{ "id": "norm-92722", "citation": "Decreto 42465", "section": "norms", "doc_type": "executive_decree", "title_es": "Lineamientos de resiliencia en infraestructura pública", "title_en": "Public Infrastructure Resilience Guidelines", "summary_es": "Este decreto ejecutivo establece lineamientos generales para que las instituciones públicas incorporen la evaluación del riesgo con enfoque multi-amenaza y adaptación al cambio climático en todas las etapas del ciclo de vida de los proyectos de infraestructura pública. Define conceptos clave como infraestructura resiliente, crítica y vital, y establece principios rectores como prevención, coordinación y soluciones basadas en la naturaleza. Ordena aplicar metodologías de análisis de riesgo que consideren amenazas hidrometeorológicas, geológicas y antropogénicas, incluyendo proyecciones de cambio climático. También dispone la obligación de incorporar el análisis de riesgo en la evaluación financiera y económica de los proyectos, el acceso público a datos para la evaluación del riesgo, y la creación de una instancia de coordinación para fortalecer capacidades institucionales. Es una norma de carácter general y progresivo, dirigida a todas las fases de las obras públicas, desde el diseño hasta la operación y mantenimiento.", "summary_en": "This executive decree establishes general guidelines for public institutions to incorporate multi-hazard risk assessment and climate change adaptation throughout the entire lifecycle of public infrastructure projects. It defines key concepts such as resilient, critical, and vital infrastructure, and sets guiding principles including prevention, coordination, and nature-based solutions. Institutions must apply risk analysis methodologies that consider hydrometeorological, geological, and anthropogenic hazards, including climate change projections. It further mandates the inclusion of risk analysis in financial and economic project evaluations, ensures public access to risk assessment data, and creates a coordination body to strengthen institutional capacities. The norm is of a general and progressive nature, applicable to all phases of public works from design through operation and maintenance.", "court_or_agency": "", "date": "15/06/2020", "year": "2020", "topic_ids": [ "environmental-law-7554" ], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "enfoque multi-amenaza", "variabilidad climática", "infraestructura resiliente", "infraestructura crítica", "soluciones basadas en la naturaleza", "ciclo de vida del proyecto", "adaptación al cambio climático", "gestión del riesgo" ], "concept_anchors": [ { "article": "Art. 50", "law": "Constitución Política" }, { "article": "Art. 4", "law": "Ley 7554" }, { "article": "Arts. 10, 14", "law": "Ley 8488" }, { "article": "Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático", "law": "Decreto 41091-MINAE" } ], "keywords_es": [ "resiliencia infraestructura pública", "cambio climático", "evaluación de riesgo multi-amenaza", "adaptación climática", "gestión del riesgo", "infraestructura verde", "variabilidad 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todas las etapas del ciclo de vida de los proyectos, de manera que la protección de la infraestructura y la continuidad de los servicios, contribuyan a la resiliencia de las poblaciones y comunidades.\n\nArtículo 4.- Alcance\nLos lineamientos establecidos en esta norma son aplicables a las metodologías y a las herramientas que se empleen para la evaluación del riesgo desde un enfoque multi-amenaza, considerando la adaptación al cambio climático y variabilidad climática en las obras de infraestructura pública, ya sea nueva, construida, en operación y mantenimiento, en proceso de reconstrucción, rehabilitación y modernización, ya sea que se ejecuten directamente por la Administración, o bien se desarrollen y operen por concesión, o en cualquier otra modalidad de contratación y ejecución.", "excerpt_en": "Article 1.- Objective\nThe objective of this norm is to establish guidelines of a general nature, so that institutions executing public infrastructure works carry out risk assessment with a multi-hazard approach, which among other hazards considers present scenarios and projections of climate change and climate variability, for the technical and administrative decisions applicable at all stages of the project lifecycle, so that infrastructure protection and service continuity contribute to the resilience of populations and communities.\n\nArticle 4.- Scope\nThe guidelines established in this norm are applicable to the methodologies and tools used for risk assessment with a multi-hazard approach, considering climate change adaptation and climate variability in public infrastructure works, whether new, built, in operation and maintenance, under reconstruction, rehabilitation, and modernization, whether executed directly by the Administration, or developed and operated through concessions, or any other contracting and execution modality.", "outcome": { "label_en": "Active norm", "label_es": "Norma vigente", "summary_en": "Establishes general guidelines for 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"https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=92722&strTipM=TC&nValor3=0", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "en la totalidad del texto\n\n -\n\n Texto Completo Norma 42465\n\n Lineamientos generales para la incorporación de las medidas de resiliencia\nen infraestructura pública\n\nTexto Completo acta: 13C384\n\nNº 42465- MOPT-MINAE-MIVAH\n\nEL PRESIDENTE DE LA\nREPÚBLICA, EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS\n\nY TRANSPORTES, EL MINISTRO\nDE AMBIENTE Y ENERGÍA\n\nY LA MINISTRA DE VIVIENDA Y\nASENTAMIENTOS HUMANOS\n\nEn uso de las facultades\nque les confieren los incisos 3) y 18) del artículo 140 de la Constitución\nPolítica; la Ley No. 9405 del 4 de octubre del 2016, mediante la cual se\naprueba el Acuerdo de París; los artículos 25 inciso 1., 27 inciso 1. y 28\ninciso 2., acápite b) de la Ley General de la Administración Pública, No. 6227\ndel 2 de mayo de 1978 y sus reformas; la Ley de Planificación Urbana, No. 4240\ndel 15 de noviembre de 1968 y sus reformas; la Ley Orgánica del Ambiente, No.\n7554 del 4 de octubre de 1995 y sus reformas; la Ley Nacional de Emergencias y\nPrevención del Riesgo, No. 8488 del 22 de noviembre del 2005 y sus reformas; la\nLey de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, No. 3155 del 5\nde agosto de 1963 y sus reformas; el Decreto Ejecutivo No. 41187-MP-MIDEPLAN\ndel 20 de junio del 2018, Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo y el Decreto\nEjecutivo No. 41091-MINAE del 20 de abril de 2018 \"Política Nacional de\nAdaptación al Cambio Climático\".\n\nCONSIDERANDO:\n\n1°- Que el artículo 50 de la Constitución Política\nestablece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente\nequilibrado.\n\n2°- Que el Acuerdo de París, del cual Costa Rica es\nParte, en su misión de mejorar y reforzar la aplicación del Convenio Marco de\nlas Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tiene por objeto aumentar la\ncapacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y\nvariabilidad climática y promover en las comunidades capacidades de condiciones\nde resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto\ninvernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos.\n\n3°- Que a su vez, el Acuerdo de París establece el\nobjetivo mundial relativo a la adaptación, que consiste en aumentar la\ncapacidad de adaptación, fortalecer las condiciones de resiliencia y reducir la\nvulnerabilidad al cambio climático, con miras a contribuir al desarrollo\nsostenible y lograr una respuesta de adaptación adecuada.\n\n4°- Que el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo\nde Desastres 2015-2030, adoptado por la Comunidad Mundial, durante la III\nConferencia Mundial de Las Naciones Unidas sobre Reducción de Riesgo de\nDesastres, establece dentro de sus prioridades la relevancia de orientar las\ninversiones públicas y privadas con el fin de reducir el riesgo de desastres,\npor medio de medidas estructurales y no estructurales que son esenciales para\naumentar la resiliencia económica, social, sanitaria y cultural de las\npersonas, las comunidades, los países y sus bienes, así como el ambiente.\n\n5°- Que el Marco de Sendai establece el deber de los\nEstados de promover la resiliencia de la infraestructura vital, nueva y\nexistente, incluidas las de abastecimientos de agua, transporte y\ntelecomunicaciones, las instalaciones educativas, los hospitales y otras instalaciones\nsanitarias para asegurar que sigan siendo seguras, eficaces y operativas durante\ny después de los desastres a fin de prestar servicios esenciales y de\nsalvamento.\n\n6°- Que el Acuerdo Regional sobre el acceso a la\ninformación, la participación pública y el acceso a la Justicia en Asuntos\nAmbientales en América Latina y El Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú,\nadoptado en San José, Costa Rica en marzo del 2018, establece la obligación de\nlas Partes a asegurar el derecho de participación del público y, para ello, se\ncompromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos\nde toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos\ninterno e internacional.\n\n7°- Que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los\ncuales Costa Rica está comprometida a  cumplir,\nseñalan como parte de la Agenda 2030, la meta de \"desarrollar infraestructuras\nfiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras\nregionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar\nhumano, con especial hincapié en el acceso equitativo y asequible para todos\".\n\n8°- Que la Ley General de la Administración Pública\nestablece en su artículo 4, que la actividad de los entes públicos deberá estar\nsujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para\nasegurar su continuidad, su eficiencia y su adaptación a todo cambio en el\nrégimen legal o en la necesidad social que satisfacen.\n\n9°- Que mediante la Ley de Planificación Urbana, se\nestablece que las funciones de planificación urbana nacional o regional ejecutadas\npor el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, deben ir orientadas a la\ninversión en mejoras públicas. Además, da el mandato al INVU de preparar,\nrevisar y mantener al día un Plan Nacional de Desarrollo Urbano, en el cual\ndeben contemplarse todas las funciones urbanas: desarrollo de áreas urbanas,\ndensidad, uso de la tierra, desarrollo industrial, vivienda y renovación\nurbana, servicios públicos y la recreación física y cultural.\n\n10°- Que le corresponde a los distintos ministerios e\ninstituciones autónomas del Estado la planificación, programación y ejecución\nde las distintas infraestructuras y servicios para el desarrollo del país, las\ncuales son parte integral del Plan Nacional de Desarrollo Urbano.\n\n11°- Que la Ley Orgánica del Ambiente establece el deber\ndel Estado de velar por la utilización racional de los elementos ambientales,\ncon el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes y su\nobligación de propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible,\nentendido como el desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin\ncomprometer las opciones de las generaciones futuras.\n\n12°- Que además, la Ley Orgánica del Ambiente dispone\nque es función del Estado, las municipalidades y los demás entes públicos, definir\ny ejecutar las políticas nacionales de ordenamiento territorial, tendientes a\nregular y promover los asentamientos humanos y las actividades económicas y\nsociales, así como el desarrollo físico espacial para lograr la armonía entre\nel mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos naturales\ny la conservación del ambiente.