proceed with the intervention of the requesting party, provided that party has also fulfilled that obligation, in which case only their evidence shall be received. The opposing party may appear in the proceeding at any time, take the proceeding in the state in which it is found, and exercise any procedural rights that can be asserted at the time of appearance.\n\nArticle 610.-\n\nThe proceeding shall be substantiated through the system of oral hearings (audiencias orales) provided for in this Code, and the burden of proof shall be governed by the provisions of this procedural system.\n\nThe award (laudo) shall be issued in the form and terms also provided for in this Code for the ordinary proceeding. Against the award, only an appeal lies before the cassation chamber competent to hear labor matters for formal defects or for the violation of non-waivable rights.\n\nIf the appeal on procedural grounds is appropriate, the proceeding shall be remanded to the arbitral tribunal to repeat the trial and issue a new award, for which it shall not be entitled to charge additional fees.\n\nIf the violation of non-waivable rights is proven, the Chamber shall, in the same judgment, make the corresponding correction, when appropriate.\n\nArticle 611.-\n\nThe arbitral award, once final, shall have the value of substantive res judicata (cosa juzgada material), does not require protocolization, and shall be enforceable in the manner provided for in the enforcement procedure.\n\nArticle 612.-\n\nMatters related to the respondent party’s answer and all other aspects of the arbitration proceeding shall be governed by the provisions of Law No. 7727, Alternative Dispute Resolution and Promotion of Social Peace Law (Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, RAC), of December 9, 1997, and its amendments, insofar as they do not contradict the provisions of this chapter and, in general, the principles and rules of labor law. The operation of the arbitration centers referred to in this chapter shall be governed by what is established by regulation.\n\nArticle 613.-\n\nThe Bar Association (Colegio de Abogados) is authorized to organize labor arbitration centers, provided that this is at no cost to workers who are eligible to receive free legal aid, as provided in the second section of the second chapter of this title. Such centers shall have their own lists of arbitrators and shall be governed in all other respects by the provisions of this chapter.\n\nThe operation of arbitration centers, in general, shall be established by regulation.\n\nCHAPTER THIRTEEN\n\nResolution of Collective Disputes of an Economic and Social Nature and the Conciliation and Arbitration Procedure\n\nSECTION I\n\nMeans of Resolution\n\nArticle 614.-\n\nThe means of resolving economic and social disputes arising in labor relations are direct settlement (arreglo directo), conciliation (conciliación), and arbitration (arbitraje).\n\nSECTION II\n\nDirect Settlement (Arreglo Directo)\n\nArticle 615.-\n\nEmployers and workers shall attempt to resolve their differences through direct settlement (arreglo directo), with their sole intervention or with that of any other friendly mediators. To this end, workers may establish permanent councils or committees in each workplace, composed of no more than three members, who shall be responsible for presenting complaints or requests to the employers or their representatives, verbally or in writing. Said councils or committees shall always conduct their efforts in a courteous manner and, when appropriate, the employer or their representative may not refuse to receive them, as promptly as possible.\n\nEach time one of the councils or committees referred to in the preceding paragraph is formed, its members shall inform the Department of Labor Relations (Departamento de Relaciones de Trabajo) of the Ministry of Labor and Social Security, by means of a note which they shall sign and send within five days following their appointment.\n\nArticle 616.-\n\nDuring the negotiation process of a collective labor agreement (convención colectiva de trabajo), or once the conciliation or arbitration procedure has begun, and during the execution of a legal strike, a direct settlement may only be entered into with the organization or committee responsible for the negotiation or the dispute.\n\nArticle 617.-\n\nWhen negotiations between employers and workers lead to a settlement, minutes of the agreement shall be drawn up and an authentic copy shall be sent to the Department of Labor Relations (Departamento de Relaciones de Trabajo) of the Ministry of Labor and Social Security within twenty-four hours following the signing. The transmittal shall be made by the employers, and in their default, by the workers, either directly or through a local political or labor authority.\n\nThe General Labor Inspectorate shall ensure that these agreements do not contravene the legal provisions protecting workers and that they are strictly complied with by the parties. Contravention of what was agreed shall be sanctioned with a fine of one to three monthly base salaries, for workers, and twelve to fifteen monthly base salaries, in the event that the violators are employers, as established in subsections 1) and 4) of Article 398 of this law, without prejudice to the right of the party that has complied to demand before the labor courts the enforcement of the agreement or the payment of damages caused.\n\nSECTION III\n\nConciliation Procedure\n\nArticle 618.-\n\nWhen a matter likely to provoke one of the collective disputes of an economic and social nature referred to in Title Six arises in the workplace, the interested parties shall appoint from among themselves a delegation of two to three members, who must be thoroughly familiar with the causes of the disagreement and provided with sufficient authority to sign any settlement.\n\nThis delegation shall have standing to raise the dispute judicially or, alternatively, before the Department of Labor Relations (Departamento de Relaciones de Trabajo) of the Ministry of Labor and Social Security, or before the conciliation body that the parties designate at their own expense.\n\nArticle 619.-\n\nThe delegates shall sign, in duplicate, a list of demands (pliego de peticiones) of an economic-social nature, one copy of which they shall deliver to the respective competent conciliation body, directly or through any local administrative authority. The latter is obligated, under penalty of dismissal, to forward the document as quickly as possible.\n\nThe official who receives the list from the delegates shall give them a certification of the exact time of delivery.\n\nThe original shall be forwarded immediately by the delegates to the other party affected by the matter likely to provoke the dispute.\n\nIn that same list, they shall indicate the name of a person, who must meet the requirements indicated in this title, to serve on the conciliation tribunal.\n\nArticle 620.-\n\nFrom the moment the list of demands is delivered, the dispute shall be deemed raised for the sole purpose that neither party may take the slightest reprisal against the other, nor prevent the other from exercising its rights. Anyone who violates this provision shall be sanctioned in accordance with the provisions of this title, based on the seriousness of the reprisals taken and the number of persons affected by them, and shall compensate for the damages caused.\n\nFrom the moment referred to in this article, any termination of employment contracts must be authorized by the body hearing the dispute, according to the procedure provided in this same Code for granting authorizations.\n\nThe provisions of this article shall apply during conciliation, arbitration, strike, or the procedure, in the case of a failed collective agreement.\n\nArticle 621.-\n\nThe list presented shall clearly state what the demands consist of and to whom they are directed, what the complaints are, the number of workers or employers supporting them, the exact location of the workplaces where the dispute has arisen, the number of workers providing services there, the full name of the delegates, and the date.\n\nIn the same list of demands, the interested parties shall indicate an address for notifications in the manner established in the legislation on notifications.\n\nArticle 622.-\n\nThe conciliation body shall immediately exclude the matters constituting legal disputes that, according to this Code, cannot be heard through this channel, and shall notify the other party, by all means at its disposal, that it must appoint, within three days, a delegation in the manner provided in the first rule of this section, as well as the person it proposes as conciliator. Likewise, in the initial resolution, it shall warn it that it must comply with the provisions of the second paragraph of the preceding article.\n\nThe notification addresses indicated by the party shall be valid for the proposed delegates.\n\nIn the event that the conciliation body considers that the list contains any defect, it shall order the requesting party to remedy it, within a maximum period of five days.\n\nArticle 623.-\n\nThe employer or their legal representative with sufficient authority to bind them may act personally and not through delegates, which they must inform the conciliation body.\n\nArticle 624.-\n\nThe conciliation tribunal shall be composed of the conciliators proposed by the parties and shall be presided over by the head of the respective office, by the competent official of the Department of Labor Relations (Departamento de Relaciones de Trabajo) of the Ministry of Labor and Social Security, or by the private conciliator selected by the parties. During the conciliation period, no appeal whatsoever shall lie against the resolutions of the conciliation body, nor shall recusals, dilatory exceptions, or procedural incidents of any kind be admitted, and each party may designate up to three advisors to help them better fulfill their task, but their presence shall not be a requirement for validly conducting the conciliation.\n\nArticle 625.-\n\nThe conciliation body shall summon the interested parties or the delegations to a hearing, which shall be held within a period of eight to fifteen days, depending on the complexity of the list of demands, with absolute priority over any other matter.\n\nSaid body may convene at the place of the dispute if it deems it necessary.\n\nArticle 626.-\n\nBefore the time set for the hearing, the conciliation body shall hear separately the interested parties or delegates of each party, and they shall answer precisely and comprehensively all questions asked of them.\n\nOnce the claims of the parties have been well determined, in a laconic record, it shall conduct the necessary deliberations and then call the delegates to said hearing, for the purpose of proposing to them the means or general bases for the settlement that its prudence dictates.\n\nArticle 627.