{ "id": "norm-87914", "citation": "Directriz 033", "section": "norms", "doc_type": "directive", "title_es": "Directriz para la transición hacia una flota vehicular eléctrica o cero emisiones en el sector público", "title_en": "Directive for the transition to an electric or zero-emission vehicle fleet in the public sector", "summary_es": "Esta directriz conjunta del Presidente de la República, el Ministro de Ambiente y Energía (MINAE) y el Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), instruye a las instituciones de la Administración Pública para que realicen la transición hacia una flota vehicular eléctrica o de cero emisiones. Se fundamenta en el derecho constitucional a un ambiente sano, los compromisos climáticos internacionales (Acuerdo de París, Convención Marco de Cambio Climático), la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Incentivos para el Transporte Eléctrico (Ley N° 9518). La directriz obliga a incorporar en los Programas de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) las medidas y planes de adquisición de vehículos eléctricos, priorizando esta tecnología. En caso de limitaciones presupuestarias u operativas debidamente justificadas, las instituciones deberán optar por vehículos de bajas emisiones o contratar servicios de transporte con tecnologías limpias. También se promueve el uso eficiente de los vehículos institucionales. El MINAE es la autoridad encargada del seguimiento y las instituciones deben rendir informes semestrales de cumplimiento. La directriz se extiende como recomendación a los demás poderes del Estado y entes descentralizados.", "summary_en": "This joint directive from the President, the Minister of Environment and Energy (MINAE), and the Minister of Public Works and Transport (MOPT) instructs public administration institutions to transition to an electric or zero-emission vehicle fleet. It is based on the constitutional right to a healthy environment, international climate commitments (Paris Agreement, UNFCCC), the Organic Environmental Law, and the Electric Transport Incentives Law (No. 9518). The directive requires incorporating measures and acquisition plans for electric vehicles into the Institutional Environmental Management Programs (PGAI), prioritizing this technology. In cases of duly justified budgetary or operational limitations, institutions must opt for low-emission vehicles or contract transportation services with clean technologies. Efficient use of institutional vehicles is also promoted. MINAE is the authority responsible for monitoring, and institutions must submit semi-annual compliance reports. The directive is extended as a recommendation to other branches of government and decentralized entities.", "court_or_agency": "", "date": "07/11/2018", "year": "2018", "topic_ids": [ "environmental-law-7554" ], "primary_topic_id": "environmental-law-7554", "es_concept_hints": [ "flota vehicular", "PGAI (Programa de Gestión Ambiental Institucional)", "compras públicas sustentables", "descarbonización", "directriz", "Ley N° 9518", "NCD (Contribución Nacionalmente Determinada)", "MINAE" ], "concept_anchors": [ { "article": "Arts. 4(c), 18, 39", "law": "Ley N° 9518" }, { "article": "Arts. 1, 2, 49-72", "law": "Ley N° 7554" }, { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 28", "law": "Ley N° 8839" } ], "keywords_es": [ "flota vehicular eléctrica", "cero emisiones", "transporte eléctrico", "directriz", "Administración Pública", "PGAI", "Ley N° 9518", "cambio climático", "Acuerdo de París", "MINAE", "gestión ambiental institucional", "compras públicas sustentables", "descarbonización", "emisiones contaminantes", "uso eficiente de vehículos", "sector público" ], "keywords_en": [ "electric vehicle fleet", "zero emissions", "electric transport", "directive", "public administration", "PGAI", "Law No. 9518", "climate change", "Paris Agreement", "MINAE", "institutional environmental management", "sustainable public procurement", "decarbonization", "polluting emissions", "efficient vehicle use", "public sector" ], "excerpt_es": "Artículo 2º-La transición de la flota vehicular en el sector público. Se instruye a las instituciones de la Administración Pública para que lleven a cabo la transición hacia una flota vehicular cero emisiones, mediante la adquisición únicamente de vehículos eléctricos o cero emisiones, en la medida de sus posibilidades.