{ "id": "norm-91936", "citation": "Decreto 42475", "section": "norms", "doc_type": "executive_decree", "title_es": "Reforma al Procedimiento de Excepción para Regularización Migratoria de Trabajadores Agrícolas", "title_en": "Reform to the Exceptional Procedure for Migrant Regularization of Agricultural Workers", "summary_es": "Este decreto ejecutivo reforma el procedimiento establecido en el Decreto 42406-MAG-MGP para acceder al régimen de excepción de regularización migratoria de personas trabajadoras de los sectores agropecuario, agroexportador o agroindustrial. La reforma añade un transitorio único que establece que, a partir del 23 de septiembre de 2020, se aplicarán las sanciones del artículo 177 de la Ley General de Migración y Extranjería a los empleadores que tengan trabajadores migrantes en condición irregular y no hayan iniciado el trámite de regularización. Antes de esa fecha, no se aplicará dicha disposición. El decreto se fundamenta en la necesidad de mano de obra agrícola, agravada por la emergencia nacional por COVID-19, y en el deber del Estado de proteger los derechos humanos de las personas migrantes, garantizar su integración socioeconómica y asegurar el desarrollo del sector agrícola.", "summary_en": "This executive decree amends the procedure established in Decree 42406-MAG-MGP to access the exceptional migrant regularization regime for workers in the agricultural, agro-export, or agro-industrial sectors. The reform adds a single transitional provision establishing that, starting September 23, 2020, the sanctions of Article 177 of the General Migration and Foreigners Law will apply to employers who have irregular migrant workers and have not initiated the regularization process. Before that date, said provision will not apply. The decree is based on the need for agricultural labor, exacerbated by the national emergency due to COVID-19, and on the State's duty to protect the human rights of migrants, ensure their socio-economic integration, and guarantee the development of the agricultural sector.", "court_or_agency": "", "date": "15/07/2020", "year": "2020", "topic_ids": [ "_off-topic" ], "primary_topic_id": "_off-topic", "es_concept_hints": [ "regularización migratoria", "arraigo", "CETTSA", "LGME", "artículo 177", "COVID-19", "Decreto 42406-MAG-MGP" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 177", "law": "Ley General de Migración y Extranjería (Ley 8764)" }, { "law": "Decreto 42406-MAG-MGP" } ], "keywords_es": [ "regularización migratoria", "trabajadores agrícolas", "COVID-19", "mano de obra", "sector agropecuario", "Ley General de Migración y Extranjería", "artículo 177", "CETTSA", "derechos humanos", "emergencia nacional", "Decreto 42406-MAG-MGP", "régimen de excepción", "personas migrantes", "reforma" ], "keywords_en": [ "migrant regularization", "agricultural workers", "COVID-19", "labor", "agricultural sector", "General Migration and Foreigners Law", "Article 177", "CETTSA", "human rights", "national emergency", "Decree 42406-MAG-MGP", "exceptional regime", "migrants", "reform" ], "excerpt_es": "A partir del 23 de septiembre de 2020, se aplicará lo dispuesto en el artículo 177 de la LGME para el caso de las personas físicas o los representantes de las personas jurídicas de los centros de trabajo del sector agrícola, agroindustrial o agroexportador que cuenten, independientemente de la naturaleza de su contrato, con personas trabajadoras migrantes en condición irregular que no hayan iniciado su trámite de regularización bajo el procedimiento de regularización establecido en el presente Decreto Ejecutivo para las personas con arraigo; 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la Convención Americana sobre\nDerechos Humanos, Ley número 4534 del 23 de febrero de 1970; los artículos 25\npárrafo 1), 27 párrafo 1) y 28 párrafo 2) inciso b) de la Ley General de la\nAdministración Pública del 2 de mayo de 1978; los artículos 1, 2, 5, 6 inciso\n3), 13 incisos 1), 13), 30) y 36), 66, 67, 71 y 95 de la Ley General de\nMigración y Extranjería, Ley número 8764 del 19 de agosto de 2009; Ley de Fomento\na la Producción Agropecuaria y Orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería,\nLey número 7064 del 29 de abril de 1987; Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S\ndel 16 de marzo de 2020; y,\n\nConsiderando:\n\nI. Que de conformidad con el ordinal 140 inciso 6) de la Constitución\nPolítica, el Poder Ejecutivo tiene el deber de mantener el orden y la\ntranquilidad del país. Esta obligación conlleva la necesidad de adoptar las\nacciones para garantizar la organización social y económica nacional, que son\nde interés público, en armonía con el ordenamiento jurídico vigente. Como parte\nde las actuaciones que están inmersas en dicho mandato constitucional, se\nencuentra el deber de resguardar la adecuada convivencia y desarrollo de la\nsociedad.