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  "citation": "C-227-2001",
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  "doc_type": "dictamen",
  "title_es": "Competencia ministerial para firma de decreto de expropiación de terrenos para planta de tratamiento de aguas negras",
  "title_en": "Ministerial authority to sign expropriation decree for wastewater treatment plant land",
  "summary_es": "La Procuraduría General de la República analiza una consulta del Ministro de la Presidencia sobre cuál o cuáles ministros deben firmar, junto al Presidente, el decreto ejecutivo que declare de interés público los terrenos para instalar una planta de tratamiento de aguas negras en Heredia. El dictamen examina la capacidad activa del Poder Ejecutivo para expropiar según la Ley de Expropiaciones (N° 7495), la naturaleza y competencias de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, y las atribuciones legales de los Ministerios de Salud y de Ambiente y Energía. Concluye que, dado que el proyecto busca tanto proteger la salud pública (competencia del Ministerio de Salud) como preservar los acuíferos y el recurso hídrico (competencia del Ministerio de Ambiente y Energía), el acuerdo ejecutivo debe ser firmado por el Presidente de la República y ambos ministros: el de Salud y el de Ambiente y Energía. Se fundamenta en la Ley General de Salud, la Ley Orgánica del MINAE, la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la salud y al ambiente sano, y dictámenes previos de la misma Procuraduría sobre la rectoría del MINAE en materia de recursos hídricos.",
  "summary_en": "The Attorney General's Office assesses an inquiry from the Minister of the Presidency regarding which minister(s) must sign, together with the President, the executive decree declaring public interest for lands needed to build a wastewater treatment plant in Heredia. The opinion reviews the executive’s active capacity to expropriate under the Expropriation Law (No. 7495), the legal nature and powers of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, and the statutory mandates of the Ministry of Health and the Ministry of Environment and Energy. It concludes that since the project aims to protect both public health (a competence of the Ministry of Health) and aquifers and water resources (a competence of the Ministry of Environment and Energy), the executive decree must be signed by the President and both ministers: the Minister of Health and the Minister of Environment and Energy. The conclusion rests on the General Health Law, the Organic Law of MINAE, constitutional case law on the rights to health and a healthy environment, and prior opinions of the Attorney General's Office on MINAE’s lead role in water-resource management.",
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  "date": "21/08/2001",
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    "expropiación forzosa",
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    "alcantarillado sanitario",
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      "law": "Ley de Expropiaciones N° 7495"
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    "Empresa de Servicios Públicos de Heredia"
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    "Empresa de Servicios Públicos de Heredia"
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  "excerpt_es": "Del desarrollo efectuado en el presente dictamen, tanto a nivel de la normativa en materia de expropiaciones, como de la aplicable a los dos particulares Ministerios involucrados, a saber, Ministerio de Salud y Ministerio de Ambiente y Energía, la cual a su vez ha sido relacionada con la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y de la misma Procuraduría General sobre el tema objeto de estudio; Y teniendo presente, además, que los inmuebles objeto de expropiación serán destinados y afectados para la debida ejecución de las obras necesarias para el desarrollo del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Heredia y obras conexas, no sólo para garantizar la salud de las poblaciones involucradas, sino igualmente con el fin de preservar y proteger los acuíferos que suministran y abastecen de agua potable de las comunidades beneficiadas, es que se puede llegar a la conclusión que efectivamente el respectivo acuerdo ejecutivo de declaratoria de utilidad pública de los terrenos susceptibles de expropiación, deberá ser firmado, conjuntamente, por el Presidente de la República y los Ministros de Salud y de Ambiente y Energía.",
  "excerpt_en": "Based on the analysis carried out in this opinion, both on expropriation law and on the legislation applicable to the two Ministries involved, namely the Ministry of Health and the Ministry of Environment and Energy, which has in turn been cross‑referenced with the case law of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice and of the Attorney General’s Office on the subject under review, and bearing in mind, moreover, that the properties to be expropriated will be earmarked and used for the proper execution of the works needed for the Heredia Sanitary Sewer System Improvement Project and related works — both to guarantee the health of the affected populations and to preserve and protect the aquifers that supply drinking water to the beneficiary communities — it can be concluded that the executive decree declaring public utility of the lands subject to expropriation must indeed be signed jointly by the President of the Republic and the Ministers of Health and of Environment and Energy.",
  "outcome": {
    "label_en": "Interpretive opinion",
    "label_es": "Dictamen interpretativo",
    "summary_en": "The executive decree declaring public utility of the land earmarked for the wastewater treatment plant in Heredia must be signed by the President of the Republic and the Ministers of Health and of Environment and Energy.",
    "summary_es": "El acuerdo ejecutivo de declaratoria de utilidad pública para la expropiación de los terrenos destinados a la planta de tratamiento de aguas negras en Heredia debe ser firmado por el Presidente de la República y los ministros de Salud y de Ambiente y Energía."
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      "context": "Conclusión",
      "quote_en": "it can be concluded that the executive decree declaring public utility of the lands subject to expropriation must indeed be signed jointly by the President of the Republic and the Ministers of Health and of Environment and Energy.",
      "quote_es": "es que se puede llegar a la conclusión que efectivamente el respectivo acuerdo ejecutivo de declaratoria de utilidad pública de los terrenos susceptibles de expropiación, deberá ser firmado, conjuntamente, por el Presidente de la República y los Ministros de Salud y de Ambiente y Energía."
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      "context": "Considerando III, citando voto 7888-98 Sala Constitucional",
      "quote_en": "Environmental quality is a fundamental parameter of quality of life, just like health, food, work, housing, education, among others. Consequently, the State has the duty to provide adequate protection to the environment, for which it must take the necessary measures to keep the environment free from contamination, and to ensure that the alterations caused by both humans and nature, in the near or far surroundings, do not cause injury to the environment or to the health of the people living in it.",
      "quote_es": "La calidad ambiental es un parámetro fundamental de la calidad de vida; al igual que la salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, entre otros. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de procurar una protección adecuada al ambiente, para lo cual debe tomar las medidas necesarias a fin de que el medio esté libre de contaminación, y que las alteraciones producidas tanto por el hombre como por la naturaleza, en el entorno próximo o lejano, no constituyan una lesión al ambiente ni a la salud de las personas que en él habitan."
    },
    {
      "context": "Considerando III, citando sentencia 5893-95 Sala Constitucional",
      "quote_en": "when talking about natural resources, there must be a preventive attitude; that is, if degradation and deterioration are to be minimized, precaution and prevention must be the guiding principles, which leads us to the need to set forth the ‘in dubio pro natura’ principle.",
      "quote_es": "cuando se habla de recursos naturales, debe existir una actitud preventiva, es decir, si la degradación y el deterioro deben ser minimizados, es necesario que la precaución y la prevención sean los principios dominantes, lo cual nos lleva a la necesidad de plantear el principio 'in dubio pro natura'"
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  "body_es_text": "Dictamen : 227 del 21/08/2001   \n\n\n\nC-227-2001\n\n\n\n\n21 de agosto del 2001\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nLicenciado\n\n\n\n\nDanilo Chaverri Soto\n\n\n\n\nMinistro de la Presidencia\n\n\n\n\nMinisterio de la Presidencia\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nEstimado señor Ministro:\n\n\n\n     Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, me refiero a su oficio No. DM-358-2001\nde fecha 04 de mayo del 2001 (recibido en este despacho el 7 del mismo mes), por medio del cual\nsolicita el criterio técnico jurídico de la Procuraduría General de la República, en relación con la\ncapacidad activa en materia de expropiaciones, específicamente sobre los siguientes aspectos que me\npermito transcribir:\n\n\n\n \"Se ha sometido a consideración de este Despacho, una propuesta de Decreto Ejecutivo que busca la\ndeclaratoria de interés público para la adquisición de un terreno propiedad de Ernesto J.\nMontealegre Sucesores Ltda. Lo anterior, porque la Empresa de Servicios Públicos de Heredia,\nrequiere dicho terreno para instalar allí la Planta de Tratamiento de Aguas Negras del\nAlcantarillado Sanitario de la ciudad de Heredia y otras instalaciones conexas.\n\n\n\n La Ley de Transformación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, No. 7789 del 30 de abril\nde 1998, dispone en su artículo 9°, párrafo 1°, que:\n\n\n\n \"Cuando la Empresa requiera para el cumplimiento de sus objetivos un bien inmueble cuya adquisición\ny afectación no pueda obtener directamente en forma consensual, podrá solicitar ante las autoridades\ncompetentes, la aplicación de la Ley de Expropiaciones, Ley No. 7495 del 3 de mayo de 1995; para\neste efecto se tendrá por justificada la utilidad pública de la adquisición\".