-\n\nIt is the obligation of the interested parties or delegates to attend the summons issued by the body. The employer party has the duty to present the delegates it has designated. When not all delegates of a party attend, the proceeding may be validly conducted with the number that has attended, provided that both parties have delegates present or there is employer representation when not acting through delegates.\n\nIf conciliation cannot be carried out due to the unjustified absence of the delegates or the employer or their representative, as applicable, or omission in appointing the persons they must designate as conciliators within the period indicated in Article 622, the conciliator shall draw up a record stating the reason why the proceeding was not carried out and shall conclude their action, and the conciliation stage shall be deemed exhausted for all purposes.\n\nArticle 628.-\n\nThe omission in appointing conciliators within the deadlines established in this Code, the unjustified non-attendance at the conciliation proceeding, and any other conduct tending to obstruct it shall constitute an infraction punishable by a fine of five to eight monthly base salaries. To impose it, the status of the person as employer or worker shall be taken into account, and the provisions of Titles Seven and the present Title shall apply.\n\nIn the same resolution concluding the conciliation procedure, the body shall order the certification of documents to initiate the respective sanctioning process.\n\nThe accused shall be acquitted and the case file archived when just cause is demonstrated that absolutely prevented attendance.\n\nArticle 629.-\n\nIf a settlement is reached, the dispute shall be deemed concluded, and the parties shall be obligated to sign and comply with the agreement drafted within the term set by the body. The party that refuses to sign the agreement shall be sanctioned with a fine determined based on the higher scale of the table contained in Article 398; to set the fine, the economic situation deriving from the status of the parties as employers or workers shall be considered.\n\nThe right of the party that has respected the conciliation settlement to declare a strike or lockout (paro), as applicable, without resorting again to conciliation, is preserved, provided it does so for the same causes that gave rise to the disagreement. Said party may also choose to ask the labor courts for enforcement of the agreement at the cost of the non-compliant party or the payment of damages as prudentially determined by the courts.\n\nArticle 630.-\n\nOnce the conciliation procedures are exhausted without the delegates having accepted the settlement or agreed to submit the dispute to arbitration, the body shall prepare a report, a copy of which it shall forward to the Department of Labor Relations (Departamento de Relaciones de Trabajo) of the Ministry of Labor and Social Security, or which the latter shall retain, as appropriate. This report shall contain a precise enumeration of the causes of the dispute and the recommendations made to the parties to resolve it; additionally, it shall determine which party accepted the settlement or if both rejected it, and the same regarding the arbitration proposed or suggested.\n\nArticle 631.-\n\nThe report indicated in the preceding article or, as appropriate, the conciliation settlement shall be signed by the conciliator or conciliators and all other attendees.\n\nArticle 632.-\n\nIf the delegates agree to submit the matter to arbitration, all documents, evidence, and records that have been submitted or drawn up during the conciliation shall serve as the basis for the corresponding proceeding. If there is a partial conciliation agreement, submission to arbitration shall proceed only regarding the points not agreed upon in the conciliation process, and therefore the award shall incorporate the conciliation agreement as an integral part.\n\nArticle 633.-\n\nIn no case may conciliation proceedings last more than twenty business days, counted from the moment the conciliation body has been legally constituted.\n\nNotwithstanding the foregoing, said body may extend this time limit for as long as the parties mutually agree. Unless such extension is agreed upon, upon expiration of the time limit, the conciliation proceeding shall be deemed definitively exhausted as a matter of law. In such case, the conciliation body must prepare the report indicated in Article 630, within a peremptory period of forty-eight hours.\n\nArticle 634.-\n\nIn the event that there is neither an agreement nor a commitment to go to arbitration, the body shall formally conclude the proceeding, and the workers shall have a period of twenty days to declare a strike. This period shall run from the day following the notification of the final resolution of the qualification proceeding, when they have requested prior qualification. The same rule applies to employers, but the period shall begin to run from the expiration of the month referred to in Article 388.\n\nSECTION IV\n\nArbitration Proceeding\n\nArticle 635.-\n\nThe arbitration proceeding shall be conducted within the same case file as the conciliation, where the arbitration commitment is recorded, with the same delegates or interested parties who participated; however, before the interested parties submit the resolution of a matter that could generate a strike or lockout to the respective arbitration tribunal, they must resume the works or activities that had been suspended, which must be accredited to the court by any means. Arbitration shall be judicial, but if there is an agreement between the parties, the competent official of the Labor Relations Department of the Ministry of Labor and Social Security or of the authorized arbitration center chosen may alternatively be constituted as an arbitral body. If the arbitration is judicial and the conciliation stage has been exhausted administratively, the respective case file must be sent to the competent court.\n\nThe resumption of work shall be under the same conditions existing at the time the list of demands referred to in Article 620 was presented, or under any other conditions more favorable to the workers.\n\nThe designation of a means or place for notifications made during the conciliation shall be valid for the arbitration.\n\nArticle 636.-\n\nWithin eight days following the conclusion of the conciliation, each party shall designate one person as an arbitrator.\n\nThe arbitration must be in accordance with the law in matters involving public administrations.\n\nThe rules of the preceding paragraph and the following ones in this section shall also apply to those cases in which strikes or lockouts are prohibited and arbitration is mandatory.\n\nArticle 637.-\n\nThe arbitration tribunal shall be composed of the two persons proposed for this purpose by the interested parties and the presiding judge of the labor court, competent administrative official, or of the chosen arbitration center, as the case may be, who shall preside over it. Once the communication is received, it shall be transferred to the delegates or to the party regarding the integration of the tribunal for three days, so that they may formulate the recusals and dilatory exceptions they believe are their right. Once that period has elapsed, no further discussion of these matters may be opened, even if it involves lack of competence for reasons of jurisdiction. Recusals filed in the second instance are preserved.\n\nBefore the aforementioned hearing expires, the members of the tribunal who have grounds for disqualification or cause for excuse and know of one or the other shall mandatorily make the corresponding written statement, under penalty of dismissal if they fail to do so or do so subsequently.\n\nArticle 638.-\n\nThe process shall be substantiated through an oral hearing system, in accordance with the provisions of this same Code.\n\nOnce the matters that have been raised are resolved and the corresponding substitutions made, the arbitration tribunal shall hear the parties' delegates separately or in joint appearances and shall exercise the investigative powers granted to it by this Code; it shall personally question the employers and workers in conflict on the matters it deems necessary to clarify; ex officio or at the request of the delegates, it shall order the rapid taking of any evidentiary proceedings it deems appropriate and, especially, it shall seek to be advised by officials of the Ministry of Labor and Social Security, or by experts on the various matters submitted for its resolution. Its rulings or interlocutory orders shall not be subject to appeal.\n\nThe fees of the latter shall be covered by the Judicial Branch or the Ministry of Labor and Social Security, as the case may be.\n\nArticle 639.-\n\nIf either party fails to timely designate the person who will arbitrate or fails to deposit the fees that have been set for the person proposed by it, when it is its responsibility to assume them, the presiding judge of the labor court shall be constituted, as a matter of law and without the need for an express resolution, as a sole arbitrator.\n\nArticle 640.-\n\nThe judgment shall resolve separately the claims based on rights from those involving socio-economic demands that the law does not impose or determine and that are left to the will of the parties in conflict. Regarding the latter, the arbitration tribunal may resolve with complete freedom and in conscience, denying or granting, in whole or in part, what has been requested, or even modifying its formulation.\n\nThe determination of the points of fact shall correspond preferably to the representatives of the employer and worker parties, and the declaration of the law that follows from them shall correspond to the labor judges or the competent administrative official, as the case may be; however, if they cannot reach an agreement, whoever presides over or coordinates the tribunal shall decide the discordance.\n\nThe judgment shall separately record the principal causes that gave rise to the conflict, the recommendations the tribunal makes to remedy them and avoid similar disputes in the future, and the omissions or defects noted in the applicable law or regulations.\n\nArticle 641.-\n\nThe judicial arbitral award may be appealed by the parties before the appellate tribunal of the Second Judicial Circuit of San José (Goicoechea), with a specific, itemized invocation of the grievances that this latter body must resolve. The Supreme Court of Justice is authorized to change this assignment of competence when circumstances so warrant.\n\nThe tribunal shall issue a final judgment within fifteen days following receipt of the case records, unless it orders any evidentiary proceeding to better provide a basis for the decision, which must be completed within twelve days.\n\nThe extrajudicial award shall have the appeals determined by Law No. 7727, Law on Alternative Conflict Resolution and Promotion of Social Peace, RAC, of December 9, 1977, and its amendments, which shall be heard by the Labor Cassation Chamber.\n\nArticle 642.-\n\nThe arbitral award shall be binding on the parties for the period it determines, which may not be less than two years.