\nPara ello se les insta a la elaboración de todos los planes de adquisición de vehículos en correspondencia con la presente directriz y en atención a las disposiciones establecidas en la Ley para Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, Ley número 9518 de 25 de enero de 2018.\nDichos planes deberán ser parte de las acciones definidas en el componente transversal de adquisición de bienes y transferencia tecnológica de los PGAI y así como la consideración de las disposiciones de la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables.", "excerpt_en": "Article 2—Transition of the vehicle fleet in the public sector. Public administration institutions are instructed to carry out the transition to a zero-emission vehicle fleet, by acquiring only electric or zero-emission vehicles, to the extent of their possibilities.\nTo this end, they are urged to prepare all vehicle acquisition plans in accordance with this directive and in compliance with the provisions established in the Law for Incentives and Promotion of Electric Transport, Law No. 9518 of January 25, 2018.\nSaid plans must be part of the actions defined in the cross-cutting component of goods acquisition and technology transfer of the PGAI, as well as the consideration of the provisions of the National Sustainable Public Procurement Policy.", "outcome": { "label_en": "Active directive", "label_es": "Directriz vigente", "summary_en": "Instructs the public administration to acquire only electric or zero-emission vehicles, to the extent of their possibilities, and to incorporate corresponding actions in the PGAI.", "summary_es": "Se instruye a la Administración Pública a adquirir únicamente vehículos eléctricos o de cero emisiones, en la medida de sus posibilidades, y a incorporar las acciones correspondientes en los PGAI." }, "pull_quotes": [ { "context": "Artículo 2", "quote_en": "Public administration institutions are instructed to carry out the transition to a zero-emission vehicle fleet, by acquiring only electric or zero-emission vehicles, to the extent of their possibilities.", "quote_es": "Se instruye a las instituciones de la Administración Pública para que lleven a cabo la transición hacia una flota vehicular cero emisiones, mediante la adquisición únicamente de vehículos eléctricos o cero emisiones, en la medida de sus posibilidades." }, { "context": "Artículo 3", "quote_en": "In cases where institutions thoroughly demonstrate that the acquisition of electric or zero-emission vehicles does not meet their operational needs or does not fit their budget, such institutions must include and prioritize in their acquisition program, the acquisition of vehicles with emission systems based on low-emission technologies...", "quote_es": "En los casos en los que las instituciones demuestren fehacientemente que la adquisición de vehículos eléctricos o cero emisiones no satisfacen sus necesidades operativas o no se ajustan a su presupuesto, dichas instituciones deberán incluir y priorizar dentro de su programa de adquisiciones, la adquisición de vehículos con sistemas de emisión de gases basados en tecnologías de bajas emisiones..." }, { "context": "Artículo 4", "quote_en": "Public administration institutions will promote efficiency habits in the use of institutional vehicles, for which they will include in the PGAI the measures and actions they will execute for the implementation of this provision.", "quote_es": "Las instituciones de la Administración Pública promoverán hábitos de eficiencia en el uso de los vehículos institucionales, para lo cual incluirán en el PGAI las medidas y acciones que ejecutarán para la puesta en práctica de esta disposición." