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  "id": "pgr-10490",
  "citation": "C-157-2001",
  "section": "pgr_opinions",
  "doc_type": "dictamen",
  "title_es": "Prohibición de múltiples concesiones en zona marítimo terrestre",
  "title_en": "Prohibition of multiple concessions in coastal zone",
  "summary_es": "La consulta del Concejo Municipal de Nandayure busca aclarar si el artículo 57.e de la Ley 6043 (que limita a una concesión por persona física, su cónyuge e hijos menores) se aplica también a personas jurídicas y a zonas no turísticas. La PGR concluye que la norma literal solo alcanza a personas físicas, lo que podría generar una discriminación negativa contraria al principio de igualdad constitucional. No obstante, reconoce que las municipalidades tienen potestades discrecionales para denegar solicitudes de concesión a personas jurídicas (o a sus socios) que ya tengan una concesión previa, siempre que esa decisión se motive en la finalidad pública de evitar la concentración de terrenos estatales y asegurar un reparto equitativo de la riqueza, conforme al artículo 50 constitucional. Extiende ese mismo criterio a las zonas no turísticas, tanto para personas físicas como jurídicas, recomendando una reforma legal para equiparar expresamente ambos regímenes.",
  "summary_en": "The Municipal Council of Nandayure inquired whether Article 57(e) of Law 6043—which limits concessions to one per individual, their spouse and minor children—also applies to legal entities and to non-tourist zones. The PGR concludes that the literal text only reaches natural persons, which could create a negative discrimination contrary to the constitutional principle of equality. Nevertheless, municipalities have discretionary powers to deny concession applications from legal entities (or their shareholders) that already hold a concession, provided the decision is grounded in the public purpose of preventing the concentration of state land and ensuring equitable distribution of wealth under Article 50 of the Constitution. The same criterion is extended to non-tourist zones for both natural and legal persons, while recommending legislative reform to expressly equalize both regimes.",
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  "excerpt_es": "Conforme a lo expuesto, es claro que el artículo 57, inciso e) prohibe el otorgamiento de más de una concesión a una persona física. Pero lo anterior no impide que la Administración, en uso de sus potestades discrecionales, pueda denegar una solicitud a personas jurídicas, a sus participantes o socios, previa verificación, cuando se encuentran en la misma situación prevista por ese numeral para las personas físicas.\nIgual criterio podrá seguirse en aquellas áreas declaradas como no turísticas, tanto para personas físicas como jurídicas, con el fin de evitar concentraciones de terrenos en manos de unos pocos.",
  "excerpt_en": "In accordance with the above, it is clear that Article 57(e) prohibits granting more than one concession to a natural person. However, this does not prevent the Administration, using its discretionary powers, from denying an application to legal entities, their participants or partners, after verification, when they are in the same situation envisioned by that provision for natural persons.\nThe same criterion may be followed in areas declared as non-tourist, for both natural and legal persons, in order to avoid concentrations of land in the hands of a few.",
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    "label_en": "Interpretive opinion",
    "label_es": "Dictamen interpretativo",
    "summary_en": "Article 57(e) of Law 6043 expressly limits only natural persons, but municipalities may discretionarily deny concessions to legal entities already holding one, and in non-tourist zones, to prevent land concentration and promote equitable distribution.",
    "summary_es": "El artículo 57.e de la Ley 6043 solo limita expresamente a personas físicas, pero las municipalidades pueden denegar discrecionalmente concesiones a personas jurídicas que ya ostenten una, así como en zonas no turísticas, para evitar la concentración de terrenos y promover un reparto equitativo."
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      "quote_es": "En nuestro criterio el numeral 57, inciso e) de la Ley 6043, al no incluir referencia alguna a las personas jurídicas, podría contener una discriminación negativa contraria al artículo 33 constitucional."
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      "quote_en": "Discretionary decision-making falls to the Administration, but must be based on criteria of timeliness and proportionality that allow the public purpose to be achieved.",
      "quote_es": "La decisión discrecional compete a la Administración, pero debe fundamentarse en criterios de oportunidad y proporcionalidad que permitan alcanzar el fin público."
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      "quote_en": "The Administration is empowered to undertake concrete actions that seek the greatest well-being of all inhabitants and the most adequate distribution of wealth (Constitution, Article 50).",
      "quote_es": "La Administración está facultada para emprender acciones concretas que procuren el mayor bienestar de todos los habitantes y el más adecuado reparto de la riqueza (Carta Política, artículo 50)."