\n\nThe parties may request the respective labor court to enforce the liquid or liquidable aspects, through the judgment enforcement procedures provided for in this same Code.\n\nThe party that refuses to comply or that breaches the terms of an arbitral award shall be sanctioned in accordance with the provisions of Article 401.\n\nArticle 643.-\n\nAs long as there is no breach of the arbitral award, the proceedings for resolving economic and social conflicts referred to in this Code may not be initiated regarding the matters that gave rise to the proceeding, unless the increase in the cost of living, the decrease in the value of the colón, or other analogous factors, which the labor courts shall assess on each occasion, materially alter the socio-economic conditions existing at the time the judgment was issued.\n\nA certified copy of every final arbitral award shall be sent to the General Labor Inspectorate.\n\nSECTION V\n\nProceeding in the Case of Failed\n\nCollective Bargaining Agreement Initiatives\n\nArticle 644.-\n\nFor the conclusion of collective bargaining agreements, the provisions of Title Two of this Code shall apply.\n\nOnce the period of thirty days referred to in subsection d) of Article 56 has elapsed without full agreement, the resolution of the point or points in dispute shall be made through the procedure regulated in this chapter, with the particularities indicated in this section. If the conciliation stage concludes without reaching an agreement, recourse may be had to a strike or lockout, or, if there is agreement between the parties, the conflict may be submitted to arbitration. Recourse may also be had directly to arbitration, without the need to exhaust the conciliation phase, if there is consent of the parties.\n\nIn any of the scenarios indicated above, the interested party shall have fifteen business days to request the intervention of the conciliation or arbitral body, as agreed between the parties.\n\nArticle 645.-\n\nThe list of demands presented for discussion shall serve as the basis, a copy of which must be attached to the initial request. In addition, the same request shall indicate the name of the person who will act as conciliator or arbitrator for the party, as the case may be, and of its delegates, and shall designate a place or means for notifications. In all other pertinent matters, the provisions of this chapter shall apply.\n\nArticle 646.-\n\nThe respective body shall bring the request to the attention of the other interested party and shall warn it that within three days it must indicate the name of the person who will act as its conciliator or arbitrator and of its delegates, as well as designate a place or means for notifications.\n\nArticle 647.-\n\nThe provisions of the preceding section shall apply to the extent pertinent, including regarding the effects of the omission to appoint the person who will arbitrate or to deposit the established fees.\n\nArticle 648.-\n\nIf the disagreement is only partial, what is agreed upon before the conciliation body or resolved by the arbitral body shall be considered part of the collective bargaining agreement, which shall enter into force as established therein, or in accordance with the provisions of the conciliation agreement or arbitral award, as the case may be.\n\nSECTION VI\n\nCommon Provisions for Conciliation\n\nand Arbitration Proceedings\n\nArticle 649.-\n\nThe persons proposed by the interested parties as conciliators or arbitrators must be over twenty-five years of age, know how to read and write, be of good conduct, be citizens in the exercise of their rights, and be free of the grounds for excuse or disqualification provided for judges.\n\nArticle 650.-\n\nThe persons indicated in the preceding article shall earn, for each session held, a per diem calculated according to the base salary of a conciliation judge. The fees for arbitration and conciliation charged to the worker party shall be covered by the State. The employer party shall assume the cost of those it proposes. In either case, the emoluments must be deposited within three days following the date on which the respective warning is notified, unless the interested party expressly relieves the party of the deposit within that same period, which it shall do under its own responsibility.\n\nThe setting of fees shall be done by the respective body on a prudential basis, once the respective communications are received, calculating, moderately and prudentially, the time that the hearings necessary for the substantiation of the process will consume.\n\nNotwithstanding the provisions of the first paragraph, the fees of the conciliators and arbitrators for the workers may be covered by the proceeds of the Alternative Conflict Resolution Support Fund created by this law, in accordance with the provisions of the regulations issued for this purpose.\n\nThose who act as arbitrators shall not be required to post a bond and, once accepted, the position shall be mandatory and compatible with any other employment, except in cases of prohibitions or limitations resulting from the law for public servants.\n\nArticle 651.-\n\nThe conciliation and arbitration bodies have the broadest authority to obtain from the parties all data and information necessary for the performance of their task, which may not be disclosed without the prior authorization of the person who provided it. The violation of this provision shall be sanctioned in accordance with the provisions of the book of contraventions of the Penal Code (disclosure of secret documents that do not affect national security).\n\nEach litigant is obligated, under the warning that the corresponding assertions of the other party will be deemed true and effective, to facilitate by all means at their disposal the carrying out of these investigations.\n\nArticle 652.-\n\nAlso, the members of these bodies may visit and examine workplaces, demand from all authorities, technical commissions, institutions, and persons, the answering of questionnaires or questions they deem appropriate to formulate for the better clarification of the causes of the conflict. The hindrance or refusal of assistance may be sanctioned in accordance with the provisions of the book of contraventions of the Penal Code (failure to assist authority).\n\nArticle 653.-\n\nEvery proceeding conducted by the conciliation and arbitration bodies shall be recorded in writing at the very moment it is carried out and shall be signed, after being read, by its members and the persons who participated in it, and the place, hour, and day of its performance, the name of the persons who attended, and other pertinent details must be mentioned.\n\nThe observations of the attendees regarding the accuracy of what has been recorded shall be noted, and when anyone refuses to sign, the reason they allege for not doing so shall be stated.\n\nArticle 654.-\n\nThose presiding over or coordinating the conciliation and arbitration bodies shall have the authority to notify and summon the parties or their delegates through judicial, police, or labor authorities, by telegrams, and any other means that circumstances and their good judgment indicate as reliable. These proceedings shall not be subject to any formality other than the record placed in the case file stating that they have been carried out, and, unless there is reliable proof to the contrary, they shall be deemed authentic.\n\nArticle 655.-\n\nThe conciliation and arbitration bodies shall assess the evidence they order according to the rules provided in this same Code.\n\nArticle 656.-\n\nThe deliberations of the conciliators and arbitration tribunals shall be secret. The presiding officer shall set a time to receive the votes. The vote of the presiding officer shall be counted as double in cases where there is no majority of concurring votes.\n\nThe drafting of all resolutions shall always correspond, in the case of collegiate bodies, to the person who presides over it.\n\nArticle 657.-\n\nIn the proceedings referred to in this chapter, each party shall assume all legal expenses required for its processing, except in arbitration, if the award establishes otherwise.\n\nArticle 658.-\n\nThe operation of private labor conciliation centers is authorized, which must be authorized by the Ministry of Labor and Social Security, through the regulations issued for this purpose.\n\nCHAPTER FOURTEEN\n\nQualification of Strike Movements\nand Lockouts\n\nArticle 659.-\n\nQualification, to establish its legality or illegality, may be sought for a strike movement or lockout on which the conciliation proceeding has failed, as well as for any other movement carried out in the private or public sector, outside of that proceeding, that implies either one or the other.\n\nArticle 660.-\n\nQualification may be requested by the trade union or trade unions, the workers' coalition, or the employer or employers directly involved in the strike.\n\nArticle 661.-\n\nQualification must be requested at any time while the strike or lockout persists, except as provided in the final clause of Article 384.\n\nWithout prejudice to the provisions of Article 668, only one qualification process may be attempted for the same movement or facts, provided it involves the same employer, even if it takes place throughout the national territory or in specific regions, without prejudice to the fact that if it occurs only in one workplace, the qualification shall be limited to that workplace.\n\nArticle 662.-\n\nThe initial request shall indicate the following:\n\n1) The name, personal details, identification document, and domicile of the applicant, as well as the capacity in which they act.\n\n2) The causes or motives of the movement, when a conciliation proceeding has preceded it.\n\n3) In other cases, a detailed description of the pressure actions and the indication of the organization, committees, representatives, or persons leading the movement.\n\n4) Indication of the means of proof.\n\n5) Designation of a place or means for notifications.\n\nArticle 663.-\n\nThe respective trade union organization or the workers' coalition named for this purpose, and, as applicable, the employer or employers, shall be considered as the opposing party in the process. Trade union organizations and employers shall be notified in accordance with Law No. 8687, Law on Judicial Notifications, of December 4, 2008. The representatives of the workers or the elected delegates must be notified personally. All shall be warned of their right to appear in the process within three days, alleging what is in their interest, offering pertinent evidence, and witnessing and participating in the receipt of the evidence offered, and they shall be warned to designate a place or means for notifications, with the implications that refusal may have.\n\nIf there is difficulty in carrying out the notification, the situation shall be recorded in the case file and it shall be carried out by means of a publication in one of the newspapers with national circulation.\n\nArticle 664.