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-27738", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley N° 7554 Arts. 1, 2, 49-72" }, { "target_id": "norm-68300", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley N° 8839 Art. 28" } ], "external": [] }, "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=87914&strTipM=TC&nValor3=0", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "en la totalidad del texto\n\n -\n\n Texto Completo Norma 033\n\n Transición hacia una flota vehicular eléctrica o cero emisión en el sector\npúblico\n\nTexto Completo acta: 1288B5\n\n033-MINAE-MOPT\n\nEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA\n\nEL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA\n\nY EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES\n\nEn uso de las facultades que les confiere los artículos 50, 130, 140 incisos\n3), 8) y 18), 146 de la Constitución Política; la Ley de Planificación\nNacional, N° 5525 del 2 de mayo de 1974; los artículos 26, 27, 99 y 100 de la\nLey General de la Administración Pública, No 6227 del 2 de mayo de 1978; los\nartículos 1° y 2° de la Ley del Ministerio de Ambiente y Energía, N° 7152 de 5\nde junio de 1990; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio\nClimático, N° 7414 del 13 de junio de 1994; la Ley de Regulación del Uso\nRacional de la Energía, N° 7447 de 3 de noviembre de 1994; los artículos 1°,\n2°, 49 a 72 de la Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554 del 4 de octubre de 1995;\nel artículo 28 de la Ley para la Gestión Integral de Residuos, No 8839 del 24\nde junio del 2010; artículo único de la Ley Aprobación del Acuerdo París, Ley\nN° 9405 del 04 de noviembre del 2016; el artículos 4 inciso c, 18 y 39 de la\nLey para Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico, Ley N°9518 de 25\nde enero de 2018.\n\nConsiderando:\n\nI.-Que la Constitución Política en su artículo 50 establece que el\nEstado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país,\ngarantizar y preservar el derecho de las personas a un ambiente sano y\necológicamente equilibrado, promoviendo el mayor desarrollo en armonía con\néste.\n\nII.-Que la Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554 establece que los\nrecursos energéticos constituyen factores esenciales para el desarrollo\nsostenible del país, sobre los que el Estado mantendrá un papel preponderante\npudiendo dictar medidas generales y particulares.\n\nIII.-Que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio\nClimático, aprobada mediante Ley N° 7414 y su Protocolo ratificado mediante Ley\nN° 8219, establece compromisos sobre la reducción de gases efecto invernadero\ncomo objetivo último para lograr la estabilización de las concentraciones de\néstos en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas\npeligrosas en el sistema climático, para lo cual las partes deberán promover y\napoyar el desarrollo, aplicación y difusiónr incluida la transferencia de tecnologías,\nprácticas y procesos que controlen, reduzcan o prevengan las emisiones.\n\nIV.-Que el Acuerdo de París establece como meta mantener el aumento de\nla temperatura media mundial por debajo de 2 °C con respecto a los niveles\npreindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la\ntemperatura a 1,5°c con respecto a los niveles preindustriales, reconociendoque\nello reduciría considerablemente los riesgos y efectos del cambio climático.\n\nV.-Que Costa Rica firmó y ratificó el Acuerdo de París emitiendo su\nContribución Nacionalmente Determinada (NDC) que establece la meta de un.\nmáximo absoluto de emisiones de 9.374.000 TCO2eq netas al año 2030, con una\ntrayectoria propuesta de emisiones de 1.73 toneladas netas per cápita para el\nmismo año; así como, 1.19 y -0,27 toneladas netas per cápita al 2050 y 2100,\nrespectivamente. Esta NDC ha sido reconocida a nivel global por ser una de las\npocas NDCs alineada con la meta global de los 2° C de temperatura. El Acuerdo\nse aprobó en Asamblea Legislativa según el Decreto Legislativo N° 9405.\n\nVI.-Que de acuerdo a los datos del Informe Bienal del Instituto\nMeteorológico Nacional (2012) la emisión bruta del sector energía fue de 7.214\nGg de CO2e, de los cuales el consumo de hidrocarburos para el transporte es el\nmayor responsable. Las emisiones del sector transporte representan un 44% del\ntotal de las emisiones del país.\n\nVII.-Que la Estrategia Nacional de Cambio Climático y su Plan de Acción\nreconoce la importancia de incrementar el porcentaje de vehículos que utilicen\ntecnologías menos contaminantes y su contribución potencial para avanzar hacia\nla descarbonización de la economía.\n\nVIII.-Que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el\nObjetivo 7 sobre Energía Asequible y Sostenible; el Objetivo 12 sobre Ciudades\ny Comunidades Sostenibles y el Objetivo 13 sobre Acción Climática, Costa Rica\nse comprometió a proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles\ny sostenibles para todos.