\n\nII. Que el artículo 50 de la Constitución Política establece que \"El Estado procurará el mayor\nbienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado\nreparto de la riqueza\". Para el cumplimiento de este deber, las autoridades públicas deben orientar\ny adoptar acciones en torno a la política social, económica, ambiental, de seguridad nacional y de\nplanificación en el territorio nacional, con la finalidad de mejorar la productividad, el desarrollo\nsocial y así, alcanzar el bien común.\n\nIII. Que la conjunción de los numerales 19 y 33 del texto fundamental,\nrefleja el estatus constitucional establecido a favor de las personas\nextranjeras en el territorio nacional. Partiendo del inherente resguardo de la\ndignidad humana, se dispone la equiparación del En ejercicio de la atribuciones\nconferidas en los artículos 140 incisos 3), 8) y 18) y 146 de la Constitución\nPolítica; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Ley número 4534 del\n23 de febrero de 1970; los artículos 25 párrafo 1), 27 párrafo 1) y 28 párrafo\n2) inciso b) de la Ley General de la Administración Pública del 2 de mayo de\n1978; los artículos 1, 2, 5, 6 inciso 3), 13 incisos 1), 13), 30) y 36), 66,\n67, 71 y 95 de la Ley General de Migración y Extranjería, Ley número 8764 del\n19 de agosto de 2009; Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria y Orgánica\ndel Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ley número 7064 del 29 de abril de\n1987; Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020; y, núcleo\nconstitucional, sean los derechos humanos, entre las personas costarricenses y\nlas personas extranjeras, en el entendido de que poseen los mismos derechos\nhumanos, con las excepciones y limitaciones que el mismo régimen constitucional\nregula o según se estipule en la ley. Dichas limitaciones y excepciones no\ndeben entenderse, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, como\nacciones u omisiones que anulen discriminatoriamente un derecho humano de un\nindividuo extranjero, sino como restricciones que no atenten contra el espíritu\ndel derecho limitado. Por ello, cualquier trato distinto debe estar basado en\nrazones objetivas.\n\nIV. Que constitucionalmente, se consagra el derecho al trabajo como una\ngarantía social para el desarrollo personal y colectivo de todo ser humano. De\nconformidad con el artículo 56 de la Constitución Política, el trabajo es un\nderecho del individuo, sin que se contemplen distinciones basadas en la\nnacionalidad de la persona, toda vez que con apego al ordinal 19 supra citado,\nmedia la equiparación de derechos humanos. Este derecho lleva consigo la arista\nde la obligación del individuo frente a la sociedad. Para el cumplimiento de\nambas vertientes, resulta necesario que el Estado efectúe las actuaciones que\npermitan el acceso al trabajo digno y sin discriminación por nacionalidad.\n\nV. Que de conformidad con el numeral 2 de la Convención Americana sobre\nDerechos Humanos, Ley número 4534 del 23 de febrero de 1970, los Estados\nsignatarios tienen la obligación de desplegar las actuaciones pertinentes en el\námbito interno para hacer efectivos los derechos humanos consagrados en dicho\ninstrumento internacional.\n\nVI. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Corte IDH-, en el\nejercicio de su función interpretativa del Pacto de San José, emitió el 17 de\nseptiembre de 2003, la Opinión Consultiva número 18/03, vinculada con la\ncondición jurídica y derechos de las personas migrantes indocumentadas. Como\nparte del amplio análisis realizado, el tribunal regional explicó que el Estado\na través de sus agentes debe asegurar un trato igualiatario para respaldar el\nejercicio de los derechos humanos.