{
  "id": "norm-99992",
  "citation": "La Gaceta N° 141 (Alcance 145), 04/08/2023",
  "section": "norms",
  "doc_type": null,
  "title_es": "Recurso de revocatoria parcialmente con lugar para ampliación de plazos en contabilidad regulatoria de ASADAS",
  "title_en": "Appeal for Reconsideration partially granted for extension of deadlines in regulatory accounting for ASADAS",
  "summary_es": "La Intendencia de Agua conoce un recurso de revocatoria interpuesto por el AyA contra la resolución RE-0005-IA-2023, que implementa la contabilidad regulatoria en las ASADAS. El AyA argumentó que no es prestatario directo de las ASADAS, que existe imposibilidad material para brindar acompañamiento en los plazos establecidos, y que la resolución debió notificarse a las ASADAS y no solo al AyA. La Intendencia analiza y rechaza los argumentos sobre titularidad y notificación, reafirmando que el AyA es el titular del servicio y conserva deberes de fiscalización y acompañamiento. Sin embargo, acoge la solicitud de ampliación de plazos por razonable, extendiendo significativamente los plazos para que las ASADAS implementen las NIIF plenas y presenten estados financieros, así como alargando la periodicidad de informes de avance de trimestral a semestral. Declara parcialmente con lugar el recurso, modifica los plazos y rechaza las demás pretensiones, elevando la apelación en subsidio a la Junta Directiva.",
  "summary_en": "The Water Authority hears an appeal for reconsideration filed by AyA against resolution RE-0005-IA-2023, which implements regulatory accounting in ASADAS. AyA argued that it is not a direct service provider of ASADAS, that there is material impossibility to provide support within the established deadlines, and that the resolution should have been notified to ASADAS and not only to AyA. The Authority analyzes and rejects the arguments regarding ownership and notification, reaffirming that AyA is the service owner and retains oversight and support duties. However, it accepts the request for extension of deadlines as reasonable, significantly extending the deadlines for ASADAS to implement full IFRS and present financial statements, as well as lengthening the frequency of progress reports from quarterly to semi-annual. It partially grants the appeal, modifies the deadlines, rejects the other claims, and elevates the subsidiary appeal to the Board of Directors.",
  "court_or_agency": "",
  "date": "",
  "year": "",
  "topic_ids": [
    "_off-topic"
  ],
  "primary_topic_id": "_off-topic",
  "es_concept_hints": [
    "ASADAS",
    "AyA",
    "ARESEP",
    "contabilidad regulatoria",
    "NIIF plenas",
    "recurso de revocatoria",
    "delegación de servicio público",
    "titularidad del servicio"
  ],
  "concept_anchors": [
    {
      "article": "Art. 33",
      "law": "Ley 7593"
    },
    {
      "article": "Art. 91",
      "law": "Ley General de la Administración Pública N°6227"
    },
    {
      "article": "Art. 90 inciso c",
      "law": "Ley General de la Administración Pública N°6227"
    },
    {
      "article": "Art. 239",
      "law": "Ley General de la Administración Pública N°6227"
    },
    {
      "article": "Art. 240",
      "law": "Ley General de la Administración Pública N°6227"
    },
    {
      "article": "Art. 241",
      "law": "Ley General de la Administración Pública N°6227"
    },
    {
      "article": "Art. 2",
      "law": "Ley Constitutiva del AyA N°2726"
    },
    {
      "law": "Decreto N°42582-S-MINAE"
    }
  ],
  "keywords_es": [
    "ARESEP",
    "Intendencia de Agua",
    "ASADAS",
    "AyA",
    "contabilidad regulatoria",
    "NIIF plenas",
    "recurso de revocatoria",
    "plazos de cumplimiento",
    "delegación de servicio público",
    "titularidad del servicio",
    "fiscalización",
    "rectoría técnica",
    "Reglamento de ASADAS",
    "consulta pública",
    "errores materiales"
  ],
  "keywords_en": [
    "ARESEP",
    "Water Authority",
    "ASADAS",
    "AyA",
    "regulatory accounting",
    "full IFRS",
    "appeal for reconsideration",
    "compliance deadlines",
    "delegation of public service",
    "service ownership",
    "oversight",
    "technical stewardship",
    "ASADAS Regulation",
    "public consultation",
    "material errors"
  ],
  "excerpt_es": "Una vez analizados los argumentos planteados por la representación de la parte recurrente en este punto, se determina que lo solicitado por el AyA resulta razonable en cuanto a la extensión de los plazos concedidos para el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la resolución que aquí se impugna.\n\nEn consecuencia, se considera oportuno y conveniente acoger lo aquí establecido y en consecuencia modificar los plazos de cumplimiento establecidos en la resolución RE-0005-IA-2023 para que queden de la siguiente manera:\n\n| NÚMERO DE POR TANTO | PLAZO ORIGINAL | NUEVO PLAZO | OBSERVACIONES |\n| --- | --- | --- | --- |\n| 4 | 24 meses | 36 meses | Se refiere al plazo otorgado para que las ASADAS seleccionadas elaboren y presenten a la Autoridad Reguladora, sus estados financieros realizados con base en las NIIF plenas, luego de la publicación de la resolución. |\n| 5 | Trimestral | Semestral | Corresponde a la periodicidad de entrega por parte del AyA de los informes de avance de la implementación de las NIIF plenas en las ASADAS |\n| 6 | 24 meses | 42 meses | Corresponde al plazo otorgado a partir de la publicación de la resolución para que aquellas ASADAS que en la actualidad no preparan sus estados financieros con base en las NIIF plenas, presenten la primera homologación. |\n| 8 y 9 | 6 meses | 12 meses | Se refiere al plazo otorgado para que las ASADAS luego de la primera homologación separen por etapas de la cadena de valor del servicio respectivo las partidas del Balance de Situación y presenten los ingresadores solicitados. |\n| 8 | 12 meses | 18 meses | Corresponde al plazo otorgado a partir de la publicación de la resolución para que aquellas ASADAS que en la actualidad preparan sus estados financieros con base en las NIIF plenas, separen por etapas de la cadena de valor del servicio respectivo, Ias siguientes partidas: a. Propiedad, planta y equipo. b. Obras en construcción. d. Documentos por pagar. e. Equivalentes de efectivo e inversiones transitorias queforman parte de reservas de recursos que van a ser utilizados para la adquisición o construcción de activos productivos ( Propiedad, planta y equipo). f. Cualquier otra partida del Balance de situación que puedaser separada por etapas de la cadena de valor y que no requiera para ello algún \" driver\" o metodología de prorrateo. |\n| 8 | 30 meses | 54 meses | Corresponde al plazo otorgado a partir de la publicación de la resolución para que aquellas ASADAS que en la actualidad no preparan sus estados financieros con base en las NIIF plenas, separen por etapas de la cadena de valor del servicio respectivo, Ias siguientes partidas: a. Propiedad, planta y equipo. b. Obras en construcción. d. Documentos por pagar. e. Equivalentes de efectivo e inversiones transitorias queforman parte de reservas de recursos que van a ser utilizados para la adquisición o construcción de activos productivos ( Propiedad, planta y equipo). f. Cualquier otra partida del Balance de situación que puedaser separada por etapas de la cadena de valor y que no requiera para ello algún \" driver\" o metodología de prorrateo. |\n| 10 y 11 | 8 meses | 12 meses | Se refiere al plazo otorgado para que las ASADAS luego de la primera homologación separen por etapas de la cadena de valor del servicio respectivo las partidas del Estado de Resultados y presenten los ingresadores solicitados. |\n| 10 | 18 meses | 30 meses | Se refiere al plazo otorgado luego de la publicación de la resolución para que las ASADAS que en la actualidad preparan sus estados financieros con base en las NIIF completas, separen por etapas de la cadena de valor todas las partidas y subpartidas respectivas de gastos de operación, mantenimiento, administración, calidad y comerciales y presenten los ingresados solicitados. |\n| 10 | 38 meses | 66 meses | Se refiere al plazo otorgado luego de la publicación de la resolución para que las ASADAS que en la actualidad no preparan sus estados financieros con base en las NIIF completas, separen por etapas de la cadena de valor todas las partidas y subpartidas respectivas de gastos de operación, mantenimiento, administración, calidad y comerciales y presenten los ingresadores solicitados. |",
  "excerpt_en": "Once the arguments raised by the appellant's representation on this point were analyzed, it was determined that the request of the AyA is reasonable regarding the extension of the deadlines granted for complying with the requirements established in the resolution challenged here.\n\nConsequently, it is considered appropriate and convenient to accept what is established here and therefore modify the compliance deadlines set in resolution RE-0005-IA-2023 to be as follows:\n\n| POR TANTO NUMBER | ORIGINAL DEADLINE | NEW DEADLINE | OBSERVATIONS |\n| --- | --- | --- | --- |\n| 4 | 24 months | 36 months | Refers to the period granted for the selected ASADAS to prepare and submit their financial statements based on full IFRS to the Regulatory Authority, after publication of the resolution. |\n| 5 | Quarterly | Semi-annual | Corresponds to the frequency of delivery by AyA of the progress reports on the implementation of full IFRS in the ASADAS |\n| 6 | 24 months | 42 months | Corresponds to the period granted from the publication of the resolution for those ASADAS that do not currently prepare their financial statements based on full IFRS to present the first homologation. |\n| 8 and 9 | 6 months | 12 months | Refers to the period granted for ASADAS after the first homologation to separate the items of the Balance Sheet by stages of the value chain of the respective service and present the requested inputs. |\n| 8 | 12 months | 18 months | Corresponds to the period granted from the publication of the resolution for those ASADAS that currently prepare their financial statements based on full IFRS to separate by stages of the value chain of the respective service, the following items: a. Property, plant and equipment. b. Works in progress. d. Documents payable. e. Cash equivalents and temporary investments that are part of resource reserves to be used for the acquisition or construction of productive assets (Property, plant and equipment). f. Any other item of the Balance Sheet that can be separated by stages of the value chain and does not require a \"driver\" or proration methodology. |\n| 8 | 30 months | 54 months | Corresponds to the period granted from the publication of the resolution for those ASADAS that currently do not prepare their financial statements based on full IFRS to separate by stages of the value chain of the respective service, the following items: a. Property, plant and equipment. b. Works in progress. d. Documents payable. e. Cash equivalents and temporary investments that are part of resource reserves to be used for the acquisition or construction of productive assets (Property, plant and equipment). f. Any other item of the Balance Sheet that can be separated by stages of the value chain and does not require a \"driver\" or proration methodology. |\n| 10 and 11 | 8 months | 12 months | Refers to the period granted for ASADAS after the first homologation to separate by stages of the value chain of the respective service the items of the Income Statement and present the requested inputs. |\n| 10 | 18 months | 30 months | Refers to the period granted after the publication of the resolution for those ASADAS that currently prepare their financial statements based on full IFRS to separate by stages of the value chain all respective items and sub-items of operation, maintenance, administration, quality and commercial expenses and present the requested inputs. |\n| 10 | 38 months | 66 months | Refers to the period granted after the publication of the resolution for those ASADAS that currently do not prepare their financial statements based on full IFRS to separate by stages of the value chain all respective items and sub-items of operation, maintenance, administration, quality and commercial expenses and present the requested inputs. |",
  "outcome": {
    "label_en": "Partially granted",
    "label_es": "Parcialmente con lugar",
    "summary_en": "The appeal for reconsideration filed by AyA is partially granted, modifying the deadlines established in resolution RE-0005-IA-2023 for the implementation of regulatory accounting in ASADAS; the other claims are rejected.",
    "summary_es": "Se declara parcialmente con lugar el recurso de revocatoria del AyA, modificando los plazos establecidos en la resolución RE-0005-IA-2023 para la implementación de la contabilidad regulatoria en las ASADAS; se rechazan las demás pretensiones."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando I, Análisis de fondo, punto 2",
      "quote_en": "The delegant always retains the obligation to monitor the management of the delegate and is responsible with the delegate for negligence in monitoring, in accordance with Article 91 of the General Public Administration Act.",
      "quote_es": "El delegante conserva siempre la obligación de vigilar la gestión del delgado y es responsable con este por culpa en la vigilancia, esto de conformidad con el artículo 91 de la Ley General de la Administración Pública."
    },
    {
      "context": "Considerando I, Análisis de fondo, punto 7",
      "quote_en": "Economic independence does not imply the existence of immunity for AyA regarding the actions of the ASADAS, or in other words, economic independence does not imply the non-application of the provisions of Article 91 of the LGAP regarding the duties of the delegant towards the delegate.",
      "quote_es": "La independencia económica, no implica la existencia de un fuero de inmunidad del AyA respecto al accionar de las Asadas, o lo que es lo mismo, la existencia de independencia económica no implica la desaplicación de lo establecido en el numeral 91 de la LGAP, en relación con los deberes del delegante para con el delegado."
    },
    {
      "context": "Considerando I, Conclusiones, punto 24",
      "quote_en": "Regulatory resolutions issued by the Regulatory Authority that correlate with the provision, both direct and indirect, of the water and sewerage service by AyA must be formally notified only to AyA, which does not prevent them from being sent (communicated) also to the ASADAS, although this second step would not imply a requirement of effectiveness of the resolution as such.",
      "quote_es": "Las resoluciones regulatorias que dicte la Autoridad Reguladora que guarden correlación con la prestación tanto directa como indirecta del AyA del servicio de acueductos y alcantarillados, le deben ser notificadas formalmente solo al AyA, lo cual no obsta para que sean remitidas (comunicadas) también a las Asadas, no obstante este segundo paso, no implicaría un requisito de eficacia de la resolución como tal."
    }
  ],
  "cites": [],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [
      {
        "target_id": "norm-26314",
        "kind": "concept_anchor",
        "label": "Ley 7593  Art. 33"
      },
      {
        "target_id": "norm-13231",
        "kind": "concept_anchor",
        "label": "Ley General de la Administración Pública N°6227  Art. 91"
      },
      {
        "target_id": "norm-37097",
        "kind": "concept_anchor",
        "label": "Ley Constitutiva del AyA N°2726  Art. 2"
      },
      {
        "target_id": "norm-92344",
        "kind": "concept_anchor",
        "label": "Decreto N°42582-S-MINAE"
      }
    ],
    "external": [
      {
        "ref_id": "norm-99937",
        "url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=99937&strTipM=FN",
        "kind": "affects_norm",
        "label": "0005",
        "norm_id": "99937"
      }
    ]
  },
  "source_url": "",
  "tier": 2,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "amendments_by_article": null,
  "dictamen_by_article": null,
  "concordancias_by_article": null,
  "afectaciones_by_article": {
    "1": [
      {
        "doc_id": "norm-99937",
        "label": "0005",
        "article": "1",
        "in_corpus_id": "norm-99937",
        "in_corpus_title_en": "Implementation of regulatory accounting for ASADAS",
        "in_corpus_title_es": "Implementación de contabilidad regulatoria para ASADAS",
        "in_corpus_citation": "La Gaceta N° 133 (Alcance 138), 21/07/2023",
        "in_corpus_doc_type": null,
        "in_corpus_date": "",
        "in_corpus_year": ""
      }
    ]
  },
  "resoluciones_by_article": null,
  "cited_by_votos": [],
  "cited_norms": [],
  "cited_norms_inverted": [],
  "sentencias_relacionadas": [],
  "temas_y_subtemas": [],
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "en la totalidad del texto\n\n                    -\n\n                        Texto Completo Norma 0012\n\n                        Reforma Implementación de la contabilidad regulatoria y requerimientos de\ninformación contable para los servicios regulados por la intendencia de agua, prestados por las\nAsociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados\n\nAUTORIDAD\nREGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS\n\nINTENDENCIA\nDE AGUA\n\nRE-0012-IA-2023\ndel 18 de julio de 2023\n\nCONOCE\nEL INTENDENTE DE AGUA DEL RECURSO DE REVOCATORIA\n\nINTERPUESTO\n           POR     LA        REPRESENTACIÓN     DEL     INSTITUTO\n\nCOSTARRICENSE\nDE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AYA) CONTRA\n\nLA\nRESOLUCIÓN RE-0005-IA-2023 DEL 17 DE ABRIL DE 2023\n\nEXPEDIENTE:\nOT-203-2021\n\nRESULTANDO:\n\nI.             \nEl 23 de marzo de 2017, mediante la resolución\nRRG-091-2017, el Regulador General estableció los lineamientos para la\nestandarización de la implementación de la contabilidad a nivel institucional,\nen los cuales se instruyó a las Intendencias, entre otras cosas, estandarizar\nel proceso y realizar una consulta pública para discutir los formatos uniformes\nde contabilidad regulatoria de cada servicio regulado (folio 175, OT-156-2021).\n\nII.           \nEl 4 de abril de 2017, mediante el oficio 295-RG-2017, el\nRegulador General, con el fin de llevar a cabo el cumplimiento de lo dispuesto\nmediante la resolución RRG-091-2017, instituyó la creación de una fuerza de\ntarea para la realización de labores de coordinación interna, revisión y\nseguimiento para la implementación de la contabilidad regulatoria.\n\nIII.         \nEl 31 de enero de 2018, mediante la resolución RIA-001-2018,\nla Intendencia de Agua (IA) dispuso la: \"Implementación de la contabilidad\nregulatoria para los servicios de acueducto, alcantarillado, hidrantes,\nsuministro de agua para riego y piscicultura y actividades de protección del\nrecurso hídrico\". En lo que interesa, dicha resolución es aplicable al\nInstituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), a la Empresa de\nServicios Públicos de Heredia (ESPH S.A) y al Servicio Nacional de Aguas\nSubterráneas Riego y Avenamiento (Senara), es decir no alcanza a las\nasociaciones administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillado\ncomunales (ASADAS), por el contrario, las excluyó de forma expresa (folios 148\nal 175, OT-242-2017).\n\nIV.         El 15 de abril de 2021, mediante el oficio OF-0221-IA-2021, la IA remitió a\nlas ASADAS, solicitud de estados financieros, para lo cual, se les otorgó el\nplazo de 10 días hábiles (folio 1275).\n\nV.          \nEl 27 de abril de 2021, mediante el oficio\nOF-0246-IA-2021, la IA solicitó al\n\nDepartamento de\nGestión Documental (DEGD), la apertura de un expediente para \"Mejora\nRegulatoria\", en el cual se adjuntó el informe IN-0044-IA-2021 sobre la\n\"Separación de la cadena de valor de los servicios\". Ello dio origen\nal expediente OT-203-2021 (folios 1 al 54).\n\nVI.         El 14 de marzo de 2022, mediante el informe IN-0035-IA-2022, la IA emitió\nel \"Informe de contabilidad regulatoria \ny requerimientos de información contable para los servicios regulados\npor la Intendencia de Agua prestados por las ASADAS\", en el que recomendó\nimplementar en las ASADAS la contabilidad regulatoria en los servicios públicos\nde acueducto, alcantarillado sanitario, hidrantes y protección del recurso\nhídrico,  separados por etapas de la\ncadena de valor y establecer de manera unificada la estructura, descripción,\nperiodicidad y orden de la información regulatoria financiero contable que\nestos operadores deben presentar a la IA (folios 1577 al 1607).\n\nVII.       El 14 de marzo de 2022, mediante la resolución RE-0006-IA-2022, la IA\ndispuso: \"(.) Implementación de la contabilidad regulatoria en las\nAsociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Comunales\n(ASADAS)\". Esta resolución, se notificó el 14 de marzo de 2022, al AyA\n(folio 1687). Asimismo, se publicó el 17 de marzo de 2022, en la Gaceta N°52,\nAlcance N°57 (folios 1648 al 1685, 1688 al 1725).\n\nVIII.     El\n17 de marzo de 2022, mediante el oficio GG-2022-00974, el AyA interpuso recurso\nde apelación, contra la resolución RE-0006-IA-2022, del 14 de marzo de 2022\n(folio 1726).\n\nIX.         El 29 de abril de 2022, mediante la resolución RE-0008-IA-2022, la IA\nresolvió el \"Recurso de revocatoria con apelación en subsidio, interpuesto\npor el AyA, contra la resolución RE-0006-IA-2022, del 14 de marzo de\n2022\", en la cual, en lo que interesa, le declaró sin lugar el recurso de\nrevocatoria interpuesto, y se elevó ante la Junta Directiva el recurso de\napelación interpuesto en subsidio (folios 1751 al 1752).\n\nX.          \nEl 2 de mayo de 2022, mediante la resolución\nRE-0009-IA-2022, la IA corrigió un error material de la resolución\nRE-0008-IA-2022 (folio 1754).\n\nXI.         El 4 de mayo de 2022, mediante el oficio GG-2022-01685, el AyA atendió el\nemplazamiento conferido mediante la resolución RE-0008-IA-2022, con relación al\nrecurso de apelación, interpuesto contra la resolución RE-0006-IA2022 (folio\n1755).\n\nXII.       El 16 de mayo de 2022, mediante el oficio OF-0293-IA-2022, la IA, rindió el\ninforme que ordena el artículo 349 de la Ley General de la Administración\nPública, con relación al recurso de apelación interpuesto (folios 1756 al 1758,\n1760).\n\nXIII.     El\n17 de mayo de 2022, mediante el memorando ME-0102-SJD-2022, la Secretaría de\nJunta Directiva remitió a la Dirección General de Asesoría Jurídica y\nRegulatoria (DGAJR), el recurso de apelación interpuesto. Además, remitió el\noficio GG-2022-01685, presentado por el AyA y relacionado con el citado recurso\n(folio 1759).\n\nXIV.     El\n13 de setiembre de 2022, mediante el oficio OF-0661-DGAJR-2022, la DGAJR emitió\ncriterio sobre el recurso de apelación interpuesto por el AyA, contra la\nresolución RE-0006-IA-2022. En dicho criterio se recomendó: (Folios 2581 al\n2615).\n\nXV.       El 20 y 23 de setiembre de 2022, mediante los oficios OF-0555-IA-2022 y\nOF0562-IA-2022, la IA solicitó la convocatoria a consulta pública, sobre el\ninforme de Contabilidad Regulatoria y Requerimientos de información contable\npara los servicios regulados por la Intendencia de Agua, prestados por las\nASADAS (IN0035-IA-2022) (folios 1992 al 1996).\n\nXVI.     El\n30 de setiembre de 2022, se publicó la invitación a los interesados a presentar\nsus oposiciones o coadyuvancias a la consulta pública, en los diarios de\ncirculación nacional La Teja y La Extra (folios 2014 a 2015). El 20 de octubre\nde 2022, fue la fecha máxima para recibir oposiciones o coadyuvancias.\n\nXVII.   El\n21 de octubre de 2022, mediante el informe IN-0790-DGAU-2022, la Dirección\nGeneral de Atención al Usuario (DGAU), informó que, como resultado de la\nconsulta pública, se admitieron nueve oposiciones y una coadyuvancia (folios\n2067 al 2069).\n\nXVIII. El 12 de enero de 2023, mediante la resolución RE-0016-JD-2023, la Junta Directiva, con base\nen el criterio OF-0661-DGAJR-2022, resolvió el \"Recurso de apelación interpuesto por el Instituto\nCostarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), contra la resolución RE-0006-IA-2022, del 14 de\nmarzo de 2022 dictada por la Intendencia de Agua\". En lo conducente resolvió: (folios 2494 al 2526).\n\"(.)  LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS\n\nRESUELVE:\n\nI. Declarar\nparcialmente con lugar, el recurso de apelación, interpuesto por el Instituto\nCostarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), contra la resolución\nRE-0006-IA-2022, del 14 de marzo de 2022, únicamente, en relación con el\nargumento número dos, en cuanto a que la: \"Implementación de la\ncontabilidad regulatoria en las Asociaciones Administradoras de Acueductos y\nAlcantarillados Comunales (ASADAS)\", debía notificarse a las ASADAS, a fin\nde que estas hicieran valer sus derechos.\n\nII.                  \nDeclarar la\nnulidad absoluta de la resolución RE-0006-IA-2022, del 14 de marzo de 2022, en\nel tanto, se violentó en el procedimiento, el derecho de participación\nciudadana, de conformidad con el artículo 9 de la Constitución Política y 361\nde la Ley General de la Administración Pública y lo dispuesto en la resolución\nRRG-091-2017 del 23 de marzo de 2017.\n\nIII.                \nDeclarar la nulidad absoluta, por conexidad de las\nresoluciones RE-0008-IA2022 del 29 de abril de 2022, que resolvió:recurso de\nrevocatoria, interpuesto por el Instituto Costarricense de Acueductos y\nAlcantarillados (AyA) contra la resolución RE-0006-IA-2022 del 14 de marzo de\n2022- y RE-0009-IA-2022 del del 2 de mayo de 2022, que resolvió:corrección de\nerror material de la resolución RE-0008-IA-2022, del 29 de abril de 2022.\n\nIV.               \nRetrotraer el procedimiento a la etapa procedimental\noportuna, a fin de someter la \"Implementación de la contabilidad\nregulatoria en las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados\nComunales (ASADAS)\", al momento previo a celebrar la consulta pública,\nconforme el artículo 361 de la LGAP, a fin de garantizar el derecho de\nparticipación ciudadana a las ASADAS y al AyA.\n\nV.                 \nDimensionar los efectos de la nulidad decretada,\nmanteniendo vigente la resolución RE-0006-IA-2022, del 14 de marzo de 2022, por\nel plazo máximo de SEIS MESES CALENDARIO, a partir del dictado de la resolución\nque ha de dictarse, a fin de que la Intendencia de Agua, dentro de dicho plazo,\ndicte un nuevo acto administrativo ajustado a derecho.\n\nVI.               \nAgotar la vía administrativa.\n\nVII.             \nNotificar a la parte, la presente resolución.\n\nVIII.           \nComunicar a la Intendencia de Agua, la presente\nresolución, para lo que corresponda (.)\".\n\nXIX.     