\n\nIX.-Que el VII Plan Nacional de Energía (PNE) 2015-2030 promueve la\nbúsqueda de un modelo energético sostenible con un bajo nivel de emisiones de\ngases de efecto invernadero (GED, y basado en el uso de fuentes limpias y\nrenovables, donde establece como objetivo crear condiciones técnicas y normativas\npara la diversificación tecnológica del parque vehicular.\n\nX.-Que la Ley para Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico,\nLey N° 9518, establece que corresponde al MINAE emitir las directrices para\nejecutar las disposiciones de esa ley, al mismo tiempo que autorizó a la\nAdministración Pública, empresas del estado y municipalidades para que\npromovieran la compra y la utilización de vehículos eléctricos.\n\nXI.-Que la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley N° 8839,\nestablece la obligatoriedad de las Instituciones de la Administración Pública,\nEmpresas Públicas y Municipalidades para que implementen sistemas de gestión\nambiental en todas sus dependencias.\n\nXII.-Que el Reglamento para la Elaboración de Programas de Gestión\nAmbiental Institucional en el Sector Público de Costa Rica, Decreto Ejecutivo\nN° 36499-S-MINAET, establece la obligación de todas las instituciones de la\nadministración pública de elaborar e implementar un Programa de GestiónAmbiental\nInstitucional (PGAI), mismo que debe ser presentado ante la Dirección de\nGestión de Calidad Ambiental (DIGECA) del Ministerio de Ambiente y Energía y\nverificado por la Comisión Técnica Evaluadora de los PGAI (CTE).\n\nXIII.-Que el Decreto Ejecutivo N° 39310-MH-MINAEMEIC- MTSS, en su\nartículo 2 promulga la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables,\ndonde el Ministerio de Hacienda debe liderar y coordinar las acciones\nnecesarias para su implementación en el Sector Público; así como promover la incorporación\nde los principios establecidos en esta política, en la planificación de cada\ninstitución que la conforma, sin perjuicio de las competencias que ostentan los\ndemás Ministerios del Poder Ejecutivo en materias específicas.\n\nXIV.-Que el Ministro de Ambiente y Energía ejerce la rectoría política\nen materia ambiental y energética y le corresponde impulsar la agenda de cambio\nclimático.\n\nXV.-Que la Constitución Política establece el principio de Unidad del\nEstado y la Ley General de la Administración Pública establece las potestades y\nresponsabilidades del Poder Ejecutivo, en relación con el poder de dirección y\nde coordinación de los entes descentralizados, donde de conformidad con el artículo\n100 de la Ley General de la Administración Pública, la directriz es el\ninstrumento con el que se puede establecer la programación o dirección de la\nconducta del sector público, en general o en lo específico.\n\nXVI.-Que ha sido una meta estratégica de esta Administración encaminar\nal país hacia la descarbonización de la economía, promoviendo la renovación de\nla flotilla vehicular nacional al año 2030 con tecnología cero emisiones.\n\nXVII.-Que los funcionarios responsables de la administración y gestión adecuada de los recursos\neconómicos de los órganos, entes, instituciones y empresas del sector público, deben contribuir con\nla reducción del consumo de combustibles fósiles mediante hábitos de eficiencia en el uso de los\nvehículosactuales, así como la procura en la sustitución de la flotilla vehicular, por alternativas\ncero emisiones o más eficientes energéticamente, que además  tengan un impacto positivo en la\ndisminución de emisiones de contaminantes atmosféricos.\n\nXVIII.-Que es de interés público para el Gobierno de la República emitir\nla siguiente directriz, atendiendo razones de conveniencia y oportunidad para\nel bienestar común, y salud de los ciudadanos, la seguridad de la ciudadanía,\nel medio ambiente y para lograr una adecuada utilización de los recursos energéticos\ncon que cuenta el país, es indispensable hacer un uso racional de la energía,\nreducir las emisiones contaminantes, sin afectar las actividades productivas o\nla satisfacción de las necesidades básicas de la población. Por tanto,\nemiten la siguiente:\n\nDIRECTRIZ\n\nDIRIGIDA AL SECTOR PÚBLICO PARA LA TRANSICIÓN\n\nHACIA UNA FLOTA VEHICULAR ELÉCTRICA O CERO\n\nEMISIONES EN EL SECTOR PÚBLICO\n\nArtículo 1º-Objeto. La presente directriz tiene por objeto\npromover en las instituciones de la Administración Pública a la transición\nhacia una flota vehicular eléctrica o cero emisiones. En razón de lo anterior,\nlas instancias instadas por la presente directriz deberán incorporar en sus\nPlanes de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), las medidas y acciones para\nla adquisición de vehículos eléctricos o cero emisiones en su flota vehicular\ninstitucional.