\n\n13°- Que dentro de los criterios para el ordenamiento\nterritorial, se debe considerar, el efecto de las actividades humanas y los\nprocesos naturales sobre el ambiente, el equilibrio que necesariamente debe\nexistir entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales y la\ninfraestructura existente.\n\n14°- Que la Ley de Creación del Ministerio de Obras\nPúblicas y Transportes, le otorga competencia al MOPT en lo atinente a la\nconstrucción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura del transporte en\nsus diferentes modalidades, así como de las edificaciones y demás obras\npúblicas no sujetas a disposiciones legales especiales. Asimismo, lo constituye\nde manera permanente en la autoridad oficial única en todo lo relativo a los\nobjetivos nacionales, extendiéndose a actividades de cualquier orden que tengan\nrelación o consecuencia de ellas. Por su parte, el Consejo Nacional de Validad\n(CONAVI) tiene como objetivos planear, programar, administrar, financiar,\nejecutar y controlar la conservación y la construcción de la red vial nacional.\n\n15°- Que la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del\nRiesgo, establece que la política de gestión del riesgo constituye un eje\ntransversal de la labor del Estado Costarricense; orientada a evitar la\nocurrencia de los desastres y la atención de las emergencias en todas sus fases.\n\n16°- Que el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo,\nestablece el Área Estratégica de Articulación Presidencial de infraestructura,\nMovilidad y Ordenamiento Territorial, cuyo objetivo es generar condiciones de\nplanificación urbana, ordenamiento territorial, infraestructura y movilidad\npara el logro de espacios urbanos y rurales resilientes, sostenibles e inclusivos.\nIncluye ésta Área al Sector Ambiente, Energía y Mares, el Sector de Ordenamiento\nTerritorial y Asentamientos Humanos y el Sector de Infraestructura y Transporte.\n\n17°- Que mediante el Decreto Ejecutivo No.\n39322-MP-MINAE-MIVAH se emitió la Política Nacional de Gestión del Riesgo\n2016-2030, la cual en su lineamiento 16 establece en lo conducente: \"Protección\nde la inversión en infraestructura: el Estado y las instituciones incorporarán\nel análisis y la gestión del riesgo en todo el ciclo de vida de los proyectos\nde inversión, en las fases de diseño, ejecución y operación para garantizar la\nsostenibilidad de las obras tendientes a resguardar la calidad, seguridad,\ndurabilidad de los bienes y servicios, así como la adaptación o ajuste a los\neventos futuros de desastre.\"\n\n18°- Que la Política Nacional de Desarrollo Urbano\n2018-2030, oficializada mediante el Decreto Ejecutivo No.\n41136-MIVAH-PLAN-MINAE-MOPT del 10 de abril de 2018, la Política Nacional de\nOrdenamiento Territorial 2012-2040, oficializada mediante el Decreto Ejecutivo\nNo. 37623-PLAN-MINAET-MIVAH del 27 de noviembre del 2012 y la Política Nacional\nde Vivienda y Asentamientos Humanos 2013-2030, oficializada mediante el Decreto\nEjecutivo No. 38209-PLAN-MIVAH del 20 de enero del 2014, establecen objetivos específicos\ndirigidos hacia la planificación urbana inclusiva, resiliente y adaptable a\nnuevas circunstancias, la procura de reducir la vulnerabilidad de la población\ncostarricense, disminuir los asentamientos humanos en condición de precario y\nlas viviendas ubicadas en áreas de riesgo, y el impulso del desarrollo de\nasentamientos humanos en sitios seguros incrementando la capacidad de atender\neficazmente las emergencias.\n\n19°- Que el Decreto Ejecutivo No. 41091-MINAE \"Política\nNacional de Adaptación al Cambio Climático\", establece en su artículo 4, que el\nobjetivo general de dicha Política es transitar hacia un modelo de desarrollo\nresiliente de la sociedad costarricense. El eje 4 de dicha Política, denominado\n\"Servicios públicos adaptados e infraestructura resiliente\", está orientado a\ngarantizar la continuidad de los servicios públicos de alta calidad y una\nadecuada protección de activos (energía, telecomunicaciones, agua, salud,\neducación, infraestructura vial), sean públicos o privados, para mejorar su\ncapacidad de adaptación al cambio climático, gracias a normas y lineamientos\npara la inversión pública.\n\n20°- Que en diciembre del 2018, la Contraloría General\nde la República, emitió el Informe de la \"Auditoría de carácter especial acerca\nde la incorporación de especificaciones que garanticen la resiliencia de la\ninfraestructura pública reconstruida por la Comisión Nacional de Emergencia\",\nDFOE-AE-IF-00015-2018, estableciendo una disposición a la Junta Directiva de la\nComisión Nacional de Emergencias y al Ministro de Obras Públicas y Transportes,\nen su condición de Rector de Infraestructura y Transporte, para que en coordinación\ncon los ministros rectores de los sectores Ambiente, Energía y Mares, y Ordenamiento\nTerritorial y Asentamientos Humanos, elaboren una propuesta de normativa que\ncontenga principios, alcance y promueva el uso de herramientas para la\nincorporación de medidas de resiliencia en el ciclo de vida de la\ninfraestructura pública.\n\n21°- Que mediante el Acuerdo No. 207-10-19, tomado por\nla Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención\nde Emergencias, en la Sesión Ordinaria N°18-10-19, celebrada el día 2 de\noctubre de 2019, se conoció el presente Decreto Ejecutivo y se dispuso\ntrasladarlo al Ministro de Obras Públicas y Transportes para su trámite. Dicho Acuerdo\ntomó firmeza en la sesión ordinaria No. 19-10-19, que se celebró el día 16 de\noctubre del 2019.\n\n22°- Que al ser la presente propuesta de Decreto\nEjecutivo una regulación que no establece ni modifica trámites, requisitos o\nprocedimientos, que el administrado deba cumplir ante la Administración\nCentral, no requiere el control previo de revisión por parte de la Dirección de\nMejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, de\nconformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto Ejecutivo Nº\n37045-MP-MEIC de 22 de febrero del 2002 y sus reformas, denominada\n\"Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y\nTrámites Administrativos\" y sus reformas.\n\n23°- Que mediante publicación en el diario oficial La\nGaceta No. 241 del 18 de diciembre del 2019, con fundamento en lo dispuesto en\nel artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública, se sometió a\nconsulta pública el presente Decreto Ejecutivo.\n\nPor tanto,\n\nDECRETAN:\n\nLineamientos generales para\nla incorporación de las medidas de resiliencia en\n\ninfraestructura pública.\n\nCapítulo I.- Disposiciones\nGenerales\n\nArtículo 1.- Objetivo\n\nEl objetivo de la presente\nnorma es establecer lineamientos de orden general, con la finalidad de que las\ninstituciones que ejecutan obras de infraestructura pública realicen la\nevaluación del riesgo con un enfoque multi-amenaza, que entre otras amenazas\nconsidere los escenarios presentes y proyecciones de cambio climático y la variabilidad\nclimática, para las decisiones técnicas y administrativas aplicables en todas\nlas etapas del ciclo de vida de los proyectos, de manera que la protección de\nla infraestructura y la continuidad de los servicios, contribuyan a la\nresiliencia de las poblaciones y comunidades.\n\nArtículo 2.- Definiciones\n\nPara todos los efectos\nlegales que se derivan de la aplicación de este Reglamento, debe entenderse\npor:\n\na) Adaptación: Acciones e intervenciones públicas de cara a los\nimpactos probables de cambio climático, variabilidad climática y de otros\norígenes, tendientes a reducir condiciones de vulnerabilidad, que permitan\nmoderar daños, evitar pérdidas, aprovechar oportunidades para potenciar las\ncondiciones de resiliencia de los sistemas económicos, sociales, ambientales, a\nescala regional, nacional y local de forma medible, reportable y verificable.\n\nb) Amenaza: Suceso o circunstancia física, fenómeno natural o\nantropogénico que, en el caso de haber alcanzado o superado una intensidad\nespecífica, puede implicar la pérdida o daño a las vidas humanas, bienes\nsociales, económicos y ambientales.\n\nc) Amenazas\nhidrometeorológicas y marinas: Son\nfenómenos de origen meteorológico e hidrológico. Cabe citar como ejemplo los\nciclones tropicales (depresiones, tormentas y huracanes), ondas tropicales,\nfrentes y empujes fríos, que inducen inundaciones, incluidas las crecidas\nrepentinas, las mareas de tormentas y oleaje en las zonas costeras. También se\nconsideran las sequías, las olas de calor y de frío.\n\nd) Amenaza geológica o geofísica:\nSe origina en procesos internos y externos de\nla tierra. Algunos ejemplos son los terremotos, la actividad volcánica y los\nprocesos geofísicos, como movimientos de masas, desprendimientos de tierra, desprendimientos\nde rocas, derrumbes en superficie y corrientes de lodo o detritos. Los factores\nhidrometeorológicos contribuyen de manera importante a algunos de estos\nprocesos.\n\ne) Amenaza antropogénica: Procedimientos peligrosos, fallos de\ninfraestructuras, en la tecnología y en los procesos industriales o\ndeterminadas actividades humanas.  Entre\nlos ejemplos cabe citar la contaminación industrial, la radiación nuclear, los desechos\ntóxicos, las roturas de presas, oleoductos, los accidentes de medios de transporte,\nlas explosiones en fábricas, los incendios y los derrames químicos. Los eventos\ntecnológicos también pueden surgir directamente como resultado de los efectos\nde un suceso debido a una amenaza natural.\n\nf) Capacidad adaptativa: Habilidad y disposición de las personas y las\norganizaciones a realizar cambios en la infraestructura y los servicios, en los\nmodelos funcionales y operativos que permiten la operación de estos, para\nlograr o fortalecer la respuesta y ajuste de los sistemas sociales, económicos\ny ambientales ante nuevos estímulos de demandas, necesidades, amenazas y\noportunidades del entorno y el momento histórico.\n\ng) Cambio climático: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente\na la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y que\nse suma a la variabilidad natural del clima, observada durante períodos de\ntiempo comparables.\n\nh) Ciclo de vida del\nproyecto: El ciclo de vida de un\nproyecto consiste en el proceso de transformación o maduración que experimenta\ntodo proyecto de inversión, desde  la\nexpresión de una idea de inversión hasta que entra en operación para\nmaterializar los beneficios esperados en la formulación. El ciclo de vida de un\nproyecto está conformado por fases y estas a su vez por etapas. El conjunto de\netapas para la administración de cualquier infraestructura pública integra la\nsecuencia de: (i) pre - inversión, (ii) promoción, negociación y\nfinanciamiento, (iii) inversión o ejecución y iv) operación o funcionamiento y\nmantenimiento. Para efectos del ejercicio práctico de la construcción, las etapas\nse resumen en: (i) Formulación y Diseño, (ii) Construcción, (iii) Operación,\n(iv) Mantenimiento y cierre.\n\ni) Daño: Detrimento, perjuicio o menoscabo total o parcial\nde bienes físicos y servicios básicos en la zona afectada por un evento de\nemergencia o desastre.\n\nj) Evaluación del riesgo a\ndesastres: Enfoque cualitativo o\ncuantitativo y probabilístico para determinar la naturaleza y el alcance del\nriesgo de desastres, mediante el análisis de las posibles amenazas y la\nevaluación de las condiciones existentes de exposición y vulnerabilidad, que\nconjuntamente podrían causar pérdidas humanas y daños a los bienes, los\nservicios, los medios de vida y al ambiente del cual dependen.