-\n\nThe evidence must refer solely to the legal requirements necessary for qualification and to the facts related to them. It must be presented in a summary oral hearing, except for documentary evidence, if any, and the verification of support for the movement, which must be carried out, when so requested, with the intervention of a judge, by secret ballot, in accordance with the provisions of Articles 371, 377, and 381, as applicable.\n\nIn the case of prior qualification, the verification of support shall be made by means of the certification of the result of the general assembly of the respective trade union or unions, or by means of the voting records, as the case may be.\n\nThe verification of other relevant facts on site shall be carried out summarily by the judge immediately. If necessary, in highly exceptional cases, another judge from the same office or one who is designated may assist in the proceeding.\n\nFor the purposes of verifying support, persons who were dismissed from work without authorization after the conciliation proceeding began shall be considered as workers of the enterprise, and the workers indicated in Article 382 shall not be counted as such.\n\nArticle 665.-\n\nPolice authorities and those of the Ministry of Labor and Social Security shall have the obligation to collaborate with the jurisdictional bodies, when so requested by them.\n\nArticle 666.-\n\nThe jurisdictional body shall only admit evidence that is strictly necessary and shall reject evidence that is repetitive, excessive, or impertinent. During the hearing, it may postpone the receipt of certain evidence and transfer the continuation of the hearing to another locale or place, if necessary. When so ordering, it shall clearly warn the parties of this, which shall be recorded in the minutes. Likewise, it shall reject any evidence that does not lead to the verification of the requirements or facts indicated in the article two before last.\n\nThe presiding judge shall take all measures to ensure that the process does not suffer delay, shall give it total priority, and shall personally undertake the vigilance and control necessary for the efficiency of the acts composing it.\n\nArticle 667.-\n\nWhen there is no evidence that must be received in a hearing, the judgment shall be issued within three days following the substantiation of the case records. Otherwise, the provisions for issuing judgment in a process with a hearing shall apply, but the maximum period for issuing the judgment shall likewise be three days.\n\nArticle 668.-\n\nDuring the processing of the proceeding, no appeal shall be admissible. Only the judgment shall be subject to appeal before the labor appellate tribunal of the respective territorial jurisdiction, which must resolve within five days. What is finally resolved shall not be reviewable in any other proceeding. The provisions on the reserved appeal against resolutions denying nullities or rejecting evidence are applicable to this process.\n\nThe matter adjudicated establishes res judicata regarding the legality of the movement or facts discussed in the process, according to the causes or motives that served as its basis. Any change in those causes or motives that may subsequently occur may be the object of a new qualification process, if there is an interest in doing so.\n\nA copy of every qualification judgment shall be sent to the Statistics Office of the Ministry of Labor and Social Security.\n\nCHAPTER FIFTEEN\n\nProsecution of Infractions of Labor\n\nor Social Security Laws\n\nArticle 669.-\n\nThe procedure for prosecuting infractions against labor and social security laws shall have a labor-related sanctioning nature and must be initiated by accusation. The injured persons or public institutions, organizations for the protection of workers and trade unions, and the authorities of the National Directorate of the General Labor Inspectorate of the Ministry of Labor and Social Security are entitled to bring action.\n\nWhen private individuals or any authority become aware of possible infractions of said laws, they shall inform the affected institutions and the aforementioned authorities, for appropriate action.\n\nThe judicial authority that has made a complaint shall be disqualified from hearing the case that may be established.\n\nThe administrative labor authorities that, in the exercise of their functions, become aware of any such infractions are obligated to accuse, without incurring any type of liability for doing so.\n\nThe accuser shall be considered a party in the process, for all purposes.\n\nOnly for administrative labor authorities is it necessary to exhaust administrative inspection procedures in order to file the respective action before the competent labor court.\n\nArticle 670.-\n\nThe accusation must be filed in writing before the competent jurisdictional body and shall meet the following requirements:\n\n1) The full name of the accuser, the identification document number, and the domicile. If it involves a representative, they must indicate the capacity in which they appear and present the document accrediting them.\n\n2) A detailed account of the facts, stating the place, day, hour, and year in which they occurred; if they are continuing situations, the status of the latter must be indicated, and, if it has already ceased, the date on which cessation occurred.\n\n3) The name of those responsible for the infraction or that of their collaborators, if any, and, if it involves representatives or directors of a legal entity or social organization, the name of the latter. In all cases, the exact address of the accused where they can be located must be indicated. Legal entities must be notified in accordance with Law No. 8687, Law on Judicial Notifications, of December 4, 2008.\n\n4) The evidentiary elements that, in the judgment of the complainant, lead to the verification of the infraction, the determination of its nature or gravity, and the determination of responsibility.\n\n5) The means for notifications in accordance with Articles 34 and 36 of Law No. 8687, Law on Judicial Notifications, of December 4, 2008, and the duly authenticated signature of the accuser.\n\nArticle 671.-\n\nIf the accusation is not in proper form, the corresponding correction shall be warned, and the matter shall be given the same treatment provided for such cases in the ordinary process.\n\nArticle 672.-\n\nIf the accusation is in proper form, the court shall issue a resolution with the following content:\n\n1) Admission of the process for processing.\n\n2) Summons to the accused and specific indication of the imputed acts for which they are being prosecuted and the legal basis of the accusation.\n\n3) Summons of the parties to a hearing and warning that they must appear with the evidence each is interested in presenting. In this regard, the provisions concerning the summons to the hearing in the ordinary process shall apply to the extent pertinent.\n\n4) Warning to the accused that they may designate a legal professional as a defender.\n\n5) Warning to designate a means for notifications.\n\nWhen for any procedural act it is necessary to summon a person, the judicial authority shall order their summons by certified mail, telegram with delivery confirmation, telephone, or any other means that guarantees the authenticity of the message, in which they shall be warned that if the order is not obeyed, the person may be brought by the Public Force.\n\nWhen the accused party does not provide for its own defense, it shall be supplied by social assistance, but it must cover the cost if it does not meet the requirements to receive such assistance free of charge.\n\nArticle 673.-\n\nIn the first phase of the hearing, a conciliated solution shall be sought, promoting an agreement between the parties. Such a solution shall only be promoted when the possible agreement does not imply an infraction of labor and social security provisions, and the agreements shall only be valid and homologable if they are not contrary to the parties' inalienable rights or in any other way violate said provisions.\n\nRegarding the effects and enforcement of the agreement, the provisions of this Title shall apply. The facts that served as the basis for the accusation may not be invoked again as a cause of infraction.\n\nArticle 674.-\n\nWhen the conciliation attempt fails, as well as in cases where such procedure is not appropriate in accordance with the provisions of Article 667, the second phase of the hearing shall continue.\n\nThe charges against the accused shall immediately be read to them and they shall be heard. If they accept them, judgment shall be issued without further procedure.\n\nOtherwise, the accuser and accused parties shall immediately be given the floor, and the admitted evidence shall be received; finally, after closing arguments, the judgment shall be issued and notified, in the form and terms provided for the hearing act of the ordinary process.\n\nThe hearing may be extended, as provided for in that same process, to receive supplementary evidence or for better provision as ordered by the court, ex officio or at the request of one of the parties.\n\nArticle 675.-\n\nWhen the alleged offender does not voluntarily appear at the hearing, the evidence offered in the accusation shall be received, and judgment shall be issued without further procedure.\n\nArticle 676.-\n\nSocial organizations and, in general, legal entities in whose name the action deemed to be an infraction of labor and social security laws was carried out shall be summoned, through their representatives, as direct parties responsible for the infractions and as eventual jointly and severally liable parties for the economic consequences of the process, in the terms indicated in Article 399.\n\nArticle 677.-\n\nThe conviction judgment shall unavoidably contain:\n\n1) The amount of the fine imposed in monetary value and the number of salaries taken into account to establish it.\n\n2) The indication that the respective amount must be paid within five days after the judgment becomes final, at the place indicated in this same Code.\n\n3) The conviction of the offender, social organization, or legal entity, as applicable, to pay the damages and losses caused and the costs incurred, all of which shall be subject to joint and several liability.\n\n4) The measures or provisions necessary for the restitution of the violated rights.\n\n5) The measures it deems necessary for the reparation of the damages and losses caused and the restitution of all violated rights, all of which shall be carried out through judgment enforcement procedures.\n\nArticle 678.-\n\nIn this proceeding, only decisions ordering the outright rejection or the archiving of the case file, and those denying requested evidence or nullities, shall be appealable, but in these latter two instances they shall be deemed reserved and shall only be taken into account as provided in this Code.\n\nThe judgment produces substantive res judicata and shall be subject to appeal before the labor appeals court.