\n\n\n\n\nPor su parte, la Ley de Expropiaciones, No. 7495 del 3 de mayo de 1995, dispone en su artículo 5°:\n\n\n\n \"Artículo 5°. - Capacidad activa. Solo el Estado y los entes públicos podrán acordar la\nexpropiación forzosa, cuando el bien afecto a la expropiación sea necesario para el cumplimiento de\nlos fines públicos. La expropiación la acordará el Poder Ejecutivo o el órgano superior del ente\nexpropiador, según corresponda\".\n\n\n\n En vista de lo anterior, nos interesa mucho conocer las reflexiones de carácter general que la\nProcuraduría General de la República pueda hacer en relación de dicha iniciativa, y en particular su\ncriterio sobre los siguientes aspectos:\n\n\n\n 1. - De acuerdo con el artículo 5 de la Ley No. 7495, la expropiación debe acordarla el Poder\nEjecutivo o el órgano superior del ente expropiador. Por otra parte. El artículo 21 inciso 2) de la\nLey General de Administración Pública, dispone que el Poder Ejecutivo lo forman el Presidente de la\nRepública y el Ministro de Ramo. Por tratarse de una expropiación para instalar una planta de\ntratamiento de aguas negras y en razón de la materia, debe el decreto ser firmado por el Presidente\nde la República y el Ministro de Salud, o más bien el órgano superior del ente expropiador sería el\nMinisterio de la Presidencia?\".\n\n\n\n\n    Sobre el particular es dable dar respuesta a su gestión en los siguientes términos:\n\n\n\nMARCO NORMATIVO APLICABLE:\n\n    De conformidad con la Ley de Expropiaciones, No. 7495 del 3 de mayo de 1995 y sus reformas, la\ncapacidad activa en materia de expropiaciones le corresponde efectivamente al Poder Ejecutivo y a\nlos entes públicos, siendo en este último caso el órgano superior del ente el que debe acordar la\nmisma:\n\n\n\n \"ARTÍCULO 5. - Capacidad activa. Solo el Estado y los entes públicos podrán acordar la expropiación\nforzosa, cuando el bien afecto a la expropiación sea necesario para el cumplimiento de los fines\npúblicos. La expropiación la acordará el Poder Ejecutivo o el órgano superior del ente expropiador,\nsegún corresponda.\"\n\n\n\n     Para nuestros propósitos, se debe entender que en estos casos el Poder Ejecutivo lo constituye\nel Presidente de la República y el Ministro del ramo, dentro de los términos que dispone el numeral\n21 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública, como consecuencia del artículo 146 de\nla Constitución Política.\n\n\n\n     Y precisamente lo que se pretende determinar en este caso es a cuál de los Ministros le\ncorrespondería firmar, conjuntamente con el Presidente de la República, el respectivo acuerdo\nejecutivo de expropiación, el que deberá ser debidamente motivado, tal y como lo advierten los\nnumerales 18 y 19 de la Ley de Expropiaciones No. 7495.\n\n\n\n     Ahora bien y siempre dentro del análisis de la normativa aplicable a la presente consulta,\ndebemos tener presente que la misma involucra a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, entidad\nque se encuentra regida por la Ley de Transformación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia,\nNo. 7789 del 30 de abril de 1998 (misma que reformó la Ley No. 5889 del 8 de marzo de 1976).\n\n\n\n     Dicha normativa legal dispone que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia acoge la forma de\nSociedad Anónima, siendo su régimen jurídico aplicable el propio del derecho privado. No obstante\nello, se le reconoce una utilidad o finalidad pública, en el tanto le compete atender los\nrequerimientos de energía eléctrica, alumbrado público, agua potable, alcantarillado pluvial y\nsanitario y otros servicios públicos, definidos en la Ley, específicamente para la provincia de\nHeredia.\n\n\n\n\n    Al efecto, citamos los siguientes numerales de interés:\n\n\n\n \"ARTÍCULO 1. - Transfórmase la Empresa de Servicios Públicos de Heredia en una sociedad anónima de\nutilidad pública y plazo indefinido, denominada Empresa de Servicios Públicos de Heredia Sociedad\nAnónima, cuyo nombre podrá abreviarse Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A., en adelante, la\nEmpresa.\n\n\n\n\n    El domicilio social de la Empresa será la ciudad de Heredia.\"\n\n\n\n \"ARTÍCULO 8. - La Empresa y sus subsidiarias estarán sometidas al derecho privado en el giro normal\nde sus actividades...\"\n\n\n\n \"ARTÍCULO 5. - La Empresa gozará de plenas facultades para prestar servicios de agua potable,\nalcantarillado sanitario y evacuación de aguas pluviales; así como para la generación, distribución,\ntransmisión y comercialización de energía eléctrica y alumbrado público, en convenio con las\nmunicipalidades de la provincia de Heredia incorporadas, dentro de la jurisdicción de estas. Además,\nla Empresa podrá desempeñar esas funciones en forma directa, por medio de las subsidiarias que\nconstituya para tal efecto mediante la celebración de contrataciones o alianzas con entidades de\nreconocido prestigio tecnológico y financiero.\"\n\n\n\n\n\"ARTÍCULO 6. - A la Empresa de Servicios Públicos de Heredia le corresponde:\n\n\n\n a) Solucionar los requerimientos de energía eléctrica, alumbrado público, agua potable,\nalcantarillado pluvial y sanitario y otros servicios públicos, excepto los servicios de\ntelecomunicación, necesarios para el desarrollo, en las condiciones apropiadas de cantidad, calidad,\nregularidad y eficiencia.\n\n\n\n\nb)...\"\n\n\n\n     Asimismo, el numeral 9 párrafo primero, le permite a la Empresa de Servicios Públicos de\nHeredia, en aras del cumplimiento de sus fines y por razones de utilidad pública, solicitar la\nexpropiación de inmuebles:\n\n\n\n \"ARTÍCULO 9. - Cuando la Empresa requiera para el cumplimiento de sus objetivos un bien inmueble\ncuya adquisición o afectación no pueda obtener directamente en forma consensual, podrá solicitar,\nante las autoridades competentes, la aplicación de la Ley de Expropiaciones, Ley No. 7495, de 3 de\nmayo de 1995; para este efecto se tendrá por justificada la utilidad pública de la adquisición\nforzosa.\" (lo resaltado y subrayado no es del original)\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nII.- DESTINO DEL INMUEBLE A EXPROPIAR\n\n\n\n     Dentro de la gestión planteada por usted, se nos adjuntó copia del Oficio No. G-428-2001 de\nfecha 10 de abril del 2001, suscrito por el Gerente General de la Empresa de Servicios Públicos de\nHeredia, Ing. Edgar Allan Benavides Vílchez, M.B.A., en el que se menciona lo siguiente:\n\n\n\n \"Me sirvo de la presente para remitir a Ud. El proyecto de declaratoria de interés público aprobado\npor nuestra Junta Directiva en artículo JD 054-2001, de un lote de terreno propiedad de la firma\nErnesto J. Montealegre Sucesores Ltda., ubicado en el distrito de Ulloa del cantón central de\nHeredia, que la ESPH S.A. requiere para la instalación de la Planta de Tratamiento de Aguas Negras\ndel Alcantarillado Sanitario de la ciudad de Heredia y otras instalaciones conexas.\n\n\n\n La ejecución de esta obra es impostergable, si se quiere evitar las graves consecuencias que para\nla salud de la comunidad y para la protección de los acuíferos que abastecen el acueducto local y en\ngran parte el área metropolitana; y que demanda con extrema urgencia el desarrollo del proyecto de\ncomentario\"\n\n\n\n     Asimismo, del contenido íntegro de los considerandos del proyecto de acuerdo ejecutivo de\ndeclaratoria de utilidad pública de los terrenos susceptibles de expropiación que se acompaña, se\ndesprende con claridad que en la especie han mediado razones y motivos que no sólo tienen que ver\ncon la salud propiamente dicha, sino también con preservar, proteger y garantizar los acuíferos que\nsuministran y abastecen de agua potable al área urbana de Heredia y algunos otros del gran Area\nMetropolitana (ver en este sentido los Considerandos numerados del I al V de dicho proyecto de\nacuerdo ejecutivo de declaratoria de utilidad pública).\n\n\n\n     De ahí que tales inmuebles sea destinados y afectados, como en efecto así se ha advertido, para\nla debida ejecución de las obras necesarias para el desarrollo del Proyecto de Mejoramiento del\nSistema de Alcantarillado Sanitario de Heredia y obras conexas, el cual se realiza no sólo por\nrazones y motivos de garantizar salud de las poblaciones involucradas, sino igualmente con el fin de\npreservar y proteger los acuíferos que suministran y abastecen de agua potable de las comunidades\nbeneficiadas.\n\n\n\n III.- EL ACUERDO EJECUTIVO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y LOS MINISTROS DE\nSALUD Y DE AMBIENTE Y ENERGIA, POR LAS MATERIAS DE QUE TRATA\n\n\n\n     Indicadas las materias de que trataría y comprendería el acuerdo ejecutivo que nos ocupa, amén\ndel destino que tendrán los inmuebles objeto de expropiación, es evidente que dentro de las mismas\nse da aquella relacionada con la salud de las poblaciones involucradas, la cual es materia propia\ndel Ministerio de Salud, toda vez que según su Ley Orgánica, No. 5414 del 8 de noviembre de 1973,\ncorresponde al Ministro de Salud, entre otras funciones, el definir la política nacional de salud,\ncontrolar y fiscalizar las actividades propias del campo de la salud y dictar normas técnicas.\n\n\n\n \"Artículo 1º. - La definición de la política nacional de salud, y la organización, coordinación y\nsuprema dirección de los servicios de salud del país, corresponden al Poder Ejecutivo, el que\nejercerá tales funciones por medio del Ministerio de Salud, al cual se denominará para los efectos\nde esta ley \"Ministerio\".\"\n\n\n\n\n\"Artículo 2º. - Son atribuciones del Ministerio:\n\n\n\n a) Elaborar, aprobar y asesorar en la planificación que concrete la política nacional de salud y\nevaluar y supervisar su cumplimiento;\n\n\n\n b) Dictar las normas técnicas en materia de salud de carácter particular o general; Y ordenar las\nmedidas y disposiciones ordinarias y extraordinarias que técnicamente procedan en resguardo de la\nsalud de la población;\n\n\n\n c) Ejercer el control y fiscalización de las actividades de las personas físicas y jurídicas, en\nmateria de salud, velando por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas pertinentes;\n\n\n\n ch) Ejercer la jurisdicción y el control técnicos sobre todas las instituciones públicas y privadas\nque realicen acciones de salud en todas sus formas, así como coordinar sus acciones con las del\nMinisterio; (…)\n\n\n\n g) Realizar todas las acciones y actividades y dictar las medidas generales y particulares, que\ntiendan a la conservación y mejoramiento del medio ambiente, con miras a la protección de la salud\nde las personas; (…)\n\n\n\n j) Cualquier otra que señalen la ley o los reglamentos, sin perjuicio de las atribuciones que la\nley confiere a las instituciones autónomas del sector salud.