\n\nk) Exposición: Influencia de una o varias amenazas en espacio y\ntiempo que podrían afectar negativamente a los servicios que brinda la\ninfraestructura, a las personas, a los recursos ambientales, entre otros\nelementos con significado de valor tangible e intangible, medibles y\nponderables.\n\nl) Gestión del riesgo: Proceso mediante el cual se reducen las condiciones\nde vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos, la\ninfraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de\nbienes y servicios y el ambiente. Es un modelo sostenible y preventivo, al que\nincorporan criterios efectivos de prevención y mitigación de desastres dentro\nde la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como a la\npreparación, atención y recuperación ante las emergencias.\n\nm) Infraestructura pública:\nConjunto de obras de infraestructura física,\ninstalaciones, redes y otros activos como la infraestructura verde, en todas\nlas formas de construcción que presten servicios al público en general. Ya sea\nejecutada por un ente público de manera directa, por concesión u otras modalidades\nde contratación.\n\nn) Infraestructura pública\nconvencional: Conjunto de obras de\ninfraestructura física, instalaciones, redes y otros activos, en todas las\nformas de construcción que presten servicios al público en general, que no se\nclasifican como infraestructura crítica, ni vital.\n\no) Infraestructura pública\ncrítica: Conjunto de edificaciones,\nredes y sistema de transporte indispensables para preservar y mantener la\nsoberanía nacional y el funcionamiento social-económico y la salud del país:\ncarreteras, ferrocarriles con sus respectivos puentes, aeropuertos, puertos,\npuestos de fronteras, principales instalaciones de seguridad nacional (Fuerza\nPública, Servicio Nacional de Guardacostas y Vigilancia Aérea), principales\ninstalaciones de producción estratégica, almacenamiento y distribución para\nbrindar los servicios esenciales de suministro de electricidad,\ntelecomunicaciones, agua, hidrocarburos, las instalaciones de salud y\nasistencia alimentaria.\n\np) Infraestructura pública\nvital: Conjunto de estructuras\nfísicas, instalaciones, redes y otros activos que proporcionan servicios\nindispensables y protección para el funcionamiento social y económico de una\ncomunidad o sociedad. En el contexto de Costa Rica la infraestructura vital\nintegra toda la infraestructura crítica y articula al sistema de transporte\nterrestre la red vial nacional y cantonal, el sistema carcelario, los edificios\ndestinados a la prestación de servicios públicos de salud y educación, los sistemas\nde riego a cargo de SENARA, las obras de protección en terrenos inestables, márgenes\ny cauces de los cuerpos de agua, como son los ríos, quebradas, lagos, embalses\ny zonas marino costeras.\n\nq) Infraestructura\nresiliente: Es aquella que se diseña,\nconstruye, opera con el debido mantenimiento, de manera que sea capaz de\nresistir las amenazas en todo su tiempo de vida útil, con ello garantiza la\nprestación y continuidad de los servicios para los cuales fue creada y\ncontribuye a la reducción de la vulnerabilidad de los sistemas humanos y\nnaturales.\n\nr) Infraestructura verde: Es una red interconectada de cobertura verde o\nespacios azules que conservan las funciones y valores de los ecosistemas\nnaturales y provee beneficios asociados a la población humana, como servicios\nesenciales para actividades productivas, regulación de la temperatura,\nconservación del recurso hídrico, rehabilitación de suelos, recuperación de\npaisajes, y, complementa o reemplaza obras de infraestructura gris.\n\ns) Inversión pública: Conjunto de recursos de origen público, destinado a\nmantener o incrementar el capital físico y humano que cada institución pretende\nejecutar, como parte de las políticas enunciadas en el Plan Nacional de\nDesarrollo, que proporcione la ampliación de la capacidad de producción de\nbienes y servicios, con fundamento en una metodología que faculte su\nidentificación, ejecución y evaluación.\n\nt) Multi - amenaza: Combinación de dos o más factores de amenaza,\nmanifestados de manera aislada, simultánea o por reacción en cadena, para\nproducir un suceso disparador de un desastre.\n\nu) Obras de mitigación: Aplicación de medidas para reducir el impacto\nnegativo que provoca un suceso de origen natural, humano o tecnológico.\n\nv) Pérdida: Impacto total determinado en la dimensión\neconómica, compuesto de pérdidas económicas directas e indirectas. Implica el\nanálisis econométrico de la forma cómo se manifiesta, en el mediano y largo\nplazo, la materialización de la amenaza y el impacto de los daños producidos\nsobre los flujos económicos, considerando aspectos como los costos directos de\nreposición de la obra.\n\nw) Proyecto de inversión: es el conjunto de procedimientos y actividades\nplanificadas y relacionadas entre sí que permiten ejecutar una inversión\npública y cuyos componentes están vinculados como una unidad funcional, el cual\npermite dar una solución integral a una necesidad o exigencia social, promover\nel desarrollo o mejorar la prestación de un servicio o actividad pública.\n\nx) Resiliencia: Es la capacidad de los seres humanos y los sistemas\nnaturales para adaptarse positivamente a situaciones adversas, superar las\ncontingencias, recuperarse lo más pronto posible, preservando y restaurando las\nestructuras y funciones básicas y trascendiendo o superando su condición previa\nde vulnerabilidad.\n\ny) Riesgo: Probabilidad de que se presenten daños y pérdidas,\no consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y\ndurante un período definido. Se obtiene al relacionar la amenaza con la\nvulnerabilidad de los elementos expuestos.\n\nz) Servicio Climático: Proceso para desarrollar protocolos y normas para\nel intercambio de datos climáticos tendientes a mejorar los productos de\ninformación y la prestación de servicios. Permite crear sistemáticamente\ncapacidades en esas organizaciones de ámbito nacional cuando ellas lo necesiten,\nfomenta una más estrecha relación entre los investigadores y los proveedores y\nusuarios de información sobre el clima, con el fin de mejorar las técnicas y de\nayudar a conseguir que todos los sectores sociales dispongan de la información\nadecuada para sus actividades cotidianas y de planificación a largo plazo\". La\ninformación del clima es la estadística del tiempo, donde se evalúan los\npatrones de variación en temperatura, humedad, presión atmosférica, viento,\nprecipitación y otras variables meteorológicas en una región dada sobre\nperiodos largos de tiempo.\n\naa) Servicios\nEcosistémicos: Beneficios que las personas\nobtienen de los ecosistemas: servicios de provisión (también conocidos como\nbienes) tales como alimentos y agua; servicios de protección ante eventos\npeligrosos y mitigación de impactos, como el control natural de la erosión, las\ninundaciones, los vientos, plagas, pestes, enfermedades; servicios de apoyo,\ntales como los ciclos de nutrientes que mantienen las condiciones para la vida\nen la Tierra.\n\nbb)Variabilidad climática: Variaciones del estado medio y otras\ncaracterísticas estadísticas (desviación típica, sucesos extremos) del clima en\ntodas las escalas espaciales. La variabilidad puede deberse a procesos internos\nnaturales del sistema climático (variabilidad interna) o a variaciones del\nforzamiento externo natural o antropogénico (variabilidad externa).\n\ncc) Vulnerabilidad: Condición intrínseca de ser impactado por un suceso\na causa de un conjunto de condiciones y procesos físicos, sociales, económicos\ny ambientales. Se determina por el grado de exposición y fragilidad de los\nelementos susceptibles de ser afectados - la población, sus haberes, las\nactividades de bienes y servicios, el ambiente - y la limitación de su\ncapacidad para recuperarse. Las metodologías de evaluación de riesgo presentan\ndiversos criterios para el análisis de la vulnerabilidad; en algunos casos el\nanálisis de la vulnerabilidad se limita a solo determinar la exposición y en\notros casos la exposición se analiza de manera separada respecto de las otras\nvariables de vulnerabilidad que son fragilidad y capacidades.\n\nArtículo 3.- Principios.\n\nPara los efectos de la\naplicación del presente Decreto Ejecutivo se establecen los siguientes principios:\n\na) Adaptación: Se promoverán acciones e intervenciones públicas de\ncara a los impactos probables de las amenazas existentes, incluidas las\nderivadas del cambio climático y la variabilidad climática, tendientes a\nreducir condiciones de vulnerabilidad, que permitan moderar daños y las pérdidas,\naprovechar oportunidades para potenciar las condiciones de resiliencia de los\nsistemas económicos, sociales, ambientales, físico-espaciales, en los ámbitos\nregional, nacional y local de forma mesurable, reportable y verificable.\n\nb) Continuidad de los servicios\npúblicos: La actividad de la\nAdministración estará orientada a mantener o reanudar el servicio público para\nasegurar su continuidad, luego de una interrupción atribuible a eventos que\npueden generar daños en virtud a su frecuencia e intensidad.\n\nc) Coordinación: Las acciones de las instituciones públicas deberán\ndesarrollarse de manera articulada y concurrente, de modo que, respetando las\ncompetencias que atañen a cada una de estas, sus actuaciones puedan\ndireccionarse en forma concertada y sistémica hacia propósitos comunes. Se\nprocurará en todo momento integrar en las acciones de coordinación al sector\nprivado.\n\nd) Integralidad del proceso\nde gestión: Todo proceso de gestión\ndel riesgo deberá abordarse de forma integrada, mediante la articulación de los\nórganos, las estructuras, los métodos, los procedimientos y los recursos de\ntodas las instituciones públicas que forman el Estado costarricense, entiéndase\nla Administración Central, la Administración Descentralizada, las empresas\npúblicas y los gobiernos locales, procurando la participación del sector\nprivado y de la sociedad civil organizada.\n\ne) Prevención: Se procurará una acción anticipada con el fin de\nreducir la vulnerabilidad, así como tomar las medidas para evitar o mitigar los\nimpactos de eventos peligrosos o desastres; por su misma condición, estas\nacciones o medidas son de interés público y de cumplimiento obligatorio.\n\nf) Progresividad: Se efectuará un ajuste gradual, constante y\nsistémico de los procesos, procedimientos, funciones, directrices y todos los\ninstrumentos necesarios para la puesta en marcha e implantación de las\ndisposiciones contenidas en la presente norma.\n\ng) Protección de la vida. Quienes se encuentran en el territorio nacional\ndeben ser protegidos en su vida, su integridad física, sus bienes y el\nambiente, frente a los desastres o sucesos peligrosos que puedan suceder.\n\nh) Solidaridad: Es responsabilidad de las instituciones del Estado\nrealizar esfuerzos comunes para proteger la vida, la integridad física y el\npatrimonio de todos los habitantes; se considera prioritaria la atención de las\nnecesidades de los más vulnerables bajo los preceptos de equidad y razón.\n\ni) Soluciones basadas en la\nnaturaleza: Fomentar los servicios\necosistémicos para fortalecer las condiciones de resiliencia de las comunidades\ny poblaciones. El uso sostenible de los recursos naturales contribuye a la\ncontinuidad de los servicios que brindan las infraestructuras públicas. Es una\nmedida de adaptación costo-eficiente que apoya la protección de activos ante eventos\npeligrosos, la mitigación de impactos y la sostenibilidad de los recursos\nnaturales, contribuyendo a reducir de manera natural la erosión de suelos, la\nprotección de bosques y el control de incendios, la protección y recarga de los\nmantos acuíferos y la retención de agua.