El 17 de abril de\n2023, mediante el Informe IN-0019-IA-2023, la IA rindió el Informe Técnico\nsobre la \"Implementación de la contabilidad regulatoria y requerimientos\nde información contable para los servicios regulados por la Intendencia de\nAgua, prestados por las ASADAS\" (folios 2835 al 2896).\n\nXX.       El\n17 de abril de 2023, mediante la resolución RE-0005-IA-2023, la IA dictó la\n\n\"Implementación\nde la contabilidad regulatoria y requerimientos de información contable para\nlos servicios regulados por la Intendencia de Agua, prestados por las\nAsociaciones Administradores de Acueductos y Alcantarillados Comunales\n(ASADAS)\" (folios 2902 al 2966), la cual fue notificada a las partes el\npropio 17 de abril de 2023 (folios 3035 al 3040).\n\nXXI.     El 20 de abril de\n2023, mediante correo electrónico, la representación del AyA remitió el oficio\nGG-2023-01183, a través del cual se interpuso un recurso de revocatoria con apelación\nen subsidio contra la resolución RE-0005-IA-2023 del 17 de abril de 2023 (folio\n3041).\n\nXXII.La resolución RE-005-IA-2023, que se dictó y notificó inicialmente, indicó\na folio 2945, en su parte dispositiva, específicamente en su Por Tanto número\n2, que se informa \"(.) que la lista de ASADAS con las que se iniciará la\nprimera etapa de la implementación de la contabilidad regulatoria está\ncontenida en el Anexo N°4 del Informe XXX, el cual sirvió de base para el\ndictado de la presente resolución (.)\", lo cual constituye un evidente\nerror material.\n\nXXIII.    El 04 de mayo de 2023,\nmediante el informe IN-0023-IA-2023, la IA dictó el \" INFORME\nRESPECTO A LA CORRECCIÓN DEL ERROR MATERIAL CONTENIDO EN LA PARTE DISPOSITIVA\nDE LA RESOLUCIÓN RE-0005-IA2023 DEL 17 DE ABRIL DE 2023, DENOMINADA\nIMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD REGULATORIA Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACION\nCONTABLE PARA LOS SERVICIOS REGULADOS POR LA INTENDENCIA DE AGUA PRESTADOS POR\nLAS ASADAS\" (folios 3224 al\n3234).\n\nXXIV.   El 04 de mayo de 2023, mediante\nla resolución RE-0007-IA-2023, el Intendente de Agua resolvió: \"(.) I. Declarar que en la resolución\nRE-0005-IA-2023, del 17 de abril de 2023, existen dos errores materiales que\ndeben ser corregidos, pues en lugar de consignarse lo relativo al informe\nIN-019-IA-2023, del 17 de abril que sirvió de base para el dictado de esa\nresolución según consta a folio 2907, se consignó por error que se resolvía\ninformar \"(.) que la lista de ASADAS con las que se iniciará la primera\netapa de la implementación de la contabilidad regulatoria está contenida en el\nAnexo N° 4 del Informe XXX, el cual sirvió de base para el dictado de la\npresente resolución\", situación que junto con el resaltado en amarillo que\naparece en ese mismo apartado, deben corregirse. II. Corregir los errores\nmateriales identificados en el párrafo anterior, de manera que el párrafo\nsegundo de la parte dispositiva de la resolución RE0005-IA-2023, del 17 de\nabril de 2023, se lea correctamente de la siguiente forma: \"2.Informar que\nla lista de las ASADAS con las que se iniciará la primera etapa de la\nimplementación de la contabilidad regulatoria está contenida en el Anexo N°4\ndel informe IN-0019-IA-2023, el cual sirvió de base para el dictado de la\npresente resolución\", eliminando a su vez el resaltado en amarillo. III.\nNotificar a las partes la presente resolución. IV. Publicar la resolución\nRE-005IA-2023 del 17 de abril de 2023, debidamente corregida con base en lo\nestablecido en la presente resolución. (.)\" (folios 3235 al 3246).\n\nXXV.     Que el 18 de julio\nde 2017, mediante el informe IN-0040-IA-2023, la Intendencia de Agua realizó el\nanálisis del recurso de revocatoria interpuesto por la representación del AyA\ncontra la resolución RE-005-IA-2023 (mismo que corre agregado a los autos).\n\nCONSIDERANDO:\n\nI. Del informe IN-0040-IA-2023, que sirve de sustento para el dictado de la\npresente resolución conviene extraer lo siguiente:\n\n\"(.)\n\nI.ANÁLISIS DE AMISIBILIDAD\n\na)               \nNaturaleza\ndel recurso\n\nEl\nrecurso interpuesto que se conoce es el de revocatoria al que le aplican los\nartículos 342 a 352 de la Ley General de la Administración Pública N°6227 y sus\nreformas (en adelante LGAP).  \n\nb)              \nTemporalidad\ndel recurso\n\nLa\nresolución que se impugna fue notificada al recurrente, en fecha 17 de abril de\n2023 (folio 3035). En ella se indica que el plazo para la interposición del\nrecurso de revocatoria es de tres días contados a partir del día hábil\nsiguiente al de notificación, conforme el artículo 346 de la LGAP.\n\nEl\n31 de marzo de 2023, la representación del AyA interpuso el recurso (folio\n373), por lo cual el recurso se encuentra presentado dentro del plazo legal\nestablecido para ello.\n\nc)               \nLegitimación\n\nRespecto\nde la legitimación activa, cabe indicar que el recurrente se encuentra\nlegitimado para actuar -en la forma en que lo ha hecho- de acuerdo con lo\nestablecido en los artículos 275, 276 y 282 de la LGAP, pues es parte\ninteresada en el procedimiento en que se dictó la resolución recurrida.\n\nd)              \nRepresentación\n\nLa\nseñora María Gabriela Vallejo Astúa, cédula de identidad uno-mil cuatrocientos\nochenta y seis-doscientos ochenta y uno, es SubGerente General, con facultades\nde apoderada generalísima sin límite de suma del AyA, según consta a folio\n3041; por lo cual está facultada para actuar a nombre de esa entidad.\n\nEn\nconsecuencia, el recurso interpuesto resulta admisible, por lo que se procede\nal respectivo análisis de fondo.\n\nII.ANÁLISIS DE FONDO DEL\nRECURSO\n\nLa\nrepresentación de la parte recurrente sustentó su recurso en los siguientes\nargumentos, los cuales serán analizados de forma separada para su mayor\ncomprensión.\n\n1)\nExiste una gran diferencia entre \"titular del servicio\" y\n\"prestatario del servicio\", siendo que, para AyA operador, la prestación\ndel servicio es directa a las personas usuarias de sus servicios, mientras que\nen el caso de las ASADAS, las Municipalidades y la Empresa de Servicios\nPúblicos de Heredia, el AyA no es el prestatario directo, sino que, cada una de\nestas brinda el servicio de manera directa a las personas usuarias de su\nsistema, aunque la Ley Constitutiva señale al AyA como el titular del servicio.\n\nLa\nARESEP reconoce que en unas ocasiones el AyA es el operador de los sistemas\n(caso de la prestación que brinda de manera directa a sus usuarios) y en otra\nes el rector técnico (caso de delegación a las ASADAS donde no presta el\nservicio de manera directa), por consiguiente, existe una gran contradicción.\nRefiere al AyA como Ente Rector de las ASADAS, en otras ocasiones lo denomina\nel Titular del Servicio a nivel nacional y en otras como prestatario directo\nincluso de los servicios de las ASADAS, pero en otros casos argumenta que las\nASADAS son las prestatarias directas del servicio. La ARESEP reconoce que el\nAyA no es el prestatario directo del servicio que brindan las ASADAS ni\n\"ejecuta la actividad regulada directamente\".\n\nEn\nrelación con este argumento, valga indicar en un primer momento que el AyA\nomite señalar con precisión en qué casos es que la Aresep presuntamente, hace\nuna utilización indiferenciada de los distintos apelativos. Asimismo, se debe\nindicar en relación con esta aseveración, que como también lo reconoce el\npropio AyA en su recurso, su propia ley constitutiva señala que él es el\ntitular de servicio, así como también reconoce que este tiene una rectoría\ntécnica en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento de\naguas residuales.\n\nDesde\nesta visión que aporta la propia parte recurrente, no sería un error que se le\nseñale como rector, titular o incluso prestador del servicio, sino que esto no\nsería más que una consecuencia de la debida aplicación del ordenamiento\njurídico.  \n\nAsimismo,\nomite también la representación del AyA en su primer acápite de línea\nargumentativa, indicar cuál es el agravio, o vicio que existe en la resolución\nque se impugna respecto a lo señalado supra, lo cual, según se advirtió, no\nsería más que una consecuencia lógica y natural de la aplicación bajo una\ncorrecta hermenéutica de la regulación contenida en el ordenamiento jurídico\naplicable.\n\nEn\nconsecuencia, no lleva razón la parte en su argumento.\n\n2)\nEn relación con el \"Por tanto número 5\" de la RE-0005-IA-2023 del 17\nde abril de 2023. A partir de la dispuesto en el por tanto número 5 de la\nresolución emitida por la Intendencia de Agua, se extrae que el AYA será\nresponsable de brindar acompañamiento a las ASADAS seleccionadas y que no están\npreparando su contabilidad con base en las NIIF plenas. Así mismo se dispone\nque el AYA deberá presentar trimestralmente al órgano regulador un informe\nacerca del avance de la implementación de las NIFF plenas.\n\nEn\nvirtud de esto, debe recalcarse que la labor de este Instituto es de\nacompañamiento y la implementación de las NIIF plenas, así como que la\ncontabilidad regulatoria, recae sobre las ASADAS por tratarse de operadores\nindependientes y cuyo ámbito de regulación pertenece a la Autoridad Reguladora,\npor lo que cualquier incumplimiento por parte de las ASADAS, en dicha\nimplementación, no debería implicar la improbación de nuevos pliegos tarifarios\npara este instituto.\n\nUna\nvez analizado este argumento resulta menester señalar que se concuerda con lo\nseñalado por la representación de la parte recurrente en cuanto al hecho de que\nen la resolución bajo examen se establece la necesidad de que el Instituto\nbrinde acompañamiento a las ASADAS seleccionadas y que no están preparando su\ncontabilidad con base en las NIIF plenas.  \n\nAhora\nbien, del análisis de la línea argumentativa del AyA no se concluye que exista\noposición a este deber de acompañamiento, sino que su inconformidad radica en\nque el hecho de que una ASADA incumpla con la implementación de las NIIF plenas\nno implique que al Instituto se le puedan improbar nuevos pliegos tarifarios.\n\nRespecto\na esta afirmación que realiza el instituto se debe puntualizar lo siguiente:\n\nEl\nPor Tanto 5., de la resolución impugnada al que refiere AyA, no solo establece\nel extracto que rescata la parte recurrente en su recurso, sino que además de\nestablecer la necesidad de que el instituto brinde acompañamiento a las ASADAS\n(obligación que deriva del propio Reglamento de las Asadas, Decreto N°\n42582-SMINAE), señala que el AyA debe (carácter preceptivo) asegurarse que\n\"(.) todas las ASADAS seleccionadas hayan implementado en un 100 % las\nNIIF plenas\", pudiendo contar con el colaboración de Aresep para ello.\n\nDel\nanterior extracto se colige la existencia para el AyA de una obligación de\nacatamiento preceptivo que se deriva de la propia resolución en consonancia con\nlas obligaciones que le han sido establecidas al instituto en el reglamento de\nASADAS, que allí mismo se citan, específicamente lo establecido en los\nartículos 28 incisos e), f) y k), 31 inciso c), 35, 37 incisos f) y l), 47\ninciso g), 49, 52 incisos b) y c), 60 y 64 inciso c) del Reglamento N°42582-S-MINAE.\n\nViene\nde lo anterior, que según lo establecido en el numeral 33 de la Ley 7593, en\ncaso de que el AyA incumpla con lo establecido en la resolución impugnada en\nrelación con las obligaciones que tiene este como rector y titular delegante\ndel servicio, existe la posibilidad de que esto implique una afectación para\nsucesivas peticiones tarifarias.\n\nEn este sentido\nseñala el citado artículo:\n\n\"Artículo\n33.-Justificación de peticiones\n\nToda\npetición de los prestadores sobre tarifas y precios deberá estar justificada.\nAdemás, los solicitantes tendrán que haber cumplido con las condiciones\nestablecidas, por la Autoridad\n\nReguladora,\nen anteriores fijaciones o intervenciones realizadas en el ejercicio de sus\npotestades antes de la petición\".\n\nPor\nconsiguiente, no lleva razón la representación de la parte recurrente en su\nafirmación, pues lo cierto es que existe una obligación clara establecida en el\nordenamiento jurídico que es recogida por la propia resolución, puntualizándola\nen cuanto a velar por el cumplimiento de las NIFF completas por parte de las\nASADAS. No debe perderse de vista de que el AyA como delegante, mantiene su\nresponsabilidad en cuanto al cumplimiento de las normas relativas al servicio\npúblico, fiscalizando la ejecución y prestación que haga del servicio la parte\ndelegada. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el numeral 91 de la\nLey General de la Administración Pública, según el cual el delegante tendrá\nsiempre la obligación de vigilar la gestión del delegado pudiendo ser responsable\njunto con este por culpa en la vigilancia.\n\n3)Imposibilidad\nmaterial respecto al acompañamiento de las Asadas para la implementación de la\ncontabilidad regulatoria, en el plazo otorgado por la Autoridad Reguladora.\n\nEn\nrelación con esta aseveración, el AyA desarrolla los siguientes argumentos.\n\n.         \nSegún lo explica la Dirección Financiera del Instituto, la implementación de\nesta contabilidad ha sido todo un reto para AyA por no contar con un sistema\nfinanciero que permita de forma natural generar los estados financieros que\ndemanda el Regulador.\n\n.         \nLa contabilidad regulatoria es básicamente una contabilidad de costos por\nservicio, vaciada en un formato de estados financieros para una contabilidad\ntradicional, lo que hace muy compleja su implementación, se requiere de muchos\nmeses para lograr el entendimiento de la estructura de esta contabilidad, y\ncada vez ARESEP la hace más compleja porque le agrega mayor nivel de\ndesagregación, al punto que la última resolución obliga a presentar estados\nfinancieros con detalle de información al nivel de la etapa que corresponde en\nel proceso productivo, para esto se requiere de sistemas muy robustos que\npermitan tal nivel de control detallado, además de profesionales expertos en el\nmanejo de esta contabilidad.\n\n.         \nDebe considerar el Regulador, que el acompañamiento a las ASADAS que se\nmencionan en la resolución es muy complejo y que conlleva destinar recursos\ninstitucionales y recurso humano, con el cual no cuenta la Institución en este\nmomento.\n\n.         \nPara el AyA resulta materialmente imposible como lo indica el por tanto número\n5 de la resolución, presentar informes sobre el avance de la implementación de\nla contabilidad regulatoria por las ASADAS, ya que como se menciona líneas\narriba, es necesario destinar recurso humano, debidamente capacitado y del cual\nno cuenta el AyA, sin dejar de atender las funciones propias de aplicación de\nla contabilidad regulatoria del Instituto como operador regulado.\n\n.         \nLa mayoría de las ASADAS no cuentan con el personal técnico especializado ni\ncon los recursos financieros para aplicar la contabilidad regulatoria y\nmantenerla actualizada. Por lo tanto, es previsible que las ASADAS no podrían\ncumplir con el requerimiento solicitado por la ARESEP en referencia a la\ncontabilidad regulatoria, dentro del plazo otorgado por el Regulador.\n\n.         \nAnalizados objetivamente cada uno de los requerimientos contenidos en la\nresolución RE-0005-IA-2023, se observa que el plazo otorgado para su\nimplementación por parte de las ASADAS, dados sus condiciones actuales, resulta\nde muy difícil o imposible cumplimiento, siendo que el acompañamiento en este\nproceso particular exige la contratación, capacitación y entrenamiento de\nfuncionarios abocados a realizar este tipo de funciones.\n\nUna\nvez analizados los argumentos planteados por la representación de la parte\nrecurrente en este punto, se determina que lo solicitado por el AyA resulta\nrazonable en cuanto a la extensión de los plazos concedidos para el\ncumplimiento de los requerimientos establecidos en la resolución que aquí se\nimpugna.\n\nEn\nconsecuencia, se considera oportuno y conveniente acoger lo aquí establecido y\nen consecuencia modificar los plazos de cumplimiento establecidos en la resolución\nRE-0005-IA-2023 para que queden de la siguiente manera:  \n\n| NÚMERO DE POR TANTO | PLAZO ORIGINAL | NUEVO PLAZO | OBSERVACIONES | | --- | --- | --- | --- | | 4\n| 24 meses | 36 meses | Se refiere al plazo otorgado para que las ASADAS seleccionadas elaboren y\npresenten a la Autoridad Reguladora, sus estados financieros realizados con base en las NIIF plenas,\nluego de la publicación de la resolución. |\n\n \n\n| NÚMERO DE POR TANTO | PLAZO ORIGINAL | NUEVO PLAZO | OBSERVACIONES | | --- | --- | --- | --- | | 5\n| Trimestral | Semestral | Corresponde a la periodicidad de entrega por parte del AyA de los\ninformes de avance de la implementación de las NIIF plenas en las ASADAS | | 6 | 24 meses | 42 meses\n| Corresponde al plazo otorgado a partir de la publicación de la resolución para que aquellas ASADAS\nque en la actualidad no preparan sus estados financieros con base en las NIIF plenas, presenten la\nprimera homologación. | | 8 y 9 | 6 meses | 12 meses | Se refiere al plazo otorgado para que las\nASADAS luego de la primera homologación separen por etapas de la cadena de valor del servicio\nrespectivo las partidas del Balance de Situación y presenten los ingresadores solicitados. | | 8 |\n12 meses | 18 meses | Corresponde al plazo otorgado a partir de la publicación de la resolución para\nque aquellas ASADAS que en la actualidad preparan sus estados financieros con base en las NIIF\nplenas, separen por etapas de la cadena de valor del servicio respectivo, Ias siguientes partidas:\na. Propiedad, planta y equipo. b. Obras en construcción. d. Documentos por pagar. e. Equivalentes de\nefectivo e inversiones transitorias queforman parte de reservas de recursos que van a ser utilizados\npara la adquisición o construcción de activos productivos ( Propiedad, planta y equipo). f.\nCualquier otra partida del Balance de situación que puedaser separada por etapas de la cadena de\nvalor y que no requiera para ello algún \" driver\" o metodología de prorrateo. |\n\n| NÚMERO DE POR TANTO | PLAZO ORIGINAL | NUEVO PLAZO | OBSERVACIONES | | --- | --- | --- | --- | | 8\n| 30 meses | 54 meses | Corresponde al plazo otorgado a partir de la publicación de la resolución\npara que aquellas ASADAS que en la actualidad no preparan sus estados financieros con base en las\nNIIF plenas, separen por etapas de la cadena de valor del servicio respectivo, Ias siguientes\npartidas: a. Propiedad, planta y equipo. b. Obras en construcción. d. Documentos por pagar. e.\nEquivalentes de efectivo e inversiones transitorias queforman parte de reservas de recursos que van\na ser utilizados para la adquisición o construcción de activos productivos ( Propiedad, planta y\nequipo). f. Cualquier otra partida del Balance de situación que puedaser separada por etapas de la\ncadena de valor y que no requiera para ello algún \" driver\" o metodología de prorrateo. | | 10 y 11\n| 8 meses | 12 meses | Se refiere al plazo otorgado para que las ASADAS luego de la primera\nhomologación separen por etapas de la cadena de valor del servicio respectivo las partidas del\nEstado de Resultados y presenten los ingresadores solicitados. | | 10 | 18 meses | 30 meses | Se\nrefiere al plazo otorgado luego de la publicación de la resolución para que las ASADAS que en la\nactualidad preparan sus estados financieros con base en las NIIF completas, separen por etapas de la\ncadena de valor todas las partidas y subpartidas respectivas de gastos de operación, mantenimiento,\nadministración, calidad y comerciales y presenten los ingresados solicitados. | | 10 | 38 meses | 66\nmeses | Se refiere al plazo otorgado luego de la publicación de la resolución para que las ASADAS\nque en la actualidad no preparan sus estados financieros con base en las NIIF completas, separen por\netapas de la cadena de valor todas las partidas y subpartidas respectivas de gastos de operación,\nmantenimiento, administración, calidad y comerciales y presenten los ingresadores solicitados. |\n\n4)\nRespecto a la Resolución RE-0016-JD-2023 del 12 de enero de 2023, a través de\nla Junta Directiva de la ARESEP dispuso en el por tanto IV \"retrotraer el\nprocedimiento a la etapa procedimental oportuna a fin de someter la\nimplementación de la Contabilidad Regulatoria en las asociaciones\nadministradoras de acueductos y alcantarillados comunales (Asadas) al momento\nprevio a celebrar la consulta pública conforme al artículo 361 de la LGAP, a\nfin de garantizar el derecho de participación ciudadana a las Asadas y al\nAyA\", se considera que la Intendencia de Agua desoye lo señalado por la\nJunta Directiva respecto al derecho de participación ciudadana de las Asadas y\nel AyA, continuando con el procedimiento y vulnerándose de tal forma el debido\nproceso, lo que ocasiona una NULIDAD en el procedimiento evidente y manifiesta\nque así debe ser declarada.\n\nAnalizado\neste argumento, conviene contextualizar lo sucedido en el procedimiento que dio\ncomo resultado el dictado de la resolución RE-0016-JD-2023, del 12 de enero de\n2023.\n\nLa\nresolución de marras se origina producto de la interposición de un recurso de\napelación contra la resolución RE-0006-IA-2022, notificada el 14 de marzo de\n2022 y a través de la cual se dispuso la implementación de la contabilidad\nregulatoria en las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados\nComunales (ASADAS).\n\nEsta\nresolución posteriormente, por mandato de la Junta Directiva anulada en su\ntotalidad, con lo cual según lo establecido por la Ley General de la\nAdministración Pública (LGAP), la situación jurídica generada en las partes\ninteresadas a partir de esta resolución dejó de existir y formar parte del\nordenamiento jurídico. Al respecto, el numeral 171 de la LGAP, establece que la\ndeclaración de nulidad absoluta tendrá efectos puramente declarativos y\nretroactivos a la fecha del acto. Con esto aunado al agotamiento de la vía\nadministrativa declarado en esa misma resolución, se pone fin al asunto\nrecurrido y conocido por la Junta Directiva y se retrotrae el asunto al momento\nprocesal previo al dictado de la resolución.\n\nAhora\nbien, el procedimiento que dio como resultado el dictado de la resolución\nRE0005-IA-2023, que aquí se impugna, contrario a lo señalado por la parte\nrecurrente, se realizó con apego a todas las garantías procesales y\nsustantivas, incluyendo la celebración de una etapa de consulta pública para\nque todas las partes interesadas se pudiesen manifestar, en estricto apego con\nlo señalado en el artículo 9 de la Constitución Política.\n\nEn\neste sentido, como puede apreciarse en los numerales XVI al XVIII de los\nresultandos de la resolución impugnada, la Intendencia de Agua solicitó el 20 y\n23 de setiembre de 2022, la respectiva convocatoria a consulta pública, sobre\nel informe IN-00035-IA-2022 (visible a folios 1577 al 1607), relativo a la\nContabilidad Regulatoria y Requerimientos de Información contable para los\nservicios regulados por la Intendencia de Agua, prestados por las ASADAS.  \n\nPosteriormente,\nel 30 de setiembre de 2022, se publicó a los interesados a presentar sus\noposiciones o coadyuvancias a la consulta pública, en los diarios de\ncirculación nacional La Teja y La Extra (folios 2014 a 2015), siendo el 20 de\noctubre la fecha máxima para recibir oposiciones o coadyuvancias.\n\nProducto\nde esta gestión, el 21 de octubre de 2022, mediante el informe IN- 0790- DGAU-\n2022, la Dirección General de Atención al Usuario (DGAU), informó que como\nresultado de la consulta pública, se admitieron nueve oposiciones y una\ncoadyuvancia (folios 2067 al 2069).\n\nA\nmayor abundamiento, la propia resolución impugnada procedió al análisis\nindividualizado de esas nueve oposiciones y coadyuvancia, con lo cual se\nevidencia que no solo se materializó el derecho de los interesados de\nparticipar en el procedimiento que dio como resultado la resolución aquí\nimpugnada, sino que también, oportunamente se les atendió y resolvió con detalle\ncada una de las oposiciones formuladas por ellos. Véase en este sentido el\napartado V. de la resolución denominado \"POSICIONES Y OPOSICIONES\".\n\nEn\nconsecuencia, se evidencia que en el procedimiento bajo estudio se siguieron\nlas formalidades de ley, y contrario a lo señalado por la parte recurrente, sí\nse llevó a cabo el proceso de participación ciudadana, tanto en la etapa de\nconsulta pública, como en la etapa de análisis de las oposiciones y posiciones\npresentadas. A partir de lo cual, no se evidencia la existencia de vicio alguna\nque genere una nulidad absoluta en los términos manifestados por la\nrepresentación del AyA.\n\nPor\nconsiguiente, este argumento debe rechazarse.\n\n5)\nLa ARESEP, pretende la implementación de Contabilidad Regulatoria, en un plazo\nque según lo expuesto en el apartado II del presente recurso, es de difícil o\nimposible cumplimiento para las ASADAS, por lo que deviene necesario invocar el\ncriterio de inidoneidad del presente acto, por cuanto resulta imposible\nalcanzar efectivamente el objetivo pretendido en el plazo dispuesto. Ese acto\ndebe ajustarse a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica o a\nprincipios elementales de justicia, lógica o conveniencia, de conformidad con\nel numeral 15 de la Ley General de Administración Pública.\n\nEl\nacto impugnado quebranta los límites a los cuales se encuentra sujeta la\ndiscrecionalidad administrativa, pues al establecer medidas inidóneas e\ninnecesarias mediante el uso de criterios regulatorios de imposible\ncumplimiento por parte del AyA a las Asadas, transgrediendo los Principios de\nProporcionalidad y Razonabilidad.\n\nPreocupa en gran\nmedida, que la implementación por parte de la ASADAS como operadores y el\nacompañamiento del AyA como Ente Rector, no puedan ser debidamente cumplidos.