\n\nVII. Que la Ley General de Migración y Extranjería, Ley número 8764 del 19 de\nagosto de 2009, en sus ordinales 3 y 5, establece que el ingreso y permanencia\nde las personas extranjeras en territorio nacional debe analizarse a la luz de\nla Constitución Política y de los instrumentos internacionales, en especial de\naquellos atinentes a los derechos humanos. A partir de lo anterior, el Poder Ejecutivo\ndeterminará la política migratoria del Estado y regulará la integración de las\npersonas migrantes y favorecerá el desarrollo social, económico y cultural del\npaís, en concordancia con la seguridad pública, y velará por la cohesión social\ny la seguridad jurídica de las personas extranjeras que habitan en el territorio\nnacional.\n\nVIII. Que de acuerdo con los artículos 2 y 6 incisos 1), 3) y 4) de la Ley General de Migración y\nExtranjería, el Poder Ejecutivo, en el marco de su competencia para la emisión de la política\nmigratoria, está llamado a considerar en su acción la promoción del ordenamiento, orientación y\nregulación de la población migrante, \"en forma tal que contribuyan al desarrollo nacional por medio\ndel enriquecimiento económico social y cultural de la sociedad costarricense\"; de igual forma, debe\ncontemplar la obligación de controlar el ingreso, la permanencia y el egreso de los individuos\nextranjeros, en los términos establecidos por las políticas de desarrollo nacional y seguridad\npública. Finalmente, el Poder Ejecutivo debe \"Orientar la inmigración a las áreas cuyo desarrollo se\nconsidere prioritario, hacia actividades y ramas económicas que resulten de interés para el Estado,\nde conformidad con el Plan nacional de desarrollo\".\n\nIX. Que uno de los elementos esenciales para alcanzar la adecuada\nintegración de la población migrante en el desarrollo de la sociedad\ncostarricense es el empleo. Debido a lo anterior, es imperante generar acciones\nque permitan la integración de esta población en condiciones de regularidad y\nprotección de sus garantías sociales, centrando la atención en este caso en los\ntrabajadores de carácter temporal que puedan desempeñarse en una actividad\nlaboral determinada que impulse su integración socioecómica.\n\nX. Que de forma particular, el sector agrícola requiere períodicamente de\nmano de obra para atender las cosechas de productos de relevancia como el café,\nel melón, la caña de azúcar y la corta de teca. Diferentes actores sociales\nvinculados con este sector hicieron saber a las autoridades estatales la\nnecesidad de contar con un importante número de personas para atender las\ncosechas referidas. Las cámaras y diversas personas allegadas a los sectores\nagropecuario, agroindustrial y agroexportador han manifestado su preocupación\npor la carencia o insuficiencia de mano de obra nacional o residente en el país,\ndado que desde hace varios años las personas costarricenses optan por otras actividades\nacordes a sus conocimientos y escolaridad, dejando un vacío muy grande en ese\nsector de la economía del país. El Poder Ejecutivo determinó la necesidad de\ncontinuar y mejorar las acciones que permitan abordar la problemática en torno\nal faltante de mano de obra agrícola y la regularización de dicha población,\ncon particular necesidad en el contexto actual ocasionado por el COVID-19.\n\nXI. Que aunado al escenario contemplado en los considerandos anteriores, se\ndebe tener presente el estado de emergencia nacional en todo el territorio\ncostarricense por la situación sanitaria generada por el COVID-19, según el\nDecreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo del 2020.\n\nXII. Que para abordar la problemática expuesta, el Poder Ejecutivo emitió en\nel marco de sus potestates y con apego al ordenamiento jurídico el Decreto\nEjecutivo número 42406-MAG-MGP del 16 de junio 2020, para establecer el\nprocedimiento para acceder al régimen de excepción para las personas\ntrabajadoras del sector agropecuario, agroexportador o agroindustrial que\ndebido al estado de emergencia nacional por el COVID-19 se han visto afectados\npor la carencia o insuficiencia de mano de obra.