\n\nArtículo 4.- Alcance\n\nLos lineamientos\nestablecidos en esta norma son aplicables a las metodologías y a las herramientas\nque se empleen para la evaluación del riesgo desde un enfoque multi-amenaza, considerando\nla adaptación al cambio climático y variabilidad climática en las obras de infraestructura\npública, ya sea nueva, construida, en operación y mantenimiento, en proceso de\nreconstrucción, rehabilitación y modernización, ya sea que se ejecuten\ndirectamente por la Administración, o bien se desarrollen y operen por\nconcesión, o en cualquier otra modalidad de contratación y ejecución.\n\nLas medidas a tomar para\nmejorar la resiliencia de la infraestructura pública son aplicables a todas las\nfases del ciclo de vida de los proyectos de obra.\n\nSerán aplicables también a\nlos proyectos de inversión de obra que se realizan para la atención de\nemergencias y desastres, de modo que las obras de rehabilitación y\nreconstrucción, así como toda obra nueva que se construya en un sitio de\ndesastre, no reproduzca la vulnerabilidad y por el contrario, en una\nperspectiva de largo plazo, contribuya a la recuperación con un enfoque de\ndesarrollo. La resiliencia de la infraestructura debe obtenerse tanto con\ndiseños que se adapten a la variabilidad climática, como con soluciones basadas\nen la naturaleza, considerando tanto los servicios ecosistémicos como la\ninfraestructura verde, para evitar reproducir vulnerabilidades.\n\nCapitulo II.- Del uso de\nherramientas para la evaluación del riesgo bajo un enfoque\n\nmulti-amenaza.\n\nArtículo 5.- Obligación de\nlas instituciones.\n\nLas instituciones a cargo\nde la gestión de infraestructura pública, ya sea en forma directa o a través de\nlas diversas modalidades de contratación, deberán aplicar las herramientas necesarias\npara la evaluación del riesgo bajo un enfoque multi-amenaza en todo el ciclo de\nvida de las obras o proyectos. Deberá incluirse en el análisis las proyecciones\nde cambio climático y la variabilidad climática, además de otros tipos de\namenazas naturales y antropogénicas. Lo anterior deberá realizarse en un\nproceso progresivo y ordenado que contemple la identificación de los factores\nde riesgo, la determinación de los daños y pérdidas probables y las medidas\nnecesarias para su control y manejo.\n\nArtículo 6.- Finalidad de\nla evaluación de riesgo.\n\nLa evaluación del riesgo se\nrealiza para garantizar la sostenibilidad, resguardar la calidad, eficiencia,\nseguridad, durabilidad de los bienes y continuidad de los servicios, así como\nla adaptación, ajustes o respuesta de la actividad constructiva, tendiente a\nreducir la vulnerabilidad y favorecer la recuperación de la sociedad\ncostarricense ante eventos adversos, emergencia y desastre. Lo anterior durante\nel ciclo de vida de las obras de infraestructura y servicios públicos.\n\nArtículo 7.- Aspectos\ngenerales de la metodología de evaluación de riesgo con enfoque multi-amenaza.\n\nPara la evaluación del\nriesgo de los proyectos de infraestructura deben aplicarse criterios metodológicos\nrazonables desde el punto de vista de la ciencia y de la tecnología, que además\nconsideren los efectos acumulativos de las amenazas. Los criterios se\nclasifican en a) básicos y b) complejos, y se aplicarán según la disponibilidad\nde información en términos de calidad, rigurosidad y detalle con que se cuente.\nLos mismos criterios aplican para la escogencia de herramientas analíticas que\npuedan ser empleadas para facilitar el análisis:\n\na) Métodos básicos: Son los que se fundamentan en procedimientos\ndeterminísticos, es decir, basados en datos existentes, documentados o que se\nrecogen en terreno, que permiten identificar los factores de amenaza y su área\nde influencia. En caso de recurrir a estos, debe realizarse un ejercicio de\nobservación del sitio para calcular el grado de exposición de las personas, así\ncomo la fragilidad y el valor socioeconómico de los activos.\n\nb) Métodos complejos: Son los que recurren al análisis probabilístico,\nque consiste en un ejercicio de modelación que se ejecuta mediante un uso\nintensivo de información, para obtener el rango completo de posibles pérdidas.\nEn la medida que se cuente con la información adecuada y los instrumentos\nprobabilísticos para el análisis del riesgo, sus resultados se deben tener en\nconsideración privilegiada porque supone un análisis más técnico y preciso que\nbrinda más certidumbre a la toma de decisiones.\n\nEn atención al principio de\nprogresividad y conforme avance la disponibilidad de la información y la\ncapacidad técnica en las instituciones, se adoptarán métodos más exhaustivos,\nque permitan que la evaluación del riesgo evolucione, transitoriamente, del análisis\ndeterminístico hacia el análisis probabilístico. Para la selección de tales\nmétodos se tomará en consideración el tipo de infraestructura, ya sea que se\ntrate de infraestructura pública convencional, infraestructura pública vital o\ninfraestructura pública crítica.\n\nArtículo 8.- Criterios\nbásicos para la escogencia de las metodologías y herramientas para la\nevaluación de riesgo bajo un enfoque de multi-amenaza.\n\nLa selección deberá\nconsiderar como mínimo lo siguiente:\n\na) Identificación de\namenazas: Es la determinación de los\nelementos físicos del entorno que pueden generar un evento peligroso, con\npotencial de daño para la infraestructura y la interrupción eventual de los\nsistemas de producción de bienes y servicios. El análisis debe considerar el\ncriterio de multi-amenaza, la desagregación de las diversas variables que\nconforman las amenazas y los posibles eventos asociados. En el caso de las\namenazas geodinámicas, hidrometeorológicas y climáticas, deben considerarse los\nefectos de la variabilidad climática (el análisis de datos históricos) y las\nproyecciones de cambio climático (análisis a futuro) para determinar el\npotencial daño.\n\nLas amenazas deben ser\ncalificadas por su severidad y frecuencia mediante el uso de escalas numéricas\no porcentuales para ponderar la posible incidencia en términos de daño y/o\npérdida probable. Para determinar periodos de retorno de los eventos se tomará\nen cuenta los datos históricos de eventos actuales y las proyecciones; esta\ninformación es relevante para seleccionar y priorizar las medidas de adaptación\npertinentes para la resiliencia de la infraestructura.\n\nb) Evaluación de la\nexposición: Es la determinación de los\nvalores de la infraestructura afectable que se encuentra en el área de\ninfluencia de la amenaza, según distribución espacial y temporal de su\nintensidad y que, para el caso específico de esta norma, se refiere a la\ninfraestructura que está siendo objeto de evaluación.\n\nLa exposición representa un\nprimer criterio de valoración para determinar las obras y medidas necesarias\npara la protección de la infraestructura y representa el nivel más básico de\nanálisis de riesgo que se puede elaborar.\n\nc) Evaluación de la\nvulnerabilidad: Es por una parte, la\ndeterminación de los factores de fragilidad (en algunas metodologías se usan\nconceptos como susceptibilidad o sensibilidad para referir algunos de los\ncomponentes de la evaluación de la vulnerabilidad) de la infraestructura que\nestá bajo evaluación, que permitan ponderar el comportamiento probable de esta,\nal ser impactada por un evento dañino.\n\nEsta evaluación debe\ndesarrollarse con un enfoque sistémico, considerando otros elementos del\nentorno que pueden ser afectados, tales como otra infraestructura dependiente y\nmedios de vida que pueden tener efecto en el bienestar de la población; debe\nincluir necesariamente el número de vidas humanas que se pueden perder y los posibles\nimpactos directos e indirectos, en término de indicadores económicos y financieros.\n\nPor otra parte, la evaluación\nde vulnerabilidad debe incluir el análisis de la capacidad adaptativa; esta\ndebe consistir en la valoración de las condiciones de desarrollo de la obra en\ntodo el ciclo de vida, que dificultan o favorecen la operación eficiente de la infraestructura\ny en el servicio final que debe prestar. Este elemento de evaluación debe\naportar información para apoyar la toma de decisión sobre alternativas de gestión\ngerencial, que garanticen la vida útil de las obras y la continuidad de los servicios.\n\nd) Estimación del riesgo: Es la ponderación matemática de las pérdidas\nprobables de la infraestructura y a otros elementos del sistema social y\nambiental que se le asocia, como resultado del impacto directo o indirecto de\nla materialización de la amenaza. La evaluación del riesgo debe tomar en cuenta\ndatos históricos de los eventos y pérdidas ocurridas y la elaboración de\nescenarios sobre comportamientos futuros de las amenazas y sus impactos en la\ninfraestructura.\n\nPara la selección de la\nherramienta a aplicar, las instituciones a cargo de la construcción de infraestructura\npública deberán considerar, además, el tipo o naturaleza de infraestructura que\nesté bajo su competencia y, argumentar técnicamente que la metodología\nutilizada garantiza el conocimiento adecuado del riesgo y la efectiva\nmaterialización de medidas de adaptación que procuren el aumento de las\ncondiciones de resiliencia en la infraestructura pública.\n\nCapítulo III.-\nDisposiciones Finales\n\nArtículo 9.- Análisis\nFinanciero y Económico.\n\nLa evaluación financiera y\neconómica social del proyecto debe siempre incorporar el análisis de riesgo y\ntomar decisiones sobre la protección de la infraestructura, considerando los escenarios\nde evaluación con y sin medidas de reducción del riesgo, incluyendo lo referente\na la adaptación al cambio y la variabilidad climática.\n\nLos costos, beneficios y\nexternalidades asociados a la prevención de riesgos y la adaptación deben\nincorporase al flujo financiero y económico social. Los costos de las medidas\ndeben incluir las inversiones necesarias en todo el ciclo de vida del proyecto.\nCuando el escenario no incluye medidas de reducción del riesgo, los flujos\ndeben incorporar los costos a asociados a la reconstrucción, rehabilitación y\nlos beneficios a la población.\n\nLas medidas de reducción de\nla exposición o de mejora de la protección física del proyecto deberán generar\nlos beneficios esperados, procurando la continuidad de servicios y la protección\nde los ecosistemas y la infraestructura verde. En aquellos casos en que las\nmedidas no reducen en su totalidad los daños y pérdidas, se debe considerar el\nefecto residual asociado a la ocurrencia del evento en los flujos.\n\nCuando todos los costos\nsociales no se pueden identificar, medir y valorar para incluirlos en las\nevaluaciones, las entidades deberán complementar el análisis cuantitativo\n(evaluaciones financiera y económica social) con el análisis cualitativo de la\nsituación del proyecto con y sin medidas de reducción del riesgo, lo que\nimplica al menos la identificación y medición de los costos y efectos sobre la\npoblación debido al posible evento.\n\nArtículo 10.- Acceso al\ndato para evaluar riesgo\n\nLos datos necesarios para\nla evaluación del riesgo deben ser considerados datos de carácter público. Las\ninstituciones que generan datos útiles para la evaluación de riesgo deben\ndefinir cuáles datos o servicios de información son gratuitos y cuáles tienen\ncosto.