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  "body_es_text": "Dictamen : 157 del 29/05/2001   \n\n\n\nC-157-2001\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n29 de mayo de 2001\n\n\n\n\nSeñores\n\n\n\n\nConcejo Municipal de Nandayure\n\n\n\n\nS. D.\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEstimados Regidores:\n\n\n\n Con aprobación del señor Procurador General Adjunto, evacuamos la consulta acordada por ese\nMunicipio en sesión ordinaria Nº 99 del 1º de setiembre de 1999, concerniente a la interpretación\ndel artículo 57 inciso e) de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, No. 6043 de 2 de marzo de\n1977.\n\n\n\n\nA. OBJETO DE LA CONSULTA\n\n\n\n     1) La consulta versa sobre la solicitud de concesiones en áreas declaradas de aptitud turística\ny sujetas a lo dispuesto en el artículo 57 inciso e) de la Ley 6043.-\n\n\n\n     2) También abarca la interrogante de si ese precepto legal es aplicable a las zonas declaradas\nde aptitud no turística.-\n\n\n\n\nB. ANTECEDENTES\n\n\n\n     La Sección Jurídica del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, en Oficio Nº SJ-645-99,\nestimó que la norma es taxativa. Se refiere únicamente a la persona física, su cónyuge y los hijos\nmenores en las zonas declaradas turísticas. El precepto pretende evitar que se \"acapare (sic)\ngrandes extensiones de la franja de la zona marítimo terrestre\", pero no es aplicable a las personas\njurídicas tanto en zonas declaras de aptitud turística o no.-\n\n\n\n\nC. SOBRE LO CONSULTADO\n\n\n\n     El otorgamiento de concesiones en la zona marítimo terrestre es un convenio entre la\nAdministración y un particular, el cual podrá hacer uso y disfrute privativos de la franja estatal\nsegún lo dispone el artículo 41 de la Ley 6043. Como contraprestación, el concesionario deberá\ncancelar un canon (precio público) a favor del gobierno local (artículo 48 ibídem; Opinión Jurídica\nNº 017-2001 de 7 de marzo de 2001), además de cumplir con todas la obligaciones normativas y las\nestipuladas en el contrato de carácter administrativo y regulado por el derecho público.-\n\n\n\n     En el presente asunto, interesa analizar lo dispuesto por el numeral 57, inciso e) de la Ley\n6043:\n\n\n\n \"Artículo 57.- En las zonas declaradas turísticas por el Instituto Costarricense de Turismo, además\nde las normas anteriores, las concesiones quedan sujetas a las siguientes disposiciones:\n\n\n\n\n(...)\n\n\n\n\ne) Ninguna persona junto con su cónyuge e hijos menores, podrá tener más de una concesión.\"\n\n\n\n     El precepto trata de las personas físicas, pues cita al cónyuge e hijos menores del\nsolicitante. La mención a un núcleo familiar resulta ajena a la persona jurídica. Por ello conforme\na la literalidad del ordinal no es posible que las personas físicas obtengan más de una concesión.-\n\n\n\n     No obstante, es preciso realizar una interpretación que satisfaga en mejor medida los intereses\ny fines públicos involucrados en el otorgamiento de concesiones sobre terrenos demaniales. Se trata\nde evitar en el caso concreto una concentración de terrenos estatales entre pocas personas,\nprocurando repartir adecuadamente las posibilidades de uso y disfrute de estos bienes entre el mayor\nnúmero de personas posible, de manera que se beneficie a toda la comunidad.-\n\n\n\n\n    En este sentido la Sala Constitucional ha sostenido:\n\n\n\n \"...El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del\nlegislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son los llamados\nbienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen\nindividualmente a los particulares y que están destinados a un uso público y sometidos a un régimen\nespecial, fuera del comercio de los hombres.- Es decir, afectados por su propia naturaleza y\nvocación.-\" (Voto 623-98, entre otros) (Los destacados son nuestros).-\n\n\n\n     En un caso similar, donde el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) adjudicó parcelas, la Sala\nConstitucional se refirió al asunto destacando la necesidad de respetar principios fundamentales:\n\n\n\n \"I.