\n\nLa Comisión Técnica Evaluadora (CTE) de los PGAI será la encargada de\nestablecer y definir los mecanismos de control y seguimiento para el\ncumplimiento de esta Directriz.\n\nArtículo 2º-La transición de la flota vehicular en el sector público.\nSe instruye a las instituciones de la Administración Pública para que\nlleven a cabo la transición hacia una flota vehicular cero emisiones,\nmediante la adquisición únicamente de vehículos eléctricos o cero\nemisiones, en la medida de sus posibilidades.\n\nPara ello se les insta a la elaboración de todos los planes de\nadquisición de vehículos en correspondencia con la presente directriz y en\natención a las disposiciones establecidas en la Ley\n\npara Incentivos y\nPromoción para el Transporte Eléctrico, Ley número 9518 de 25 de enero de 2018.\n\nDichos planes deberán ser parte de las acciones definidas en el\ncomponente transversal de adquisición de bienes y transferencia tecnológica de\nlos PGAI y así como la consideración de las disposiciones de la Política\nNacional de Compras Públicas Sustentables.\n\nArtículo 3º-Excepciones. En los casos en los que las\ninstituciones demuestren fehacientemente que la adquisición de vehículos\neléctricos o cero emisiones no satisfacen sus necesidades operativas o no se ajustan\na su presupuesto, dichas instituciones deberán incluir y priorizar dentro de su\nprograma de adquisiciones, la adquisición de vehículos con sistemas de emisión\nde gases basados en tecnologías de bajas emisiones, o bien adquirir los\nservicios de transporte de vehículos con tecnología de cero emisiones o de\nbajas emisiones, según sus posibilidades. Para lo anterior, se realizarán los estudios\ntécnicos correspondientes, a fin de validar la tecnología seleccionada.\n\nArtículo 4º-Uso eficiente de vehículos Las instituciones de la\nAdministración Pública promoverán hábitos de eficiencia en el uso de los\nvehículos institucionales, para lo cual incluirán en el PGAI las medidas y\nacciones que ejecutarán para la puesta en práctica de esta disposición.\n\nArtículo 5º-Verificación de cumplimiento. El MINIE será la\nautoridad competente para dar seguimiento del acatamiento de la presente norma\ny de informa a la Presidencia de la República sobre la ejecución de la misma.\nPara lo anterior, las instituciones de la Administración Pública rendirán un\ninforme semestral ante ese Ministerio sobre el cumplimiento de esta Directriz.\n\nAsimismo, informarán a los coordinadores de la CTE para la respetiva\ntrazabilidad y cuantificación de los beneficios de la tecnología seleccionada\npor las instituciones.\n\nArtículo 6º-Del MINAE. El MINAE, en cumplimiento de la Ley N°\n9518, proporcionará a las instituciones del sector público el apoyo y la\norientación relacionada con las tecnologías requeridas para la renovación de la\nflota vehicular en el sector público, según las disposiciones contenidas en la\npresente Directriz.\n\nArtículo 7º-Extensión de esta directriz. Se insta a todas las\ninstituciones de la Administración Pública Descentralizada, así como al Poder\nLegislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones a realizar la\ntransición hacia una flota vehicular cero emisiones, mediante la adquisición\núnicamente de vehículos eléctricos o cero emisiones, en la medida de sus\nposibilidades.\n\nTransitorio único.-Como parte de la ejecución de lo dispuesto en el\nartículo 5° de esta Directriz, las instituciones del Sector Público rendirán un\nprimer informe al MINAE, en el plazo no mayor a los 3 meses de entrada en\nvigencia de esta norma, sobre las proyecciones de sustitución de flota\nvehicular y de las gestiones realizadas para el cumplimiento del objetivo de\nesta Directriz en el próximo presupuesto anual.