\n\nIn matters of challenges and remedies, the provisions of this Code shall be fully observed, but the trial court's judgment shall be comprehensively reviewed by the appellate body, for which purpose the parties may offer evidence of interest to them, the admissibility of which shall be assessed by the court, which shall be restricted to the matters that are the subject or content of the grievances invoked in the appeal. When appropriate, such evidence shall be taken at a hearing. The second-instance judgment shall be issued in the same form and within the same terms provided for the judgment in an ordinary proceeding.\n\nArticle 679.-\n\nFines shall be paid at one of the banks of the National Banking System, to the order of the Ministry of Labor and Social Security, into an account that the bank shall indicate for this purpose. Said amount shall be included in the national budget of the Republic, to be transferred in favor of said Ministry, which, in turn, shall distribute it in the following manner:\n\na) Fifty percent (50%) of the total collected into a special account of the National Directorate of General Labor Inspection, for the purpose of improving inspection systems.\n\nb) The remaining fifty percent (50%) shall be transferred directly in the name of the Non-Contributory Regime of the Costa Rican Social Security Fund.\n\nIf the fine is not paid in a timely manner, the National Directorate of General Labor Inspection may seek its payment within the proceeding, through the summary asset enforcement procedure. It shall also be considered legitimized to promote the seizure and auction of assets, in the event that it did not appear as a party in the prior phase of the proceeding, as well as to pursue any other enforcement avenue.\n\nArticle 680.-\n\nThe review of judgments convicting for violations of labor and social security laws shall be governed, as pertinent, by what is provided in this regard in Article 601.\n\nArticle 681.-\n\nOf every final judgment issued in matters of faults or violations regulated in this Title, a literal copy shall be mandatorily sent, by electronic means and within a period of fifteen days, to the General Labor Inspection and also to the respective social security institution, when it concerns violations of the laws regarding the insurance it administers, unless it appeared as a party in the proceeding.\n\nTo the extent they are compatible, the provisions established regarding administrative violations and sanctions in Law No. 4755, Code of Tax Norms and Procedures, of May 3, 1971, Law No. 6227, General Law of Public Administration, of May 2, 1978, and Law No. 8508, Contentious-Administrative Procedure Code, of April 28, 2006, shall apply supplementarily.\n\nTITLE ELEVEN\n\nLABOR REGIME OF STATE SERVANTS\n\nAND ITS INSTITUTIONS\n\nCHAPTER ONE\n\nGeneral Provisions\n\nArticle 682.-\n\nA worker of the State, its institutions, or organs is any person who provides to the former or the latter a material, intellectual, or both types of service, by virtue of an appointment issued by a competent authority or official, or by virtue of an employment contract in cases governed by private law.\n\nPublic-nature servants are governed by the corresponding statutory norms, special laws, and applicable regulatory norms, and by this Code, in all matters not contemplated in those other provisions. Relations with workers under a private regime shall be governed by common labor law and related provisions, unless the law provides otherwise. Conciliations, collective agreements, and arbitration awards may also apply, provided they are concluded or issued with respect to the provisions of this Code and the limitations arising from this Title.\n\nArticle 683.-\n\nThe concept of the preceding article includes, regarding the payment of benefits provided for in Articles 28, 29, and 31, as applicable, all public servants, with the exceptions arising from this Code and from special laws or provisions.\n\nThe following are specifically excluded from said payment:\n\n1) The President and the Vice Presidents of the Republic.\n\n2) The deputies, the municipal mayors, the municipal council members, and any other public servant of popular election.\n\n3) The ministers, the vice ministers, and the senior officials.\n\n4) The magistrates of the Supreme Court of Justice and of the Supreme Electoral Tribunal, the persons who make up the Superior Council of the Judiciary, and the head of the Public Ministry.\n\n5) The Comptroller General and the Deputy Comptroller General of the Republic, and whoever holds the position of general regulator of public services.\n\n6) The Ombudsperson and the Deputy Ombudsperson of the inhabitants.\n\n7) The Attorney General of the Republic, and the person who occupies the Office of the Deputy Attorney General of the Republic.\n\n8) Those who occupy the executive presidency and the management of autonomous and semi-autonomous institutions.\n\n9) The persons who occupy the boards of directors of autonomous and semi-autonomous institutions, the members of education boards and school boards, and, in general, all the directive members of boards, entities, or organisms, dependent on or related to the Branches of the State.\n\n10) Persons who, without a relationship of subordination, receive from the State, its institutions, or organisms, subsidies, aid, fees, or any remuneration under another denomination, for work of any nature.\n\nArticle 684.-\n\nThe persons excepted in the preceding article shall not be governed by the provisions of this Code, but solely by those established by special laws, decrees, or agreements. However, with the exception of persons holding positions of popular election, they shall have the right to payment of severance pay if they retire or are pensioned, or pass away in office with pension rights, without prejudice to what special laws provide. The payment of severance pay shall be appropriate in these cases when the pension benefit is acquired for the first time.\n\nArticle 685.-\n\nIn the event of justified cause for dismissal, the servants indicated in the initial article of this Title shall not be entitled to the indemnities indicated, with the exceptions allowed by special laws, autonomous labor regulations, or collective agreements concluded in accordance with the provisions of this Code. Justified cause shall be qualified and determined in accordance with Articles 81 and 369 of this Code and in accordance with what is provided on the matter by the laws relating to the State dependencies in which said servants work, and by the regulations or other norms when they establish more beneficial conditions for the workers.\n\nDisciplinary proceedings pending against a public servant who resigns or retires must continue, and the payment of any severance pay that might correspond to them shall be suspended, which shall only be made effective when the dismissal is declared without employer liability.\n\nArticle 686.-\n\nPublic servants who receive severance assistance may not hold remunerated positions in any State dependency for a period of time equal to that represented by the sum received for said concept or under another title, as indemnity, longevity recognition, or any other similar benefit paid by the employer that originates from the termination of the service relationship, with the exception of labor capitalization funds. If within that period they should accept any position, they shall be obliged to reimburse the Public Treasury the sums received and shall deduct those representing the wages they would have earned during the time they remained unemployed.\n\nThe Attorney General's Office of the Republic, when it concerns the State, or the legal representative of the other public entities, with legal personality and capacity under public and private law that made the payment, shall proceed with the collection of the sums that must be reimbursed, for contravention of the prohibition established in the preceding paragraph, based on certifications issued by the corresponding offices. Such certifications shall have the character of an executory title for the amount resulting from the liquidation made by the administration.\n\nArticle 687.-\n\nThe workers referred to in the initial article of this Title who do not have the right to stability in their jobs may only be dismissed without just cause, with the simultaneous issuance of the order for payment of the benefits to which they are entitled. The dismissal agreement and the payment order must be published on the same date in the official gazette La Gaceta.\n\nCHAPTER TWO\n\nResolution of Economic and Social Conflicts and of\n\nCollective Agreements in the Public Sector\n\nSECTION I\n\nSubjective and Objective Scope\n\nArticle 688.-\n\nConciliations and arbitration awards for the resolution of economic and social conflicts of workers of the public sector, as well as collective agreements, shall be valid, provided they conform to the following provisions.\n\nArticle 689.-\n\nAll workers of said sector have the right to a negotiated or arbitrated solution, except:\n\n1) Those excepted in Article 683 of this Code.\n\n2) Persons who serve as general or executive directors and deputy directors, auditors and deputy auditors, deputy managers, heads of internal dependencies responsible for the management of public income or expenditure, advisory officials, and senior legal oversight officials who participate directly in the negotiation.\n\n3) The personnel indicated in Articles 3, 4, and 5 of the Civil Service Statute, with the exception of persons who hold positions on an interim basis, interim or aspiring primary education teachers, and interim or aspiring secondary education teachers, and those paid for special services or funds contemplated in the budget law's relationship of positions, contracted for a specific work, who may derive rights from the collective agreements referred to in this law.\n\nArticle 690.-\n\nWith the limitations to which reference will be made, the following matters may be the subject of resolution in the aforementioned manner:\n\na) Union rights and guarantees for both the leaders of the organizations and for the unions themselves as legal persons of indefinite duration. These rights and guarantees include those of assembly, facilities for the use of premises, paid and unpaid leave for leaders, facilities for the dissemination of activities, as well as any other contained in Recommendation Number 143 of the International Labor Organization or in the specific recommendations of the Committee on Freedom of Association of the latter organization. It is understood that the application of the guarantees mentioned herein must not seriously or imprudently alter the efficient functioning or the continuity of the essential services of each institution or dependency.\n\nb) Everything related to the application, interpretation, and regulation of the current collective law norms.\n\nc) The disciplinary regime, provided there is no express or tacit waiver nor delegation of the legal or regulatory powers granted in this matter to the heads of the institutions or dependencies.