\n\nTodas las instituciones del\nEstado Costarricense están en la obligación de aportar la información\nnecesaria, entre ellos, datos, estadísticas y estimaciones, tanto históricas\ncomo de proyección respecto al comportamiento de las variables y eventos\nrelacionados con las amenazas y la vulnerabilidad, en formatos adecuados que\ncontribuyan a la modelación y la construcción de escenarios de riesgo. Del\nmismo modo, sin perjuicio del principio de separación de poderes, las\ninstituciones que no son parte de la Administración Pública Central, podrán\naplicar la normativa de apertura de datos públicos como marco de referencia para\nla provisión de datos necesarios para la evaluación de riesgo, según los\nobjetivos y alcance de los presentes lineamientos.\n\nArtículo 11.- Generación de\ncapacidades y condiciones\n\nA los efectos de la\naplicación de lo dispuesto en la presente norma, las instituciones públicas competentes\ndeberán efectuar las acciones pertinentes para fortalecer las capacidades y competencias,\nasí como dotar de las herramientas y metodología necesarias a los colaboradores\npara incorporar en los proyectos de infraestructura el análisis del riesgo,\nbajo un enfoque de multi-amenaza, con adaptación al cambio climático y\nvariabilidad climática.\n\nArtículo 12.- Recopilación\nde la información\n\nLa Comisión Nacional de\nPrevención de Riesgos y Atención de Emergencias, amparada en el artículo 14 de\nla Ley N° 8488, tendrá la obligación de recopilar, procesar y consolidar la información\nsobre las variables y eventos relacionados con las amenazas, en formatos adecuados\nque contribuyan a la modelación y la construcción de escenarios de riesgo. Todo\nello en versión digital con el fin de que esté a disposición pública, en una\nplataforma digital adecuada. De igual forma, coordinará la recolección de datos\ncon otras plataformas existentes como SINAMECC (Sistema Nacional de Métricas en\nCambio Climático.)\n\nArtículo 13.- Instancia de\nCoordinación para la Protección de la Infraestructura\n\nLa Comisión Nacional de\nPrevención de Riesgos y Atención de Emergencias, amparada en el artículo 10 de\nla Ley N° 8488, integrará una instancia de coordinación con representantes de\nla comunidad científica, colegios profesionales, instituciones con competencias\nde regulación y control en la ejecución de proyectos de infraestructura\npública, adaptación al cambio climático y demás aspectos regulados en el\npresente Decreto, que tendrá la tarea de elaborar y ejecutar un plan de acción\npara el fortalecimiento de capacidades institucionales para la evaluación del\nriesgo, la generación progresiva de datos de calidad y la guía para el uso de\nherramientas adecuadas que se ajusten a los criterios definidos en los\npresentes lineamientos.\n\nPara tales efectos podrá\nbuscar alianzas estratégicas para brindar herramientas adecuadas que se ajusten\na los criterios definidos en los presentes lineamientos.\n\nTRANSITORIO ÚNICO\n\nLa incorporación de la\nconsideración del cambio climático y variabilidad climática en la evaluación\ndel riesgo, se efectuará de manera progresiva y conforme se avance en la generación\nde la información necesaria y de los servicios climáticos e hidrometeorológicos\ny estén a disposición de las instituciones públicas. Igualmente, será\nprogresiva conforme se mejoren las capacidades de los funcionarios de las\ninstituciones para hacer esta consideración.\n\nArtículo 14.- Rige a partir de su publicación.\n\nDado en\nla Presidencia de la República. San José, a los quince días del mes de junio\ndel 2020.", "body_en_text": "in the entirety of the text\n\n -\n\n Complete Text of Norm 42465\n\n General guidelines for the incorporation of resilience measures\nin public infrastructure\n\nComplete Text acta: 13C384\n\nNº 42465- MOPT-MINAE-MIVAH\n\nTHE PRESIDENT OF THE\nREPUBLIC, THE MINISTER OF PUBLIC WORKS\n\nAND TRANSPORT, THE MINISTER\nOF ENVIRONMENT AND ENERGY\n\nAND THE MINISTER OF HOUSING AND\nHUMAN SETTLEMENTS\n\nIn use of the powers\nconferred upon them by subsections 3) and 18) of article 140 of the Political\nConstitution; Law No. 9405 of October 4, 2016, by which the\nParis Agreement is approved; articles 25 subsection 1., 27 subsection 1. and 28\nsubsection 2., sub-paragraph b) of the General Law of Public Administration, No. 6227\nof May 2, 1978 and its amendments; the Urban Planning Law, No. 4240\nof November 15, 1968 and its amendments; the Organic Environmental Law, No.\n7554 of October 4, 1995 and its amendments; the National Law of Emergencies and\nRisk Prevention, No. 8488 of November 22, 2005 and its amendments; the\nLaw Creating the Ministry of Public Works and Transport, No. 3155 of August 5,\n1963 and its amendments; Executive Decree No. 41187-MP-MIDEPLAN\nof June 20, 2018, Organic Regulation of the Executive Branch and Executive\nDecree No. 41091-MINAE of April 20, 2018 \"National Climate Change\nAdaptation Policy.\"\n\nCONSIDERING:\n\n1°- That article 50 of the Political Constitution\nestablishes that every person has the right to a healthy and ecologically\nbalanced environment.\n\n2°- That the Paris Agreement, to which Costa Rica is a\nParty, in its mission to improve and reinforce the application of the United Nations Framework Convention on Climate Change, aims to increase\nthe capacity for adaptation (adaptación) to the adverse effects of climate change and\nclimate variability (variabilidad climática) and to promote in communities capabilities for climate\nresilience (resiliencia) conditions and a development with low greenhouse gas\nemissions, in a way that does not compromise food production.\n\n3°- That in turn, the Paris Agreement establishes the\nglobal goal on adaptation, which consists of increasing\nadaptive capacity (capacidad adaptativa), strengthening resilience conditions and reducing\nvulnerability to climate change, with a view to contributing to sustainable\ndevelopment and achieving an adequate adaptation response.\n\n4°- That the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction\n2015-2030, adopted by the World Community during the III\nUnited Nations World Conference on Disaster Risk Reduction, establishes within its priorities the relevance of guiding\npublic and private investments to reduce disaster risk,\nthrough structural and non-structural measures that are essential for\nincreasing the economic, social, health and cultural resilience of\npeople, communities, countries and their assets, as well as the environment.\n\n5°- That the Sendai Framework establishes the duty of\nStates to promote the resilience of vital infrastructure, new and\nexisting, including water supply, transportation and\ntelecommunications, educational facilities, hospitals and other health\nfacilities to ensure that they remain safe, effective and operational during\nand after disasters in order to provide essential and life-saving\nservices.\n\n6°- That the Regional Agreement on Access to Information,\nPublic Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean, known as the Escazú Agreement,\nadopted in San José, Costa Rica in March 2018, establishes the obligation of\nthe Parties to ensure the right of public participation and, for this purpose, commits\nto implementing an open and inclusive participation in environmental\ndecision-making processes, based on the internal and international\nnormative frameworks.\n\n7°- That the Sustainable Development Goals, which\nCosta Rica is committed to fulfilling,\nindicate as part of the 2030 Agenda, the target of \"developing reliable,\nsustainable, resilient and quality infrastructure, including regional and cross-border\ninfrastructure, to support economic development and human well-being, with\nspecial emphasis on equitable and affordable access for all.\"\n\n8°- That the General Law of Public Administration\nestablishes in its article 4, that the activity of public entities must be\nsubject as a whole to the fundamental principles of public service, to\nensure its continuity, its efficiency and its adaptation to any change in the\nlegal regime or in the social need they satisfy.\n\n9°- That through the Urban Planning Law, it is\nestablished that the national or regional urban planning functions executed\nby the National Institute of Housing and Urbanism (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo), must be oriented towards\ninvestment in public improvements. Furthermore, it gives the mandate to INVU to prepare,\nreview and keep up to date a National Urban Development Plan, in which\nall urban functions must be contemplated: development of urban areas,\ndensity, land use, industrial development, housing and urban\nrenewal, public services and physical and cultural recreation.\n\n10°- That the various ministries\nand autonomous institutions of the State are responsible for the planning, programming and execution\nof the different infrastructures and services for the country's development, which\nare an integral part of the National Urban Development Plan.\n\n11°- That the Organic Environmental Law establishes the duty\nof the State to ensure the rational use of environmental elements,\nin order to protect and improve the quality of life of the inhabitants and its\nobligation to promote economically and environmentally sustainable development,\nunderstood as development that satisfies basic human needs, without\ncompromising the options of future generations.\n\n12°- That furthermore, the Organic Environmental Law provides\nthat it is a function of the State, the municipalities and the other public entities, to define\nand execute the national policies of territorial planning (ordenamiento territorial), aimed at\nregulating and promoting human settlements and economic and\nsocial activities, as well as physical-spatial development to achieve harmony between\nthe greater well-being of the population, the use of natural resources\nand the conservation of the environment.\n\n13°- That within the criteria for territorial planning,\nthe effect of human activities and\nnatural processes on the environment, the balance that necessarily must\nexist between human settlements and their environmental conditions, and the\nexisting infrastructure must be considered.\n\n14°- That the Law Creating the Ministry of Public\nWorks and Transport, grants MOPT competence in matters concerning the\nconstruction, improvement and maintenance of transport infrastructure in\nits different modalities, as well as buildings and other\npublic works not subject to special legal provisions. Likewise, it permanently constitutes\nit as the sole official authority in everything related to\nnational objectives, extending to activities of any order that are related to or are a consequence of them. For its part, the National Road Council\n(CONAVI) has the objectives of planning, programming, administering, financing,\nexecuting and controlling the conservation and construction of the national road network.\n\n15°- That the National Law of Emergencies and Risk\nPrevention, establishes that the risk management policy constitutes a transversal\naxis of the work of the Costa Rican State; oriented towards preventing the\noccurrence of disasters and the attention of emergencies in all their phases.\n\n16°- That the Organic Regulation of the Executive Branch,\nestablishes the Strategic Area of Presidential Articulation of Infrastructure,\nMobility and Territorial Planning, whose objective is to generate conditions for\nurban planning, territorial planning, infrastructure and mobility\nfor the achievement of resilient, sustainable and inclusive urban and rural spaces.\nThis Area includes the Environment, Energy and Seas Sector, the Territorial\nPlanning and Human Settlements Sector and the Infrastructure and Transport Sector.