\n\nArtículo 8.-Vigencia.\n\nRige a partir de su publicación.\n\nDado en la Presidencia de la República. San José, a los siete días del\nmes de noviembre de dos mil dieciocho.", "body_en_text": "of the full text\n\n-\n\nComplete Text of Norm 033\n\nTransition toward an electric or zero-emission vehicle fleet in the public\nsector\n\nComplete Text acta: 1288B5\n\n033-MINAE-MOPT\n\nTHE PRESIDENT OF THE REPUBLIC\n\nTHE MINISTER OF ENVIRONMENT AND ENERGY\n\nAND THE MINISTER OF PUBLIC WORKS AND TRANSPORT\n\nIn exercise of the powers conferred by Articles 50, 130, 140 subsections\n3), 8), and 18), 146 of the Political Constitution; National Planning\nLaw, No. 5525 of May 2, 1974; Articles 26, 27, 99, and 100 of the\nGeneral Law on Public Administration, No. 6227 of May 2, 1978; Articles\n1 and 2 of the Law on the Ministry of Environment and Energy, No. 7152 of June\n5, 1990; the United Nations Framework Convention on Climate\nChange, No. 7414 of June 13, 1994; the Law for the Regulation of Rational\nEnergy Use, No. 7447 of November 3, 1994; Articles 1,\n2, 49 to 72 of the Organic Environmental Law, No. 7554 of October 4, 1995;\nArticle 28 of the Law for Integrated Waste Management, No. 8839 of June 24,\n2010; the sole article of the Law Approving the Paris Agreement, Law\nNo. 9405 of November 4, 2016; Articles 4 subsection c, 18, and 39 of the\nLaw for Incentives and Promotion for Electric Transport, Law No. 9518 of January\n25, 2018.\n\nConsidering:\n\nI.—That the Political Constitution in its Article 50 establishes that the\nState must seek the greatest well-being for all inhabitants of the country,\nguarantee and preserve the right of individuals to a healthy and\necologically balanced environment, promoting greater development in harmony with\nit.\n\nII.—That the Organic Environmental Law, Law No. 7554, establishes that\nenergy resources are essential factors for the sustainable\ndevelopment of the country, over which the State shall maintain a preponderant role,\nbeing able to dictate general and specific measures.\n\nIII.—That the United Nations Framework Convention on Climate\nChange, approved through Law No. 7414 and its Protocol ratified through Law\nNo. 8219, establishes commitments on the reduction of greenhouse gases\nas the ultimate objective to achieve the stabilisation of their\nconcentrations in the atmosphere at a level that prevents dangerous anthropogenic\ninterference in the climate system, for which the parties shall promote and\nsupport the development, application, and diffusion, including the transfer, of technologies,\npractices, and processes that control, reduce, or prevent emissions.\n\nIV.—That the Paris Agreement establishes as a goal maintaining the increase in\nthe global average temperature well below 2 °C above pre-industrial\nlevels, and pursuing efforts to limit that\ntemperature increase to 1.5 °C above pre-industrial levels, recognizing\nthat this would considerably reduce the risks and effects of climate change.\n\nV.—That Costa Rica signed and ratified the Paris Agreement, issuing its\nNationally Determined Contribution (NDC), which establishes the goal of an\nabsolute maximum of net emissions of 9,374,000 TCO2eq by the year 2030, with a\nproposed emissions trajectory of 1.73 net tons per capita for the\nsame year; as well as 1.19 and -0.27 net tons per capita by 2050 and 2100,\nrespectively. This NDC has been recognized globally for being one of the\nfew NDCs aligned with the global goal of 2° C of temperature. The Agreement\nwas approved by the Legislative Assembly per Legislative Decree No. 9405.\n\nVI.—That according to data from the Biennial Report of the\nNational Meteorological Institute (IMN) (2012), the gross emissions from the energy sector were 7,214\nGg of CO2e, of which the consumption of hydrocarbons for transportation is the\nlargest contributor. Emissions from the transportation sector represent 44% of\nthe country's total emissions.\n\nVII.—That the National Climate Change Strategy and its Action Plan\nrecognize the importance of increasing the percentage of vehicles using\nless polluting technologies and their potential contribution to advancing toward\nthe decarbonization of the economy.\n\nVIII.