\n\nXIII. Que a la luz de los considerandos anteriores, es evidente que Costa Rica\nestá frente a un estado de necesidad y urgencia, que obliga al Poder Ejecutivo\na realizar acciones para disminuir los factores de riesgo de contagio de\nCOVID-19 de la población, a través de las medidas de prevención y mitigación\npara proteger la vida de las personas y asegurar su bienestar, resultando para\nello de vital importancia blindar a la población de mayor vulnerabilidad social\ny económica, en cumplimiento del mandato consignado en los artículos 21 y 50\nconstitucionales; de ahí que para cumplir el objetivo del Decreto Ejecutivo\nnúmero 42406-MAG-MGP se requiera efectuar una reforma para incorporar un transitorio\nque brinde seguridad y claridad sobre la puesta en práctica de las sanciones correspondientes\nque dispone el artículo 177 de la Ley General de Migración y Extranjería en el\nmarco del estado de emergencia sanitaria y en virtud del procedimiento para el acceso\na la CETTSA.\n\nPor tanto,\n\nDECRETAN:\n\nREFORMA AL DECRETO EJECUTIVO NÚMERO 42406-MAG-MGP DEL 16 DE JUNIO DE\n2020\n\nDENOMINADO PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN PARA LA\n\nREGULARIZACIÓN MIGRATORIA DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DE LOS SECTORES\n\nAGROPECUARIO, AGROEXPORTADOR O AGROINDUSTRIAL\n\nArtículo 1.- Adiciónese un Transitorio Único al Decreto Ejecutivo N° 42406-MAG-MGP\ndel 16 de junio 2020, para que en adelante se consigne lo siguiente:\n\n\"TRANSITORIO UNICO:\n\n\"A partir del 23 de septiembre de 2020, se aplicará\nlo dispuesto en el artículo 177 de la LGME para el caso de las personas físicas\no los representantes de las personas jurídicas de los centros de trabajo del\nsector agrícola, agroindustrial o agroexportador que cuenten,\nindependientemente de la naturaleza de su contrato, con personas trabajadoras\nmigrantes en condición irregular que no hayan iniciado su trámite de\nregularización bajo el procedimiento de regularización establecido en el\npresente Decreto Ejecutivo para las personas con arraigo; con anterioridad a dicha\nfecha, no se aplicará tal disposición de la LGME.\"\n\nArtículo 2.- El presente Decreto Ejecutivo rige a partir del 16 de julio de 2020.\n\nDado en la Presidencia de la República. San José, a los quince días del\nmes de julio de dos mil veinte.", "body_en_text": "in the entirety of the text\n\n -\n\n Complete Text of Norm 42475\n\n Reform of the Procedure to access the exception regime for the\nmigratory regularization of workers in the agricultural, agro-export,\nor agro-industrial sectors\n\nComplete Text of record: 139281\n\nNo. 42475-MAG-MGP\n\nTHE PRESIDENT OF THE REPUBLIC\n\nTHE MINISTER OF AGRICULTURE AND LIVESTOCK and\n\nTHE MINISTER OF GOVERNANCE AND POLICE\n\nIn exercise of the powers conferred in articles 140 subsections\n3), 8) and 18) and 146 of the Political Constitution; the American Convention on\nHuman Rights, Law number 4534 of February 23, 1970; articles 25\nparagraph 1), 27 paragraph 1) and 28 paragraph 2) subsection b) of the General Law of\nPublic Administration of May 2, 1978; articles 1, 2, 5, 6 subsection\n3), 13 subsections 1), 13), 30) and 36), 66, 67, 71 and 95 of the General Law of\nMigration and Foreign Nationals, Law number 8764 of August 19, 2009; Law for the Promotion\nof Agricultural and Organic Production of the Ministry of Agriculture and Livestock,\nLaw number 7064 of April 29, 1987; Executive Decree number 42227-MP-S\nof March 16, 2020; and,\n\nConsidering:\n\nI. That in accordance with provision 140 subsection 6) of the Political\nConstitution, the Executive Branch has the duty to maintain the order and\ntranquility of the country. This obligation entails the need to adopt\nactions to guarantee the national social and economic organization, which are\nof public interest, in harmony with the current legal system. As part\nof the actions that are immersed in said constitutional mandate,\nis the duty to safeguard adequate coexistence and development of\nsociety.\n\nII. That article 50 of the Political Constitution establishes that \"The State shall procure the greatest\nwell-being for all inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate\ndistribution of wealth\". For the fulfillment of this duty, public authorities must guide\nand adopt actions regarding social, economic, environmental, national security, and\nplanning policy within the national territory, with the purpose of improving productivity, social\ndevelopment, and thus, achieving the common good.