\n\n17°- That through Executive Decree No.\n39322-MP-MINAE-MIVAH the National Risk Management Policy\n2016-2030 was issued, which in its guideline 16 establishes as appropriate: \"Protection\nof investment in infrastructure: the State and the institutions will incorporate\nrisk analysis and management throughout the entire project lifecycle\nof investment projects, in the design, execution and operation phases to guarantee the\nsustainability of works aimed at safeguarding the quality, safety,\ndurability of goods and services, as well as the adaptation or adjustment to\nfuture disaster events.\"\n\n18°- That the National Urban Development Policy\n2018-2030, made official through Executive Decree No.\n41136-MIVAH-PLAN-MINAE-MOPT of April 10, 2018, the National Policy of\nTerritorial Planning 2012-2040, made official through Executive Decree\nNo. 37623-PLAN-MINAET-MIVAH of November 27, 2012 and the National Policy\nof Housing and Human Settlements 2013-2030, made official through Executive\nDecree No. 38209-PLAN-MIVAH of January 20, 2014, establish specific objectives\ndirected towards inclusive, resilient and adaptable urban\nplanning to new circumstances, the endeavor to reduce the vulnerability of the\nCosta Rican population, diminish human settlements in precarious conditions and\nhousing located in risk areas, and the promotion of the development of\nhuman settlements in safe sites increasing the capacity to\nefficiently attend emergencies.\n\n19°- That Executive Decree No. 41091-MINAE \"National\nClimate Change Adaptation Policy\", establishes in its article 4, that the\ngeneral objective of said Policy is to transition towards a resilient development\nmodel for Costa Rican society. Axis 4 of said Policy, called\n\"Adapted public services and resilient infrastructure,\" is oriented towards\nguaranteeing the continuity of high-quality public services and an adequate\nprotection of assets (energy, telecommunications, water, health,\neducation, road infrastructure), whether public or private, to improve their\ncapacity for adaptation to climate change, thanks to norms and guidelines\nfor public investment.\n\n20°- That in December 2018, the Office of the Comptroller General\nof the Republic, issued the Report of the \"Special Audit\non the incorporation of specifications that guarantee the resilience of\npublic infrastructure rebuilt by the National Emergency Commission,\"\nDFOE-AE-IF-00015-2018, establishing a provision to the Board of Directors of the\nNational Emergency Commission and the Minister of Public Works and Transport,\nin their capacity as Rector of Infrastructure and Transport, so that in coordination\nwith the rectors of the Environment, Energy and Seas, and Territorial\nPlanning and Human Settlements sectors, they prepare a regulatory proposal that\ncontains principles, scope and promotes the use of tools for the\nincorporation of resilience measures in the lifecycle of\npublic infrastructure.\n\n21°- That through Agreement No. 207-10-19, taken by\nthe Board of Directors of the National Commission for Risk Prevention and Emergency\nAttention, in Ordinary Session N°18-10-19, held on October 2,\n2019, this Executive Decree was made known and it was ordered\nto transfer it to the Minister of Public Works and Transport for its processing. Said Agreement\nbecame firm in ordinary session No. 19-10-19, which was held on October 16,\n2019.\n\n22°- That as the present proposal for an Executive\nDecree is a regulation that does not establish or modify procedures, requirements or\nprocesses that the citizen must comply with before the Central\nAdministration, prior review control by the Directorate of\nRegulatory Improvement of the Ministry of Economy, Industry and Commerce is not required, in\naccordance with the provisions of article 12 of Executive Decree No.\n37045-MP-MEIC of February 22, 2002 and its amendments, called\n\"Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y\nTrámites Administrativos\" and its amendments.\n\n23°- That through publication in the official gazette La\nGaceta No. 241 of December 18, 2019, based on the provisions of\narticle 361 of the General Law of Public Administration, this\nExecutive Decree was submitted for public consultation.\n\nTherefore,\n\nTHEY DECREE:\n\nGeneral guidelines for\nthe incorporation of resilience measures in\n\npublic infrastructure.\n\nChapter I.- General\nProvisions\n\nArticle 1.- Objective\n\nThe objective of the present\nnorm is to establish guidelines of a general nature, with the purpose that the\ninstitutions that execute public infrastructure works carry out the\nrisk assessment (evaluación del riesgo) with a multi-hazard (multi-amenaza) approach, which among other hazards\nconsiders present scenarios and projections of climate change and climate\nvariability, for the applicable technical and administrative decisions\nin all stages of the project lifecycle, so that the protection of\nthe infrastructure and the continuity of the services contribute to the\nresilience of the populations and communities.\n\nArticle 2.- Definitions\n\nFor all legal\neffects derived from the application of this Regulation, the following must be understood:\n\na) Adaptation (Adaptación): Public actions and interventions in the face of probable\nimpacts of climate change, climate variability and of other\norigins, aimed at reducing vulnerability conditions, allowing the moderation\nof damage, avoidance of losses, and taking advantage of opportunities to enhance\nthe resilience conditions of economic, social, and environmental systems, at\na regional, national and local scale in a measurable, reportable and verifiable manner.\n\nb) Hazard (Amenaza): Physical event or circumstance, natural phenomenon or\nanthropogenic that, in the event of having reached or exceeded a specific\nintensity, can imply the loss or damage to human lives, and social,\neconomic and environmental assets.\n\nc) Hydrometeorological and marine hazards (Amenazas\nhidrometeorológicas y marinas): These are\nphenomena of meteorological and hydrological origin. Examples include\ntropical cyclones (depressions, storms and hurricanes), tropical waves,\ncold fronts and surges, which induce floods, including flash\nfloods, storm surges and waves in coastal zones. Also\nconsidered are droughts, heat waves and cold waves.\n\nd) Geological or geophysical hazard (Amenaza geológica o geofísica):\nIt originates from internal and external processes of\nthe earth. Some examples are earthquakes, volcanic activity and\ngeophysical processes, such as mass movements, landslides, rock\nfalls, surface collapses and mud or debris flows. Hydrometeorological\nfactors contribute significantly to some of these\nprocesses.\n\ne) Anthropogenic hazard (Amenaza antropogénica): Dangerous procedures, infrastructure\nfailures, in technology and in industrial processes or\ncertain human activities. Examples include industrial pollution, nuclear radiation, toxic\nwaste, dam ruptures, oil pipeline ruptures, transport accidents,\nfactory explosions, fires and chemical spills. Technological\nevents can also arise directly as a result of the effects\nof an event due to a natural hazard.\n\nf) Adaptive capacity (Capacidad adaptativa): Ability and willingness of people and\norganizations to make changes in infrastructure and services, in the\nfunctional and operational models that allow the operation of these, to\nachieve or strengthen the response and adjustment of social, economic\nand environmental systems to new stimuli of demands, needs, hazards and\nopportunities of the environment and the historical moment.\n\ng) Climate change (Cambio climático): Climate change attributed directly or indirectly\nto human activity, which alters the composition of the global atmosphere and that\nis added to the natural variability of the climate, observed during\ncomparable time periods.\n\nh) Project lifecycle (Ciclo de vida del\nproyecto): The project lifecycle\nconsists of the process of transformation or maturation that\nevery investment project undergoes, from the expression of an investment idea until it enters into operation to\nmaterialize the expected benefits in the formulation. The project lifecycle\nis composed of phases and these in turn by stages. The set of\nstages for the administration of any public infrastructure integrates the\nsequence of: (i) pre-investment, (ii) promotion, negotiation and\nfinancing, (iii) investment or execution and iv) operation or functioning and\nmaintenance. For the purposes of the practical exercise of construction, the stages\nare summarized as: (i) Formulation and Design, (ii) Construction, (iii) Operation,\n(iv) Maintenance and closure.\n\ni) Damage (Daño): Detriment, harm or total or partial impairment\nof physical assets and basic services in the area affected by an emergency\nor disaster event.\n\nj) Disaster risk assessment (Evaluación del riesgo a\ndesastres): Qualitative or quantitative\nand probabilistic approach to determine the nature and extent of\ndisaster risk, through the analysis of possible hazards and the\nevaluation of existing conditions of exposure and vulnerability (vulnerabilidad), which\ntogether could cause human losses and damage to assets, services,\nlivelihoods and the environment on which they depend.\n\nk) Exposure (Exposición): Influence of one or several hazards in space and\ntime that could negatively affect the services provided by the\ninfrastructure, people, environmental resources, among other\nelements with the significance of tangible and intangible value, measurable\nand ponderable.\n\nl) Risk management (Gestión del riesgo): Process through which the conditions\nof vulnerability of the population, human settlements,\ninfrastructure, as well as lifelines, productive activities of goods\nand services and the environment are reduced. It is a sustainable and preventive model, to which\neffective criteria for disaster prevention and mitigation are incorporated within\nterritorial, sectoral and socioeconomic planning, as well as into\npreparedness, attention and recovery from emergencies.\n\nm) Public infrastructure (Infraestructura pública):\nSet of physical infrastructure works,\ninstallations, networks and other assets such as green infrastructure (infraestructura verde), in all\nforms of construction that provide services to the general public. Whether\nexecuted by a public entity directly, by concession or other modalities\nof contracting.\n\nn) Conventional public infrastructure (Infraestructura pública\nconvencional): Set of physical infrastructure works, installations, networks and other assets, in all\nforms of construction that provide services to the general public, which are not\nclassified as critical infrastructure, nor vital infrastructure.\n\no) Critical public infrastructure (Infraestructura pública\ncrítica): Set of buildings,\nnetworks and transportation systems essential to preserve and maintain\nnational sovereignty and the social-economic functioning and health of the country:\nhighways, railways with their respective bridges, airports, ports,\nborder posts, main national security installations (Public\nForce, National Coast Guard Service and Air Surveillance), main\ninstallations of strategic production, storage and distribution to\nprovide the essential services of electricity supply,\ntelecommunications, water, hydrocarbons, health facilities and\nfood assistance.