—That in the Sustainable Development Goals, especially\nGoal 7 on Affordable and Clean Energy; Goal 11 on Sustainable\nCities and Communities; and Goal 13 on Climate Action, Costa Rica\ncommitted to providing access to safe, affordable,\nand sustainable transport systems for all.\n\nIX.—That the VII National Energy Plan (PNE) 2015-2030 promotes the\nsearch for a sustainable energy model with a low level of greenhouse\ngas (GHG) emissions, and based on the use of clean and\nrenewable sources, where it establishes as an objective to create technical and regulatory conditions\nfor the technological diversification of the vehicle fleet.\n\nX.—That the Law for Incentives and Promotion for Electric Transport,\nLaw No. 9518, establishes that it is the responsibility of MINAE to issue the guidelines to\nexecute the provisions of that law, while also authorizing the\nPublic Administration, state enterprises, and municipalities to\npromote the purchase and use of electric vehicles.\n\nXI.—That the Law for Integrated Waste Management, Law No. 8839,\nestablishes the obligation of Public Administration Institutions,\nPublic Enterprises, and Municipalities to implement environmental management\nsystems in all their units.\n\nXII.—That the Regulation for the Development of Institutional Environmental\nManagement Programs in the Public Sector of Costa Rica, Executive Decree\nNo. 36499-S-MINAET, establishes the obligation of all public\nadministration institutions to develop and implement an Institutional Environmental\nManagement Program (PGAI), which must be submitted to the Directorate of\nEnvironmental Quality Management (DIGECA) of the Ministry of Environment and Energy and\nverified by the Technical Evaluation Commission for the PGAI (CTE).\n\nXIII.—That Executive Decree No. 39310-MH-MINAEMEIC-MTSS, in its\nArticle 2, promulgates the National Policy on Sustainable Public Procurement,\nwhere the Ministry of Finance must lead and coordinate the actions\nnecessary for its implementation in the Public Sector; as well as promote the incorporation\nof the principles established in this policy into the planning of each\ninstitution that comprises it, without prejudice to the competencies held by the\nother Ministries of the Executive Branch in specific subject matters.\n\nXIV.—That the Minister of Environment and Energy exercises political stewardship\nin environmental and energy matters and is responsible for driving the climate\nchange agenda.\n\nXV.—That the Political Constitution establishes the principle of State\nUnity and the General Law on Public Administration establishes the powers and\nresponsibilities of the Executive Branch, concerning the power to direct and\ncoordinate decentralized entities, whereby, in accordance with Article\n100 of the General Law on Public Administration, the directive is the\ninstrument with which the programming or direction of the\nconduct of the public sector, in general or in specific, can be established.\n\nXVI.—That it has been a strategic goal of this Administration to steer\nthe country toward the decarbonization of the economy, promoting the renewal of\nthe national vehicle fleet by the year 2030 with zero-emission technology.\n\nXVII.—That the officials responsible for the administration and proper management of the economic\nresources of the organs, entities, institutions, and enterprises of the public sector must contribute to\nthe reduction of fossil fuel consumption through efficiency habits in the use of\ncurrent vehicles, as well as the pursuit of the replacement of the vehicle fleet with zero-emission or more energy-efficient\nalternatives, which also have a positive impact on the\ndecrease of air pollutant emissions.\n\nXVIII.—That it is of public interest for the Government of the Republic to issue\nthe following directive, based on reasons of convenience and opportunity\nfor the common well-being, and the health of citizens, the safety of citizens,\nthe environment, and to achieve proper utilization of the energy resources\nthe country possesses, it is indispensable to make rational use of energy,\nreduce polluting emissions, without affecting productive activities or\nthe satisfaction of the basic needs of the population. Therefore,\nthey issue the following:\n\nDIRECTIVE\n\nADDRESSED TO THE PUBLIC SECTOR FOR THE TRANSITION\n\nTOWARD AN ELECTRIC OR ZERO-EMISSION\n\nVEHICLE FLEET IN THE PUBLIC SECTOR\n\nArticle 1—Purpose. The purpose of this directive is to promote in the\ninstitutions of the Public Administration the transition\ntoward an electric or zero-emission vehicle fleet. Therefore,\nthe entities instructed by this directive must incorporate into their\nInstitutional Environmental Management Programs (Programas de Gestión Ambiental Institucional, PGAI) the measures and actions for\nthe acquisition of electric or zero-emission vehicles for their institutional\nvehicle fleet.