- No es competencia de esta Sala determinar si los recurrentes reúnen o no las condiciones\nnecesarias para ser adjudicatarios de los fundos que poseen, como tampoco lo es valorar las\npolíticas del Instituto de Desarrollo Agrario y la forma en que éstas se traducen en decisiones\nconcretas respecto a proyectos específicos, como lo es el destinar el área de un proyecto, como al\nque pertenecen los recurrentes, a la solución de problemas de vivienda o para dotar a un colegio\npúblico de un terreno. En relación con el primer aspecto, si bien en la calificación y selección de\nlos beneficiarios de los proyectos de parcelación del Instituto de Desarrollo Agrario, han de\nrespetarse principios tutelados constitucionalmente, como lo es, por ejemplo, el principio de\nigualdad, la decisión de fondo en torno a si una determinada persona puede ser adjudicatario de un\nfundo del Instituto, es un asunto de legalidad ordinaria en la cual no está directamente involucrado\nel ejercicio de un derecho fundamental. En este sentido, el artículo 50 constitucional, en tanto\nprescribe un adecuado reparto de la riqueza, es una norma que impone fines a la acción del Estado,\npero de la cual no se derivan directamente derechos subjetivos constitucionalmente tutelados. Dicho\nnumeral da pie a que el legislador dicte leyes en procura de los fines que la norma constitucional\nsupone, leyes de las cuales se pueden derivar derechos subjetivos que, por lo mismo, son de rango\nlegal, no constitucional.\" (Voto 692-99) (La negrita es nuestra).-\n\n\n\n     De acuerdo con ese precedente, existen normas de rango infra constitucional que desarrollan,\ndelimitan y concretan el principio del artículo 50, párrafo primero, de nuestra Carta Magna. Se\napoya dicho Tribunal, entre otros, en el Principio de Igualdad (artículo 33 de la Carta Política).-\n\n\n\n     Esos principios constitucionales cabe tomarlos en cuenta al adjudicar terrenos del Estado, el\ncual en el ejercicio de sus potestades discrecionales le corresponde evitar actos contrarios al fin\npúblico y a la distribución equitativa de la propiedad pública para su uso y aprovechamiento\nprivativo por medio del otorgamiento de concesiones.-\n\n\n\n     Sobre el uso de potestades discrecionales por parte de la Administración en el otorgamiento de\nconcesiones, y la necesidad de respetar principios fundamentales, véase el Dictamen C-026-2001 de 7\nde febrero de 2001.-\n\n\n\n     En punto a las personas físicas y jurídicas en este caso, no parece existir ningún motivo para\nestablecer tratos diferenciados o como denomina nuestro Tribunal Constitucional \"elemento objetivo\nde diferenciación\" (Voto 2253-96, entre otros).-\n\n\n\n     La doctrina nacional también se ha ocupado de la temática. Al respecto, señala PIZA ROCAFORT\n(Rodolfo):\n\n\n\n \"...a pesar de esas desigualdades, hay una igualdad sustancial más importante que todas ellas (...)\nEsa presunción y esa regla – de igualdad- admiten excepciones, pero esas excepciones, para su\nvalidez, deben estar fundadas en desigualdades objetivas y relevantes (no cualquier desigualdad real\ntiene rango suficiente para justificar un trato diferenciado)…El que en algunos casos, sea válido\ndistinguir entre unas personas y otras, no justifica que, en la mayoría, la distinción de trato\nentre personas físicas y jurídicas, esconda una discriminación ilícita, por irrazonable, irracional\ny desproporcionada. Discriminar entre unas personas y otras (físicas y jurídicas) no es, en el\nfondo, otra cosa que discriminar contra las personas físicas que pertenecen a, o a quienes les\npertenecen, esas personas jurídicas.\" Igualdad de Derechos: Isonomía y No Discriminación, San José,\nImprenta Lil S.A., 1997, pp. 26 y 46.-\n\n\n\n     En análogo sentido, comenta MUÑOZ QUESADA (Hugo Alfonso) como parámetros justificantes de\ndiferenciación:\n\n\n\n \"La razonabilidad es la pauta para considerar la medida de la igualdad, con lo cual el legislador\npuede crear categorías, grupos o clasificaciones que irroguen trato diferente entre los habitantes,\na condición de que el criterio empleado para discriminar sea razonable y justificado. Para descubrir\nla razonabilidad de una discriminación es necesario determinar si la finalidad que se persigue con\nella es lícita, si los supuestos de hecho que justifican la distinción son verdaderos, sustanciales\ny relevantes, si es necesaria para corregir (...) diferencias reales o para alcanzar objetivos\nlegítimos. (...) se requiere también saber si la medida diferenciadora es proporcional, además, a la\npropia finalidad de la norma...\" El Principio de No Discriminación y los Derechos Humanos, \"Justicia\ny Discriminación en Costa Rica\", San José, CONAMAJ, 1998, p.43\n\n\n\n     En nuestro criterio el numeral 57, inciso e) de la Ley 6043, al no incluir referencia alguna a\nlas personas jurídicas, podría contener una discriminación negativa contraria al artículo 33\nconstitucional.-\n\n\n\n\n    Sobre la discriminación negativa comenta la Sala Constitucional en su Voto 2325-96:\n\n\n\n \"II.