\"\n\n\n\n     En el mismo sentido, la Ley General de Salud, No. 5395 del 30 de octubre de 1973, define la\nfunción de dicho Ministerio, en los siguientes términos:\n\n\n\n \"ARTÍCULO 2. - Es función esencial del Estado velar por la salud de la población. Corresponde al\nPoder Ejecutivo por medio del Ministerio de Salubridad Pública, al cual se referirá abreviadamente\nla presente ley como \"Ministerio\", la definición de la política nacional de salud, la normación,\nplanificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a salud, así\ncomo la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme a la ley. Tendrá potestades para\ndictar reglamentos autónomos en estas materias\"\n\n\n\n     Aunado a lo anterior y por la materia de que trata la consulta planteada, sea el tratamiento de\naguas negras, el mismo cuerpo normativo citado dispone, en el artículo 285, la obligación de darle\nun manejo adecuado, lo cual, analizado a la luz del numeral 337, permite deducir que dicho control y\nfiscalización corresponde en primer término al Ministerio de Salud:\n\n\n\n \"ARTÍCULO 285. - Las excretas, las aguas negras, las servidas y las pluviales, deberán ser\neliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes\nnaturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades\ny la contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza o calidad.\"\n\n\n\n \"ARTÍCULO 337. - Corresponderá privativamente a las autoridades de salud la aplicación y el control\ndel cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y de su reglamentación, sin perjuicio de\nlas facultades y obligaciones que leyes esenciales otorguen e impongan a otros organismos públicos\ndentro de sus respectivos campos de acción.\"\n\n\n\n     Sobre el tema de la salud, el derecho a la salud y en particular el ámbito de competencia del\nMinisterio de Salud sobre ello, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha\nestablecido abundante doctrina jurisprudencial en punto a los alcances y contenidos de dichos temas,\ncitándose a modo de referencia los siguientes pronunciamientos que, en grado sumo, ratifican en\nmucho el papel que debe tener el Ministerio de Salud de manera preventiva y coercitiva en cuanto a\nlas acciones que pudieran afectar el derecho a la salud de los seres vivos en general, y de manera\nmuy particular, frente al derecho fundamental a la salud o derecho de atención a la salud que tienen\ntodos los seres humanos:\n\n\n\n \"III.- La salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado, como una de\nsus prioridades. En virtud de ello, corresponde al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de\nSalud, como lo establece la Ley General de la Salud, la definición de la política nacional en dicha\nmateria, la normación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas,\nasí como la ejecución de aquellas actividades tendientes a tal fin. Es el Ministerio competente para\nadoptar todos aquellos actos necesarios para la protección de la salud, incluida la posibilidad de\ndictar reglamentos autónomos en estas materias. La Ley General de Salud establece además que toda\npersona, natural o jurídica, queda sujeta a los mandatos de esa ley, de sus reglamentos y de las\nórdenes generales y particulares, ordinarias y de emergencia, que las autoridades de salud dicten en\nel ejercicio de sus competencias orgánicas. (…)\" (El subrayado no es del original) Ver voto No.\n07089-98, SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA de las doce horas con seis minutos del\ndos de octubre de mil novecientos noventa y ocho). En este mismo sentido pueden consultarse, además,\nlos siguientes fallos de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: No. 1915-92, de las\ncatorce horas y doce minutos del veintidós de julio de mil novecientos noventa y dos; No.4423-93 de\nlas 12:00 del 7 de setiembre de 1993; No. 2143-96 de las dieciséis horas seis minutos del ocho de\nmayo de mil novecientos noventa y seis.\n\n\n\n     En concordancia con lo votos antes citados, se encuentra la resolución de la Sala\nConstitucional No. 7888-98 de las diez horas treinta y seis minutos del seis de noviembre de mil\nnovecientos noventa y ocho, correspondiente a un recurso de amparo en el cual figuran como\nresponsables la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y el Ministerio de Salud, precisamente por\nproblemas de contaminación por aguas negras. En esta ocasión la Sala Constitucional determinó,\nclaramente, los alcances del derecho a la salud, y el ámbito competencial del Ministerio de Salud en\ndicha temática, por lo que a tales efectos me permito transcribir lo siguiente:\n\n\n\n \"III.- Sobre el derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano. El derecho a la salud reconocido\nen los artículos 21 de la Constitución Política, 1 y 11 de la Declaración Americana de los Derechos\ny Deberes del Hombre, 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 del Protocolo\nAdicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos, se encuentra\níntimamente ligado al derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, consagrado en el artículo\n50 constitucional. La calidad ambiental es un parámetro fundamental de la calidad de vida; al igual\nque la salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, entre otros. En consecuencia, el Estado\ntiene la obligación de procurar una protección adecuada al ambiente, para lo cual debe tomar las\nmedidas necesarias a fin de que el medio esté libre de contaminación, y que las alteraciones\nproducidas tanto por el hombre como por la naturaleza, en el entorno próximo o lejano, no\nconstituyan una lesión al ambiente ni a la salud de las personas que en él habitan. (…)\n\n\n\n \"VII.- La Ley General de Salud le otorga al Ministerio de Salud la facultad de dictar órdenes\nsanitarias para solucionar un problema como el que aqueja al recurrente, y también para girar las\nmedidas de carácter general o particular en relación con la aplicación y cumplimiento de la\nlegislación en materia sanitaria. En el asunto que nos ocupa, la Sala advierte los esfuerzos que ha\nrealizado la Dirección Regional Central Norte del Ministerio de Salud para solucionar el problema\nocurrido en el acueducto ubicado en la propiedad de la empresa amparada. Sin embargo, ha sido\ndebidamente acreditado que la situación denunciada por el recurrente aún no obtiene una solución\nefectiva. Por lo tanto, lo alegado por la autoridad recurrida, en cuanto a que la situación ya ha\nsido corregida, resulta desvirtuado en su totalidad. \"\n\n\n\n     Ahora, también se tiene lo relacionado con el ámbito de competencia legal del Ministerio de\nAmbiente y Energía, regulado en su Ley Orgánica No. 7152 del 5 de junio de 1990 y sus reformas, la\ncual establece para los efectos de la presente consulta, las siguientes atribuciones y competencias:\n\n\n\n \"ARTÍCULO 1. - El Ministerio de Industria Energía y Minas se transformará en Ministerio del\nAmbiente y Energía (*), y asumirá, en este campo, además de las actuales responsabilidades de aquel,\nlas que la presente ley le asigne. El Ministro será el rector del sector Recursos Naturales, Energía\ny Minas.\n\n\n\n\n\"ARTÍCULO 2. - Serán funciones del Ministerio del Ambiente y Energía (*) las siguientes:\n\n\n\n a) Formular, planificar y ejecutar las políticas de recursos naturales, energéticas, mineras y de\nprotección ambiental del Gobierno de la República, así como la dirección, el control, la\nfiscalización, la promoción y el desarrollo en los campos mencionados. Asimismo, deberá realizar y\nsupervisar las investigaciones, las exploraciones técnicas y los estudios económicos de los recursos\ndel sector.\n\n\n\n\nb) Fomentar el desarrollo de los recursos naturales, energéticos y mineros.\n\n\n\n c) Promover y administrar la legislación sobre conservación y uso racional de los recursos\nnaturales, a efecto de obtener un desarrollo sostenido de ellos, y velar por su cumplimiento.\n\n\n\n ch) Dictar, mediante decreto ejecutivo, normas y regulaciones, con carácter obligatorio, relativas\nal uso racional y a la protección de los recursos naturales, la energía y las minas. (...)\n\n\n\n e) Promover y administrar la legislación sobre exploración, explotación, distribución, protección,\nmanejo y procesamiento de los recursos naturales relacionados con el área de su competencia, y velar\npor su cumplimiento. (...)\n\n\n\n j) Asesorar a instituciones públicas y privadas en relación con la planificación ambiental y el\ndesarrollo de áreas naturales.\n\n\n\n\nk) Las demás que le asigne el ordenamiento jurídico.\n\n\n\n\n(*) El nombre del Ministerio fue así reformado por Ley Nº 7554 de 4\n\n\n\n\nde octubre de 1995, artículo 116.) (lo subrayado no es del original)\n\n\n\n ARTÍCULO 3. - Las competencias que leyes anteriores les hubiesen asignado a otras instituciones del\nEstado, referentes a las que esta ley le otorga al Ministerio del Ambiente y Energía (*),\ncorresponderán a éste\".\n\n\n\n     Sobre los alcances de las competencias antes citadas del Ministerio de Ambiente y Energía, es\nimportarte también tener presente las siguientes consideraciones de la Sala Constitucional de la\nCorte Suprema de Justicia:\n\n\n\n \"Por otro lado, conviene advertir que, a nivel mundial, existe la tendencia a considerar que el\nambiente y la ecología, no son un interés de una región, de un país o de un continente en\nparticular, sino que son intereses universales en la medida en que lo que se haga a favor o en\ncontra de la naturaleza en un país o región, afecta también al resto de la tierra. Esto es lo que\njustifica básicamente algún tipo de limitación a la propiedad privada en aras de la defensa del\nambiente, principio éste -que contienen los artículos 45 y 50 de la Constitución Política- con el\nque se pretende un equilibrio entre conservación y producción, ambos intereses sociales. Por tales\nrazones, se incluyen, dentro del criterio de propiedad del referido numeral 45, en relación con el\n50, ambos constitucionales, la propiedad forestal, la propiedad agraria, la propiedad ecológica, la\npropiedad ambiental, etc., todas con asidero constitucional en los citados artículos y con una\nespecífica regulación y naturaleza jurídicas. Asimismo, en la Declaración de Río sobre Medio\nAmbiente y el Desarrollo, entre otras cosas, quedó establecido el derecho soberano de los estados a\ndefinir sus políticas de desarrollo. Se enuncia también, el principio precautorio (principio 15 de\nla Declaración de Río), según el cual, \"con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados\ndeberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya\npeligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse\ncomo razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la\ndegradación del medio ambiente.