\n\nEn\nrelación con este punto si bien no se comparte el razonamiento expuesto por la\nrepresentación de la parte recurrente en cuanto a que el plazo establecido\ncontraviene lo señalado por el artículo 15 de la Ley General de la\nAdministración Pública, así como tampoco se comparte el calificativo de\ninidóneo esbozado por el AyA, si se considera razonable apoyar lo\nsolicitado por el recurrente en cuanto a la \nampliación del plazo para el cumplimiento de lo establecido en la\nresolución aquí impugnada. Por este motivo, se reitera lo ya analizado en el\nPunto II de los argumentos de la parte recurrente. Por parte de la Intendencia\nde Agua, en procura de promover del debido cumplimiento de lo establecido en la\nresolución RE-0005IA-2023, y ante lo solicitado por la representación del AyA,\nse considera que resulta conveniente y oportuno ampliar los plazos de\ncumplimiento de los requerimientos establecidos en la resolución de marras de\nmanera que queden de la siguiente manera:\n\n| NÚMERO DE POR TANTO | PLAZO ORIGINAL | NUEVO PLAZO | OBSERVACIONES | | --- | --- | --- | --- | | 4\n| 24 meses | 36 meses | Se refiere al plazo otorgado para que las ASADAS seleccionadas elaboren y\npresenten a la Autoridad Reguladora, sus estados financieros realizados con base en las NIIF plenas,\nluego de la publicación de la resolución. | | 5 | Trimestral | Semestral | Corresponde a la\nperiodicidad de entrega por parte del AyA de los informes de avance de la implementación de las NIIF\nplenas en las ASADAS | | 6 | 24 meses | 42 meses | Corresponde al plazo otorgado a partir de la\npublicación de la resolución para que aquellas ASADAS que en la actualidad no preparan sus estados\nfinancieros con base en las NIIF plenas, presenten la primera homologación. | | 8 y 9 | 6 meses | 12\nmeses | Se refiere al plazo otorgado para que las ASADAS luego de la primera homologación separen\npor etapas de la cadena de valor del servicio respectivo las partidas del Balance de Situación y\npresenten los ingresadores solicitados. |\n\n \n\n| NÚMERO DE POR TANTO | PLAZO ORIGINAL | NUEVO PLAZO | OBSERVACIONES | | --- | --- | --- | --- | | 8\n| 12 meses | 18 meses | Corresponde al plazo otorgado a partir de la publicación de la resolución\npara que aquellas ASADAS que en la actualidad preparan sus estados financieros con base en las NIIF\nplenas, separen por etapas de la cadena de valor del servicio respectivo, Ias siguientes partidas:\na. Propiedad, planta y equipo. b. Obras en construcción. d. Documentos por pagar. e. Equivalentes de\nefectivo e inversiones transitorias queforman parte de reservas de recursos que van a ser utilizados\npara la adquisición o construcción de activos productivos ( Propiedad, planta y equipo). f.\nCualquier otra partida del Balance de situación que puedaser separada por etapas de la cadena de\nvalor y que no requiera para ello algún \" driver\" o metodología de prorrateo. | | 8 | 30 meses | 54\nmeses | Corresponde al plazo otorgado a partir de la publicación de la resolución para que aquellas\nASADAS que en la actualidad no preparan sus estados financieros con base en las NIIF plenas, separen\npor etapas de la cadena de valor del servicio respectivo, Ias siguientes partidas: a. Propiedad,\nplanta y equipo. b. Obras en construcción. d. Documentos por pagar. e. Equivalentes de efectivo e\ninversiones transitorias queforman parte de reservas de recursos que van a ser utilizados para la\nadquisición o construcción de activos productivos ( Propiedad, planta y equipo). f. Cualquier otra\npartida del Balance de situación que puedaser separada por etapas de la cadena de valor y que no\nrequiera para ello algún \" driver\" o metodología de prorrateo. | | 10 y 11 | 8 meses | 12 meses | Se\nrefiere al plazo otorgado para que las ASADAS luego de la primera homologación separen por etapas de\nla cadena de valor del servicio respectivo las partidas del Estado de Resultados y presenten los\ningresadores solicitados. | | NÚMERO DE POR TANTO | PLAZO ORIGINAL | NUEVO PLAZO | OBSERVACIONES | |\n10 | 18 meses | 30 meses | Se refiere al plazo otorgado luego de la publicación de la resolución\npara que las ASADAS que en la actualidad preparan sus estados financieros con base en las NIIF\ncompletas, separen por etapas de la cadena de valor todas las partidas y subpartidas respectivas de\ngastos de operación, mantenimiento, administración, calidad y comerciales y presenten los ingresados\nsolicitados. | | 10 | 38 meses | 66 meses | Se refiere al plazo otorgado luego de la publicación de\nla resolución para que las ASADAS que en la actualidad no preparan sus estados financieros con base\nen las NIIF completas, separen por etapas de la cadena de valor todas las partidas y subpartidas\nrespectivas de gastos de operación, mantenimiento, administración, calidad y comerciales y presenten\nlos ingresadores solicitados. |\n\n6)          \nPrincipio de proporcionalidad y razonabilidad del acto\nadministrativo.\n\nEste\nargumento, nuevamente, refiere a lo establecido por el AyA en cuanto a su\nimposibilidad de cumplimiento de lo resuelto en la resolución impugnada en los\nplazos establecidos. Es por esto que, si bien no se comparten los calificativos\nen los que fundamente su petición, sí se considera conveniente y oportuno\nampliar los plazos de cumplimiento de los requerimientos establecidos en la\nresolución de marras, según el detalle expuesto en los acápites precedentes.  \n\n7)          \nLas Asadas como operadores regulados directos, deben de cumplir\ncon la información requerida por la Aresep.\n\nCon\nrespecto a este argumento señala el AyA que la Aresep es la institución\nresponsable, competente y llamada a cumplir con dicho mandato legal y no puede\nendilgarla o transferirla a otro ente público como lo pretende con resolución\nimpugnada, en particular, que el AyA ejerza funciones propias del ente\nregulador. \n\nSi\nbien es cierto, el AyA mantiene la titularidad del servicio que prestan las\nASADAS por delegación, no es el prestador directo del servicio que se brinda en\nlos acueductos comunales y, por consiguiente, no le corresponde velar por su\nregulación que compete a la ARESEP.\n\nLa\nInstitución ejerce una rectoría técnica sobre las ASADAS, de conformidad con lo\ndispuesto por el legislador, sin recibir ningún porcentaje de dinero por las\ntarifas que cobran dichas asociaciones, por tener estas, independencia\neconómica. El AyA delega la prestación del servicio, lo que significa que ya no\nlo realiza de manera directa.\n\nEn\nrelación con este argumento omite la representación del AyA señalar de forma\nclara y precisa cuáles son las responsabilidades o competencias que la Aresep\nle está \"endilgando o transfiriendo\" al AyA. Asimismo, se debe\npuntualizar que el AyA conserva sus competencias de fiscalización en cuanto al\ncumplimiento de las disposiciones regulatorias que dicte la Aresep, en aquellos\na quienes delegue la prestación del servicio.\n\nDe\neste modo, la línea argumentativa sostenida por la representación del instituto\nse erige sobre el hecho de que como las Asadas prestan el servicio, su papel en\ncuanto a ellas es únicamente de rectoría, con lo cual soslaya todas las\nobligaciones que se derivan de la relación jurídica que surge entre este y las\nAsadas en virtud de la delegación realizada.\n\nEl\nhecho de que las Asadas reciban las tarifas que estas cobran por la prestación\ndel servicio en nada implica un rompimiento de las responsabilidades que tiene\nel instituto para con las Asadas y el cumplimiento que deben hacer estas de la\nnormativa jurídica y técnica aplicable. Es decir, la independencia económica,\nno implica la existencia de un fuero de inmunidad del AyA respecto al accionar\nde las Asadas, o lo que es lo mismo, la existencia de independencia económica\nno implica la desaplicación de lo establecido en el numeral 91 de la LGAP, en\nrelación con los deberes del delegante para con el delegado.\n\n8)          \nEn lo referente a la responsabilidad del AyA en la\nfiscalización de las Asadas. Se debe aclarar que esta resolución va dirigida a\ncada uno de los operadores encargados de prestar este servicio público de\nsuministro de acueducto y alcantarillado (Artículo 5 inc. c), Ley No. 7593) y\ncada operador deberá presentar dicha información a la Autoridad Reguladora,\nquien posee obligaciones concretas respecto a cada uno de los prestadores del\nservicio (Artículo 6 Ley No. 7593).\n\nCon\nrespecto a este punto, se reitera lo señalado supra en cuanto a las\nresponsabilidades del AyA en relación con el cumplimiento de lo establecido en\nla resolución impugnada. En este sentido, del párrafo visible a folio 14 del\nrecurso no se evidencia que exista una línea argumentativa que implique la\nnulidad o desaplicación del contenido de la resolución. Asimismo, en cuanto a\nlos alcances y obligaciones de cumplimiento de las Asadas y el AyA la resolución\nes clara en cuanto a qué le corresponde a cada una.  \n\n9)          \nEn cuanto al tema de notificación legal de la resolución\naquí impugnada a las Asadas. Es relevante el argumento referente a la\nnotificación de las ASADAS como operadores regulados por el ARESEP. Como se\nindica en la resolución RE-0005- IA-2023 del 17 de abril de 2023, está dirigida\ny afecta directamente las ASADAS, como entes operadores de sistemas de\nacueductos y alcantarillados.\n\nSi la ARESEP en cumplimiento\nde sus facultades legales, emite una resolución como la indicada, que significa\npara dichos prestadores, obligaciones contempladas en el artículo 14 de la Ley\nde la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley 7593, deberá cumplir\ncon lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y las normas procesales que\nregulan el procedimiento administrativo, lo que hace necesario notificar a cada\nuno de los prestadores para que en tiempo y forma hagan valer sus derechos. \n\nPretender\ncontinuar con este trámite a espaldas de los interesados, quebranta principios\nbásicos y fundamentales como lo son principio del debido proceso o de garantía\nde la defensa, principio de legalidad, principio de impugnación entre otros.\nExiste una evidente nulidad en el trámite, respecto a la notificación de las\nasociaciones interesadas.\n\nA\nefectos de analizar el tema de la comunicación de los actos administrativos,\ndebemos iniciar precisando que el artículo 239 de la Ley General de la\nAdministración Pública dispone que todo acto de procedimiento que afecte\nderechos o intereses de las partes o de un tercero, deberá ser debidamente\ncomunicado al afectado. Asimismo, este cuerpo legal, en el artículo 240, es\nclaro al establecer la forma de comunicar dichos actos, disponiendo que se comunicarán\npor publicación los actos generales y por notificación los concretos y los\nactos generales que afecten particularmente a una persona cuyo lugar para\nnotificaciones esté señalado en el expediente o sea conocido por la\nAdministración.\n\nA\nlo anterior debemos agregar lo dispuesto en el numeral 241 inc.1 respecto a que\nla publicación no puede normalmente suplir la notificación. Se debe hacer\nespecial énfasis que el acto de notificación constituye una garantía al debido\nproceso general y del derecho de defensa. En este sentido la Sala\nConstitucional dispuso mediante resolución N° 5348-94 de las 11 horas 45\nminutos de 1 de julio de 1992. \n\nSi\nbien la resolución objeto de impugnación fue publicada en el diario oficial La\nGaceta, es preciso aclararle a los respetables señores miembros de la\n\nJunta Directiva,\nque tal y como lo indica el artículo 241 de la Ley General de la Administración\nPública; dicha publicación solo es procedente cuando se ignore o esté\nequivocado el lugar para notificaciones del interesado por culpa de éste. Véase\nque el mismo artículo, enfatiza en su primer inciso, que la publicación no\npuede normalmente suplir la notificación, que en este caso procedería la\npublicación en el tanto se cumpla la condición dispuesta en el inciso 2, que corresponde\nal desconocimiento del lugar o medio de notificaciones, situación que no ocurre\nen el presente caso, toda vez que es requisito esencial para todos los\noperadores de los servicios incluidas las ASADAS, mantener actualizado el medio\no lugar de notificación en los registros de la ARESEP, tal y como lo dispone la\nLey Reguladora de los Servicios Públicos N°7593 y su reglamento.\n\nDe\ntal manera, la posibilidad de notificar por publicación a las ASADAS, es un\nacto absolutamente excepcional y deben mediar los motivos que la ley\nexpresamente establece, pues una notificación por publicación en el Diario\nOficial y fundada en motivos diferentes al desconocimiento del domicilio,\nviolentaría directamente no solo la norma legal de previa cita, sino que es\nsusceptible de afectar el debido proceso reconocido por la Sala Constitucional\ndentro del marco de la garantías formales y debida comunicación al interesado\nde lo resuelto por la ARESEP. Por tanto, actuar diferente a lo dispuesto por el\nartículo 241 de previa cita, es incurrir en la materialización del artículo 247\nde la misma Ley General de la Administración Pública, que refiere a la nulidad\nabsoluta o relativa de la comunicación.  \n\nA\ntenor de lo expuesto, se puede concluir que la notificación constituye una\ngarantía del debido proceso de carácter instrumental, que tiene como finalidad,\nasegurar a las partes del procedimiento, el pleno conocimiento de lo actuado y\ndecidido en el mismo, lo que le permite ejercer una adecuada defensa de sus\nderechos.\n\nEn relación con lo\nseñalado por la representación del AyA con respecto al deber de notificación de\nlas Asadas, se indica lo siguiente, dejando claro desde ya, que mediante el\nprocedimiento de participación celebrado dentro del expediente, las Asadas se\nhicieron presentes incluso presentando oposiciones respecto a la propuesta\nsometida a consulta, las cuales fueron oportunamente analizadas y atendidas en\nla resolución bajo estudio. Dicho esto, pasamos a analizar lo señalado por la\nrepresentación de la parte recurrente:\n\nII.\nDE LA RELACIÓN ENTRE LAS ASADAS Y EL AYA EN SU PAPEL COMO TITULAR DEL SERVICIO\nPÚBLICO.\n\nLas\nASADAS, según ha quedado señalado pueden ser capaces de prestar un servicio\npúblico pero para poder hacerlo deben de cumplir con una serie de requisitos y\nese cumplimiento y posterior habilitación no las facultan para operar de forma\nlibre con intervención mínima en cuanto a su estructura y operación como sí\nsucede en el caso de otros prestadores de servicio que han obtenido la\nhabilitación mediante permiso o concesión de servicio público. De hecho, según\nse expone de seguido, la habilitación que tienen las ASADAS otorgadas por el\nAYA presenta similitudes con un permiso de naturaleza en precario el cual puede\nser revocado en cualquier momento por la Administración concedente, cuando se\ndetermine el incumplimiento en las condiciones de prestación o cuando no\nresulte conveniente u oportuno que se continúe la habilitación concedida.\n\nDe\nhecho con el fin de poder brindar los servicios públicos de acueducto y\nalcantarillado, las ASADAS están necesariamente en la obligación de suscribir\nun convenio de delegación con el AyA; no poseen un título habilitante propio y\nno existe norma jurídica expresa para que puedan hacerlo directa e\nindependientemente, esto según se desprende de lo establecido en los artículos\n2 inciso 14, 6, 8, 28 inciso b), 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37 inciso b), 99 y\n105, del Reglamento de las ASADAS, Decreto N.° 42582-S-MINAE.\n\nLo\nanterior, por cuando la prestación de los servicios públicos debe ser realizada\npor los órganos autorizados por ley, concesión o permiso; siendo que en el caso\nque nos ocupa el ente autorizado por ley es el AyA[1],\nquien está facultado para delegarles este servicio por ser el ente estatal\nencargado de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y\noperar los sistemas de acueductos, según lo establecido en los artículos 1 y 2\nde su Ley Constitutiva N° 2726.\n\n1 Al respecto véase lo establecido en el dictamen\nC-236-2008 del 7 de julio de 2008 de la Procuraduría General de la República:\n\"(.) el A y A mediante convenio suscrito al efecto, previo acuerdo favorable de\nsu Junta Directiva, podrá delegar la administración, operación, mantenimiento y\ndesarrollo de los sistemas de acueductos y/o alcantarillados comunales, a favor\nde asociaciones debidamente constituidas e inscritas de conformidad con la Ley\nde Asociaciones N°218 del 08 de agosto de 1939, sus modificaciones y respectivo\nReglamento, Decreto Ejecutivo N°29496-J, publicado en La Gaceta N°95 del 21 de\nmayo del 2001.\"\n\nValga\nseñalar, que respecto a esta autorización para la prestación del servicio\npúblico de suministro del servicio de acueducto y alcantarillado, que viene\nmarcada por una delegación de competencias (entendida en sentido jurídico\ntécnico), el AyA conserva, la titularidad del servicio, además de las\ncompetencias relativas a la rectoría[2], y\nlas potestades (derechos y obligaciones[3],\nbinomio poder-deber) de fiscalización y rescate[4] en\nla prestación del servicio brindado por las ASADAS.\n\n2 Esta rectoría entre otras cosas implica que el AyA deba\nrealizar acciones concretas tendentes a la solución de problemas de\nabastecimiento de agua en acueductos administrados por Asadas, así como asumir\nsu administración al estar en juego el derecho a la vida de las personas y su\nsalud, como ha sido reconocido por la Sala Constitucional en su sentencia N°\n2012-009687 del 20 de julio de 2012, y actualmente en el reglamento de ASADAS\nen sus artículos 31 incido f., y artículos del 82 al 97.\n\n3 Con respecto a los deberes que le impone la normativa\nrespecto a dirección, fiscalización, control y seguimiento de actuaciones de\nlas Asadas, puede verse lo establecido en los artículos 28 incisos e), f) y k),\n31 inciso c), 35, 37 incisos f) y l), 47 inciso g), 49, 52 incisos b) y c) y 64\ninciso c) del Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de\nAcueductos y Alcantarillados Comunales, Decreto N°42582-S-MINAE.\n\n4 En este sentido el artículo 95 del Reglamento de Asadas,\nDecreto N° 42582-S-MINAE, establece que serán Motivos para asumir la prestación\nde los servicios. El AyA asumirá la prestación de los servicios brindados por\nlas ASADAS, cuando se presente alguno de los siguientes motivos: a. El servicio\nno se brinda de conformidad con los principios básicos de prestación de los\nservicios públicos, persistan situaciones irregulares en el funcionamiento de\nlas ASADAS o se hayan agotado los procesos de intervención establecidos en el\npresente Reglamento. b. En situaciones de emergencia e inminente necesidad,\nexista afectación o posibilidad de afectación a la salud de la población\nabastecida por la ASADA. c. La ASADA manifieste su interés en que el AyA asuma\nla prestación del servicio por la falta de capacidad organizativa requerida u\notras que afecten la prestación del servicio dado en delegación por el AyA. d.\nExistan razones de oportunidad y/o conveniencias debidamente justificadas, para\ngarantizar la satisfacción del interés público (.)\".\n\nUn\nejemplo de esta particular relación (AyA-ASADAS), la encontramos en las\npotestades exorbitantes de derecho público concedidas al instituto por sobre\nlas Asadas que reñirían con el comportamiento habitual de cualquier asociación\nregida en su organización por el derecho privado.  \n\nA\neste efecto el Decreto Ejecutivo N° 42582-S-MINAE, publicado en el Diario\nOficial La Gaceta Digital N°223, Alcance N°233 del viernes 4 de setiembre de\n2020 (Reglamento de Asadas), faculta al AyA para que asuma de\npleno derecho la administración y operación de los acueductos comunales\n-incluso todo su patrimonio-, cuando estos no presten el servicio\nadecuadamente, sin hacer distinción si el acueducto fue construido con fondos\npúblicos o comunales, ya que estima que los acueductos son patrimonio del AyA y\nque este delega su operación mediante el Convenio de delegación.\n\nDe\nlo establecido en la normativa que regula la materia podemos rescatar las\nsiguientes facultades de intervención del AyA que hacen de esta relación y\noperación de las Asadas un tema particular que las distingue de la operación de\notras organizaciones propias del derecho privado. Incluso se estaría en\npresencia de cláusulas exorbitantes al derecho común, como se habla en\ndoctrina:\n\n-Debe\nexistir aprobación del convenio de delegación por parte del AyA, para que las\n\nASADAS\npuedan brindar el servicio público de agua potable y el de alcantarillado\n(Artículo 2 inciso g) Ley N°2726 y artículo 28 inciso b) del Reglamento\nN°42582-SMINAE).\n\n-El\nAyA debe ejercer todas las actividades propias del control, vigilancia,\nfiscalización, evaluación, normalización, planificación sectorial de los\nservicios de agua potable y saneamiento de aguas residuales y dirección de la\ngestión que realizan las ASADAS. (Artículo 3 del Reglamento N°42582-S-MINAE)\n\n-La\nconformación de ASADA en federaciones, ligas o uniones o confederaciones para\nel buen funcionamiento y mejorar el servicio público que ofrecen, debe contar\ncon el visto bueno del AyA. Asimismo, el Instituto puede ordenar que se asuman,\nse integren o se fusionen ASADAS (Artículo 37 inciso a) y m) del Reglamento\nN°42582S-MINAE). (El destacado es suplido).\n\n-Corresponde\nal AyA autorizar a las ASADAS para disponer de bienes muebles o inmuebles, así\ncomo autorizarlas para el endeudamiento o garantías de préstamos (Artículos 38\ninciso k), 58 y 61 inciso e) del Reglamento N°42582-S-MINAE). (El destacado es\nsuplido).\n\n-             \nEl AyA será quien autorice a las ASADAS las obras de\nconstrucción, ampliación y mejoramiento de los sistemas de acueductos y\nalcantarillados. (Artículo 34 del Reglamento N°42582-S-MINAE). (El destacado es\nsuplido).\n\n-             \nEl AyA puede convocar a asamblea general ordinaria y\nextraordinaria de asociados para discutir asuntos de remoción y sustitución de\nlos miembros de Junta Directiva y Fiscal. Así como también puede participar en\nlas asambleas de las ASADAS con voz, pero sin voto. (Artículo 37 inciso k) y l)\ndel Reglamento N°42582-S-MINAE). (El destacado es suplido).\n\n-             \nCorresponde al AyA solicitar al Departamento de Aguas del\nMINAE el registro de caudales de las ASADAS. (Artículo 42 inciso a) del\nReglamento N°42582-S-MINAE).\n\n-También,\ndebe el AyA fiscalizar la prestación del servicio por parte de las ASADAS, así\ncomo asesorarlas en la prestación de dicho servicio. (Artículos 28 incisos e),\nf) y k), 31 inciso c), 35, 37 incisos f) y l), 47 inciso g), 49, 52 incisos b)\ny c), 60 y 64 inciso c) del Reglamento N°42582-S-MINAE).\n\n-El\nAyA, según lo establecido en el artículo 37 inciso f. del Reglamento de Asadas,\ndebe ofrecer asesoría técnica, administrativa, legal, comercial, social y\nambiental desde el pinto de vista de rectoría a las Asadas, dándoles la\norientación adecuada a las acciones que debe realizar. Las recomendaciones\ndadas a las ASADAS en los procesos de asesoría serán de acatamiento\nobligatorio. (El destacado es suplido).\n\n-En\nel marco de la delegación, podrá el AyA intervenir y asumir de pleno derecho\nlos sistemas cumpliendo con los procedimientos establecidos en el presente\nreglamento (artículo 31 inciso f., del Reglamento de Asadas).\n\n-El\nAyA podrá intervenir de manera temporal o permanente la prestación de los\nservicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales\nque estén siendo brindados por una ASADA o cualquier operador ilegal, con el\nfin de normalizar las situaciones que impidan un adecuado funcionamiento y\ngestión de los servicios públicos, cuando concurran cualquiera de las\nsiguientes causales:\n\na.          \nQue el proceso de acompañamiento especial no haya rendido\nlos resultados esperados, previo acto motivado que justifique tal circunstancia.\n\nb.          \nQue exista riesgo inminente contra la salud de la\npoblación abastecida.\n\nc.          \nQue exista un mal manejo de los fondos públicos.\n\nd.          \nQue existan actuaciones irregulares y/o ilegales en su\ngestión, cometidos por losmiembros de la Junta Directiva, Fiscalía o personeros\nde la ASADA.\n\ne.          \nQue existan irregularidades en el funcionamiento de la\nASADA, donde enreiteradas ocasiones el AyA haya recomendado acciones para su\nsolución y que la ASADA sin justificación no haya atendido.\n\nf.            \nQue las personas usuarias presenten denuncias en las que\nse cuestione elproceder de la Junta Directiva y Fiscalía respecto a decisiones\nque benefician intereses propios o privados, o actos de corrupción, en\ndetrimento de la calidad de servicio y la conservación del recurso hídrico y\nque éstas hayan sido valoradas y comprobadas por el AyA, previo debido proceso.\n\ng.          \nPor razones de oportunidad y conveniencia en la\nprestación del servicio (.).(Véase el artículo 88 del Reglamento Decreto N°\n42582-S-MINAE).\n\n-El\nAyA, según lo faculta el artículo 93 del Reglamento de Asadas, como parte de\nlos procesos de intervención, podrá llevar a cabo las siguientes acciones:\n\na.          \nAcceso a información: El órgano interventor, podrá tener\nacceso inmediato a loslibros de actas de Junta Directiva y Asambleas, libro de\nasociados, libros contables (diario, mayor y balance), así como, a cualquier\nregistro o documentación relacionada con la prestación de los servicios que\nllevan las ASADAS. En caso de negativa por parte de la ASADA de cumplir con lo\nindicado en el párrafo anterior, el AyA podrá iniciar el proceso administrativo\ncorrespondiente, a fin de que se apliquen las sanciones establecidas en el\nartículo 33 de la Ley de Asociaciones.\n\nb.          \nConvocatoria a Asamblea: En caso de que el motivo de la\nintervención sea unainadecuada gestión de la Junta Directiva de la ASADA, el\nAyA a través del órgano interventor podrá convocar a asamblea extraordinaria,\npara elección de una nueva Junta Directiva, la cual entrará en funciones de\ninmediato, aunque su inscripción esté en trámite en el Registro de Asociaciones\ndel Registro Nacional, ateniéndose el acompañamiento del AyA hasta el\nrespectivo registro de su personería jurídica.\n\nc.          \nConvocatoria a las personas usuarias y comunidad: De\nestimarse pertinente, elórgano interventor podrá convocar a las personas\nusuarias y miembros de la comunidad, para informar las acciones de la solución\na seguir, misma que podrá ser construida de manera conjunta, respetuosa y\nequitativa.\n\nd.          \nFiscalización del Registro Nacional: Cuando las\ncondiciones así lo ameriten, elAyA podrá solicitar el inicio de un proceso de\nfiscalización ante el Registro de Asociaciones del Registro Nacional, en su\ncondición de tercero con interés legítimo (.)\".\n\nEl\nAyA, según lo faculta el artículo 94 del Reglamento N°42582-S-MINAE, podrá\nasumir de pleno derecho con todos sus haberes, deberes y obligaciones de manera\ndefinitiva, la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua\npotable y saneamiento de las aguas residuales, indistintamente de quien sea su\nente prestador, de conformidad con el artículo 4 de la Ley General de la\nAdministración Pública y el numeral 2 de la Ley Constitutiva del AyA. Los\nsupuestos bajo los cuales puede hacerlo están regulados en el artículo 95 de\nese mismo reglamento.  \n\n-Las\nAsadas no se encuentran facultadas para acudir directamente a la Autoridad\nReguladora de los Servicios Públicos para solicitar un ajuste tarifario, sino\nque cuando las ASADAS requieren un ajuste en sus tarifas, quien se apersona a\nla Autoridad Reguladora a solicitarlas es el AyA y no las ASADAS directamente,\nporque estas, aunque se consideran prestadores de servicios públicos,\nlegalmente no pueden solicitar directamente sus tarifas ante la Autoridad\nReguladora[5],  esto por cuanto debe aprobarlas de previo, la\nJunta Directiva del AyA por mandato del artículo 3 de la Ley N.