- La discriminación negativa o desaplicación ad hoc de la ley, a favor de una sola persona,\ncoloca a los demás en condiciones de desigualdad en tanto no los exime por igual de las reglas\nprefijadas por el legislador. En su manifestación positiva, se discrimina al acordarse una ventaja a\nuna persona o grupo de personas, en detrimento de otras que se encuentren o puedan encontrarse en\ncircunstancias similares. Esto coloca a los excluidos del privilegio en situación de desventaja,\ncomo si fuesen de una categoría jurídica inferior. La doctrina también describe el fenómeno como de\nsub-inclusión de la ley, puesto que el gobernante deja de reconocer a los individuos como iguales\nante la ley y en su lugar impulsa privilegios en favor de un número de personas, máxime si los\nfavorecidos tienen mayor poder económico o político\" (El destacado no es del original).\n\n\n\n     Ante lo expuesto, lo recomendable sería una reforma al texto de la Ley para equiparar los\nregímenes de ambos tipos de personas.-\n\n\n\n     Mientras la reforma legal tiene lugar, a la Administración está facultada para emprender\nacciones concretas que procuren el mayor bienestar de todos los habitantes y el más adecuado reparto\nde la riqueza (Carta Política, artículo 50).-\n\n\n\n     Además, valga recordar que la Municipalidad actúa con base en el principio de legalidad, que\npuede ser absoluto cuando la actividad es reglada (Ley General de la Administración Pública,\nartículos 11 y 59, inciso 1); y relativo, cuando median aspectos discrecionales o de oportunidad que\nle otorgan cierto margen de decisión al no definirse alguno de los componentes del acto\nadministrativo, o cuando esos elementos presentan conceptos jurídicos indeterminados o\ncalificaciones jurídicas que vienen a ser concretados con un amplio margen de subjetividad. ORTIZ\nORTÍZ, Eduardo, Límites y Contralor de la Discrecionalidad Administrativa en Costa Rica, tomado de\nRevista Judicial, San José, Año VIII, No. 28, marzo de 1984, pp. 11-28\n\n\n\n     En el caso de otorgamiento de concesiones, el fin está dado por el legislador: El\naprovechamiento socio-económico de esta franja demanial (uso y disfrute – art. 41 Ley sobre la Zona\nMarítima Terrestre) revestido de un interés público \"el mayor bienestar a todos los habitantes...y\nel más adecuado reparto de la riqueza\" (artículo 50, párrafo 1º de la Constitución Política). A su\nvez, los motivos deben corresponder al fin, es decir, el aprovechamiento sostenible de la zona\nrestringida y la correspondiente distribución del beneficio socio-económico que los particulares\nobtienen de él. El contenido viene dado por la aplicación concreta del grupo de postulados de los\nartículos de la Ley y el Reglamento que regulan el procedimiento de concesión. En este sentido,\nencontramos que el fin es claro, los motivos también y el contenido lo es en la mayoría de los\naspectos. Como se evidenció antes, algunos supuestos pueden no estar regulados, por lo que la\nAdministración debe suplir la ausencia discrecionalmente.-\n\n\n\n     Sobre ese margen de discrecionalidad, apunta ORTÍZ ORTÍZ (Eduardo): \"Así nace la\ndiscrecionalidad, como la libertad de la Administración para determinar y decidir su conducta\nimperativa frente a otros sujetos en cuanto a los aspectos de esa conducta no regulados por ley…La\ndiscrecionalidad consiste en la elección de los elementos no regulados, según un criterio subjetivo\ne individualizado, pero jurídicamente aceptable, desde el punto de vista de su adaptación al fin.\"\nOb. Cit, pp. 11-12 (El destacado no pertenece al original)\n\n\n\n     La decisión discrecional compete a la Administración, pero debe fundamentarse en criterios de\noportunidad y proporcionalidad que permitan alcanzar el fin público. La emisión del acto\nadministrativo debe tomar en cuenta todas las cuestiones de hecho y de derecho surgidas del motivo.-\n\n\n\n\n    Al respecto la Ley General de la Administración Pública nos dice en su artículo 132, inciso 1º):\n\n\n\n \"1.- El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarcar todas las cuestiones de\nhecho y de derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas\"\n\n\n\n     También la Sala Constitucional ha sido clara en la obligación de la Administración de\nsatisfacer con sus actuaciones siempre el fin público:\n\n\n\n \"Y, en relación con el segundo aspecto, el destino de aquellos terrenos que pertenecen al Instituto\nde Desarrollo Agrario, viene a ser el resultado de la ejecución de sus políticas cuya definición\ncorresponde al ente, específicamente a sus órganos directivos, dentro del marco legal que define sus\npotestades. De allí que el control de los actos administrativos concretos que ejecutan dicha\npolítica es, en principio, de legalidad respecto a dicho marco y al fin público que el Instituto ha\nde perseguir siempre en su actuación \" (Voto 692-99) (Destacado no es del original).