\" De modo que, en la protección de nuestros recursos naturales, debe\nexistir una actitud preventiva, es decir, si la degradación y el deterioro deben ser minimizados, es\nnecesario que la precaución y la prevención sean los principios dominantes, lo cual nos lleva a la\nnecesidad de plantear el principio \"in dubio pro natura\" que puede extraerse, analógicamente, de\notras ramas del Derecho y que es, en un todo, acorde con la naturaleza. No obstante, la tarea de\nprotección al medio ambiente, se dificulta toda vez que arrastramos una concepción rígida con\nrespecto al derecho de propiedad, que impide avanzar en pro del ambiente, sin el cual no podría\nexistir el derecho a la vida, al trabajo, a la propiedad o a la salud. No se debe perder de vista el\nhecho de que estamos en un terreno del derecho, en el que las normas más importantes son las que\npuedan prevenir todo tipo de daño al medio ambiente, porque no hay norma alguna que repare, a\nposteriori, el daño ya hecho; necesidad de prevención que resulta más urgente cuando de países en\nvías de desarrollo se trata. En este sentido, la Declaración de Estocolmo afirmó \"...que en los\npaíses en desarrollo la mayoría de los problemas ambientales son causados por el mismo\nsubdesarrollo. Millones continúan viviendo por debajo de los estándares mínimos de salud y\nsalubridad. Por lo tanto los países en desarrollo deben dirigir todos sus esfuerzos hacia el\ndesarrollo, teniendo en mente las prioridades y necesidades para salvaguardar y mejorar el ambiente.\nPor la misma razón los países industrializados deberían hacer esfuerzos para reducir la brecha entre\nellos y los países en desarrollo.\" De todo lo anterior, es claro que es obligación del Estado la\nprotección de la belleza natural y del medio ambiente (artículos 50 y 89 de la Constitución\nPolítica), pues en ello hay un evidente interés particular y social, fin que para poderlo alcanzar\nes necesario la promulgación de leyes que regulen en forma adecuada la materia. Ciertamente, el\nhombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, pero también tiene el\ncorrelativo deber de protegerlo y preservarlo para el uso de generaciones presentes y futuras. Así\npor ejemplo, en la Conferencia de Estocolmo se afirma que \"el hombre tiene el derecho fundamental a\nla libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal\nque le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar y tiene la solemne obligación de proteger\ny mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras.\" No debe perderse de vista que el\nsuelo, el agua, el aire, los recursos marinos, costeros y minerales, los bosques, la diversidad\nbiológica y el paisaje conforman el marco ambiental sin el cual las demandas básicas como espacio\nvital, alimentación, energía, vivienda, sanidad y recreación serían imposibles. De igual modo,\nnuestra economía también está íntimamente ligada al estado del ambiente y de los recursos naturales;\nasí, por ejemplo, tanto la generación de divisas por explotación agrícola y turística, como el éxito\nde importantes inversiones e infraestructuras dependen, en última instancia, de la conservación de\naquéllos. Por lo anterior, el Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la naturaleza, pues ésta\nes únicamente parte del ambiente. La política de protección a la naturaleza se vierte también sobre\notros aspectos como la protección de la caza, de los bosques, de los parques naturales y de los\nrecursos naturales. Se trata, entonces, de un concepto macroambiental, para no dejar conceptos\nimportantes por fuera y así lograr unificar el conjunto jurídico que denominamos Derecho Ambiental.\"\n(Sentencia No.5893-95 de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del veintisiete de octubre de mil\nnovecientos noventa y cinco)\".\n\n\n\n     En igual sentido la sentencia No.1763-94 de las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos\ndel 13 de abril de 1994, que dijo:\n\n\n\n \"IIo.- PROTECCIÓN AL AMBIENTE SANO Y EQUILIBRADO: En lo que interesa a este asunto, sea, la\nprotección de los derechos ambientales, esta Sala en el ya citado pronunciamiento número 3705-93,\nafirmó:\n\n\n\n \"Resulta importante para la Sala elaborar, de previo a las consideraciones estrictamente de fondo,\nun análisis general que establezca el marco constitucional y las condiciones e intereses que hoy en\ndía despierta la conservación del ambiente, pues su estudio se constituye en una novedad de esta\núltima centuria. Es primordial recordar que durante muchos siglos el hombre creyó que debía dominar\nlas fuerzas de la naturaleza y ponerlas a su servicio, ya que se consideraba, en alguna medida, que\nlos recursos naturales eran inagotables y que la industrialización era per se un objetivo deseable,\nsin que se evaluara cuál sería el impacto de la actividad económica sobre el ambiente. De hecho, la\ndivisión entre recursos naturales renovables y no renovables es moderna, pues aún la ciencia\neconómica, que se preocupa de la administración del entorno para lograr la satisfacción al máximo de\nlas necesidades humanas con recursos limitados, no incorporó el desgaste y deterioro del medio como\nherramienta del análisis económico, sino hasta en fecha muy reciente... El ambiente, por lo tanto,\ndebe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse\nde modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya\nque, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en\nriesgo el patrimonio de las generaciones venideras. Los orígenes de los problemas ambientales son\ncomplejos y corresponden a una articulación de procesos naturales y sociales en el marco del estilo\nde desarrollo socioeconómico que adopte el país. Por ejemplo, se producen problemas ambientales\ncuando las modalidades de explotación de los recursos naturales dan lugar a una degradación de los\necosistemas superior a su capacidad de regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la\npoblación resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un\ndeterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo primordial del uso y protección del\nambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano. La calidad ambiental es un\nparámetro fundamental de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud,\nalimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si\nbien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene\nel deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no\nes tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia, del principio de la \"lesión\", ya\nconsolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos\nlímites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio\nracional y el disfrute útil del derecho mismo...\"\n\n\n\n IIIo.- Esta Sala también ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como a un ambiente libre de\ncontaminación, sin el cual el primero no podría hacerse efectivo, son derechos fundamentales, de\nmodo que, es obligación del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales\npara procurar ese fin o bien, a través de actos concretos por parte de la Administración. El\ndesarrollo sostenible es una de esas políticas generales que el Estado dicta para ampliar las\nposibilidades de que todos puedan colmar sus aspiraciones a una vida mejor, incrementando la\ncapacidad de producción o bien, ampliando las posibilidades de llegar a un progreso equitativo entre\nun crecimiento demográfico o entre éste y los sistemas naturales. Es el desarrollo sostenible, el\nproceso de transformación en la utilización de los recursos, orientación de las inversiones,\ncanalización del desarrollo tecnológico, cambios institucionales y todo aquello que coadyuve para\natender las necesidades humanas del presente y del futuro\" (Voto de la Sala Constitucional No.\n2988-99 de las 11:57 horas del 23 de abril de 1999).\n\n\n\n     La misma Procuraduría General de la República determinó y puntualizó el ámbito de competencia\nlegal del Ministerio de Ambiente y Energía, en relación con el agua como recurso natural que debe\nser protegido y garantizado por el Estado en beneficio de la colectividad. Así, tenemos lo dicho en\nel dictamen No. C-019-98 de fecha 6 de febrero de 1998, cuando indicó en lo conducente:\n\n\n\n \"(...) Otra área de interés para los efectos de la presente consulta lo son las eventuales\ncompetencias (y consecuentes obligaciones) que tenga el Instituto con respecto a la conservación del\nrecurso hídrico (ver incisos c) y d) del artículo 2, y 22 de la Ley 2726). En este punto, considera\neste Organo Asesor que la competencia rectora en punto a la conservación del recurso natural agua\"\nse encuentran claramente establecidas a favor del Ministerio del Ambiente y Energía. Ello se deriva\nde las siguientes disposiciones normativas: en lo que toca a la Ley N 7152 (Conversión del\nMinisterio de Industria, Energía y Minas en Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas)\nexpresamente se define esa función rectora en los siguientes términos:\n\n\n\n \"Artículo 1. El Ministerio de Industria, Energía y Minas se transformará en Ministerio del Ambiente\ny Energía, (3) y asumirá, en este campo, además de las actuales responsabilidades de aquel, las que\nla presente ley le asigne. El Ministro será el rector del sector Recursos Naturales, Energía y\nMinas.\n\n\n\n NOTA (3): Nombre que se da al Ministerio a consecuencia de la promulgación de la Ley Orgánica del\nAmbiente, artículo 116.\n\n\n\n \"Artículo 2. Serán funciones del Ministerio del Ambiente y Energía las siguientes: a) Formular,\nplanificar y ejecutar las políticas de recursos naturales, energéticos, mineras y de protección\nambiental del Gobierno de la República, así como la dirección, el control, la fiscalización, la\npromoción y el desarrollo en los campos mencionados. (...)\n\n\n\n ch) Dictar, mediante decreto ejecutivo, normas y regulaciones, con carácter obligatorio, relativas\nal uso racional y a la protección de los recursos naturales, la energía y las minas.