\n\np) Vital public infrastructure (Infraestructura pública\nvital): Set of physical\nstructures, installations, networks and other assets that provide\nindispensable services and protection for the social and economic functioning of a\ncommunity or society. In the context of Costa Rica, vital infrastructure\nintegrates all critical infrastructure and articulates to the land transport system the national and cantonal road network, the prison system, the buildings\nintended for the provision of public health and education services, the irrigation\nsystems under the responsibility of SENARA, protection works on unstable lands, margins\nand channels of water bodies, such as rivers, streams, lakes, reservoirs\nand coastal marine zones.\n\nq) Resilient infrastructure (Infraestructura\nresiliente): It is that which is designed,\nbuilt, operated with proper maintenance, so that it is able to\nresist hazards throughout its entire useful life, thereby guaranteeing the\nprovision and continuity of the services for which it was created and\ncontributes to the reduction of the vulnerability of human and\nnatural systems.\n\nr) Green infrastructure (Infraestructura verde): It is an interconnected network of green cover or\nblue spaces that conserve the functions and values of natural\necosystems and provides associated benefits to the human population, such as essential\nservices for productive activities, temperature regulation,\nconservation of water resources, soil rehabilitation, landscape\nrecovery, and complements or replaces gray infrastructure works.\n\ns) Public investment (Inversión pública): Set of resources of public origin, destined to\nmaintain or increase the physical and human capital that each institution intends\nto execute, as part of the policies enunciated in the National Development\nPlan, which provides the expansion of the capacity for producing\ngoods and services, based on a methodology that enables its\nidentification, execution and evaluation.\n\nt) Multi-hazard (Multi - amenaza): Combination of two or more hazard factors,\nmanifested in isolation, simultaneously or by chain reaction, to\nproduce a trigger event for a disaster.\n\nu) Mitigation works (Obras de mitigación): Application of measures to reduce the negative\nimpact caused by an event of natural, human or technological origin.\n\nv) Loss (Pérdida): Total impact determined in the economic\ndimension, composed of direct and indirect economic losses. It implies the\neconometric analysis of the way in which the materialization\nof the hazard and the impact of the damage produced\non economic flows manifest, in the medium and long term,\nconsidering aspects such as the direct costs of\nreplacing the work.\n\nw) Investment project (Proyecto de inversión): It is the set of planned and interrelated procedures and activities that allow the execution of a public investment and whose components are linked as a functional unit, which\nallows providing a comprehensive solution to a social need or demand, promoting\ndevelopment or improving the provision of a service or public activity.\n\nx) Resilience (Resiliencia): It is the capacity of human beings and natural systems\nto adapt positively to adverse situations, overcome\ncontingencies, recover as soon as possible, preserving and restoring\nbasic structures and functions and transcending or surpassing their previous condition\nof vulnerability.\n\ny) Risk (Riesgo): Probability that damage and losses,\nor economic, social or environmental consequences will occur in a particular site and\nduring a defined period. It is obtained by relating the hazard with the\nvulnerability of the exposed elements.\n\nz) Climate Service (Servicio Climático): Process to develop protocols and norms for\nthe exchange of climate data aimed at improving information\nproducts and service provision. It allows systematically creating\ncapacities in those national-level organizations when they need them,\nfosters a closer relationship between researchers and providers and\nusers of climate information, in order to improve techniques and to\nhelp ensure that all social sectors have the appropriate information\nfor their daily activities and long-term planning.\" Climate\ninformation is the statistics of weather, where the\npatterns of variation in temperature, humidity, atmospheric pressure, wind,\nprecipitation and other meteorological variables in a given region over\nlong periods of time are evaluated.\n\naa) Ecosystem Services (Servicios\nEcosistémicos): Benefits that people\nobtain from ecosystems: provisioning services (also known as\ngoods) such as food and water; protection services against hazardous\nevents and mitigation of impacts, such as natural control of erosion,\nfloods, winds, plagues, pests, diseases; support services,\nsuch as nutrient cycles that maintain the conditions for life\non Earth.\n\nbb) Climate variability (Variabilidad climática): Variations in the mean state and other\nstatistical characteristics (standard deviation, extreme events) of climate on\nall spatial scales. Variability may be due to natural internal\nprocesses of the climate system (internal variability) or to variations in\nnatural or anthropogenic external forcing (external variability).\n\ncc) Vulnerability (Vulnerabilidad): Intrinsic condition of being impacted by an event\ndue to a set of physical, social, economic\nand environmental conditions and processes. It is determined by the degree of exposure and fragility of\nthe elements susceptible to being affected - the population, their assets, the\nactivities of goods and services, the environment - and the limitation of their\ncapacity to recover. Risk assessment methodologies present\nvarious criteria for the analysis of vulnerability; in some cases the\nanalysis of vulnerability is limited to only determining exposure and in\nother cases exposure is analyzed separately from the other\nvulnerability variables which are fragility and capacities.\n\nArticle 3.- Principles.\n\nFor the purposes of the\napplication of this Executive Decree, the following principles are established:\n\na) Adaptation (Adaptación): Public actions and interventions will be promoted in the face\nof the probable impacts of existing hazards, including those\nderived from climate change and climate variability, aimed at\nreducing conditions of vulnerability, allowing the moderation of damage and losses,\ntaking advantage of opportunities to enhance the resilience conditions of\neconomic, social, environmental, physical-spatial systems, in the regional,\nnational and local spheres in a measurable, reportable and verifiable manner.\n\nb) Continuity of public services (Continuidad de los servicios\npúblicos): The activity of the\nAdministration will be oriented to maintain or resume public service to\nensure its continuity, after an interruption attributable to events that\ncan generate damage by virtue of their frequency and intensity.\n\nc) Coordination (Coordinación): The actions of public institutions must be\ndeveloped in an articulated and concurrent manner, so that, respecting the\ncompetencies that concern each of these, their actions can be\ndirected in a concerted and systemic way towards common purposes. At\nall times, efforts will be made to integrate the private sector into coordination actions.\n\nd) Integrality of the management process (Integralidad del proceso\nde gestión): Every risk management\nprocess must be approached in an integrated manner, through the articulation of the\norgans, structures, methods, procedures and resources of\nall the public institutions that form the Costa Rican State, understanding\nthe Central Administration, the Decentralized Administration, public\ncompanies and local governments, ensuring the participation of the private\nsector and organized civil society.\n\ne) Prevention (Prevención): Anticipatory action will be sought with the aim of\nreducing vulnerability, as well as taking measures to avoid or mitigate\nthe impacts of dangerous events or disasters; by their very condition, these\nactions or measures are of public interest and mandatory compliance.\n\nf) Progressivity (Progresividad): A gradual, constant and systemic adjustment will be made of the processes, procedures, functions, directives and all\nthe instruments necessary for the start-up and implementation of the\nprovisions contained in this norm.\n\ng) Protection of life (Protección de la vida). Those who are in the national territory\nmust be protected in their life, their physical integrity, their assets and the\nenvironment, against disasters or dangerous events that may occur.\n\nh) Solidarity (Solidaridad): It is the responsibility of State institutions\nto make common efforts to protect the life, physical integrity and\nheritage of all inhabitants; priority is considered for the attention of the\nneeds of the most vulnerable under the precepts of equity and reason.\n\ni) Nature-based solutions (Soluciones basadas en la\nnaturaleza): Promote ecosystem services to strengthen the resilience conditions of communities\nand populations. The sustainable use of natural resources contributes to the\ncontinuity of the services provided by public infrastructure. It is a\ncost-efficient adaptation measure that supports the protection of assets against hazardous\nevents, the mitigation of impacts and the sustainability of natural\nresources, contributing to naturally reducing soil erosion, the\nprotection of forests and fire control, the protection and recharge of\naquifers and water retention.\n\nArticle 4.- Scope\n\nThe guidelines established in this regulation are applicable to the methodologies and tools used for risk assessment from a multi-hazard approach (enfoque multi-amenaza), considering adaptation to climate change and climate variability in public infrastructure works, whether new, built, in operation and maintenance, in the process of reconstruction, rehabilitation and modernization, whether executed directly by the Administration, or developed and operated by concession, or in any other form of contracting and execution.\n\nThe measures to be taken to improve the resilience of public infrastructure are applicable to all phases of the life cycle of infrastructure projects.\n\nThey shall also be applicable to investment projects for works carried out for emergency and disaster response, so that rehabilitation and reconstruction works, as well as any new work built at a disaster site, do not reproduce vulnerability and, on the contrary, from a long-term perspective, contribute to recovery with a development approach. Infrastructure resilience must be achieved both through designs that adapt to climate variability and through nature-based solutions, considering both ecosystem services and green infrastructure, to avoid reproducing vulnerabilities.\n\nChapter II.- On the use of tools for risk assessment under a multi-hazard approach (enfoque multi-amenaza).\n\nArticle 5.- Obligation of the institutions.\n\nThe institutions in charge of public infrastructure management, whether directly or through the various forms of contracting, must apply the necessary tools for risk assessment under a multi-hazard approach (enfoque multi-amenaza) throughout the entire life cycle of the works or projects. The analysis must include climate change projections and climate variability, in addition to other types of natural and anthropogenic hazards. The above must be carried out in a progressive and orderly process that contemplates the identification of risk factors, the determination of probable damages and losses, and the necessary measures for their control and management.\n\nArticle 6.- Purpose of risk assessment.