{ "id": "pgr-10426", "citation": "OJ-096-2000", "section": "pgr_opinions", "doc_type": "legal_opinion", "title_es": "Reforma parcial al Reglamento de la Zona Marítimo Terrestre — opinión sobre proyecto de decreto", "title_en": "Partial reform of the Maritime Terrestrial Zone Regulation — opinion on draft decree", "summary_es": "La Procuraduría General de la República emite una opinión jurídica no vinculante sobre un proyecto de decreto que reforma parcialmente el Reglamento de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Decreto 7841-P). El proyecto busca armonizar el reglamento con la Ley 6043. La Procuraduría analiza artículo por artículo las modificaciones propuestas. Avala varios cambios, como la exigencia de declaratoria de aptitud turística o no turística como requisito previo para cualquier concesión; la prohibición de autorizar obras estables sin plan regulador costero aprobado y concesión inscrita; y mejoras en notificaciones por fax, plazos y firmas de resoluciones de trámite. Sin embargo, objeta y recomienda mantener: el último párrafo del artículo 20 sobre cesiones para uso público según la Ley de Planificación Urbana; el artículo 17 sobre la jerarquía entre planes nacionales, generales y reguladores; y los topes de frentes y áreas para lotes en zonas turísticas del artículo 65, cuya supresión dejaría esos parámetros al arbitrio subjetivo. También propone correcciones de redacción, plazos y procedimientos en los artículos 15, 20, 27, 31, 32, 42, 43, 46, 84 y en la introducción del proyecto. Advierte que el artículo 46 vigente (según reforma de 1997) contraviene la Ley 6043 al exigir autorización previa del ICT o IDA en vez de aprobación posterior, y recuerda la necesidad de reformar el artículo 36 para suprimir la referencia a servidumbres aparentes en dominio público.", "summary_en": "The Office of the Attorney General issues a non-binding legal opinion on a draft decree that partially reforms the Regulation to the Maritime Terrestrial Zone Law (Decree 7841-P). The project aims to align the regulation with Law 6043. The PGR analyzes the proposed amendments article by article. It endorses several changes, such as requiring a declaration of touristic or non-touristic aptitude as a prerequisite for any concession; prohibiting the authorization of permanent works without an approved coastal regulatory plan and registered concession; and improvements in fax notifications, deadlines, and signatures on procedural resolutions. However, it objects and recommends maintaining: the last paragraph of Article 20 regarding public use dedications under the Urban Planning Law; Article 17 on the hierarchy among national, general, and regulatory plans; and the frontage and area limits for lots in tourist zones under Article 65, whose removal would leave those parameters to subjective discretion. It also suggests drafting corrections, deadlines, and procedural adjustments in Articles 15, 20, 27, 31, 32, 42, 43, 46, 84, and in the project’s preamble. It warns that the current Article 46 (as amended in 1997) violates Law 6043 by requiring prior authorization from ICT or IDA instead of subsequent approval, and reiterates the need to amend Article 36 to remove the reference to apparent easements on public domain.", "court_or_agency": "", "date": "06/09/2000", "year": "2000", "topic_ids": [ "property-and-titling" ], "primary_topic_id": null, "es_concept_hints": [ "zona marítimo terrestre", "plan regulador costero", "aptitud turística", "ICT", "IDA", "concesión", "patrimonio natural del Estado", "Procurador Ambiental" ], "concept_anchors": [ { "article": "sobre Zona Marítimo Terrestre", "law": "Ley 6043" }, { "article": "Reglamento a la Ley 6043", "law": "Decreto 7841-P" }, { "article": "Arts. 2, 3, 4, 34 y 35", "law": "Ley 6043" } ], "keywords_es": [ "zona marítimo terrestre", "Ley 6043", "Decreto 7841-P", "Procuraduría General de la República", "concesión", "plan regulador costero", "declaratoria de aptitud turística", "ICT", "IDA", "patrimonio natural del Estado", "recursos costeros", "Procurador Ambiental", "opinión jurídica", "reforma reglamentaria" ], "keywords_en": [ "maritime terrestrial zone", "Law 6043", "Decree 7841-P", "Attorney General's Office", "concession", "coastal regulatory plan", "declaration of touristic aptitude", "Costa Rican Tourism Board", "Institute of Agrarian Development", "natural heritage of the State", "coastal resources", "Environmental Prosecutor", "legal opinion", "regulatory reform" ], "excerpt_es": "II.- PROYECTO DE REFORMA PARCIAL AL DECRETO N° 7841-P, REGLAMENTO A LA LEY 6043\nEl proyecto, sobre la base de la potestad reglamentaria y con fundamento en varias Leyes, tiende a lograr una regulación clara y consecuente con la protección que requiere la zona marítimo terrestre, acogiendo –se dice- varios pronunciamientos de la Procuraduría que aconsejan \"modificar el reglamento vigente de la zona marítimo-terrestre, en la medida en que se aparte del sentido de la Ley 6043\". En este punto conviene concretar las disposiciones de las distintas Leyes citadas que se desarrollan, pues sólo se hace con la Ley General de la Administración Pública. Además, han de detallarse los pronunciamientos de la Procuraduría que se mencionan e indicar los artículos que sugieren reformar. Esto por cuanto la redacción del segundo considerando es vaga al respecto y da a entender que \"varios pronunciamientos de la Procuraduría\" han recomendado reformar los once artículos que se modifican, lo que no se ajusta a la verdad.\n\nIII.- REFORMAS PROPUESTAS\nLos artículos a modificar son: 15, 20, 27, 31, 32, 43, 46, 54, 55 y 84 del Reglamento a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre. De su lectura se aprecia que la reforma se orienta esencialmente a subsanar cuestiones formales, para conciliar ambas normativas, más que a la efectiva protección de los recursos costeros y del medio ambiente, del que es parte, en el trámite, otorgamiento y ejecución de autorizaciones y concesiones, por ejemplo. Veamos.\n\nESPECIFICACIONES DE LOTES\nEl Proyecto (artículo 65) mantiene para las construcciones en la zona marítimo terrestre retiros laterales y frontales no menores de tres metros, sujetando las demás especificaciones técnicas al Plan Regulador. Desaparecen así los mínimos y máximos de frentes y áreas que fija el texto en vigor para lotes o parcelas en zonas declaradas turísticas destinados a uso habitacional, fines de esparcimiento, descanso, vacaciones y uso comercial. La nueva regulación abre la posibilidad de aumentar la densidad, cobertura y áreas aprovechables de los lotes para tales usos e incluso cualquier otro. En adelante ya no tendrán topes. Esta reforma no se comparte, por varias razones. Primero, porque no se justifica técnicamente la supresión de las actuales especificaciones técnicas, que operan como prerrequisitos uniformes en todo el país, a los que ha de supeditarse el Plan Regulador. Segundo: a nivel nacional no garantiza el principio de igualdad en los desarrollos con dichos usos (habitacional, comercial, etc). Tercero, La planificación de esos aspectos quedaría librada a la discreción de los inversionistas, planificadores y funcionarios, con el consiguiente subjetivismo que conlleva en la elaboración y aprobación de los Planes Reguladores, por la diversidad de criterios e interpretaciones individuales que puede presentarse, y el eventual surgimiento de discordias y atrasos. Cuarto, propicia la alta densidad y cobertura en áreas que por su cercanía al mar son frágiles ambientalmente y sujetas a gran dinámica. Quinto, permite la excesiva concentración de terrenos en pocas manos o lotes de muy pequeñas dimensiones, contrarias al principio de utilización racional y distribución equitativa de los recursos, a más de las posibles repercusiones negativas al medio ambiente y calidad de vida.", "excerpt_en": "II. DRAFT OF PARTIAL REFORM TO DECREE No. 7841-P, REGULATION TO LAW 6043\nThe draft, based on regulatory authority and grounded on several laws, aims to achieve a clear regulation consistent with the protection required by the maritime-terrestrial zone, embracing – it is said – several pronouncements by the Attorney General’s Office advising “to amend the current regulation of the maritime-terrestrial zone, insofar as it departs from the meaning of Law 6043.” At this point it is advisable to specify the provisions of the various cited laws that are being developed, since only the General Public Administration Law is mentioned. In addition, the PGR pronouncements referred to must be detailed and the articles they suggest amending indicated. This is because the wording of the second whereas clause is vague and suggests that “several pronouncements by the PGR” have recommended amending the eleven articles being modified, which is not true.\n\nIII. PROPOSED REFORMS\nThe articles to be amended are: 15, 20, 27, 31, 32, 43, 46, 54, 55 and 84 of the Regulation to the Maritime Terrestrial Zone Law. From reading them, it is observed that the reform is essentially aimed at correcting formal issues, to reconcile both sets of norms, rather than at the effective protection of coastal resources and the environment, of which it is part, in the processing, granting and execution of authorizations and concessions, for example. Let us see.\n\nLOT SPECIFICATIONS\nThe Draft (Article 65) maintains for constructions in the maritime terrestrial zone lateral and frontal setbacks of no less than three meters, subjecting all other technical specifications to the Regulatory Plan. Thus, the minimum and maximum frontages and areas that the current text establishes for lots or parcels in zones declared touristic, destined for residential use, recreation, rest, vacations and commercial use, disappear. The new regulation opens the possibility of increasing the density, coverage and usable areas of lots for such uses and even any other. Henceforth they will no longer have limits. This reform is not shared for several reasons. First, because the elimination of the current technical specifications, which operate as uniform prerequisites throughout the country and to which the Regulatory Plan must be subordinated, is not technically justified. Second: at the national level it does not guarantee the principle of equality in developments with those uses (residential, commercial, etc.). Third, the planning of these aspects would be left to the discretion of investors, planners and officials, with the consequent subjectivism in the preparation and approval of Regulatory Plans, due to the diversity of criteria and individual interpretations that may arise, and the possible emergence of disputes and delays. Fourth, it fosters high density and coverage in areas that, due to their proximity to the sea, are environmentally fragile and subject to great dynamics. Fifth, it allows excessive concentration of land in few hands or lots of very small dimensions, contrary to the principle of rational use and equitable distribution of resources, in addition to the potential negative impacts on the environment and quality of life.", "outcome": { "label_en": "Interpretive opinion", "label_es": "Dictamen interpretativo", "summary_en": "The PGR deems the reform draft positive in its general approach but recommends maintaining Articles 17, the last paragraph of 20, and the lot limits of Article 65, and suggests corrections to Articles 15, 20, 27, 31, 32, 42, 43, 46, 84 and the draft's introduction, also recalling the need to amend Article 36 on apparent easements.", "summary_es": "La