\"\n\n\n\n Las anteriores disposiciones, a su vez, se ven reforzadas en cuanto al recurso hídrico por lo\nregulado en los artículos 50, 51, 52, 81, 82, 83 y 84 de la Ley Orgánica del Ambiente (Ley 7554 de 4\nde octubre de 1995) que indudablemente asignan la rectoría en esta materia al Ministerio del\nAmbiente y Energía a través de los órganos allí creados (Consejo Nacional Ambiental, Secretaría\nEjecutiva del Consejo y Secretaría Técnica Nacional Ambiental).\n\n\n\n El hecho de que la función rectora sobre el precitado recurso natural la ostente el Ministerio no\nimplica, sin embargo, que se hayan eliminado toda obligación del A. y A. sobre este tema. No se\nconstata en este aparte que se haya vaciado totalmente el contenido normativo de las potestades del\nA. y A. Sucede que competencias igualmente relacionadas con este recurso natural han sido conferidas\na otros órganos. Y, atendiendo a un principio de derecho administrativo como lo es que la\ninterpretación de las normas debe buscar la mejor satisfacción del fin público -artículo 10 LGAP- se\nconcluye que la mejor forma de garantizar el recurso natural.agua. es coordinando la actividad que\nsobre él ostentan tanto el A. y A. como otros repartos de la Administración. Por ende, se estima que\nlas competencias -obligaciones- contenidas en los incisos c) y d) del artículo 2º y 22 de la Ley\nOrgánica del A. y A. Se mantienen vigentes, debiendo armonizarse con las prescripciones que al\nefecto fije el MINAE. Lo anterior se sustenta, además, en una interpretación armónica de los\nprecitados incisos con relación a los numerales 60 inciso a), 64, 65 y 85 c) de la Ley Orgánica del\nAmbiente\n\n\n\n Igual línea de razonamiento es aplicable a lo dispuesto en los artículos 33 de la Ley Forestal (Ley\nNº 7575 del 13 de febrero de 1996) y 2º de su Reglamento (Decreto Ejecutivo Nº 25721-MINAE de 17 de\noctubre de 1996), en cuanto a las obligaciones que ostenta el A. y A. con respecto a las áreas de\nrecarga acuífera. En este sentido, ya en la Opinión Jurídica OJ-033-95 de 20 de setiembre de 1995 se\ndestacaba el papel preponderante que asume el A. y A. en la determinación de éstas áreas,\nsustentándose en la asunción de las competencias y obligaciones que se prescriben en la Ley General\nde Agua Potable por parte del Instituto. No existiendo razón para variar las consideraciones\nvertidas en la precitada Opinión Jurídica, se concluye que la intervención del Instituto en el\nestablecimiento de las áreas de recarga acuífera no es una competencia que haya sido trasladada\nexclusivamente al MINAE, de donde la coordinación y ejecución de tareas atendiendo a la especialidad\ny recursos con que cuenten cada uno de ellos se torna en indispensable para la consecución del fin\npúblico que subyace en las normas (protección del medio ambiente)\n\n\n\n A mayor abundamiento de lo indicado en los párrafos que anteceden, creemos posible que la\ninterpretación armónica de lo dispuesto en los incisos a) y d) del artículo 2 de la Ley del A. y A.;\nartículo 3 de la Ley General de Agua Potable y 64 de la Ley Orgánica del Ambiente, conllevan a\nafirmar que el Instituto tiene una obligación de velar por la potabilidad del agua que se suministra\na través de los sistemas de acueductos y alcantarillados. A este fin, se comprende que la emisión de\nlos distintos textos normativos que han sido analizados en este dictamen no afectan el contenido de\nlo regulado en el Decreto Ejecutivo Nº 25991-S de 14 de abril de 1997.\n\n\n\n Por ende, en cuanto a la conservación del recurso hídrico y su tratamiento como parte de los bienes\ndel Estado, la competencia rectora la ostenta el Ministerio del Ambiente y Energía, sin que ello\nconlleve que se le han eliminado competencias específicas al A. y A. en cuanto a sus obligaciones\npara con dicho recurso natural, especialmente en atención a la no contaminación del mismo y su\nconservación\".\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nCONCLUSIÓN\n\n\n\n     Del desarrollo efectuado en el presente dictamen, tanto a nivel de la normativa en materia de\nexpropiaciones, como de la aplicable a los dos particulares Ministerios involucrados, a saber,\nMinisterio de Salud y Ministerio de Ambiente y Energía, la cual a su vez ha sido relacionada con la\njurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y de la misma Procuraduría\nGeneral sobre el tema objeto de estudio; Y teniendo presente, además, que los inmuebles objeto de\nexpropiación serán destinados y afectados para la debida ejecución de las obras necesarias para el\ndesarrollo del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Heredia y obras\nconexas, no sólo para garantizar la salud de las poblaciones involucradas, sino igualmente con el\nfin de preservar y proteger los acuíferos que suministran y abastecen de agua potable de las\ncomunidades beneficiadas, es que se puede llegar a la conclusión que efectivamente el respectivo\nacuerdo ejecutivo de declaratoria de utilidad pública de los terrenos susceptibles de expropiación,\ndeberá ser firmado, conjuntamente, por el Presidente de la República y los Ministros de Salud y de\nAmbiente y Energía.\n\n\n\n\nSin otro particular,\n\n\n\n\n \n\n\n\n\nLic. Geovanni Bonilla Goldoni\n\n\n\n\nPROCURADOR FISCAL\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\n \n\n\n\n\nGBG/RLM\n\n\n\n\nARCHIVADO: CONSULTAS/227-EXPROPIACIONES-MIN.PRES",
  "body_en_text": "Opinion : 227 of 08/21/2001\n\nC-227-2001\n\nAugust 21, 2001\n\nLicenciado\nDanilo Chaverri Soto\nMinister of the Presidency\nMinistry of the Presidency\n\nDear Mr. Minister:\n\nWith the approval of the Deputy Attorney General, I refer to your official communication No. DM-358-2001 dated May 4, 2001 (received in this office on the 7th of the same month), by means of which you request the technical legal opinion of the Office of the Attorney General of the Republic, regarding active capacity in expropriation matters, specifically on the following aspects that I take the liberty of transcribing:\n\n\"It has been submitted for consideration by this Office, a proposal for an Executive Decree seeking the declaration of public interest for the acquisition of a property owned by Ernesto J. Montealegre Sucesores Ltda. The foregoing, because the Empresa de Servicios Públicos de Heredia requires said property to install there the Wastewater Treatment Plant for the Sanitary Sewer System of the city of Heredia and other related installations.\n\nThe Law for the Transformation of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, No. 7789 of April 30, 1998, provides in its Article 9, paragraph 1, that:\n\n'When the Empresa requires for the fulfillment of its objectives a real property whose acquisition and encumbrance it cannot obtain directly in a consensual manner, it may request, before the competent authorities, the application of the Expropriation Law, Law No. 7495 of May 3, 1995; for this purpose, the public utility of the acquisition shall be deemed justified.'\n\nFor its part, the Expropriation Law, No. 7495 of May 3, 1995, provides in its Article 5:\n\n'Article 5. - Active capacity. Only the State and public entities may decree forced expropriation, when the property subject to expropriation is necessary for the fulfillment of public purposes. The expropriation shall be decreed by the Executive Branch or the superior organ of the expropriating entity, as appropriate.'\n\nIn view of the foregoing, we are very interested in knowing the general reflections that the Office of the Attorney General of the Republic may make regarding this initiative, and in particular its opinion on the following aspects:\n\n1. - According to Article 5 of Law No. 7495, the expropriation must be decreed by the Executive Branch or the superior organ of the expropriating entity. On the other hand, Article 21, subsection 2) of the General Law of Public Administration provides that the Executive Branch is composed of the President of the Republic and the relevant Minister. As this is an expropriation to install a wastewater treatment plant and by reason of the subject matter, must the decree be signed by the President of the Republic and the Minister of Health, or rather would the superior organ of the expropriating entity be the Ministry of the Presidency?\"\n\nRegarding this matter, it is possible to respond to your inquiry in the following terms:\n\nAPPLICABLE NORMATIVE FRAMEWORK:\n\nIn accordance with the Expropriation Law, No. 7495 of May 3, 1995, and its amendments, the active capacity in expropriation matters corresponds indeed to the Executive Branch and to public entities, it being in this latter case the superior organ of the entity that must decree it:\n\n\"ARTICLE 5. - Active capacity. Only the State and public entities may decree forced expropriation, when the property subject to expropriation is necessary for the fulfillment of public purposes. The expropriation shall be decreed by the Executive Branch or the superior organ of the expropriating entity, as appropriate.\"\n\nFor our purposes, it must be understood that in these cases the Executive Branch is constituted by the President of the Republic and the relevant Minister, within the terms provided by numeral 21, subsection 2) of the General Law of Public Administration, as a consequence of Article 146 of the Political Constitution.\n\nAnd precisely what is sought to be determined in this case is which of the Ministers should sign, jointly with the President of the Republic, the respective executive expropriation agreement, which must be duly motivated, as warned by numerals 18 and 19 of the Expropriation Law No. 7495.\n\nNow then, and always within the analysis of the applicable regulations to this consultation, we must keep in mind that it involves the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, an entity governed by the Law for the Transformation of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, No. 7789 of April 30, 1998 (which reformed Law No. 5889 of March 8, 1976).\n\nSaid legal regulation provides that the Empresa de Servicios Públicos de Heredia adopts the form of a Corporation (Sociedad Anónima), its applicable legal regime being that of private law. Notwithstanding this, it is recognized as having a public utility or purpose, insofar as it is responsible for meeting the requirements for electric power, public lighting, potable water, stormwater and sanitary sewerage, and other public services, defined in the Law, specifically for the province of Heredia.