-\n\n\n\n     La falta definición completa del contenido del acto nunca debe interrumpir la consecución del\ninterés público. La Ley General de la Administración Pública así lo establece:\n\n\n\n \" Artículo 132.-4: Su adaptación - del contenido - al fin se podrá lograr mediante la inserción\ndiscrecional de condiciones, términos y modos, siempre que, además de reunir las notas del contenido\narriba indicadas, estos últimos sean legalmente compatibles con la parte reglada del mismo.\"\n(Destacado es nuestro).-\n\n\n\n     El fin público que se persigue antes aclarado, faculta a los municipios a denegar solicitudes\nde concesiones cuando el solicitante, sea incluso una persona jurídica, ostente con anterioridad una\nconcesión.-\n\n\n\n     Conforme a lo expuesto, es claro que el artículo 57, inciso e) prohibe el otorgamiento de más\nde una concesión a una persona física. Pero lo anterior no impide que la Administración, en uso de\nsus potestades discrecionales, pueda denegar una solicitud a personas jurídicas, a sus participantes\no socios, previa verificación, cuando se encuentran en la misma situación prevista por ese numeral\npara las personas físicas.-\n\n\n\n     Igual criterio podrá seguirse en aquellas áreas declaradas como no turísticas, tanto para\npersonas físicas como jurídicas, con el fin de evitar concentraciones de terrenos en manos de unos\npocos.-\n\n\n\n\nD. CONCLUSIONES:\n\n\n\n\n    Conforme a lo indicado arribamos a las siguientes conclusiones:\n\n\n\n 1) El inciso e) del artículo 57 de la Ley 6043, podría presentar una discriminación negativa al no\ncontemplar a las personas jurídicas dentro de la prohibición ahí establecida. Ante ello la\nAdministración cuenta con potestades discrecionales para denegar solicitudes a personas jurídicas\nque ya cuentan con una concesión.-\n\n\n\n 2) Los gobiernos locales también están facultados para denegar una concesión a una persona física o\njurídica en áreas con declaratoria de aptitud no turística, en caso de que ostenten una concesión\nanterior a su favor.-\n\n\n\n\nAtentamente,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nLic. Mauricio G. Castro Lizano          Lic. Hugo Alfonso Muñoz  Ureña\n\n\n\n\nProcurador Adjunto                               Area Agraria y Ambiental\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nc.c.   Licda. Ana Catalina Brenes Loaiza\n\n\n\n\n       Jefe Departamento de Concesiones\n\n\n\n\n        Instituto Costarricense de Turismo\n\n\n\n\nIng. Alfonso Quesada Chacón\n\n\n\n\nJefe a.i. del Departamento de Ordenamiento Agrario\n\n\n\n\nInstituto de Desarrollo Agrario\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nLic. José Luis Madrigal Juárez\n\n\n\n\nJefe del Registro General de Concesiones\n\n\n\n\nLicda. Olga Fallas Solís\n\n\n\n\nDirectora de la Dirección de Gestión Municipal\n\n\n\n\nInstituto de Fomento y Asesoría Municipal\n\n\n\n\n        Municipalidades del país con administración de\n\n\n\n\n        zona marítimo terrestre",
  "body_en_text": "A. PURPOSE OF THE CONSULTATION\n\n1) The consultation concerns the request for concessions in areas declared suitable for tourism (aptitud turística) and subject to the provisions of Article 57, subsection e) of Law 6043.\n\n2) It also covers the question of whether that legal precept is applicable to areas declared not suitable for tourism (aptitud no turística).\n\nB. BACKGROUND\n\nThe Legal Section of the Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, in Official Memorandum No. SJ-645-99, considered that the rule is restrictive. It refers solely to the natural person (persona física), their spouse, and minor children in areas declared suitable for tourism. The precept seeks to prevent the \"hoarding of large extensions of the strip of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre)\", but it is not applicable to legal persons (personas jurídicas), whether in areas declared suitable for tourism or not.\n\nC. REGARDING THE MATTER CONSULTED\n\nThe granting of concessions in the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) is an agreement between the Administration and a private individual, who may make private use and enjoyment (uso y disfrute privativos) of the state strip as provided in Article 41 of Law 6043. As consideration, the concessionaire must pay a fee (canon) (public price) to the local government (Article 48 ibidem; Legal Opinion No. 017-2001 of March 7, 2001), in addition to complying with all regulatory obligations and those stipulated in the contract, which is administrative in nature and governed by public law.\n\nIn the present matter, it is relevant to analyze the provisions of numeral 57, subsection e) of Law 6043:\n\n\"Article 57.