Procuraduría considera que el proyecto de reforma es positivo en su orientación general pero recomienda mantener los artículos 17, 20 último párrafo y los topes de lotes del artículo 65, y sugiere correcciones en los artículos 15, 20, 27, 31, 32, 42, 43, 46, 84 y en la introducción del proyecto, además de recordar la necesidad de reformar el artículo 36 sobre servidumbres aparentes." }, "pull_quotes": [ { "context": "Artículo 15", "quote_en": "The proposed reform is aimed at correcting those defects and is positive insofar as it eliminates the possibility of granting concessions without a declaration of touristic or non-touristic aptitude, and prohibits Municipalities from authorizing construction, reconstruction or remodeling works without an approved coastal regulatory plan and registered concession contract.", "quote_es": "La reforma propuesta tiene la orientación de corregir esos defectos y es positiva en tanto suprime la posibilidad de otorgar concesiones sin declaratoria de aptitud turística y no turística, y prohibe a las Municipalidades autorizar obras de construcción, reconstrucción o remodelación prescindiendo de la aprobación de plan regulador costero y contrato de concesión inscrito." }, { "context": "Artículo 17", "quote_en": "The repeal of that article is not recommended because it is the one that expressly establishes the figure of the Regulatory Plan as the immediate instrument for implementing coastal territorial planning, based on generic guidelines from Law 6043 and the Urban Planning Law. The repeal is also not reasonable. Comprehensive development entails complementarity between the General Plan and the National Plans, which encompass the analysis of planning by combining a greater number of factors or variables, priorities, etc., and establish the broad directives or guides for preparing the Regulatory Plan.", "quote_es": "La derogatoria de ese artículo no se recomienda porque es el que establece en forma expresa la figura del Plan Regulador como instrumento inmediato de concreción del ordenamiento territorial costero, sustentado en pautas genéricas de la Ley 6043 y en la Ley de Planificación Urbana. La derogatoria tampoco es razonable. El desarrollo integral conlleva la complementariedad entre el Plan General y los Planes Nacionales, que engloban el análisis de la planificación conjuntando mayor cantidad de factores o variables, prioridades, etc., y fijan las grandes directrices o guías para elaborar el Plan Regulador." }, { "context": "Artículo 65", "quote_en": "This reform is not shared for several reasons. First, because the elimination of the current technical specifications, which operate as uniform prerequisites throughout the country and to which the Regulatory Plan must be subordinated, is not technically justified. [...] Fourth, it fosters high density and coverage in areas that, due to their proximity to the sea, are environmentally fragile and subject to great dynamics. Fifth, it allows excessive concentration of land in few hands or lots of very small dimensions, contrary to the principle of rational use and equitable distribution of resources, in addition to the potential negative impacts on the environment and quality of life.", "quote_es": "Esta reforma no se comparte, por varias razones. Primero, porque no se justifica técnicamente la supresión de las actuales especificaciones técnicas, que operan como prerrequisitos uniformes en todo el país, a los que ha de supeditarse el Plan Regulador. [...] Cuarto, propicia la alta densidad y cobertura en áreas que por su cercanía al mar son frágiles ambientalmente y sujetas a gran dinámica. Quinto, permite la excesiva concentración de terrenos en pocas manos o lotes de muy pequeñas dimensiones, contrarias al principio de utilización racional y distribución equitativa de los recursos, a más de las posibles repercusiones negativas al medio ambiente y calidad de vida." }, { "context": "Artículo 31", "quote_en": "it is suggested to add that fax notification shall be verified by means of the transmission report provided by the fax, which shall be attached to the file. And that resolutions shall be deemed notified on the business day following that on which the transmission was made.", "quote_es": "se recomienda adicionar que la notificación por fax se comprobará por medio del registro de transmisión que provee el fax, el cual se adjuntará al expediente. Y que las resoluciones se tendrán por notificadas el día hábil siguiente a aquél en que se hizo la transmisión." } ], "cites": [], "cited_by": [], "references": { "internal": [ { "target_id": "norm-32006", "kind": "concept_anchor", "label": "Ley 6043 sobre Zona Marítimo Terrestre" }, { "target_id": "norm-18579", "kind": "concept_anchor", "label": "Decreto 7841-P Reglamento a la Ley 6043" } ], "external": [] }, "source_url": "https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param6=1&nDictamen=10426&strTipM=T", "tier": 2, "_editorial_citation_count": 0, "regulations_by_article": null, "amendments_by_article": null, "dictamen_by_article": null, "concordancias_by_article": null, "afectaciones_by_article": null, "resoluciones_by_article": null, "cited_by_votos": [], "cited_norms": [], "cited_norms_inverted": [], "sentencias_relacionadas": [], "temas_y_subtemas": [], "cascade_only": false, "amendment_count": 0, "body_es_text": "Opinión Jurídica : 096 - J   del 06/09/2000   \n\n\nOJ-096-2000\nSan José, 6 de setiembre del 2000\n\n \n\nSeñores\nF. Tomás Dueñas Leiva\nMinistro de Comercio Exterior\nWalter Nihaus\nMinistro de Turismo\n\n \n\nEstimados señores Ministros: Con aprobación del señor Procurador General de la República, doy\nrespuesta a su Oficio DM-735-00 del 2000, en el cual manifiestan que bajo la idea del Gobierno de la\nRepública de analizar la normativa y proponer mejoras que garanticen la protección de los bienes\njurídicos y favorezcan la transparencia en los procedimientos administrativos, se ha elaborado un\nproyecto de reforma parcial al Reglamento a la Ley sobre zona marítimo terrestre, Decreto N° 7841-P,\ndel que solicita nuestro parecer. El proyecto tiene por objeto compaginar el Reglamento con el\nverdadero sentido de la Ley 6043, necesidad que se afirma ha sido puesta de relieve en diversos\npronunciamientos de la Procuraduría. Integra un bloque de reformas con dos proyectos más: un\nReglamento de trámite de visado de planos para la construcción en la Zona Marítimo Terrestre y un\nReglamento para el amojonamiento y demarcatoria de la misma, también sometidos a nuestro\nconocimiento y que se contestarán por separado, en razón de la disparidad y amplitud de temas que\nenvuelven. I.- ALCANCE DE ESTE PRONUNCIAMIENTO Como se anotó en nuestro Oficio O. J.-062-2000, de 9\nde junio, al contestar el Proyecto de Decreto para la revisión y aprobación de planes reguladores y\nplanes maestros en la zona marítimo-terrestre, por tratarse de actos inherentes de la Administración\nactiva, insustituibles por esta Institución a través de un dictamen de acatamiento obligatorio, el\ncriterio en torno al proyecto consultado se emite con carácter de opinión jurídica –tal y como se\nsolicita-, no vinculante, en afán de colaborar con el Poder Ejecutivo en el desempeño de sus\nfunciones. II.- PROYECTO DE REFORMA PARCIAL AL DECRETO N° 7841-P, REGLAMENTO A LA LEY 6043 El\nproyecto, sobre la base de la potestad reglamentaria y con fundamento en varias Leyes, tiende a\nlograr una regulación clara y consecuente con la protección que requiere la zona marítimo terrestre,\nacogiendo –se dice- varios pronunciamientos de la Procuraduría que aconsejan \"modificar el\nreglamento vigente de la zona marítimo-terrestre, en la medida en que se aparte del sentido de la\nLey 6043\". En este punto conviene concretar las disposiciones de las distintas Leyes citadas que se\ndesarrollan, pues sólo se hace con la Ley General de la Administración Pública. Además, han de\ndetallarse los pronunciamientos de la Procuraduría que se mencionan e indicar los artículos que\nsugieren reformar. Esto por cuanto la redacción del segundo considerando es vaga al respecto y da a\nentender que \"varios pronunciamientos de la Procuraduría\" han recomendado reformar los once\nartículos que se modifican, lo que no se ajusta a la verdad. Asimismo debe corregirse el\ncalificativo de \"administrador y vigilante\" que se le atribuye a la Procuraduría en la zona marítimo\nterrestre, en virtud de que la administración compete a las municipalidades de las respectivas\njurisdicciones y la superior y general de todo lo referente a la zona marítimo terrestre está a\ncargo del Instituto Costarricense de Turismo, con cuya función tiende a confundirse. Lo que ejerce\nla Procuraduría es un control jurídico para el debido cumplimiento de las disposiciones de la Ley\n6043 (arts. 2°, 3°, 4°, 34 y 35). III.- REFORMAS PROPUESTAS Los artículos a modificar son: 15, 20,\n27, 31, 32, 43, 46, 54, 55 y 84 del Reglamento a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre. De su lectura\nse aprecia que la reforma se orienta esencialmente a subsanar cuestiones formales, para conciliar\nambas normativas, más que a la efectiva protección de los recursos costeros y del medio ambiente,\ndel que es parte, en el trámite, otorgamiento y ejecución de autorizaciones y concesiones, por\nejemplo. Veamos. REQUISITO DE DECLARATORIA DE APTITUD TURÍSTICA O NO TURÍSTICA PARA APROBAR OBRAS Y\nCONCESIONES La modificación del artículo 15 es acertada. La interpretación -en sentido contrario-\ndel texto actual parece fomentar a priori dos erróneos criterios. El primero es que pueden aprobarse\nobras de construcción, reconstrucción o remodelación en la zona marítimo terrestre al sobrevenir,\nsin más, la declaratoria de aptitud turística o no turística por el ICT. Redacción que si bien sigue\nla imperfecta literalidad de los artículos 19 y 35, párrafo 2°, de la Ley, es equívoca, ya que ese\ntipo de obras, bajo una interpretación armónica de la Ley y su Reglamento, sólo pueden tener lugar\nal amparo de una concesión debidamente aprobada e inscrita en el Registro de Concesiones, cumpliendo\ntodos los requisitos y trámites exigidos. El segundo aspecto, que distorsiona los objetivos de la\nplanificación, contradice otros preceptos legales y puede generar conflictos innecesarios en torno a\nposibles responsabilidades civiles, es que faculta a las municipalidades a otorgar concesiones antes\nde producirse la mencionada declaratoria, siempre que no involucren construcciones, reconstrucciones\no remodelaciones. Este extremo fue comentado en el dictamen C-100-95, del 10 de mayo de 1995 de la\nProcuraduría, que con arreglo a los postulados de la Ley 6043 y su Reglamento cuestionó la legalidad\nde autorizar concesiones sin mediar declaratoria de aptitud de la zona y obras estables sin plan\nregulador, entre otros presupuestos. La reforma propuesta tiene la orientación de corregir esos\ndefectos y es positiva en tanto suprime la posibilidad de otorgar concesiones sin declaratoria de\naptitud turística y no turística, y prohibe a las Municipalidades autorizar obras de construcción,\nreconstrucción o remodelación prescindiendo de la aprobación de plan regulador costero y contrato de\nconcesión inscrito. Cabe resaltar que las obras deben apegarse a los términos de la concesión y al\nplan regulador implementado. NECESIDAD DE PLAN REGULADOR PARA URBANIZACIONES El artículo 20 vigente\nfaculta la realización de urbanizaciones dentro de la zona marítimo terrestre donde no se ha\nformulado el plan regulador, sujetas a los requisitos que establezca en cada caso el INVU y el ICT,\nlo que se presta a una casuística subjetiva, sin los parámetros objetivos de desarrollo que debe\ninspirar el plan regulador. Sobre la ilegalidad de esa clase de disposiciones reglamentarias se\npronunció la Procuraduría en el dictamen C-100-95. El Proyecto indica que al urbanizar terrenos\ndentro de las zonas planificadas, el diseño se ajustará a las normas y recomendaciones del Plan\nRegulador aprobado y a las Leyes que disciplinan la materia. Como la eficacia normativa del Plan\nRegulador se adquiere con la publicación en el diario oficial y no con la simple aprobación, ha de\nagregarse \"y publicado\" después de \"aprobado.