\n\nTo this effect, we cite the following numerals of interest:\n\n\"ARTICLE 1. - The Empresa de Servicios Públicos de Heredia is transformed into a corporation of public utility and indefinite term, named Empresa de Servicios Públicos de Heredia Sociedad Anónima, whose name may be abbreviated as Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A., hereinafter, the Empresa.\n\nThe corporate domicile of the Empresa shall be the city of Heredia.\"\n\n\"ARTICLE 8. - The Empresa and its subsidiaries shall be subject to private law in the normal course of their activities...\"\n\n\"ARTICLE 5. - The Empresa shall enjoy full powers to provide potable water, sanitary sewerage, and stormwater evacuation services; as well as for the generation, distribution, transmission, and commercialization of electric power and public lighting, in agreement with the incorporated municipalities of the province of Heredia, within their jurisdiction. Furthermore, the Empresa may perform these functions directly, through subsidiaries constituted for that purpose, or by entering into contracts or alliances with entities of recognized technological and financial prestige.\"\n\n\"ARTICLE 6. - The Empresa de Servicios Públicos de Heredia is responsible for:\n\na) Solving the requirements for electric power, public lighting, potable water, stormwater and sanitary sewerage, and other public services, except for telecommunication services, necessary for development, under the appropriate conditions of quantity, quality, regularity, and efficiency.\n\nb)...\"\n\nLikewise, numeral 9, first paragraph, allows the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, in pursuit of the fulfillment of its purposes and for reasons of public utility, to request the expropriation of real property:\n\n\"ARTICLE 9. - When the Empresa requires for the fulfillment of its objectives a real property whose acquisition or encumbrance it cannot obtain directly in a consensual manner, it may request, before the competent authorities, the application of the Expropriation Law, Law No. 7495, of May 3, 1995; for this purpose, the public utility of the forced acquisition shall be deemed justified.\" (the highlighting and underlining is not from the original)\n\nII.- DESTINATION OF THE PROPERTY TO BE EXPROPRIATED\n\nWithin the inquiry posed by you, we were provided a copy of Official Communication No. G-428-2001 dated April 10, 2001, signed by the General Manager of the Empresa de Servicios Públicos de Heredia, Ing. Edgar Allan Benavides Vílchez, M.B.A., in which the following is mentioned:\n\n\"I use this letter to send you the draft declaration of public interest approved by our Board of Directors in article JD 054-2001, for a plot of land owned by the firm Ernesto J. Montealegre Sucesores Ltda., located in the Ulloa district of the central canton of Heredia, which ESPH S.A. requires for the installation of the Wastewater Treatment Plant for the Sanitary Sewer System of the city of Heredia and other related installations.\n\nThe execution of this work cannot be postponed, if we wish to avoid the serious consequences for the health of the community and for the protection of the aquifers that supply the local aqueduct and a large part of the metropolitan area; and which the development of the project in question demands with extreme urgency.\"\n\nLikewise, from the full content of the recitals (considerandos) of the draft executive agreement for the declaration of public utility of the lands susceptible to expropriation that is attached, it is clearly inferred that in this case, reasons and motives have been involved that not only relate to health itself, but also to preserving, protecting, and guaranteeing the aquifers that supply and provide potable water to the urban area of Heredia and some others in the Greater Metropolitan Area (see in this regard the Recitals numbered I through V of said draft executive agreement for the declaration of public utility).\n\nHence, such properties are destined and encumbered, as has indeed been indicated, for the proper execution of the works necessary for the development of the Project for the Improvement of the Sanitary Sewer System of Heredia and related works, which is carried out not only for reasons and motives of guaranteeing the health of the involved populations, but also for the purpose of preserving and protecting the aquifers that supply and provide potable water to the benefited communities.\n\nIII.- THE EXECUTIVE AGREEMENT MUST BE SIGNED BY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC AND THE MINISTERS OF HEALTH AND OF ENVIRONMENT AND ENERGY, DUE TO THE SUBJECT MATTERS INVOLVED\n\nHaving indicated the subject matters that the executive agreement in question would address and comprise, in addition to the destination of the properties subject to expropriation, it is evident that among these is the matter related to the health of the involved populations, which is a subject matter proper to the Ministry of Health, given that according to its Organic Law, No. 5414 of November 8, 1973, it corresponds to the Minister of Health, among other functions, to define the national health policy, control and supervise activities proper to the field of health, and issue technical standards.\n\n\"Article 1. - The definition of the national health policy, and the organization, coordination, and supreme direction of the country's health services, correspond to the Executive Branch, which shall exercise such functions through the Ministry of Health, which shall be referred to for the purposes of this law as 'Ministry'.\"\n\n\"Article 2. - The attributions of the Ministry are:\n\na) Prepare, approve, and advise on the planning that concretizes the national health policy and evaluate and supervise its compliance;\n\nb) Issue technical standards on health matters of a particular or general nature; and order the ordinary and extraordinary measures and provisions that are technically appropriate to safeguard the health of the population;\n\nc) Exercise control and supervision of the activities of natural and legal persons in health matters, ensuring compliance with the pertinent laws, regulations, and standards;\n\nch) Exercise technical jurisdiction and control over all public and private institutions that carry out health actions in all their forms, as well as coordinate their actions with those of the Ministry; (…)\n\ng) Carry out all actions and activities and issue general and particular measures tending to the conservation and improvement of the environment, with a view to protecting the health of persons; (…)\n\nj) Any other as provided by law or regulations, without prejudice to the attributions that the law confers on autonomous institutions of the health sector.\"\n\nIn the same vein, the General Health Law, No. 5395 of October 30, 1973, defines the function of said Ministry in the following terms:\n\n\"ARTICLE 2. - It is an essential function of the State to watch over the health of the population. It corresponds to the Executive Branch, through the Ministry of Public Health, which shall be referred to briefly in this law as 'Ministry', to define the national health policy, the standardization, planning, and coordination of all public and private activities related to health, as well as the execution of those activities that are its responsibility according to the law. It shall have the powers to issue autonomous regulations on these matters.\"\n\nAdded to the foregoing, and given the subject matter of the consultation raised, that is, the treatment of wastewater (aguas negras), the same cited regulatory body provides, in Article 285, the obligation to manage it adequately, which, analyzed in light of numeral 337, allows deducing that said control and supervision corresponds primarily to the Ministry of Health:\n\n\"ARTICLE 285. - Excreta, wastewater, graywater, and stormwater must be eliminated adequately and sanitarily in order to avoid contamination of the soil and natural water sources for human use and consumption, the formation of breeding grounds for vectors and diseases, and air contamination through conditions that threaten its purity or quality.\"\n\n\"ARTICLE 337. - The application and control of compliance with the provisions of this law and its regulations shall correspond exclusively to the health authorities, without prejudice to the powers and obligations that essential laws grant and impose on other public bodies within their respective fields of action.\"\n\nOn the topic of health, the right to health, and particularly the scope of competence of the Ministry of Health regarding it, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice has established abundant jurisprudential doctrine concerning the scope and content of such topics, citing by way of reference the following pronouncements that, to a great extent, strongly ratify the role that the Ministry of Health should have in a preventive and coercive manner regarding actions that could affect the right to health of living beings in general, and very particularly, regarding the fundamental right to health or the right to health care that all human beings possess:\n\n\"III.- The health of the population is a public interest good protected by the State, as one of its priorities. By virtue of this, it corresponds to the Executive Branch, through the Ministry of Health, as established by the General Health Law, to define the national policy on said matter, the standardization, planning, and coordination of all public and private activities, as well as the execution of those activities aimed at that end. It is the competent Ministry to adopt all those acts necessary for the protection of health, including the possibility of issuing autonomous regulations on these matters. The General Health Law also establishes that every person, natural or legal, is subject to the mandates of that law, its regulations, and the general and particular, ordinary and emergency orders that the health authorities issue in the exercise of their organic competencies. (…)\" (The underlining is not from the original) See Voto No. 07089-98, CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE, at twelve hours and six minutes of October the second, nineteen ninety-eight). In this same sense, the following rulings of the CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE can also be consulted: No. 1915-92, at fourteen hours and twelve minutes of July twenty-second, nineteen ninety-two; No. 4423-93 at 12:00 of September 7, 1993; No. 2143-96 at sixteen hours six minutes of May eighth, nineteen ninety-six.