º 2726. En todo\nmomento, el AyA siempre debe ejercer y emitir actos en función de la prestación\ndel servicio que brindan las ASADAS, teniendo inclusive plazos establecidos al\nefecto.\n\nDe\nlo anterior se colige que existe una estrecha relación entre las ASADAS y el\nAyA, que surge en el marco de la delegación y consecuente habilitación para la\nprestación del servicio público de acueducto y alcantarillado que el instituto\nconcede a la Asada, de manera que está en representación del primero, que\nmantiene su titularidad y las obligaciones inherentes a la prestación del\nservicio, asume la prestación del servicio público de acueducto y\nalcantarillado en un determinado territorio y para una determinada comunidad.  \n\n5 Véase en este sentido lo establecido en el artículo 64\nincisos b, c, y e del Decreto Ejecutivo N ° 42.582-SMINAE.\n\nIII.\nALCANCES DE LA DELEGACIÓN DEL AYA Y SU PAPEL COMO TITULAR DEL SERVICIO.\n\nEl\nDecreto N° 42582-S-MINAE, establece en su artículo 31 el alcance de la\ndelegación en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento de aguas\nresiduales por parte del AyA a las Asadas. En específico el inciso f. de dicho\nartículo, establece que en el marco de la delegación podrá el AyA intervenir y\nasumir de pleno derecho los sistemas cumpliendo con los procedimientos\nestablecidos en el presente reglamento.\n\nLa Sala Constitucional costarricense al analizar el tema de la delegación de la responsabilidad de\nadministrar un sistema de acueductos y alcantarillados por parte del AyA en una Asada, estableció\nque se trata de una \"(.) clara figura de concesión de gestión del servicio público, en donde -a\npesar del silencio de la ley sobre este particular- es incontestable que el Instituto Costarricense\nde Acueductos y Alcantarillados debe retener, ineludiblemente, los poderes de supervisión e\nintervención necesarios para garantizar la vigencia de los principios fundamentales del servicio\npúblico, a saber: continuidad, eficiencia, adaptación e igualdad en el trato de los usuarios\n(artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública).\" (Sentencia N°2006-01651 de las\ndieciséis horas con treinta y nueve minutos del catorce de febrero del dos mil seis). \n\nEs\ndecir, el AyA como titular del servicio conserva pese a la delegación todas las\nobligaciones inherentes a la prestación del servicio al punto que no solo puede\nsino que debe asumir de pleno derecho los sistemas que hayan sido delegados\ncuando estos se estén operando de forma irregular, o cuando motivos de\nconveniencia, oportunidad y mérito así lo establezcan, como sucede también\nmutatis mutandis con los permisos en precario que otorga la Administración[6].\n \n\n6 Respecto a los supuestos de hecho en los que el AyA\ntiene la potestad de asumir la prestación del servicio, pueden verse los\nartículos 94 y 95 del Reglamento de Asadas, Decreto N° 42582-S-MINAE.\n\nEs\nprecisamente esta obligación que deriva de ostentar la titularidad del servicio\nla que implica que los actos relativos a la prestación del servicio de\nacueductos y alcantarillados en sistemas que hayan sido delegados deban serle\nnotificados al AyA como responsable de estos y en cuanto a las Asadas estos\npueden serles comunicados.\n\nNo\ndebe perderse de vista que el artículo 90 de la Ley General de la\nAdministración Pública en su inciso c) limita la potestad de delegación al\nprescribir que no podrá hacerse una delegación total ni tampoco de las\ncompetencias esenciales del órgano, que justifican su existencia.  \n\nA\nestos efectos, lo establecido en la Ley Constitutiva del AyA N° 2726, en su\nartículo 2 inciso f) resulta de vital importancia. Según esta norma le compete\nal AyA aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar según sea el caso todas las\naguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las\ndisposiciones establecidas en esta ley, así como inciso g), le corresponde\nAdministrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados\nen todo el país, los cuales se irán asumiendo, tomando en cuenta la\nconveniencia y disponibilidad de recursos.  \n\nNótese\nque del anterior articulado se deriva una obligación de que en un determinado\nmomento, cuando las condiciones así lo permitan, o cuando la ley así lo mande\ncomo en los casos de acueductos delegados cuya prestación incumpla con\nrequisitos legales, sea el AyA quien preste el servicio de acueducto y\nalcantarillado en todo el país.  \n\nDe\nmanera que mientras la ley y reglamentación se mantenga invariable en ese\nsentido, el AyA no puede válidamente usar el mecanismo de delegación como\njustificante para no asumir las responsabilidades que se derivan de la\ntitularidad del servicio que le ha sido otorgada por el legislador.  \n\nUna\ninterpretación en otro sentido implicaría que se estuviera soslayando la\nnormativa aplicable en desmedro no solo de la prestación del servicio sino de\nlas condiciones que deben privar para que el AyA pueda válidamente y en\ncondiciones de continuidad, eficiencia y eficacia, asumir los directamente la\nprestación del servicio cuando se configuren los supuestos de hecho\nestablecidos en la normativa y que han sido descritos ampliamente en el\npresente informe.\n\nUna\nactuación en ese sentido implicaría por parte del Instituto y del propio ente\nregulador la violación al principio de inderogabilidad singular de la norma\nestablecido en el numeral 13 de la Ley General de la Administración Pública, y\na su vez una violación por omisión al principio de legalidad, en cuanto al\nejercicio de las potestades regulatorias establecidas a través de la Ley 7593\npor el legislador.  \n\nValga acotar al\nefecto, que el delegante conserva siempre la obligación de vigilar la gestión\ndel delgado y es responsable con este por culpa en la vigilancia, esto de\nconformidad con el artículo 91 de la Ley General de la Administración Pública.\nEsto quiere decir que el AyA tiene responsabilidad en la materia, y en cuanto\nal cumplimiento de lo establecido en las resoluciones regulatorias de la\nAutoridad Reguladora de los Servicios Públicos, las cuales le resultan\nvinculantes.\n\nEntonces\ntenemos, que lo único que sucede en el caso de las ASADAS es, que el titular\n(AyA) no desarrolla ni ejecuta la actividad regulada \"directamente\",\nporque la delegó en un tercero para que éste lo haga por él, pero ello no le\nhabilita para que pueda desligarse del cumplimiento de las obligaciones que\ndeban cumplir las Asadas a quienes les delegó la prestación del servicio.\n\nLo\nanterior cobra mayor relevancia cuando se determina que el instituto en\ncualquier momento debe avocarse la prestación del servicio delegado para lo\ncual debe conocer de forma clara y precisa las condiciones en las que este debe\nestarse desarrollando, así como aquellas en las que efectivamente se está\ndesarrollando, dado que según lo establecido en la Ley Constitutiva, es en\nprincipio el instituto el llamado a prestar los servicios de acueducto y\nalcantarillado a lo largo del país.\n\n            Esto no puede ser de otra manera,\npuesto que el artículo 91 de la Ley General de la Administración Pública\ntambién establece que el delegante (AyA), tendrá siempre la obligación de\nvigilar la gestión del delegado (ASADAS), e inclusive puede ser responsable por\nculpa en la vigilancia de éstas últimas, según ha quedado descrito supra.\n\n            IV.        SOBRE            LA        NOTIFICACIÓN\n           DE       LAS             RESOLUCIONES\nREGULATORIAS DICTADAS POR LA INTENDENCIA DE AGUAS AL AYA Y SU COMUNICACIÓN A\nLAS ASADAS\n\nDel\ndesarrollo contenido en los acápites precedentes ha quedado claro que en el\ncaso de la prestación del servicio público de acueductos y alcantarillados, por\nmandato legal y reglamentario, el AyA es el prestador titular del servicio\npúblico de acueducto y alcantarillado en todo el territorio nacional, mientras\nque las ASADAS son sólo prestadores \"indirectos\", las cuales, sin la\ndelegación supra citada y sin la aprobación del Convenio al que alude el inciso\ng) del artículo 2 de la Ley N.º 2726 y los artículos 2.14, 10, 32 y 35 del\nDecreto Ejecutivo N.º 42.582-S-MINAE, no podrían prestar este servicio público\nde manera legal.  \n\nAdemás\ndebe considerarse, que incluso cumpliendo con todos los requisitos de ley y del\nreglamento citados, las ASADAS no pueden en ninguna circunstancia, ostentar la\ncondición de \"titular\" de ese servicio público ni solicitar\ndirectamente los ajustes de sus tarifas ante la Autoridad Reguladora de los\nServicios Públicos sin la aprobación previa de la Junta Directiva del AyA.\n\nEn\nvirtud de lo anterior, es que las resoluciones dictadas por la Intendencia de\nAgua que atañen al AyA y a las Asadas le deban ser notificadas al Instituto\nCostarricense de Acueductos y Alcantarillados y comunicadas a las ASADAS, a\nefectos de que estas se encuentren informadas de aquello que resuelve el ente\nregulador.  \n\nCon\nrespecto a este tema, siendo el AyA el titular del servicio es a quien le\ncorresponde dar cumplimiento a través de sus delegados a las obligaciones y\nmandatos regulatorios que establezca la Autoridad Reguladora de los Servicios\nPúblicos, lo contrario implicaría desconocer la regulación, limitaciones y\nalcances que ha dado el legislador y el propio Poder Ejecutivo al Instituto\nCostarricense de Acueductos y Alcantarillados, en cuanto a su obligación de\nprestar el servicio en todo el país, como ha quedado claro en el artículo 2 de\nla Ley Constitutiva del AyA.\n\nEn\neste sentido no debe perderse de vista que las obligaciones e implicaciones\ncontenidas en las resoluciones que dicta la Autoridad Reguladora de los\nServicios Públicos, respecto a la prestación del servicio público de acueductos\ny alcantarillado, que desarrollan temas relativos a aspectos que deben ser\nseguidos en los sistemas que han sido delegados, van dirigidas en primera\ninstancia al titular del servicio a nivel nacional, y de este deben permear a\nlas Asadas, pues quien debe velar por el cumplimiento de estos mandatos como\nparte del cumplimiento de sus propias obligaciones es el propio AyA.\n\n            Es\ndecir, las resoluciones regulatorias que dicte la Autoridad Reguladora que guarden\ncorrelación con la prestación tanto directa como indirecta del AyA del servicio\nde acueductos y alcantarillados, le deben ser notificadas formalmente solo al\nAyA, lo cual no obsta para que sean remitidas (comunicadas) también a las\nAsadas, no obstante este segundo paso, no implicaría un requisito de eficacia\nde la resolución como tal.  \n\nEsto\nen cumplimiento de lo establecido en la propia Ley General de la Administración\nPública en sus artículos 239 y 240 en cuanto a la publicación de los actos de\nalcance general y la notificación de los actos de alcance particular o\nconcretos, los cuales deben ser notificados a la persona física o jurídica\nobligada en primer término por el contenido de la resolución, que en este caso\nsegún ha quedado evidenciado es el AyA como titular del servicio.  \n\nPor\nconsiguiente, según lo analizado de forma precedente, resulta claro que en el\ncaso de la resolución impugnada, cuyo contenido resuelve sobre la materia de\nprestación del servicio de acueducto y alcantarillado, prestado por el AyA de\nforma indirecta a través de la delegación, quien debe ser notificado\nformalmente es el instituto y no a las Asadas, según ha quedado demostrado;\ncumpliéndose con esto con el requisito de eficacia de la notificación al\ntitular del servicio.\n\nEn\nconsecuencia no lleva razón el AyA en su argumento, y no se evidencia la\nexistencia una nulidad en el procedimiento en los términos planteados por la\nparte recurrente en su recurso y petitoria. En el caso bajo estudio, las partes\ninteresadas tuvieron la oportunidad de referirse y conocer la propuesta\nplanteada y posteriormente la resolución que se dictó.  \n\n            V.         CONCLUSIONES\n\n1.          \nEl recurso de revocatoria interpuesto contra la\nresolución RE-0005-IA-2023, resulta admisible.\n\n2.          \nEl AyA omite señalar con precisión en qué casos es que la\nAresep presuntamente, hace una utilización indiferenciada de los distintos\napelativos. Asimismo, se debe indicar en relación con esta aseveración, que\ncomo también lo reconoce el propio AyA en su recurso, su propia ley\nconstitutiva señala que él es el titular de servicio, así como también reconoce\nque este tiene una rectoría técnica en la prestación de los servicios de agua\npotable y saneamiento de aguas residuales.\n\nDesde\nesta visión que aporta la propia parte recurrente, no sería un error que se le\nseñale como rector, titular o incluso prestador del servicio, sino que esto no\nsería más que una consecuencia de la debida aplicación del ordenamiento\njurídico.  \n\n3.          \nEn la resolución impugnada se establecen una serie de\nobligaciones para el AyA, las cuales se encuentran dadas en consonancia con las\nobligaciones que le han sido establecidas al instituto en el reglamento de\nASADAS, que allí mismo se citan, específicamente lo establecido en los\nartículos 28 incisos e), f) y k), 31 inciso c), 35, 37 incisos f) y l), 47\ninciso g), 49, 52 incisos b) y c), 60 y 64 inciso c) del Reglamento\nN°42582-S-MINAE, motivo por el cual según lo establecido en el numeral 33 de la\nLey 7593, en caso de que el AyA incumpla con lo establecido en la resolución\nimpugnada en relación con las obligaciones que tiene este como rector y titular\ndelegante del servicio, existe la posibilidad de que esto implique una\nafectación para sucesivas peticiones tarifarias.\n\n4.          \nExiste una obligación clara establecida en el\nordenamiento jurídico que es recogida por la propia resolución, puntualizándola\nen cuanto a velar por el cumplimiento de las NIFF completas por parte de las\nASADAS. No debe perderse de vista de que el AyA como delegante, mantiene su\nresponsabilidad en cuanto al cumplimiento de las normas relativas al servicio\npúblico, fiscalizando la ejecución y prestación que haga del servicio la parte\ndelegada. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el numeral 91 de la\nLey General de la Administración Pública, según el cual el delegante tendrá\nsiempre la obligación de vigilar la gestión del delegado pudiendo ser\nresponsable junto con este por culpa en la vigilancia.\n\n5.          \nLa solicitud de ampliación de los plazos establecidos en\nla resolución impugnada para el cumplimiento de los requerimientos resulta\nrazonable, por lo que se considera oportuno y conveniente acoger lo pretendido\npor el AyA y en consecuencia modificar los plazos de cumplimiento establecidos\nen la resolución RE-0005-IA-2023.\n\n6.          \nEl procedimiento que dio como resultado el dictado de la\nresolución RE-0005IA-2023, que aquí se impugna, contrario a lo señalado por la\nparte recurrente, se realizó con apego a todas las garantías procesales y\nsustantivas, incluyendo la celebración de una etapa de consulta pública para\nque todas las partes interesadas se pudiesen manifestar, en estricto apego con\nlo señalado en el artículo 9 de la Constitución Política. En este sentido,\nmediante el informe IN- 0790- DGAU- 2022, la Dirección General de Atención al\nUsuario (DGAU), informó que como resultado de la consulta pública, se\nadmitieron nueve oposiciones y una coadyuvancia (folios 2067 al 2069).\n\n7.          \nEn consecuencia, se evidencia que en el procedimiento\nbajo estudio se siguieron las formalidades de ley, y contrario a lo señalado\npor la parte recurrente, sí se llevó a cabo el proceso de participación\nciudadana, tanto en la etapa de consulta pública, como en la etapa de análisis\nde las oposiciones y posiciones presentadas. A partir de lo cual, no se\nevidencia la existencia de vicio alguna que genere una nulidad absoluta en los\ntérminos manifestados por la representación del AyA.\n\n8.          \nSi bien no se comparte el razonamiento expuesto por la\nrepresentación de la parte recurrente en cuanto a que el plazo establecido\ncontraviene lo señalado por el artículo 15 de la Ley General de la\nAdministración Pública, así como tampoco se comparte el calificativo de\ninidóneo esbozado por el AyA, si se considera razonable apoyar lo solicitado\npor el recurrente en cuanto a la ampliación del plazo para el cumplimiento de\nlo establecido en la resolución aquí impugnada. Por este motivo, se reitera lo\nya analizado en el Punto II de los argumentos de la parte recurrente. Por parte\nde la Intendencia de Agua, en procura de promover del debido cumplimiento de lo\nestablecido en la resolución RE-0005-IA-2023, y ante lo solicitado por la\nrepresentación del AyA, se considera que resulta conveniente y oportuno ampliar\nlos plazos de cumplimiento de los requerimientos establecidos en la resolución\nimpugnada.\n\n9.          \nEl AyA en su recurso omite señalar de forma clara y\nprecisa cuáles son las responsabilidades o competencias que la Aresep le está\n\"endilgando o transfiriendo\". Asimismo, se debe puntualizar que el\nAyA conserva sus competencias de fiscalización en cuanto al cumplimiento de las\ndisposiciones regulatorias que dicte la Aresep, en aquellos a quienes delegue\nla prestación del servicio.\n\n10.      \nLa línea argumentativa sostenida por la representación\ndel instituto se erige sobre el hecho de que como las Asadas prestan el\nservicio, su papel en cuanto a ellas es únicamente de rectoría, con lo cual\nsoslaya todas las obligaciones que se derivan de la relación jurídica que surge\nentre este y las Asadas en virtud de la delegación realizada\n\n11.      \nEl hecho de que las Asadas reciban las tarifas que estas\ncobran por la prestación del servicio en nada implica un rompimiento de las\nresponsabilidades que tiene el instituto para con las Asadas y el cumplimiento\nque deben hacer estas de la normativa jurídica y técnica aplicable. Es decir,\nla independencia económica, no implica la existencia de un fuero de inmunidad\ndel AyA respecto al accionar de las Asadas, o lo que es lo mismo, la existencia\nde independencia económica no implica la desaplicación de lo establecido en el\nnumeral 91 de la LGAP, en relación con los deberes del delegante para con el\ndelegado.\n\n12.      \nDel párrafo visible a folio 14 del recurso no se\nevidencia que exista una línea argumentativa que implique la nulidad o\ndesaplicación del contenido de la resolución. Asimismo, en cuanto a los\nalcances y obligaciones de cumplimiento de las Asadas y el AyA la resolución es\nclara en cuanto a qué le corresponde a cada una.\n\n13.      \nCon el fin de poder brindar los servicios públicos de\nacueducto y alcantarillado, las ASADAS están necesariamente en la obligación de\nsuscribir un convenio de delegación con el AyA; no poseen un título habilitante\npropio y no existe norma jurídica expresa para que puedan hacerlo directa e\nindependientemente, esto según se desprende de lo establecido en los artículos\n2 inciso 14, 6, 8, 28 inciso b), 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37 inciso b), 99 y\n105, del Reglamento de las ASADAS, Decreto N.° 42582-S-MINAE.\n\n14.      \nValga señalar, que respecto a esta autorización para la\nprestación del servicio público de suministro del servicio de acueducto y\nalcantarillado, que viene marcada por una delegación de competencias (entendida\nen sentido jurídico técnico), el AyA conserva, la titularidad del servicio,\nademás de las competencias relativas a la rectoría[7], y\nlas potestades (derechos y obligaciones[8],\nbinomio poder-deber) de fiscalización y rescate[9] en\nla prestación del servicio brindado por las ASADAS.\n\n7 Esta rectoría entre otras cosas implica que el AyA deba\nrealizar acciones concretas tendentes a la solución de problemas de\nabastecimiento de agua en acueductos administrados por Asadas, así como asumir\nsu administración al estar en juego el derecho a la vida de las personas y su\nsalud, como ha sido reconocido por la Sala Constitucional en su sentencia N°\n2012-009687 del 20 de julio de 2012, y actualmente en el reglamento de ASADAS\nen sus artículos 31 incido f., y artículos del 82 al 97.\n\n8 Con respecto a los deberes que le impone la normativa\nrespecto a dirección, fiscalización, control y seguimiento de actuaciones de\nlas Asadas, puede verse lo establecido en los artículos 28 incisos e), f) y k),\n31 inciso c), 35, 37 incisos f) y l), 47 inciso g), 49, 52 incisos b) y c) y 64\ninciso c) del Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de\nAcueductos y Alcantarillados Comunales, Decreto N°42582-S-MINAE.\n\n9 En este sentido el artículo 95 del Reglamento de\nAsadas, Decreto N° 42582-S-MINAE, establece que serán Motivos para asumir la\nprestación de los servicios. El AyA asumirá la prestación de los servicios\nbrindados por las ASADAS, cuando se presente alguno de los siguientes motivos:\na. El servicio no se brinda de conformidad con los principios básicos de\nprestación de los servicios públicos, persistan situaciones irregulares en el\nfuncionamiento de las ASADAS o se hayan agotado los procesos de intervención\nestablecidos en el presente Reglamento. b. En situaciones de emergencia e\ninminente necesidad, exista afectación o posibilidad de afectación a la salud\nde la población abastecida por la ASADA. c. La ASADA manifieste su interés en\nque el AyA asuma la prestación del servicio por la falta de capacidad\norganizativa requerida u otras que afecten la prestación del servicio dado en\ndelegación por el AyA. d. Existan razones de oportunidad y/o conveniencias\ndebidamente justificadas, para garantizar la satisfacción del interés público\n(.)\".\n\n15.      \nEl Decreto Ejecutivo N° 42582-S-MINAE, publicado en el\nDiario Oficial La Gaceta Digital N°223, Alcance N°233 del viernes 4 de\nsetiembre de 2020 (Reglamento de Asadas), faculta al AyA para que asuma de\npleno derecho la administración y operación de los acueductos comunales\n-incluso todo su patrimonio-, cuando estos no presten el servicio adecuadamente,\nsin hacer distinción si el acueducto fue construido con fondos públicos o\ncomunales, ya que estima que los acueductos son patrimonio del AyA y que este\ndelega su operación mediante el Convenio de delegación.\n\n16.      \nLas Asadas no se encuentran facultadas para acudir\ndirectamente a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para solicitar\nun ajuste tarifario, sino que cuando las ASADAS requieren un ajuste en sus\ntarifas, quien se apersona a la Autoridad Reguladora a solicitarlas es el AyA y\nno las ASADAS directamente, porque estas, aunque se consideran prestadores de\nservicios públicos, legalmente no pueden solicitar directamente sus tarifas\nante la Autoridad Reguladora[10],  esto por cuanto debe aprobarlas de previo, la\nJunta Directiva del AyA por mandato del artículo 3 de la Ley N.º 2726. En todo\nmomento, el AyA siempre debe ejercer y emitir actos en función de la prestación\ndel servicio que brindan las ASADAS, teniendo inclusive plazos establecidos al\nefecto.\n\n10 Véase en este sentido lo establecido en el artículo 64\nincisos b, c, y e del Decreto Ejecutivo N ° 42.582-SMINAE.\n\n17.      \nLa Sala Constitucional costarricense al analizar el tema\nde la delegación de la responsabilidad de administrar un sistema de acueductos\ny alcantarillados por parte del AyA en una Asada, estableció que se trata de\nuna \"(.) clara figura de concesión de\ngestión del servicio público, en donde -a pesar del silencio de la ley\nsobre este particular- es incontestable que el Instituto Costarricense de\nAcueductos y Alcantarillados debe retener, ineludiblemente, los poderes de\nsupervisión e intervención necesarios para garantizar la vigencia de los\nprincipios fundamentales del servicio público, a saber: continuidad,\neficiencia, adaptación e igualdad en el trato de los usuarios (artículo 4 de la\nLey General de la Administración Pública).\" (Sentencia N°2006-01651 de las\ndieciséis horas con treinta y nueve minutos del catorce de febrero del dos mil\nseis).\n\n18.      \nEl AyA como titular del servicio conserva pese a la\ndelegación todas las obligaciones inherentes a la prestación del servicio al\npunto que no solo puede sino que debe asumir de pleno derecho los sistemas que\nhayan sido delegados cuando estos se estén operando de forma irregular, o\ncuando motivos de conveniencia, oportunidad y mérito así lo establezcan, como\nsucede también mutatis mutandis con los permisos en precario que otorga la\nAdministración[11].\nEsta obligación, que deriva de ostentar la titularidad del servicio, es la que\nimplica que los actos relativos a la prestación del servicio de acueductos y\nalcantarillados en sistemas que hayan sido delegados deban serle notificados al\nAyA como responsable de estos y en cuanto a las Asadas estos pueden serles\ncomunicados (lo cual no implica un requisito de eficacia en cuanto a esta comunicación).\n\n11 Respecto a los supuestos de hecho en los que el AyA\ntiene la potestad de asumir la prestación del servicio, pueden verse los\nartículos 94 y 95 del Reglamento de Asadas, Decreto N° 42582-S-MINAE.\n\n19.      \nEl artículo 90 de la Ley General de la Administración\nPública en su inciso c) limita la potestad de delegación al prescribir que no\npodrá hacerse una delegación total ni tampoco de las competencias esenciales\ndel órgano, que justifican su existencia.\n\n20.      \nEl delegante conserva siempre la obligación de vigilar la\ngestión del delgado y es responsable con este por culpa en la vigilancia, esto\nde conformidad con el artículo 91 de la Ley General de la Administración\nPública. Esto quiere decir que el AyA tiene responsabilidad en la materia, y en\ncuanto al cumplimiento de lo establecido en las resoluciones regulatorias de la\nAutoridad Reguladora de los Servicios Públicos, las cuales le resultan\nvinculantes.\n\n21.      \nIncluso cumpliendo con todos los requisitos de ley y del\nreglamento citados, las ASADAS no pueden en ninguna circunstancia, ostentar la\ncondición de \"titular\" de ese servicio público ni solicitar\ndirectamente los ajustes de sus tarifas ante la Autoridad Reguladora de los\nServicios Públicos sin la aprobación previa de la Junta Directiva del AyA.\n\n22.      \nEl AyA como titular del servicio es a quien le\ncorresponde dar cumplimiento a través de sus delegados a las obligaciones y\nmandatos regulatorios que establezca la Autoridad Reguladora de los Servicios\nPúblicos, lo contrario implicaría desconocer la regulación, limitaciones y\nalcances que ha dado el legislador y el propio Poder Ejecutivo al Instituto\nCostarricense de Acueductos y Alcantarillados, en cuanto a su obligación de\nprestar el servicio en todo el país, como ha quedado claro en el artículo 2 de\nla Ley Constitutiva del AyA.