\n\nd) The regulation and oversight of hiring, promotion, and professional career regimes, without prejudice to what is established by the legal and regulatory norms existing in each institution or dependency, which shall be of mandatory observance.\n\ne) The internal preparation of descriptive job manuals and the application of internal procedures for the assignment, reassignment, reclassification, and restructuring of positions, within the limits established by the general directives of the Executive Branch, the norms of the Civil Service Statute and its regulations, or other statutory norms. It is understood that any decision adopted in this field that does not expressly contravene what is provided by the general directives of the Executive Branch may in no case be objected to by the external control authorities or by the Budgetary Authority.\n\nf) Occupational safety, hygiene, and health measures, as well as precautionary measures in case of natural disasters. Union organizations and the heads of each institution or dependency may create bipartite and parity bodies for purposes of determining the needs of the latter and of their workers in the field of occupational safety and health.\n\ng) The procedures and policies for the assignment of scholarships and work incentives.\n\nh) The establishment of salary incentives for productivity, provided they are agreed upon within the framework of the policies that the boards of directors of each entity or the Executive Branch itself have previously designed regarding their general objectives and limits of public spending.\n\ni) Matters related to salaries and the assignment, calculation, and payment of all types of salary bonuses, such as exclusive dedication, availability, relocation, zoning, hazardous duty pay, and any other economic demand, provided it does not contravene any legal or regulatory provision of a prohibitive nature or the consistency of salary structures, and subject to the provisions of Article 695.\n\nj) The creation and functioning of bipartite and parity bodies, provided none of them are delegated public-law competencies or powers corresponding to the heads of each institution, as defined by law or regulation.\n\nk) The right of workers and their organizations to have timely and accurate information on the projects or decisions of the collegiate bodies and managements of each institution or dependency, when they directly affect them or may represent a public interest.\n\nl) The right of workers' organizations and their leaders to have their requests attended to and answered in the shortest possible time by the heads of each institution or dependency, with the sole exception of requests that are openly impertinent or unnecessary.\n\nm) Other supplementary matters, benefits, or incentives of labor collective bargaining that, in accordance with the law, do not exceed the competence of the administrative organs.\n\nSECTION II\n\nValidity Requirements\n\nArticle 691.-\n\nThe public servants indicated in Articles 683 and 689 are automatically excluded from the advantages of any nature that may derive from collective agreements, conciliatory settlements, arbitrations, and any agreement for the resolution of an economic and social conflict, whether by inclusion or express or indirect reference.\n\nIt is also expressly prohibited to make technical adjustments in application of any collective instrument, for the direct or indirect benefit of the indicated servants.\n\nArticle 692.-\n\nLikewise, it is absolutely prohibited to dispense with or make exceptions to current, duly promulgated laws or regulations by means of the resolution mechanisms.\n\nIt is understood that when it concerns expenditures that affect the national budget or that of a particular institution or company, the decisions issued by the hierarchies and the arbitration bodies must conform not only to the restrictions resulting from this normative framework but also to the constitutional norms regarding the approval of public budgets, which, if disrespected, shall imply the absolute nullity of what has been provided.\n\nArticle 693.-\n\nArbitration shall be based on law, not conscience, and the respective arbitration tribunals must be composed exclusively of legal professionals and located in a judicial venue.\n\nArticle 694.-\n\nNo person who may actually or potentially receive any benefit from the collective agreement to be signed may form part of the delegations acting on behalf of the employer. Likewise, there shall be a disqualification if the result could benefit their spouse, companion, or cohabitant, or their relatives, as indicated in the second paragraph of Article 48 of Law No. 8422, Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Service, of October 6, 2004.\n\nArticle 695.-\n\nThe agreements and accords adopted in any type of collective bargaining with servants under a public employment regime shall be subject, for their validity and effectiveness, to the approval of the hierarchical organ of the institution or company with the competence to bind it, after prior verification of the limits and requirements of validity.\n\nThe respective act must be issued within the month following the agreement.\n\nThe non-approval of the agreement by the Administration does not constitute an offense punishable through repressive means.\n\nIn the case of norms that, due to their nature or their impact on the principle of budget legality, require legislative or regulatory approval, their effectiveness shall be conditioned upon inclusion in the budget law or in the respective regulations, as well as upon approval by the Comptroller General of the Republic when it affects the budgets of institutions whose ordinary and extraordinary budgets or budget modifications require the approval of the latter entity. In any case, the agreements reached through the Public Sector Wage Negotiating Commission shall be binding on the parties, and to this effect, the administrations shall issue the necessary administrative acts to make them effective throughout the centralized and decentralized public sector.\n\nCHAPTER THREE\n\nCollective Bargaining in the Public Sector\n\nSECTION I\n\nLegitimation to Bargain\n\nArticle 696.-\n\nTrade unions that demonstrate having the largest number of members in each institution, company, or dependency in question shall be legitimized to bargain and sign collective agreements in accordance with this normative framework, pursuant to the provisions of Article 56 of this Code.\n\nIf there is no agreement among them to bargain jointly, the collective agreement shall be entered into with the union having the largest number of members. However, in the case of trade or craft unions, when there is no agreement on their part to bargain jointly with other organizations, each may request that an independent bargaining be held with it, in which case the collective agreement may only cover the persons of that trade or craft. In the event that it must be determined which is the most representative union among a plurality of unions, the Department of Social Organizations of the Ministry of Labor and Social Security shall certify it. For this purpose, it shall conduct a workplace study of the membership of each of the interested unions, through the review of the payrolls and membership reports duly submitted to the Department. The study shall be based on the data existing at the time the bargaining request was made. This certification shall have a validity period of one year, after which any existing union in the bargaining unit may request a review of the study. Said Department shall have fifteen working days to conduct the corresponding study.\n\nArticle 697.-\n\nIn the case of collective agreements that will govern in more than one company or institution, all unions with membership in at least one of the companies or institutions in the sector may participate in the bargaining, whether they are trade, industrial, or company unions, provided they achieve a membership duly certified by the Ministry of Labor and Social Security of at least twenty percent (20%) of the total unionized workers in any of the companies or institutions in the sector covered by the bargaining.\n\nThe number of negotiators shall be accredited before the institution or companies participating in the bargaining in proportion to the total union membership held by the unions in the sector as a whole. One person shall be assigned at the bargaining table as a union representative for every one thousand workers affiliated in the sector, in which case they shall have the right to have at least one union representative. The decisions of the workers' representation shall be taken under the criterion of one vote per union representative and shall conform to the will of the simple majority of the votes counted in each necessary vote.\n\nArticle 698.-\n\nThe companies, institutions, or dependencies of the State that are preparing to bargain and sign a collective agreement must accredit a delegation of the highest level, chosen by the organ of highest hierarchy. To this effect, the companies, institutions, and dependencies may even, if they consider it necessary, hire external professional staff to integrate or advise the delegations mentioned here.\n\nIn the case of bargaining by sector, in which several institutions or companies participate, the Executive Branch shall designate the representatives of the employer's delegation. The decisions of this party shall be taken by simple majority of votes in each necessary vote, in which each person shall have one vote.\n\nArticle 699.-\n\nIn case of conflict in determining the union organization or organizations legitimized to bargain and sign a collective agreement, the head of the institutions or any of the involved union organizations may request the Ministry of Labor and Social Security to make the corresponding designation, in accordance with the provisions of Article 56 and the provisions of this chapter.\n\nSECTION II\n\nBargaining Procedure\n\nArticle 700.-\n\nOnce the legitimation of the union organization or organizations authorized to bargain has been firmly determined, and a draft collective agreement has been formally submitted to each institution or dependency, the selection and empowerment of the commission that will represent the employer party, referred to in the preceding section, shall proceed. The period for making said designation may not extend beyond fifteen calendar days, counted from the date on which the requirements referred to in this article are fulfilled.\n\nThe unions must accredit the persons who will represent them within the same period, and this number may not exceed the total of the employer's delegation.\n\nIn the case of collective agreements by sector, involving more than one institution or company, the accreditation shall be made in accordance with the rules established in Article 697, for which purpose the Ministry of Labor and Social Security must be requested to make a prior determination of the total number of unionized workers in the set of institutions or companies, the percentage of unionized workers that each union has in said institutions or companies individually considered, and the number of members each participating union has in the set of the involved sector.