\n\nRisk assessment is carried out to guarantee sustainability, safeguard the quality, efficiency, safety, and durability of assets and the continuity of services, as well as the adaptation, adjustments, or response of the construction activity, aimed at reducing vulnerability and favoring the recovery of Costa Rican society from adverse events, emergencies, and disasters. The above applies throughout the life cycle of infrastructure works and public services.\n\nArticle 7.- General aspects of the risk assessment methodology with a multi-hazard approach (enfoque multi-amenaza).\n\nFor the risk assessment of infrastructure projects, reasonable methodological criteria must be applied from the scientific and technological point of view, which also consider the cumulative effects of the hazards. The criteria are classified as a) basic and b) complex, and will be applied according to the availability of information in terms of quality, rigor, and detail available. The same criteria apply to the selection of analytical tools that may be used to facilitate the analysis:\n\na) Basic methods: These are based on deterministic procedures, that is, based on existing data, documented data, or data collected in the field, which allow for the identification of hazard factors and their area of influence. If resorting to these, a site observation exercise must be carried out to calculate the degree of exposure of people, as well as the fragility and the socioeconomic value of the assets.\n\nb) Complex methods: These are those that resort to probabilistic analysis, which consists of a modeling exercise executed through an intensive use of information, to obtain the full range of possible losses. To the extent that adequate information and probabilistic instruments for risk analysis are available, their results must be given privileged consideration because it implies a more technical and precise analysis that provides more certainty to decision-making.\n\nIn accordance with the principle of progressivity and as the availability of information and technical capacity in the institutions advances, more exhaustive methods will be adopted, allowing risk assessment to evolve, transitionally, from deterministic analysis to probabilistic analysis. For the selection of such methods, the type of infrastructure will be taken into consideration, whether it involves conventional public infrastructure, vital public infrastructure, or critical public infrastructure.\n\nArticle 8.- Basic criteria for the selection of methodologies and tools for risk assessment under a multi-hazard approach (enfoque multi-amenaza).\n\nThe selection must consider at least the following:\n\na) Hazard identification: The determination of the physical elements of the environment that can generate a dangerous event, with the potential for damage to the infrastructure and the eventual interruption of the systems for the production of goods and services. The analysis must consider the multi-hazard (multi-amenaza) criterion, the disaggregation of the various variables that make up the hazards, and the possible associated events. In the case of geodynamic, hydrometeorological, and climatic hazards, the effects of climate variability (the analysis of historical data) and climate change projections (future analysis) must be considered to determine the potential damage.\n\nHazards must be rated by their severity and frequency through the use of numerical or percentage scales to weigh the possible incidence in terms of probable damage and/or loss. To determine return periods for events, historical data on current events and projections will be taken into account; this information is relevant for selecting and prioritizing the pertinent adaptation measures for infrastructure resilience.\n\nb) Exposure assessment (Evaluación de la exposición): The determination of the values of the affectable infrastructure located within the hazard's area of influence, based on the spatial and temporal distribution of its intensity, and which, for the specific case of this regulation, refers to the infrastructure that is being evaluated.\n\nExposure represents a first assessment criterion for determining the works and measures necessary for the protection of the infrastructure and represents the most basic level of risk analysis that can be elaborated.\n\nc) Vulnerability assessment (Evaluación de la vulnerabilidad): On one hand, the determination of the fragility factors (in some methodologies, concepts such as susceptibility or sensitivity are used to refer to some of the components of the vulnerability assessment (evaluación de la vulnerabilidad)) of the infrastructure under evaluation, which allows for weighing its probable behavior when impacted by a harmful event.\n\nThis assessment must be developed with a systemic approach, considering other elements of the environment that may be affected, such as other dependent infrastructure and livelihoods that may have an effect on the population's well-being; it must necessarily include the number of human lives that may be lost and the possible direct and indirect impacts, in terms of economic and financial indicators.\n\nOn the other hand, the vulnerability assessment (evaluación de vulnerabilidad) must include the analysis of adaptive capacity; this must consist of the assessment of the development conditions of the work throughout its entire life cycle, which hinder or favor the efficient operation of the infrastructure and the final service it must provide. This evaluation element must provide information to support decision-making on management alternatives that guarantee the useful life of the works and the continuity of services.\n\nd) Risk estimation (Estimación del riesgo): The mathematical weighting of the probable losses of the infrastructure and other elements of the associated social and environmental system, as a result of the direct or indirect impact of the hazard's materialization. The risk assessment must take into account historical data of events and losses occurred and the elaboration of scenarios on future behaviors of the hazards and their impacts on the infrastructure.\n\nFor the selection of the tool to be applied, the institutions in charge of public infrastructure construction must also consider the type or nature of infrastructure under their competence and technically argue that the methodology used guarantees adequate knowledge of the risk and the effective materialization of adaptation measures that seek to increase the resilience conditions in public infrastructure.\n\nChapter III.- Final Provisions\n\nArticle 9.- Financial and Economic Analysis.\n\nThe social financial and economic evaluation of the project must always incorporate the risk analysis and make decisions on the protection of the infrastructure, considering the evaluation scenarios with and without risk reduction measures, including matters related to adaptation to climate change and variability.\n\nThe costs, benefits, and externalities associated with risk prevention and adaptation must be incorporated into the social financial and economic flow. The costs of the measures must include the necessary investments throughout the entire life cycle of the project. When the scenario does not include risk reduction measures, the flows must incorporate the costs associated with reconstruction, rehabilitation, and the benefits to the population.\n\nThe measures for reducing exposure or improving the physical protection of the project must generate the expected benefits, ensuring the continuity of services and the protection of ecosystems and green infrastructure. In those cases where the measures do not totally reduce damages and losses, the residual effect associated with the occurrence of the event must be considered in the flows.\n\nWhen all social costs cannot be identified, measured, and valued for inclusion in the evaluations, the entities must complement the quantitative analysis (social financial and economic evaluations) with a qualitative analysis of the project's situation with and without risk reduction measures, which implies at least the identification and measurement of the costs and effects on the population due to the possible event.\n\nArticle 10.- Access to data for risk assessment.\n\nThe data necessary for risk assessment must be considered public data. The institutions that generate useful data for risk assessment must define which data or information services are free and which have a cost.\n\nAll institutions of the Costa Rican State are obliged to provide the necessary information, including data, statistics, and estimates, both historical and of projection regarding the behavior of variables and events related to hazards and vulnerability, in appropriate formats that contribute to the modeling and construction of risk scenarios. Likewise, without prejudice to the principle of separation of powers, institutions that are not part of the Central Public Administration may apply the regulations on open public data as a frame of reference for the provision of data necessary for risk assessment, according to the objectives and scope of these guidelines.\n\nArticle 11.- Generation of capacities and conditions.\n\nFor the purposes of applying the provisions of this regulation, the competent public institutions must carry out the pertinent actions to strengthen capacities and competencies, as well as provide the necessary tools and methodology to collaborators to incorporate risk analysis into infrastructure projects, under a multi-hazard approach (enfoque de multi-amenaza), with adaptation to climate change and climate variability.\n\nArticle 12.- Compilation of information.\n\nThe National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias), under Article 14 of Ley N° 8488, shall have the obligation to compile, process, and consolidate information on the variables and events related to hazards, in appropriate formats that contribute to the modeling and construction of risk scenarios. All of this in digital version in order to be publicly available, on an adequate digital platform. Likewise, it will coordinate data collection with other existing platforms such as SINAMECC (National System of Climate Change Metrics.)\n\nArticle 13.- Coordination Body for the Protection of Infrastructure.\n\nThe National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias), under Article 10 of Ley N° 8488, shall integrate a coordination body with representatives from the scientific community, professional associations, institutions with regulatory and control competencies in the execution of public infrastructure projects, adaptation to climate change, and other aspects regulated in this Decree, which will have the task of developing and executing an action plan for the strengthening of institutional capacities for risk assessment, the progressive generation of quality data, and the guide for the use of adequate tools that conform to the criteria defined in these guidelines.\n\nFor such purposes, it may seek strategic alliances to provide adequate tools that conform to the criteria defined in these guidelines.\n\nSOLE TRANSITORY PROVISION (TRANSITORIO ÚNICO)\n\nThe incorporation of climate change and climate variability considerations into risk assessment will be carried out progressively and as progress is made in generating the necessary information and climate and hydrometeorological services and these are made available to public institutions. Likewise, it will be progressive as the capacities of the institutions' officials to make this consideration are improved.\n\nArticle 14.- Takes effect upon its publication.\n\nGiven at the Presidency of the Republic. San José, on the fifteenth day of June, 2020." }