\" Se sugiere sustituir el término \"Leyes\" por\n\"legislación\". Es más amplio; comprende las normas reglamentarias. El Proyecto de reforma al\nartículo 20 elimina el último acápite del actual, que somete a la Ley de Planificación Urbana la\nregulación de las áreas de terrenos que corresponde ceder al uso público. Esta supresión no se\naconseja porque afecta los derechos de los residentes y usuarios de la zona marítimo terrestre a los\nservicios básicos: vías, parques y facilidades comunales (equipamientos educativos, de salud, de\nactividades socio-culturales y de culto: iglesias, de administración y otros servicios: correos,\ncasetas de policía, etc.), con perjuicio de la calidad de vida (en los campos expresados: salud,\nseguridad, etc.). En terrenos que ya son de dominio público estatal no cabría la cesión gratuita\npara esos usos, como acontece con los inmuebles privados, pero sí deben conservarse los porcentajes\nobligatorios y destinos de los terrenos para el acceso público a los servicios básicos. Se\nrecomienda preservar el último párrafo del artículo 20 actual, y adaptar su redacción señalando que\nen cuanto a vías públicas, parques y facilidades comunales los usos se asignarán siguiendo los\ncriterios de la Ley de Planificación Urbana (doctrina del artículo 40). FORMA DE PRESENTAR LA\nSOLICITUD DE CONCESIÓN El Proyecto hace tres innovaciones aceptables al artículo 27. Mantiene la\npresentación de la solicitud de concesión en la fórmula común para todo el país, autorizada por el\nICT, en sustitución del Reglamento General de Concesiones, que pasó a integrar el Registro Nacional,\npero admite la posibilidad de presentar la solicitud por escrito, observando los requisitos de la\nLey 6043 y su Reglamento. Unifica la autenticación de firmas para cualquier gestión relativa a\nconcesiones que se haga ante la Municipalidad, ICT u otro organismo. La uniformidad de ese requisito\ndebe extenderse todas las gestiones escritas que realicen los particulares, con motivo de la\naplicación de la Ley 6043 y su Reglamento: solicitudes de autorización o de aprobación de traspaso\nde los derechos de concesión, etc. El artículo 27 vigente contiene un injustificado régimen dispar,\nque limita la autenticación a las solicitudes de concesión y la dispensa en la presentación personal\nde las demás gestiones. La autenticación otorga fe pública a las firmas contenidas en los escritos,\nante a terceros y la Administración. Se elimina también la cancelación del timbre fiscal y\nmunicipal, ambos de un colón. Representan sumas irrisorias de recaudo, con eventual demora de los\ntrámites, y su creación por norma reglamentaria es insostenible (arts. 5 del Código Tributario, 1°\nde la Ley General de Timbre N° 3889 de 2 de junio de 1976, y 121 inc. 3° de la Constitución). El uso\nde papel sellado de la décima clase (un colón) lo estableció el Código Fiscal para \"las\ninformaciones, solicitudes y actos de enajenación o arrendamiento de la milla marítima\", en el\nartículo 249, inciso 10, derogado por Ley N°6962 del 26 de julio de 1984. 4) NOTIFICACIÓN DE\nRESOLUCIONES Acerca de la forma de notificación, el nuevo artículo 31 dispone que se hará en la\ndirección o número de fax señalados; y, en su defecto, de acuerdo con el artículo 243 de la Ley\nGeneral de la Administración Pública. La novedad estriba en la notificación por fax y la previsión\nde supletoriedad de la Ley General de la Administración Pública, de cuyos procedimientos\nadministrativos fue exceptuada la Ley sobre Zona Marítimo-Terrestre (art. 367.2 ibid. y Decreto N°\n9469-P de 1978). La notificación de resoluciones administrativas vía fax agiliza el acto, es acorde\ncon el moderno desarrollo tecnológico y contaría con la voluntad del interesado en que se le\npractiquen de esa forma. En torno a la procedencia de la notificación de resoluciones\nadministrativas vía fax se pronunció la Procuraduría en el dictamen C-062-2000, del 31 de marzo del\n2000, prohijando los principios que recogen los artículos 229. 2 de la Ley General de la\nAdministración Pública, 6 de la Ley de Notificaciones y Citaciones Judiciales, N° 7637 del 21 de\noctubre de 1996; 7 y 8 del Reglamento Para el Uso de Fax como Medio de Notificaciones (Acuerdo de\nCorte Plena N° 14-96, publicado en el Boletín Judicial del 11 de diciembre de 1996). A tono con esos\nprincipios se sugiere adicionar que la notificación por fax se comprobará por medio del registro de\ntransmisión que provee el fax, el cual se adjuntará al expediente. Y que las resoluciones se tendrán\npor notificadas el día hábil siguiente a aquél en que se hizo la transmisión. En lo que atañe a la\nnotificación en la dirección, aclarar la forma en que se practicará. FIRMA DE RESOLUCIONES DE\nTRÁMITE   Para las resoluciones de mero trámite sobre concesiones se especifica que deberán ser\nfirmadas por el jefe de la oficina de concesiones o por el Alcalde, en vez del \"ejecutivo municipal\ny el jefe de la oficina respectiva, caso de que ésta exista\" (artículo 32 actual). A la\nactualización y precisión de nombres se liga una mayor celeridad, pues bastará con la firma de uno\nde esos funcionarios; y no de los dos. Como las resoluciones de trámite no implican juicios de valor\ndecisorios, no hay reparo. Se recomienda utilizar el nombre de Jefe de Oficina encargada de la Zona\nMarítimo Terrestre, que es una denominación más amplia, puesto que no en todas las Municipalidades\ntiene el calificativo que utiliza el Proyecto. PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN La reforma, en\nel artículo 42, fija treinta días hábiles a partir de la realización de la comparecencia, para que\nla \"Municipalidad\" prepare el proyecto sobre el otorgamiento o denegatoria de la concesión. Plazo\nque se considera suficiente a ese efecto, aún en el caso de que hayan habido oposiciones o se\npresente alguna complejidad. La medida tiende a impedir que la presentación del proyecto se alargue\npor mucho tiempo, como suele suceder. Se sugiere sustituir la palabra \"Municipalidad\" por los\nórganos correspondientes que se detallan en el próximo párrafo, para evitar la confusión entre el\nente y órgano. En segundo término, se dice que el proyecto de resolución a elevar al Concejo\nMunicipal para que decida lo que juzgue pertinente, lo elaborará la Oficina de Concesiones o el\nalcalde municipal. La única variante es la corrección del nombre de éste. En vista del principio de\nespecialidad, se recomienda incluir el deber del Alcalde, para elaborar el proyecto, de oír de\nprevio la opinión de la Oficina de Zona Marítimo Terrestre, para aprovechar su experiencia en el\nexamen de solicitudes de esa índole y en el cumplimiento de requisitos legales. Criterio que\nproporcionará al Concejo mayores elementos para decidir y es posible recabar dentro del plazo de\ntreinta días previsto. La circunstancia de constituirse a favor del concesionario un derecho real\nadministrativo, de remoción restrictiva, entregándosele el uso y disfrute de bienes de la Nación,\npor un período prolongado, aconsejan una valoración exhaustiva del asunto. Se recomienda agregar que\ntanto el proyecto de resolución como el otorgamiento de concesión deberán ser debidamente razonado\nen orden al cumplimiento de todos los requisitos legales y que se han adoptado las medidas\nnecesarias para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos costeros (artículo 50\nconstitucional; 1° y 17 de la Ley 6043; 2, 4, 39 sigtes. de la Ley Orgánica del Ambiente). La\ndenegatoria también ha de razonarse. Artículo 37 del propio Reglamento. (Con relación al\ncumplimiento de los requisitos legales: demarcación de zona pública, declaratoria de aptitud\nturística o no turística, aprobación y publicación de Plan Regulador, avalúo de la Tributación\nDirecta y observancia del procedimiento instituido, pueden consultarse –entre otros- los dictámenes\nde la Procuraduría C-197-87, C-144-93, C-100-95, C-123-96 y C-006-98) En el dictamen C-011-99 se\napuntó que el proyecto de resolución a que se refiere el artículo de comentario debe elaborarse\nsiempre, haya o no oposición a la solicitud de concesión. En el segundo caso, el plazo para\nconfeccionarlo comienza a correr después de transcurridos los treinta días hábiles desde la\npublicación del edicto a tal efecto. 7) APROBACIÓN LEGISLATIVA DE CONCESIÓN EN ISLAS E ISLOTES\nMARÍTIMOS En el caso de islas e islotes marítimos el Proyecto (artículo 43) dispone el envío de la\ncopia del contrato de concesión y del expediente, con todos los antecedentes, a la Asamblea\nLegislativa para su aprobación. A la vez, omite la expresión del texto actual: \"previos los trámites\ncon el ICT cuando se trate de concesiones de uso turístico.\" Se relaciona con el artículo 37 de la\nLey 6043, a tenor del cual las concesiones requieren la aprobación del Instituto Costarricense de\nTurismo en las áreas turísticas o del Instituto de Tierras y Colonización en las restantes. \"Si la\nconcesión se refiere a una isla o islote marítimo, o parte de las mismas, será necesaria la\naprobación de la Asamblea Legislativa\". La aprobación legislativa es tanto para las islas turísticas\ncomo no turísticas; Isla de Chira, por ejemplo. (Sobre el régimen legal de islas e islotes\nmarítimos, cfr.: dictámenes C-108-96 y C-21-98). En las concesiones para uso turístico la\nintervención del ICT quedaría circunscrita a la declaratoria de áreas de aptitud turística o no\nturística y a la aprobación de planes reguladores o de desarrollo; actos de inexorable observancia,\npautados por otros artículos (27, 31, 37 y 38; Ley 6043). Como esta constatación siempre tendrá que\nhacerla la Municipalidad, facilitará la labor parlamentaria agregar a la reforma que el acuerdo\nmunicipal de otorgamiento de la concesión deberá dejar constancia acerca del cumplimiento de los\nrequisitos legales y la forma en que se han llenado. Entre los documentos a enviar a la Asamblea se\nsugiere reemplazar la frase \"copia del contrato de concesión y del expediente\" por \"el original del\ncontrato y el expediente de concesión o copia certificada de éste\", etc. APROBACIÓN DEL CONTRATO DE\nCONCESIÓN   El artículo 46 del Proyecto reduce el plazo para que el ICT o IDA aprueben la concesión,\nde noventa días naturales a \"quince días a partir de la fecha en que recibieron la solicitud.