\n\nArticle 701.-\n\nWhen there are several union organizations at the bargaining table and each one of them has submitted its own draft collective agreement, they shall be requested to prepare a single draft prior to the bargaining. If, within a period of one calendar month, counted from the notice to be given to them by the head of the respective institution or company, they have not fulfilled the requirement established here, the draft presented by the majority union shall be considered the draft to be bargained, if the bargaining is in a single company or negotiation, or the draft supported by the majority of union representatives, if it is a bargaining by sector.\n\nIt is understood that any of the parties involved in the bargaining, or both jointly, may request the intervention, as a conciliator, of one or more officials of the Ministry of Labor and Social Security, without the request made to said Ministry being obligatory for it when it lacks sufficient resources to attend to the bargaining.\n\nArticle 702.-\n\nThe bargaining shall cover all aspects and points of the draft that has been formulated to the administration or administrations, and minutes must be drawn up for each working session, which shall be signed by the representatives of both parties.\n\nArticle 703.-\n\nIn addition to the individual minutes of each session, at the end of the bargaining process, a closing minute shall be drawn up which shall contain the complete text of the clauses that were bargained and shall indicate which clauses of the draft were discarded or could not be bargained for lack of agreement on them.\n\nArticle 704.-\n\nWhat has been definitively agreed upon at the bargaining table, once approved by the Administration, shall be valid between the parties and shall have a duration of one to three years, as they themselves determine. The approval by the Administration must be made within a maximum period of one month. If said approval does not occur within that period, the bargaining shall be understood as definitively approved by the Administration, and a copy of what has been firmly bargained shall be sent by either party to the General Directorate of Labor Affairs of the Ministry of Labor and Social Security for its deposit; in addition, it must be published in the official gazette La Gaceta, free of charge to the parties. The duration of each norm may be indicated individually, or of the collective agreement in its entirety.\n\nCHAPTER FOUR\n\nConciliation, Arbitration, and Strike in the Public Sector\n\nArticle 705.-\n\nThe conciliation proceeding involving servants of the State under any regime shall be carried out in accordance with what is provided in this Code, with the modifications arising from the following special rules:\n\na) The designation of the delegates and of the person who will make up the conciliation board must be made by the employer party within fifteen days.\n\nb) The agreement reached shall be subject to what is indicated in Articles 691 and 692 and is always understood to be conditioned on the approval of the organ with the authority to bind the employer party.\n\nc) If there is no settlement and the case is not one of an agreement between the parties to submit the differences to arbitration, the proceeding shall be deemed concluded, and the avenue of a strike shall thus be open, provided all the requirements set forth in this Code for its legality are met. The initiation of the action shall be governed by what is established in Title Six of this Code. The same solution shall apply in the event that the settlement adopted is not approved by the Administration.\n\nArticle 706.-\n\nIt is optional for the Administration and its servants to submit the resolution of economic and social conflicts to arbitration, in which case what is provided in this same Code shall apply, with the exceptions and limitations established in this chapter.\n\nArticle 707.-\n\nWorkers, whatever their regime may be, who are prevented from declaring a strike because they work in essential services, once conciliation has failed, have the right to submit the resolution of the economic and social conflict to arbitration, in the form, terms, and conditions indicated in this normative framework.\n\nArticle 708.-\n\nDuring a declared strike, settlements or agreements aimed at resolving the conflict directly may be made, which must respect the legal order in the manner indicated in this Title.\n\nArticle 709.-\n\nMandatory arbitration is applicable in the public sector, in relation to its servants, under both private and public employment regimes, in the event of an exhausted legal strike.\n\nArticle 710.-\n\nAny strike action in the public sector must be carried out with respect for the provisions of chapters one and three of Title Six of the Labor Code.\n\nCHAPTER FIVE\n\nEffects of Collective Agreements in the Public Sector\n\nArticle 711.-\n\nCollective agreements bargained and signed in accordance with the provisions of this Title shall have the effects indicated in Article 62 of the Political Constitution and Articles 54 and 55 of this Code.\n\nIn the case of norms that, due to their nature and their impact on the principle of budget legality, require legislative approval, the effectiveness of what has been bargained shall be subject to inclusion in the respective general budget law of the Republic or in any extraordinary budget law that is enacted. The public authority shall not use its prerogatives in financial matters to the detriment of what has been agreed.\n\nIn the case of decentralized administration, the corresponding budgetary modifications must be included within a period of three months. If this period is not met, the interested party may send the pertinent communication to the Contraloría General de la República, so that no approval or modification procedure is executed regarding the budgets of the respective public administration, until the corresponding budget line item is included.\n\nArticle 712.-\n\nPursuant to the provisions of the preceding article and without prejudice to the specific reservations set forth therein, the rules of a valid and effective collective bargaining agreement (convención colectiva) shall be of mandatory compliance for the parties that sign it and for all current and future workers of the institution, company, or workplace, and compliance may be judicially demanded or, as applicable, the payment of damages (indemnizaciones de daños y perjuicios) for non-compliance, both on behalf of the affected workers and the harmed trade union organizations, as the case may be.\n\nArticle 713.-\n\nWhat is provided in a collective bargaining agreement (convención colectiva) signed in accordance with the rules of this title may only be annulled when an evident and manifest nullity is declared through judicial proceedings, in accordance with Law No. 6227, Ley General de la Administración Pública, of May 2, 1978, or through the lesividad proceeding, attending to questions of form in the formation of the will of the parties or when prohibitive legal or regulatory rules have been violated.\"\n\nARTICLE 3.-\n\nThe following provisions are amended:\n\na) From Law No. 2, Código de Trabajo, of August 27, 1943, Article 35, the last paragraph of Article 85, Article 94 bis, Article 303, Article 309, the first paragraph of Article 310, and Article 311. The texts are as follows:\n\n\"Article 35.- Upon the expiration of any employment contract, the employing party, at the request of the worker, must give the worker a certificate stating:\n\na) The date of entry and exit.\n\nb) The type of work performed.\n\nIf the worker so desires, the certificate shall also determine:\n\nc) The manner in which the worker worked.\n\nd) The causes for the withdrawal or termination of the contract.\n\nIf the expiration of the contract is due to dismissal for fault attributed to the worker, delivery of the dismissal letter shall be mandatory; the fact or facts upon which the dismissal is based must be described punctually, in detail, and clearly. Delivery shall be made personally, at the time of dismissal, and receipt must be documented. If the worker refuses to receive it, the employing party must deliver it to the local office of the Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social and, if none exists, it shall be delivered or sent to the nearest office of that Ministry by certified mail, which must be done no later than within ten calendar days following the dismissal. The causal facts indicated in the dismissal letter shall be the only ones that may be judicially alleged, if a dispute arises.\"\n\n\"Article 85.-\n\n[...]\n\nFor the payment of the indicated benefits, the procedure in title ten of this same Code shall apply.\"\n\n\"Article 94 bis.-\n\nA pregnant or breastfeeding worker who is dismissed in contravention of the provisions of the preceding article may seek, before the labor court (juzgado de trabajo), her immediate reinstatement, with full enjoyment of all her rights, through the procedure established in title ten of this Code.\n\nThe worker may opt for reinstatement, in which case the employer must pay her, in addition to any severance pay to which she is entitled and as damages (daños y perjuicios), the sums corresponding to the pre-natal and post-natal subsidy, and the wages she would have ceased to receive from the moment of dismissal, until completing eight months of pregnancy.\n\nIf it concerns a worker in the breastfeeding period, she shall be entitled, in addition to severance pay (cesantía) and as damages (daños y perjuicios), to ten days' wages.\"\n\n\"Article 303.-\n\nClaims for occupational hazards (riesgos de trabajo) shall be processed before the competent court and according to the procedure indicated in title ten of this Code.\"\n\n\"Article 309.-\n\nThe faults and infractions established by this law and its regulations, and whose sanctions are not expressly contemplated in special rules, regardless of the liability they entail for the offender, shall be sanctioned in accordance with the provisions of title seven of this Code.\n\nArticle 310.-\n\nA fine shall be imposed on the employer in accordance with the provisions of Article 398 of this Code, in the following cases.\n\n[.]\n\nArticle 311.-\n\nA fine shall be imposed in accordance with the provisions of Article 398 on the worker of any ministry or institution, municipality, or other body forming part of the Public Administration, who authorizes the execution of acts, contracts, or work in contravention of the provisions of this title or its regulations.\"\n\nb) From Law No. 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, of May 5, 1993, subsection 2) of Article 55 and Articles 98, 109, and 116. The texts are as follows:\n\n\"Article 55.-\n\n[...]