\n\nIn accordance with the votes cited above, is the resolution of the Constitutional Chamber No. 7888-98 at ten hours thirty-six minutes of November sixth, nineteen ninety-eight, corresponding to an amparo action in which the Empresa de Servicios Públicos de Heredia and the Ministry of Health appear as responsible parties, precisely for contamination problems from wastewater. On this occasion, the Constitutional Chamber clearly determined the scope of the right to health and the jurisdictional scope of the Ministry of Health on this subject, and for such purposes, I take the liberty of transcribing the following:\n\n\"III.- Regarding the right to health and to live in a healthy environment. The right to health, recognized in Articles 21 of the Political Constitution, 1 and 11 of the American Declaration of the Rights and Duties of Man, 4 of the American Convention on Human Rights, and 10 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, is intimately linked to the right to live in a healthy and balanced environment, enshrined in Article 50 of the Constitution. Environmental quality is a fundamental parameter of quality of life; just like health, food, work, housing, education, among others. Consequently, the State has the obligation to ensure adequate protection of the environment, for which it must take the necessary measures so that the environment is free from contamination, and that the alterations produced both by man and by nature, in the near or distant surroundings, do not constitute an injury to the environment or to the health of the people who inhabit it. (…)\n\n\"VII.- The General Health Law grants the Ministry of Health the power to issue sanitary orders to solve a problem such as the one afflicting the petitioner, and also to issue measures of a general or particular nature in relation to the application and enforcement of sanitary legislation. In the matter at hand, the Chamber notes the efforts made by the Central North Regional Directorate of the Ministry of Health to solve the problem that occurred in the aqueduct located on the property of the protected company. However, it has been duly accredited that the situation denounced by the petitioner has not yet obtained an effective solution. Therefore, what is alleged by the respondent authority, that the situation has already been corrected, is completely disproven.\"\n\nNow, there is also the matter related to the scope of legal competence of the Ministry of Environment and Energy, regulated in its Organic Law No. 7152 of June 5, 1990, and its amendments, which establishes for the purposes of this consultation, the following attributions and competencies:\n\n\"ARTICLE 1. - The Ministry of Industry, Energy and Mines shall be transformed into the Ministry of Environment and Energy (*), and shall assume, in this field, in addition to the current responsibilities of the former, those assigned to it by this law. The Minister shall be the head of the Natural Resources, Energy, and Mines sector.\n\n\"ARTICLE 2. - The functions of the Ministry of Environment and Energy (*) shall be the following:\n\na) Formulate, plan, and execute the natural resources, energy, mining, and environmental protection policies of the Government of the Republic, as well as the direction, control, supervision, promotion, and development in the mentioned fields. Likewise, it must carry out and supervise investigations, technical explorations, and economic studies of the sector's resources.\n\nb) Promote the development of natural, energy, and mining resources.\n\nc) Promote and administer legislation on conservation and rational use of natural resources, in order to achieve their sustained development, and ensure its compliance.\n\nch) Issue, through executive decree, mandatory norms and regulations related to the rational use and protection of natural resources, energy, and mines. (...)\n\ne) Promote and administer legislation on exploration, exploitation, distribution, protection, management, and processing of natural resources related to its area of competence, and ensure its compliance. (...)\n\nj) Advise public and private institutions regarding environmental planning and the development of natural areas.\n\nk) Any other assigned to it by the legal system.\n\n(*) The name of the Ministry was thus amended by Law Nº 7554 of October 4, 1995, Article 116.) (the underlining is not from the original)\n\nARTICLE 3. - The competencies that previous laws had assigned to other State institutions, referring to those that this law grants to the Ministry of Environment and Energy (*), shall correspond to the latter.\"\n\nRegarding the scope of the aforementioned competencies of the Ministry of Environment and Energy, it is also important to keep in mind the following considerations from the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice:\n\n\"On the other hand, it is worth noting that, worldwide, there is a tendency to consider that the environment and ecology are not an interest of a particular region, country, or continent, but rather are universal interests to the extent that what is done in favor of or against nature in one country or region also affects the rest of the earth. This is what basically justifies some type of limitation on private property for the sake of environmental defense, a principle -contained in Articles 45 and 50 of the Political Constitution- with which a balance between conservation and production, both social interests, is sought. For such reasons, the concept of property referred to in numeral 45, in relation to 50, both constitutional, includes forest property, agrarian property, ecological property, environmental property, etc., all with constitutional basis in the cited articles and with a specific regulation and legal nature. Likewise, in the Rio Declaration on Environment and Development, among other things, the sovereign right of states to define their development policies was established. The precautionary principle is also enunciated (principle 15 of the Rio Declaration), according to which, 'In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.' So that, in the protection of our natural resources, a preventive attitude must exist, that is, if degradation and deterioration must be minimized, it is necessary that precaution and prevention be the dominant principles, which leads us to the need to propose the principle 'in dubio pro natura' that can be extracted, analogically, from other branches of Law and which is fully consistent with nature. However, the task of protecting the environment is made difficult since we carry a rigid conception regarding property rights, which prevents progress in favor of the environment, without which the right to life, work, property, or health could not exist. One must not lose sight of the fact that we are in a field of law where the most important norms are those that can prevent any type of damage to the environment, because there is no norm whatsoever that can repair, a posteriori, the damage already done; a need for prevention that is more urgent when it comes to developing countries. In this sense, the Stockholm Declaration affirmed '...that in developing countries most of the environmental problems are caused by under-development. Millions continue to live below the minimum standards of health and salubrity. Therefore, developing countries should direct all their efforts towards development, bearing in mind their priorities and the need to safeguard and improve the environment. For the same reason, industrialized countries should make efforts to reduce the gap between them and developing countries.' From all the foregoing, it is clear that it is the obligation of the State to protect natural beauty and the environment (Articles 50 and 89 of the Political Constitution), since there is an evident particular and social interest in this, an end that to be achieved requires the enactment of laws that adequately regulate the matter. Certainly, man has the right to use the environment for his own development, but he also has the correlative duty to protect and preserve it for the use of present and future generations. Thus, for example, the Stockholm Conference states that 'Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations.' One must not lose sight of the fact that soil, water, air, marine, coastal, and mineral resources, forests, biological diversity, and the landscape make up the environmental framework without which basic demands such as living space, food, energy, housing, health, and recreation would be impossible. Likewise, our economy is also intimately linked to the state of the environment and natural resources; thus, for example, both the generation of foreign currency through agricultural and tourism exploitation, and the success of important investments and infrastructure depend, ultimately, on the conservation of the former. Therefore, Environmental Law should not be associated only with nature, as this is only part of the environment. The nature protection policy also extends to other aspects such as the protection of hunting, forests, natural parks, and natural resources. It is, then, a macro-environmental concept, so as not to leave out important concepts and thus manage to unify the legal ensemble we call Environmental Law.\" (Judgment No. 5893-95 at nine hours forty-eight minutes of October twenty-seventh, nineteen ninety-five).\"\n\nIn the same sense, judgment No. 1763-94 at sixteen hours forty-five minutes of April 13, 1994, which stated:\n\n\"II.