- In the areas declared suitable for tourism by the Instituto Costarricense de Turismo, in addition to the preceding rules, concessions are subject to the following provisions:\n\n(...)\n\ne) No person, together with their spouse and minor children, may hold more than one concession.\"\n\nThe precept deals with natural persons (personas físicas), as it cites the applicant's spouse and minor children. The reference to a family unit is foreign to the legal person (persona jurídica). Therefore, according to the literal wording of the ordinance, it is not possible for natural persons (personas físicas) to obtain more than one concession.\n\nHowever, an interpretation must be made that better satisfies the public interests and purposes involved in the granting of concessions on public domain lands (terrenos demaniales). The specific aim is to prevent a concentration of state lands among few persons, seeking to adequately distribute the possibilities of use and enjoyment (uso y disfrute) of these assets among the greatest possible number of persons, so as to benefit the entire community.\n\nIn this regard, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has held:\n\n\"...Public domain (dominio público) is composed of assets that manifest, by the express will of the legislator, a special purpose of serving the community, the public interest. These are the so-called dominical assets, demanial assets, public assets or things, or public goods, which do not belong individually to private parties and are destined for public use and subject to a special regime, outside commercial trade. That is, affected by their own nature and purpose.-\" (Voto 623-98, among others) (Emphasis added).\n\nIn a similar case, where the Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) adjudicated parcels, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) addressed the matter, highlighting the need to respect fundamental principles:\n\n\"I.- It is not within the competence of this Chamber to determine whether the appellants meet the necessary conditions to be adjudicatees of the properties they possess, nor is it to evaluate the policies of the Instituto de Desarrollo Agrario and the manner in which these translate into concrete decisions regarding specific projects, such as allocating the area of a project, like the one to which the appellants belong, to solving housing problems or to endowing a public school with land. In relation to the first aspect, although the qualification and selection of the beneficiaries of the parceling projects of the Instituto de Desarrollo Agrario must respect constitutionally protected principles, such as, for example, the principle of equality, the substantive decision regarding whether a specific person can be an adjudicatee of an Institute property is a matter of ordinary legality in which the exercise of a fundamental right is not directly involved. In this sense, Article 50 of the Constitution, insofar as it prescribes an adequate distribution of wealth, is a norm that imposes aims on State action, but from which subjectively protected constitutional rights are not directly derived. Said numeral provides a basis for the legislator to enact laws in pursuit of the aims that the constitutional norm supposes, laws from which subjective rights may be derived that, for the same reason, are of legal, not constitutional, rank.\" (Voto 692-99) (Bold text added).\n\nAccording to that precedent, there are norms of infra-constitutional rank that develop, delimit, and concretize the principle of Article 50, first paragraph, of our Magna Carta (Carta Magna). Said Court relies, among others, on the Principle of Equality (Article 33 of the Political Constitution).\n\nThose constitutional principles should be taken into account when adjudicating State lands, and the State, in the exercise of its discretionary powers, is responsible for preventing acts contrary to the public purpose and the equitable distribution of public property for its private use and exploitation through the granting of concessions.\n\nRegarding the use of discretionary powers by the Administration in the granting of concessions, and the need to respect fundamental principles, see Opinion C-026-2001 of February 7, 2001.\n\nWith respect to natural persons (personas físicas) and legal persons (personas jurídicas) in this case, there does not appear to be any reason to establish differentiated treatment or what our Constitutional Court calls an \"objective element of differentiation\" (Voto 2253-96, among others).