\n\nThe Technical Evaluation Commission (Comisión Técnica Evaluadora, CTE) of the PGAI shall be responsible for\nestablishing and defining the control and monitoring mechanisms for the\ncompliance with this Directive.\n\nArticle 2—The transition of the vehicle fleet in the public sector.\nThe institutions of the Public Administration are instructed to\ncarry out the transition toward a zero-emission vehicle fleet,\nby acquiring only electric or zero-emission\nvehicles, to the extent of their possibilities.\n\nTo this end, they are urged to prepare all vehicle\nacquisition plans in accordance with this directive and in\nconsideration of the provisions established in the Law for Incentives and\nPromotion for Electric Transport, Law No. 9518 of January 25, 2018.\n\nSaid plans must be part of the actions defined in the\ncross-cutting component of goods acquisition and technology transfer of\nthe PGAI, and also the consideration of the provisions of the National\nPolicy on Sustainable Public Procurement.\n\nArticle 3—Exceptions. In cases where the\ninstitutions conclusively demonstrate that the acquisition of electric or zero-emission\nvehicles does not satisfy their operational needs or does not conform\nto their budget, said institutions must include and prioritize within their\nacquisition program the procurement of vehicles with gas emission\nsystems based on low-emission technologies, or else acquire\ntransport services using vehicles with zero-emission technology or\nlow-emission technology, according to their possibilities. For the foregoing, the corresponding technical\nstudies shall be carried out in order to validate the selected technology.\n\nArticle 4—Efficient use of vehicles. The institutions of the\nPublic Administration shall promote efficiency habits in the use of\ninstitutional vehicles, for which they shall include in the PGAI the measures and\nactions they will execute for the implementation of this provision.\n\nArticle 5—Verification of compliance. MINAE shall be the\ncompetent authority for monitoring compliance with this norm\nand for reporting to the Presidency of the Republic on its implementation.\nFor the foregoing, the institutions of the Public Administration shall render a\nsemi-annual report to said Ministry on compliance with this Directive.\n\nLikewise, they shall inform the coordinators of the CTE for the respective\ntraceability and quantification of the benefits of the technology selected\nby the institutions.\n\nArticle 6—Role of MINAE. MINAE, in compliance with Law No.\n9518, shall provide the institutions of the public sector with support and\nguidance related to the technologies required for the renewal of the\nvehicle fleet in the public sector, according to the provisions contained in this\nDirective.\n\nArticle 7—Extension of this directive. All institutions of the Decentralized\nPublic Administration are urged, as well as the Legislative\nBranch, the Judicial Branch, and the Supreme Electoral Tribunal, to carry out the\ntransition toward a zero-emission vehicle fleet, by acquiring\nonly electric or zero-emission vehicles, to the extent of their\npossibilities.\n\nSole transitory provision.—As part of the execution of the provisions in\nArticle 5 of this Directive, the institutions of the Public Sector shall render a\nfirst report to MINAE, within a period not exceeding 3 months from the entry\ninto force of this norm, on the projections for replacement of the vehicle\nfleet and on the actions taken to fulfill the objective of\nthis Directive in the next annual budget.\n\nArticle 8.—Effectiveness.\n\nIt shall be effective upon its publication.\n\nGiven at the Presidency of the Republic. San José, on the seventh day of\nthe month of November two thousand eighteen." }