\" La\nintención es desde luego aligerar los trámites. No obstante, el nuevo plazo es exiguo, teniendo\npresente la revisión técnico-jurídica que ha de hacerse, las inspecciones de campo para corroborar\ndatos que con motivo de otras funciones deben realizar los funcionarios encargados (revisión de\nplanes reguladores, por ejemplo), la escasez de personal con que se cuenta para ello, los informes\ninternos a rendir, la cantidad de concesiones que pueden recibirse simultáneamente para su\naprobación, vicisitudes de la misma, trascendencia del acto, etc. En esas circunstancias, el plazo\nde treinta días naturales es más razonable. La celeridad de trámites no debe conducir a crear\nsituaciones proclives a una festinación decisoria en perjuicio de esos bienes demaniales. La\neficacia jurídica de los contratos de concesión frente a terceros se requiere del trámite la\ninscripción por el Registro de Concesiones (artículo 86 del Decreto 7841-P); no basta con \"la\nresolución administrativa definitivamente firme que se haya dictado\"; frase por sí ambigüa. Igual\nque con el envío de documentos a la Asamblea Legislativa (artículo 43), la Municipalidad deberá\nremitir al ICT o IDA, el expediente completo para su aprobación o copia certificada del mismo, con\nel original del \"contrato debidamente firmado\"; no sólo éste. Es fundamental que esas instituciones\nexaminen la legalidad de todo el trámite seguido, y no puede hacerse con vista únicamente del\ncontrato. En los elementos mínimos del contrato de concesión para su envío al ICT o IDA, adicionar a\nlos datos de identificación del concesionario, los de su representante legal, si lo hubiere, y en el\nsupuesto de personas jurídicas o de representantes, incluir las citas de inscripción registral. El\nrequisito de las \"cláusulas del contrato suscrito\" es redundante. Va sobreentendido que todo\ncontrato debe tener cláusulas. Más útil sería enumerar las básicas: descripción del inmueble y\nplano, uso o destino, plazo de la concesión, canon y otras obligaciones del concesionario, etc. En\nlo que concierne a la transcripción del acuerdo municipal aprobatorio de la concesión, añadir: \"y\nautoriza al alcalde municipal a suscribir el contrato\". Es suficiente con hacer referencia sucinta\nde ese acuerdo y sus condiciones especiales; no es necesaria la transcripción \"literal\". La\nidentificación del avalúo del terreno e incidencias procedimentales (publicación de edicto,\ninspecciones, oposiciones y otras) serían requisitos a incorporar en el acuerdo municipal de\notorgamiento, según se recomienda. Y son parte de las cláusulas del contrato el canon,\nidentificación de la parcela y uso para el que se aprueba la concesión. incluir en éste, \"con ajuste\nal Plan Regulador\". Debe especificarse a qué se refiere la \"mención clara de la resolución de\naprobación del ICT o IDA, según corresponda\". Resulta obvio que no puede referirse a la aprobación\ndel contrato, que es justo el que se remite con esa finalidad. La aprobación de aptitud turística o\nno turística o Plan Regulador estaría comprendido dentro de los requisitos a consignar en el acuerdo\nde otorgamiento, conforme se propone. En el dictamen C-011-99 la Procuraduría consideró que la\nreforma introducida por el Decreto N° 26221-MP-TUR de 7 de julio de 1997 al artículo 46 del\nReglamento a la Ley 6043, transgrede el numeral 42 de ésta porque cambia el acto posterior de\naprobación del ICT o IDA a una autorización previa al otorgamiento de las concesiones en la zona\nmarítimo terrestre, y recomendó su enmienda y la del artículo 84, para amoldarlos a los términos de\naquella. ESPECIFICACIONES DE LOTES El Proyecto (artículo 65) mantiene para las construcciones en la\nzona marítimo terrestre retiros laterales y frontales no menores de tres metros, sujetando las demás\nespecificaciones técnicas al Plan Regulador. Desaparecen así los mínimos y máximos de frentes y\náreas que fija el texto en vigor para lotes o parcelas en zonas declaradas turísticas destinados a\nuso habitacional, fines de esparcimiento, descanso, vacaciones y uso comercial. La nueva regulación\nabre la posibilidad de aumentar la densidad, cobertura y áreas aprovechables de los lotes para tales\nusos e incluso cualquier otro. En adelante ya no tendrán topes. Esta reforma no se comparte, por\nvarias razones. Primero, porque no se justifica técnicamente la supresión de las actuales\nespecificaciones técnicas, que operan como prerrequisitos uniformes en todo el país, a los que ha de\nsupeditarse el Plan Regulador. Segundo: a nivel nacional no garantiza el principio de igualdad en\nlos desarrollos con dichos usos (habitacional, comercial, etc). Tercero, La planificación de esos\naspectos quedaría librada a la discreción de los inversionistas, planificadores y funcionarios, con\nel consiguiente subjetivismo que conlleva en la elaboración y aprobación de los Planes Reguladores,\npor la diversidad de criterios e interpretaciones individuales que puede presentarse, y el eventual\nsurgimiento de discordias y atrasos. Cuarto, propicia la alta densidad y cobertura en áreas que por\nsu cercanía al mar son frágiles ambientalmente y sujetas a gran dinámica. Quinto, permite la\nexcesiva concentración de terrenos en pocas manos o lotes de muy pequeñas dimensiones, contrarias al\nprincipio de utilización racional y distribución equitativa de los recursos, a más de las posibles\nrepercusiones negativas al medio ambiente y calidad de vida. En el particular, la aplicación\nprioritaria de los planes reguladores que adoptan los municipios en ejercicio de sus potestades\nautónomas para planificar el territorio local. Las especificaciones que se pretenden reformar\npodrían revisarse, pero sobre la base de criterios unívocos, generales y objetivos, con el debido\nrespaldo técnico. No sin éste, dejándolos al libre arbitrio, máxime si se tiene presente la\ntendencia del inversionista a obtener el máximo aprovechamiento, a menudo en contradicción con el\ninterés público y el uso racional de los recursos disponibles. Antes bien, se propone la unificar\nlas especificaciones técnicas en cuestión para los restantes usos, con apoyo técnico. TRAMITE DE\nINSCRIPCION Para practicar la inscripción, a la protocolización notarial de piezas, con costo a\ncubrir por el concesionario, se suma la alternativa del original del contrato suscrito (artículo\n84). Y a la presentación del interesado, se adhiere el envío directo al Registro General de\nConcesiones por el ICT, con notificación a la Municipalidad, para simplificar trámites. Sin\njustificación omite al IDA en la aprobación de concesiones dentro de las zonas de aptitud no\nturística, y a la Asamblea Legislativa en el caso de las islas. Es preferible la expresión \"original\ndel contrato debidamente firmado\" a la que se emplea. El Proyecto no aclara las piezas que\nprotocolizará el Notario. Son fundamentales el acuerdo municipal que otorga la concesión, acto de\naprobación y contrato. El envío del contrato por el ICT para su inscripción no es factible. Se\nrecomienda excluirlo y mantener la protocolización notarial de piezas firmes como ahora se exige. El\nRegistro de Concesiones de la Zona Marítimo Terrestre forma parte del Registro Público y está sujeto\na las disposiciones y procedimientos que lo rigen (Ley sobre Inscripción de Documentos en el\nRegistro Público; Decreto N° 21756 de 1992; Reglamento del Registro Público, Decreto N° 26771-J de\n1998, arts. 1°, 3° inc. a, 25 y 47 inc. i, y Decreto 7841-P,arts. 82 y 87, etc.). El contrato,\ncomplementado de su aprobación, carece de las formalidades y requisitos de los títulos o documentos\nque la ley autoriza a inscribir, y no sería idóneo a ese fin (Código Civil, art. 450, y Reglamento\ndel Registro Público, arts. 48 y 49 inc. a). Por lo demás, el Principio de Rogación impide el\nRegistro inscribir y tramitar documentos de oficio, sin presentación formal (art. 57, mismo\nReglamento). Una vez aprobada la concesión y comunicado el acto al interesado, el diligenciamiento\nde su inscripción corre a su cargo, junto al pago de los derechos de inscripción, retiro de la\nboleta de presentación al Registro, etc. Vale recordar aquí que el dictamen C-011-99 recomendó\nreformar el artículo 84 del Reglamento a la Ley 6043 en tanto presume la autorización previa del ICT\no del IDA para aprobar las solicitudes de concesión. DEROGATORIAS Finalmente, se derogan los\nartículos 16 y 17 del Reglamento, que versan –por su orden- sobre la autorización de obras ajenas en\nzonas turísticas y a la elaboración de Planes Nacionales de Desarrollo Turístico, Planes Generales\nde Uso de la Tierra y Planes Reguladores. 11.1) OBRAS AJENAS EN ZONAS DECLARADAS TURÍSTICAS La\nderogatoria del artículo 16 es procedente. En el dictamen C-100-95 la Procuraduría objetó su\nlegalidad. Sin Plan Regulador no puede haber concesión. La autorización de obras ajenas a la\nactividad turística en zonas declaradas turísticas, advirtiendo al concesionario de la posibilidad\nde ordenarle la remoción o demolición a su costa al decretarse la planificación de la zona, no se\najusta al espíritu de la planificación, ni a los requisitos que deben llenarse para obtener\nconcesiones y expone a la Administración a controversias. 11.2) ELABORACIÓN DE PLANES NACIONALES DE\nDESARROLLO TURÍSTICO, PLANES GENERALES DE USO DEL SUELO Y PLANES REGULADORES El artículo 17 del\nReglamento contempla la formulación de Planes Reguladores costeros, acatando los lineamientos y\nrecomendaciones del Plan General de Uso de la tierra, y éste los del Plan Nacional de Desarrollo\nTurístico, que se encarga al ICT, en colaboración con otras instituciones competentes (Ministerio de\nPlanificación, INVU..), el cual debe armonizarse con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan\nNacional de Desarrollo Urbano. También prevé la sujeción de los Planes Reguladores a la Ley de\nPlanificación Urbana. La derogatoria de ese artículo no se recomienda porque es el que establece en\nforma expresa la figura del Plan Regulador como instrumento inmediato de concreción del ordenamiento\nterritorial costero, sustentado en pautas genéricas de la Ley 6043 y en la Ley de Planificación\nUrbana La derogatoria tampoco es razonable. El desarrollo integral conlleva la complementariedad\nentre el Plan General y los Planes Nacionales, que engloban el análisis de la planificación\nconjuntando mayor cantidad de factores o variables, prioridades, etc., y fijan las grandes\ndirectrices o guías para elaborar el Plan Regulador. Los Planes Nacionales de Desarrollo Turístico –\ny Urbano-, lo mismo que los Planes Generales son instrumentos de planificación a nivel superior.\nNecesitan de un mecanismo de precisión a menor escala que les dé efectividad. Se consigue a través\nde los Planes Reguladores, que como herramienta básica, primaria, de planificación territorial,\nabarcan un contexto más reducido y puntual de planificación. Hay una interdependencia entre los\nPlanes Nacionales, el Plan General de Uso de la Tierra y el Plan Regulador; éste es consecuencia\nlógica aquellos. El Plan Nacional de Desarrollo Turístico y el Plan General de Uso de la Tierra en\nla zona marítimo terrestre son instrumentos que la Ley 6043 (artículo 26) ha previsto como adecuados\npara la planificación de estas zonas, e igualmente lo son los Planes Reguladores, que tienen cabida\nimplícita en los planos de desarrollo urbano-turísticos a que aluden los artículos 31 y 38 y la\njurisprudencia de la Procuraduría que los informan. De donde se colige que la derogatoria del\nartículo 17 del Reglamento sería ilegal. Además de provocar una planificación desintegrada, aislada,\ny dejar insubsistentes importantes esfuerzos de planificación general emprendidos (sector de\nGuanacaste norte y sur y Puntarenas sur), es contraria al uso racional del espacio y la protección\nconjunta del medio ambiente, que tome en cuenta las repercusiones del aprovechamiento de una zona en\notras próxima o de influencia. III.