\n\nIII. That the conjunction of provisions 19 and 33 of the fundamental text,\nreflects the constitutional status established in favor of\nforeign persons within the national territory. Starting from the inherent safeguarding of\nhuman dignity, the equalization of the In exercise of the powers\nconferred in articles 140 subsections 3), 8) and 18) and 146 of the Political\nConstitution; the American Convention on Human Rights, Law number 4534 of\nFebruary 23, 1970; articles 25 paragraph 1), 27 paragraph 1) and 28 paragraph\n2) subsection b) of the General Law of Public Administration of May 2,\n1978; articles 1, 2, 5, 6 subsection 3), 13 subsections 1), 13), 30) and 36), 66,\n67, 71 and 95 of the General Law of Migration and Foreign Nationals, Law number 8764 of\nAugust 19, 2009; Law for the Promotion of Agricultural and Organic Production\nof the Ministry of Agriculture and Livestock, Law number 7064 of April 29,\n1987; Executive Decree number 42227-MP-S of March 16, 2020; and, constitutional\ncore, namely human rights, between Costa Rican persons and\nforeign persons, is provided, in the understanding that they possess the same human\nrights, with the exceptions and limitations that the same constitutional regime\nregulates or as stipulated by law. Said limitations and exceptions must not\nbe understood, according to constitutional jurisprudence, as\nactions or omissions that discriminatorily annul a human right of a\nforeign individual, but rather as restrictions that do not violate the spirit\nof the limited right. Therefore, any different treatment must be based on\nobjective reasons.\n\nIV. That constitutionally, the right to work is enshrined as a\nsocial guarantee for the personal and collective development of every human being. In\naccordance with article 56 of the Political Constitution, work is a\nright of the individual, without contemplating distinctions based on the\nnationality of the person, since in adherence to provision 19 cited above,\nthe equalization of human rights mediates. This right carries with it the facet\nof the individual's obligation before society. For the fulfillment of\nboth aspects, it is necessary for the State to carry out actions that\nallow access to decent work free from discrimination based on nationality.\n\nV. That in accordance with provision 2 of the American Convention on\nHuman Rights, Law number 4534 of February 23, 1970, the signatory\nStates have the obligation to deploy the pertinent actions in the\ndomestic sphere to make effective the human rights enshrined in said\ninternational instrument.\n\nVI. That the Inter-American Court of Human Rights -IACHR Court-, in the\nexercise of its interpretative function of the Pact of San José, issued on September 17,\n2003, Advisory Opinion number 18/03, linked to the\nlegal status and rights of undocumented migrant persons. As\npart of the broad analysis carried out, the regional court explained that the State,\nthrough its agents, must ensure equal treatment to support the\nexercise of human rights.\n\nVII. That the General Law of Migration and Foreign Nationals, Law number 8764 of\nAugust 19, 2009, in its provisions 3 and 5, establishes that the entry and stay\nof foreign persons in national territory must be analyzed in light of\nthe Political Constitution and international instruments, especially\nthose pertaining to human rights. Based on the foregoing, the Executive Branch\nshall determine the State's migratory policy and regulate the integration of\nmigrant persons and favor the social, economic, and cultural development of the\ncountry, in accordance with public security, and shall ensure social cohesion\nand legal certainty for foreign persons residing in the national\nterritory.\n\nVIII. That according to articles 2 and 6 subsections 1), 3) and 4) of the General Law of Migration and\nForeign Nationals, the Executive Branch, within the framework of its competence for issuing migratory\npolicy, is called to consider in its action the promotion of the ordering, orientation, and\nregulation of the migrant population, \"in such a way that they contribute to national development through\nthe social, economic, and cultural enrichment of Costa Rican society\"; likewise, it must\ncontemplate the obligation to control the entry, stay, and exit of\nforeign individuals, within the terms established by national development and public\nsecurity policies. Finally, the Executive Branch must \"Guide immigration towards areas whose development is\nconsidered a priority, towards activities and economic branches that are of interest to the State,\nin accordance with the National Development Plan\".