- PROTECTION OF A HEALTHY AND BALANCED ENVIRONMENT: In what concerns this matter, that is, the protection of environmental rights, this Chamber, in the already cited pronouncement number 3705-93, affirmed:\n\n'It is important for the Chamber to elaborate, prior to the strictly substantive considerations, a general analysis establishing the constitutional framework and the conditions and interests that environmental conservation awakens today, as its study constitutes a novelty of this last century. It is essential to remember that for many centuries man believed he had to dominate the forces of nature and put them at his service, since it was considered, to some extent, that natural resources were inexhaustible and that industrialization was per se a desirable objective, without evaluating what the impact of economic activity on the environment would be. In fact, the division between renewable and non-renewable natural resources is modern, since even economic science, which deals with the administration of the environment to achieve the maximum satisfaction of human needs with limited resources, did not incorporate the wear and tear and deterioration of the environment as a tool of economic analysis until very recently... The environment, therefore, must be understood as a potential for development to be used adequately, acting in an integrated manner in its natural, sociocultural, technological, and political relations, since, otherwise, its productivity for the present and the future is degraded, and the heritage of future generations could be put at risk. The origins of environmental problems are complex and correspond to an articulation of natural and social processes within the framework of the socioeconomic development style adopted by the country. For example, environmental problems occur when the modalities of exploitation of natural resources lead to degradation of ecosystems exceeding their regeneration capacity, which results in broad sectors of the population being harmed and generates a high environmental and social cost that leads to a deterioration in the quality of life; precisely because the primary objective of the use and protection of the environment is to obtain development and evolution favorable to the human being. Environmental quality is a fundamental parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is to understand that although man has the right to use the environment for his own development, he also has the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations, which is not so novel, because it is nothing more than the translation to this area of the principle of \"injury,\" already consolidated in common law, by virtue of which the legitimate exercise of a right has two essential limits: On the one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and useful enjoyment of the right itself...'\n\nIIIo.- This Chamber has also recognized that both the right to health and the right to an environment free of pollution, without which the former could not be effective, are fundamental rights, and therefore, it is the State's obligation to provide for their protection, whether through general policies to pursue that end or, alternatively, through specific acts by the Administration. Sustainable development is one of those general policies that the State enacts to expand the possibilities for all to fulfill their aspirations for a better life, increasing production capacity or expanding the possibilities of achieving equitable progress between demographic growth or between the latter and natural systems. Sustainable development is the process of transformation in the use of resources, direction of investments, channeling of technological development, institutional changes, and everything that contributes to meeting the human needs of the present and the future.\" (Voto de la Sala Constitucional No. 2988-99 of 11:57 a.m. on April 23, 1999).\n\nThe same Procuraduría General de la República determined and specified the scope of legal competence of the Ministry of Environment and Energy, in relation to water as a natural resource that must be protected and guaranteed by the State for the benefit of the community. Thus, we have what was stated in dictamen No. C-019-98 dated February 6, 1998, when it indicated, in relevant part:\n\n\"(...) Another area of interest for the purposes of this consultation is the eventual competences (and consequent obligations) that the Institute may have with respect to the conservation of water resources (see subsections c) and d) of Article 2, and Article 22 of Law 2726). On this point, this Advisory Body considers that the governing competence regarding the conservation of the natural resource water is clearly established in favor of the Ministry of Environment and Energy. This derives from the following regulatory provisions: with regard to Law No. 7152 (Conversion of the Ministry of Industry, Energy and Mines into the Ministry of Natural Resources, Energy and Mines), that governing function is expressly defined in the following terms:\n\n\"Article 1. The Ministry of Industry, Energy and Mines shall be transformed into the Ministry of Environment and Energy, (3) and shall assume, in this field, in addition to the current responsibilities of the former, those assigned to it by this law. The Minister shall be the governing authority of the Natural Resources, Energy and Mines sector.\n\nNOTE (3): Name given to the Ministry as a result of the enactment of the Environmental Organic Law, Article 116.\n\n\"Article 2. The functions of the Ministry of Environment and Energy shall be the following: a) To formulate, plan, and execute the Government of the Republic's policies on natural resources, energy, mining, and environmental protection, as well as the direction, control, oversight, promotion, and development in the aforementioned fields. (...)\n\nch) To issue, by executive decree (decreto ejecutivo), mandatory rules and regulations relating to the rational use and protection of natural resources, energy, and mines.\"\n\nThe foregoing provisions, in turn, are reinforced with regard to water resources by what is regulated in Articles 50, 51, 52, 81, 82, 83, and 84 of the Environmental Organic Law (Law 7554 of October 4, 1995), which undoubtedly assign the governing authority in this matter to the Ministry of Environment and Energy through the bodies created therein (Consejo Nacional Ambiental, Secretaría Ejecutiva del Consejo, and Secretaría Técnica Nacional Ambiental).\n\nThe fact that the Ministry holds the governing function over the aforementioned natural resource does not imply, however, that all obligations of the A. y A. on this subject have been eliminated. It is not evident in this section that the normative content of the A. y A.'s powers has been completely emptied. It so happens that competences equally related to this natural resource have been conferred on other bodies. And, in accordance with a principle of administrative law, which is that the interpretation of norms must seek the best satisfaction of the public purpose - Article 10 LGAP - it is concluded that the best way to guarantee the natural resource, water, is by coordinating the activity over it held by both the A. y A. and other branches of the Administration. Therefore, it is estimated that the competences - obligations - contained in subsections c) and d) of Article 2 and Article 22 of the Organic Law of the A. y A. remain in force, and must be harmonized with the prescriptions that MINAE sets for this purpose. The foregoing is also supported by a harmonious interpretation of the aforementioned subsections in relation to numerals 60 subsection a), 64, 65, and 85 c) of the Environmental Organic Law.\n\nThe same line of reasoning is applicable to the provisions in Articles 33 of the Forest Law (\"Ley Forestal\", Law No. 7575 of February 13, 1996) and 2 of its Regulation (Decreto Ejecutivo No. 25721-MINAE of October 17, 1996), regarding the obligations held by the A. y A. with respect to aquifer recharge areas (áreas de recarga acuífera). In this sense, the Legal Opinion OJ-033-95 of September 20, 1995, already highlighted the preponderant role that the A. y A. assumes in the determination of these areas, based on the assumption of the competences and obligations prescribed in the General Law of Potable Water by the Institute. There being no reason to vary the considerations expressed in the aforementioned Legal Opinion, it is concluded that the Institute's intervention in the establishment of aquifer recharge areas is not a competence that has been transferred exclusively to MINAE, whereby the coordination and execution of tasks, considering the specialty and resources each of them possesses, becomes indispensable for achieving the public purpose that underlies the norms (protection of the environment).\n\nTo further elaborate on what is indicated in the preceding paragraphs, we believe it is possible that the harmonious interpretation of the provisions in subsections a) and d) of Article 2 of the A. y A. Law; Article 3 of the General Law of Potable Water; and Article 64 of the Environmental Organic Law, leads to affirming that the Institute has an obligation to ensure the potability of the water supplied through the aqueduct and sewer systems. To this end, it is understood that the issuance of the various regulatory texts that have been analyzed in this dictamen do not affect the content of what is regulated in Decreto Ejecutivo No. 25991-S of April 14, 1997.\n\nTherefore, regarding the conservation of water resources and their treatment as part of the State's assets, the governing competence is held by the Ministry of Environment and Energy, without this implying that specific competences have been eliminated from the A. y A. regarding its obligations towards said natural resource, especially with regard to its non-contamination and its conservation.\"\n\n\nCONCLUSION\n\nFrom the analysis carried out in this dictamen, both at the level of the regulations on expropriations (expropiaciones) and those applicable to the two particular Ministries involved, namely, the Ministry of Health and the Ministry of Environment and Energy, which in turn has been related to the jurisprudence of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice and of the Procuraduría General itself on the subject under study; AND bearing in mind, furthermore, that the properties subject to expropriation will be destined and affected for the proper execution of the works necessary for the development of the Heredia Sanitary Sewer System Improvement Project and related works, not only to guarantee the health of the populations involved, but also for the purpose of preserving and protecting the aquifers (acuíferos) that supply and provide potable water to the benefited communities, it is possible to conclude that the respective executive agreement (acuerdo ejecutivo) declaring the public utility of the lands susceptible to expropriation must indeed be signed jointly by the President of the Republic and the Ministers of Health and of Environment and Energy.\n\nWithout further particular,\n\n\nLic. Geovanni Bonilla Goldoni\n\n\nPROCURADOR FISCAL\n\n\nGBG/RLM\n\n\nFILED: CONSULTAS/227-EXPROPIATIONS-MIN.PRES"
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