- CONCLUSIONES: Por las razones expuestas, de las reformas que se\npretenden hacer al Reglamento a la Ley 6043, no se recomienda la supresión del último ácapite del\nartículo 20, texto que debe mantenerse y adaptar su redacción señalando que los usos públicos se\nasignarán siguiendo los criterios de la Ley de Planificación Urbana. Tampoco se recomienda la\nderogatoria del artículo 17 y la eliminación en el 65 de los topes mínimos y máximos de frentes y\náreas de lotes en zonas turísticas destinados a uso habitacional, fines de esparcimiento, descanso,\nvacaciones y uso comercial. La revisión de esos topes sólo deberá hacerse con el debido respaldo\ntécnico y sobre la base de criterios generales, uniformes y objetivos. Por el contrario, se propone\nunificar las especificaciones en cuestión para los otros usos, siguiendo esos principios. Con\nrelación a los artículos restantes, se sugieren las siguientes modificaciones: En la introducción y\nconsiderando: precisar las disposiciones que se desarrollan, detallar los pronunciamientos de la\nProcuraduría a que se alude y los artículos que recomiendan modificar. Corregir el calificativo de\n\"administrador y vigilante\" que se atribuye a la Procuraduría. En el artículo 15 es más correcta la\nexpresión \"zona de aptitud turística o no turística\". Indicar que las obras deberán apegarse a los\ntérminos de la concesión y al plan regulador implementado. Artículo 20: Además de mantener el último\npárrafo, con adaptación que se dijo, intercalar \"y publicado el\" entre \"aprobado\" y \"plan\nregulador\". Artículo 27: Unificar la autenticación para todas las gestiones administrativas que\nhagan los particulares atinentes a zona marítimo terrestre. Artículo 31: Indicar que la notificación\npor fax se comprobará por medio del registro de transmisión que provee el fax, el cual se adjuntará\nal expediente. Y que las resoluciones se tendrán por notificadas el día hábil siguiente a aquél en\nque se hizo la transmisión. Aclarar la forma en que se realizará la notificación en la dirección.\nArtículo 32: Sustituir \"Jefe de la oficina de concesiones\" por \"Jefe de la Oficina encargada de la\nzona marítimo terrestre\". Artículo 42: Sustituir \"Municipalidad\" por \"Oficina encargada de la zona\nmarítimo terrestre o el Alcalde, quien deberá oír de previo el criterio escrito de ésta\". Agregar\nque si no hubieren oposiciones, el plazo para elaborar el proyecto de resolución comenzará a correr\ndespués de transcurridos los treinta días hábiles desde la publicación del edicto con ese fin.\nAñadir que tanto el proyecto de resolución como el otorgamiento de la concesión deberá ser razonados\nen orden al cumplimiento de los requisitos legales(demarcatoria de zona pública, declaratoria de\naptitud turística o no turística, aprobación y publicación del plan regulador, avalúo de Tributación\nDirecta y observancia del procedimiento, etc) y que se han adoptado las medidas necesarias para la\nadecuada protección del medio ambiente y los recursos costeros. El acuerdo municipal que otorgue la\nconcesión deberá dejar constancia expresa sobre el cumplimiento de los requisitos legales y la forma\nen que se han observado. La denegatoria también será razonada. Artículo 43: Reemplazar \"copia del\ncontrato de concesión y del expediente…\" por \"el original del contrato y el expediente de concesión\no copia certificada de éste…\". Artículo 46: Sustituir \"contrato de concesión\" por \"el original del\ncontrato firmado y el expediente de concesión o copia certificada de éste\". Aumentar a treinta días\nnaturales el plazo para que el ICT o el IDA aprueben la concesión, a partir de la fecha en que\nreciben la solicitud. Supeditar la eficacia jurídica de los contratos de concesión a los trámites de\ninscripción en el Registro General de Concesiones, en vez de la \"resolución administrativa\ndefinitivamente firme que se haya dictado\". En los elementos del contrato, adicionar a los datos de\nidentificación del concesionario y los de su representante legal, si lo hubiere, con las citas de\ninscripción registral, lo mismo para las personas jurídicas. En lugar del requisito de las\n\"cláusulas del contrato suscrito\" enumerar las que son básicas: descripción del inmueble y plano\n(Reglamento a la Ley del Catastro, art. 44), uso, plazo de la concesión, obligaciones del\nconcesionario, etc. A la transcripción del acuerdo municipal que aprueba la concesión, agregar \"y\nautoriza al alcalde municipal a suscribir el contrato\". Es suficiente con hacer referencia sucinta a\nese acuerdo y sus condiciones especiales; no es necesaria la transcripción \"literal\". La\nidentificación del avalúo del terreno e incidencias procedimentales es uno requisitos a incorporar\nen el acuerdo municipal de otorgamiento, según se recomienda. Y son parte de las cláusulas del\ncontrato: el canon, identificación de la parcela y uso para el cual se aprueba la concesión. incluir\naquí \"con ajuste al Plan Regulador\". Aclarar a qué se refiere la \"mención clara de la resolución de\naprobación del ICT o IDA\", que debe contener el contrato de concesión que se les remite a aprobar.\nHacer la reforma a este artículo 46 recomendada en el dictamen C-011-99, que consideró contraria al\nartículo 42 de la Ley 6043 convertir el acto posterior de aprobación del ICT o IDA en una\nautorización previa al otorgamiento de la concesión. Artículo 84: Sustituir por \"original del\ncontrato debidamente firmado\" la expresión empleada en el Proyecto. Aclarar las piezas que\nprotocolizará el Notario (son fundamentales el contrato, el acuerdo municipal que otorga la\nconcesión y el acto de aprobación. Excluir el simple envío del contrato por el ICT al Registro\nGeneral de Concesiones como medio de inscripción. Mantener la protocolización notarial de piezas\nfirmes como ahora se exige, una vez aprobada la concesión y comunicado el acto al interesado.\nContemplar la aprobación de concesiones por el IDA en las zonas de aptitud no turística y de la\nAsamblea Legislativa en el caso de las islas. Adicionar la enmienda de este artículo en los términos\nque recomendó el dictamen C-011-99. Valga la oportunidad para reiterar que en el dictamen C-228-98\nse concluyó (punto I.4) que el artículo 36 del Reglamento a la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre, en\ncuanto prevé que en el informe relativo a la inspección del inmueble solicitado en concesión el\ninspector debe indicar \"las servidumbres aparentes\" es contrario al artículo 1° de esa Ley, ya que\nno es dable constituir servidumbres en el dominio público a favor de inmuebles privados, y recomendó\nal Poder Ejecutivo suprimir tal expresión mediante la reforma del caso; lo que hasta el momento no\nse ha hecho. De los señores Ministros, con la debida consideración,   Dr. José J. Barahona Vargas\nProcurador Ambiental", "body_en_text": "Legal Opinion : 096 - J of 09/06/2000\n\n\nOJ-096-2000\nSan José, September 6, 2000\n\nGentlemen\nF. Tomás Dueñas Leiva\nMinister of Foreign Trade\nWalter Nihaus\nMinister of Tourism\n\nDear Ministers: With the approval of the Attorney General of the Republic, I am responding to your official communication DM-735-00 of 2000, in which you state that, under the Government of the Republic's idea of analyzing regulations and proposing improvements that guarantee the protection of legal interests and promote transparency in administrative procedures, a bill has been drafted for a partial amendment to the Regulation to the Law on the Maritime-Terrestrial Zone (Reglamento a la Ley sobre zona marítimo terrestre), Executive Decree No. 7841-P, for which you request our opinion. The bill's purpose is to reconcile the Regulation with the true meaning of Law 6043, a necessity that, it is asserted, has been highlighted in various pronouncements of the Attorney General's Office (Procuraduría). It forms part of a package of reforms with two other bills: a Regulation for the procedure of blueprint approval (visado de planos) for construction in the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre) and a Regulation for the demarcation and boundary-setting (amojonamiento y demarcatoria) thereof, also submitted for our consideration and which will be answered separately, due to the disparity and breadth of topics they involve.\n\nI.- SCOPE OF THIS PRONOUNCEMENT\nAs noted in our Official Communication O. J.-062-2000, dated June 9, when responding to the Draft Decree for the review and approval of regulatory plans (planes reguladores) and master plans in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo-terrestre), because these are inherent acts of the active Administration, irreplaceable by this Institution through a binding opinion, the criterion regarding the consulted bill is issued as a legal opinion –as requested–, non-binding, in an effort to collaborate with the Executive Branch in the performance of its functions.\n\nII.- BILL FOR PARTIAL AMENDMENT TO DECREE NO. 7841-P, REGULATION TO LAW 6043\nThe bill, based on the regulatory power and founded on several Laws, aims to achieve clear regulation consistent with the protection required by the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), heeding –it is said– various pronouncements of the Attorney General's Office (Procuraduría) that advise \"modifying the current regulation of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo-terrestre), insofar as it departs from the meaning of Law 6043.\" On this point, it is advisable to specify the provisions of the different cited Laws that are being developed, as this is only done for the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). Furthermore, the pronouncements of the Attorney General's Office (Procuraduría) mentioned must be detailed, and the articles they suggest reforming must be indicated. This is because the wording of the second recital (considerando) is vague in this regard and implies that \"various pronouncements of the Attorney General's Office (Procuraduría)\" have recommended reforming the eleven articles being modified, which does not conform to the truth. Likewise, the qualifier of \"administrator and overseer\" (\"administrador y vigilante\") attributed to the Attorney General's Office (Procuraduría) regarding the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) must be corrected, since administration falls to the municipalities of the respective jurisdictions, and the superior and general management of everything related to the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) is the responsibility of the Costa Rican Tourism Institute (Instituto Costarricense de Turismo), a function with which it tends to be confused. What the Attorney General's Office (Procuraduría) exercises is legal control for the due compliance with the provisions of Law 6043 (arts. 2, 3, 4, 34, and 35).\n\nIII.- PROPOSED REFORMS\nThe articles to be modified are: 15, 20, 27, 31, 32, 43, 46, 54, 55, and 84 of the Regulation to the Maritime-Terrestrial Zone Law (Reglamento a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre). From their reading, it is appreciated that the reform is essentially oriented towards correcting formal matters, to reconcile both sets of regulations, rather than towards the effective protection of coastal resources and the environment, of which it is a part, during the processing, granting, and execution of authorizations and concessions (concesiones), for example. Let us review.