\n\n23.      \nLas obligaciones e implicaciones contenidas en las\nresoluciones que dicta la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos,\nrespecto a la prestación del servicio público de acueductos y alcantarillado,\nque desarrollan temas relativos a aspectos que deben ser seguidos en los\nsistemas que han sido delegados, van dirigidas en primera instancia al titular\ndel servicio a nivel nacional, y de este deben permear a las Asadas, pues quien\ndebe velar por el cumplimiento de estos mandatos como parte del cumplimiento de\nsus propias obligaciones es el propio AyA.\n\n24.      \nLas resoluciones regulatorias que dicte la Autoridad\nReguladora que guarden correlación con la prestación tanto directa como\nindirecta del AyA del servicio de acueductos y alcantarillados, le deben ser\nnotificadas formalmente solo al AyA, lo cual no obsta para que sean remitidas\n(comunicadas) también a las Asadas, no obstante este segundo paso, no\nimplicaría un requisito de eficacia de la resolución como tal. Esto en\ncumplimiento de lo establecido en la propia Ley General de la Administración\nPública en sus artículos 239 y 240 en cuanto a la publicación de los actos de\nalcance general y la notificación de los actos de alcance particular o\nconcretos, los cuales deben ser notificados a la persona física o jurídica\nobligada en primer término por el contenido de la resolución, que en este caso\nsegún ha quedado evidenciado es el AyA como titular del servicio.\n\n(.)\".\n\nII. De conformidad con lo señalado en los resultandos y considerandos\nprecedentes y en el mérito de los autos, lo procedente en el caso bajo estudio\nes declarar parcialmente con lugar el recurso de revocatoria, interpuesto por\nel Instituto Costarricense de Alcantarillados (AyA), contra la resolución\nRE-005-IA-2023, únicamente en cuanto a la ampliación de los plazos dictados en\nesa resolución, y en consecuencia modificar los plazos según lo establecido en\nel informe de marras; tal y como se dispone.\n\nPOR\nTANTO\n\nCon fundamento en\nlas facultades conferidas en la Ley N°7593 y sus reformas, en la Ley General de\nla Administración Pública N°6227, en el Decreto Ejecutivo N°29732-MP, que es el\nReglamento a la Ley N°7593 y en el Reglamento Interno de Organización y Funciones\nde la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su Órgano\nDesconcentrado. \n\nEl\nINTENDENTE DE AGUA\n\nRESUELVE:\n\nI.           \nDeclarar parcialmente con lugar el recurso de revocatoria\ninterpuesto por la representación del Instituto Costarricense de Acueductos y\nAlcantarillados, únicamente en cuanto a la solicitud de ampliación de los\nplazos de cumplimiento establecidos en la resolución RE-0005-IA-2023.\n\nII.         \nEstablecer como nuevos plazos de cumplimiento los\nsiguientes:\n\n| NÚMERO DE POR TANTO | PLAZO ORIGINAL | NUEVO PLAZO | OBSERVACIONES | | --- | --- | --- | --- | | 4\n| 24 meses | 36 meses | Se refiere al plazo otorgado para que las ASADAS seleccionadas elaboren y\npresenten a la Autoridad Reguladora, sus estados financieros realizados con base en las NIIF plenas,\nluego de la publicación de la resolución. | | 5 | Trimestral | Semestral | Corresponde a la\nperiodicidad de entrega por parte del AyA de los informes de avance de la implementación de las NIIF\nplenas en las ASADAS | | 6 | 24 meses | 42 meses | Corresponde al plazo otorgado a partir de la\npublicación de la resolución para que aquellas ASADAS que en la actualidad no preparan sus estados\nfinancieros con base en las NIIF plenas, presenten la primera homologación. | | 8 y 9 | 6 meses | 12\nmeses | Se refiere al plazo otorgado para que las ASADAS luego de la primera homologación separen\npor etapas de la cadena de valor del servicio respectivo las partidas del Balance de Situación y\npresenten los ingresadores solicitados. |\n\n \n\n| NÚMERO DE POR TANTO | PLAZO ORIGINAL | NUEVO PLAZO | OBSERVACIONES | | --- | --- | --- | --- | | 8\n| 12 meses | 18 meses | Corresponde al plazo otorgado a partir de la publicación de la resolución\npara que aquellas ASADAS que en la actualidad preparan sus estados financieros con base en las NIIF\nplenas, separen por etapas de la cadena de valor del servicio respectivo, Ias siguientes partidas:\na. Propiedad, planta y equipo. b. Obras en construcción. d. Documentos por pagar. e. Equivalentes de\nefectivo e inversiones transitorias queforman parte de reservas de recursos que van a ser utilizados\npara la adquisición o construcción de activos productivos ( Propiedad, planta y equipo). f.\nCualquier otra partida del Balance de situación que puedaser separada por etapas de la cadena de\nvalor y que no requiera para ello algún \" driver\" o metodología de prorrateo. | | 8 | 30 meses | 54\nmeses | Corresponde al plazo otorgado a partir de la publicación de la resolución para que aquellas\nASADAS que en la actualidad no preparan sus estados financieros con base en las NIIF plenas, separen\npor etapas de la cadena de valor del servicio respectivo, Ias siguientes partidas: a. Propiedad,\nplanta y equipo. b. Obras en construcción. d. Documentos por pagar. e. Equivalentes de efectivo e\ninversiones transitorias queforman parte de reservas de recursos que van a ser utilizados para la\nadquisición o construcción de activos productivos ( Propiedad, planta y equipo). f. Cualquier otra\npartida del Balance de situación que puedaser separada por etapas de la cadena de valor y que no\nrequiera para ello algún \" driver\" o metodología de prorrateo. | | 10 y 11 | 8 meses | 12 meses | Se\nrefiere al plazo otorgado para que las ASADAS luego de la primera homologación separen por etapas de\nla cadena de valor del servicio respectivo las partidas del Estado de Resultados y presenten los\ningresadores solicitados. |\n\n \n\n| NÚMERO DE POR TANTO | PLAZO ORIGINAL | NUEVO PLAZO | OBSERVACIONES | | --- | --- | --- | --- | |\n10 | 18 meses | 30 meses | Se refiere al plazo otorgado luego de la publicación de la resolución\npara que las ASADAS que en la actualidad preparan sus estados financieros con base en las NIIF\ncompletas, separen por etapas de la cadena de valor todas las partidas y subpartidas respectivas de\ngastos de operación, mantenimiento, administración, calidad y comerciales y presenten los ingresados\nsolicitados. | | 10 | 38 meses | 66 meses | Se refiere al plazo otorgado luego de la publicación de\nla resolución para que las ASADAS que en la actualidad no preparan sus estados financieros con base\nen las NIIF completas, separen por etapas de la cadena de valor todas las partidas y subpartidas\nrespectivas de gastos de operación, mantenimiento, administración, calidad y comerciales y presenten\nlos ingresadores solicitados. |\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nIII.         Señalar que mediante la resolución RE-0007-IA-2023 del 04 de mayo de 2023, dictada por\nla Intendencia de Agua, se resolvió: \"(.) I. Declarar que en la resolución RE-0005-IA-2023, del 17\nde abril de 2023, existen dos errores materiales que deben ser corregidos, pues en lugar de\nconsignarse lo relativo al informe IN-019-IA-2023, del 17 de abril que sirvió de base para el\ndictado de esa resolución según consta a folio 2907, se consignó por error que se resolvía informar\n\"(.) que la lista de ASADAS con las que se iniciará la primera etapa de la implementación de la\ncontabilidad regulatoria está contenida en el Anexo N° 4 del Informe XXX, el cual sirvió de base\npara el dictado de la presente resolución\", situación que junto con el resaltado en amarillo que\naparece en ese mismo apartado, deben corregirse. II. Corregir los errores materiales identificados\nen el párrafo anterior, de manera que el párrafo segundo de la parte dispositiva de la resolución\nRE-0005-IA-2023, del 17 de abril de 2023, se lea correctamente de la siguiente forma: \"2.Informar\nque la lista de las ASADAS con las que se iniciará la primera etapa de la implementación de la\ncontabilidad regulatoria está contenida en el Anexo N°4 del informe IN-0019-IA-2023, el cual sirvió\nde base para el dictado de la presente resolución\", eliminando a su vez el resaltado en amarillo.\nIII. Notificar a las partes la presente resolución. IV. Publicar la resolución RE-005-IA-2023 del 17\nde abril de 2023, debidamente corregida con base en lo establecido en la presente resolución. (.)\".\n\nIV.        Declarar\nsin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la representación del\nInstituto Costarricense de Alcantarillados, en todos los demás extremos\npeticionados, confirmando en cuanto a estos la resolución recurrida.\n\nV.          Declarar que no existe un vicio que deba ser subsanado en cuanto a la\nnotificación de las Asadas de la resolución RE-0005-IA-2023.\n\nVI.        Rechazar\nla pretensión de nulidad absoluta del procedimiento interpuesta por la\nrepresentación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, ya\nque según fue analizado supra no existe un vicio en relación con el\ncumplimiento de lo establecido en el por tanto IV de la resolución RE-0016-JD-2023\ndel 12 de enero del 2023.\n\nVII.      Elevar\na la Junta Directiva el recurso de apelación en subsidio y prevenirle al\nrecurrente que cuenta con tres días hábiles, a partir del día siguiente de la\nnotificación de esta resolución, para hacer valer sus derechos ante dicho\nórgano de alzada.\n\nVIII.    Notificar la presente\nresolución.\n\nSe\ninforma a las partes que contra esta resolución no procede recurso alguno de\nconformidad con lo previsto en el artículo 343 y 345.1 de la Ley General de la\nAdministración Pública.",
  "body_en_text": "IN THE FULL TEXT\n\n-\n\nComplete Text of Norm 0012\n\nReform Implementation of Regulatory Accounting and Accounting Information Requirements for Services Regulated by the Water Intendency, Provided by the Associations Administering Aqueducts and Sewers\n\nPUBLIC SERVICES REGULATORY AUTHORITY\n\nWATER INTENDENCY\n\nRE-0012-IA-2023\nof July 18, 2023\n\nTHE WATER INTENDENT HEARS THE REVOCATION APPEAL\n\nFILED BY THE REPRESENTATION OF THE COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS (AYA) AGAINST\n\nRESOLUTION RE-0005-IA-2023 OF APRIL 17, 2023\n\nFILE: OT-203-2021\n\nWHEREAS:\n\nI. On March 23, 2017, through resolution RRG-091-2017, the Regulador General established the guidelines for standardizing the implementation of accounting at the institutional level, in which the Intendencias were instructed, among other things, to standardize the process and conduct a public consultation to discuss the uniform formats of regulatory accounting for each regulated service (folio 175, OT-156-2021).\n\nII. On April 4, 2017, through official letter 295-RG-2017, the Regulador General, in order to comply with the provisions of resolution RRG-091-2017, ordered the creation of a task force to carry out internal coordination, review, and monitoring tasks for the implementation of regulatory accounting.\n\nIII. On January 31, 2018, through resolution RIA-001-2018, the Water Intendency (IA) ordered the: \"Implementation of regulatory accounting for the services of aqueduct, sewer, hydrants, water supply for irrigation and fish farming, and activities for the protection of the water resource.\" As relevant, said resolution is applicable to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), the Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH S.A), and the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (Senara), meaning it does not cover the associations administering communal aqueduct and sewer systems (ASADAS); on the contrary, it expressly excluded them (folios 148 to 175, OT-242-2017).\n\nIV. On April 15, 2021, through official letter OF-0221-IA-2021, the IA sent a request for financial statements to the ASADAS, for which they were granted a period of 10 business days (folio 1275).\n\nV. On April 27, 2021, through official letter OF-0246-IA-2021, the IA requested the Department of Document Management (DEGD) to open a file for \"Regulatory Improvement,\" to which report IN-0044-IA-2021 on the \"Separation of the value chain of services\" was attached. This originated file OT-203-2021 (folios 1 to 54).\n\nVI. On March 14, 2022, through report IN-0035-IA-2022, the IA issued the \"Report on regulatory accounting and accounting information requirements for the services regulated by the Water Intendency provided by the ASADAS,\" in which it recommended implementing regulatory accounting in the ASADAS for the public services of aqueduct, sanitary sewer, hydrants, and protection of the water resource, separated by stages of the value chain, and establishing in a unified manner the structure, description, periodicity, and order of the financial-accounting regulatory information that these operators must present to the IA (folios 1577 to 1607).\n\nVII. On March 14, 2022, through resolution RE-0006-IA-2022, the IA ordered: \"(.) Implementation of regulatory accounting in the Associations Administering Communal Aqueducts and Sewers (ASADAS).\" This resolution was notified on March 14, 2022, to AyA (folio 1687). Likewise, it was published on March 17, 2022, in La Gaceta No. 52, Alcance No. 57 (folios 1648 to 1685, 1688 to 1725).\n\nVIII. On March 17, 2022, through official letter GG-2022-00974, AyA filed an appeal against resolution RE-0006-IA-2022, of March 14, 2022 (folio 1726).\n\nIX. On April 29, 2022, through resolution RE-0008-IA-2022, the IA resolved the \"Revocation appeal with subsidiary appeal, filed by AyA, against resolution RE-0006-IA-2022, of March 14, 2022,\" in which, as relevant, it declared the filed revocation appeal without merit, and the subsidiary appeal was elevated to the Board of Directors (folios 1751 to 1752).\n\nX. On May 2, 2022, through resolution RE-0009-IA-2022, the IA corrected a material error in resolution RE-0008-IA-2022 (folio 1754).\n\nXI. On May 4, 2022, through official letter GG-2022-01685, AyA responded to the summons conferred through resolution RE-0008-IA-2022, in relation to the appeal filed against resolution RE-0006-IA2022 (folio 1755).\n\nXII. On May 16, 2022, through official letter OF-0293-IA-2022, the IA rendered the report ordered by Article 349 of the Ley General de la Administración Pública, in relation to the filed appeal (folios 1756 to 1758, 1760).\n\nXIII. On May 17, 2022, through memorandum ME-0102-SJD-2022, the Secretariat of the Board of Directors forwarded the filed appeal to the Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria (DGAJR). It also forwarded official letter GG-2022-01685, presented by AyA and related to the cited appeal (folio 1759).\n\nXIV. On September 13, 2022, through official letter OF-0661-DGAJR-2022, the DGAJR issued an opinion on the appeal filed by AyA against resolution RE-0006-IA-2022. Said opinion recommended: (Folios 2581 to 2615).\n\nXV. On September 20 and 23, 2022, through official letters OF-0555-IA-2022 and OF0562-IA-2022, the IA requested the call for a public consultation on the report on Regulatory Accounting and Accounting Information Requirements for the services regulated by the Water Intendency, provided by the ASADAS (IN0035-IA-2022) (folios 1992 to 1996).\n\nXVI. On September 30, 2022, the invitation to interested parties to present their objections or coadjuvancies to the public consultation was published in the nationally circulated newspapers La Teja and La Extra (folios 2014 to 2015). October 20, 2022, was the deadline to receive objections or coadjuvancies.\n\nXVII. On October 21, 2022, through report IN-0790-DGAU-2022, the Dirección General de Atención al Usuario (DGAU) reported that, as a result of the public consultation, nine objections and one coadjuvancy were admitted (folios 2067 to 2069).\n\nXVIII. On January 12, 2023, through resolution RE-0016-JD-2023, the Board of Directors, based on opinion OF-0661-DGAJR-2022, resolved the \"Appeal filed by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), against resolution RE-0006-IA-2022, of March 14, 2022, issued by the Water Intendency.\" As pertinent, it resolved: (folios 2494 to 2526).\n\"(.) THE BOARD OF DIRECTORS OF THE PUBLIC SERVICES REGULATORY AUTHORITY\n\nRESOLVES:\n\nI. Declare partially with merit, the appeal filed by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), against resolution RE-0006-IA-2022, of March 14, 2022, solely in relation to argument number two, regarding that the: \"Implementation of regulatory accounting in the Associations Administering Communal Aqueducts and Sewers (ASADAS),\" should have been notified to the ASADAS, so that they could assert their rights.\n\nII. Declare the absolute nullity of resolution RE-0006-IA-2022, of March 14, 2022, insofar as the right of citizen participation was violated in the procedure, in accordance with Article 9 of the Constitución Política and Article 361 of the Ley General de la Administración Pública and the provisions of resolution RRG-091-2017 of March 23, 2017.\n\nIII. Declare the absolute nullity, by connection, of resolutions RE-0008-IA2022 of April 29, 2022, which resolved: the revocation appeal filed by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) against resolution RE-0006-IA-2022 of March 14, 2022 – and RE-0009-IA-2022 of May 2, 2022, which resolved: correction of a material error in resolution RE-0008-IA-2022, of April 29, 2022.\n\nIV. Roll back the procedure to the appropriate procedural stage, in order to submit the \"Implementation of regulatory accounting in the Associations Administering Communal Aqueducts and Sewers (ASADAS),\" to the moment prior to holding the public consultation, in accordance with Article 361 of the LGAP, in order to guarantee the right of citizen participation for the ASADAS and AyA.\n\nV. Dimension the effects of the decreed nullity, keeping resolution RE-0006-IA-2022, of March 14, 2022, in force for a maximum period of SIX CALENDAR MONTHS, from the issuance of the resolution to be issued, so that the Water Intendency, within said period, issues a new administrative act adjusted to law.\n\nVI. Exhaust the administrative channel.\n\nVII. Notify the party of this resolution.\n\nVIII. Communicate this resolution to the Water Intendency, for whatever corresponds (.)\".\n\nXIX. On April 17, 2023, through Report IN-0019-IA-2023, the IA rendered the Technical Report on the \"Implementation of regulatory accounting and accounting information requirements for the services regulated by the Water Intendency, provided by the ASADAS\" (folios 2835 to 2896).\n\nXX. On April 17, 2023, through resolution RE-0005-IA-2023, the IA issued the \"Implementation of regulatory accounting and accounting information requirements for the services regulated by the Water Intendency, provided by the Associations Administering Communal Aqueducts and Sewers (ASADAS)\" (folios 2902 to 2966), which was notified to the parties on April 17, 2023, itself (folios 3035 to 3040).\n\nXXI. On April 20, 2023, via email, the representation of AyA sent official letter GG-2023-01183, through which a revocation appeal with subsidiary appeal was filed against resolution RE-0005-IA-2023 of April 17, 2023 (folio 3041).\n\nXXII. Resolution RE-005-IA-2023, which was initially issued and notified, indicated on folio 2945, in its operative part, specifically in its Por Tanto number 2, that it is informed \"(.) that the list of ASADAS with which the first stage of the implementation of regulatory accounting will begin is contained in Anexo No. 4 of Report XXX, which served as the basis for the issuance of this resolution (.)\", which constitutes an evident material error.\n\nXXIII. On May 4, 2023, through report IN-0023-IA-2023, the IA issued the \"REPORT REGARDING THE CORRECTION OF THE MATERIAL ERROR CONTAINED IN THE OPERATIVE PART OF RESOLUTION RE-0005-IA2023 OF APRIL 17, 2023, CALLED IMPLEMENTATION OF REGULATORY ACCOUNTING AND ACCOUNTING INFORMATION REQUIREMENTS FOR THE SERVICES REGULATED BY THE WATER INTENDENCY PROVIDED BY THE ASADAS\" (folios 3224 to 3234).\n\nXXIV. On May 4, 2023, through resolution RE-0007-IA-2023, the Water Intendent resolved: \"(.) I. Declare that in resolution RE-0005-IA-2023, of April 17, 2023, there are two material errors that must be corrected, since instead of recording what relates to report IN-019-IA-2023, of April 17, which served as the basis for the issuance of that resolution as recorded on folio 2907, it was recorded in error that it was resolved to inform \"(.) that the list of ASADAS with which the first stage of the implementation of regulatory accounting will begin is contained in Anexo No. 4 of Report XXX, which served as the basis for the issuance of this resolution,\" a situation which, together with the yellow highlighting that appears in that same section, must be corrected. II. Correct the material errors identified in the preceding paragraph, so that the second paragraph of the operative part of resolution RE0005-IA-2023, of April 17, 2023, reads correctly as follows: \"2. Inform that the list of the ASADAS with which the first stage of the implementation of regulatory accounting will begin is contained in Anexo No. 4 of report IN-0019-IA-2023, which served as the basis for the issuance of this resolution,\" eliminating in turn the yellow highlighting. III. Notify the parties of this resolution. IV. Publish resolution RE-005IA-2023 of April 17, 2023, duly corrected based on what is established in this resolution. (.)\" (folios 3235 to 3246).\n\nXXV. That on July 18, 2017, through report IN-0040-IA-2023, the Water Intendency conducted the analysis of the revocation appeal filed by the representation of AyA against resolution RE-005-IA-2023 (which is added to the record).\n\nWHEREAS:\n\nI. From report IN-0040-IA-2023, which serves as support for the issuance of this resolution, it is appropriate to extract the following:\n\n\"(.)\n\nI. ADMISSIBILITY ANALYSIS\n\na) Nature of the appeal\n\nThe appeal filed and heard is a revocation appeal to which Articles 342 to 352 of the Ley General de la Administración Pública No. 6227 and its reforms (hereinafter LGAP) apply.\n\nb) Timeliness of the appeal\n\nThe resolution being challenged was notified to the appellant on April 17, 2023 (folio 3035). It indicates that the period for filing the revocation appeal is three days counted from the business day following notification, in accordance with Article 346 of the LGAP.\n\nOn March 31, 2023, the representation of AyA filed the appeal (folio 373), therefore the appeal is filed within the legally established period for doing so.\n\nc) Standing\n\nRegarding active standing, it should be noted that the appellant is legitimized to act – in the manner it has done so – in accordance with the provisions of Articles 275, 276, and 282 of the LGAP, as it is an interested party in the procedure in which the appealed resolution was issued.\n\nd) Representation\n\nMrs. María Gabriela Vallejo Astúa, identity card number one-thousand four-hundred eighty-six-two-hundred eighty-one, is the Deputy General Manager, with powers of absolute general attorney without limit of sum for AyA, as recorded on folio 3041; therefore, she is empowered to act on behalf of that entity.\n\nConsequently, the filed appeal is admissible, and therefore the respective substantive analysis proceeds.\n\nII. SUBSTANTIVE ANALYSIS OF THE APPEAL\n\nThe representation of the appellant based its appeal on the following arguments, which will be analyzed separately for better understanding.\n\n1) There is a great difference between \"service titleholder\" and \"service provider,\" given that for AyA as operator, the service provision is direct to the users of its services, while in the case of the ASADAS, the Municipalities, and the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, AyA is not the direct provider, but rather each of these provides the service directly to the users of its system, although the Ley Constitutiva designates AyA as the service titleholder.\n\nARESEP recognizes that on some occasions AyA is the operator of the systems (in the case of provision it provides directly to its users) and on others it is the technical governing body (case of delegation to the ASADAS where it does not provide the service directly); consequently, there is a great contradiction. It refers to AyA as the Governing Entity of the ASADAS, on other occasions it calls it the Service Titleholder at the national level, and at others as the direct provider even of the ASADAS' services, but in other cases it argues that the ASADAS are the direct providers of the service. ARESEP recognizes that AyA is not the direct provider of the service provided by the ASADAS nor does it \"execute the regulated activity directly.\"\n\nIn relation to this argument, it is worth indicating initially that AyA fails to specify precisely in which cases ARESEP allegedly makes an undifferentiated use of the different appellatives. Likewise, it must be stated regarding this assertion that, as AyA itself also recognizes in its appeal, its own Ley Constitutiva indicates that it is the service titleholder, and it also recognizes that it has a technical stewardship in the provision of drinking water and wastewater sanitation services.\n\nFrom this vision provided by the appellant itself, it would not be an error to designate it as governing body, titleholder, or even service provider, but rather this would be nothing more than a consequence of the due application of the legal system.\n\nLikewise, AyA's representation also omits in its first section of argumentative line to indicate what the grievance or defect is that exists in the appealed resolution regarding the aforementioned, which, as noted, would be nothing more than a logical and natural consequence of the application, under a correct hermeneutics, of the regulation contained in the applicable legal system.\n\nConsequently, the party is not correct in its argument.\n\n2) In relation to \"Por tanto number 5\" of RE-0005-IA-2023 of April 17, 2023. From the provisions of Por tanto number 5 of the resolution issued by the Water Intendency, it is extracted that AYA will be responsible for providing accompaniment to the selected ASADAS that are not preparing their accounting based on full NIIF. Likewise, it is provided that AYA must submit quarterly to the regulatory body a report on the progress of the implementation of full NIFF.\n\nBy virtue of this, it must be emphasized that this Institute's task is one of accompaniment and that the implementation of full NIIF, as well as regulatory accounting, falls on the ASADAS because they are independent operators whose regulatory scope belongs to the Regulatory Authority; therefore, any non-compliance by the ASADAS in said implementation should not imply the rejection of new tariff proposals for this Institute.