\n\nIX. That one of the essential elements to achieve the adequate\nintegration of the migrant population into the development of Costa Rican\nsociety is employment. Due to the foregoing, it is imperative to generate actions\nthat allow the integration of this population under regular conditions and the\nprotection of their social guarantees, focusing attention in this case on\ntemporary workers who can perform a specific\nlabor activity that promotes their socioeconomic integration.\n\nX. That in particular, the agricultural sector periodically requires\nlabor to attend to the harvests of relevant products such as coffee,\nmelon, sugar cane, and the cutting of teak. Different social actors\nlinked to this sector made known to state authorities the\nnecessity of having a significant number of people to attend to the\naforementioned harvests. The chambers and various individuals associated with the\nagricultural, agro-industrial, and agro-export sectors have expressed their concern\nover the lack or insufficiency of national labor or labor residing in the country,\ngiven that for several years Costa Rican persons have opted for other activities\nin line with their knowledge and education, leaving a very large gap in that\nsector of the country's economy. The Executive Branch determined the need to\ncontinue and improve actions that allow addressing the problem regarding\nthe shortage of agricultural labor and the regularization of said population,\nwith a particular need in the current context caused by COVID-19.\n\nXI. That in addition to the scenario contemplated in the preceding considerings,\nthe state of national emergency throughout the Costa Rican\nterritory due to the health situation generated by COVID-19 must be kept in mind, according to\nExecutive Decree number 42227-MP-S of March 16, 2020.\n\nXII. That to address the exposed problem, the Executive Branch issued, within\nthe framework of its powers and in adherence to the legal system, the Executive\nDecree number 42406-MAG-MGP of June 16, 2020, to establish the\nprocedure to access the exception regime for\nworkers in the agricultural, agro-export, or agro-industrial sector who,\ndue to the state of national emergency for COVID-19, have been affected\nby the lack or insufficiency of labor.\n\nXIII. That in light of the preceding considerings, it is evident that Costa Rica\nis facing a state of necessity and urgency, which obliges the Executive Branch\nto carry out actions to decrease the risk factors for contagion of\nCOVID-19 among the population, through prevention and mitigation measures\nto protect the lives of people and ensure their well-being, being of\nvital importance for this purpose to shield the population of greatest social\nand economic vulnerability, in fulfillment of the mandate enshrined in articles 21 and 50\nof the Constitution; hence, in order to fulfill the objective of Executive Decree\nnumber 42406-MAG-MGP, a reform is required to incorporate a transitory provision\nthat provides security and clarity regarding the implementation of the corresponding sanctions\nestablished by article 177 of the General Law of Migration and Foreign Nationals within the\nframework of the health emergency and by virtue of the procedure for access\nto the CETTSA.\n\nTherefore,\n\nTHEY DECREE:\n\nREFORM TO EXECUTIVE DECREE NUMBER 42406-MAG-MGP OF JUNE 16,\n2020\n\nDENOMINATED PROCEDURE TO ACCESS THE EXCEPTION REGIME FOR THE\n\nMIGRATORY REGULARIZATION OF WORKERS IN THE AGRICULTURAL,\n\nAGRO-EXPORT, OR AGRO-INDUSTRIAL SECTORS\n\nArticle 1.- A Single Transitory Provision is added to Executive Decree No. 42406-MAG-MGP\nof June 16, 2020, so that henceforth the following is consigned:\n\n\"SINGLE TRANSITORY PROVISION:\n\n\"As of September 23, 2020, the provisions\nof article 177 of the LGME shall apply in the case of natural persons\nor the representatives of legal entities of workplaces in the\nagricultural, agro-industrial, or agro-export sector that employ,\nregardless of the nature of their contract, migrant\nworkers in an irregular condition who have not initiated their\nregularization process under the regularization procedure established in the\npresent Executive Decree for persons with ties to the country; prior to said\ndate, said provision of the LGME shall not apply.\"\n\nArticle 2.- This Executive Decree takes effect as of July 16, 2020.\n\nGiven at the Presidency of the Republic. San José, on the fifteenth day of the\nmonth of July, two thousand twenty." }