\n\nREQUIREMENT OF A DECLARATORY OF TOURIST OR NON-TOURIST SUITABILITY TO APPROVE WORKS AND CONCESSIONS\nThe modification of Article 15 is correct. The interpretation –in the opposite sense– of the current text seems to promote, a priori, two erroneous criteria. The first is that construction, reconstruction, or remodeling works can be approved in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) simply upon the issuance of the declaratory (declaratoria) of tourist or non-tourist suitability by the ICT. A wording that, although it follows the imperfect literalness of Articles 19 and 35, paragraph 2, of the Law, is misleading, since that type of work, under a harmonious interpretation of the Law and its Regulation, can only take place under a concession (concesión) duly approved and registered in the Concessions Registry (Registro de Concesiones), fulfilling all the required requisites and formalities. The second aspect, which distorts planning objectives, contradicts other legal precepts, and can generate unnecessary conflicts regarding possible civil liabilities, is that it empowers municipalities to grant concessions (concesiones) before the aforementioned declaratory (declaratoria) is issued, provided they do not involve constructions, reconstructions, or remodelings. This point was commented on in Opinion C-100-95, dated May 10, 1995, from the Attorney General's Office (Procuraduría), which, in accordance with the postulates of Law 6043 and its Regulation, questioned the legality of authorizing concessions (concesiones) without a declaratory (declaratoria) of suitability of the zone and stable works without a regulatory plan (plan regulador), among other prerequisites. The proposed reform has the orientation of correcting these defects and is positive in that it eliminates the possibility of granting concessions (concesiones) without a declaratory (declaratoria) of tourist and non-tourist suitability, and prohibits Municipalities from authorizing construction, reconstruction, or remodeling works without the approval of a coastal regulatory plan (plan regulador costero) and an inscribed concession contract (contrato de concesión). It should be highlighted that the works must adhere to the terms of the concession (concesión) and the implemented regulatory plan (plan regulador).\n\nNECESSITY OF REGULATORY PLAN FOR URBANIZATIONS\nThe current Article 20 authorizes the carrying out of urbanizations (urbanizaciones) within the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) where the regulatory plan (plan regulador) has not been formulated, subject to the requirements established in each case by the INVU and the ICT, which lends itself to subjective casuistry, without the objective development parameters that the regulatory plan (plan regulador) should inspire. The Attorney General's Office (Procuraduría) pronounced on the illegality of that class of regulatory provisions in Opinion C-100-95. The Bill indicates that when urbanizing land within the planned zones, the design will be adjusted to the norms and recommendations of the approved Regulatory Plan (Plan Regulador) and to the Laws governing the matter. Since the normative efficacy of the Regulatory Plan (Plan Regulador) is acquired upon publication in the official gazette and not upon simple approval, \"and published\" must be added after \"approved.\" It is suggested to substitute the term \"Laws\" for \"legislation.\" It is broader; it encompasses regulatory norms. The amendment bill to Article 20 eliminates the final subsection of the current one, which subjects the regulation of land areas that must be ceded for public use to the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana). This suppression is not advisable because it affects the rights of residents and users of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) to basic services: roads, parks, and community facilities (educational, health, socio-cultural and religious facilities: churches, administration and other services: post offices, police booths, etc.), to the detriment of quality of life (in the expressed fields: health, security, etc.). On lands that are already state public domain, the free cession for those uses would not be applicable, as occurs with private properties, but the mandatory percentages and purposes of the lands for public access to basic services must be conserved. It is recommended to preserve the last paragraph of the current Article 20, and adapt its wording by indicating that, regarding public roads, parks, and community facilities, the uses will be assigned following the criteria of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) (doctrine of Article 40).\n\nMANNER OF SUBMITTING THE CONCESSION APPLICATION\nThe Bill makes three acceptable innovations to Article 27. It maintains the presentation of the concession application on the common form for the entire country, authorized by the ICT, in substitution of the General Regulation of Concessions (Reglamento General de Concesiones), which became part of the National Registry, but admits the possibility of submitting the application in writing, observing the requirements of Law 6043 and its Regulation. It unifies the authentication of signatures for any proceeding related to concessions (concesiones) made before the Municipality, ICT, or another body. The uniformity of this requirement must be extended to all written proceedings carried out by private parties, by reason of the application of Law 6043 and its Regulation: requests for authorization or approval of transfer of concession rights, etc. The current Article 27 contains an unjustified disparate regime, which limits authentication to concession applications and dispenses with it for the personal presentation of other proceedings. Authentication grants public faith to the signatures contained in the documents, before third parties and the Administration. The cancellation of the fiscal and municipal stamp, both of one colón, is also eliminated. They represent derisory collection sums, with potential delays in procedures, and their creation by regulatory norm is unsustainable (arts. 5 of the Tax Code [Código Tributario], 1 of the General Stamp Law [Ley General de Timbre] No. 3889 of June 2, 1976, and 121, subsection 3, of the Constitution). The use of stamped paper of the tenth class (one colón) was established by the Fiscal Code for \"the reports, applications, and acts of alienation or leasing of the maritime mile\" (\"la milla marítima\"), in Article 249, subsection 10, repealed by Law No. 6962 of July 26, 1984.\n\n4) NOTIFICATION OF RESOLUTIONS\nRegarding the manner of notification, the new Article 31 provides that it will be made at the address or fax number indicated; and, failing that, in accordance with Article 243 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública). The novelty lies in the notification by fax and the provision of suppletory application of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), from whose administrative procedures the Maritime-Terrestrial Zone Law (Ley sobre Zona Marítimo-Terrestre) was excepted (art. 367.2 ibid. and Decree No. 9469-P of 1978). Notification of administrative resolutions via fax streamlines the act, is consistent with modern technological development, and would count on the interested party's willingness to be notified in that manner. Concerning the appropriateness of notifying administrative resolutions via fax, the Attorney General's Office (Procuraduría) pronounced in Opinion C-062-2000, dated March 31, 2000, endorsing the principles collected in Articles 229.2 of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública), 6 of the Law on Judicial Notifications and Citations (Ley de Notificaciones y Citaciones Judiciales), No. 7637 of October 21, 1996; 7 and 8 of the Regulation for the Use of Fax as a Means of Notification (Reglamento Para el Uso de Fax como Medio de Notificaciones) (Agreement of the Full Court No. 14-96, published in the Judicial Bulletin of December 11, 1996). In line with these principles, it is suggested to add that proof of notification by fax will be verified by means of the transmission log provided by the fax machine, which will be attached to the case file (expediente). And that the resolutions will be deemed notified on the business day following the day on which the transmission was made. Regarding notification at the address, clarify the manner in which it will be carried out.\n\nSIGNATURE OF PROCEDURAL RESOLUTIONS  \nFor strictly procedural resolutions regarding concessions (concesiones), it is specified that they must be signed by the head of the concessions office or by the Mayor (Alcalde), instead of the \"municipal executive and the head of the respective office, should such office exist\" (current Article 32). The updating and precision of names is coupled with greater celerity, as the signature of one of those officials will suffice, and not both. Since procedural resolutions do not involve decisive value judgments, there is no objection. It is recommended to use the name of Head of the Office in Charge of the Maritime-Terrestrial Zone (Jefe de Oficina encargada de la Zona Marítimo Terrestre), which is a broader denomination, since not all Municipalities use the term employed by the Bill.\n\nPREPARATION OF THE DRAFT RESOLUTION\nThe reform, in Article 42, establishes a period of thirty business days from the holding of the appearance hearing, for the \"Municipality\" to prepare the draft regarding the granting or denial of the concession (concesión). A period deemed sufficient for this purpose, even if there have been oppositions or some complexity arises. The measure aims to prevent the presentation of the draft from being prolonged for a long time, as often happens. It is suggested to substitute the word \"Municipality\" with the corresponding bodies detailed in the next paragraph, to avoid confusion between entity and body. Secondly, it is stated that the draft resolution to be submitted to the Municipal Council for its decision as it deems pertinent, will be prepared by the Concessions Office or the Municipal Mayor. The only variation is the correction of the latter's title. In view of the principle of specialty, it is recommended to include the Mayor's duty, when preparing the draft, to first hear the opinion of the Maritime-Terrestrial Zone Office, to leverage its experience in examining applications of this nature and in the fulfillment of legal requirements. A criterion that will provide the Council with greater elements to decide and can be obtained within the stipulated thirty-day period. The circumstance of constituting an administrative real right in favor of the concessionaire, of restrictive removal, delivering the use and enjoyment of Nation's assets for a prolonged period, advises an exhaustive evaluation of the matter. It is recommended to add that both the draft resolution and the granting of the concession (concesión) must be duly reasoned regarding the fulfillment of all legal requirements and that the necessary measures have been adopted for the adequate protection of the environment and coastal resources (Constitutional Article 50; 1 and 17 of Law 6043; 2, 4, 39 et seq. of the Organic Law of the Environment [Ley Orgánica del Ambiente]). The denial must also be reasoned. Article 37 of the Regulation itself. (Concerning the fulfillment of legal requirements: demarcation of the public zone, declaratory of tourist or non-tourist suitability, approval and publication of the Regulatory Plan, appraisal by the Direct Taxation Office, and observance of the instituted procedure, the Opinions of the Attorney General's Office [Procuraduría] C-197-87, C-144-93, C-100-95, C-123-96, and C-006-98 may be consulted, among others). In Opinion C-011-99, it was noted that the draft resolution referred to in the article under comment must always be prepared, whether or not there is opposition to the concession application. In the latter case, the period for preparing it begins to run after thirty business days have elapsed since the publication of the edict for this purpose.