\n\n2) Regarding the cassation appeal (recurso de casación) in matters of labor jurisdiction whose amount in controversy, determined exclusively by the sum of its non-accessory claims, conforms to the amount established for this appeal by the Corte Plena, or when the amount is inestimable. It shall also hear the cassation appeal (recurso de casación) available in proceedings for the protection of special privileges (fueros especiales) and the safeguarding of due process, regardless of whether the employment relationship is public or private. What the Chamber resolves regarding jurisdiction to hear the cassation appeal (recurso de casación) shall be binding on the other jurisdictional bodies.\n\n[...]\"\n\n\"Article 98.- The appellate courts (tribunales de apelación) shall hear:\n\n1) The appeals available in matters heard by the labor courts (juzgados de trabajo), except for deferred appeals that must eventually be heard by the cassation bodies.\n\n2) Other matters as determined by law.\"\n\n\"Article 109.- The labor courts (juzgados de trabajo) shall hear:\n\n1) All matters indicated in title ten of the Código de Trabajo.\n\n2) Economic and social legal conflicts corresponding to their territorial jurisdiction and those of other jurisdictions, as determined by the Corte Suprema de Justicia.\n\n3) Any other matter or proceeding whose jurisdiction is attributed to them by law.\"\n\n\"Article 116.- The petty offense and small claims courts (juzgados contravencionales y de menor cuantía) shall hear, in labor matters, as labor courts (juzgados de trabajo) by operation of law, all matters, whatever their economic value, corresponding to their territorial jurisdiction, except for collective conflicts of an economic and social nature, provided that there is no labor court (juzgado de trabajo) in their territory.\"\n\nc) From Law No. 6227, Ley General de la Administración Pública, of May 2, 1978, Article 112. The text is as follows:\n\n\"Article 112.-\n\n1) Administrative law shall be applicable to service relationships between the Administration and its public servants.\n\n2) Service relationships with laborers, workers, and employees who do not participate in the public management of the Administration, in accordance with the third paragraph of Article 111, shall be governed by labor or commercial law, as the case may be.\n\n3) However, the legal or regulatory provisions of public law that are necessary to guarantee administrative legality and morality shall also apply to the latter, as determined by decree of the Executive Branch (Poder Ejecutivo).\n\n4) For criminal purposes, said servants shall be deemed public.\n\n5) They have the right to negotiate collective bargaining agreements (convenciones colectivas de trabajo), in accordance with the provisions of Article 62 of the Constitución Política, both in state-owned enterprises and economic services and in the rest of the Public Administration, for all public employees who do not participate in administrative public management, according to the determination made thereof by Articles 683 and 689 of Law No. 2, Código de Trabajo, of August 27, 1943.\"\n\nARTICLE 4.- Articles 56, final paragraph, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 328, and 329 of Law No. 2, Código de Trabajo, of August 27, 1943 are repealed; Articles 94 and 123 of Law No. 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, of May 5, 1993, and Law No. 4284, which created the Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía, of December 16, 1968, are repealed.\n\nARTICLE 5.- The current Tribunal de Trabajo, based in the Segundo Circuito Judicial de San José, is maintained, which shall have functions as an Appellate Court and shall be restructured by reducing its number of judges to the necessary quantity. The Corte Suprema de Justicia shall maintain or create, in a timely manner, as part of the same court, the sections necessary to adequately handle the volume of work.\n\nARTICLE 6.- Appellate courts (tribunales de apelaciones) are created in the judicial circuits of Alajuela, Heredia, Cartago, Puntarenas, San Carlos, Pérez Zeledón, Limón, and Pococí, with the territorial jurisdiction determined by the Corte Suprema de Justicia and composed of three judges. They shall begin functioning when, in the judgment of the Corte Suprema de Justicia, the volume of work so warrants. The Court is empowered to make jurisdictional attributions to the currently existing courts, creating, if necessary, specialized sections for labor matters.\n\nARTICLE 7.- The current small claims labor courts (tribunales de trabajo de menor cuantía) are converted into labor courts (juzgados de trabajo) with ordinary jurisdiction, but the Corte Suprema de Justicia is empowered to exclusively entrust them with hearing matters of a specific specialty or amount in controversy.\n\nARTICLE 8.- A labor court (juzgado de trabajo) is created in the following locations: in the province of San José: in Desamparados, Hatillo, and Puriscal. In Alajuela: in Grecia, San Ramón, and San Carlos. In Cartago: in Turrialba. In Heredia: in San Joaquín de Flores. In Guanacaste: in Liberia, Cañas, Santa Cruz, and Nicoya. In Limón: in Pococí. In Puntarenas: in Aguirre, Golfito, and Corredores. These offices shall begin functioning when necessary, as determined by the Corte Suprema de Justicia, and shall have the territorial jurisdiction assigned to them by it.\n\nARTICLE 9.- The Corte Suprema de Justicia is empowered to issue the practical rules necessary for the application of this law.\n\nARTICLE 10.- The Fondo de Apoyo a la Solución Alterna de Conflictos is created, which may be called Fasac by its acronym, and shall be administered by the Corte Suprema de Justicia through one of the entities authorized to manage capitalization funds.\n\nThe Fund shall be formed with:\n\na) Fifty percent (50%) of the legal fees corresponding as personal legal costs (costas personales) to the party sponsored by social assistance. These parties and the courts shall ensure that the payment of such fees is made effective, by depositing them where appropriate.\n\nb) Any other contribution stipulated by law.\n\nThe proceeds of the Fund shall be allocated:\n\n1) Primarily, to cover the arbitration and conciliation fees demanded by labor proceedings initiated for the resolution of legal, economic, and social conflicts.\n\n2) To finance support programs for alternative conflict resolution in the labor field.\n\nIt is prohibited to change this allocation.\n\nMatters relating to administration, priority, and timing in which the proceeds shall be applied, and everything concerning the functioning of the Fund, shall be regulated by way of regulation.\n\nARTICLE 11.- This law is of public order, repeals any laws opposing it, and takes effect eighteen months after its publication.\n\nTRANSITORY PROVISIONS\n\nTRANSITORY I.- This reform shall be applicable to proceedings initiated before the effective date of this law, with the following exceptions:\n\n1) The applicable evidentiary regime (evidentiary burdens and assessment of evidentiary elements) shall be that of the prior legislation.\n\n2) Proceedings in which, on the date this reform takes effect, a date for the evidentiary hearing had already been set shall continue to be governed, for all purposes, by the prior legislation. The jurisdictional bodies shall retain the competencies established in that system, even if their denomination is modified.\n\n3) In any case, resolutions issued prior to the effective date of this reform shall maintain the means of challenge guaranteed to them by the repealed laws.\n\nThe Corte Suprema de Justicia is empowered to maintain or create, when necessary, the judicial positions required to continue exclusively handling the proceedings initiated prior to this reform that must continue to be processed under the regulations being repealed.\n\nTRANSITORY II.- The new rules on statute of limitations (prescripción) and any other modification affecting substantive relations shall apply to events occurring after their effective date. Rights and actions derived from events occurring before their effective date shall be governed by the legal provisions in force at the time they occurred, in harmony with the provisions of ruling No. 5969 of the Sala Constitucional, at 3:21 p.m., of November 16, 1993, clarified by resolution at 2:32 p.m., of June 7, 1994.\n\nTRANSITORY III.- Officials excluded from the application of the regime of this Code, appointed before the entry into force of this law, who are currently paid severance pay (cesantía) upon retirement, pension, or death, shall retain those rights, in the amounts or proportions paid to them.\n\nTRANSITORY IV.- In locations or jurisdictions where the volume of work does not justify the functioning of specialized courts, for as long as this situation persists, labor justice shall be administered by mixed courts and tribunals, as determined by the Corte Suprema de Justicia.\n\nTRANSITORY V.- The current small claims labor courts (tribunales de trabajo de menor cuantía) are restructured as specialized single-judge courts and shall continue hearing small claims labor proceedings and any others assigned to them. The Corte Suprema de Justicia is empowered to carry out the required reorganization, to order the classification of positions and the horizontal or promotional transfer of personnel who, as a result of the restructuring, are no longer necessary in those offices, without prejudice to their labor rights. They shall continue hearing pending matters, applying the repealed law, but in a single-judge manner, according to an equitable distribution to be made, until their finalization.\n\nTRANSITORY VI.- If the new workloads of the Tribunal de Apelaciones de Trabajo of the Segundo Circuito Judicial de San José (Goicoechea) do not warrant maintaining additional sections, the persons holding surplus positions permanently shall be relocated to labor courts (juzgados de trabajo) by the Corte Suprema de Justicia, respecting their labor rights. To establish the relocation, the date of appointment shall be taken into account, applying first to those of most recent designation. They must be considered for filling future vacancies arising in the Appellate Court, which shall be done according to the best qualifications in the judicial career ranking system.\n\nTRANSITORY VII.- The labor matters currently heard by petty offense and small claims courts (juzgados contravencionales y de menor cuantía), in jurisdictions where a labor court (juzgado de trabajo) also exists, shall pass to be heard by the latter when this reform takes effect, except for those cases where, on the effective date, a date for the evidentiary hearing had already been set, and those that already have a judgment.\n\nTRANSITORY VIII.- As long as the free legal assistance system, established in Article 454, is not functioning, legal sponsorship shall not be required, and workers may continue litigating in court on their own behalf.\"\n\nThis law takes effect eighteen months after its publication.\n\nGiven at the Museo Histórico Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, San José, on the twenty-fifth day of January of the year two thousand and sixteen."
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