\n\nOnce this argument has been analyzed, it is necessary to point out that there is agreement with what was stated by the representation of the appellant regarding the fact that the resolution under examination establishes the need for the Institute to provide accompaniment to the selected ASADAS that are not preparing their accounting based on full NIIF.\n\nNow, from the analysis of AyA's argumentative line, it is not concluded that there is opposition to this duty of accompaniment, but rather its disagreement lies in the fact that non-compliance by an ASADA with the implementation of full NIIF should not imply that new tariff proposals for the Institute can be rejected.\n\nRegarding this statement made by the Institute, the following must be pointed out:\n\nPor Tanto 5. of the appealed resolution referred to by AyA not only establishes the excerpt that the appellant highlights in its appeal, but in addition to establishing the need for the Institute to provide accompaniment to the ASADAS (an obligation deriving from the Reglamento de las Asadas itself, Decreto N° 42582-SMINAE), it states that AyA must (mandatory character) ensure that \"(.) all the selected ASADAS have implemented 100% of the full NIIF,\" for which it may count on the collaboration of Aresep.\n\nFrom the previous excerpt, the existence for AyA of a mandatory compliance obligation is inferred, deriving from the resolution itself in consonance with the obligations established for the Institute in the regulation of ASADAS, which are cited therein, specifically the provisions of Articles 28 subsections e), f) and k), 31 subsection c), 35, 37 subsections f) and l), 47 subsection g), 49, 52 subsections b) and c), 60 and 64 subsection c) of Reglamento N°42582-S-MINAE.\n\nIt follows from the above that, according to the provisions of numeral 33 of Ley 7593, in the event that AyA fails to comply with the provisions of the appealed resolution in relation to the obligations it has as governing body and delegating titleholder of the service, there is a possibility that this could imply an impact on successive tariff petitions.\n\nIn this regard, the cited article states:\n\n\"Artículo 33.-Justification of petitions\n\nEvery petition from providers regarding tariffs and prices must be justified. In addition, applicants must have fulfilled the conditions established by the Regulatory Authority in previous fixations or interventions carried out in the exercise of its powers before the petition.\"\n\nConsequently, the representation of the appellant is not correct in its statement, as the truth is that there is a clear obligation established in the legal system that is captured by the resolution itself, specifying it in terms of ensuring compliance with the full NIFF by the ASADAS. It should not be lost sight of that AyA as delegating party maintains its responsibility regarding compliance with public service norms, supervising the execution and provision of the service by the delegated party. The foregoing is in accordance with the provisions of numeral 91 of the Ley General de la Administración Pública, according to which the delegating party shall always have the obligation to monitor the management of the delegate and may be jointly liable with the latter for fault in the monitoring.\n\n3) Material impossibility regarding the accompaniment of the Asadas for the implementation of regulatory accounting, within the period granted by the Regulatory Authority.\n\nIn relation to this assertion, AyA develops the following arguments.\n\n. According to the explanation of the Institute's Financial Department, the implementation of this accounting has been a challenge for AyA because it does not have a financial system that naturally allows generating the financial statements demanded by the Regulator.\n\n. Regulatory accounting is basically cost accounting by service, emptied into a financial statement format for traditional accounting, which makes its implementation very complex; many months are required to achieve an understanding of the structure of this accounting, and ARESEP makes it more and more complex because it adds a greater level of disaggregation, to the point that the latest resolution requires presenting financial statements with information detail at the level of the stage corresponding to the productive process. For this, very robust systems that allow such a level of detailed control are required, in addition to expert professionals in the management of this accounting.\n\n. The Regulator must consider that the accompaniment to the ASADAS mentioned in the resolution is very complex and involves allocating institutional resources and human resources, which the Institution does not currently have.\n\n. For AyA, it is materially impossible, as indicated in Por tanto number 5 of the resolution, to submit reports on the progress of the implementation of regulatory accounting by the ASADAS, since, as mentioned above, it is necessary to allocate human resources, duly trained, which AyA does not have, without ceasing to attend to the Institute's own functions of applying regulatory accounting as a regulated operator.\n\n. The majority of the ASADAS do not have specialized technical personnel or the financial resources to apply regulatory accounting and keep it updated. Therefore, it is foreseeable that the ASADAS could not comply with the requirement requested by ARESEP in reference to regulatory accounting, within the period granted by the Regulator.\n\n. Analyzing objectively each of the requirements contained in resolution RE-0005-IA-2023, it is observed that the period granted for their implementation by the ASADAS, given their current conditions, is very difficult or impossible to fulfill, given that accompaniment in this particular process requires the hiring, training, and instruction of officials dedicated to performing this type of functions.\n\nOnce the arguments raised by the representation of the appellant on this point have been analyzed, it is determined that what AyA requests is reasonable regarding the extension of the periods granted for compliance with the requirements established in the resolution that is being appealed here.\n\nConsequently, it is considered opportune and convenient to accept what is established here and consequently modify the compliance periods established in resolution RE-0005-IA-2023 so that they are as follows:\n\n| NÚMERO DE POR TANTO | PLAZO ORIGINAL | NUEVO PLAZO | OBSERVACIONES |\n| --- | --- | --- | --- |\n| 4 | 24 months | 36 months | Refers to the period granted for the selected ASADAS to prepare and present to the Regulatory Authority their financial statements prepared based on full NIIF, after the publication of the resolution. |\n\n| NÚMERO DE POR TANTO | PLAZO ORIGINAL | NUEVO PLAZO | OBSERVACIONES |\n| --- | --- | --- | --- |\n| 5 | Trimestral | Semestral | Corresponds to the periodicity of submission by AyA of the progress reports on the implementation of full NIIF in the ASADAS |\n| 6 | 24 months | 42 months | Corresponds to the period granted from the publication of the resolution for those ASADAS that currently do not prepare their financial statements based on full NIIF to present the first homologation. |\n| 8 y 9 | 6 months | 12 months | Refers to the period granted for the ASADAS, after the first homologation, to separate the items of the Balance Sheet by stages of the value chain of the respective service and present the requested drivers. |\n| 8 | 12 months | 18 months | Corresponds to the period granted from the publication of the resolution for those ASADAS that currently prepare their financial statements based on full NIIF to separate by stages of the value chain of the respective service, the following items: a. Property, plant, and equipment. b. Works in progress. d. Documents payable. e. Cash equivalents and temporary investments that form part of resource reserves to be used for the acquisition or construction of productive assets (Property, plant, and equipment). f. Any other item of the Balance Sheet that can be separated by stages of the value chain and that does not require a \"driver\" or allocation methodology. |\n\n| NÚMERO DE POR TANTO | PLAZO ORIGINAL | NUEVO PLAZO | OBSERVACIONES |\n| --- | --- | --- | --- |\n| 8 | 30 months | 54 months | Corresponds to the period granted from the publication of the resolution for those ASADAS that currently do not prepare their financial statements based on full NIIF to separate by stages of the value chain of the respective service, the following items: a. Property, plant, and equipment. b. Works in progress. d. Documents payable. e. Cash equivalents and temporary investments that form part of resource reserves to be used for the acquisition or construction of productive assets (Property, plant, and equipment). f. Any other item of the Balance Sheet that can be separated by stages of the value chain and that does not require a \"driver\" or allocation methodology. |\n| 10 y 11 | 8 months | 12 months | Refers to the period granted for the ASADAS, after the first homologation, to separate the items of the Income Statement by stages of the value chain of the respective service and present the requested drivers. |\n| 10 | 18 months | 30 months | Refers to the period granted after the publication of the resolution for the ASADAS that currently prepare their financial statements based on full NIIF to separate by stages of the value chain all the respective items and sub-items of operating, maintenance, administrative, quality, and commercial expenses and present the requested drivers. |\n| 10 | 38 months | 66 months | Refers to the period granted after the publication of the resolution for the ASADAS that currently do not prepare their financial statements based on full NIIF to separate by stages of the value chain all the respective items and sub-items of operating, maintenance, administrative, quality, and commercial expenses and present the requested drivers. |\n\n4)\nRegarding Resolution RE-0016-JD-2023 of January 12, 2023, through which\nthe ARESEP Board of Directors ordered in the fourth ordering clause (Por tanto IV) \"to roll back\nthe proceeding to the appropriate procedural stage in order to submit the\nimplementation of Regulatory Accounting (Contabilidad Regulatoria) in the communal water and\nsanitation administration associations (Asadas) to the moment\nprior to holding the public hearing (consulta pública) in accordance with Article 361 of the LGAP, in order\nto guarantee the right of citizen participation of the Asadas and\nAyA,\" it is considered that the Water Superintendency (Intendencia de Agua) disregards what was indicated by the\nBoard of Directors regarding the right of citizen participation of the Asadas and\nthe AyA, continuing with the proceeding and thus violating due\nprocess, which causes an evident and manifest NULLITY in the proceeding\nthat must be declared as such.\n\nHaving analyzed\nthis argument, it is appropriate to contextualize what happened in the proceeding that\nresulted in the issuance of Resolution RE-0016-JD-2023, of January 12,\n2023.\n\nThe\nresolution in question originates from the filing of an appeal\nagainst Resolution RE-0006-IA-2022, notified on March 14,\n2022, and through which the implementation of regulatory accounting\nin the Communal Water and Sanitation Administration Associations (ASADAS) was ordered.\n\nThis\nresolution was subsequently annulled in its entirety by mandate of the Board of Directors,\nwhereby, according to the provisions of the General Law of\nPublic Administration (Ley General de la Administración Pública, LGAP), the legal situation generated for the\ninterested parties from this resolution ceased to exist and form part of the\nlegal system. In this regard, Article 171 of the LGAP establishes that the\ndeclaration of absolute nullity shall have purely declarative and\nretroactive effects to the date of the act. This, coupled with the exhaustion of the administrative\nremedy declared in that same resolution, puts an end to the matter\nappealed and heard by the Board of Directors and rolls back the matter to the procedural\nmoment prior to the issuance of the resolution.\n\nNow\nthen, the proceeding that resulted in the issuance of Resolution\nRE0005-IA-2023, which is challenged here, contrary to what was stated by the\nappellant, was carried out in compliance with all procedural and\nsubstantive guarantees, including the holding of a public hearing stage for\nall interested parties to be able to express themselves, in strict compliance\nwith the provisions of Article 9 of the Political Constitution (Constitución Política).\n\nIn\nthis sense, as can be seen in recitals (resultandos) XVI to XVIII of\nthe challenged resolution, the Water Superintendency requested on September 20 and\n23, 2022, the respective call for a public hearing, on\nreport IN-00035-IA-2022 (visible at folios 1577 to 1607), regarding\nRegulatory Accounting and Accounting Information Requirements for the\nservices regulated by the Water Superintendency, provided by the ASADAS.\n\nSubsequently,\non September 30, 2022, interested parties were invited to submit their\nobjections or support to the public hearing, in the national circulation\nnewspapers La Teja and La Extra (folios 2014 to 2015), with October\n20 being the final date to receive objections or support.\n\nAs a result\nof this process, on October 21, 2022, through report IN-0790-DGAU-\n2022, the General Directorate of User Assistance (Dirección General de Atención al Usuario, DGAU), reported that as a\nresult of the public hearing, nine objections and one\nexpression of support were admitted (folios 2067 to 2069).\n\nFurthermore,\nthe challenged resolution itself proceeded with the individual\nanalysis of those nine objections and expression of support, which\ndemonstrates that the right of interested parties to\nparticipate in the proceeding that resulted in the resolution\nchallenged here was not only realized, but also, each of the objections formulated by them was duly\naddressed and resolved in detail. See in this regard\nsection V. of the resolution called \"POSITIONS AND OBJECTIONS\" (\"POSICIONES Y OPOSICIONES\").\n\nConsequently,\nit is evident that the legal formalities were followed in the proceeding under study,\nand contrary to what was stated by the appellant, the\ncitizen participation process was carried out, both in the public hearing\nstage and in the analysis stage of the objections and positions\npresented. Based on this, the existence of any defect\ngenerating an absolute nullity in the terms expressed by the\nrepresentative of the AyA is not evident.\n\nTherefore, this argument must be rejected.\n\n5)\nThe ARESEP intends the implementation of Regulatory Accounting, within a period\nthat, as stated in section II of this appeal, is difficult or\nimpossible for the ASADAS to comply with, making it necessary to invoke the\ncriterion of unsuitability (inidoneidad) of this act, since it is impossible to\neffectively achieve the intended objective within the established period. That act\nmust conform to the unequivocal rules of science or technique or to\nelementary principles of justice, logic, or convenience, in accordance\nwith Article 15 of the General Law of Public Administration.\n\nThe\nchallenged act violates the limits to which administrative\ndiscretion is subject, by establishing unsuitable and\nunnecessary measures through the use of regulatory criteria of impossible\ncompliance by the AyA towards the Asadas, violating the Principles of\nProportionality (Principios de Proporcionalidad) and Reasonableness (Razonabilidad).\n\nIt is of great concern\nthat the implementation by the ASADAS as operators and the\nsupport of the AyA as Governing Body (Ente Rector), may not be duly fulfilled.\n\nIn\nrelation to this point, although the reasoning expressed by the\nrepresentative of the appellant is not shared insofar as the established period\ncontravenes the provisions of Article 15 of the General Law of the\nPublic Administration, nor is the description of\nunsuitable outlined by the AyA shared, it is considered reasonable to support what was\nrequested by the appellant regarding the\nextension of the period for compliance with the provisions of the\nresolution challenged here. For this reason, what was already analyzed in\nPoint II of the appellant's arguments is reiterated. On behalf of the Water Superintendency,\nin an effort to promote due compliance with the provisions of\nResolution RE-0005IA-2023, and given the request by the representative of the AyA,\nit is considered that it is convenient and timely to extend the compliance\nperiods for the requirements established in the resolution in question\nso that they are as follows:\n\n| NUMBER OF POR TANTO | ORIGINAL PERIOD | NEW PERIOD | OBSERVATIONS | | --- | --- | --- | --- | | 4\n| 24 months | 36 months | Refers to the period granted for the selected ASADAS to prepare and\npresent to the Regulatory Authority their financial statements prepared based on full IFRS (NIIF plenas),\nafter the publication of the resolution. | | 5 | Quarterly | Semi-annual | Corresponds to the\nfrequency of delivery by the AyA of the progress reports on the implementation of full IFRS\nin the ASADAS | | 6 | 24 months | 42 months | Corresponds to the period granted from the\npublication of the resolution for those ASADAS that currently do not prepare their financial\nstatements based on full IFRS, to present the first approval (homologación). | | 8 and 9 | 6 months | 12\nmonths | Refers to the period granted for the ASADAS, after the first approval, to separate\nby stages of the value chain of the respective service the items of the Statement of Financial Position (Balance de Situación) and\npresent the requested data submissions (ingresadores). |\n\n| NUMBER OF POR TANTO | ORIGINAL PERIOD | NEW PERIOD | OBSERVATIONS | | --- | --- | --- | --- | | 8\n| 12 months | 18 months | Corresponds to the period granted from the publication of the resolution\nfor those ASADAS that currently prepare their financial statements based on full IFRS,\nto separate by stages of the value chain of the respective service, the following items:\na. Property, plant, and equipment (Propiedad, planta y equipo). b. Works in progress (Obras en construcción). d. Accounts payable (Documentos por pagar). e. Cash equivalents and\ntemporary investments (Equivalentes de efectivo e inversiones transitorias) that form part of resource reserves to be used\nfor the acquisition or construction of productive assets (Property, plant, and equipment). f.\nAny other item of the Statement of Financial Position that can be separated by stages of the value\nchain and that does not require any \"driver\" or proration methodology. | | 8 | 30 months | 54\nmonths | Corresponds to the period granted from the publication of the resolution for those\nASADAS that currently do not prepare their financial statements based on full IFRS, to separate\nby stages of the value chain of the respective service, the following items: a. Property,\nplant, and equipment. b. Works in progress. d. Accounts payable. e. Cash equivalents and\ntemporary investments that form part of resource reserves to be used for the\nacquisition or construction of productive assets (Property, plant, and equipment). f. Any other\nitem of the Statement of Financial Position that can be separated by stages of the value chain and\nthat does not require any \"driver\" or proration methodology. | | 10 and 11 | 8 months | 12 months | Refers\nto the period granted for the ASADAS, after the first approval, to separate by stages of\nthe value chain of the respective service the items of the Income Statement (Estado de Resultados) and present the\nrequested data submissions. | | NUMBER OF POR TANTO | ORIGINAL PERIOD | NEW PERIOD | OBSERVATIONS | |\n10 | 18 months | 30 months | Refers to the period granted after the publication of the resolution\nfor the ASADAS that currently prepare their financial statements based on full\nIFRS, to separate by stages of the value chain all the respective items and sub-items\nof operating, maintenance, administrative, quality, and commercial expenses and present the requested\ndata submissions. | | 10 | 38 months | 66 months | Refers to the period granted after the publication of\nthe resolution for the ASADAS that currently do not prepare their financial statements based on\nfull IFRS, to separate by stages of the value chain all the respective items and sub-items\nof operating, maintenance, administrative, quality, and commercial expenses and present the\nrequested data submissions. |\n\n6)           Principle of Proportionality and Reasonableness of the administrative\nact.\n\nThis\nargument, again, refers to what was stated by the AyA regarding its\nimpossibility of complying with what was resolved in the challenged resolution within the\nestablished periods. It is for this reason that, although the descriptions\non which it bases its petition are not shared, it is considered convenient and timely\nto extend the compliance periods for the requirements established in the\nresolution in question, according to the detail set forth in the preceding sections.\n\n7)           The Asadas, as direct regulated operators, must comply\nwith the information requested by the Aresep.\n\nWith\nrespect to this argument, the AyA indicates that the Aresep is the institution\nresponsible, competent, and called upon to fulfill said legal mandate and cannot\nfoist or transfer it to another public entity as it intends with the challenged\nresolution, in particular, that the AyA exercises functions proper to the regulatory\nbody (ente regulador).\n\nAlthough\nit is true that the AyA maintains ownership (titularidad) of the service provided by the\nASADAS by delegation, it is not the direct provider of the service provided in\nthe communal water systems (acueductos comunales) and, consequently, it is not responsible for ensuring their\nregulation, which is the responsibility of the ARESEP.\n\nThe\nInstitution exercises a technical stewardship (rectoría técnica) over the ASADAS, in accordance with the\nprovisions of the legislator, without receiving any percentage of money from the\nrates charged by said associations, as these have economic\nindependence. The AyA delegates the provision of the service, which means it no\nlonger performs it directly.\n\nIn\nrelation to this argument, the representative of the AyA omits to clearly\nand precisely indicate which are the responsibilities or competencies that the Aresep\nis \"foisting or transferring\" to the AyA. Likewise, it must be\npointed out that the AyA retains its oversight (fiscalización) competencies regarding\ncompliance with the regulatory provisions issued by the Aresep, for those\nto whom it delegates the provision of the service.\n\nThus,\nthe line of argument sustained by the representative of the institute\nis built on the fact that since the Asadas provide the service, their role\nregarding them is solely one of stewardship, thereby circumventing all the\nobligations derived from the legal relationship that arises between it and the\nAsadas by virtue of the delegation made.\n\nThe\nfact that the Asadas receive the rates they charge for the provision of the\nservice in no way implies a breaking of the responsibilities that the\ninstitute has towards the Asadas and the compliance that these must have with the\napplicable legal and technical regulations. That is, economic independence\ndoes not imply the existence of a sphere of immunity for the AyA regarding the actions\nof the Asadas, or what is the same, the existence of economic independence\ndoes not imply the non-application of the provisions of Article 91 of the LGAP, in\nrelation to the duties of the delegator towards the delegate.\n\n8)           Regarding the responsibility of the AyA in the\noversight of the Asadas. It must be clarified that this resolution is directed\nto each of the operators responsible for providing this public service of\nwater supply and sanitation (Article 5 subsection c), Law No. 7593) and\neach operator must submit such information to the Regulatory Authority,\nwhich has specific obligations regarding each of the service providers\n(Article 6 Law No. 7593).\n\nWith\nrespect to this point, what was stated above regarding the\nresponsibilities of the AyA in relation to compliance with the provisions of\nthe challenged resolution is reiterated. In this sense, from the paragraph visible at folio 14 of\nthe appeal, it is not evident that there is a line of argument that implies the\nnullity or non-application of the content of the resolution. Likewise, regarding\nthe scope and compliance obligations of the Asadas and the AyA, the resolution\nis clear as to what corresponds to each one.\n\n9)           Regarding the issue of legal notification of the\nresolution challenged here to the Asadas. The argument concerning the\nnotification of the ASADAS as operators regulated by the ARESEP is relevant. As\nindicated in Resolution RE-0005-IA-2023 of April 17, 2023, it is directed\nat and directly affects the ASADAS, as operating entities of water\nand sanitation systems.\n\nIf the ARESEP, in compliance with\nits legal powers, issues a resolution such as the one indicated, which means\nfor said providers, obligations contemplated in Article 14 of the Law\nof the Regulatory Authority of Public Services (Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), Law 7593, it must comply\nwith the provisions of the legal system and the procedural rules that\nregulate the administrative procedure, which makes it necessary to notify each\nof the providers so that they may assert their rights in a timely manner.\n\nAttempting\nto continue with this procedure behind the backs of the interested parties, violates\nbasic and fundamental principles such as the principle of due process or guarantee\nof defense, principle of legality, principle of challenge (impugnación), among others.\nThere is an evident nullity in the procedure, regarding the notification of the\ninterested associations. (asociaciones interesadas).\n\nIn\norder to analyze the issue of the communication of administrative acts,\nwe must begin by specifying that Article 239 of the General Law of the\nPublic Administration provides that every procedural act that affects\nrights or interests of the parties or a third party must be duly\ncommunicated to the affected party. Likewise, this legal body, in Article 240, is\nclear in establishing the form of communicating said acts, providing that general acts shall be communicated\nby publication and specific ones by notification, as well as\ngeneral acts that particularly affect a person whose place for\nnotifications is indicated in the case file (expediente) or is known by the\nAdministration.