\n\n7) LEGISLATIVE APPROVAL OF CONCESSION ON MARITIME ISLANDS AND ISLETS\nIn the case of maritime islands and islets, the Bill (Article 43) provides for the sending of a copy of the concession contract and the case file (expediente), with all the background documentation, to the Legislative Assembly for its approval. At the same time, it omits the expression from the current text: \"following the procedures with the ICT when dealing with concessions for tourist use.\" It is related to Article 37 of Law 6043, according to which concessions (concesiones) require the approval of the Costa Rican Tourism Institute in tourist areas, or of the Land and Colonization Institute (Instituto de Tierras y Colonización) in the remaining areas. \"If the concession refers to a maritime island or islet, or part thereof, the approval of the Legislative Assembly will be necessary.\" Legislative approval is for both tourist and non-tourist islands; Isla de Chira, for example. (On the legal regime of maritime islands and islets, cf.: Opinions C-108-96 and C-21-98). In concessions for tourist use, the ICT's intervention would be circumscribed to the declaratory (declaratoria) of areas of tourist or non-tourist suitability and the approval of regulatory or development plans; acts of inescapable observance, regulated by other articles (27, 31, 37, and 38; Law 6043). Since the Municipality will always have to verify this, it will facilitate the parliamentary work to add to the reform that the municipal agreement granting the concession (concesión) must include a statement attesting to the fulfillment of legal requirements and the manner in which they have been met. Among the documents to be sent to the Assembly, it is suggested to replace the phrase \"copy of the concession contract and of the case file\" with \"the original contract and the concession case file or a certified copy thereof,\" etc.\n\nAPPROVAL OF THE CONCESSION CONTRACT\nArticle 46 of the Bill reduces the period for the ICT or IDA to approve the concession, from ninety calendar days to \"fifteen days from the date on which they received the application.\" The intention is, of course, to expedite procedures. However, the new period is exceedingly short, bearing in mind the technical-legal review that must be carried out, the field inspections to corroborate data that, due to other functions, the responsible officials must perform (review of regulatory plans, for example), the scarcity of personnel available for this, the internal reports to be submitted, the quantity of concessions (concesiones) that can be received simultaneously for approval, the vicissitudes thereof, the transcendence of the act, etc. Under these circumstances, a period of thirty calendar days is more reasonable. The celerity of procedures must not lead to creating situations prone to hasty decision-making to the detriment of these public domain assets (bienes demaniales). Regarding the legal efficacy of concession contracts against third parties, the procedure of registration by the Concessions Registry (Registro de Concesiones) is required (Article 86 of Decree 7841-P); it is not enough to have \"the definitively final administrative resolution that has been issued\"; a phrase that in itself is ambiguous. As with the sending of documents to the Legislative Assembly (Article 43), the Municipality must send to the ICT or IDA the complete case file (expediente) for its approval, or a certified copy thereof, along with the original of the \"duly signed contract\"; not just the latter. It is fundamental that these institutions examine the legality of the entire procedure followed, and this cannot be done by viewing only the contract. Regarding the minimum elements of the concession contract for its submission to the ICT or IDA, include, in addition to the concessionaire's identification data, those of their legal representative, if any, and in the case of legal entities or representatives, include the registration details. The requirement of the \"clauses of the signed contract\" is redundant. It is understood that every contract must have clauses. It would be more useful to list the basic ones: description of the property and survey plan (plano), use or purpose, term of the concession, fee (canon), and other obligations of the concessionaire, etc. Regarding the transcription of the municipal agreement approving the concession (concesión), add: \"and authorizes the municipal mayor to subscribe the contract.\" It is sufficient to make a succinct reference to this agreement and its special conditions; a \"literal\" transcription is not necessary. The identification of the land appraisal and procedural incidents (publication of edict, inspections, oppositions, and others) would be requirements to be incorporated into the municipal granting agreement, as recommended. And the fee (canon), identification of the parcel, and use for which the concession is approved are part of the contract clauses. Include in it, \"in accordance with the Regulatory Plan (Plan Regulador).\" It must be specified what the \"clear mention of the approval resolution of the ICT or IDA, as applicable\" refers to. It is obvious that it cannot refer to the approval of the contract, which is precisely what is being sent for that purpose. The approval of tourist or non-tourist suitability or the Regulatory Plan (Plan Regulador) would be included within the requirements to be recorded in the granting agreement, as proposed. In Opinion C-011-99, the Attorney General's Office (Procuraduría) considered that the reform introduced by Decree No. 26221-MP-TUR of July 7, 1997, to Article 46 of the Regulation to Law 6043, transgresses numeral 42 of the latter because it changes the subsequent act of approval by the ICT or IDA into a prior authorization for the granting of concessions (concesiones) in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), and recommended its amendment and that of Article 84, to conform them to the terms of the former.\n\nLOT SPECIFICATIONS\nThe Bill (Article 65) maintains lateral and frontal setbacks of not less than three meters for constructions in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), subjecting the other technical specifications to the Regulatory Plan (Plan Regulador). The minimum and maximum frontages and areas established by the current text for lots or parcels in zones declared tourist and destined for residential use, recreation, rest, vacation, and commercial uses thus disappear. The new regulation opens the possibility of increasing the density, cover (cobertura), and usable areas of lots for such uses and even any other. From now on, they will no longer have caps. This reform is not shared for several reasons. First, because the suppression of the current technical specifications, which operate as uniform prerequisites nationwide, to which the Regulatory Plan (Plan Regulador) must be subordinated, is not technically justified. Second: at the national level, it does not guarantee the principle of equality in developments with said uses (residential, commercial, etc.). Third, the planning of these aspects would be left to the discretion of investors, planners, and officials, with the consequent subjectivity this entails in the drafting and approval of Regulatory Plans (Planes Reguladores), due to the diversity of individual criteria and interpretations that may arise, and the potential emergence of disagreements and delays. Fourth, it promotes high density and cover (cobertura) in areas that, due to their proximity to the sea, are environmentally fragile and subject to great dynamics. Fifth, it allows the excessive concentration of land in few hands or lots of very small dimensions, contrary to the principle of rational use and equitable distribution of resources, in addition to the possible negative repercussions on the environment and quality of life. In this particular, the priority application of the regulatory plans (planes reguladores) adopted by the municipalities in the exercise of their autonomous powers to plan local territory. The specifications intended to be reformed could be reviewed, but based on unequivocal, general, and objective criteria, with due technical support. Not without it, leaving them to free will, especially considering the investor's tendency to obtain maximum utilization, often in contradiction with the public interest and the rational use of available resources. On the contrary, it is proposed to unify the technical specifications in question for the remaining uses, with technical support.\n\nREGISTRATION PROCEDURE\nTo carry out the registration, in addition to the notarized protocolization (protocolización notarial) of documents, with costs to be covered by the concessionaire, the alternative of the original signed contract is added (Article 84). And in addition to presentation by the interested party, direct submission to the General Registry of Concessions (Registro General de Concesiones) by the ICT is added, with notification to the Municipality, to simplify procedures. Without justification, it omits the IDA in the approval of concessions within zones of non-tourist suitability, and the Legislative Assembly in the case of islands. The expression \"original of the duly signed contract\" is preferable to the one used. The Bill does not clarify which documents the Notary will protocolize. The municipal agreement granting the concession, the approval act, and the contract are fundamental. The sending of the contract by the ICT for its registration is not feasible. It is recommended to exclude it and maintain the notarized protocolization (protocolización notarial) of final documents as currently required. The Concessions Registry of the Maritime-Terrestrial Zone (Registro de Concesiones de la Zona Marítimo Terrestre) forms part of the Public Registry and is subject to the provisions and procedures governing it (Law on Registration of Documents in the Public Registry; Decree No. 21756 of 1992; Regulation of the Public Registry, Decree No. 26771-J of 1998, arts. 1, 3, subsection a, 25, and 47, subsection i, and Decree 7841-P, arts. 82 and 87, etc.). The contract, supplemented by its approval, lacks the formalities and requirements of the titles or documents that the law authorizes for registration, and would not be suitable for this purpose (Civil Code, art. 450, and Regulation of the Public Registry, arts. 48 and 49, subsection a). Furthermore, the Principle of Request (Principio de Rogación) prevents the Registry from registering and processing documents ex officio, without formal presentation (art. 57, same Regulation). Once the concession is approved and the act communicated to the interested party, the processing of its registration is their responsibility, along with the payment of registration fees, withdrawal of the presentation slip from the Registry, etc. It is worth recalling here that Opinion C-011-99 recommended reforming Article 84 of the Regulation to Law 6043 insofar as it presumes the prior authorization of the ICT or the IDA to approve concession applications.