\n\nNational legal doctrine has also addressed this subject. In this regard, PIZA ROCAFORT (Rodolfo) notes:\n\n\"...despite those inequalities, there is a substantial equality more important than all of them (...) That presumption and that rule – of equality – admit exceptions, but those exceptions, for their validity, must be founded on objective and relevant inequalities (not any real inequality has sufficient rank to justify differentiated treatment)...That in some cases it is valid to distinguish between some persons and others does not justify that, in the majority of cases, the distinction in treatment between natural persons (personas físicas) and legal persons (personas jurídicas) hides an illicit discrimination, because it is unreasonable, irrational, and disproportionate. Discriminating between some persons and others (natural and legal) is, at heart, nothing other than discriminating against the natural persons (personas físicas) who belong to, or to whom belong, those legal persons (personas jurídicas).\" Equality of Rights: Isonomy and Non-Discrimination, San José, Imprenta Lil S.A., 1997, pp. 26 and 46.\n\nIn a similar vein, MUÑOZ QUESADA (Hugo Alfonso) comments on the justifying parameters for differentiation:\n\n\"Reasonableness is the guideline for considering the measure of equality, by which the legislator may create categories, groups, or classifications that entail different treatment among inhabitants, provided that the criterion used to discriminate is reasonable and justified. To discover the reasonableness of a discrimination, it is necessary to determine if the purpose pursued by it is lawful, if the factual assumptions justifying the distinction are true, substantial, and relevant, if it is necessary to correct (...) real differences or to achieve legitimate objectives. (...) it is also required to know if the differentiating measure is proportional, moreover, to the very purpose of the norm...\" The Principle of Non-Discrimination and Human Rights, \"Justice and Discrimination in Costa Rica\", San José, CONAMAJ, 1998, p.43\n\nIn our view, numeral 57, subsection e) of Law 6043, by not including any reference to legal persons (personas jurídicas), could contain a negative discrimination contrary to Article 33 of the Constitution.\n\nRegarding negative discrimination, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) comments in its Voto 2325-96:\n\n\"II.- Negative discrimination or ad hoc non-application of the law, in favor of a single person, places others in conditions of inequality insofar as it does not equally exempt them from the rules pre-established by the legislator. In its positive manifestation, discrimination occurs when an advantage is granted to a person or group of persons, to the detriment of others who are or may find themselves in similar circumstances. This places those excluded from the privilege in a situation of disadvantage, as if they were of a lower legal category. Doctrine also describes the phenomenon as under-inclusion of the law, since the governing authority fails to recognize individuals as equal before the law and instead promotes privileges in favor of a number of persons, especially if the favored ones have greater economic or political power\" (Emphasis not from the original).\n\nGiven the foregoing, a reform to the text of the Law to equate the regimes for both types of persons would be advisable.\n\nWhile the legal reform takes place, the Administration is empowered to undertake concrete actions that seek the greatest well-being of all inhabitants and the most adequate distribution of wealth (Political Constitution, Article 50).\n\nFurthermore, it is worth recalling that the Municipality acts based on the principle of legality, which can be absolute when the activity is fully regulated (General Law of Public Administration, Articles 11 and 59, subsection 1); and relative, when discretionary aspects or matters of opportunity intervene that grant it a certain margin of decision because some of the components of the administrative act are undefined, or when those elements present indeterminate legal concepts or legal qualifications that come to be concretized with a wide margin of subjectivity. ORTIZ ORTÍZ, Eduardo, Limits and Oversight of Administrative Discretion in Costa Rica, taken from Revista Judicial, San José, Year VIII, No. 28, March 1984, pp. 11-28\n\nIn the case of granting concessions, the purpose is set by the legislator: The socio-economic exploitation of this demanial strip (use and enjoyment (uso y disfrute) – Art. 41 Law on the Maritime-Terrestrial Zone (Ley sobre la Zona Marítima Terrestre)) imbued with a public interest of \"the greatest well-being to all inhabitants...and the most adequate distribution of wealth\" (Article 50, paragraph 1 of the Political Constitution). In turn, the motives must correspond to the purpose, that is, the sustainable exploitation of the restricted zone and the corresponding distribution of the socio-economic benefit that private individuals obtain from it. The content is given by the concrete application of the group of postulates from the articles of the Law and the Regulation that govern the concession procedure. In this sense, we find that the purpose is clear, the motives are also clear, and the content is clear in most aspects. As previously demonstrated, some situations may not be regulated, so the Administration must fill the gap discretionally.