\n\nTo\nthe above we must add the provisions of Article 241 subsection 1 regarding that\npublication cannot normally substitute notification. Special emphasis must be made that the act of notification constitutes a guarantee of general due process and the right of defense. In this sense, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) ordered through Resolution N° 5348-94 of 11:45 a.m. on July 1, 1992.\n\nAlthough\nthe resolution subject to challenge was published in the official newspaper La\nGaceta, it is necessary to clarify to the esteemed members of the\n\nBoard of Directors,\nthat as Article 241 of the General Law of the Public Administration\nindicates, such publication is only appropriate when the place for notifications of the interested party is unknown or incorrect due to their fault. See\nthat the same article emphasizes in its first subsection that publication\ncannot normally substitute notification, and that in this case, publication would only be appropriate\nas long as the condition provided in subsection 2 is met, which corresponds\nto the lack of knowledge of the place or means of notifications, a situation that does not occur\nin the present case, given that it is an essential requirement for all\nservice operators, including ASADAS, to keep their means\nor place of notification updated in the ARESEP records, as provided by the\nPublic Services Regulatory Law No. 7593 and its regulation.\n\nThus,\nthe possibility of notifying the ASADAS by publication is an\nabsolutely exceptional act, and the reasons that the law\nexpressly establishes must exist, since a notification by publication in the Official\nNewspaper and based on reasons other than ignorance of the address,\nwould directly violate not only the legal norm previously cited but is\nsusceptible to affecting the due process recognized by the Constitutional Chamber\nwithin the framework of formal guarantees and due communication to the interested party\nof what was resolved by the ARESEP. Therefore, acting differently from what is provided by\nArticle 241 previously cited is to incur the materialization of Article 247\nof the same General Law of the Public Administration, which refers to the absolute or relative nullity of the communication.\n\nBased on\nthe foregoing, it can be concluded that notification constitutes a\nguarantee of due process of an instrumental nature, whose purpose is\nto ensure that the parties to the proceeding have full knowledge of what has been done and\ndecided therein, allowing them to exercise an adequate defense of their\nrights.\n\nIn relation to what was\nstated by the representative of the AyA regarding the duty to notify\nthe Asadas, the following is indicated, making it clear from the outset, that through the\nparticipation process held within the file, the Asadas\ncame forward, even presenting objections regarding the proposal\nsubmitted for consultation, which were duly analyzed and addressed in\nthe resolution under study. Having said this, we proceed to analyze what was stated by the\nrepresentative of the appellant:\n\nII.\nOF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ASADAS AND THE AYA IN ITS ROLE AS HOLDER (TITULAR) OF THE PUBLIC\nSERVICE.\n\nThe\nASADAS, as has been indicated, may be capable of providing a public\nservice but to do so they must comply with a series of requirements\nand that compliance and subsequent authorization (habilitación) do not empower them to operate\nfreely with minimal intervention regarding their structure and operation, as is\nthe case with other service providers that have obtained\nauthorization through a permit or concession for public service. In fact, as\nset out below, the authorization that the ASADAS have, granted by the\nAYA, presents similarities with a precarious nature permit (permiso de naturaleza en precario), which can\nbe revoked at any time by the granting Administration, when\nnon-compliance with the conditions of provision is determined or when it\nis not convenient or timely for the granted authorization to continue.\n\nIn\nfact, in order to be able to provide the public services of water and\nsanitation, the ASADAS are necessarily obligated to sign\na delegation agreement (convenio de delegación) with the AyA; they do not possess their own enabling title (título habilitante)\nand there is no express legal norm for them to do so directly and\nindependently, this as derived from the provisions of Articles\n2 subsection 14, 6, 8, 28 subsection b), 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37 subsection b), 99, and\n105, of the Regulation of ASADAS (Reglamento de las ASADAS), Decree No. 42582-S-MINAE.\n\nThe\nforegoing, because the provision of public services must be carried out\nby entities authorized by law, concession, or permit; being that in the case\nat hand, the entity authorized by law is the AyA[1],\nwhich is empowered to delegate this service to them, being the state entity\nresponsible for resolving everything related to the supply of drinking water\nand operating water systems, according to the provisions of Articles 1 and 2\nof its Constitutive Law No. 2726.\n\n1 In this regard, see the provisions of legal opinion\nC-236-2008 of July 7, 2008, of the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República):\n\"(...) the A y A, by means of an agreement signed for this purpose, prior favorable agreement of\nits Board of Directors, may delegate the administration, operation, maintenance, and\ndevelopment of communal water and/or sanitation systems, in favor\nof associations duly constituted and registered in accordance with the\nAssociations Law No. 218 of August 8, 1939, its amendments, and respective\nRegulation, Executive Decree No. 29496-J, published in La Gaceta No. 95 of May\n21, 2001.\"\n\nIt is worth\nnoting that regarding this authorization for the provision of the public\nservice of water supply and sanitation, which is\nmarked by a delegation of competencies (understood in a technical legal\nsense), the AyA retains, the ownership of the service, in addition to the\ncompetencies related to stewardship (rectoría)[2], and\nthe powers (rights and obligations[3],\npower-duty binomial) of oversight and rescue[4] in\nthe provision of the service rendered by the ASADAS.\n\n2 This stewardship, among other things, implies that the AyA must\ntake concrete actions aimed at solving water\nsupply problems in water systems administered by Asadas, as well as assume\ntheir administration when the right to life and health of people is at stake,\nas has been recognized by the Constitutional Chamber in its judgment No.\n2012-009687 of July 20, 2012, and currently in the Regulation of ASADAS\nin its Articles 31 subsection f., and Articles 82 to 97.\n\n3 With respect to the duties imposed by the regulations\nregarding direction, oversight, control, and monitoring of the actions of\nthe Asadas, see the provisions of Articles 28 subsections e), f), and k),\n31 subsection c), 35, 37 subsections f) and l), 47 subsection g), 49, 52 subsections b) and c), and 64\nsubsection c) of the Regulation of Communal Water and Sanitation System Administration Associations, Decree No. 42582-S-MINAE.\n\n4 In this sense, Article 95 of the Regulation of Asadas,\nDecree No. 42582-S-MINAE, establishes the Grounds for assuming the provision\nof services. The AyA will assume the provision of the services rendered by\nthe ASADAS, when any of the following grounds occur: a. The service\nis not provided in accordance with the basic principles of public\nservice provision, irregular situations persist in the operation of\nthe ASADAS, or the intervention processes established in the\npresent Regulation have been exhausted. b. In emergency situations of imminent need,\nthere is an affectation or possibility of affectation to the health of the population\nsupplied by the ASADA. c. The ASADA expresses its interest in the AyA assuming\nthe provision of the service due to a lack of required organizational capacity or\nothers that affect the provision of the service given under delegation by the AyA. d.\nThere exist duly justified reasons of opportunity and/or convenience, to\nguarantee the satisfaction of the public interest (...)\".\n\nAn\nexample of this particular relationship (AyA-ASADAS) is found in the\nexorbitant powers of public law granted to the institute over\nthe Asadas that would conflict with the habitual behavior of any association\ngoverned in its organization by private law.\n\nTo\nthis effect, Executive Decree No. 42582-S-MINAE, published in the Official\nDigital Newspaper La Gaceta No. 223, Scope No. 233 of Friday, September 4,\n2020 (Regulation of Asadas), empowers the AyA to assume\nby operation of law the administration and operation of the communal water systems\n-including all their assets-, when they do not provide the service\nadequately, without distinguishing whether the water system was built with public\nor communal funds, as it considers that the water systems are assets of the AyA and\nthat it delegates their operation through the Delegation Agreement.\n\nFrom\nthe provisions of the regulations governing the matter, we can highlight the\nfollowing powers of intervention of the AyA that make this relationship and\noperation of the Asadas a particular issue that distinguishes them from the operation of\nother organizations proper to private law. One would even be in\nthe presence of clauses exorbitant to common law, as discussed in\ndoctrine:\n\n-The\napproval of the delegation agreement by the AyA must exist for the\n\nASADAS\nto be able to provide the public service of drinking water and sanitation\n(Article 2 subsection g) Law No. 2726 and Article 28 subsection b) of the Regulation\nNo. 42582-SMINAE).\n\n-The\nAyA must carry out all activities proper to control, surveillance,\noversight, evaluation, standardization, sectoral planning of the\ndrinking water and wastewater sanitation services, and direction of the management\ncarried out by the ASADAS. (Article 3 of Regulation No. 42582-S-MINAE)\n\n-The\nformation of an ASADA into federations, leagues, or unions or confederations for\nthe proper functioning and improvement of the public service they offer must have\nthe approval of the AyA. Likewise, the Institute may order that\nASADAS be assumed, integrated, or merged (Article 37 subsection a) and m) of the Regulation\nNo. 42582S-MINAE). (Emphasis added).\n\n-It corresponds\nto the AyA to authorize the ASADAS to dispose of movable or immovable property, as well\nas to authorize them for indebtedness or loan guarantees (Articles 38\nsubsection k), 58, and 61 subsection e) of Regulation No. 42582-S-MINAE). (Emphasis added).\n\n-             \nThe AyA shall be the one to authorize the ASADAS for works of\nconstruction, expansion, and improvement of the water and\nsanitation systems. (Article 34 of Regulation No. 42582-S-MINAE). (Emphasis added).\n\n-             \nThe AyA may convene ordinary and extraordinary\ngeneral assembly of associates to discuss matters of removal and replacement of\nthe members of the Board of Directors and Fiscal. As well as being able to participate in\nthe assemblies of the ASADAS with a voice, but without a vote. (Article 37 subsection k) and l)\nof Regulation No. 42582-S-MINAE). (Emphasis added).\n\n-             \nIt corresponds to the AyA to request from the Department of Waters of\nMINAE the registration of flow rates (caudales) of the ASADAS. (Article 42 subsection a) of\nRegulation No. 42582-S-MINAE).\n\n-Also,\nthe AyA must oversee the provision of the service by the ASADAS, as well\nas advise them in the provision of said service. (Articles 28 subsections e),\nf) and k), 31 subsection c), 35, 37 subsections f) and l), 47 subsection g), 49, 52 subsections b)\nand c), 60, and 64 subsection c) of Regulation No. 42582-S-MINAE).\n\n-The\nAyA, according to the provisions of Article 37 subsection f. of the Regulation of Asadas,\nmust offer technical, administrative, legal, commercial, social, and\nenvironmental advice from the point of view of stewardship to the Asadas, giving them\nadequate guidance for the actions they must take. The recommendations\ngiven to the ASADAS in the advisory processes shall be of mandatory\ncompliance. (Emphasis added).\n\n-Within\nthe framework of the delegation, the AyA may intervene and assume by operation of law\nthe systems, complying with the procedures established in the present\nregulation (Article 31 subsection f., of the Regulation of Asadas).\n\n-The\nAyA may temporarily or permanently intervene in the provision of\ndrinking water supply and wastewater sanitation services that are being\nprovided by an ASADA or any illegal operator, with the\naim of normalizing situations that impede adequate functioning and\nmanagement of the public services, when any of the\nfollowing grounds concur:\n\na.           \nThat the special support process has not yielded\nthe expected results, prior reasoned act justifying such circumstance.\n\nb.           \nThat there is imminent risk to the health of the\npopulation supplied.\n\nc.           \nThat there is poor management of public funds.\n\nd.           \nThat there are irregular and/or illegal actions in its\nmanagement, committed by members of the Board of Directors, Fiscal Office, or representatives\nof the ASADA.\n\ne.           \nThat there are irregularities in the functioning of the\nASADA, where on repeated occasions the AyA has recommended actions for its\nsolution and the ASADA without justification has not complied.\n\nf.             \nThat the users file complaints questioning the conduct of the Board of Directors and the Oversight Office regarding decisions that benefit their own or private interests, or acts of corruption, to the detriment of service quality and the conservation of water resources, and that these have been assessed and verified by AyA, following due process.\n\ng.           \nFor reasons of opportunity and convenience in the provision of the service (.). (See Article 88 of the Regulation, Decreto N° 42582-S-MINAE).\n\n-AyA, as empowered by Article 93 of the ASADAS Regulation (Reglamento de Asadas), as part of the intervention processes, may carry out the following actions:\n\na.           \nAccess to information: The intervention body may have immediate access to the minute books of the Board of Directors and General Assemblies, the associates' book, accounting books (journal, ledger, and balance sheet), as well as any record or documentation related to the provision of services managed by the ASADAS. In the event of a refusal by the ASADA to comply with the provisions of the preceding paragraph, AyA may initiate the corresponding administrative proceeding to apply the sanctions established in Article 33 of the Associations Law (Ley de Asociaciones).\n\nb.           \nCalling of a General Assembly: In the event that the reason for the intervention is inadequate management by the Board of Directors of the ASADA, AyA, through the intervention body, may call an extraordinary general assembly for the election of a new Board of Directors, which shall take office immediately, even if its registration is being processed at the Associations Registry (Registro de Asociaciones) of the National Registry (Registro Nacional), subject to AyA's accompaniment until the respective registration of its legal standing (personería jurídica).\n\nc.           \nCalling of users and the community: If deemed pertinent, the intervention body may call the users and community members to inform them of the actions and the solution to be followed, which may be jointly constructed in a respectful and equitable manner.\n\nd.           \nOversight of the National Registry: When conditions so warrant, AyA may request the initiation of an oversight process before the Associations Registry of the National Registry, in its capacity as a third party with a legitimate interest (.).\"\n\nAyA, as empowered by Article 94 of Regulation N°42582-S-MINAE, may assume, by operation of law (de pleno derecho) and definitively, with all its assets, duties, and obligations, the provision of public services for the supply of potable water and sanitation of wastewater, regardless of the service provider, in accordance with Article 4 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) and numeral 2 of the Constitutive Law of AyA (Ley Constitutiva del AyA). The circumstances under which it may do so are regulated in Article 95 of that same regulation.  \n\n-ASADAS are not empowered to appear directly before the Regulatory Authority for Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) to request a tariff adjustment; rather, when the ASADAS require an adjustment in their tariffs, it is AyA that appears before the Regulatory Authority to request them, and not the ASADAS directly, because these, although considered operators of public services, cannot legally request their tariffs directly from the Regulatory Authority[5], since these must be previously approved by the Board of Directors of AyA by mandate of Article 3 of Law N.º 2726. At all times, AyA must always exercise and issue acts based on the provision of the service that the ASADAS provide, even having established deadlines for this purpose.\n\nFrom the foregoing, it follows that there is a close relationship between the ASADAS and AyA, which arises within the framework of the delegation and consequent authorization for the provision of the public aqueduct and sewerage service that the institute grants to the ASADA, so that it acts on behalf of the former, which retains ownership of the service and the inherent obligations of providing the service, assumes the provision of the public aqueduct and sewerage service in a specific territory and for a specific community.  \n\n5 See in this regard what is established in Article 64, subsections b, c, and e, of Decreto Ejecutivo N ° 42.582-SMINAE.\n\nIII.\nSCOPE OF THE DELEGATION BY AYA AND ITS ROLE AS OWNER OF THE SERVICE.\n\nDecreto N° 42582-S-MINAE establishes in its Article 31 the scope of the delegation in the provision of potable water and wastewater sanitation services by AyA to the ASADAS. Specifically, subsection f. of said article establishes that within the framework of the delegation, AyA may intervene and assume the systems by operation of law (de pleno derecho), complying with the procedures established in this regulation.\n\nThe Costa Rican Constitutional Chamber (Sala Constitucional), when analyzing the issue of the delegation of responsibility for administering an aqueduct and sewerage system by AyA to an ASADA, established that it is a \"(.) clear figure of a concession for the management of the public service, where -despite the silence of the law on this particular matter- it is undeniable that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) must retain, unavoidably, the powers of supervision and intervention necessary to guarantee the validity of the fundamental principles of public service, namely: continuity, efficiency, adaptation, and equality in the treatment of users (Article 4 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública)).\" (Judgment N°2006-01651 of sixteen hours and thirty-nine minutes on February fourteenth, two thousand six). \n\nThat is to say, AyA, as the owner of the service, retains, despite the delegation, all the obligations inherent to the provision of the service, to the point that it not only can but must assume, by operation of law (de pleno derecho), the systems that have been delegated when they are being operated irregularly, or when reasons of convenience, opportunity, and merit so establish, as also happens mutatis mutandis with the precarious permits granted by the Administration[6].\n \n6 Regarding the factual circumstances in which AyA has the power to assume the provision of the service, see Articles 94 and 95 of the ASADAS Regulation (Reglamento de Asadas), Decreto N° 42582-S-MINAE.\n\nIt is precisely this obligation, derived from holding ownership of the service, that implies that acts related to the provision of the aqueduct and sewerage service in systems that have been delegated must be formally notified to AyA as the party responsible for them, and as for the ASADAS, these may merely be communicated to them.\n\nIt must not be lost sight of that Article 90 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), in its subsection c), limits the power of delegation by prescribing that a total delegation cannot be made, nor can the essential competencies of the body that justify its existence be delegated.  \n\nFor these purposes, the provisions of the Constitutive Law of AyA (Ley Constitutiva del AyA) N° 2726, in its Article 2, subsection f), are of vital importance. According to this norm, AyA is responsible for harnessing, utilizing, governing, or monitoring, as applicable, all public domain waters essential for the due compliance with the provisions established in this law. Likewise, subsection g) states that it is responsible for Directly administering and operating the aqueduct and sewerage systems throughout the country, which shall be gradually assumed, taking into account convenience and availability of resources.  \n\nIt should be noted that an obligation derives from the preceding articles that at a certain moment, when conditions so permit, or when the law so mandates—as in cases of delegated aqueducts whose provision fails to comply with legal requirements—it is AyA who must provide the aqueduct and sewerage service throughout the country.  \n\nTherefore, as long as the law and regulations remain unchanged in this regard, AyA cannot validly use the delegation mechanism as a justification for not assuming the responsibilities arising from the ownership of the service that has been granted to it by the legislator.  \n\nAn interpretation to the contrary would imply that the applicable regulations are being circumvented, to the detriment not only of the service provision but also of the conditions that must prevail so that AyA can validly and under conditions of continuity, efficiency, and effectiveness, directly assume the provision of the service when the factual circumstances established in the regulations, and which have been extensively described in this report, are configured.\n\nSuch an action would imply, on the part of the Institute and the regulatory body itself, a violation of the principle of singular non-derogability of the norm established in numeral 13 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), and in turn, a violation by omission of the principle of legality, regarding the exercise of the regulatory powers established through Law 7593 by the legislator.  \n\nIt is worth noting in this regard that the delegator always retains the obligation to supervise the management of the delegatee and is jointly responsible with the latter for fault in supervision, in accordance with Article 91 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). This means that AyA has responsibility in the matter, and regarding compliance with the provisions established in the regulatory resolutions of the Regulatory Authority for Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), which are binding upon it.\n\nThus, what happens in the case of the ASADAS is merely that the owner (AyA) does not develop nor execute the regulated activity \"directly\" because it delegated it to a third party to do it on its behalf, but this does not enable it to detach itself from the fulfillment of the obligations that the ASADAS, to whom it delegated the provision of the service, must fulfill.\n\nThe foregoing takes on greater relevance when it is determined that the institute must, at any moment, assume the provision of the delegated service, for which it must clearly and precisely know the conditions under which it should be developing, as well as those under which it is effectively developing, given that, according to the provisions of the Constitutive Law, it is, in principle, the institute that is called upon to provide aqueduct and sewerage services throughout the country.\n\n            This cannot be otherwise, since Article 91 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) also establishes that the delegator (AyA) shall always have the obligation to supervise the management of the delegatee (ASADAS), and may even be jointly responsible for fault in the supervision of the latter, as described above.\n\n            IV.        REGARDING             THE        FORMAL NOTIFICATION\n           OF      THE             REGULATORY\nRESOLUTIONS ISSUED BY THE WATER SUPERINTENDENCY TO AYA AND THEIR COMMUNICATION TO\nTHE ASADAS\n\nFrom the development contained in the preceding sections, it is clear that in the case of the provision of the public aqueduct and sewerage service, by legal and regulatory mandate, AyA is the direct operator (prestador titular) of the public aqueduct and sewerage service throughout the national territory, while the ASADAS are merely \"indirect\" operators, which, without the aforementioned delegation and without the approval of the Agreement alluded to in subsection g) of Article 2 of Law N.º 2726 and Articles 2.14, 10, 32, and 35 of Decreto Ejecutivo N.º 42.582-S-MINAE, could not legally provide this public service.  \n\nFurthermore, it must be considered that even when complying with all the requirements of the cited law and regulation, the ASADAS cannot, under any circumstances, hold the status of \"owner\" of that public service nor directly request adjustments to their tariffs before the Regulatory Authority for Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) without prior approval from the Board of Directors of AyA.\n\nBy virtue of the foregoing, the resolutions issued by the Water Superintendency (Intendencia de Agua) that concern AyA and the ASADAS must be formally notified to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) and communicated to the ASADAS, so that they are informed of what the regulatory entity has resolved.  \n\nRegarding this matter, since AyA is the owner of the service, it is its responsibility to ensure, through its delegatees, compliance with the regulatory obligations and mandates established by the Regulatory Authority for Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos); to do otherwise would imply ignoring the regulation, limitations, and scope that the legislator and the Executive Branch itself have given to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), with respect to its obligation to provide the service throughout the country, as made clear in Article 2 of the Constitutive Law of AyA (Ley Constitutiva del AyA).