\n\nDEROGATIONS\nFinally, Articles 16 and 17 of the Regulation are repealed, which deal –in order– with the authorization of extraneous works in tourist zones and the elaboration of National Tourism Development Plans (Planes Nacionales de Desarrollo Turístico), General Land Use Plans (Planes Generales de Uso de la Tierra), and Regulatory Plans (Planes Reguladores).\n\n11.1) EXTRANEOUS WORKS IN ZONES DECLARED TOURIST\nThe derogation of Article 16 is appropriate. In Opinion C-100-95, the Attorney General's Office (Procuraduría) objected to its legality. Without a Regulatory Plan (Plan Regulador), there can be no concession (concesión). The authorization of works extraneous to tourist activity in zones declared tourist, warning the concessionaire of the possibility of being ordered to remove or demolish them at their expense when the zoning plan is decreed, does not conform to the spirit of planning, nor to the requirements that must be met to obtain concessions (concesiones), and exposes the Administration to controversies.\n\n11.2) ELABORATION OF NATIONAL TOURISM DEVELOPMENT PLANS, GENERAL LAND USE PLANS, AND REGULATORY PLANS\nArticle 17 of the Regulation contemplates the formulation of coastal Regulatory Plans (Planes Reguladores), abiding by the guidelines and recommendations of the General Land Use Plan (Plan General de Uso de la tierra), and the latter by those of the National Tourism Development Plan (Plan Nacional de Desarrollo Turístico), which is entrusted to the ICT, in collaboration with other competent institutions (Ministry of Planning, INVU …), which must be harmonized with the National Development Plan and the National Urban Development Plan. It also provides for the subjection of the Regulatory Plans (Planes Reguladores) to the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana). The derogation of this article is not recommended because it is the one that expressly establishes the figure of the Regulatory Plan (Plan Regulador) as the immediate instrument for the realization of coastal territorial planning, based on generic guidelines of Law 6043 and the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana). The derogation is also not reasonable. Integral development entails complementarity between the General Plan and the National Plans, which encompass the analysis of planning by combining a greater number of factors or variables, priorities, etc., and establish the broad directives or guides for drafting the Regulatory Plan (Plan Regulador). The National Tourism Development Plans –and the Urban–, the same as the General Plans, are planning instruments at a higher level. They need a precision mechanism on a smaller scale that gives them effectiveness. This is achieved through the Regulatory Plans (Planes Reguladores), which, as a basic, primary tool of territorial planning, cover a more reduced and specific context of planning. There is an interdependence among the National Plans, the General Land Use Plan (Plan General de Uso de la Tierra), and the Regulatory Plan (Plan Regulador); the latter is the logical consequence of the former. The National Tourism Development Plan and the General Land Use Plan in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) are instruments that Law 6043 (Article 26) has provided for as adequate for the planning of these zones, and equally so are the Regulatory Plans (Planes Reguladores), which have implicit accommodation in the urban-tourism development plans alluded to by Articles 31 and 38 and the jurisprudence of the Attorney General's Office (Procuraduría) that informs them. From which it is inferred that the derogation of Article 17 of the Regulation would be illegal. Besides causing disintegrated, isolated planning, and leaving important general planning efforts undertaken (northern and southern Guanacaste sector and southern Puntarenas) without effect, it is contrary to the rational use of space and the joint protection of the environment, which takes into account the repercussions of the utilization of one zone on others nearby or within its sphere of influence.\n\nIII.- CONCLUSIONS:\nFor the reasons set forth, of the reforms intended to be made to the Regulation to Law 6043, the suppression of the final subsection of Article 20 is not recommended, a text which must be maintained and its wording adapted by indicating that public uses will be assigned following the criteria of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana). Neither is the derogation of Article 17 recommended, nor the elimination in Article 65 of the minimum and maximum caps on frontages and areas of lots in tourist zones destined for residential use, recreation, rest, vacation, and commercial uses. The revision of these caps should only be made with due technical support and based on general, uniform, and objective criteria. On the contrary, it is proposed to unify the specifications in question for the other uses, following these principles.\n\nRegarding the remaining articles, the following modifications are suggested:\nIn the introduction and recital (considerando): specify the provisions being developed, detail the pronouncements of the Attorney General's Office (Procuraduría) alluded to, and the articles they recommend modifying. Correct the qualifier of \"administrator and overseer\" (\"administrador y vigilante\") attributed to the Attorney General's Office (Procuraduría).\nIn Article 15, the expression \"zone of tourist or non-tourist suitability\" (\"zona de aptitud turística o no turística\") is more correct.\n\nIndicate that the works must conform to the terms of the concession and the implemented regulatory plan (plan regulador). Article 20: In addition to retaining the last paragraph, with the adaptation indicated, insert \"and published the\" between \"approved\" and \"regulatory plan (plan regulador)\". Article 27: Unify authentication for all administrative actions taken by private parties concerning the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre). Article 31: Indicate that notification by fax shall be verified by means of the transmission record provided by the fax, which shall be attached to the case file (expediente). And that resolutions shall be deemed notified on the business day following that on which the transmission was made. Clarify the manner in which notification at the address shall be carried out. Article 32: Replace \"Head of the concessions office\" with \"Head of the Office in charge of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre)\". Article 42: Replace \"Municipality\" with \"Office in charge of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) or the Mayor, who must first hear the written opinion of said Office.\" Add that if there are no objections, the deadline to prepare the draft resolution shall begin to run after thirty business days have elapsed from the publication of the edict for that purpose. Add that both the draft resolution and the granting of the concession must be reasoned with regard to the fulfillment of legal requirements (demarcation of the public zone, declaration of tourist or non-tourist suitability, approval and publication of the regulatory plan (plan regulador), appraisal by the Direct Taxation office, and observance of the procedure, etc.) and that the necessary measures have been adopted for the adequate protection of the environment and coastal resources. The municipal agreement granting the concession must expressly record the fulfillment of the legal requirements and the manner in which they have been observed. A denial shall also be reasoned. Article 43: Replace \"copy of the concession contract and of the case file (expediente)...\" with \"the original of the contract and the concession case file (expediente) or a certified copy thereof...\". Article 46: Replace \"concession contract\" with \"the original of the signed contract and the concession case file (expediente) or a certified copy thereof\". Increase to thirty calendar days the deadline for the ICT or the IDA to approve the concession, starting from the date they receive the application. Make the legal effectiveness of the concession contracts subject to the registration procedures in the General Registry of Concessions, instead of the \"final binding administrative resolution that has been issued.\" In the elements of the contract, add to the identification data of the concessionaire and those of their legal representative, if any, the registry inscription references, the same for legal entities. Instead of the requirement for \"clauses of the signed contract,\" list those that are basic: description of the real property and plan (Reglamento a la Ley del Catastro, art. 44), use, term of the concession, obligations of the concessionaire, etc. To the transcription of the municipal agreement approving the concession, add \"and authorizes the municipal mayor to sign the contract.\" It is sufficient to make a succinct reference to said agreement and its special conditions; the \"literal\" transcription is not necessary. The identification of the land appraisal and procedural incidences is one of the requirements to be incorporated into the municipal granting agreement, as recommended. And the following are part of the contract clauses: the fee (canon), identification of the parcel, and use for which the concession is approved. Include here \"in accordance with the Regulatory Plan (Plan Regulador).\" Clarify what is meant by the \"clear mention of the approval resolution from the ICT or IDA,\" which must be contained in the concession contract sent to them for approval. Implement the reform to this Article 46 recommended in legal opinion C-011-99, which considered contrary to Article 42 of Ley 6043 the conversion of the subsequent approval act by the ICT or IDA into a prior authorization for the granting of the concession. Article 84: Replace the expression used in the Bill with \"original of the duly signed contract.\" Clarify the documents that the Notary Public will incorporate into the public deed (protocolizará) (the fundamental ones are the contract, the municipal agreement granting the concession, and the approval act). Exclude the simple sending of the contract by the ICT to the General Registry of Concessions as a means of registration. Maintain the notarial incorporation into public deed (protocolización notarial) of final documents as is currently required, once the concession is approved and the act communicated to the interested party. Contemplate the approval of concessions by the IDA in areas of non-tourist suitability and by the Legislative Assembly in the case of islands. Add the amendment to this Article in the terms recommended by legal opinion C-011-99. The opportunity is taken to reiterate that legal opinion C-228-98 concluded (point I.4) that Article 36 of the Reglamento a la Ley sobre Zona Marítimo Terrestre, insofar as it provides that in the report concerning the inspection of the real property requested in concession, the inspector must indicate \"apparent easements (servidumbres aparentes),\" is contrary to Article 1 of that Law, since it is not possible to constitute easements (servidumbres) in the public domain in favor of private real properties, and recommended that the Executive Branch suppress such expression through the pertinent reform; which to date has not been done. From the Ministers, with due consideration,\nDr. José J. Barahona Vargas\nEnvironmental Attorney (Procurador Ambiental)" }