\n\nRegarding this margin of discretion, ORTÍZ ORTÍZ (Eduardo) points out: \"Thus discretion is born, as the Administration's freedom to determine and decide its imperative conduct before other subjects regarding the aspects of that conduct not regulated by law…Discretion consists of the choice of unregulated elements, according to a subjective and individualized criterion, but legally acceptable, from the point of view of its adaptation to the purpose.\" Ob. Cit, pp. 11-12 (Emphasis not from the original)\n\nThe discretionary decision is the responsibility of the Administration, but it must be based on criteria of opportunity and proportionality that allow the public purpose to be achieved. The issuance of the administrative act must take into account all questions of fact and law arising from the motive.\n\nIn this regard, the General Law of Public Administration states in its Article 132, subsection 1):\n\n\"1.- The content must be lawful, possible, clear and precise and cover all questions of fact and law arising from the motive, even if they have not been debated by the interested parties\"\n\nThe Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has also been clear on the Administration's obligation to always satisfy the public purpose with its actions:\n\n\"And, in relation to the second aspect, the destination of those lands that belong to the Instituto de Desarrollo Agrario comes to be the result of the execution of its policies, the definition of which corresponds to the entity, specifically to its governing bodies, within the legal framework that defines its powers. Hence, the control of the concrete administrative acts that execute said policy is, in principle, of legality with respect to said framework and to the public purpose that the Institute must always pursue in its action\" (Voto 692-99) (Emphasis not from the original).\n\nThe lack of a complete definition of the content of the act must never interrupt the achievement of the public interest. The General Law of Public Administration so establishes:\n\n\"Article 132.-4: Its adaptation - of the content - to the purpose may be achieved through the discretionary insertion of conditions, terms, and modes, provided that, in addition to meeting the attributes of the content indicated above, these latter are legally compatible with the regulated part of the same.\" (Emphasis added).\n\nThe public purpose pursued, as clarified above, empowers the municipalities to deny concession applications when the applicant, even if a legal person (persona jurídica), already holds a previous concession.\n\nIn accordance with the foregoing, it is clear that Article 57, subsection e) prohibits the granting of more than one concession to a natural person (persona física). But the foregoing does not prevent the Administration, in use of its discretionary powers, from denying an application to legal persons (personas jurídicas), to their participants or partners, after prior verification, when they find themselves in the same situation foreseen by that numeral for natural persons (personas físicas).\n\nThe same criterion may be followed in those areas declared as not suitable for tourism, for both natural persons (personas físicas) and legal persons (personas jurídicas), in order to prevent concentrations of land in the hands of a few.\n\nD. CONCLUSIONS:\n\nIn accordance with what has been indicated, we arrive at the following conclusions:\n\n1) Subsection e) of Article 57 of Law 6043 could present a negative discrimination by not contemplating legal persons (personas jurídicas) within the prohibition established therein. Given this, the Administration has discretionary powers to deny applications from legal persons (personas jurídicas) that already hold a concession.\n\n2) Local governments are also empowered to deny a concession to a natural person (persona física) or legal person (persona jurídica) in areas declared not suitable for tourism, in the event that they already hold a previous concession in their favor."
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