\n\nIn this sense, it must not be lost sight of that the obligations and implications contained in the resolutions issued by the Regulatory Authority for Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), regarding the provision of the public aqueduct and sewerage service—which develop topics related to aspects that must be followed in the systems that have been delegated—are directed in the first instance to the owner of the service at the national level, and from there must permeate to the ASADAS, since it is AyA itself that must ensure compliance with these mandates as part of the fulfillment of its own obligations.\n\n            That is to say, the regulatory resolutions issued by the Regulatory Authority that correlate with both the direct and indirect provision by AyA of the aqueduct and sewerage service must be formally notified only to AyA, which does not preclude them from being forwarded (communicated) to the ASADAS as well; however, this second step does not imply a requirement for the effectiveness of the resolution as such.  \n\nThis is in compliance with the provisions of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) itself in its Articles 239 and 240, regarding the publication of acts of general scope and the notification of acts of particular or specific scope, which must be formally notified to the natural or legal person primarily obligated by the content of the resolution, which in this case, as has been demonstrated, is AyA as the owner of the service.  \n\nConsequently, according to what has been previously analyzed, it is clear that in the case of the contested resolution, whose content resolves on the matter of providing the aqueduct and sewerage service, rendered by AyA indirectly through delegation, it is the institute that must be formally notified, and not the ASADAS, as has been demonstrated; thus fulfilling the requirement of effectiveness of the notification to the owner of the service.\n\nTherefore, AyA's argument is not well-founded, and there is no evidence of a nullity in the proceeding in the terms set forth by the appellant in its appeal and petition. In the case under study, the interested parties had the opportunity to comment on and learn about the proposed plan and subsequently the resolution that was issued.  \n\n            V.         CONCLUSIONS\n\n1.          \nThe appeal for revocation filed against resolution RE-0005-IA-2023 is admissible.\n\n2.          \nAyA fails to specify precisely in which cases ARESEP allegedly makes undifferentiated use of the different appellations. Likewise, regarding this assertion, it must be noted that, as AyA itself also acknowledges in its appeal, its own constitutive law states that it is the owner of the service and also acknowledges that it has technical stewardship (rectoría técnica) in the provision of potable water and wastewater sanitation services.\n\nFrom this perspective provided by the appellant itself, it would not be an error to refer to it as steward, owner, or even operator of the service; rather, this would be nothing more than a consequence of the proper application of the legal system.  \n\n3.          \nThe contested resolution establishes a series of obligations for AyA, which are consistent with the obligations established for the institute in the ASADAS regulation, specifically cited therein, particularly the provisions of Articles 28, subsections e), f), and k), 31 subsection c), 35, 37 subsections f) and l), 47 subsection g), 49, 52 subsections b) and c), 60, and 64 subsection c) of Regulation N°42582-S-MINAE. Therefore, according to the provisions of numeral 33 of Law 7593, in the event that AyA fails to comply with the provisions of the contested resolution regarding its obligations as steward and delegating owner of the service, there is a possibility that this may negatively affect subsequent tariff petitions.\n\n4.          \nThere is a clear obligation established in the legal system, which is endorsed by the resolution itself, specifying the requirement to ensure compliance with full IFRS (NIFF) by the ASADAS. It must not be lost sight of that AyA, as the delegator, retains its responsibility regarding compliance with the rules related to the public service, overseeing the execution and provision of the service by the delegated party. The foregoing is in accordance with the provisions of numeral 91 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), according to which the delegator shall always have the obligation to supervise the management of the delegatee and may be jointly responsible with the latter for fault in supervision.\n\n5.          \nThe request for an extension of the deadlines established in the contested resolution for compliance with the requirements is reasonable. Therefore, it is considered appropriate and convenient to accept what AyA seeks and consequently modify the compliance deadlines established in resolution RE-0005-IA-2023.\n\n6.          \nThe proceeding that resulted in the issuance of resolution RE-0005IA-2023, which is contested here, contrary to what the appellant argued, was conducted in strict adherence to all procedural and substantive guarantees, including holding a public consultation stage so that all interested parties could express their views, in strict compliance with the provisions of Article 9 of the Political Constitution (Constitución Política). In this regard, through report IN- 0790- DGAU- 2022, the General Directorate of User Services (Dirección General de Atención al Usuario, DGAU) reported that as a result of the public consultation, nine oppositions and one joinder were admitted (folios 2067 to 2069).\n\n7.          \nConsequently, it is evident that the formalities of law were followed in the proceeding under study, and contrary to what the appellant stated, the citizen participation process was indeed carried out, both in the public consultation stage and in the analysis stage of the oppositions and positions presented. From this, there is no evidence of any defect that would generate an absolute nullity in the terms expressed by the representation of AyA.\n\n8.          \nAlthough the reasoning provided by the appellant's representation, that the established deadline contravenes Article 15 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), is not shared, nor is the label of unsuitable suggested by AyA, it is considered reasonable to support the appellant's request for an extension of the deadline for compliance with the provisions of the resolution contested here. For this reason, the analysis already provided in Point II of the appellant's arguments is reiterated. On the part of the Water Superintendency (Intendencia de Agua), in an effort to promote due compliance with the provisions of resolution RE-0005-IA-2023, and given the request made by the representation of AyA, it is considered convenient and opportune to extend the compliance deadlines for the requirements established in the contested resolution.\n\n9.          \nAyA, in its appeal, fails to clearly and precisely indicate which responsibilities or competencies ARESEP is \"attributing or transferring\" to it. Likewise, it must be pointed out that AyA retains its oversight powers regarding compliance with the regulatory provisions issued by ARESEP, concerning those to whom it delegates the provision of the service.\n\n10.      \nThe line of argument sustained by the institute's representation is built on the fact that since the ASADAS provide the service, its role regarding them is solely one of stewardship (rectoría), thereby circumventing all the obligations arising from the legal relationship that emerges between it and the ASADAS by virtue of the delegation carried out.\n\n11.      \nThe fact that the ASADAS receive the tariffs they charge for providing the service in no way implies a severance of the responsibilities that the institute has towards the ASADAS and their compliance with applicable legal and technical regulations. That is to say, economic independence does not imply the existence of a jurisdictional immunity for AyA regarding the actions of the ASADAS, or put another way, the existence of economic independence does not imply the non-application of what is established in numeral 91 of the LGAP, regarding the duties of the delegator towards the delegatee.\n\n12.      \nFrom the paragraph visible on folio 14 of the appeal, there is no evidence of a line of argument that implies the nullity or non-application of the resolution's content. Likewise, regarding the scopes and compliance obligations of the ASADAS and AyA, the resolution is clear as to what corresponds to each.\n\n13.      \nIn order to provide the public aqueduct and sewerage services, the ASADAS are necessarily obligated to sign a delegation agreement with AyA; they do not possess their own enabling title and there is no express legal norm that allows them to do so directly and independently, as derived from the provisions of Articles 2 subsection 14, 6, 8, 28 subsection b), 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37 subsection b), 99, and 105 of the ASADAS Regulation (Reglamento de las ASADAS), Decreto N.° 42582-S-MINAE.\n\n14.      \nIt is worth noting that regarding this authorization for the provision of the public service of supplying aqueduct and sewerage service, which is defined by a delegation of powers (understood in a technical legal sense), AyA retains the ownership of the service, in addition to the powers related to stewardship (rectoría)[7], and the powers (rights and obligations[8], binomial power-duty) of oversight and rescue (fiscalización y rescate)[9] in the provision of the service rendered by the ASADAS.\n\n7 This stewardship (rectoría), among other things, implies that AyA must carry out specific actions aimed at solving water supply problems in aqueducts managed by ASADAS, as well as assume their administration when the right to life and health of individuals is at stake, as recognized by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in its judgment N° 2012-009687 of July 20, 2012, and currently in the ASADAS Regulation in its Articles 31 subsection f., and Articles 82 through 97.\n\n8 Regarding the duties imposed by the regulations regarding direction, oversight, control, and follow-up of the actions of the ASADAS, see the provisions in Articles 28 subsections e), f) and k), 31 subsection c), 35, 37 subsections f) and l), 47 subsection g), 49, 52 subsections b) and c), and 64 subsection c) of the Regulation of the Associations Managing Communal Aqueduct and Sewer Systems (Reglamento de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales), Decreto N°42582-S-MINAE.\n\n9 In this sense, Article 95 of the ASADAS Regulation (Reglamento de Asadas), Decreto N° 42582-S-MINAE, establishes the grounds for assuming the provision of services. AyA shall assume the provision of services rendered by the ASADAS when any of the following grounds arise: a. The service is not provided in accordance with the basic principles of public service provision, irregular situations persist in the operation of the ASADAS, or the intervention processes established in this Regulation have been exhausted. b. In emergency situations and imminent need, there is an affectation or possibility of affectation to the health of the population supplied by the ASADA. c. The ASADA expresses its interest in having AyA assume the provision of the service due to the lack of required organizational capacity or other issues affecting the provision of the delegated service given by AyA. d. There exist duly justified reasons of opportunity and/or convenience to guarantee the satisfaction of the public interest (.)\".\n\n15.      \nDecreto Ejecutivo N° 42582-S-MINAE, published in the Official Gazette La Gaceta Digital N°223, Scope N°233 of Friday, September 4, 2020 (ASADAS Regulation (Reglamento de Asadas)), empowers AyA to assume, by operation of law (de pleno derecho), the administration and operation of the communal aqueducts—including all their assets—when these do not provide the service adequately, without making any distinction as to whether the aqueduct was built with public or community funds, since it deems that the aqueducts are the property of AyA and that it delegates their operation through the Delegation Agreement (Convenio de delegación).\n\n16.      \nASADAS are not empowered to appear directly before the Regulatory Authority for Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) to request a tariff adjustment; rather, when the ASADAS require an adjustment in their tariffs, it is AyA that appears before the Regulatory Authority to request them, and not the ASADAS directly, because these, although considered operators of public services, cannot legally request their tariffs directly from the Regulatory Authority[10], since these must be previously approved by the Board of Directors of AyA by mandate of Article 3 of Law N.º 2726. At all times, AyA must always exercise and issue acts based on the provision of the service that the ASADAS provide, even having established deadlines for this purpose.\n\n10 See in this regard what is established in Article 64, subsections b, c, and e, of Decreto Ejecutivo N ° 42.582-SMINAE.\n\n17.      \nThe Costa Rican Constitutional Chamber (Sala Constitucional), when analyzing the issue of the delegation of responsibility for administering an aqueduct and sewerage system by AyA to an ASADA, established that it is a \"(.) clear figure of a concession for the management of the public service, where -despite the silence of the law on this particular matter- it is undeniable that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) must retain, unavoidably, the powers of supervision and intervention necessary to guarantee the validity of the fundamental principles of public service, namely: continuity, efficiency, adaptation, and equality in the treatment of users (Article 4 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública)).\" (Judgment N°2006-01651 of sixteen hours and thirty-nine minutes on February fourteenth, two thousand six).\n\n18.      \nAyA, as the owner of the service, retains, despite the delegation, all the obligations inherent to the provision of the service, to the point that it not only can but must assume, by operation of law (de pleno derecho), the systems that have been delegated when they are being operated irregularly, or when reasons of convenience, opportunity, and merit so establish, as also happens mutatis mutandis with the precarious permits granted by the Administration[11]. This obligation, derived from holding ownership of the service, is what implies that acts related to the provision of the aqueduct and sewerage service in systems that have been delegated must be formally notified to AyA as the party responsible for them, and as for the ASADAS, these may merely be communicated to them (which does not imply a requirement of effectiveness regarding this communication).\n\n11 Regarding the factual circumstances in which AyA has the power to assume the provision of the service, see Articles 94 and 95 of the ASADAS Regulation (Reglamento de Asadas), Decreto N° 42582-S-MINAE.\n\n19.      \nArticle 90 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), in its subsection c), limits the power of delegation by prescribing that a total delegation cannot be made, nor can the essential competencies of the body that justify its existence be delegated.\n\n20.      \nThe delegator always retains the obligation to supervise the management of the delegatee and is jointly responsible with the latter for fault in supervision, in accordance with Article 91 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). This means that AyA has responsibility in the matter, and regarding compliance with the provisions established in the regulatory resolutions of the Regulatory Authority for Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), which are binding upon it.\n\n21.      \nEven when complying with all the requirements of the cited law and regulation, the ASADAS cannot, under any circumstances, hold the status of \"owner\" of that public service nor directly request adjustments to their tariffs before the Regulatory Authority for Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) without prior approval from the Board of Directors of AyA.\n\n22.      \nAyA, as the owner of the service, is the one responsible for ensuring, through its delegatees, compliance with the regulatory obligations and mandates established by the Regulatory Authority for Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos); to do otherwise would imply ignoring the regulation, limitations, and scope that the legislator and the Executive Branch itself have given to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), with respect to its obligation to provide the service throughout the country, as made clear in Article 2 of the Constitutive Law of AyA (Ley Constitutiva del AyA).\n\n23.\nThe obligations and implications contained in the resolutions issued by the Regulatory Authority for Public Services (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), regarding the provision of the public water supply and sanitation service (acueductos y alcantarillado), which develop issues related to aspects that must be followed in the systems that have been delegated, are directed in the first instance to the national service holder (titular del servicio), and from there they must filter down to the Asadas, since the party responsible for ensuring compliance with these mandates as part of fulfilling its own obligations is AyA itself.\n\n24.\nThe regulatory resolutions issued by the Regulatory Authority (Autoridad Reguladora) that correlate with both AyA's direct and indirect provision of the water supply and sanitation service (acueductos y alcantarillado) must be formally notified only to AyA, which does not preclude them from also being forwarded (communicated) to the Asadas; however, this second step would not imply a requirement for the effectiveness of the resolution as such. This is in compliance with the provisions of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública) itself in its articles 239 and 240 regarding the publication of acts of general scope and the notification of acts of particular or specific scope, which must be notified to the natural or legal person primarily bound by the content of the resolution, which in this case, as has been demonstrated, is AyA as the service holder (titular del servicio).\n\n(.)\".\n\nII. In accordance with what is indicated in the preceding resultandos and considerandos and on the merits of the case record, the appropriate course of action in the case under study is to partially grant the appeal for revocation (recurso de revocatoria), filed by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Alcantarillados, AyA), against resolution RE-005-IA-2023, solely regarding the extension of the deadlines set forth in that resolution, and consequently modify the deadlines according to what is established in the referenced report; as is hereby ordered.\n\nTHEREFORE (POR TANTO)\n\nBased on the powers conferred in Law No. 7593 (Ley N°7593) and its amendments, in the General Public Administration Law No. 6227 (Ley General de la Administración Pública N°6227), in Executive Decree No. 29732-MP (Decreto Ejecutivo N°29732-MP), which is the Regulation to Law No. 7593 (Reglamento a la Ley N°7593), and in the Internal Regulation of Organization and Functions of the Regulatory Authority for Public Services and its Deconcentrated Body (Reglamento Interno de Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su Órgano Desconcentrado).\n\nThe WATER INTENDANT (INTENDENTE DE AGUA)\n\nRESOLVES (RESUELVE):\n\nI.\nPartially grant the appeal for revocation (recurso de revocatoria) filed by the representation of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), solely regarding the request for extension of the compliance deadlines established in resolution RE-0005-IA-2023.\n\nII.\nEstablish the following as the new compliance deadlines:\n\n| POR TANTO NUMBER | ORIGINAL DEADLINE | NEW DEADLINE | OBSERVATIONS |\n| --- | --- | --- | --- |\n| 4 | 24 months | 36 months | Refers to the deadline granted for the selected ASADAS to prepare and submit to the Regulatory Authority (Autoridad Reguladora) their financial statements based on full IFRS (NIIF plenas), after the publication of the resolution. |\n| 5 | Quarterly | Semiannual | Corresponds to the frequency of submission by AyA of the progress reports on the implementation of full IFRS (NIIF plenas) in the ASADAS. |\n| 6 | 24 months | 42 months | Corresponds to the deadline granted, from the publication of the resolution, for those ASADAS that currently do not prepare their financial statements based on full IFRS (NIIF plenas) to submit the first homologation. |\n| 8 and 9 | 6 months | 12 months | Refers to the deadline granted for the ASADAS, after the first homologation, to separate the items of the Statement of Financial Position (Balance de Situación) by stages of the value chain of the respective service and submit the requested income statements (ingresadores solicitados). |\n\n| POR TANTO NUMBER | ORIGINAL DEADLINE | NEW DEADLINE | OBSERVATIONS |\n| --- | --- | --- | --- |\n| 8 | 12 months | 18 months | Corresponds to the deadline granted, from the publication of the resolution, for those ASADAS that currently prepare their financial statements based on full IFRS (NIIF plenas) to separate, by stages of the value chain of the respective service, the following items: a. Property, plant and equipment. b. Construction in progress. d. Documents payable. e. Cash equivalents and temporary investments that form part of resource reserves to be used for the acquisition or construction of productive assets (Property, plant and equipment). f. Any other item of the Statement of Financial Position (Balance de situación) that can be separated by stages of the value chain and that does not require a \"driver\" or proration methodology to do so. |\n| 8 | 30 months | 54 months | Corresponds to the deadline granted, from the publication of the resolution, for those ASADAS that currently do not prepare their financial statements based on full IFRS (NIIF plenas) to separate, by stages of the value chain of the respective service, the following items: a. Property, plant and equipment. b. Construction in progress. d. Documents payable. e. Cash equivalents and temporary investments that form part of resource reserves to be used for the acquisition or construction of productive assets (Property, plant and equipment). f. Any other item of the Statement of Financial Position (Balance de situación) that can be separated by stages of the value chain and that does not require a \"driver\" or proration methodology to do so. |\n| 10 and 11 | 8 months | 12 months | Refers to the deadline granted for the ASADAS, after the first homologation, to separate the items of the Income Statement (Estado de Resultados) by stages of the value chain of the respective service and submit the requested income statements (ingresadores solicitados). |\n\n| POR TANTO NUMBER | ORIGINAL DEADLINE | NEW DEADLINE | OBSERVATIONS |\n| --- | --- | --- | --- |\n| 10 | 18 months | 30 months | Refers to the deadline granted, after the publication of the resolution, for the ASADAS that currently prepare their financial statements based on complete IFRS (NIIF completas) to separate, by stages of the value chain, all respective items and sub-items of operating, maintenance, administration, quality, and commercial expenses and submit the requested income statements (ingresadores solicitados). |\n| 10 | 38 months | 66 months | Refers to the deadline granted, after the publication of the resolution, for the ASADAS that currently do not prepare their financial statements based on complete IFRS (NIIF completas) to separate, by stages of the value chain, all respective items and sub-items of operating, maintenance, administration, quality, and commercial expenses and submit the requested income statements (ingresadores solicitados). |\n\nIII.\nNote that by means of resolution RE-0007-IA-2023 of May 4, 2023, issued by the Water Intendancy (Intendencia de Agua), it was resolved: \"(.) I. Declare that in resolution RE-0005-IA-2023, of April 17, 2023, there are two material errors that must be corrected, since instead of recording the content related to report IN-019-IA-2023, of April 17, which served as the basis for issuing that resolution as recorded on folio 2907, it was erroneously recorded that it was resolved to inform \"(.) that the list of ASADAS with which the first stage of the implementation of regulatory accounting will begin is contained in Annex No. 4 (Anexo N° 4) of Report XXX, which served as the basis for issuing this resolution,\" a situation which, together with the yellow highlighting that appears in that same section, must be corrected. II. Correct the material errors identified in the preceding paragraph, so that the second paragraph of the operative part of resolution RE-0005-IA-2023, of April 17, 2023, reads correctly as follows: \"2. Inform that the list of the ASADAS with which the first stage of the implementation of regulatory accounting will begin is contained in Annex No. 4 (Anexo N°4) of report IN-0019-IA-2023, which served as the basis for issuing this resolution,\" removing the yellow highlighting at the same time. III. Notify the parties of this resolution. IV. Publish resolution RE-005-IA-2023 of April 17, 2023, duly corrected based on what is established in this resolution. (.)\".\n\nIV.\nDeclare the appeal for revocation (recurso de revocatoria) filed by the representation of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Alcantarillados) without merit in all other requested aspects, thus confirming the appealed resolution regarding these points.\n\nV.\nDeclare that there is no defect to be remedied regarding the notification of the Asadas of resolution RE-0005-IA-2023.\n\nVI.\nReject the claim of absolute nullity of the proceeding filed by the representation of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), since, as analyzed supra, there is no defect regarding compliance with what is established in por tanto IV of resolution RE-0016-JD-2023 of January 12, 2023.\n\nVII.\nRefer the subsidiary appeal (recurso de apelación en subsidio) to the Board of Directors (Junta Directiva) and warn the appellant that it has three business days, starting from the day following the notification of this resolution, to assert its rights before said appellate body (órgano de alzada).\n\nVIII.\nNotify this resolution.\n\nThe parties are informed that no appeal is admissible against this resolution in accordance with the provisions of articles 343 and 345.1 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública)."
}